Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I · Causa 24.252
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto (arts. 439, 440, 441, 442 y ccdts. del Rito Provincial), remitiendo los obrados a la instancia de origen donde deberá celebrarse un nuevo debate por intermedio de juez hábil (arts. 201, 373, 371 3er. párrafo del Rito, 375 y ccdts. del mismo Cuerpo Legal).
Notificar en esta incidencia a la Fiscalía, a la defensa particular y al justiciable, dando cumplimiento a las previsiones de la ley 15.232 si correspondiere.
Hecho, remitir al Juzgado Correccional Nro. 1.
Expediente IPP número veinticuatro mil doscientos cincuenta y dos En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, reunidos en su Sala de Acuerdos, los Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Gustavo Ángel Barbieri y Pedro Roberto Moran, bajo la Presidencia del primero, para dictar fallo definitivo en la IPP n° 24252-I del registro de este Cuerpo "S, G A s/violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género y amenazas en los términos de los arts. 150, 89 en relación al 92 y 80 inc. 1 y 11 y 149 bis, primer párrafo, primera parte, del C.P.” y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nº 12060), resultó que debía seguirse este orden, Dres. Moran y Barbieri, habiéndose resuelto plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar ?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ DOCTOR MORAN, DICE: Interpuso recurso de apelación la Agente Fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 Departamental -doctora Leila Violeta Scavarda-, respecto de la sentencia dictada por el Juez titular del Juzgado en lo Correcional N° 1 Departamental -doctor Gabriel Giuliani-, que dispusiera anular la acusación formulada en el debate, por afectar el principio de congruencia y la garantía de defensa en juicio, y absolviera libremente de culpa y cargo a G A S, por el hecho que se le atribuyera y que fuera encuadrado -por la Acusación- como violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género y amenazas en los términos de los arts. 150, 89 en relación al 92 y 80 inc. 1° y 11 y 149 bis, primer párrafo, primera parte, todos del Código Penal.
Advierto que el remedio fue interpuesto en debido tiempo y forma, conteniendo la indicación de los motivos de agravio y sus fundamentos, siendo el pronunciamiento factible de ser atacado por el medio elegido, de manera que resulta admisible (arts. 439, 441 -según ley 13.812- y 442 del C.P.P.).
Esgrimió la recurrente, la errónea consideración en torno a la presunta afectación del derecho de defensa en juicio por la violación del principio de congruencia, al haber considerado el Juez de Grado, que la variación -en un día- afectaba su validez. Consideró la quejosa que sólo desde un punto de vista formal y vacuo, podía considerarse que la variación de un día en el hecho imputado afecte el derecho de defensa, toda vez que lo relevante no se trata del grado de detalle de la imputación en cuanto a su precisión temporal de un día y una hora determinada, sino de describir un hecho en su individualidad de forma que no pueda ser confundido con otro, tal como ocurrió -alega- en este caso.-
Así la impugnante en lo medular -y luego de formular una serie de apreciaciones respecto del desarrollo del debate como así también en relación a que no existió sorpresa para la Defensa- concluyó que no se había visto afectado el principio de congruencia y consecuentemente tampoco la defensa en juicio, por lo que solicitó se haga lugar al recurso deducido, revocando el fallo impugnado.
De igual modo y con argumentos similares se expidió el Fiscal General Departamental, Dr. Juan Pablo Fernández, en su presentación efectuada en los términos del artículo art. 445 CPP.
Llegada esta instancia debo decir que, en mi criterio, el recurso deducido debe ser acogido favorablemente.
Arribo a tal conclusión, desde que, tras un análisis pormenorizado de las presentes actuaciones, entiendo que no se verifica afectación al principio de congruencia, toda vez que la idea básica de la imputación dirigida contra el imputado -expresada a través de una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos- se mantuvo inalterable durante todo el curso del proceso (declaración del imputado en los términos del art. 308 CPP; requerimiento de elevación a juicio previsto en el art. 335 y lineamientos de la acusación al inicio del debate), habiéndose intimado como fecha de comisión del hecho el día 25 de diciembre de 2018 a las 01.50 horas. Dicho ello, luego de producida toda la prueba durante el debate, al momento de perfeccionarse procesalmente la acusación mediante el alegato, en oportunidad de la discusión final del juicio, la Fiscalía indicó como fecha de ocurrencia del hecho el día 26 de diciembre de 2018, esto es exactamente un día después de la fecha sostenida en los tres actos procesales anteriores.
Entiendo que dicha diferencia -no obstante lo afirmado por el Juez A quo- no configura un aspecto esencial de los hechos intimados al imputado, que de alguna manera lo haya sorprendido o le haya impedido ejercer adecuadamente su defensa. Y ello dicho más allá del direccionamiento dado por el abogado defensor a su estrategia, no obstante el cual, no podía desconocer la información que se iba colectando a partir de la producción de prueba en el debate.- Paso a explicarme.
La víctima del hecho, Sra. R A S, al momento de deponer frente al Juez y las partes, en el marco de plena contradicción e inmediación propio del debate oral, siendo el primer testimonio recibido durante dicha audiencia, afirmó -según se hace constar en el veredicto- que el hecho había ocurrido el día 26 en horas de la madrugada, porque era el 25/12 pasadas las 12 de la noche.-
A su turno, el testigo I P, según también se transcribe en el resolutorio en crisis, detalló que el día 25 de diciembre la víctima le pidió que la acompañe a la casa, que al llegar estaba S con quien mantuvieron una discusión, yéndose éste bruscamente en el auto, que ante ello R entró a la casa y le pidió al testigo que la acompañe a la comisaría a realizar una denuncia. Relató a su vez el testigo que la segunda denuncia fue porque S se metió en su casa, y la golpeó. Añadió que “…Recuerda que la primera denuncia fue el 25/12 a la tarde y la segunda fue a la madrugada de ese día…”. De este testimonio se desprende sin mayor esfuerzo de interpretación que si la primera denuncia fue efectuada el día 25 de diciembre a la tarde, no es posible que la segunda haya sido formulada en forma previa a la anterior, por lo que cabe colegir que la segunda alude al hecho ocurrido ya en la madrugada del día 26 de diciembre de 2018.- Del análisis precedente surge que durante el inicio del debate se aclaraba que el hecho bajo examen había ocurrido en la madrugada del día 26 de diciembre de 2018, toda vez que expresamente lo dijo la víctima y así se puede colegir -sin forzar para ello las reglas de la lógica- de lo manifestado por el testigo P.-
Las circunstancias expuestas -aunadas a las consideraciones que se harán en el párrafo siguiente- derriban toda posibilidad de sorpresa para el imputado y su Defensa, más allá -me reitero- del hecho que la Defensa haya fincado su estrategia en que en la madrugada del día 25 S estaba cumpliendo guardia a bordo de un buque.
No puedo pasar por alto además un dato que se desprende del expediente y que resulta dirimente, información que además no puede ser alegada como desconocida por la Defensa -toda vez que fue debidamente notificada de la resolución, tal como surge de las constancias informáticas del proceso-. Me refiero a que la Sala II de este Cuerpo, en oportunidad de declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de la Justicia de Garantías -que no hiciera lugar a su oposición y dispusiera la elevación a juicio del proceso- resaltó expresamente que “…el hecho motivo de la presente causa -conforme surge de la denuncia penal- tuvo lugar el día 26 de diciembre de 2018 a la 01:50 horas, y no como se deslizó erróneamente en el requerimiento fiscal y en la resolución en crisis al consignarse como ocurrido el día 25 de diciembre de 2018 (ver fs. 1/3, 131/135 y 144/148)…” (lo resaltado en negrita pertenece al original); aludiendo concretamente los Magistrados a la correcta fecha de atribución de comisión de los hechos.-
Dada la situación expuesta, y más allá de que -como fuera esclarecido- la Defensa ya sabía con anterioridad al comienzo del debate la fecha real del hecho; dicha parte -ante la fecha correcta revelada por la víctima en el primer testimonio recibido en el debate susceptible de producir una alteración en el tiempo de imputación del hecho formulado por la Fiscalía- debió haber pedido la suspensión del debate a efectos de adecuar su defensa a esta variación, en los términos que autoriza el art. 344 inc. 6 del ritual provincial, y reformular así su estrategia, producir prueba y alegar al respecto, en salvaguarda de las garantías que luego alegara como afectadas. Sin embargo no lo hizo, y con ello no dio respuesta ni contradijo la circunstancia que quedara claramente reflejada en el debate, en cuanto a que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del día 26 de diciembre de 2018.-
Entiendo que, de acuerdo a la doctrina de los actos propios, no puede la Defensa aducir sorpresa o indefensión por haber basado su estrategia en la incorrecta determinación temporal del hecho descripto por la Fiscalía, cuando, tanto por circunstancias anteriores al debate -resolución de Cámaracomo por las producidas durante el inicio del juicio -testimonios de S y P-, el día y hora de comisión del hecho se hallaban absolutamente esclarecidos para todos los intervinientes en el proceso.-
Por todo ello entiendo que no puede sostenerse, tal como lo hiciera el Juez de instancia, que -habiendo surgido con meridiana claridad del debate que el hecho tuvo lugar el 26 de diciembre de 2018- dicha variación respecto de la imputación formulada en las oportunidades previstas por el art. 308 y 336 del ritual haya generado un estado de indefensión para el imputado y su defensor, resolviendo declarar la nulidad de la acusación y la consecuente absolución del encartado.-
Considero que, en el caso, el Juez de grado ha otorgado un significado incorrecto al principio de congruencia. Es que el detalle de las conductas desplegadas por el imputado no ha sido objeto de variaciones sustanciales en las distintas intimaciones efectuadas a lo largo del proceso, siendo que la modificación en la que tanto enfatizara el Magistrado, no ha significado, conforme lo desarrollado en los párrafos precedentes, sorpresa ni menoscabo al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
En este punto entiendo pertinente transcribir lo expuesto respecto del alcance del principio de congruencia por mi colega de Sala, Dr. Gustavo Barbieri, en la causa nro. 18130, en la que sostuvo “...que la congruencia es la compatibilidad o adecuación existente entre el hecho que impulsa el proceso y el resultado de la sentencia. Y en ese sentido el requerimiento fija los hechos de los que el tribunal no puede apartarse; de lo expuesto puede aseverarse que para que se conmueva la garantía constitucional de defensa en juicio, es necesario que se haya producido una mutación esencial entre el hecho intimado y la base fáctica contenida en el documento acusatorio, con el hecho juzgado, produciéndose un menoscabo en la facultad de la refutación (al conllevar sorpresa) por parte del imputado. Tal perjuicio sólo concurre cuando la diversidad fáctica le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas en su interés o si la diversidad comprometió la estrategia defensiva. Así la correlación entre acusación y sentencia no es utilizada como sinónimo de identidad o adecuación perfecta en toda su extensión, pues no se extiende más allá de los elementos fácticos esenciales y de las circunstancias y modalidades realmente influyentes. Por ello existe dificultad para dar una formulación general de la regla, debiéndose analizar la solución (bajo esos principios generales) en cada caso particular (sigo así el contenido del fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, causa nro.486, reg. 484/95 de fecha 14/12/95). Lo importante de la información acerca del hecho que se atribuye pasa por la circunstancia de que pueda ser comprendida cabalmente por el imputado y éste tenga la posibilidad de oponer los medios que hacen a su defensa, en tiempo oportuno. Así la congruencia es consecuencia directa del principio de contradicción que debe presidir en esencia todo proceso, entendido éste como sinónimo de juicio, y también como un elemento fundamental para que se respete la inviolabilidad de la defensa. Ambas garantías se encuentran consagradas constitucionalmente, tanto en el derecho al juicio previo respetuoso del debido proceso, como en el mandato de que la defensa sea inviolable (art. 18 CN y 10 y 15 de la Provincial)…”
Entiendo relevante a los efectos del análisis del resolutorio en crisis, lo expuesto por el Dr. Barbieri en el fallo citado cuando afirmara que “...en el proceso penal, podemos hablar de una “pretensión evolutiva o progresiva” y a diferencia del civil, la pretensión no se deduce en un sólo y único acto, sino que sigue un “orden escalonado”. Este comienza con el decreto que promueve la investigación penal, se manifiesta a lo largo de la instrucción mediante la actividad de instar diligencias (en particular con la descripción del art. 308 y la congruente de la requisitoria de citación a juicio del 334), y culmina, una vez abierto el juicio oral, como pretensión objetiva en los lineamientos de acusación (hechos objeto del juicio y calificación provisional sometida a debate), definiéndose y produciéndose la calificación definitiva en los alegatos conclusivos. De esta manera la pretensión evolutiva en el proceso penal se entiende como un movimiento hacia la perfección en nuestro caso, hacia una acusación completa, que a su vez debe ser mantenida por quien se encuentra legitimado para ello, de modo que cuando existan fundamentos requerirá, la actuación del derecho material en el caso concreto...”.
Y siguiendo los lineamientos expuestos en el fallo cuyas partes pertinentes he transcripto, corresponde mencionar que la Corte Suprema de Justicia ha contemplado parámetros similares al resolver la causa "Sircovich, Jorge Oscar s/ defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, S. 1798.XXXIX, del 31 de octubre del 2006".-
Sentado lo expuesto, y volviendo a las constancias de esta causa, advierto que los hechos intimados a S fueron exactamente los mismos tanto al recibírsele declaración en los términos del artículo 308 como en la requisitoria, como al de iniciarse el juicio oral y público, habiéndose descripto en todos ellos, que se le atribuía "…que el día 25 de diciembre del año 2018 siendo la 1.50 horas aproximadamente, previo levantar la persiana de una ventana del comedor perteneciente a la vivienda sita en calle calle P n° 1 de la ciudad de P A haber ingresado sin el consentimiento de su moradora R A S, esposa del encartado de quien se encontraba separado, para luego tomarla bruscamente del cuello, tapándole la boca mientras le refería "Te voy a matar", para finalmente arrojarla al piso. Que al intentar la víctima escaparse de la vivienda mientras gritaba solicitando auxilio, el encartado la toma de los cabellos refiriéndole "Deja de gritar, callate, porque te voy a matar". Que producto de dicho accionar S, R A sufrió las siguientes lesiones de carácter leves (informe médico de fs. 19) excoriaciones peribucales y hematomas en mano derecha..."; por lo que debo insistir en que la modificación en un día de la ubicación temporal del hecho (ya anoticiada por la Sala II de este Cuerpo al denegar el sobreseimiento, y aclarado desde el inicio del debate con la declaración de la víctima y del testigo Ignacio P), no ha sido relevante a los efectos de perjudicar insanablemente el ejercicio del derecho de defensa.
La Defensa tuvo conocimiento -o al menos no podía desconocer- la fecha de ocurrencia del hecho y durante el inicio del juicio oral -como ya se explicara- tuvo al alcance los mecanismos procesales para proveer a la adecuada contradicción, sin que haya considerado necesario utilizarlas. En otras palabras, S (y su representante legal) sabía exactamente la fecha en que se imputaban los hechos, por lo que la corrección de la misma por la Fiscalía al momento del alegato final, no cambió lo sustancial del hecho intimado, ni sorprendió al imputado ni a su Defensa y consecuentemente tampoco importó un menoscabo al ejercicio del mismo.
Al menos desde la declaración (en el debate) de la víctima y del testigo P, pudieron solicitar (si así lo consideraban corresponder) la suspensión de la audiencia, para ofrecer nueva prueba y/o readecuar la ya ofrecida con respecto a la nueva fecha; sin embargo han optado por dejar transcurrir el juicio y en el alegato final solicitar la nulidad de la acusación por esa variación no esencial; esa estrategia puede o no compartirse, pero es demostrativa de que no se pretendió defender de lo ventilado sino optar por una chance conclusiva basada en una cuestión que se consideraba invalidante y de la que finalmente obtuvo éxito.
Adviértase que emerge del acta de juicio, que al momento de efectuar su alegato final, el Defensor refirió: "...Que la estrategia de la defensa se basa en el hecho imputado. Por ello, afirma que no se pudo acreditar el hecho y más allá de eso, en razón del derecho de defensa en juicio, hace referencia a las declaraciones testimoniales. Manifiesta que sí hubo testigos. Que un 25 o 26 de diciembre a la 1.50 horas es extraño que no haya testigos. Que el testigo Pi, amigo de la presunta víctima, no resulta creíble..."; esa referencia a las dos fechas demuestra que sabía cabalmente que la "debatida" lo fue con respecto al día 26.
El mismo A Quo también referenció en el veredicto a fs. 47 "...Que de la prueba producida en el debate surge con meridiana claridad que el hecho tuvo lugar el día 26 de Diciembre de 2.018...", lo que refuerza mi conclusión en el sentido de que lo expuesto se aclaró (al menos) desde la declaración de la víctima (al inicio del juicio), y allí bien pudo el Magistrado subsanar la cuestión y/o la Defensa readecuar su estrategia (más allá de que lo descripto del alegato final demuestra que de ambas cosas se defendió), no existiendo entonces la "sorpresa a la contraparte" que la Corte Nacional en el fallo transcripto exige como condición para generar perjuicio con la variación. Por todo lo expuesto he de proponer al acuerdo la revocación del fallo dictado, y el reenvío a la instancia de origen para la realización de un nuevo debate por intermedio de juez hábil, dado que los límites que me impone la inmediación propia del debate oral (de la que carezco), considerando en esta instancia que no resultan suficientes las constancias volcadas en el acta de debate y no habiendo registro de audio ni video de la audiencia, no resulta posible resolver la situación de S con el grado de conocimiento necesario. Por los fundamentos expuestos, voto por la negativa.
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ DR. BARBIERI DICE: Adhiero a los fundamentos y al sufragio emitido por el Dr. Moran.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ DR. MORAN DICE: Que atento lo expuesto precedentemente, corresponde revocar el fallo recurrido y remitir a la instancia de origen con el fin de que se celebre un nuevo juicio oral y público por intermedio de juez hábil.
Así lo sufrago.
A LA MISMA CUESTIÓN EL JUEZ DR. BARBIERI DICE: Adhiero a la propuesta que antecede.
Con lo que termina este Acuerdo que firman los Jueces nombrados.
Bahía Blanca, Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto que no es justo el fallo recurrido.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL RESUELVE: Declarar admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto (arts. 439, 440, 441, 442 y ccdts. del Rito Provincial), remitiendo los obrados a la instancia de origen donde deberá celebrarse un nuevo debate por intermedio de juez hábil (arts. 201, 373, 371 3er. párrafo del Rito, 375 y ccdts. del mismo Cuerpo Legal).
Notificar en esta incidencia a la Fiscalía, a la defensa particular y al justiciable, dando cumplimiento a las previsiones de la ley 15.232 si correspondiere.
Hecho, remitir al Juzgado Correccional Nro. 1.
Fin de la sentencia