Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantía Penal de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de apelación deducidos por el Defensor Particular Anibal Lauria Marino (fs. 3/5 de la c/n 28.821/III) y por quién lo sustituyera en el cargo, Dr. Carlos D. Paniagua (fs. 5/8 de la c/n 28.915/III) contra las decisiones de fecha 21/02/2014 y 24/04/2014 –respectivamente–, de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 164, 421, 433, 439, 442, 443 y ss. y cc. del C.P.P. según Ley 11.922 y sus modificatorias).
II. Rechazar los recursos interpuestos y confirmar el auto de fs. 1/2 de la c/n 28.821/III, por el cual la Juez de Garantías del Joven decidió MANTENER la prisión preventiva de R. I.–en orden a los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON DOBLE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO– bajo la modalidad de régimen cerrado, y confirmar parcialmente el auto de fs. 1/4vta. de la c/n 28.915/III, por el cual no hace lugar al pedido de excarcelación ni a la morigeración solicitadas, y MANTENER la PRÓRROGA de la medida cautelar oportunamente dictada en relación al joven R. I., modificando el plazo fijado por la “a quo” y ESTABLECIÉNDOLO por ciento veinte (120) días, por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 41 bis, 42, 55 y 79 del C.P., art. 43 de la ley 13.634, y arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 "a contrario" y 171 del C.P.P.).
Causa Nº 28.821/III “R. I. s/Recurso de Apelación”
San Isidro, 20 de Mayo de 2014.
Para resolver en el presente legajo, el recurso de apelación deducido por el entonces Defensor Particular del imputado R. I., Anibal Lauría Marino (fs. 3/5), que fuera concedido a fs. 6 de esta incidencia y, practicado en su oportunidad el sorteo que rige la Ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Gustavo Adrián Herbel, Carlos Fabián Blanco y, para el caso de disidencia, Juez Celia M. Vazquez (conf. art. 440 del C.P.P. y acuerdo extraordinario nro. 1543).
Y
El Juez Gustavo Adrián Herbel dijo:
I. A fs. 1/2vta. de esta incidencia la Juez de Garantías del Joven Patricia Mabel Klentak resolvió mantener la prisión preventiva en relación al joven R. I. bajo la modalidad de régimen cerrado, sin perjuicio de futuras revisiones, rechazar los pedidos de morigeración y cambio de calificación planteados por la Defensa en la presente audiencia, en relación al hecho por el cual se lo tiene como posible autor “prima facie” penalmente responsable del hecho calificado precariamente por la fiscalía y que se mantiene como HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, en concurso real con DOBLE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO (Arts. 79, 41 bis, 55, 42, todos del Código Penal).
En el marco de la audiencia celebrada ante el órgano jurisdiccional la defensa particular y el imputado R. I. se notificaron, sin perjuicio de que posteriormente el profesional interviniente interpusiera formal recurso de apelación.
II. La vía impugnativa resulta ser formalmente admisible porque fue presentada en término, por quién se hallaba legitimado para ello, en contra de una decisión que el ordenamiento procesal declara apelable de manera expresa, y cumpliéndose además con los restantes recaudos legalmente exigidos (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y ccdtes. del Código Procesal Penal).
III. El Dr. Anibal Lauría Marino sostuvo en su libelo que: 1) la defensa comprobó mediante testigo clave de identidad reservada y otros testigos, que su defendido fue agredido por Diego Roberto Sosa (alias Barijo) y Lucas Damián Gigena (alias El Gordo) cuando pasó con su vehículo frente al boliche “La Mónica” de Pacheco; podría haber devuelto la agresión atropellándolos pues fue intimidado con arma de fuego por Barijo, pero no lo hizo; 2) su defendido llevó a Altamirano a su casa, manejando la moto del nombrado, oportunidad en que aparecen Barijo, El Gordo Gigena y Alexis, en una evidente búsqueda de R. I., los cruzan con armas de fuego e intercambian disparos, siendo que Altamirano extrae su arma mientras R. I. manejaba la moto, 3) el testigo de identidad reservada echa por la borda las mentiras de muchos testigos falsos que declaran que su defendido no manejaba la moto, 4) de los dichos del imputado y testigos surge que R. I. no disparó, no posee entradas a la comisaría por ningún delito, es trabajador y ayuda a su padre, 5) no se está aplicando el principio de proporcionalidad, su cliente no puede entorpecer las actuaciones y la demora en recepcionar declaraciones se da en virtud que de la gente teme a las supuestas víctimas, 6) su defendido podría estar en la casa de su abuela, lejos del lugar de los hechos, con una pulsera electrónica, 7) se descarta el peligro de fuga en razón de que su defendido se presentó en la comisaría de Pacheco, junto a su padre, para entregarse.
Por todo lo expuesto, el profesional interviniente solicitó se revoque la resolución del Juzgado de Garantías del Joven Nro. 2 en cuanto no otorga la morigeración de la prisión preventiva y no permite que su defendido espere el debate en casa de su abuela paterna con monitoreo electrónico o control policial, ofreciéndose asimismo una caución real por parte de su padre.
IV. La Agente Fiscal interviniente intimó al menor R. I. en el marco de la audiencia prevista en el art. 308 del C.P.P. en orden al siguiente hecho: “El día 26 de octubre de 2013, siendo las 06:15 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la calle Cruz del Sur entre JJ Valle y Las Violetas, de la localidad de Talar, partido de Tigre, el aquí imputado identificado como R. I., quién se encontraba como acompañante circulando a bordo de una motocicleta, al pasar por frente Centurión Alexis Daniel, Sosa Diego Roberto y Gigena Lucas Diego Damián; el aquí imputado extrae un arma de fuego y efectúa disparos contra los mencionados, con claras intenciones de darle muerte. Inmediatamente, los mencionados caen al asfalto resultando Centurión Alexis Daniel fallecido producto de las heridas de arma de fuego recibidas por parte del imputado, las cuales en principio se observa lesiones de arma de fuego en región inguinal derecha y otra en región para mamilar izquierda; mientras que respecto de Sosa Diego Roberto se constata que posee herida de proyectil de arma de fuego a nivel abdominal, lesiones caracterizadas como graves, y a Gigena Lucas Diego Damián se observan herida de arma de fuego a nivel cefálico, heridas calificadas como graves. Que respecto de las dos últimas víctimas, y resultando que dadas las características de las mismas el lugar y forma de producción, se infiere han puesto en riesgo la vida de las mismas, máxime el resultado fatal que acaeciera respecto de Centurión.” (fs. 81/82vta.).
A su turno, se desprende del audio registrado en el CD Nro. 341, el día 4/11/13, que tras detallar la totalidad de las probanzas que conforman el plexo de cargo, la magistrada consideró que “…no resulta como ya dije sostenible a la luz de las probanzas agregadas hasta el momento en el legajo, la acción de defensa ni otras armas ni algún elemento de prueba que me haga pensar en las circunstancias introducidas por la defensa, porque no tiene sostén probatorio hasta el momento, si aparece con el grado de probabilidad propio de la instancia la existencia de un hecho probable de acceder a este lugar con intención de matar disparando en forma certera hacia tres jóvenes víctimas de estos disparos, y la posterior fuga del lugar, ya dije no aparecen disparos de distinta intensidad, no aparecen otras armas, ni siquiera el arma homicida, que sin embargo fue reconocida como que existió y el disparo también relatado por los testigos víctimas, la defensa habla de amigos, en verdad son testigos víctimas a su vez ellos.
Todos estos elementos me hacen entender que con grado de probabilidad que es el exigido para esta instancia, es como ya dije, probable que este hecho haya existido y que el joven aquí presente, cuyas características tampoco se contradicen con las descripciones que han hecho los testigos al momento de declarar haya participado en el mismo en carácter de autor o coautor penalmente responsable…· (mins. 38:00 – 40:11) y que “….respecto a la concurrencia de los riesgos procesales la pena en expectativa prevista para este hecho, la posible pluralidad de autores, la utilización de un arma de fuego poniendo en riesgo la vida propia y la ajena, a tal punto que a partir de los disparos ha perdido la vida una de las víctimas, son todos elementos que me hacen entender que los riesgos procesales previstos en los arts. 148 y 171 de la ley 11922 aplicables en función del art. 1 de la ley 13.344 concurren en la presente… valoro también el hecho de que el joven no estaba en su domicilio… a los fines de valorar los riesgos procesales tampoco el arma homicida fue encontrada y también dentro de las circunstancias objetivas que marca el art. 148 como la fuga que emprenden los presuntos coautores dejando a su suerte personas víctimas malheridas ” (mins. 40:15 - 42:11).
Así las cosas, la Juez de Garantías del Joven se remitió al hecho por el cual R. I. fuera indagado y compartió la calificación legal ensayada por el Titular de la Acción, dictando consiguientemente la prisión preventiva del justiciable en orden a tales ilícitos.
Por otra parte, emerge del CD Nro. 357 que, al fundar la decisión en crisis, la “a quo” sostuvo que “…hubo nuevos elementos de prueba agregados al legajo, esto lo voy a analizar brevemente a los fines de ver si encuentro algún cambio sustancial para apartarme y restarle validez a la prisión preventiva tal como la dicté en su momento, posteriormente a la audiencia aparecen dos reconocimientos en rueda que han dado positivos … respecto al joven ubicándolo como autor del hecho que se le enrostra … la declaración testimonial de una de las víctimas, el joven Gigena, que sindica al joven R. I. como autor de los disparos, después sí los testigos de la defensa … Agustín Reno Mincone que no agrega ningún elemento sustancial … Alfredo Fernando *** refuerza la intervención de una moto, un conflicto preexistente, el testimonio de Priscila Di Cola que ve pasar la moto, ve pasar a R.
I., describe la moto, la que después se sitúa en el lugar del hecho, y después escucha disparos, no hay gran aporte para modificar las probanzas existentes con anterioridad, Cecilia Mariel Ríos también escucha disparos, habla de problemas anteriores entre R. I. y Gigena, el tema este afectivo de relaciones afectivas es introducido varias veces … una declaración de un testigo de identidad reservada que habla de una balacera cruzada, habla de alrededor de quince disparos de diferentes armas, ve a R. I. como que se toma la zona del pulmón, del riñón, ve a las personas heridas, dice que las víctimas tenían armas, ve cuando se retira R. I. en moto … la declaración indagatoria del joven –la ampliación … dice que fue su compañero con el que iba en moto, Altamirano, quién dispara, a diferencia de la declaración de Altamirano que dice que quién disparó fue R.
I., que él no sabía que tenía armas cuando estaban a bordo de la moto … no hay mayormente declaraciones testimoniales sustanciales que cambien mi ánimo en el sentido que las cosas podrían haber ocurrido de forma diferente, las distintas testimoniales lo sitúan en el lugar cercano a los hechos, en tiempo y coincidencia geográficas, de móvil, la única que introduce un cambio sustancial es la del testigo de identidad reservada pero en soledad habla de quince disparos, de balaceras, cuando otros testigos hablaban realmente, no escucharon disparos de distinta intensidad, no se encontraron vainas servidas, no se encontraron armas, la hipótesis de la defensa es una entre otras que podrían haber retirado las armas, pero esto no se encuentra de ninguna manera a esta altura como probable, aparecen las víctimas en el lugar del hecho, sin armas y sin ningún indicio que me pueda inclinar a hablar por el momento de una balacera de legítima defensa o de fuego cruzado, sin perjuicio de lo que surja, que esclarezcan las testimoniales tomadas directamente en el debate.
A ello se suman las contradicciones en las declaraciones de los coimputados que restan también credibilidad al relato de la defensa, entonces, a mi entender, se mantiene sólida con grado de probabilidad la hipótesis fiscal. Este testigo en soledad que da una descripción totalmente diferente, aislada y que no coincide, no tiene otro arraigo probatorio en cuanto a la pluralidad de armas, pluralidad de disparos, pluralidad de intensidades, en cuanto a la autoría y demás, no alcanza, mas las contradicciones que aparecen no solo con los otros testigos de la defensa sino con las declaraciones de los coimputados no me permiten valorar esta testimonial en soledad, considerando que no tiene entidad suficiente para apartarme de todos los argumentos de hecho y de derecho a partir de los cuales fundé la prisión preventiva, que a mi entender mantiene total legalidad…” (mins. 23:44 – 32:08) y que “…En relación a la modalidad alternativa tengo en consideración que el proceso de internación lleva una duración de poco más de tres meses frente a una pena en expectativa de larga duración, aún no tengo diagnóstico médico, en cuanto al informe psicológico coincido con la fiscalía, no es fácil de comprender … aparecen unos primeros pasos de mejorar su situación, respetuoso de la institución con algunos avances en su socialización … falta todavía una etapa de trabajo del conflicto grupal … el diagnóstico social de la familia en cuanto a la contención es bueno para tenerlo en consideración para otra etapa … Proceso bueno pero lento y muy paulatino, todo lo cual me hace pensar que todavía sería prematuro morigerarlo hacia un arresto domiciliario en este momento, estoy a la espera de cómo el joven evolucione en la escuela, de cómo evolucione en su tema terapéutico, y a partir de allí se valorará, pero la consideración defensista es en este caso, por estas argumentaciones, a mi entender, prematuro…” (mins 32:08 - 36:50); motivo por el cual decide la Juez Klentak mantener la prisión preventiva bajo la modalidad de régimen cerrado.
Celebrada que fuera, ante esta Alzada, en fecha 29/04/14, la audiencia prevista por el art. 60 de la ley 13.634, el Defensor Particular Paniagua adujo que se encuentran reunidas las condiciones para una coerción menor, sea por la vía de la excarcelación extraordinaria o la morigeración en el domicilio de la abuela del justiciable dado que: 1) no se han agotado los recursos para imponer una medida de coerción menos gravosa, 2) la causa ya se encuentra en etapa de elevación a juicio sin que la defensa se haya opuesto, desvaneciéndose el peligro de entorpecimiento probatorio, 3) no debe confundirse una causa compleja con una causa grave, 4) en lo que hace al riesgo de fuga el menor y su familia se presentaron espontáneamente ante la justicia, 5) R. I. será padre en poco tiempo, siendo que en caso de recuperar su libertad vivirá con su pareja y su hijo en el domicilio de su abuela; cedida que le fuera la palabra a la Agente Fiscal Sayago, adujo que: 1) el joven no se puso espontáneamente a disposición de la justicia, pues lo hizo existiendo una orden judicial de detención, 2) con el joven en libertad existe la posibilidad de que tanto este como su grupo familiar tomen contacto con los testigos, 3) la existencia de testigos de identidad reservada hace que la causa sea compleja; al otorgarse el derecho a réplica al letrado particular, expuso que: 1) el día anterior a la audiencia hubo un motín y fuga del lugar de detención, pero R. I. prefirió permanecer en su celda aún cuando tuvo la posibilidad de huir, 2) en lo que hace a la supuesta complejidad de la investigación, tuvo en cuenta que el expediente se encuentra elevado a juicio y que la prueba pendiente consiste en entrecruzamiento de llamadas, la cual no puede ser obstruida.
Asimismo, en tanto el día 25/04/14 se llevó a cabo por ante el Juzgado de Garantías del Joven interviniente otra audiencia en este expediente, a los efectos de tratar la prórroga de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal, decidiendo la Juez Klentak no hacer lugar a la excarcelación ni a la morigeración solicitadas por la defensa de R. I. y, a su vez, mantener la prórroga de la medida cautelar dictada por el plazo de ciento ochenta días en relación al joven R. I. (fs. 1/4vta. de la c/n 28.915/III), decisión contra la cual fuera interpuesto formal recurso de apelación por el Dr. Paniagua, se impone examinar ambas vías recursivas de manera conjunta puesto que los agravios de la interpuesta en segundo término (c/n 28.915/III) abarcan los oportunamente introducidos en la anterior (c/n 28.821/III).
Vale destacar que la referida impugnación, incoada por el Dr. Paniagua, también resulta ser formalmente admisible, por haber sido presentada en término, por quién se hallaba legitimado para ello, en contra de una decisión que el ordenamiento procesal declara apelable de manera expresa, y cumpliéndose además con los restantes recaudos legalmente exigidos (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y ccdtes. del Código Procesal Penal).
Sentado ello, se desprende del CD Nro. 369 que la magistrada interviniente afirmó, en la decisión puesta en crisis por la apelación registrada bajo el número 28.915/III, que “…Voy a complementar esta resolución acompañando e incorporando a la misma todo lo resuelto oportunamente al resolver la prisión preventiva, en su totalidad, con fundamentos, análisis de los hechos y demás, forma parte de esta resolución, al igual de la reciente resolución de poco más de un mes, en la cual se hizo revisión de la medida, y que también integra este resolutorio, y esto lo digo porque muchas de la cuestiones incorporadas por el Sr. Defensor en esta audiencia, ya han sido resueltas al momento de dictar la prisión preventiva, está fundado y por razones de brevedad entiendo que no corresponde en este momento volver sobre el riesgo procesal, volver sobre la existencia del hecho, participación, calificación, son todas cosas sobre las que ya me expedí, como la defensa tuvo desacuerdo con algunos de los tramos del decisorio, planteó la apelación … como dijo la señora agente fiscal, todo está planteado en la cámara para que resuelva, van a tener audiencia la semana que viene, entiendo que esa es la vía de resguardo al debido proceso, se garantiza al joven la decisión de primera instancia, se garantiza que lo revise una cámara, y no corresponde a mi entender que se sigan planteando simultáneamente las mismas cuestiones, el riesgo procesal está resuelto, está revisado, el tema de la calificación, el tema de la morigerada, son extremos y planteos ya incorporados, ya resueltos y en los que la cámara va a resolver…voy a incorporar como ya dije todo lo que resolví en las distintas decisiones y no me voy a volver a explayar sobre lo que ya esta fundado, analizado y valorado … en relación a la prórroga de la prisión preventiva, tiene expresa regulación legal en el art. 43 de nuestra ley 13.364 que permite la prórroga en caso de pluralidad de autores y complejidad del hecho, entiendo que en esta investigación se dan los dos extremos … complejidad dada porque hubo que investigar la muerte presunta, las lesiones “prima facie” probadas en el expediente, hubo cantidad de testigos, mucha prueba testimonial impulsada por la defensa anterior, un cambio de defensor, una apelación en trámite, distintos elementos que hicieron que la IPP se alargara, a tal punto que la fiscal pidió prórroga de la investigación que le fue concedida porque al momento en que vencía el plazo faltaba una de las pruebas, esta prueba fue incorporada recién el 21 de marzo, después vino el pedido de requisitoria … a la que no se opuso la defensa .... se da el supuesto de complejidad y de esta tardanza por la actividad de las partes … [en lo que hace a la modalidad de la coerción] no ha habido en este mes y medio cambios sustanciales en lo relativo como para cambiar mi criterio … el interés superior del niño no es el marco por el cual se detiene o no … me remito a la valoración que hice en su momento … tanto para dictar la medida como para su modalidad … ” (mins. 32:11 – 41:40).
Oportunamente, el Dr. Carlos Paniagua exteriorizó su voluntad de impugnar la decisión en la audiencia y, a posteriori, presentó un libelo indicando los siguientes motivos de agravio: 1) la prórroga de la prisión preventiva resulta arbitraria porque la Juez en ningún momento identificó y analizó acabadamente el concreto riesgo procesal, 2) no justificó por qué, dentro del extenso catálogo de medidas cautelares, la privación de la libertad cautelar era la última alternativa viable, 3) de la propia literalidad de la norma surge cuando aún se halla en curso la investigación penal preparatoria, por la complejidad del hecho y la pluralidad de partícipes, ella no pueda ser finalizada en el plazo ordinario, ahora bien si la investigación ha concluido y el proceso ha pasado a la etapa de juicio, no puede invocarse dicha normativa para justificar la prórroga, 4) con cita de la normativa que rige la materia, solicitó se dicte la excarcelación extraordinaria o, subsidiariamente, la morigeración de la prisión preventiva.
El hecho descripto y la probable autoría penalmente responsable del imputado en el suceso fueron encontrados debidamente acreditados a partir de las constancias citadas oralmente en las audiencias “supra” indicadas. Cabe destacar que en la vía recursiva originaria la cuestión vinculada con la autoría y participación del incuso fue apenas mencionada de manera escueta (fs. 3/5 de la c/n 28.81/III) y, asimismo, al celebrarse la audiencia de rigor en esta alzada, el Dr. Paniagua indicó que “… Los agravios atienden a dos aspectos, el cambio de calificación legal y los peligros procesales. Respecto al primer punto, la defensa desiste ya que entiende que es una discusión sobre el grado de participación de su defendido, lo que tendría lugar en el desarrollo del debate oral. Por esa razón, mantiene el recurso en lo que hace a peligro procesal…” (fs. 38/vta, ídem). Tal extremo, por otra parte, tampoco fue discutido en la impugnación anexada a la causa nro. 28.915/III, que también será analizada.
V. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran las impugnaciones interpuestas (c/n 28.821/III y c/n 28.915/III).
A) Primeramente, habré de analizar el agravio introducido por la defensa en lo concerniente al dictado de la prórroga de la prisión preventiva de R. I. por el plazo de ciento ochenta (180) días.
Estima el Defensor Particular que la Agente Fiscal y la Juez han desnaturalizado por completo el ámbito de aplicación de lo normado por el art. 43 tercer párrafo de la ley 13.634, en aras de justificar la medida restrictiva. En esta inteligencia, considera que de la propia literalidad de la norma surge que su ámbito de aplicación es la investigación penal preparatoria y que, a consecuencia del hecho y la pluralidad de partícipes, la agente fiscal debe requerir una prórroga para completar la misma y elevar a la etapa de juicio; así, estima a la investigación en curso como la condición de procedencia para la prórroga de la prisión preventiva, entonces “…cuando la investigación preparatoria ha concluido y el proceso penal ha pasado a la etapa de juicio; no puede invocarse sin más dicha normativa…” (fs. 7 de la c/n 28.915/III).
Veamos.
El art. 48 de la ley 13.634 indica que cuando hubiera detenidos el término para realizar la investigación no podrá exceder de ciento veinte (120) días a partir del inicio de las actuaciones, previéndose una ampliación del plazo que no excederá de sesenta (60) días, para supuestos de complejidad del hecho, o número de autores o partícipes. El art. 43 de la ley 13.634 establece que la prisión preventiva del niño no podrá exceder del plazo de ciento ochenta (180) días; luego indica que, transcurrido el mismo, si no se hubiera realizado el juicio, el niño será puesto en libertad sin más trámite. Sin embargo, tras ello, surge de la manda de cita que “Si por la complejidad de los hechos investigados o la pluralidad de presuntos autores el plazo establecido resultare insuficiente, el juez podrá prorrogarlo a requisitoria del Fiscal en forma motivada, por un plazo razonable que no podrá exceder ciento ochenta (180) días. Vencido el mismo, será puesto en libertad sin más trámite”. En esta inteligencia, adviértase que el legislador ha previsto la posibilidad de prorrogar tanto la duración máxima de la investigación en casos de personas detenidas como la duración de la prisión preventiva en virtud de idénticas circunstancias, siendo que el límite máximo de la primera, ciento ochenta (180) días, coincide con la culminación del término de la medida de coerción sin contemplar la prórroga excepcional. Entonces, el texto legal no reclama, tal como postula la defensa particular, que el plazo de prisión preventiva sea únicamente ampliado durante la investigación preparatoria.
Por lo expuesto, corresponde desechar el agravio introducido por el Dr. Paniagua en tal sentido.
B) Asimismo, el profesional interviniente adujo en la audiencia celebrada en esta sede, que no debe confundirse una causa compleja con una causa grave, ante lo cual la Agente Fiscal Sayago sostuvo que la existencia de testigos de identidad reservada tornaba compleja la causa. No puede soslayarse que en la decisión en crisis (del 25/4/2014, c/n 28915/III) la Juez Klentak reseñó que en los presentes actuados se han dado los extremos requeridos por la normativa legal para prorrogar la prisión preventiva, tanto la pluralidad de intervinientes como la complejidad de la causa; en lo que hace a este último indicador, tuvo en cuenta que el suceso investigado guarda relación con la investigación de una muerte y la acreditación de diversas lesiones en otras dos personas, el cambio de defensor particular, la existencia de un recurso de apelación ante la Excma. Cámara de Apelación, gran cantidad de testigos aportada por la defensa anterior, y el dato de que al momento del vencimiento del plazo restaba incorporar prueba.
En efecto, cabe agregar que la cantidad de testimonios recepcionados en la etapa preparatoria guarda relación también con las diversas contra-hipótesis ensayadas por la defensa anterior, en punto no solo a la atribución recíproca de la autoría de los disparos entre ambos coimputados, sino también a la subsunción del hecho en la figura de homicidio en riña (art. 95 del C.P.) o en la verificación de exceso en la legítima defensa.
Consecuentemente, más allá de los argumentos vertidos por la Defensa Particular, entiendo que en estos actuados el dictado de la prórroga de la prisión preventiva se encontraba justificado a la luz de los requisitos indicados en el ordenamiento de forma.
Sin embargo, estimo que resultando excepcional la prórroga del plazo de la prisión preventiva en el fuero penal juvenil, y en tanto el legislador fijara como plazo máximo para ello el término de ciento ochenta (180) días, si bien en el caso se dan los extremos para disponer la prórroga, entiendo que no corresponde, automáticamente, establecerla en su límite máximo sino que, antes bien, la determinación de la misma ha de obedecer a las particularidades de la causa que cimentan las razones de su complejidad y pluralidad de intervinientes; es por ello que, a mi modo de ver, habiendo expresado las partes que no resta mayor prueba por producir a excepción de un entrecruzamiento de llamadas, el plazo de ciento veinte (120) días aparece como suficiente para llevar el caso a juicio.
C) Sentada entonces la procedencia de la prórroga de la medida de coerción, se impone ahora, tal como fuera alegado por el Dr. Paniagua, el examen de los indicadores de riesgo procesal, y la ausencia de justificación del por qué, dentro del extenso catálogo de medidas cautelares, la “a quo” escogió la máxima privación de libertad. Primeramente, nótese que el letrado afirma que la prórroga de la prisión preventiva deviene arbitraria por no haberse identificado y analizado, acabadamente, el concreto riesgo procesal.
En segundo lugar, se agravia el profesional interviniente que no se han brindado las razones del por qué la privación de la libertad sería la única alternativa viable. Particularmente, indicó el Dr. Paniagua que el riesgo de entorpecimiento probatorio ha desaparecido por haberse elevado el expediente a juicio y, a su vez, en lo que hace al peligro de fuga, el menor y su familia se presentaron espontáneamente ante la justicia. Finalmente, tuvo en cuenta que R. I. será padre en poco tiempo, que en caso de recuperar la libertad viviría con su abuela y su hijo en la casa de la primera, y que a pesar de haber habido un motín y fuga en su lugar de alojamiento, prefirió permanecer en su celda.
No puede soslayarse que en la más reciente decisión impugnada (del 25/04/14) la Juez afirmó que habiéndose expedido hace poco más de un mes sobre la cuestión vinculada al riesgo procesal no correspondía que siguieran planteándose tales cuestiones, dado que el tema de la coerción y la morigerada son planteos ya incorporados y resueltos, encontrándose pendiente aún la vía impugnativa. Asimismo, en el anterior decisorio (del 21/02/14) se remitió a los riesgos procesales valorados oportunamente en la prisión preventiva y, en lo atinente a la disminución de la modalidad de la coerción, tuvo en cuenta el escaso lapso de tiempo de diagnóstico transcurrido, la ausencia de pronóstico médico, las dificultades de comprender el informe psicológico, que si bien el diagnóstico social de la familia es bueno, pero también lento y paulatino, razones estas por las cuales considera que el planteo deviene prematuro.
Finalmente, cabe recordar que el día 04/11/13, al dictar la prisión preventiva, la juez interviniente tuvo en cuenta: 1) la magnitud de la pena en expectativa, 2) la posible pluralidad de autores, 3) la utilización de un arma de fuego poniendo en juego la vida propia y la ajena, 4) el hecho de que el joven no se encontraba en su domicilio, 5) la fuga emprendida por los presuntos coautores abandonando a las víctimas malheridas.
De esta manera adelanto que, a mi modo de ver, las decisiones que mantienen en prisión preventiva al joven R. I. no resultan arbitrarias, pues se encuentran fundadas en los argumentos “supra” indicados.
Ahora bien, al fundar la proporcionalidad del instituto en crisis, la "a quo" sostuvo que, en el particular, existen indicios vehementes de que R. I. tratará de eludir la acción de la justicia y/o entorpecer la investigación. Controvirtiendo dicho razonamiento, la defensa destacó el comportamiento colaborador del imputado y el dato de que R. I. no se habría plegado a la fuga que tuvo lugar hace pocos días en su lugar de alojamiento. Sin embargo, no puedo dejar de advertir –tal como sostuviera la Agente Fiscal– que la presentación de R. I. ante las autoridades policiales acaeció una vez dictada la orden de detención y tras siete días de ocurrido el suceso aquí investigado; por lo demás, se desconoce también si R. I. tuvo reales posibilidades de participar en el motín y la fuga que, viene dicho por la defensa, habría declinado.
Como un dato revelador del riesgo de fuga se cuenta con la magnitud de la pena en expectativa prevista para los delitos endilgados (homicidio simple agravado por el empleo de armas, en concurso real con doble homicidio simple agravado por el empleo de armas) y, más allá de la reducción prevista por el art. 4º de la ley 22.278, en el hipotético caso de recaer condena en estos actuados, la misma no será de ejecución condicional.
La sanción que aparece como eventual corolario del presente proceso, a la luz de los topes mínimos y máximo resultantes, en tanto su punto de partida excede los tres años de prisión y el tope supera ampliamente los ocho años de la misma especie de pena, constituye un condicionante que promueve la tentación de sustraerse del mismo, lo que debe merituarse de manera conjunta con el tiempo que R. I. lleva detenido (casi siete meses) (arts. 148 inc. 2º, 157 inc. 4º, 169 "a contrario sensu" y 171 del C.P.P.).
Frente a tales indicadores de riesgo de fuga, la defensa particular expresó, también, que el justiciable carece de antecedentes y que será padre en poco tiempo, ofreciendo como lugar de residencia el domicilio de su abuela, donde vivirá junto a su pareja y su hijo.
En lo que hace al arraigo en el país determinado por el asiento de la familia, extremo que fuera tenido en cuenta por el legislador a los efectos de evaluar el riesgo procesal, cabe destacar que R. I. brindó como domicilio la finca sita en la calle Manuela García 2326, Beccar; la prevención efectuó la pertinente constatación (fs. 68) mientras que la asistente social Susana Kaiser practicó el correspondiente informe socio ambiental (fs. 136/137vta). De allí se extrae que el grupo familiar se mudó al domicilio de la abuela a raíz de las amenazas de incendio recibidas a causa del hecho aquí investigado. A su vez, la profesional destaca que los padres constituyen un referente significativo para el joven R. I., dejándose constancia que los mismos se encuentran angustiados y preocupados por la situación del justiciable.
No obstante ello, advierto que si bien se desprende del referido informe quienes conforman el núcleo familiar conviviente, no se han consignado los horarios en que tales personas estarían ausentes del domicilio y, en su caso, el grado de contención que se encontrarían en condiciones de brindar y, en definitiva, si pueden ejercerlo (arts. 148, párr. 2º, inc. 1º, en función del 171 del C.P.P.).
En lo que hace al aspecto psicológico, relevado por el Licenciado Giovanetti (fs. 212/213, 251/252, 342/343 y 366/367) se ha dejado constancia que recibe visitas de sus familiares más directos y que el nombrado ha ido evolucionando favorablemente con el transcurso del tiempo, más allá de las falencias propias generadas por el contexto de restricción, todo lo cual fuera tenido en cuenta por la magistrada al tiempo de expedirse sobre la situación del justiciable.
Así las cosas, más allá de los argumentos que pudieran ensayarse acerca de la verificación del riesgo de entorpecimiento probatorio en virtud de la culminación de la etapa preparatoria, lo cierto es que entiendo que los indicadores de peligro de fuga reseñados hasta el momento, en consonancia con la precaria información obtenida acerca del domicilio ofrecido por el imputado como lugar de residencia, alcanzan para observar la existencia de condiciones excepcionantes de la libertad durante el proceso, que conducen a homologar el temperamento adoptado por la Juez de Grado en cuanto dispone la prisión preventiva; asimismo, la información colectada no aparece suficiente a los efectos de evaluar acabadamente si el aseguramiento perseguido puede lograrse mediante alguna de las modalidades previstas por el art. 163 del C.P.P., por lo que – de momento– el encierro cautelar bajo el régimen cerrado constituye el único modo de evitar los riesgos procesales verificados por el "a quo".
Adviértase que el recurrente solicita sin más la excarcelación extraordinaria y, subsidiariamente, la prisión domiciliaria de su pupilo, omitiendo profundizar los motivos por los cuales la situación de R. I. se ajustaría a tales institutos; particularmente, en lo que hace a la morigeración de la coerción, siquiera ha indicado cuales son las razones por las cuales peticiona dicha modalidad (art. 163 C.P.P.) como tampoco bajo que controles o vigilancias la misma debería materializarse, ni que posibilidades existe de establecerlas en el domicilio ofrecido. Frente a ello, y más allá de las alegaciones de la Defensa en torno al dato de que su asistido carece de antecedentes penales y a los principios de inocencia, libertad y excepcionalidad de las medidas de coerción, que en modo alguno desarticulan los indicadores de riesgo procesal detallados "supra", no se han agregado al legajo elementos relativos a la existencia de personas ni instituciones capaces de brindarle al joven contención suficiente a los efectos del art. 163 y sstes. del C.P.P.
Las circunstancias mencionadas precedentemente permiten suponer un riesgo elusivo por el cual, de momento, el encartado en libertad no habrá de comparecer al proceso (art. 146 incs. 2 y 3 del CPP). En virtud de lo expuesto, propicio al acuerdo rechazar los recursos interpuestos y confirmar el auto de fs. 1/2 de la c/n 28.821/III, por el cual la Juez de Garantías del Joven decidió mantener la prisión preventiva de R. I.–en orden a los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON DOBLE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO– bajo la modalidad de régimen cerrado, y confirmar parcialmente el auto de fs. 1/4vta. de la c/n 28.915/III, por el cual no hace lugar al pedido de excarcelación ni a la morigeración solicitadas, y mantener la prórroga de la medida cautelar oportunamente dictada en relación al joven R.
I., modificando el plazo fijado por la “a quo” y estableciéndolo en ciento veinte (120) días (arts. 41 bis, 42, 55 y 79 del C.P., art. 43 de la ley 13.634, y arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 "a contrario" y 171 del C.P.P.). Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Bonaerense y art. 106 del Código de Procedimiento Penal).
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Que adhiero al voto del Juez Herbel por sus mismos motivos y fundamentos.
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Bonaerense y art. 106 del Código de Procedimiento Penal).
Por ello, el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación deducidos por el Defensor Particular Anibal Lauria Marino (fs. 3/5 de la c/n 28.821/III) y por quién lo sustituyera en el cargo, Dr. Carlos D. Paniagua (fs. 5/8 de la c/n 28.915/III) contra las decisiones de fecha 21/02/2014 y 24/04/2014 –respectivamente–, de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 164, 421, 433, 439, 442, 443 y ss. y cc. del C.P.P. según Ley 11.922 y sus modificatorias).
II. RECHAZAR los recursos interpuestos y CONFIRMAR el auto de fs. 1/2 de la c/n 28.821/III, por el cual la Juez de Garantías del Joven decidió MANTENER la prisión preventiva de R. I.–en orden a los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CONCURSO REAL CON DOBLE TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO– bajo la modalidad de régimen cerrado, y CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto de fs. 1/4vta. de la c/n 28.915/III, por el cual NO HACE LUGAR al pedido de excarcelación ni a la morigeración solicitadas, y MANTENER la PRÓRROGA de la medida cautelar oportunamente dictada en relación al joven R. I., MODIFICANDO el plazo fijado por la “a quo” y ESTABLECIÉNDOLO por ciento veinte (120) días, por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 41 bis, 42, 55 y 79 del C.P., art. 43 de la ley 13.634, y arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 "a contrario" y 171 del C.P.P.).
III. Regístrese, devuélvase inmediatamente el expediente principal al Juzgado de origen y notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara, al Defensor Particular; fecho, gírese la presente incidencia a la instancia, encomendándose al Secretario del órgano de origen la realización de las notificaciones pendientes.
Sirva la presente de atenta nota de envío.
FDO: Gustavo Adrián Herbel – Carlos Fabián Blanco Ante mí: Gabriela M. Gamulin.
Fin de la sentencia