Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia por la cual se condenó a Sebastián Villa Cano a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable por el delito de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género (arts. 45, 55, 89, 92 en función del 80 inc. 1° y 11° y 149 bis segundo párrafo del Cód. Penal, Ley 26.485 y arts. 210, 373 y 530, CPP).
CN°: 0703-7236-20/J.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 0703-7236-20/J seguida a Sebastián Villa Cano, por amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
Sebastián Villa Cano fue condenado por la señora Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°2 departamental, a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género (arts. 45, 55, 89, 92 en función del 80 inc. 1° y 11° y 149 bis párrafo segundo del Cód. Penal y Ley 26.485).
Apelado dicho fallo por el señor defensor particular, doctor Martín Apolo, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera, el señor Juez doctor Rojas dijo:
La defensa de Sebastián Villa Cano apela la condena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, con costas, impuesta por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género (arts. 45, 55, 89, 92 en función del 80 inc. 1ro. y 11 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal y Ley 26.485). En su presentación, dice que la decisión es arbitraria e ilógica, al haber sido integrada con falsas y erróneas motivaciones, efectuándose una valoración parcial y fragmentaria de la prueba, afectándose el debido proceso y el estado de inocencia de su defendido.
Afirma que no hay elementos para arribar a un fallo condenatorio, destacando que el relato de Daniela Cortes fue la pieza esencial a partir de la cual se edificó la imputación sin otra prueba que la avale y que incluso la contradicen.
Comienza su argumentación negando que se encuentre probado que la amenaza coactiva haya existido, puesto que, según lo entiende, en ningún momento Daniela Cortes dijo haber recibido amenazas de Sebastián Villa, en tanto que en la audiencia de debate afirmó que “empezaron a discutir y el acusado decidió que se iba”, siendo ilógico a su parecer que en ese contexto efectuara una llamada y la amenazara. En ese sentido señala que si Villa habría efectuado una amenaza coactiva, no se habría retirado de la casa para nunca más volver.
Apunta que Daniela Cortes, en la instrucción penal preparatoria, expresó que Villa Cano llamó a un “sicario” para decirle que le haga “algo” a la familia del denunciante y que eso lo habría grabado, negando la existencia de tal grabación al no haber sido acompañada por la denunciante, como también que el término “algo”, tenga la entidad que se le diera, reputándolo como una expresión vacía de contenido que no tiene reproche penal.
Añade que en la llamada participó Ferney Castaño Restrepo, quien negó también la existencia de la amenaza, por lo que enfatiza en que la sentencia se encuentra fundada en algo que no expresó su defendido. Menciona que Gloria Patricia Meneses, madre de la denunciante, no se hizo presente en el debate debido a que como así lo sostiene, nada de lo que se dijo ocurrió, a lo que aduna los dichos de Restrepo, en cuanto también habría declarado que los reproches eran de su madre hacia a su hija por el trato que ella le dispensaba al aquí imputado, lo que dice apreciarse de la grabación que aportara.
Resalta que las hermanas Cortes en ningún momento hicieron alusión a alguna frase intimidante, pero de manera incompresible el Juzgado consideró configurado el delito de amenazas coactivas, por lo que no se trataría -dice- de restarle credibilidad al testimonio de la denunciante sino de que, por una falencia de la acusación en orden a que no fue interrogada sobre el punto y no haberlo referido, sumado a la negativa del imputado, genera una duda más que razonable.
Concluye que de una u otra manera el delito no existió, o en su defecto, la conducta es atípica en orden al art. 149 bis, último párrafo, del C.P., en base a lo cual solicita la absolución de su mandante.
En segundo término, la defensa postula que el delito de lesiones leves agravadas por tratarse de un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género, tampoco se encuentra acreditado.
Reclama que en la sentencia se estableció que Alvarez Acero dijo que “no observó que ella tuviera la cara lastimada” cuando en verdad el testigo no dijo “que no observó” sino que sí había observado y que no tenía ninguna marca ni tampoco estaba lastimada en su cara, detallando haberla visto desde unos tres metros de distancia y con su cabello recogido. Expone que unas cuatro horas después que Villa dejara su casa, Daniela Cortes realizó un posteo en la red social de Instagram donde subió fotografías de su cara con aparentes lesiones y sangre con una reseña que decía que Sebastián Villa las había causado, publicación que dice fue una clara reacción por despecho, “si no sos mío no sos de nadie”, “te voy a arruinar tu carrera”, si daba por terminado el noviazgo, tratándose de una amenaza extorsiva con impacto social y en el proceso.
Puntualiza que las fotos publicadas por Cortes en la red social Instagram no reflejaron lo que luego se denunció, sumado a que en la causa dijo que Villa le propinó un golpe de puño en el lado izquierdo de la frente y con un anillo, circunstancia que entiende desvirtuada con los dichos de Alvarez Acero, en tanto el médico observó escoriaciones en el lado derecho y no compatibles con dicho anillo, confundiendo Cortes el lado en que habría referido sufrir las lesiones.
Denuncia que Cortes extorsionaba a Villa con publicar en redes sociales que había sido golpeada y arruinarle su carrera, lo que entiende comprobado con el testimonio de Cynthia Cortes en el que le habría dicho “quédese tranquilo ella no publicó nada”, habiendo sido ello también denunciado por el propio Villa.
Considera fundamental lo testimoniado por Monica Juarez, trabajadora social de la comisaria de la mujer, a quien Cortes le habría dicho que las lesiones habían ocurrido por la madrugada de ese día, es decir el 28 de abril, y no en otro horario, siendo que Villa se fue de la casa el 27 de abril a las 18:30 horas, circunstancia que fue omitida por la sentenciante. Transcribe la pericia psicológica realizada por la licenciada Agustina Santa María y pone en tela de juicio el informe realizado por Marcos Alberto Frías, quien no fue convocado a declarar en el juicio para aclarar las omisiones en que incurriera.
Menciona que a ninguna de las personas que declararon en el juicio y conocían a ambos, Cortes les manifestó haber sufrido violencia, ni física ni psíquica por parte de Sebastián Villa, ni antes ni durante ni después, y mucho menos, amenazas. En esa línea, la testigo Valencia Tasayco negó haber presenciado actos de violencia.
Hace mella en el maltrato de Cortes a Villa y la manera que refiere lo manipulaba y aniquilaba su autoestima, lo que fuera mencionado por los testigos Fortes, Mazazaga, Oberto, Castaño Restrepo, Riep y Benitez, las peritos psicólogas Colaberardino y Santa Maria en cuanto a los rasgos de personalidad de Cortes, como así también por el audio y los videos que se observaron en el debate, sin que hubiere ninguna reacción violenta de Villa al respecto.
Subraya las conclusiones expuestas por la perito Colaberardino que entiende irían en el sentido que propone, contradiciendo a lo afirmado por la perito Collins en punto a la realización de test y parte de su informe, el que dijo ser malogrado y subjetivado, reñido con lo que manda la profesión. Realza la labor desarrollada por la perito Agustina Santa María, la que habría definido a Cortes con una personalidad neurótica, rasgos infantiles y narcisistas que la lleva a vínculos superficiales y poco duraderos, buen nivel de inteligencia y recursos para poder responder, estructura yoica adecuada y sin patologías psiquiátricas, pero con tendencia a tomar elementos descontextualizados y en base a eso hacer juicios que la llevan a conclusiones erróneas dando posibilidad a la fabulación, puntillismo y minuciosidad, sin ver la necesidad de la otra persona llevándola a vínculos poco duraderos y a manipular, entre otros aspectos que destaca, sin observar indicadores de violencia.
Estima contundente, que la perito haya señalado que en el aspecto psíquico queda una huella, lo que habría sido desmerecido por la sentenciante al referir que la denunciante ya se encontraría curada por el transcurso del tiempo, evidenciando arbitrariedad en su decisión. Destaca la espontaneidad del descargo de su defendido, el que se vio desmerecido como un intento de mejorar su situación, dejándose de lado la violencia física que soportaba su defendido, soslayándose como prueba de la agresividad de Cortés, la rotura de la puerta de la habitación principal constatada por Policía científica.
Niega el valor otorgado al informe victimológico realizado el 30 de abril del 2020 y en función de todo ello, refiere que la sentencia no se apoya en prueba indubitable y concordante, careciendo de un análisis razonado de los elementos de convicción introducidos regularmente en un juicio, lo que revela, a su entender, la falta de fundamentación de la sentencia. Solicita se revoque la sentencia apelada y se absuelva a su defendido, por cuanto entiende que no obstante el derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, rige la garantía constitucional derivada del principio de inocencia de que sólo la certeza sobre la existencia del hecho criminal, objetiva y coherente con la prueba incorporada, posibilita fundar una sentencia condenatoria, manteniendo su vigencia en toda su extensión los principios de “favor rei” e “in dubio por reo”.
Como último punto, clama por la violación de los arts. 210 y 367 y 373 del C.P.P., art. 18 de la Constitución Nacional y 10 y 57 de la Constitución Provincial, para lo cual trae en cita destacada doctrina y precedentes de distintos estamentos que irían en sintonía con la solución que pretende. Ataca nuevamente las conclusiones periciales que habrían dado sustento a la veracidad de la imputación, la que dice erigirse sin entidad suficiente para arribar a un veredicto de culpabilidad, poniendo en tela de juicio las afirmaciones realizadas por la perito Maria Raquel Vazquez, las que considera fruto de un trabajo parcializado y contrario a lo que fuera ordenado, y asimismo, la labor de la perito psicóloga Collins.
Asegura que no existe un solo elemento de prueba que avale los dichos de Daniela Cortes, habiéndose dictado un fallo sin el estado de certeza necesario para una condena, de manera arbitraria y contrariando los elementos de descargo que demuestran acabadamente, según lo entiende, la inocencia de su mandante.
Reitera que hay testigos presenciales. De la supuesta amenaza coactiva Ferney Castaño Restrepo refirió que eso no existió y de la grabación de la madre de la denunciante (Gloria Patricia Meneses) no se infiere que fue amenazada, al igual que los “chats” entre Villa y la hermana de la denunciante, Cinthya Cortes. También los testigos que vieron a Cortes después que Sebastián Villa se fuera de la casa y constataran que no tenía ninguna lesión (Brian Alvarez Acero la habría visto personalmente y Martin Macazaga la vio por video llamada), más la asistente social que expresó por dichos de Cortes que las lesiones que eran visibles se las habían causado en la madrugada, es decir entre diez y doce horas después que su defendido se retirara de su casa.
Asevera que Alvarez Acero no mintió y aun siendo amigo de la denunciante se pronunció con objetividad y convicción, relativizándose su testimonio, lo que muestra la arbitrariedad del fallo.
Concluye que la acción reprochada no se encuentra probada, o en su caso, es atípica, toda vez que su defendido no hizo referencia a una amenaza coactiva ni tampoco causó lesiones en la humanidad de Cortes, y de la correcta evaluación del contexto probatorio se debe concluir en la revocación del fallo condenatorio, disponiéndose la absolución de Villa Cano. Hace reserva del Caso Federal.
Limitados de tal modo los motivos de agravio, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos -art. 434 y cc. del C.P.P- Pues bien, como puede apreciarse, la disconformidad del apelante se asienta en el modo en que se ha valorado la prueba y la entidad que la misma reviste para tener por acreditado el hecho o la tipicidad de las acciones endilgadas, todo ello por el camino de la doctrina de la arbitrariedad, cabiendo por ende a este tribunal, determinar si el fallo atacado cuenta con una debida fundamentación, es decir, con la expresión de un razonamiento que sea una derivación del derecho vigente con relación a las circunstancias probadas de la causa (Fallos: 326:3180, 329:513). Resulta claro, que cuando el decisorio se asienta en la convicción a la que arriba el juzgador en el marco del debate, en el que la inmediación y la oralidad le brindan mayor privilegio en la apreciación de la prueba, a partir de lo visto y oído en el juicio, las conclusiones a las que arribe acerca de la veracidad y fidelidad a sus recuerdos de quienes declaran durante su sustanciación, encuentran su límite en la arbitrariedad de tal operación valorativa, control que sólo puede efectuarse por medio de la razonabilidad y logicidad de sus fundamentos.
En miras de ello, vale recordar también, que la C.S.J.N. ha establecido que la tacha de arbitrariedad es particularmente restringida cuando se trata de la aplicación de las normas que consagran el principio ‘in dubio pro reo’, toda vez que el estado de incertidumbre al que se refiere la ley se desarrolla en el fuero interno de los magistrados como consecuencia de la apreciación de los elementos del proceso en su conjunto, debiendo verificarse para su aplicación desaciertos de gravedad extrema que así lo impongan (cfr. Fallos 307:1456).
En esa dirección, también es doctrina de nuestro máximo tribunal, que aun interpretándose al recurso con la mayor amplitud que el régimen procesal vigente permite, de la revisión integral que pueda efectuarse de la sentencia recurrida, se encontrará naturalmente excluida la prueba recibida oralmente y no registrada, dada la imposibilidad fáctica de hacerlo, y, especialmente, la impresión personal que quienes declaran en esa oportunidad pueden causar en el tribunal (cfr. C.S.J.N., C.1757.XL “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa, causa N° 1681”). Asimismo, en nuestro ordenamiento provincial, el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo, por lo que su comprobación no se encuentra circunscripta a un medio de prueba específico, y es en esa inteligencia que se ha entendido que “no puede pretenderse que todas y cada una de las manifestaciones vertidas durante la audiencia de debate y las piezas incorporadas por lectura, sean meritadas en pie de igualdad y se les atribuya el mismo valor (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, causa nro. 56.107, “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” 21 de mayo de 2013; causa nro. 56.097 “Chávez Alexis Sebastián s/ recurso de casación” 27 de septiembre de 2013). Esto porque la propia naturaleza del deber encomendado a los magistrados los fuerza a sopesar los argumentos y pruebas sometidas a su consideración, descartando algunos y acogiendo otros, siguiendo a tal efecto las reglas del sentido común y la experiencia” (T.C.P., causa nro. 103.123, del 17/06/2021).
No obstante, la temática que nos ocupa nos obliga a escalar un peldaño más, en tanto que tratándose de un delito que encuentra resguardo en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (aprobada por la ley 24.632), la revisión del caso exige un análisis integral de la prueba que no puede escindirse de la letra de su preámbulo, en el que se sostiene que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales (…) una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres (cfre. “Leiva Maria Cecilia, s/ recurso extraordinario, 1/11/11, del voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Concatenado a lo expuesto, la ley 26.485, cuya sanción tiene por objeto garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (art.3), promueve, entre otros derechos de la mujer “a vivir una vida sin violencia” (art. 2 inc. b), y en lo específico, el de que se asegure en el proceso el principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos (art. 16.I), evaluándose las pruebas ofrecidas conforme al principio de la sana crítica, considerándose las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes (art. 31).
Sentado ello, conviene ahora, repasar lo que se tuvo por probado. En el auto atacado, se entendió justificado que el día 27 de abril de 2020, en horas de la mañana, en el interior de la casa nro. 21 del barrio “Saint Thomas, de la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría, Sebastián Villa Cano, profirió amenazas a Daniela Cortes Meneses, con quien mantenía una relación de pareja, diciéndole que iba a “arruinar su vida como la de su familia, en particular, que atentaría contra la vida de su madre, padre e hija, con el propósito de que haga abandono de su residencia habitual, encontrándose por ese entonces vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por DNU 297/20, logrando amedrentarla. Instantes después, mediando violencia de género, ante una relación desigual de poder, aquel le propinó un golpe de puño en la frente con el anillo que entonces portaba, para posteriormente tomarla del brazo y del cabello arrojándola al suelo y propinarle golpes de puños y patadas, en piernas, abdomen, muslos y caderas, provocándole edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en su brazo derecho cara interna símil a la lesión que deja la dígito presión y equimosis en raíz de muslo izquierdo, lesiones certificadas por el galeno como de carácter leves”.
La recreación histórica del evento se efectuó a partir de lo testimoniado por la denunciante de autos, quien conforme a lo relevado por la sentenciante y en lo que aquí interesa, en instancias del debate oral y público, manifestó haber iniciado la relación con el incuso en el año 2018, acompañándolo a Buenos Aires cuando empezó a jugar en el club Boca Juniors, comenzando a convivir en primer término en Puerto Madero, describiendo que todo iba bien al principio pero transcurridos unos días empezó a tener comportamientos difíciles, celos, la insultaba, la empujaba, y aunque ella lo tomaba como algo normal, la situación se agravó con el tiempo, especificando que la golpeaba, tomaba alcohol y se transformaba, la agredía e insultaba, poniéndose violento si ella usaba un escote o ropa llamativa, para luego pedirle disculpas. Detalló que “Edith”, quien los ayudaba con la casa, había llegado a verla con moretones o llorando y que en esas circunstancias, viajaba a Colombia a tomarse un respiro de la manipulación que sufría, puesto que él llamaba, le decía que iba a cambiar y entonces ella volvía a Buenos Aires, siendo su hermana, Cinthya, la única persona que sabía de esto.
Continuó diciendo que, con la pandemia, se fueron a vivir a Canning, y la convivencia se volvió más compleja, pues el nocente tomaba mucho alcohol y la agredía a tal punto que no podía hablar con su madre o su hija porque tenía marcas en la cara, desahogándose con su mejor amiga, Erika Osorio, a quien llamaba llorando cuando se encerraba en el baño o en alguna habitación, le mandaba videos y pedidos de auxilio.
Aclaró que de alguno de esos episodios ella misma se había hecho fotografías o videos para mandarle a su hermana o a su amiga, pero nunca las publicó sino hasta el 27 de abril de 2020 cuando decidió hacer pública su denuncia.
Contó que ese día, habían estado discutiendo ya que le había dicho al encausado que no aguantaba más, que no quería seguir viviendo ahí y que tenía miedo que la mate de un golpe, comenzando a discutir por quien de ellos se iba a ir, puesto que ella no deseaba hacerlo porque no conocía a nadie, decidiendo Villa entonces hacerlo él. Dijo que fue ahí cuando empezó a hacer las valijas que le manifestó que si no se iba ella de la casa, le iban a hacer daño a ella y a su familia, por lo que empezó a grabar al entrar en shock, llamando a Colombia pidiéndoles que se cuiden, tomando conocimiento su familia de cómo eran las cosas. Agregó que su madre llamó al imputado y él negó todo, haciéndola pasar a ella como loca, la culpable. Se volcó en el decisorio que le pasó el llamado a su hermana, quien estaba al tanto de todo, por lo que reprochó a Villa lo que le estaba haciendo, colgando la llamada y comenzando entonces a propinarle golpes en la frente, en el estómago y en la pierna, precisando que le pegó en el lado derecho de la frente con el anillo de compromiso, la tiró al piso dándole patadas en el abdomen, en la pierna y por todo el cuerpo, siendo que en un momento, cuando aquel salió a buscar algo al auto, aprovechó para sacar las valijas y cerrar la puerta para que no pudiera volver a ingresar por el miedo que tenía, decidiendo aquel retirarse.
Se recreó, que luego de ello, Cortes recibió una llamada de Juan Fernando Quinteros para preguntarle que había pasado porque Villa había ido hasta su casa y tenía que volver a buscar el pasaporte, indicándole que se quedara tranquila, que iría acompañado por un amigo, “Brian”, quien ese día -dijo-permaneció esperando en el auto, tomando Villa su pasaporte y retirándose finalmente del lugar, sin volver a tener contacto con él. Dejó en claro haber hecho la denuncia publicando imágenes anteriores y de lo que le había pasado ese día, porque estaba muy asustada por su familia y ya no aguantaba más, pues ya lo había denunciado antes por maltrato, pero luego volvían a estar juntos porque siempre le pedía perdón, que iban a hacer terapia juntos y que iba a cambiar.
El análisis del cuadro cargoso, continuó con el testimonio de la hermana de la denunciante, Cinthya Cortes, cuyo relato se advierte conteste con lo descripto por Daniela Cortes, y en lo puntual, respecto a la existencia de discusiones y agresiones, dejando asentado que Daniela llegó a compartirle fotografías. En su declaración, recordó que encontrándose en Colombia, recibió fotografías de lo que había pasado, viéndola golpeada, con sangre en el labio, lo que dijo no era una excepción, diciéndole Daniela que haría una publicación contando todo lo que venía viviendo, lo que ella misma asintió, pues ese día de abril, ella estaba en la casa familiar cuando su mamá habló con el incusado de manera tensa y se desencadenara todo, dado que había empezado a meterse con toda su familia de una manera que nunca lo había hecho, amenazando a todos, más específicamente a su mamá y a la hija de su hermana, diciéndoles que si Daniela no se iba de la casa, él se iba a meter con todos ellos, que les iba a hacer algo en Colombia por medio de terceras personas, por lo que, entonces, la única manera de parar al imputado, era a través de la denuncia pública. Habló de una relación a la que calificó como bastante tóxica, compleja, inmanejable, dejando constancia de una denuncia previa realizada en Colombia. Posteriormente, la sentenciante relevó lo atestiguado por Erika Osorio Rojo, amiga de la denunciante, cuyo relato, pese a su contundencia, no arriba a esta instancia con mayores reparos o críticas por parte de la defensa, dejando indemne gran parte del mismo y permitiéndonos de ese modo otorgarle a sus dichos el sentido propuesto por la juzgadora sin mayor censura que su contraste con el resto del plexo en función al grado de conocimiento probatorio que le fuera asignado.
La esencialidad de su aporte, se aprecia en la descripción del contexto en el que se desenvolvía la relación mantenida por los aquí antagonistas, pues como la misma testigo afirmara, mantenía contacto con la denunciante casi todos los días, por videollamada. En su deposición, describió al vínculo como muy inestable, con muchas discusiones, con días buenos y malos, en los que a Daniela se la veía triste o deprimida. Dejó en claro tener conocimiento de episodios de violencia en los que “él la golpeaba”, escenas de celos por parte de Villa, por como se vestía. Dijo también, que le aconsejaba terminar, pero ella se negaba porque el imputado le decía que iba a cambiar y así había sido el circulo todo ese tiempo. Ratificó también la existencia de una denuncia en Colombia, señalando que luego de cada acto de violencia Daniela la llamaba, como se dijo por video llamada, habiéndola visto lastimada, con sangre, fotos de lo que le hacía. Ella le decía que no aguantaba más y no pasaban quince días que la volvía a llamar para contarle que Villa le había pegado nuevamente. Se asentó en el resolutorio, que la testigo habría aclarado que el maltrato no sólo era físico, sino también psicológico, dado que le decía cosas como que era muy fea, que no tenía cola, y Daniela era muy romántica, creía mucho en el modelo de familia, y él la manipulaba con eso, prometiéndole que iban a formar un hogar, ella se frustraba y se culpaba por no sentirse suficiente.
El día del hecho, Daniela también llamó a su amiga Erika, oportunidad en la que le contó que nuevamente Villa la había golpeado y amenazado a su familia porque quería que se fuera de su casa, habiendo conversado acerca de subir a las redes lo que había pasado, situación que la testigo aconsejó que hiciera. Precisó que Daniela tenía un chichón en la cabeza, el labio hinchado y mucho miedo, pero la gota que había rebalsado el vaso fue la amenaza.
Seguidamente, la magistrada “a quo”, tuvo en cuenta otra de las declaraciones recreadas en el contradictorio, precisamente la de la oficial Monica Isabel Juarez, de cuyo relato el apelante se agraviara para contradecir puntualmente la data de las lesiones, argumento que tampoco concurre de modo dirimente pues más allá de no resultar tal extremo incongruente con el resto del material de cargo, su participación de conocimiento abarca cuestiones esenciales que reposan sobre la imputación y corren en igual sentido que el que fuera receptado en el auto cuestionado.
Así, su exposición viene a solventar el panorama que hasta aquí viene referenciándose, por cuanto a que tratándose de una las primeras personas que tuviera contacto con la denunciante luego del hecho al desempeñarse por ese entonces en la comisaría de la mujer y de la familia de Esteban Echeverría, refirió haber visto a Daniela Cortes muy angustiada, con miedo, le temblaban las manos y estaba nerviosa, tomando nota respecto a como la misma le dijera que sufría violencia por parte de su pareja, quien la había golpeado la noche anterior, con lo cual corroboró con su testimonio la existencia de los actos de violencia que venía sufriendo, no así un horario específico distinto o fuera del contorno en que dijo tuvieran lugar los actos de violencia, los que, por su parte, se daban cíclicamente desde hacía ya un tiempo atrás. En esa misma línea, depuso que Daniela le mostró sus brazos observando moretones, marcas y algo en la cara. Asimismo describió un cuadro en el que la víctima se encontraba sola pues su familia residía en Colombia, temiendo por lo que podía pasarles debido a que Villa tenía amigos o gente conocida que podía hacerles daño, ponderando la oficial el grado de peligrosidad de la víctima como “alto”, pues como toda persona que sufre violencia, la misma estaba encerrada, ojerosa, tenía la cara hinchada de llorar y sentía vergüenza, lo que tradujo como señales compatibles, según su experiencia, con quien sufría violencia de género.
En su informe de fs. 10 incorporado por lectura, se asentó que al momento de la entrevista notó a la compareciente angustiada, cansada, con hematomas en el rostro y en los brazos, viéndola muy preocupada porque él la había amenazado con hacerle daño a la familia, sintiendo mucho temor, tomando el riesgo como “alto”.
El acto sentencial continuó con el mérito del testimonio brindado por María Raquel Vazquez, Perito Psicóloga -del área de violencia de géneroperteneciente al centro de Asistencia a la víctima del Ministerio Público Fiscal, quien dado el aislamiento dispuesto en esa fecha mantuvo una entrevista telefónica con la denunciante, extremo que resultó objeto de crítica por la defensa en cuanto al modo de su realización -llamada telefónica- y especialmente en la ausencia de test relativos a la temática a evaluar o las herramientas utilizadas para emitir las conclusiones a las que arribara, argumentos que desde lo racional contradicen su eficacia de modo insuficiente, al menos del modo que se lo propone, y más aún, a poco que se repara en el resto de la prueba sobre la que se asienta la decisión jurisdiccional, por cuanto a que la experticia ha tenido incidencia sólo en lo que hace a su compatibilidad con la hipótesis de la acusación, más ilustra con mayor diligencia la narrativa de quien aparece como víctima a luz de los conocimientos y la experiencia aplicable al caso por su condición profesional vinculada a la materia del caso, no obstante haber recibido por la sentenciante el carácter de informe sin calidad de pericia, tal como así lo dejara plasmado en su voto.
En su labor, luego de teorizar sobre el ciclo de violencia desarrollado por la psicóloga norteamericana Leonor Walker, en el que incluyó a la aquí denunciante, expresó concretamente haber establecido que padecía celos por parte del imputado y que ello era una forma de control hacia su persona, lo naturalizaba o creía que podía cambiar, por eso fue que mencionó en su informe que Cortes sentía culpa, lástima o vergüenza, siendo la minimización otro efecto del circulo de violencia, como la autonomía restringida producto de la dependencia económica que la víctima tenía con el imputado. Profundizó como establecía la predicción de riesgo y que sobre esa base, las respuestas de Cortes la presentaban con un puntaje alto, encontrándose en condiciones de compatibilizar la situación con quien había vivenciado lo que narraba y sufría violencia de género.
En el informe victimológico de fs. 17/19, también incorporado por lectura, la profesional consignó detectar naturalización, minimización, autonomía restringida, vergüenza, aislamiento, miedo, sentimiento de culpa y lástima por su agresor, creencia en la posibilidad de cambio durante la relación, con escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja adaptada de nivel alto, identificando violencia física, psicológica y económica, conductas controladoras, amenazas de muerte, repetición del circulo de violencia de forma crónica, antecedentes de conductas violentas contra la pareja anterior por parte del imputado y en presencia de terceros. La evaluación del plexo, continuó con la evaluación de la tarea desarrollada por la perito psicóloga oficial María Fernanda Collins, de lo que se aclaró que las entrevistas habían sido realizadas pasado unos meses del hecho y debido a la pandemia, mediante la plataforma “Teams”
conjuntamente con la licenciada Oyarzabal y la perito de parte Colabernardino, con quienes se acordó efectuar los informes por separado, habiendo ella llegado a un diagnóstico del cual estaba segura, pues lo escuchado le había alcanzado para llegar a las conclusiones que expusiera, agregando estar segura de lo que firmó. Se plasmo en el decisorio que la profesional no advirtió de parte de la periciada fabulación en el entendimiento que se había mostrado entera, angustiada por momentos, pudiendo relatar su vida, sucesos pasados, proyectos futuros, siendo que una persona fabuladora no podía abstenerse de ello y fabulabría todo el tiempo, lo que no había aparecido en la víctima. Destacó indicadores fóbicos como miedo a estar en un país que no era el propio, sentirse sola, vivir una situación traumática sin poder organizarse psíquicamente para obtener una respuesta que la pudiera sacar de ese lugar, sentimientos de desamparo, ya que la fobia produce alienación al otro y no poder separarse de eso, más allá del espacio físico.
El informe victimológico de fs. 416/418 realizado por la perito deviene conteste con lo que luego declarara en juicio, efectuando un desarrollo completo del relato de Cortes, del que se destaca la anterior denuncia por ante la Fiscalía Principal de Medellin, y la segunda denuncia en Bs. As., motivo de la presente, producto de las lesiones que sufriera y las amenazas a su familia, temiendo que las mismas se concretaran, dado que según su creencia, Villa conocería gente de mal vivir. Del mismo, la “a quo” destacó las referencias dirigidas a aclarar que la víctima utilizó la disociación afectiva y la intelectualización como defensas psíquicas efectivas y fuertes en su personalidad, preservándola para mantener a raya la angustia, relevando lo dicho por la profesional en relación a su apreciación con vivencias compatibles con el haber padecido situaciones traumáticas en el marco de un vínculo pasional.
Por otra senda, la perito de parte Giselle Colabernardino, expuso que las entrevistas habían resultado insuficientes para poder realizar afirmaciones de tercer nivel en cuanto a la estructura y secuelas psicopatológicas, pero si para poder efectuar presunciones clínicas, psicodiágnosticas, referenciando el decisorio que para la nombrada no era posible colegir que Cortes hubiese sido víctima de violencia física al no haberse podido completar la labor, lo que se atribuyó a la imposibilidad de encuentros presenciales y dos incomparecencias. En sí, estableció que no había podido arribar con certeza a conclusiones diagnósticas.
De igual modo, consta la labor realizada por la perito de parte Ines Santa María, reproducida mediante testimonio en juicio, quien expuso no observar indicadores de traumas o de violencia, aclarando que no era posible realizar un dictamen pericial psicológico con fundamentos sólidos realizando únicamente entrevistas telemáticas.
Específicamente, la juez mensuró que las conclusiones de Santa María acerca de que Cortés podía presentar un tipo de pensamiento omnipotente llevándola a fabular, no importaban que ello equivalía a afirmar que era una persona fabuladora ni que haya fabulado específicamente al momento del hecho, en tanto responder en forma impulsiva o inmediata, con los recursos que tenía en el contexto de violencia, no echaba por tierra la efectiva comisión de las infracciones, sin advertir un escenario incompatible con las experiencias traumáticas que Cortes dijo haber vivenciado. Analizadas las posiciones y conclusiones expuestas en los últimos puntos, es dable mencionar que si bien la labor de las profesionales adquiere particular relevancia para la elaboración de la síntesis convictica que ha de concluir estructurándose en la mente del juzgador, también lo es que su aporte no dirime de modo concluyente la suerte de la intimación sino se lo integra con el resto de los elementos o datos probatorios que son puestos a consideración del sentenciante, cuyo sentido se perfecciona con el análisis conjunto, complementario y transversal de cada uno de ellos. En ese sentido, se ha sostenido “que el juez es perito de peritos y en definitiva, en la mayoría de los códigos modernos el dictamen pericial es valorado conforme a los principios de la sana crítica y la libre convicción, en línea con los conocimientos científicos de la materia, y que no está obligado a aceptar la opinión de los peritos simplemente porque éstos la enuncien. Es que, la evaluación pericial psicológica es un acto que implica indagar en busca de la verdad, articulada en los requerimientos procesales, procurando compatibilizar la verdad psicológica –que no necesariamente se corresponde con la verdad de la realidad- con la verdad jurídica -que tiene más de lo comprobable que de lo cierto-. T.C.P., Causa N° 77336 caratulada “Pasccucci, Dario s/ recurso de casación, del 1/12/2016”
No obstante, la magistrada explicó que en las disidencias advertidas, las pericias de parte no habían logrado desmerecer la labor de las peritos oficiales, cuya intervención fue conclusiva y en cercanía temporal a la comisión de los hechos, confirmando su análisis en el transcurso del debate oral y cuya apreciación, fruto de la inmediación reinante en su sustanciación, la coloca en el lugar más adecuado para resolver tal tipo de controversias al poder integrar su convicción entrecruzando aquellas impresiones con la prueba escrita llevada a juicio por aplicación del art. 366 del ceremonial. Los razonamientos de la juzgadora aparecen acordes a las reglas de la sana crítica, sin que se advierta yerros o vicios mensurables en la exteriorización de su razonamiento, presupuesto dentro del cual, como se anticipó, en el marco de un juicio que se presenta como base única de la condena, no es posible controlar -mediante la revisión- la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia, pues se sustenta básicamente en lo que surge directa y únicamente de la inmediación (Causa nro. 54.805 “Ledesma Pablo Daniel s/recurso de casación,” 30 de mayo de 2013).
A mayor abundamiento, la juez concluyó que sin perjuicio de las interpretaciones de los dictámenes periciales, la existencia de las amenazas coactivas y las lesiones leves era clara considerando la intervención inmediata de diversos profesionales, descartando también que estas últimas hubiesen sido auto infligidas.
Así las cosas, corresponde ahora continuar con el resto de los testimonios valorados por la judicante, actividad en la que dijo merecía resaltarse lo dicho por Brian Alexander Alvarez Acero, quien el día del hecho había tenido contacto con el aquí imputado, habiéndose dirigido juntos a buscar el pasaporte al domicilio en cuestión, sin ingresar al mismo, permaneciendo parado fuera del auto frente a la puerta de ingreso, a unos tres metros, aclarando según se dejó escrito que “no observó que ella tuviera la cara lastimada, la había visto bien, tenía el cabello peinado con un moño atrás, era de noche y se veía bien ya que había luces blancas en la entrada de la casa”, sin aportar ningún dato acerca de lo ocurrido entre Villa y la denunciante, exponiendo, de modo quizá algo llamativo, no haber conversado nada sobre lo sucedido pese a haberse dirigido ambos en el mismo rodado y momentos después que aquel decidiera retirarse de la vivienda que compartía con Cortes.
Luego de ello, se aludió al testimonio de Ferney Castaño Restrepo, amigo del imputado desde la infancia, quien hizo hincapié en una relación conflictiva y por momentos violenta, refiriéndose a Cortes como una persona “toxica” que “siempre lo agredía, quería controlarlo”, quien había llegado a pedirle dinero para irse de la casa. Contó que Sebastián Villa le había dicho que ya no quería estar con ella, porque lo acosaba y le decía que si no estaba con ella le iba a dañar la carrera, sin precisar en este punto de que forma o sobre que circunstancias podría anclar tal intención como para justificar su existencia. En sí, su participación se enfoca a desmerecer la imputación, principalmente en la videollamada que dijo haber participado, colocando el foco en las actitudes violentas o posesivas de la denunciante. A su turno Eduardo Benitez Garcia, también amigo del imputado, se pronunció en términos similares, conceptuales, a modo descriptivo aludiendo a Cortes como una persona conflictiva, con un trato despectivo hacia el incuso, a quien celaba e incluso vio con un rasguño en el cuello, en el hombro y el antebrazo izquierdo y derecho, describiendo idas y vueltas de la pareja, tal como se hiciera referencia en otros testimonios recreados durante el juicio, y que no hacen más que confirmar las tensiones extremas que compartían y atravesaban los aquí protagonistas, con la parcialidad de eventos particulares que al testigo le tocara vivenciar o escuchar por manifestaciones que le realizara el aquí imputado, posición que también alcanza a las apreciaciones efectuadas por el testigo Wilson Oberto Useche. Dentro de la misma perspectiva, se ubica el testimonio del representante de Sebastian Villa, quien describió a su relación con Cortes, como “difícil”, haciendo alusión a que ella era muy celosa, siempre quería estar presente en todas las reuniones, complicaba las situaciones y vivía bajándole la autoestima, entre otros aspectos, negando haberla visto lastimada y aclarado que Villa le habìa dicho que jamás le había golpeado, tomando conocimiento del mismo modo de la exigencia de dinero por parte de Cortes y destacando el buen concepto que su representado le merecía. En la misma sintonía, transitó el testimonio de Martin Antonio Maria Macazaga y Rodrigo Sebastian Riep, también representantes del incusado, siendo este último un poco más categórico en cuanto a la negativa de la imputación por cuanto tenía un vínculo más cercano con ambos.
En sí, con los testimonios aludidos en este tramo del análisis de la prueba, la defensa pretende sustentar la inexistencia de la imputación, proponiendo de ese modo consolidar una propuesta desincriminante sobre distintos aspectos personales basados en pareceres personales y coyunturales, los que claro está, no conducen a eliminar ni exculpar el reproche formulado en la instancia anterior.
Ello así, por cuanto a que examinados cada uno de los distintos aportes, ninguno de ellos logra enrolar con probabilidad cierta que las conductas achacadas a Villa no habrían tenido lugar ni serían merecedoras de sanción, más aún a poco que se somete su ponderación -como se lo ha hecho- a las reglas que gobiernan la sana critica racional, en el marco de un proceso penal en el que la pluralidad de la prueba permite conformar un cuadro de cargo suficiente sobre el cual asentar la responsabilidad del nocente.
De esa forma, se colige que la introducción de aspectos puntuales relativos a una posible incertidumbre en la sucesión de los hechos como aquí se ha procurado instalar en miras a un probable estado de duda favorable al incuso, no impide, "per se", obtener un pronunciamiento de condena cuando, tal como así se ha realizado, se lo explica, razonada y racionalmente, a través de un análisis detenido de toda la prueba ventilada en el contradictorio.
En concordancia a lo expuesto, la magistrada de intervención explicó no ver conmovido el cuadro de cargo con los dichos de los amigos y representantes del incusado, al no haber aquellos presenciado el momento de los hechos imputados, no obstante, sí haber descripto una relación tóxica y violenta, que se agravó en el contexto de aislamiento obligatorio, procurando desacreditar a la denunciante. En este punto hizo propias las palabras del acusador, en cuanto Cortes había sostenido sus dichos tres años después, por lo que la intención de la prueba testimonial ofrecida por la defensa sólo había venido a robustecer sus afirmaciones, otorgándoles mayor entidad y contextualizando las capturas de pantalla ofrecidas por las partes.
Sobre lo último expuesto, se ha dicho que al sopesarse las informaciones de un testigo, debe examinarse la existencia de razones objetivas que quiten valor de convicción a su testimonio, entre las que deben observarse distintos abordajes y en los que no puede dejar de considerarse “la persistencia” en la incriminación (CNCCC, Sala 1, 18.449/2015). En relación a las lesiones que Cortes dijo haber padecido y cuya dinámica de producción la defensa cuestiona, la juez, luego de precisar las plasmadas en el reconocimiento médico legal de fs. 11, el que certifica “edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en raíz de muslo izquierdo”, siendo de carácter “leves”, explicó claramente que las mismas se compadecían con las imágenes y los dichos insertos en las capturas y las manifestaciones de la víctima durante el transcurso del debate, sin que tal razonamiento fuera controvertido por el apelante al pretender sólo introducir alguna duda de su mecánica pero sin dirigir la crítica a los fundamentos esbozados por la juzgadora para realizar tal afirmación, siendo estéril en este punto y como es sabido, la mera negativa o discrepancia con la conclusión expuesta.
En reiterados pronunciamientos se ha sostenido un criterio jurisprudencial relativo a que la revisión de la sentencia en esta instancia no tiene por objeto corregir pronunciamientos que la defensa considere equivocados, sino que nuestro criterio interviene cuando se verifique un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación (cfr. C.S.J.N., Fallos, 277:144, y 295:356, entre otros)
En ese sentido, el estado de duda que pretende sembrar la defensa no logra consolidarse, puesto que los argumentos con que se pretende revertir la convicción del juez no pueden reposar en una pura subjetividad, sino que, por el contrario, deben derivar de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto (Fallos: 311:512 y 2547, 321:2990 y 3423).
Sobre la base de tales premisas, recibe particular trascendencia el testimonio de Edith Cristina Valencia Tasayco, quien fuera empleada doméstica en el lugar de residencia anterior al que tuvieran lugar los acontecimientos aquí juzgados, de cuyo relato la juez refrendó aspectos relevantes, precisamente cuando apuntara haber visto a Cortes ya por ese entonces por momentos “un poco mal”, detallando que se iba de viaje y regresaba porque se peleaba con él, y pese a no haber presenciado episodios de violencia -como lo señala el apelante-, recordó una vez haberle comentado Cortes que le dolía la cabeza porque se había caído en el baño, viéndole un chichón y un moretón al costado a la altura de la sien, relatándole luego que Villa le había levantado la mano y por eso se había caído. Dijo también, haber visto en ella otros moretones, en el brazo y en el hombro derecho. Agregó, que en otra oportunidad, Cortes le había dicho que durante un viaje a Colombia, Villa la había golpeado.
En consecuencia, colocar la mirada sobre la existencia de un único acontecimiento para restarle credibilidad al testimonio de la víctima e introducir en ese análisis aspectos puntuales que podrían significar un posible quiebre en la reconstrucción histórica de lo que le tocara vivenciar, termina de ceder ante la ponderación contextualizada que arroja la evaluación de sucesos anteriores y concomitantes al aquí denunciando, permitiéndonos conformar el escenario propicio para comprender que el trasfondo de maltrato y dominación que cobijaba la relación, desembocara en un pedido de auxilio final por parte de Cortes y la posterior formalización del proceso penal como estándar compensatorio de las vivencias padecidas, sea en la búsqueda de algún tipo de protección o de reparación y ante la ruptura del ciclo de violencia en el que se encontraba constreñida. Si bien el contexto de género en que se vieran implicadas las acciones reprochadas al nocente no arriba controvertido por el apelante, es un buen punto tener en consideración, conforme lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia e indiferencia constituye en sí misma una discriminación (de la mujer) en el acceso a la justicia (caso “Veliz Franco y otros vs. Guatemala”, 19/05/2014; caso “Espinosa Gonzales vs. Perú, 20/11/14; caso “Velasquez Paiz y otros vs. Guatemala”, del 19/11/15).
Por otro lado, en cuanto a la versión exculpatoria del encausado, es premisa de nuestro máximo tribunal que “el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” – CSJN, Carreras Ariel s/ causa nro. 8398, del 25/10/2016)”, tarea que en la evaluación llevada adelante por la juez sentenciante, se aprecia debidamente cumplimentada.
Ello así, pues se ha encargado de explicar que mediante su exposición Villa no logró colocarse en una mejor situación procesal al no poder contradecir eficazmente el elevado grado de convicción emanado del resto de la prueba, siendo que, como así lo sostuvo en su decisión, al sopesar armónicamente sus dichos con el resto de las probanzas, carecían de acreditación bastante, al permanecer los hechos inconmovidos a la luz del bagaje cargoso analizado a lo largo del auto cuestionado.
De lo expuesto, es dable concluir que la estrategia de la defensa, ceñida a negar la existencia de los hechos, no logró construirse eficazmente ni a lo largo del proceso y durante la discusión final dada en el marco del juicio oral.
El enfoque con que se ha buscado colocar a Sebastian Villa como víctima de un cuadro de hostilidad, tampoco encuentra asidero ni justificación, pues el brote de una conflictiva relación sentimental se muestra con el punto final puesto por la denunciante al revelar la ocurrencia de los distintos tipos de violencia a la que era sometida, y cuyos resabios se radicalizaran en la imputación descripta en la materialidad ilícita que se le reprocha.
De esa forma, las criticas parciales ensayadas por la defensa sobre la base del descargo del incuso, orientadas a negar o desmentir hechos singulares o puntuales, no logran descontextualizar la acciones realizadas por el imputado dentro de una relación sentimental basada en la dominación y subordinación, en el marco de un escenario sostenido por un considerable lapso de tiempo con características propias de los llamados ciclos de violencia y en los que suelen darse episodios del tenor al que aquí estamos tratando.
Corolario de todo ello, la juez sentenciante fue categórica al reputar la realización de los hechos intimados a Sebastian Villa, constitutivos de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género.
En resumidas cuentas, el embate propuesto desde el cause de la arbitrariedad, no hace más que traslucir una mera discrepancia con el modo de evaluar la prueba sometida a conocimiento de la juzgadora, la que de modo opuesto a lo que se plantea, se encargara de explicar y motivar detalladamente lo que tuviera incidencia en su intelecto al formar su convicción acerca de lo acontecido, dando cuenta, al mismo tiempo, de aquello que presentado en contradicción con el soporte probatorio traído por la acusación, le otorgaba la certeza necesaria para decidir como lo hiciera. Como es sabido, “la doctrina de la arbitrariedad no puede ser invocada a fin de provocar un nuevo examen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de mérito, salvo que se demuestre su notorio desvío de las leyes aplicables o una total ausencia de fundamento, pues esa doctrina no pretende convertir a la corte en un tribunal de tercera instancia, ni tiene por objeto corregir fallos equivocados, sino que solo pretende suplir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento que impidan considerar a la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN, Fallos: 304:1060 y 375; 305:1103; 306:882, 998, 1012, 1678, 307:514, 1368, entre otros).
Lo hasta aquí expuesto, habilita a concluir que los argumentos de los que se vale el impugnante sólo constituyen una fragmentaria y parcial valoración de los elementos que sustentan la convicción del magistrado sentenciante, siendo insuficientes para poner en crisis el razonamiento empleado para tener por acreditada la realización del hecho conforme a la infracción reprochada, lo que ha de conducirme a proponer se homologue el auto atacado en la medida de los agravios.
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda el señor Juez doctor Rojas dijo:
Corresponde dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, confirmar la sentencia por la cual se condenó a Sebastián Villa Cano a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable por el delito de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género (arts. 45, 55, 89, 92 en función del 80 inc. 1° y 11° y 149 bis segundo párrafo del Cód. Penal, Ley 26.485 y arts. 210, 373 y 530, CPP).
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora, ....fecha firma digital.-
Por la votación brindada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia por la cual se condenó a Sebastián Villa Cano a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable por el delito de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género (arts. 45, 55, 89, 92 en función del 80 inc. 1° y 11° y 149 bis segundo párrafo del Cód. Penal, Ley 26.485 y arts. 210, 373 y 530, CPP).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y al señor defensora particular. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envió. En el día se libró notificación electrónica a
Fin de la sentencia