Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 5155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar a los recursos de apelación deducidos a fs. 109/13 y vta. y 125/6 (arts. 421, 434 y 439, CPP);
II. Confirmar los decisorios de fs. 87/94 y vta. y 123/4, por los motivos dados (arts. 144 y 201, ambos a contrario sensu, 148, 157 y 447, CPP).
REGISTRADO BAJO N°1453/19
CN°: 0702-5155-19.
///mas de Zamora, 2de octubre de 2019.
Para resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 109/13 y vta. y 125/26 por la señora defensora oficial del encartado ALEXIS DAVID SORFO, doctora Anahí Fernández, contra los autos de fs.87/94 y vta. y 123/4 dictados por el Juzgado de Garantías n° 9, y;
A requerimiento fiscal, la magistratura garante cauteló al encartado por encontrarlo responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por ser cometidas por parte de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género y coacción, en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11 y 149 bis segundo párrafo, Cód. Penal).
A su vez, rechazó un pedido de nulidad respecto de las declaraciones de la hermana y padre del imputado, por entender que no han sido valorados.
Frente a ambos pronunciamientos, viene en queja la defensa. En cuanto a la autoría que se endilga, controvierte las testimoniales prestadas por la damnificada, en miras que difiere el motivo por el que le fueron colocadas las esposas, aduciendo en su primera declaración que obedeció a un intento de secuestro para después asumir que su pareja -aquí imputada- lo había hecho. Refiere además que no se indicó en el examen médico el modo o mecanismo de producción de las lesiones, lo que no permitiría vincularlas con el acusado máxime la cantidad de personas que intentaron quitárselas (el acusado, la víctima, un cerrajero, la gente que la recibió en el hospital, los funcionarios policiales de la comisaría de intervención y el personal de bomberos), disintiendo que actuara con dolo en su hipotética causación.
En otro pasaje manifiesta que no resulta persona agresiva, lo que encontraría cobijo en la circunstancia que su concubina dejó a su cuidado a los hijos de ambos, habiendo negado la víctima ante la fiscal las amenazas que se adjudicaron al encartado.
Por último, refiere que el ingreso a la finca donde se lo detuvo no encuadró en los supuestos de excepción, por lo que solicita se lo declare nulo, sin que tampoco se aprecien razones objetivas para tenerlo cautelado en razón que no registra antecedentes condenatorios (fs. 109/13 y vta.).
En cuanto a los testimonios que tacha nulos por haberse recepcionado con veda legal, señala que "la prueba obtenida en afectación de garantías constitucionales.... debe ser excluida", manifestando que más allá que la magistrada expusiera que no fueron valorados en su perjuicio, resultaron mensurados reiteradamente en contra del imputado (fs. 125/6 y vta.).
En primer lugar, y atendiendo a la nulidad planteada en torno al ingreso de la policía en el domicilio donde residiría el acusado, a diferencia de lo dicho en causa n° 4217-14, entre otras, respecto a los alcances de la anuencia dada por el miembro conviviente, corresponde señalar que en la presente la damnificada cohabita con quien la victimizó, sin que se hayan alegado razones -ni se las advierte- para considerar viciado a dicho consentimiento, razón por la cual se reputará válido el franqueo otorgado.
En cuanto a la impugnación deducida contra los dichos del padre y hermana del acusado (art. 234, CPP), conviene repasar que por regla general toda persona podrá declarar, sin perjuicio de las facultades del Juez para valorarlo (arg. art. 233, CPP), surgiendo que no fueron meritados para abonar el plexo cargoso, lo que llevará a la desatención de la exclusión pretendida (art. 201 a contrario sensu, CPP).
Adentrándonos en la autoría que se ciñe, adquiere relevancia para el caso que en el acta de procedimiento se recreó que la damnificada sollozando relató que el "supuesto intento de secuestro [manifestado previamente] era falso", señalando que al recriminarle al acusado que había llegado con diversos elementos presuntamente sustraídos, aquél "se tornó violento...comenzó a insultarla, zamarrearla y amenazarla, que la toma de uno de sus brazos y le coloca en su muñeca derecha una de las anillas de las esposas cerrando la misma con fuerza, que es entonces que le suplica que no la lastime y que le quite las esposas que estas le apretaban", lo que intentó hacer el nocente infructuosamente con las herramientas que allí había, para luego sugerirle la denunciante que iría a un cerrajero junto con su cuñada, manifestando que "que [el imputado] la retuvo por la fuerza y no le permitió que abandone la morada, que luego de media hora aproximadamente de súplicas...le permite salir de la casa....[advirtiéndole] 'mogólica adonde vas a ir?...mirá que vos me vas a mandar en cana...yo llegó a caer en cana y cuando salgo te mato...te abro la panza' [amenazas que le] profirió tomándola del cuello con una mano, y mostrándole un hierro al cual describe como un 'arpón'".
Añadió que la historia del supuesto secuestro la narró "ante el temor que le provocaba... dado que en más de una oportunidad le ha golpeado y amenazado", refiriendo una denuncia del mes de febrero al respecto (fs. 4/5).
Lo allí plasmado encontró abono en la testimonial efectuada en sede policial (fs. 8/9), sin que escape a nuestro análisis que se encontró junto a la cama donde se hallaba el acusado un objeto punzante de armado casero, que podría vincularse con el "arpón" descripto por la denunciante como aquel con que se la amedrentó (fotograma fs. 18), contándose además con los dichos del testigo de actuación -Gustavo Tello- quien no señaló ninguna irregularidad en su producción (fs. 33 y vta.).
A fs. 11 vta. se adjuntó el resultado del informe médico legal, señalando la damnificada que la agredió su pareja, presentando excoriaciones milimétricas y equimosis en su muñeca derecha, lesiones que se catalogaron de índole leve.
No escapa a nuestro análisis que ante la señora agente fiscal se desdijo de tales acusaciones, señalando que ella misma se colocó las esposas y que el acusado no le profirió ningún tipo de amenazas, como así también suavizó el contexto de violencia que se describió en una causa contigua (3042-19); sin embargo analizado el cuadro en el que habría acontecido el hecho en trato, no advertimos razones para descreer de su primer testimonio ante la policía, máxime que en el requerimiento obrante a fs. 76/85 y vta. la representante del ministerio público puso de resalto que envió a la denunciante "a la sede del GIACS, a los fines que se brinde la articulación necesaria con los ámbitos municipales correspondientes para su contención".
Aparece de insoslayable mención que la "Convención de Belem do Pará" -incorporada a nuestro digesto por ley 24.632- brega por eliminar las situaciones de violencia a las que son sometidas las mujeres, lo que también replica el precedente de la CSJN "Leiva" del 1-11-2011, donde además de repasar la obligación estatal en pos de erradicar cualquier tipo de coacción contra el género femenino, señalaron los cortesanos que la ley 26.485 "establece un principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos, tanto para tener por acreditados los hechos como para resolver en un fallo al respecto", debiendo apreciárselo en el aludido contexto.
Tal plexo no permite marginar de momento la autoría que viene atacada (art. 157, CPP), sin que tampoco el encierro preventivo se advierta desacertado, en miras a la seriedad de los delitos y la severidad de la eventual pena, teniendo dicho la CIDH en sus informes 12/96 y 2/97 como nuestra casación por boca de su sala cuarta (cn° 76.154 del 14-6-2016), que aquello junto a las características del hecho da argumento suficiente para presumir riesgo de fuga (art. 148, CPP).
En miras a lo expuesto, se homologará el auto en crisis en lo que ha sido materia de recurso (arts. 144 a contrario sensu, 148, 157 y 447, CPP).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, RESUELVE:
I-NO HACER LUGAR a los recursos de apelación deducidos a fs. 109/13 y vta. y 125/6 (arts. 421, 434 y 439, CPP);
II-CONFIRMAR los decisorios de fs. 87/94 y vta. y 123/4, por los motivos dados (arts. 144 y 201, ambos a contrario sensu, 148, 157 y 447, CPP).
Regístrese y remítase al juzgado de grado, donde se realizaran las comunicaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia