Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa IEJ1 14629 20
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso incoado por la defensa técnica y confirmar el decisorio del 17 de febrero de 2023, que no hiciera lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 inciso 5) del Código Penal, conforme la modificación introducida por Ley 27.375.-
II. Confirmar el punto II.- del resolutorio mencionado, que no hizo lugar a la libertad condicional de Ariel Fernando Alcaraz Aaron , por las razones expuestas en el considerando (Artículos 1, 5, 16 y 31 de la Constitución Nacional, 13 y 14 inciso 5) del Código Penal, 21, inciso 1º, 209, 210, 421, 433, 434, 439, 442 y concordantes del Código de Procedimiento Penal).
2023 - Año de la Democracia Argentina
Para resolver la apelación interpuesta por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Javier G. Jaime, contra la resolución del 17 de febrero de 2023, que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal, conforme la modificación introducida por Ley 27.375 y no hizo lugar libertad condicional peticionado en favor de su asistido Ariel Fernando Alcaraz Aaron, en el presente incidente formado en el marco de la causa N° IEJ1-14629-20 (07-00-14629-20) de trámite ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 Departamental, y;
El Sr. Juez, Dr. Martin A. Garcia Diaz, dijo :
El Señor Titular del Juzgado de Ejecución en lo Penal N° 1 Departamental, resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 del Código Penal y rechazar la libertad condicional de Alcaraz Aaron.
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Oficial, reitera, entre otros argumentos, que el planteo de inconstitucionalidad que se intentó tenía dos vertientes, por un lado, la contradicción de la norma mencionada con el principio de igualdad que emerge de la interpretación armónica y combinada del artículo 16 de la Constitución Nacional; por el otro lado, la contradicción de la norma con el principio de progresividad y reinserción social al que deben estar orientadas las penas privativas de la libertad de acuerdo con lo normado en el artículo 5.6 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, instrumento éste último elevado a jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional
En el particular, Andrada fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N°10 Departamental, el día 19 de mayo de 2021, a la pena de tres años y diez meses de prisión, accesorias legales y las costas del proceso, por resultar co-autor penalmente responsable del delito de robo calificado por su comisión por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.
Demarcado el caso haré las siguientes consideraciones, adelantando que esta sede ya tuvo oportunidad de expedirse respecto de la validez constitucional del art. 14 del C.P. en el marco de los legajos N° IEJ-10890-18 mediante Resolución N° 250/21, la que fuera confirmada por la Sala Tercera del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 09 de septiembre de 2021; IEJ-77020-17 mediante Resolución RR.297/2021, la que fuera confirmada por la Sala Primera del mencionado Tribunal con fecha 02 de marzo del corriente año; IEJ-3439-19 mediante resolución RS-852/2022 del 09 de agosto de 2022, también de la citada Sala I del Tribunal de Casación.
En la presente convocatoria, he de dejar sentada mi postura, como sostuviera en el incidente de ejecución de pena N° 53108-10, me venia expidiendo a favor de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, en cuanto prohíbe el acceso a la libertad condicional de aquellos condenados, entre otros, por el delito previsto en el artículo 166 inc. 2° del CP, por considerar que resulta contrario a la garantía de la igualdad (art. 16 C.N.) y al fin resocializador de la ejecución de la pena (art. 18, 75 inc. 22, 5.6 de la CADH y 10.3 del PIDCyP) sin embargo en un caso similar al presente, la Suprema Corte de Justicia Provincial ha rechazado el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de la Ley oportunamente intentado, desestimando en consecuencia el pedido de inconstitucionalidad y otorgando plena validez constitucional al art. 14 segunda parte del C.P. ( P. 127.747, “ Filippelli Bioti, Roberto Fabian. Recurso de extraordinario de inaplicabilidad de ley" , rta. 04/07/18).
Asimismo y en lo concreto del caso pondero también lo resuelto por la SCBA el pasado 20 de octubre del 2020 en el marco de la causa P.133.372 "Altuve Carlos s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley en causa 82.518 del TCPBA, Sala III, seguida a Ybarrola José Luis" cuando específicamente señaló: "... En cuanto al argumento del tribunal que involucra el principio de igualdad ante la ley, esta Suprema Corte sostuvo que la imposibilidad de acceder a cierta libertad anticipada en el ámbito de ejecución de la pena...por haberse cometido cierta clase de delitos especialmente graves (conf. art. 14, Cód. Penal, según ley 25.892 -B.O. 26-V-2004- y luego ampliado el catálogo de delitos incluidos por la ley 27.375 -B.O., 28-VII-2017- o arts. 100. ley 12.256 y 56 bis, ley 24.660), no importa una distinción reñida con la Constitución nacional".
Así y tal como lo vengo sosteniendo (ver causa N° IEJ-60070-11 seguida a Juan Manuel Silva Centurion, de trámite ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 Departamental), por directa aplicación de la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal Nacional, en cuanto reiteradamente ha resuelto que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte Suprema, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar las posiciones sustentadas en ellos, dado que ésta reviste el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060;319:699; 321:2294; 318:2103;320:1660; 321:3201 y sus citas), he de proponer al acuerdo el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor.
El Sr. Juez, Dr. Tomás A. Bravo, dijo :
Entrando en el estudio del planteo en cuestión, he de considerar que las reglas procesales encuentran su límite y justificación en la Constitución Nacional.
Los deberes procesales de motivar y fundar las resoluciones judiciales que de algún modo impongan limitaciones a los derechos personales encuentran su razón última en la Constitución Nacional.
Conforme el artículo 1° de nuestra Carta Magna, la Argentina, adopta la forma de Estado Federal. Este sistema, en la estructura de la Constitución, admite la existencia de distintos entes territoriales con poder político en sus respectivas jurisdicciones.
El principio federal supone que son las provincias las que delegan en el poder central atribuciones determinadas y acotadas.
El artículo 5 constituye, junto con el artículo 31, una expresión del principio de supremacía del derecho federal, pues subordina la capacidad normativa de las provincias al respeto del denominado bloque de constitucionalidad, en general, y a los principios que aquella norma impone especialmente. Al mismo tiempo garantiza la autonomía provincial y su poder constituyente derivado.
La igualdad de todos ante la ley consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, contempla la igualdad formal (iguales en las mismas condiciones).
El artículo 31 contiene dos principios sustantivos del ordenamiento jurídico de la República Argentina: el principio de supremacía constitucionalidad y el principio de jerarquía de las fuentes del derecho.
En este orden de razonamiento, las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación, entre estos se encuentra la facultad de dictar leyes respecto al modo de cumplimiento de las penas que los jueces imponen.
Así, corresponderá señalar que la tacha de invalidez de una norma por contrariedad a la Constitución Nacional es remedio de última ratio que representa un acto de suma gravedad institucional (CSJN 19/9/89 J.A. 1990-II, pág 307).
Vale afirmar, que la inconsecuencia no se presume en el legislador, y por ello, las leyes deben aplicarse e interpretarse, en su caso, evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, y así lo ha dicho el más alto Tribunal, indicando que la primera regla sobre una ley “es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley, siendo prioritario trasportarse al punto de vista del legislador, reproducir sus operaciones intelectuales, y de tal forma reconstruir el pensamiento de la ley (CSJN “Moschini”, 28/7/94), y siendo la declaración de inconstitucionalidad de una norma la última ratio, por su excepcionalidad, aquí no se evidencia razón para ello.
Bajo estos parámetros, es que se exige que la incongruencia que presente la norma en pugna con la Carta Fundamental, lo sea de carácter manifiesto, mientras que su incompatibilidad no admita razonabilidad de interpretación que permita conciliación alguna.
En el planteo que me ocupa, el legislador tuvo en cuenta el bien jurídico protegido para restringir determinados beneficios (en lo puntual el acceso a la libertad condicional).
El legislador tuvo en cuenta el bien jurídico protegido para restringir determinados beneficios; en el caso de autos Andrada, fue condenado en orden al delito de robo calificado por su comisión por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa ; por lo que no se da el supuesto que abarca el artículo 16 de la Constitución Nacional que es el principio de igualdad ya que aquí lo que se cercena es en relación a la gravedad de la infracción y la razonabilidad en relación con el interés público comprometido.
Ha de agregarse que la ley en cuestión da cuenta de razones que tienen que ver con la denominada "política criminal", impidiendo la aplicación del instituto en tratamiento para aquellas personas que han sido condenadas por el delito de robo calificado por su comisión por el empleo de arma de fuego (conforme la reforma del art. 14, Ley 27375) de lo que concluye que la limitación no apunta a determinado sector de la población, sino a tipos penales específicos.
Y ello no resulta contrario a la "igualdad ante la ley" establecida por nuestra Carta Magna, por cuanto la normativa penal en estudio no difiere el tratamiento de acuerdo con motivos de raza, religión y/o demás innumerables razones que puedan diferenciar a una persona de otra, sino que hace un distingo en virtud de condena por delitos determinados.
Debo recordar que la igualdad de todos ante la ley, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, contempla la igualdad formal (iguales en las mismas condiciones).
La selectividad que ha tenido el legislador, como, o por razones de política criminal para suprimir o restringir beneficios a quienes han cometido determinados delitos, no ha sido arbitraria, sino por el contrario, han sido considerados aquellos hechos que por su entidad, gravedad y magnitud conmueven a la sociedad.
Asimismo, respecto de la vulneración a los principios de progresividad y resocialización, cuya contrariedad con lo establecido en el art. 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos se alega; entiendo que la norma cuestionada no implica desoír la intención de reforma y readaptación social del individuo (conf. art. citado).
El hecho de no incluir a un condenado por determinados delitos dentro del instituto solicitado, en modo alguno impide el cumplimiento de dicha finalidad, a través de la utilización de otras herramientas tendientes a tales postulados.
Como lo he manifestado en otras oportunidades, al tratar planteos similares al aquí analizado (aún antes de la reforma de la Ley 27375, la que contempló nuevos delitos que impiden a los condenados acceder a la libertad condicional), debo destacar, que la pérdida del derecho a aspirar al régimen de libertad condicional, por el delito cometido, no importa privar al interno del acceso a otros mecanismos de atenuación de las restricciones propias de las penas de encierro carcelario, viéndose que en el presente caso, el delito por el cual se lo imputa no impide en modo alguno el acceso de la condenada a otros institutos, al que tiene derecho, en línea con el fin de reforma y readaptación social que el artículo 5, inciso 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asigna a las penas privativas de la libertad, en conjunto con lo previsto por la Ley 12.256.
La imposibilidad de acceso al presente régimen no pone en riesgo la disponibilidad para la condenada del acceso a otro instituto que asegure su adecuada reinserción social, ello sin perjuicio de las restantes y diversas posibilidades que al incuso se le brinden durante su vida carcelaria, con la finalidad de prepararla laboral, educativa y psicológicamente para su reintegro a la vida en sociedad, dotándola así de diversas herramientas, tales como la asistencia psicológica o el desempeño del interno en las áreas laboral, educativa, religiosa, social y demás recursos con los que cuentan las unidades penitenciarias.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que no se advierte incongruencia manifiesta de la norma cuestionada con la Carta Fundamental, ni incompatibilidad que no admita razonabilidad de interpretación que permita conciliación alguna, corresponderá por diferentes fundamentos a los sostenidos en la resolución en crisis, confirmar lo resuelto por el Sr. Juez, en cuanto rechaza la declaración de inconstitucionalidad que fuera requerida por la Defensa y no hace lugar al beneficio de la libertad condicional de Alcaraz Aaron.
POR ELLO :
Esta Sala Tercera de la. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental;
I. Rechazar el recurso incoado por la defensa técnica y confirmar el decisorio del 17 de febrero de 2023, que no hiciera lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 inciso 5) del Código Penal, conforme la modificación introducida por Ley 27.375.-
II. Confirmar el punto II.- del resolutorio mencionado, que no hizo lugar a la libertad condicional de Ariel Fernando Alcaraz Aaron , por las razones expuestas en el considerando (Artículos 1, 5, 16 y 31 de la Constitución Nacional, 13 y 14 inciso 5) del Código Penal, 21, inciso 1º, 209, 210, 421, 433, 434, 439, 442 y concordantes del Código de Procedimiento Penal).
Regístrese, notifiquese electronicamnete al Sr. Fiscal General Deptal. y Sr. Defensor Oficial y remítase al Juzgado de origen para el cumplimiento de las restantes notificaciones de rigor.
Fin de la sentencia