Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías de Morón · Causa 1650
Lo que resolvió el tribunal
I. Condenar a JUAN MANUEL OCAMPO de cuyas demás circunstancias constan en autos, a cumplir la pena de DOS AÑOS DE PRISION DE EFECTIVO CUMPLIMENTO sin imposición del pago de las costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas -dos hechos- en concurso real; y de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves agravadas por resultar la víctima personal policial, todo en concurso real entre sí, , con declaración de reincidencia..
Rigen los artículos 5, 29 inc. 3° -a contrario sensu-, 45, 50 54, 55, 89 en función del artículo 92 y 80 inciso 8°, 149 bis segundo párrafo y 239 del Código Penal; artículos 1, 373 y 375 inciso 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
II. PONGASE EN CONOCIMIENTO de lo aquí resuelto a la Sra. Jueza titular del Juzgado de Familia N°4 a sus efectos, adjuntando copia de veredicto y sentencia (artículos 16, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional); artículos 1, 2, 7 y concordantes. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; artículos . 1°, 4°, 5° y concordantes. ley 12.569 y modificatorias).
III. DAR INTERVENCION a la Secretaría de Género del Municipio de Merlo a fines que realice todas las gestiones necesarias y conducentes a los fines de brindar asistencia económica y procurar resguardar la salud física y psíquica de Silvina Claudia Cristóforo con antelación suficiente a que Juan Manuel Ocampo …
En la ciudad de Morón, con fecha 27 de Agosto de 2.018 con el objeto de dictar sentencia conforme lo ordenan los artículos 339, 375, 380 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en la causa correccional registrada bajo el número J-1.650 (I.P.P. N° 10-00-004750-18 de la Fiscalía General de este Departamento Judicial, con intervención de la Unidad Funcional de Investigación N° 11 identificada en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal bajo el N° 525/2.018) en orden a los delitos de amenazas coactivas reiteradas -dos hechos-, lesiones leves agravadas por ser la víctima miembro de la fuerza policial y resistencia a la autoridad en concurso real entre sí; a Juan Manuel Ocampo, argentino, de 30 años de edad, nacido el día 22 de Abril de 1988 en la localidad y partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, peluquero, soltero, D.N.I. Nº 33.778.103, con último domicilio en la calle Reconquista N° 2.017 de la localidad y partido de Morón, hijo de Juan Carlos Ocampo y Asunción Jesús Chavez, identificado en el prontuario número 1.208.223 de la Sección A.P. de la Dirección de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; en mi carácter de Jueza a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 5 del Departamento Judicial Morón, resuelvo dar respuesta a las siguientes cuestiones:
I. SOBRE LA CALIFICACION LEGAL DEL HECHO:
La adscripción típica del comportamiento ejecutado por Juan Manuel Ocampo, propiciada por la acuse al momento de alegar, en orden a los delitos de delitos de amenazas coactivas reiteradas -dos hechos-, lesiones leves agravadas por ser la víctima miembro de la fuerza policial y resistencia a la autoridad en concurso real entre sí (artículos 55, 89 en función del artículo 92 y 80 inciso 8°, 149 bis segundo párrafo y 239 del Código Penal); es procedente.
I. a) Sobre el delito de amenazas coactivas:
Ha quedado saldado que la acción ejecutada en dos ocasiones por Ocampo se ajusta a las exigencias del tipo objetivo del artículo 149 bis párrafo segundo del código sustantivo.
En respuesta al alegato de clausura de la defensa, conviene hacer notar que, desde la fas objetiva, el delito de amenazas coactivas bajo la formulación del art. 149 bis segundo párrafo del código de fondo, no contempla ningún modo comisivo específico, dado que el injusto se agota con la corroboración de cualquier acto comunicacional que resulte idóneo para infundir temor a la víctima cercenando su autodeterminación, que esté preordenado a obligarla a un quehacer positivo o no hacer, o tolerar algo contra su voluntad.
La doctrina dominante, avala tal asero. Carrara sostenía que el núcleo del tipo reside en “Cualquier acto con el cual alguien, sin razón legítima y sin trascendencia a otro delito por los modos o por el fin, deliberadamente afirma que quiere ocasionar a otro algún mal futuro”. (Carrara, Francesco “Programa Criminal”, Temis, Bogotá, 1859, Tº III, pp. 89). Creus y Buompadre conciben que “la amenaza es la manifestación de voluntad de ocasionar o de concurrir a ocasionar al sujeto pasivo el daño futuro del que se trate” sin incluir una forma de ejecución excluyente (Creus, Carlos, Buompadre, Jorge E., "Derecho penal - Parte especial", Astrea, 7a., ed. actualizada y ampliada, 2a. reimpresión, Buenos Aires, 2013). Explica Donna que, en particular, en el delito de coacciones “ se incluye dentro del tipo objetivo cualquier acción en la que por medio de amenazas se busque imponer a otra persona la realización de una acción u omisión no queridas” (Donna, Edgardo, “Derecho Penal Parte Especial”, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2001, Tº II-A p. 255).
En el mismo sentido, Muñoz Conde apunta que "la acción consiste en exteriorizar un propósito. Tal propósito ha de consistir en un mal, es decir, en la privación de un bien presente o futuro, (...)
independientemente de la forma que se use para su exteriorización". Muñoz, Conde, Francisco: "Derecho Penal Parte Especial", Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, 17a ed., pp. 145 y ss.).
Zanjan toda disquisición sobre el contenido material de la prohibición, los claros términos del párrafo segundo del art. 149 bis del Código Penal, el cual establece que "Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad", sin incluir ninguna modalidad de ejecución precisa.
La acción punible cometida por Ocampo se ha expresado en haber causado un intenso sentimiento de temor a Silvina Claudia Cristóforo, mediante actos comunicacionales complejos, que incluyeron modalidades gestuales, físicas y verbalizadas, los cuales se reflejaron en el apersonamiento intempestivo del enjuiciado en la morada de la nombrada -quien estaba atravesando un embarazo-, en horas de la noche y de la mañana contra su voluntad, hostigándola e insultándola, anticipándole que el espiral de violencia recrudecería, tal cual lo aseguraron Belli y Benítez en sus testimonios quienes recrearon eficazmente el estado de atemorizamiento sufrido por la primera.
Los recurrentes pedidos de auxilio al sistema de emergencias 911, junto con la testimonial compilada, allegan conocimiento sobre la relevante capacidad del comportamiento de Ocampo para provocar un estado de temor cierto en la sujeto pasivo.
Ese comportamiento amedrentatorio llevado a cabo por Ocampo estuvo dominado por el designio de obligar a Cristóforo a reanudar la convivencia en la vivienda del causante contra su voluntad, tal cual ha sido evocado inequívocamente por los testigos.
No puede pasarse por alto que Cristóforo estaba plenamente interiorizada que Ocampo tiene antecedentes penales, lo cual agrega otro motivo de peso en abono del estado de alarma que aquel le ha suscitado. Adicionado a ello, Ocampo, objetivamente, ha dado muestras suficientes de que es capaz de atentar contra las personas, como lo informa la violencia física desplegada contra el Teniente Benítez en ese contexto. En segundo término, conforme ha sido determinado en el veredicto, en una renovada resolución de su voluntad realizadora, ese mismo día, en circunstancias en que Cristóforo estaba siendo extrevistada por el oficial de servicio en la Comisaría Merlo I, Ocampo a viva voz, le anunció que le daría muerte en el supuesto que lo denunciara, diciendo que la prendería fuego.
Nuevamente, ha sido comprobado el nexo de medio a fin existente entre la acción atemorizante ejecutada y su ultraintención de pretender conminar a la víctima a abstenerse de incriminarlo contra la voluntad de aquella.
Si bien desde el plano de los recaudos típicos el injusto no demanda el aniquilamiento de la voluntad de la destinataria de la amenaza; no puede ser desdeñado que, en menos de dos días, la víctima regresó a la dependencia policial expresando su deseo de retractarse, tal cual lo aseveró el Teniente Ortiz.
La elevada capacidad del comportamiento de Ocampo para debilitar la esfera de autodeterminación de Silvina Claudia Cristóforo, radica en su inequívoco tenor, y en el alto grado de violencia machista que circundara al entuerto.
De tal suerte, es mi sincera, razonada y jurídica convicción que Juan Manuel ocampo debe responder como autor material del delito de amenazas coactivas -dos hechos- en concurso real (arts. 45, 55, 149 bis párrafo segundo del C.P.).
I. b) Sobre los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por ser la víctima un miembro de la fuerza policial.
Ha sido confirmado que, en ejercicio de sus legítimas funciones, el Teniente Héctor Benítez y la Subteniente Laura Belli, en circunstancias en que se desplazaban a bordo del móvil identificable número 20054, fueron convocados por el sistema de emergencias 911 a constituirse en la calle Saavedra entre Pedriel y Reconquista de Merlo, con motivo de un conflicto familiar; lo cual fuera corroborado por los preventores nombrados al constituirse en el lugar y entrevistarse con Silvina Claudia Cristóforo, de acuerdo ha sido establecido mediante la prueba producida en el debate, y los registros del sistema de emergencias 911, quienes asistieron al episodio descripto en el apartado anterior.
Ha sido demostrado que, el personal policial, primeramente, intentó apaciguar sin éxito a Ocampo, y buscó disuadirlo a fin que depusiera su actitud intimidatoria y hostil contra Cristóforo, sin poder lograrlo, lo cual desembocó en la determinación de trasladarlo a la dependencia policial. Dentro de ese contexto, en circunstancias en que Benítez intentaba colocar las esposas a Ocampo, éste se rehusó a acatar lo dispuesto, y tras tirar su cabeza hacia atrás arremetió contra el efectivo policial, golpeándolo en el rostro, dando origen a un forcejeo que derivó en que lanzara al suelo al preventor, provocándole daños físicos, para seguidamente darse a la fuga.
De modo tal, se encuentra corroborada la legitimidad del accionar de los funcionarios públicos, que exige como presupuesto del injusto el tipo objetivo del artículo 239 del Código Penal.
El modo comisivo seleccionado por el imputado, se ha manifestado en rehusarse activamente a acatar la orden impartida, puesto que ello incluyó una reacción violenta poniendo en riesgo el normal desempeño del personal de las fuerzas de seguridad, que se expresó en haber trenzado en lucha con el personal policial interviniente. Este comportamiento, por su inequivocidad, es revelador de la voluntad realizadora del tipo penal de Ocampo, que no ha sido otra que impedir el legítimo accionar de los funcionarios policiales; y por tanto permite afirmar la configuración del delito de resistencia contra la autoridad previsto por el art. 239 del Código Penal.
Asimismo, tal cual ha sido consignado, el enjuiciado reaccionó propinando un cabezazo que impactó contra el rostro del Teniente Benítez lesiones, cuanto menos en el dedo meñique de su mano izquierda, de consuno ha sido establecido mediante la prueba testimonial recabada en el transcurso del debate. Los testimonios de Benitez, Belli, Ortiz, y de la médica Karina Rancaglia; allegan conocimiento certero al respecto.
Por tanto, la acción llevada a cabo por Ocampo ha creado un peligro jurídico penal reprobado, y en la medida que el resultado es su concreción material, es objetivamente imputable al comportamiento del enjuiciado.
Desde otra vertiente, no ha mediado controversia respecto de la condición de empleado policial de la víctima.
La forma en que se manifestó el acontecimiento histórico, allega conocimiento sobre el conocimiento y voluntad del causante.
A tenor del suceso comprobado en el acto que precede, el accionar llevado a cabo por Ocampo, no supera la unidad de conducta y admite un plural desvalor normativo, ya que configura a la par, el delito de lesiones leves calificadas por la condición de miembros de la fuerza policial de la víctima, y resistencia a la autoridad en concurso ideal; previsto por los artículos 54, 89 en función del artículo 92 y 80 inciso 8°, y 239 del Código Penal.
I. c) En definitiva es mi sincera, jurídica, lógica y razonada convicción que el comportamiento de Juan Manuel Ocampo tiene adecuación legal en el delito de amenazas coactivas -dos hechos- en concurso real; y en los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves agravadas por resultar la víctima personal policial, todo en concurso real entre sí, por los cuales, Juan Manuel Ocampo deberá responder en carácter de autor material (artículos 54, 55, 89 en función del artículo 92 y 80 inciso 8°, 149 bis segundo párrafo y 239 del Código Penal; artículos 1, 373 y 375 inciso 1° del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
II. PRONUNCIAMIENTO QUE CORRESPONDE DICTAR:
1. En trance de dirimir la cuestión del epígrafe, viene al punto recordar el estrecho margen decisional del que disponemos los magistrados en razón de las máximas que gobiernan el sistema acusatorio de enjuiciamiento, esencialmente en torno a la bilateralidad y el aseguramiento de la inviolabilidad de la defensa en juicio en esta materia. A partir de ello, una lectura sistemática del sistema configurado por la Carta Magna, lleva a aseverar que los parámetros agravatorios de la sanción sólo pueden ser ingresados por el actor penal al universo del proceso.
Desde otro contorno, así lo impone la garantía de debido proceso legal que exige la imparcialidad del juzgador, la que se vería trastocada en el supuesto que, de motu propio, el tercero ajeno a la contienda estableciera condiciones más gravosas para el imputado, prescindiendo de la discusión de las partes (conf. Herbel, Gustavo A. y Granillo Fernández, Héctor M. "Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires - Comentado y Anotado", Ed. La Ley, p. 794). Estas directrices se proyectan especialmente al monto de pena solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal, el cual condiciona también a la jurisdicción penal y se erige en un límite infranqueable en orden a la exigida imparcialidad, en linea con las previsiones del art. 399 del ceremonial.
2. Vista entonces la connotación legal de los hechos imputados a Ocampo, en orden al delito de amenazas coactivas -dos hechos- en concurso real; y de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves agravadas por resultar la víctima personal policial, todo en concurso real entre sí (artículos 54, 55, 89 en función del artículo 92 y 80 inciso 8°, 149 bis segundo párrafo y 239 del Código Penal), por los cuales deberá responder en carácter de autor material, como así también habida cuenta del monto sancionatorio de dos años y ocho meses de prisión solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal, sin valorar factores que permitan agravar ni atenuar la pena; es mi sincera, lógica, jurídica y razonada convicción que corresponde CONDENAR a JUAN MANUEL OCAMPO a la pena de DOS (02) AÑOS de PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, SIN IMPOSICIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO; por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas -dos hechos- en concurso real; y de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves agravadas por resultar la víctima personal policial, todo en concurso real entre sí.
Rigen los artículos 5, 29 inc. 3° -a contrario sensu-, 45, 54, 55, 89 en función del artículo 92 y 80 inciso 8°, 149 bis segundo párrafo y 239 del Código Penal; artículos 1, 373 y 375 inciso 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
2. Sobre la modalidad de cumplimiento:
La modalidad de ejecución efectiva de la pena es apropiada en la medida en que se ajusta a la pretensión propiciada por la Sra. Fiscal y encuentra sustento en lo normado por el artículo 26 del Código Penal, con arreglo a los antecedentes de condena de Ocampo informados en los presentes obrados.
Por tanto, es incontestable la procedencia de este modo penal ejecutivo.
3. Sobre las costas del proceso.
Dado que no obra información disponible sobre la capacidad de solvencia del imputado, y advirtiendo que se encuentra privado de su libertad; por imperio del favor rei, es obligado eximirlo del pago de las costas y gastos del proceso.
La solución contraria supondría una directa lesión a la garantía de igualdad SIN DISCRIMINACIONES POR LA POSICION SOCIAL de jerarquía constitucional, puesto que implicaría la homologación de las diferencias en el plano óntico (arts. 16 y 75 inc. 22 C.N.).
Asimismo, avala dicho aserto lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución provincial al asegurar la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial.
A ello se agrega lo dispuesto en la Regla nro. 10 (22)
de las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia sobre las personas en condición de vulnerabilidad, que determina que "La privación de la libertad ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de la libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enunciada en los apartados anteriores".
4. Sobre la declaración de reincidencia:
4. a. Si bien la fiscalía se abstuvo de solicitar la aplicación del instituto del epígrafe, y a pesar que la obligatoriedad de los fallos plenarios ha sido puesta bajo acusación con fundadas argumentaciones, a fin de asegurar la garantía a ser juzgado sin demoras que asiste al imputado, a tenor del criterio sentado por el Tribunal de Casación Penal, a través del Fallo Plenario de fecha 27 de Septiembre de 2017, en el marco de la causa nº 77660, caratulada "Miranda Lobos, Manuel Alejandro s/ Recurso de Casación", corresponde abocarme al examen del tópico. A ello se adiciona que, en función de la uniforme postura exteriorizada por la Alzada, favorable a reconocer la constitucionalidad de la reincidencia estimo que por el momento, es apropiado dar curso a su aplicación, sin perjuicio del criterio personal de esta magistrada.
A fin de resguardar mi independencia interna en razón de resolver de acuerdo a un criterio con el cual discrepo, obligado es dejar sentada mi opinión favorable al deber y derecho de los magistrados de declarar de oficio la inconstitucionalidad de un precepto altamente controvertido como resulta serlo la reincidencia.
La reincidencia es un instituto anacrónico, que refleja un derecho penal de autor, de matriz peligrosista, que no ha sorteado el filtro del paradigma constitucional vigente, porque responde a un modelo de Estado legal de Derecho, que se contenta con la aplicación acrítica de la legislación secundaria, en contraposición a un Estado Constitucional de Derecho que, superando la vigencia formal de la norma impone la comprobación de su validez sustancial bajo el test de los preceptos supralegales (conf. FERRAJOLI, L.: "Derecho y Razón", Trotta, Madrid, 2.000).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prescribe sin restricciones que, nadie puede ser "... sancionado por un delito por cual haya sido ya condenado..." (art. 14.7).
La imposición de una pena más severa en función de la existencia de un delito por el cual ya ha sido sancionada una persona, implica una doble punición por la conducta anterior.
Eberhard Schmidt enseñaba que el ne bis in idem, tiene una consecuencia jurídica material, en cuanto a la cosa juzgada otorga un derecho de tutela material contra la imposición de una segunda pena por el mismo hecho, por el que ya no puede perseguirse la culpabilidad penal, la cual queda extinguida por sentencia firme. Este precepto "... prohíbe pues, no solamente reiniciar el proceso, sino que por esos hechos, realizados por una misma persona, no se pueden imputar consecuencias posteriores, que violarían el principio" (Donna, Edgardo R. "Reincidencia y Culpabilidad" Astrea, 1.984). La única justificación que está subyacente en el instituto es una noción de peligrosidad de cuño positivista criminológica inconciliable con el Estado Constitucional de Derecho. El fundamento de defensa de la sociedad por haber evidenciado mayor peligrosidad ante la reiteración delictiva, es dogmáticamente insostenible porque se aparta de la teoría del bien jurídico y del principio de culpabilidad por el acto. En el plano óntico, dicho razonamiento es ilusorio porque elude la falacia del tratamiento resocialización en su dimensión real, en condiciones carcelarias reinantes signadas por una nuda o deficitaria prestación del menú tratamental. Constituye una contradicción insalvable que el Estado oponga al condenado la ineficiente prestación de su obligación de asegurar un aceptable nivel de reintegración social de éste al mundo libre.
4. b. Dicho ésto, corresponde ingresar al juicio de procedencia de dicho instituto en el caso.
La aplicación de la figura de reincidencia del artículo 50 del Código Penal, en razón de la sentencia condenatoria dictada con anterioridad que registra el enjuiciado dado que no han vencido los plazos contemplados por la norma.
Veamos.
El Tribunal de Casación de nuestra provincia en el "Acuerdo Plenario sobre Reincidencia su Revisión", del día 5 de octubre de 2.006, expresamente ha entendido que es improcedente la declaración de reincidencia cuando el tiempo de encierro sufrido por una persona ha sido en carácter de prisión preventiva, en tanto ello no puede ser equiparado a cumplimiento de pena, porque se erigiría en una interpretación analógica "in malam partem". Por tanto, resta indagar si ha mediado dicha exigencia 4. c. Ingresando al caso bajo estudio, según se desprende de los antecedentes penales obrantes a fs122/163., Juan Manuel Ocampo, registra una condena por sentencia firme pronunciada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal en el marco de la causa número 13.170, de fecha 29 de marzo del año 2.012 en la cual el nombrado fue condenado a cumplir la pena de nueve años y tres meses de prisión de efectivo, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cometido con la participación de un menor de dieciocho años de edad y autor del delito de violación de domicilio reiterada en dos ocasiones, en concurso real entre sí. Consecuentemente, se practicó y aprobó el correspondiente cómputo de pena, arrojando que la misma vencería el día 1° de agosto de 2.018, habiendo adquirido la libertad condicional con fecha 29 de enero de 2.016.
En principio, la información recaudada permite afirmar que Ocampo cumplió pena de prisión bajo sentencia condenatoria pasada por autoridad de cosa juzgada.
De igual modo, ha quedado elucidado que, debido a su monto, su fecha de inicio de cumplimiento efectivo, que se remonta al momento en que se concretara inicialmente la medida de coerción personal; la pena anterior se ajusta a las exigencias del lapso estipulado por el párrafo último del artículo 50 del Código Penal, y por consiguiente, siguiendo la postura hegemónica de los órganos revisores de este departamento judicial, corresponde declarar la aplicación del art. 50 (arts. 3, 50 y concs. del C.P.; arts. 18 y 75 inc. 22 C.N.).
III. VIOLENCIA DE GENERO:
En la medida que el supuesto de hecho elucidado en estos obrados configura una hipótesis de violencia de género contra las mujeres, a tenor de los enunciados de los arts. 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y de conformidad con lo estipulado por los artículos 7° del texto convencional, 1°, 4° bis y concordantes de la ley 12.569 bajo su actual redacción; corresponde cumplir con el exigido deber de anoticiamiento al titular del Juzgado de Familia N° 4 departamental, adjuntando copia de veredicto y sentencia (arts. 16, 31 y 75 inc. 22 C.N.); artículos 1, 2, 7 y concs. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; artículos 1°, 4°, 5° y concs. ley 12.569 y modificatorias).
IV. SOBRE LA NOTIFICACION A LA VICTIMA.
En función del alcance del art. 7 de la Convención de Belém do Pará y a tenor de lo dispuesto por el artículo 83 inciso 2° del ritual, corrsponde informar lo resuelto en la presente a Silvina Claudia Cristóforo.
V. MEDIDAS DE RESGUARDO:
En virtud del trasfondo revelado en la audiencia de debate, y a fin de resguardar la integridad física y psíquica de Silvina Claudia Cristóforo, teniendo en cuenta además, la dinámica evolutiva de la fenomenología de la violencia masculina (conf. LARRAURI, Elena: “Criminología Crítica y Violencia de Género”, Trotta, Madrid, 2.007), su condición de mujer y su pertenencia a un colectivo históricamente desfavorecido, como así también las directrices de los organismos regionales de derechos humanos -Comisión IDH Jessica Lenahan (Gonzales) y otros vs. Estados Unidos, Caso Nº 12.626, Informe Nº 80/11 21 de julio de 2011-; a los fines de conjurar toda forma de revictimización y resguardar la seguridad de la referida y su grupo familiar; con base en lo dispuesto por el juego armónico de los artículos 83 y 103 del Código Procesal Penal, y los artículos 7, 8 inciso d y f y 9 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, y artículos 2º inciso b, 3 inciso a, c y h y artículo 16 de la ley 26.485; corresponde adoptar la siguiente medida: librar oficio a fin de conferir inmediata intervención a la Secretaria de Género del Municipio de Merlo para que realice todas las gestiones necesarias y conducentes a los fines de procurar resguardar la salud física y psíquica de Silvina Claudia Cristórofo con antelación suficiente a que Juan Manuel Ocampo recupere su libertad.
Por las consideraciones vertidas y analizadas:
I. CONDENAR a JUAN MANUEL OCAMPO de cuyas demás circunstancias constan en autos, a cumplir la pena de DOS AÑOS DE PRISION DE EFECTIVO CUMPLIMENTO sin imposición del pago de las costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas -dos hechos- en concurso real; y de los delitos de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves agravadas por resultar la víctima personal policial, todo en concurso real entre sí, , con declaración de reincidencia..
Rigen los artículos 5, 29 inc. 3° -a contrario sensu-, 45, 50 54, 55, 89 en función del artículo 92 y 80 inciso 8°, 149 bis segundo párrafo y 239 del Código Penal; artículos 1, 373 y 375 inciso 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
II. PONGASE EN CONOCIMIENTO de lo aquí resuelto a la Sra. Jueza titular del Juzgado de Familia N°4 a sus efectos, adjuntando copia de veredicto y sentencia (artículos 16, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional); artículos 1, 2, 7 y concordantes. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; artículos . 1°, 4°, 5° y concordantes. ley 12.569 y modificatorias).
III. DAR INTERVENCION a la Secretaría de Género del Municipio de Merlo a fines que realice todas las gestiones necesarias y conducentes a los fines de brindar asistencia económica y procurar resguardar la salud física y psíquica de Silvina Claudia Cristóforo con antelación suficiente a que Juan Manuel Ocampo recupere su libertad. Rigen los artículos 7, 8 inciso f y 9 de la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer”, artículo 12 de la "Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" y artículos 2 inciso b, 3 inciso a, b y c de la ley 26.485.
III. REGISTRESE copia, NOTIFIQUESE a las partes y ANOTICIESE a la víctima de autos.
FIRME que sea PRACTIQUESE por secretaría el cómputo legal para establecer el vencimiento de la pena, la caducidad del registro de la sentencia y las costas (artículos 26, 51 segundo párrafo, punto II del Código Penal; artículo 500 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires).
Fecho, COMUNIQUE al Registro Nacional de Reincidencia y a la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; INFORMESE a la Secretaría de la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental del resultado final de la presente causa (Ac. 2840 S.C.J.B.A.) y FORMESE incidente de ejecución y ADJUNTESE al mismo copia certificada del informe victimológico y remítase el mismo a la Secretaría de Gestión Administrativa Departamental, a fin de que se desinsacule el Juzgado de Ejecución Penal que intervendrá (Art. 25 del C.P.P.; Arts. 1° y 29 de la Ac. 2840 (t.o según Ac. 3688/14 de la S.C.J-A.; y Res. n°1058/04 y 2575/4 de la S.C.J.B.A.).
Doctora Graciela Julia Angriman Jueza Ante mí:
Eugenia N. Rojas Molina Secretaria
Fin de la sentencia