Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala III · Causa 0700 71810 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa, modificar la calificación legal asignada al suceso en estudio por la de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, revocar el decisorio recurrido y devolver estos actuados a la instancia de grado, a fin que el Juzgado disponga la excarcelación de Sebastian Nicolas Cejas, bajo la modalidad, caución y obligaciones de rigurosidad que estime puedan corresponder; de conformidad con los arts. 144, 148, 169, 171, 179, 180 y ccdtes. del ritual.
2023 - Año de la Democracia Argentina
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Dra. Marcela Di Marco contra el decisorio adoptado el 27 de diciembre de 2022 por el que se convirtiera en prisión preventiva la detención de su asistido en la causa N° 0700-71810-22 en trámite ante el Juzgado de Garantías N° 5 Departamental, y;
El Sr. Juez de Garantías resolvió convertir en prisión preventiva la detención que viene padeciendo Sebastian Nicolas Cejas por considerarlo presunto autor del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil en los términos de los art. 45, 189 bis inc. 2do párrafos tercero y octavo del C.P.
Contra dicho decisorio se agravia su defensa técnica, sosteniendo que no corresponde la aplicación del agravante que prevé el octavo párrafo del art. 189 del C.P. toda vez que dicha circunstancia no ha sido descripta en la materialidad infraccionaria imputada a su defendido, planteando subsidiariamente la inconstitucionalidad de dicha figura.
Además, con amplio desarrollo en materia cautelar, requiere se revoque el decisorio recurrido.
Los agravios de la Defensa serán en el caso receptados.
Diremos aún cuando no resultara motivo de agravio que a juicio de este Tribunal y a partir de una pormenorizada lectura de lo hasta aquí actuado, el decisorio recurrido reúne las condiciones de suficiencia necesarias para su dictado en los términos del art. 157 inc. 1° y 3° del C.P.P. con la probabilidad exigida en la etapa.
En punto a la calificación legal adoptada, entendemos que efectivamente no resulta aplicable el agravante previsto por la ley para la figura de portación de arma de fuego si no se hizo saber dicha circunstancia al imputado al momento de prestar declaración.
Como fundamento de tal premisa se encuentra la garantía constitucional de asegurar al imputado la posibilidad de defenderse con la plenitud de sus facultades respecto de todo elemento relevante de la imputación, en forma que se excluya cualquier sorpresa (art. 18 de la C.N.)
La CSJN ha sostenido que cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva (Fallos:314:333; 315:2969; 319:2959) y que el cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole "formular sus descargos ("Sircovich", Fallos: 329:4634).
Prevé el art. 312 del C.P.P que al imputado debe hacérsele saber cuál es el hecho que se le atribuye, especificando el art. 335 del C.P.P. que el mismo debe ser preciso, circunstanciado y específico, resultando esta última característica la que permite un adecuado control del juicio de subsunción y en este sentido sin duda la acusación que se formule al imputado debe permitirle conocer lo que se le atribuye, enarbolar su estrategia y efectuar sus descargos.
Dado que se encuentra en juego el principio de congruencia vinculado con la garantía de la defensa en juicio con raigambre constitucional es que corresponde receptar el agravio de la Defensa y modificar la calificación legal asignada al suceso en estudio por la de portación ilegal de arma de fuego de uso civil en los términos del art. 189 bis inc. 2do párrafo tercero del C.P.
Adentrándonos ahora en lo relativo a la necesidad de la medida de coerción del imputado, si bien la regla durante la sustanciación del proceso criminal es la libertad de todo imputado hasta tanto una sentencia de condena firme destruya el Estado de inocencia del cual goza, tal derecho a la libertad constitucionalmente puede limitarse al darse las circunstancias de excepción que hacen al cumplimiento y efectiva aplicación de la ley penal sustantiva con un norte afianzador de la idea de justicia (conf. Preámbulo C.N.).
En efecto, la privación de libertad anterior a la sentencia resulta constitucionalmente admisible cuando se verifique la existencia de peligros procesales ciertos (cfr. art. 14, 18, 31 y 75.22 de la Constitución Nacional; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH, 9 ap. 1º y 3º PIDCyP, 3º y 11 ap.1° DUDH, I, XXV y XXVI DADyDH, 10, 11, 21 Const. Provincial, 144, 146, 148 y 171 del Código de Procedimiento Penal).
Ahora bien, en el caso concreto, el cambio de calificación dispuesto permite una eventual pena en suspenso pues el imputado no registra precedentes condenatorios por lo que no se advierten razones para obliterar la regla que prevé el art. 144 del C.P.P.
Entonces, el riesgo procesal que ponderó el Juez y deviene de actitud asumida por el encartado al observar la presencia policial al intentar deshacerse del elemento prohibido puede neutralizarlo con la imposición de obligaciones especiales que sujeten al imputado a proceso y permitan entonces el cumplimiento de los fines del mismo.
Cabe en esta línea citar la preocupación manifestada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ante la falta de establecimientos para contener el aumento de la población carcelaria y, muy en particular, el alojamiento de detenidos en seccionales policiales clausuradas, por decisiones judiciales o por propias resoluciones ministeriales; sobre todo en vista de los gravísimos hechos de público y notorio conocimiento (SCBA - Resolución 2301/18- 22/11/2018) lo cual debe también ser conjugado con el marco legal de excepcionalidad de la prisión preventiva y la necesidad de extender el alcance de la aplicación de medidas menos gravosas a las privativas de libertad como así con el principio de proporcionalidad (art. 146 inc. 3° del ritual).
Habremos de mencionar el documento elaborado el 10 de octubre de 2019 por el Tribunal de Casación Penal Bonarense sobre condiciones de detención en la Pcia. en el marco de la Resolución 2301/18 de la SCJBA, del que se extraen propuestas para subsanar la situación carcelaria existente entre las que deben destacarse el reforzamiento del uso racional de la prisión preventiva.
Por este orden de razones es que corresponderá revocar el auto puesto en crisis, devolviendo estos actuados a la instancia de grado, a fin que el Juzgado disponga la excarcelación de Sebastian Nicolas Cejas, bajo la modalidad, caución y obligaciones de rigurosidad que estime puedan corresponder; de conformidad con los arts. 144, 148, 169, 171, 179, 180 y ccdtes. del ritual.
POR ELLO :
Esta Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental;
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa, modificar la calificación legal asignada al suceso en estudio por la de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, revocar el decisorio recurrido y devolver estos actuados a la instancia de grado, a fin que el Juzgado disponga la excarcelación de Sebastian Nicolas Cejas, bajo la modalidad, caución y obligaciones de rigurosidad que estime puedan corresponder; de conformidad con los arts. 144, 148, 169, 171, 179, 180 y ccdtes. del ritual.
Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Cámaras, a la Defensa y remítase electrónicamente a la instancia de grado donde deberá llevarse a cabo lo aquí ordenado.
Fin de la sentencia