Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 25920
c. 25920. "Unidad Penal 15. Recurso de queja".
Mar del Plata, de septiembre de 2014.
Los de la presente incidencia de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 25920, y de cuyas constancias,
1.Con fecha 14 de agosto del corriente año el Juez de Ejecución, Ricardo Gabriel Perdichizzi, resolvió -en lo que aquí interesa- "...I) Por haberse demostrado la existencia de un trato y atención médica no acordes a los parámetros constitucionales aplicables a los internos allí alojados, disponer cautelarmente la prohibición de alojamiento de internos en el sector de anticrisis y contención biológica del área sanidad de la Unidad Penal 15, Batán, ordenándose que en el plazo de cuarenta y ocho horas máximo se proceda a la derivación de los internos actualmente alojados a nosocomios intra o extramuros acordes a la gravedad de la patología que presente, siempre bajo debida custodia, debiendo la autoridad sanitaria y penitenciaria informar a los jueces a cuyo cargo se encuentran los mismos detenidos del destino que se otorgarán a los pacientes, debiéndose en todos los casos continuar otorgándoseles la atención, tratamiento médico, medicación y seguimiento que su estado de salud amerite, prohibición que será mantenida hasta tanto no se resuelva lo contrario en este expediente...V) Ordenar nuevamente al Sr. Director del complejo sanitario Batán la implementación, en el plazo máximo de cinco días, de un sistema objetivo de registro de presentismo de médicos y enfermeros que concurren al área, sea a través de detector de datos biométricos, de tarjeta sellada o cualquier otro sistema que asegure la presencia de médicos y enfermeros en días y horarios de guardia establecidos, quedando bajo responsabilidad directa del Sr. Director correspondiente la obligación de formular sumarios administrativos y/o denuncia penal por abandono de servicio o incumplimiento de deberes de funcionario público en relación a los profesionales que no cumplan en días y horarios con la función para la que aceptaron el cargo...".
2.Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación el abogado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Luciano Ricci, el cual fue rechazado por estimarlo el Juez improcedente y extemporáneo, motivando la queja presentada.
3.En su escrito expresó fundamentos tendientes a acreditar la admisibilidad formal del recurso, y la legitimación procesal basándose en legislación y jurisprudencia del Máximo Tribunal Nacional, como también del Provincial.
Sostuvo que es indudable que concurre un interés directo del Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y Servicio Penitenciario Bonaerense, en cuanto la decisión adoptada por el Juez de Ejecución, más allá de su acierto o desacierto, representa obligaciones de hacer para dicha cartera.
Entendió que existe cuestión federal porque el trámite del expediente se ha hecho controvirtiendo los límites de la competencia y por ende se ha vulnerado el debido proceso legal, las decisiones han invadido el ámbito del Poder Ejecutivo violando el principio de división de poderes, y el resolutorio es infundado y por ende arbitrario.
Respecto del resolutorio, criticó que el Juez ha impuesto nuevas medidas administrativas, disponiendo por un lado la clausura del sector de sanidad de la Unidad, y la derivación de los enfermos allí alojados -con patologías que hacían desaconsejable su traslado por el riesgo para la salud que ello implicaba-, y por otro, la implementación de un sistema objetivo de registro de personal médico que asegure la concurrencia de profesionales.
Criticó que estas decisiones reglamentan de un modo exacerbado las obligaciones del Poder Ejecutivo, yendo más allá de lo que dispone la propia ley, es decir que el juez no solo se abrogó facultades del Poder Ejecutivo, sino que incurrió en una determinación en extremo reglamentarista que prácticamente no deja margen de acción a los funcionarios para adoptar decisiones de oportunidad, mérito y conveniencia que las normas legales le han otorgado.
Destacó que las facultades del juzgador solo se pueden limitar a ordenar el cese de un agravamiento, siendo excesiva e ilegítima toda orden que vaya más allá de esas facultades.
Por otro lado, entendió que el resolutorio que rechazó el recurso de apelación se encuentra viciado de nulidad toda vez que el a quo no esgrimió fundamentación alguna, citando jurisprudencia aplicable al caso.
Asimismo, hizo hincapié en el efecto suspensivo del recurso de queja, y no meramente devolutivo como ha hecho referencia el Juez de Ejecución, citando jurisprudencia y doctrina en favor de ello.
Formuló reserva del caso federal.
1.Sin desconocer el criterio sostenido con anterioridad por esta Sala -por mayoría- en estos mismos obrados (resol. de fecha 10/6/2010 en c. 17.768, reg. 53-s) respecto de la falta de legitimidad subjetiva de la Fiscalía de Estado, entendemos que el caso particular que ahora se intenta poner en crisis -donde advertimos que el Juez ha avanzado en el grado de intervención, imponiéndole ahora al Ejecutivo obligaciones concretas de hacer- amerita la intervención de esta Alzada.
Así, consideramos que en el sub literesulta de aplicación la resolución de la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal provincial en cuanto expresó que "...el Estado Provincial, sea por intermedio de su representante natural -Fiscalía de Estado- ...tiene un interés directo en la resolución del litigio y debiendo en consecuencia ser tratado en perfecta igualdad procesal", lo que implica su "legitimación para que impugne la decisión judicial en donde se lo obliga a adoptar determinadas conductas que resiste ejecutar..." (c.6.349 (nro. 22968) caratulada Fiscal de Estado s/recurso de queja en habeas corpus interpuesto por el Defensor General Unidad Penal nro 5 de Mercedes).
A mayor abundamiento, corresponde indicar que la SCJBA, tanto en causa 108.886 como en 116.476, tácitamente aceptó la legitimación del Fiscal de Estado en casos análogos, aún cuando no hayan ingresado al fondo de la cuestión por falta de agravio constitucional federal y de fundamentación.
Amén de lo anterior, lo cierto es que el Estado deviene como parte en estos obrados y no puede negársele la posibilidad de revisión de una decisión jurisdiccional como la de autos, donde se demuestra un agravio concreto.
Este criterio ha sido sostenido también por la Sala Primera de esta Alzada en c. 21244 ("U.P. 50 s/ act. art. 25 inc. 3 CPP", resol. del 22/5/2012, reg. 350-r) al ingresar al tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
En virtud de ello, corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, e ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo (CPP 433).
2.Los puntos del resolutorio que ha puesto en crisis el impugnante son: "I) Por haberse demostrado la existencia de un trato y atención médica no acordes a los parámetros constitucionales aplicables a los internos allí alojados, DISPONER CAUTELARMENTE LA PROHIBICION DE ALOJAMIENTO DE INTERNOS EN EL SECTOR DE ANTICRISIS Y CONTENCION BIOLOGICA DEL AREA SANIDAD DE LA UNIDAD PENAL 15, BATAN, ORDENANDOSE QUE EN EL PLAZO DE CUARENTA Y OCHO HORAS MAXIMO SE PROCEDA A LA DERIVACION DE LOS INTERNOS ACTUALMENTE ALOJADOS A NOSOCOMIOS INTRA O EXTRAMUROS ACORDES A LA GRAVEDAD DE LA PATOLOGIA QUE PRESENTEN, SIEMPRE BAJO DEBIDA CUSTODIA, DEBIENDO LA AUTORIDAD SANITARIA Y PENITENCIARIA INFORMAR A LOS JUECES A CUYO CARGO SE ENCUENTRAN LOS MISMOS DETENIDOS DEL DESTINO QUE SE OTORGARAN A LOS PACIENTES, debiéndose en todos los casos continuar otorgándoseles la atención, tratamiento médico, medicación y seguimiento que su estado de salud amerite, PROHIBICION QUE SERA MANTENIDA HASTA TANTO NO SE RESUELVA LO CONTRARIO EN ESTE EXPEDIENTE... IV) ORDENAR NUEVAMENTE AL SR. DIRECTOR DEL COMPLEJO SANITARIO BATAN LA IMPLEMENTACION EN EL PLAZO MAXIMO DE CINCO DIAS, de un sistema objetivo de registro de presentismo de médicos y enfermeros que concurren al área, sea a través de detector de datos biométricos, de tarjeta sellada o cualquier otro sistema que asegure la presencia de médicos y enfermeros en días y horarios de guardia establecidos, quedando bajo responsabilidad directa del Sr. Director correspondiente la obligación de formular sumarios administrativos y/o denuncia penal por abandono de servicio o incumplimiento de deberes de funcionario público en relación a los profesionales que no cumplan en días y horarios la función para la que aceptaron el cargo".
3.Luego de consultar el trámite en los autos principales -donde constan presentaciones del Servicio Penitenciario informando que se habían producido refacciones en el área en cuestión-, este Tribunal se constituyó en la Unidad Penal a fin de verificar el estado actual del área de sanidad, lo que motivó la confección del acta que antecede.
4.Ahora bien, pasando a analizar el primer punto del resolutorio a raíz de lo constatado cabe referir que respecto de los traslados, el resolutorio ha caído en abstracto, puesto que no existe necesidad actual de proceder al cambio de lugar de alojamiento de aquellos internos que habitaban el sector de contención biológica, por haber sido dados de alta. En consecuencia, conforme lo informado oportunamente tres de ellos estarían regresando junto con la población común, mientras que Walter García Barbosa se encontraba esperando la comisión para ser trasladado a la Unidad de Barker, cuestiones estas confirmadas por los mismos internos.-
Aún teniendo en cuenta lo anterior, debemos aclarar que la oportuna negativa de proceder a sus traslados no resultaba caprichosa sino que encontraba sustento en diversas razones que han sido debidamente explicadas.
Principalmente, el Director Provincial de Salud Penitenciaria, Dr. Santiago F. Larrain ha informado que se retrasó el traslado de los internos alojados en el Area de Contención Biológica en virtud de lo riesgoso del traslado por encontrarse en fase de contagio, debiendo realizarse en una comisión especial equipada con protección biológica a fin de evitar la propagación del TBC entre el personal involucrado. Añadió como otro inconveniente la escasez de plazas en áreas de aislación tanto en otras Unidades Sanitarias como en el sistema de salud público (informe de fecha 19 de agosto, fs. 41/2 del recurso de queja).
Debe repararse en la voluntad de los internos de permanecer allí alojados (ver fs. 45/8), lo cual si bien puede deberse a diversos motivos - entre ellos la cercanía a su familia dado que de ser trasladados tendría que serlo a una Unidad Penal distante de esta ciudad-, debe prestarse atención a la voluntad del enfermo, dado que por su condición resulta un factor que puede influir en su estado anímico y por lo tanto en su recuperación.
Mención aparte merece la situación de Balcarcel, interno alojado en el sector anticrisis, quien padece de ceguera y diversos trastornos psiquiátricos, próximo a ser intervenido quirúrgicamente según los dichos del mismo interno como del Dr. Bordón. Este último profesional nos refirió que el encausado había transitado muchas Unidades Penales de la Provincia, no habiendo podido adaptarse a ninguna de ellas; mientras que aquí se encontraba contenido por el citado profesional y de acuerdo a su patología, cuestión esta que el mismo interno confirmó a los suscriptos.
Por lo tanto, entendemos que el Juez no puede mediante resolución en estos obrados sustituir a los jueces naturales en las decisiones que les incumben, de modo tal que la reparación de las agravaciones de las condiciones de detención señaladas por el a quodebía haber encontrado solución en los respectivos órganos jurisdiccionales a cuya disposición se hallaban los detenidos, teniendo en cuenta asimismo el debido proceso.
5.Por otro lado, muchas de las circunstancias que llevaron al Juez a la decisión puesta en crisis han sido ya subsanadas por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En este sentido, se destaca que se han producido múltiples refacciones en el área de sanidad: se realizó una limpieza a fondo, se ha reconstruído la mampostería del techo en el sector del baño de infectología, se repusieron los vidrios, se han colocado flores en el sector duchas, se colocó un nuevo calefactor, se pintó el lugar, etc. (ver fs. 43/4 del recurso de queja). Ello pudo ser constatado por el Tribunal a raíz de la visita realizada, conforme se desprende del acta que antecede.
Por lo tanto, no puede dejar de advertirse que -cuanto menos- se ha mejorado notablemente la situación edilicia en esos sectores, más allá que ante la escasez de recursos, se intente optimizar del mejor modo posible tanto la distribución del personal como los insumos para satisfacer las necesidades que surjan.
Sin perjuicio de lo antes señalado, en el sector anticrisis se advirtió una deficiencia en la limpieza, situación que fue señalada a las autoridades, comprometiéndose a subsanarlo y mantener un nivel de higiene aceptable, sin desconocer la situación particular del interno, que a veces resulta ser el factor negativo para cumplir con la tarea.
Asimismo, en relación a la falta de profesionales médicos el representante de la Fiscalía de Estado ha puesto en conocimiento del Juez de Ejecución que se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias existentes en la Unidad, habiendo quedado el mismo desierto ante falta de interesados.
6.Respecto del restante punto del resolutorio que se agravió la parte, entendemos que asiste razón al apelante, en tanto el Juez se ha excedido de sus facultades e invadido las propias de la Administración al ordenarle "la implementación en el plazo de cinco días, de un sistema objetivo de registro de presentismo de médicos y enfermeros que concurren al área, sea a través de detector de datos biométricos, de tarjeta sellada o cualquier otro sistema que asegure la presencia de médicos y enfermeros en días y horarios de guardia establecidos...".
Ya en "Verbitsky" (V.856.XXXVIII) nuestra CSJN refirió: "Que reconoce la actora que la actuación judicial tiene sus límites y que en materias tales como la presente no puede imponer estrategias específicas, sino sólo exigir que se tengan en cuenta las necesidades ignoradas en el diseño de la política llevaba a cabo. En consonancia, acepta que no se trata de que la Corte Suprema defina de qué modo debe subsanarse el problema pues ésta es una competencia de la Administración, en tanto una Corte Constitucional fija pautas y establece estándares jurídicos a partir de los cuales se elabora la política en cuestión".
"Como consecuencia de admitir como impracticable una solución total e inmediata a la pretensión y que la obligación estatal está compuesta por múltiples y variadas cargas que necesariamente requieren planeamiento y despliegue a lo largo del tiempo, pide se establezcan instancias de ejecución en las que a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados pueda determinarse el modo en que podrá hacerse efectivo el cese de la inapropiada detención de personas".
"Efectivamente, las políticas públicas eficaces requieren de discusión y consenso"(consid. 26 del voto de la mayoría).
En este sentido, y resultando aplicable al caso el fallo citado, constituye una función del Magistrado controlar las condiciones de detención, pero no puede más que hacer notar a las autoridades las deficiencias observadas, siendo potestad de la administración confeccionar el plan de acción necesario para corregir los defectos (cfr. arts. 99 inc. 2 y 100 de la CN; arts. 144 y 147 de la Constit. de la Provincia de Bs. As.), conservando -huelga decirlo- las facultades de disponer en forma individual y respecto al interno alojado a su disposición, pudiendo ordenar su traslado, su atención médica o cualquier otra medida inherente a hacer cesar el agravamiento de las condiciones de detención.
Ello, por cuanto la intervención del juez debe conservar la prudencia necesaria para ajustarse estrictamente al principio republicano de la división de los poderes, a fin de salvaguardar los derechos y garantías (art. 15 de la Constit. Pcial.), propendiendo de este modo a cumplir con su obligación de resultado en el asunto que nos ocupa.
En el mismo sentido, la SCJBA ha expresado que: "...no atañe a esta Corte diseñar una política carcelaria provincial o definir los pormenores de su ejecución en orden a su mérito o conveniencia. Desde antiguo, se ha considerado que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de tener presente su precisa órbita de jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, pues los jueces están llamados a hacer observar la Constitución; de ahí que su avance en desmedro de otras facultades reviste la mayor gravedad para la armonía del ordenamiento institucional (Fallos: 155:248; 311:2580; 320:2851; 324:2315)"(P.83909, 19/12/2007, en c. "Verbitsky").
Resulta ilustrativo citar aquí que: "El objeto esencial de la separación de poderes es ante todo imponer, a cada titular de la potestad pública, determinados límites ya que 'es necesario que el poder detenga al poder'. He ahí el punto de partida de toda la doctrina. Pero si se quiere que los poderes se contengan y se detengan unos a otros, es necesario conceder a sus titulares los medios de influenciarse y controlarse recíprocamente. Los poderes Ejecutivo y Legislativo no pueden funcionar sin relaciones entre ambos y sin entendimiento entre quienes son sus titulares... cuando la Constitución ordena a uno de los poderes del Estado el ejercicio de una competencia, ese poder está obligado a ponerla en movimiento. Más aún, la interrelación equilibrada de funciones, propia de un sistema republicano, contiene en su mecanismo interno la imposición a cada uno de ellos, no sólo a cumplir la Constitución en la órbita de su respectiva competencia, sino también a promover el cumplimiento de aquélla por los otros poderes. Cada uno tiene su zona de reserva y ésta es intocable impenetrable frente a los otros"(SCBA, B 64119, sent. del 5/5/2010).
7.Más allá de todo lo expuesto, se valora la intención, preocupación y esfuerzo del Magistrado en pos de mejorar la vida carcelaria, dando cabal cumplimiento a la extensa normativa en la materia.
Así,"La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o la ley"(art. 3 de la ley 24.660).
Cabe recordar que nuestra Constitución Nacional reza que "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella..."(art. 18, y en similar sentido art. 30 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Ya la CSJN en el año 1995 en el caso "Dessy" expresó que: "El ingreso a una prisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional". "Los prisioneros son, no obstante ello, 'personas' titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso"(voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano, Fallos: 318:1894).
Asimismo, no puede dejar de evocarse que los instrumentos que obligan al estado argentino reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 12 PIDESC y art. 75 inc. 22 CN) (Fallos: 323:3229 y 321:1684).
Todo lo anterior se ve complementado por lo normado en diversos instrumentos internacionales incorporados a nuestra Carta Magna en virtud de la recepción establecida en el a
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