Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa HC 76 23
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts. 422, 434 y 439, CPP);
II. Confirmar el auto del pasado trece de agosto, con los alcances dispuestos y por los motivos expresados (arts. 405, 406 y concordantes, CPP);
III. Tener presente la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
CN °: HC-76-23. -
///mas de Zamora, fecha de firma digital.
Para resolver el recurso de apelación que dedujo la señora Directora Provincial de Políticas y Gestión Penitenciaria de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dina Rossi, contra la decisión dictada el pasado trece de agosto por el Juzgado de Garantías n° 5 Departamental, y;
Abre el tema a decidir la resolución por la cual el juzgador hizo lugar a la acción de habeas corpus solicitado por la señora agente fiscal, doctora Carolina Zugasti, en favor de las personas alojadas en la unidad n° 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense, al entender un agravamiento en las condiciones de detención y, en consecuencia, fue ordenado a la autoridad administrativa que no ingresen nuevos internos y sean trasladados todos los que excedan la capacidad máxima de albergue.
La recurrente alega legitimación activa por ser el ámbito de competencia de ese Ministerio el velar por las personas privadas de su libertad. Luego expone que la decisión en crisis "no soluciona el problema, sino que lo traslada a otros establecimientos, afectando al sistema penitenciario en su totalidad", invocando la facultad que se le acuerda por ley para distribuir a los procesados y condenados, citando lo dicho en los artículos 73 y 98 de la ley de ejecución penal bonaerense.
Expone las distintas medidas de infraestructura a desarrollarse para aumentar la capacidad de alojamiento del servicio penitenciario en 12.030 plazas, atendiendo que hace dos años tenía 49.946 personas privadas de su libertad y a la fecha son 57.420, entre detenidos en cárceles, alcaldías, comisarías y en arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico. Agrega que con dichas obras "se pretende descomprimir la sobrepoblación de todo el sistema penitenciario", sin dejar señalar que desde esa órbita se dio cumplimiento con lo ordenado por la Casación bonaerense por boca de su sala quinta -cn° 100.983- como por la Suprema Corte (P. 83.909), ello a fin de reducir el hacinamiento carcelario.
Continúa su prédica indicando diversos pronunciamientos en donde se puso de relieve la inconveniencia de resolver aspectos parciales de superpoblación penitenciaria, trayendo en cita el dictado por Cámaras Penales (Quilmes -S. I cn° 13.048 y S. II cn° 37.886-; La Matanza -S. II, cn° 13.048- y Mar del Plata -S. I cn° 35.748-). Hace reserva del caso federal.
En la decisión que abre el tema a decidir, el señor magistrado de grado repasó que se estaría "casi triplicando la capacidad de personas alojadas, constituyendo ello un agravamiento de las condiciones de detención de las personas allí alojadas que transgrede los compromisos asumidos por nuestro Estado Federal así como también la manda del artículo 18 de nuestra Carta Magna", exponiendo que la unidad tiene capacidad para 424 personas y se encuentran detenidas 1.029. Sobre esa premisa, luego de repasar las condiciones habitacionales de la cárcel, expresó que la CSJN en el antecedente "Verbisky" ordenó a jueces y tribunales con competencia penal hacer cesar "toda eventual situación de agravamiento o cualquiera otra susceptible de acarrear responsabilidad internacional".
Con base en lo expuesto, dispuso la prohibición de nuevos detenidos y se traslade en forma inmediata a los que actualmente están allí hasta que se alcance la capacidad máxima de albergue, debiéndose garantizar a cada persona su correspondiente colchón.
Puesta de relieve la cuestión, habremos de decir que es de insoslayable mención que la CIDH ha señalado que una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de brindar a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención -Caso "Penitenciarías de Mendoza"- (art.1.1 CADH); y que la protección de la CADH al derecho a la integridad personal de las personas privadas de la libertad “..no solo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana..” (caso “Instituto de Reeducación del Menor V. Paraguay” del 2/9/2004, citado en Fallos 328:1146).
Del informe actuarial confeccionado surge que la unidad actualmente posee un número mayor de detenidos -siete personas- del que se informó previo a resolverse la cuestión, como así también que la cuestión traída a colofón no resulta novedosa pues ya motivó la intervención de otras magistraturas en sendos habeas corpus, cuyas actuaciones han sido archivadas.
En el marco del comité departamental que se constituyó conforme lo dispuesto por la SCBA en sus acordadas n° 3632 y 3415, las distintas visitas institucionales efectuadas a la unidad n° 40 han sido contestes en señalar que la capacidad de 360 hombres y 64 mujeres con la que cuenta se han visto superadas. Al respecto, en el último informe fechado el pasado once de julio fueron detalladas las apreciaciones del doctor Maffuci Moore cuando se constituyó en dicho complejo carcelario y señaló "como el problema más grave la sobre población. Está absolutamente sobrepasado el número de reclusos. Una unidad que cuenta con más del doble de población de la que admite su infraestructura es evidente que no puede cumplir con el objetivo de brindar condiciones adecuadas y razonables para las personas allí alojadas". En fecha reciente -nueve de agosto-, el doctor Polizza manifestó que había en la unidad "903 internos masculinos y 94 femeninas", sin haberse modificado las plazas de alojamiento con las que cuenta la unidad.
Dicho ello, no resulta objetado por la recurrente que la cantidad de personas detenidas supera el cupo máximo ideado para la institución, pareciendo en principio razonable descomprimir tal situación. Sin embargo, estimamos apresurado que ello acontezca intempestivamente.
En un precedente de nuestra Corte se indicó que "resulta incontrovertible que el estado de cosas en materia de privación de la libertad evidencia hechos -de diversas características- que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos ... [considerando] conveniente instar el trabajo coordinado para la adecuada atención de los problemas antes señalados, en el entendimiento de que el abordaje del asunto 'exige abrir -para intentar llegar a una respuesta socialmente aceptable en el marco de un principio de cooperación con los otros poderes del Estado- canales de diálogo institucionales' (conf. mutatis mutandi, CSJN, Fallos 338:624) ... [aunque] no puede interpretarse que tal mecanismo de diálogo impida la operatividad de la herramienta del habeas corpus para enfrentar la cuestión en casos particulares -sean litigios colectivos o no-" (P. 132.331 del 11-9-20 y 133.733, sent. 1-12-20).
Repárese que aquella instancia de diálogo, que como se indicó no soslaya la acción expedita intentada, fue revindicada en el precedente P. 83.909 ("Verbitsky", sent. 3-5-22), donde además se resolvió que la ejecución de dicha sentencia sea ejecutada por medio de una serie de decisiones y mediante la colaboración de instituciones específicas, con el objeto de revertir el estado de cosas inconstitucional que caracteriza a la situación de las personas privadas de libertad en la Provincia; lo que también fue recordado en P. 134.355, al ser puesto de resalto que "debe tenerse presente la eventual consulta o interacción con los organismos de la nueva institucionalidad creada en el ámbito de la Suprema Corte" (sent. 14-4-23).
Además, no escapa a nuestro estudio la existencia de un habeas corpus colectivo de trámite ante el Tribunal de Casación Penal (cn° 100.983), a quien la Corte le encomendó la articulación de los intereses implicados, abriéndose sendas audiencias de diálogo y cooperación.
En este orden de ideas, concluimos que lo resuelto deberá ser confirmado, más allá que el juzgado de actuación continúe con el seguimiento del caso para llegar a una reducción de la cantidad de internos dando cumplimiento con lo relevado por la SCBA en lo que hace a la "necesidad de un trabajo coordinado entre las diferentes agencias del Estado" (arts. 405, 406 y concordantes, CPP).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, RESUELVE:
I-NO HACER LUGAR al recurso de apelación en tratamiento (arts. 422, 434 y 439, CPP);
II-CONFIRMAR el auto del pasado trece de agosto, con los alcances dispuestos y por los motivos expresados (arts. 405, 406 y concordantes, CPP);
III-TENER PRESENTE la reserva del caso federal (art. 14, ley 48).
Regístrese, notifíquese a la Fiscalía General [email protected], a la recurrente [email protected] y al juzgado de origen [email protected], sede a la que se le remitirán electrónicamente estos obrados, a sus efectos. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 13:51:01 - LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2023 13:56:50 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2023 13:58:37 - MONTANO Nicolas Ariel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 25/08/2023 13:58:52 hs. bajo el número RR-1575-2023 por MONTANO NICOLAS ARIEL.
Fin de la sentencia