Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 28783 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución de fs.50/51 que suspendió el juicio a prueba en el marco de la causa n° 27.873, respecto de Alejandro Borelli y Cristian Alberto Vacis, cuyas circunstancias personales son de figuración en autos, y a quienes se imputa la comisión del delito de hurto (CP 162), en cuanto fue materia de recurso de apelación por parte del doctor Juan Pablo Peralta, apoderado del particular danificado (CPP 21 inc.1°, 77 y concordantes, 421, 439 y concordantes, 440).
Mar del Plata, de agosto de 2017.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-28783-1, y de cuyas constancias,
A fs.49/51 el señor Juez Correccional doctor Leonardo Celsi dispuso suspender el presente juicio a prueba respecto de Alejandro Borelli y Cristian Alberto Vacis a quienes se les imputa el delito de hurto (CP 162), por el término de un año y seis meses, imponiéndoles diversas reglas de conducta.
Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación el doctor Juan Pablo Peralta a fs.56/57 y vta. Al hacerlo expuso como agravio la ausencia de toda fundamentación en el consentimiento fiscal, dado que no se reparó en circunstancias tales como la extensión del daño causado, que hace que la reparación ofrecida no sea en manera alguna aceptable, en particular porque los coimputados no acreditaron de manera fehaciente cuáles eran sus ingresos; la posibilidad de variar la calificación impuesta al hecho por la de hurto agravado, de acuerdo con el inciso 5° del artículo 163 del Código Penal; además de ello, considera el apelante que tampoco demostraron voluntad de hallar una solución al conflicto, dado que Borelli inició una demanda laboral contra el denunciante y Vacis efectuó un reclamo mediante carta-documento.
En razón de todo ello solicitó la revocación del auto recurrido.
1. De acuerdo con la materialidad del hecho descripta en el requerimiento fiscal y acogida en el auto que dispuso la elevación de la causa a juicio, "el día 04 de diciembre de 2013, en horas de la tarde, entre las 16.15 y 17.15 hs., en el interior del depósito de mercadería perteneciente a la firma World Sport S.R.L. sito en calle Saavedra 3150 de la ciudad de Mar del Plata, ...Cristian Vacis y Alejandro Borelli se apoderaron de manera ilegítima y sin ejercer fuerza en las cosas o violencia sobre las personas de la menos trece cajas con mercadería con indumentaria de la marca Quiksilver, Roxy y DC propiedad de la firma de mención".
2. Según queda dicho, la conducta fue subsumida bajo la provisoria calificación de hurto (CP 162), la que permite la aplicación del instituto en examen de acuerdo con el primer párrafo del artículo 76 bis del Código Penal. Asimismo no se controvierte que medió consentimiento del representante del Ministerio Fiscal, por lo que se tiene por cumplida con la exigencia que trae el párrafo cuarto de dicha norma, sin perjuicio de las objeciones que a su actuación efectuó el particular damnificado.
3. Resta entonces examinar, en el contexto de la totalidad de las circunstancias que rodean el caso, si la oferta de reparación del daño resulta razonable. En tal sentido, tiene dicho la jurisprudencia en criterio receptado por esta Sala que "para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba es condición esencial el haber ofrecido, en la instancia de grado, una reparación suficiente, razonable y acorde a la magnitud del daño causado a la víctima y a sus propias posibilidades que, si bien no debe coincidir exactamente con los montos reclamados civilmente a título de indemnización o resarcimiento, tiene que alcanzar niveles suficientes para ser estimado como un gesto serio y sincero de arrepentimiento activo y de internalización de la situación del ser humano al cual se victimizó por la propia acción reputada delictiva, al extremo de tornar innecesario aplicarle la eventual pena estatal prevista en la figura típica" (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, sala I de procedimientos constitucionales y penal, 11/08/2014, "Piñeyro, Hernán N., LL Litoral 2005 (mayo), pág.369).
3.1. En la misma dirección, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en los autos caratulados "Astesana, Juan Emilio p.s.a. incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Recurso de casación", sentencia del 19 de noviembre de 2012 efectuó algunas precisiones en torno al concepto de "razonabilidad", señalando que el juicio sobre la misma "ha de atender a la ponderación de la oferta de reparación respecto de la existencia y extensión del supuesto daño, las pretensiones de la víctima (José L. Clemente, "La suspensión del juicio a prueba", U.N.C., Rev. de la Facultad - Nueva Serie, Vol. 3, n°2, 1995, p.35) y las reales posibilidades de pago del imputado (Justo Laje anaya- Enrique A. Gavier, op. cot., p. 415, nota 13; Ricardo C. Núñez, Manual de Derecho Penal. Parte General, Lerner, Córdoba, 1999, p.218. Cám. Apel. Crim., Paraná, Sala 2, Sent. del 16/4/98, "Becker"; id. Trib., Sala 1, 3/9/97, "G., M.F." - T.S.J., Sala Penal, "Pace", S. n° 123, del 26/1/2004)".
3.2. En el caso que nos ocupa la estimación del perjuicio es de $100.000 al mes de diciembre de 2013, por lo que el monto ofrecido casi cuatro años después, de $2.500 respecto de cada uno de los coimputados, no alcanza el standard de razonabilidad legalmente exigido. En cuanto atañe a la imposibilidad alegada por la Defensa para mejorar dicha oferta de reparación, no surge del legajo la acreditación de tal situación. Al respecto se ha dicho que "no se avizora que la carga de la prueba sobre la estrechez económica del acusado tenga algún punto de contacto con el principio in dubio pro reo ...Ni al acusador..., ni menos a la víctima les compete probar la estrechez económica" (Cit. por Bovino, Alberto, Lopardo, Mauro y Rovatti, Pablo, ob. cit., pág.273, nota 21).
3.3.No puede soslayarse que el fin de la oferta de reparación, como surge del fallo ya transcripto y admite la doctrina mayoritaria, concorde con diversos precedentes jurisprudenciales "debe ser abordado en el contexto teleológico que inspiró al legislador al establecer la suspensión del juicio a prueba, lo que obliga no sólo a atender a la satisfacción del interés resarcitorio de la víctima, sino que debe considerarse que tal reparación se cimienta -principalmente- sobre la necesidad de que el imputado pueda internalizar pautas de conducta conforme a derecho". Desde esta perspectiva "una primera pauta a considerar para tener por acreditada esa predisposición del imputado por conformar sus acciones con apego a derecho -y así considerarlo merecedor del instituto bajo estudio- es advertir la presencia de un verdadero interés por superar el conflicto que habría causado " (Cf. Bovino, Alberto, Lopardo, Mauro y Rovatti, Pablo "Suspensión del procedimiento a prueba. Teoría y práctica" (Editores del Puerto, Buenos Aires, 2013, pág.274).
4. Va de suyo que los reclamos laborales formulados por los imputados por cuestiones ligadas inescindiblemente a la causa en trámite, según lo expuesto por el particular damnificado -y en la medida en que no se ha acreditado que ellos lo fueran por rubros diversos del generado por la conducta que dio lugar a esta investigación-, no permiten avizorar ese "interés por superar el conflicto" antes mencionado y que responde a la naturaleza del instituto cuya aplicación se solicita.
En consecuencia, no se ha verificado el cumplimiento del requisito previsto por el párrafo tercero del artículo 76 bis del Código Penal, por todo lo cual, el Tribunal resuelve: revocar la resolución de fs.50/51 que suspendió el juicio a prueba en el marco de la causa n° 27.873, respecto de Alejandro Borelli y Cristian Alberto Vacis, cuyas circunstancias personales son de figuración en autos, y a quienes se imputa la comisión del delito de hurto (CP 162), en cuanto fue materia de recurso de apelación por parte del doctor Juan Pablo Peralta, apoderado del particular danificado (CPP 21 inc.1°, 77 y concordantes, 421, 439 y concordantes, 440).
Notifíquese mediante libramiento de cédula con carácter urgente y habilitación de días y horas. Regístrese. Devuélvase.
PABLO MARTIN POGGETTO
Juez
RAUL ALBERTO PAOLINI
Juez
En igual fecha se libró cédula. Conste.
En se remitió a Defensoría Oficial. Conste.
En se remitió a Fiscalía General. Conste.
En se devolvió al Juzgado Correccional n° 6. Conste.
Fin de la sentencia