Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34030
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por el Defensor Martín N. Bernat y, declarar la nulidad de la requisitoria de elevación de la causa a juicio y todos los actos posteriores que son consecuencia directa de ello (traslado a la Defensa y resolutorio que eleva las actuaciones a juicio), debiendo retrotraerse la causa a aquél momento (arts. 201 y 207 del CPP). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el citado Defensor. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 201, 207, 209, 210, 334, 336, 337, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 34030. "PARISSE LAUTARO HORACIO S/ TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES". IPP 27540-19.
Mar del Plata, de Febrero de 2021.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 34030, y de cuyas constancias,
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el letrado Martín N. Bernat, contra la resolución dictada con fecha 31 de diciembre de 2020 por la Juez de Garantías, Rosa A. Frende, que no hace lugar al planteo nulificante interpuesto, rechaza el sobreseimiento solicitado y eleva las actuaciones a juicio respecto de Lautaro H. Parisse en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Tras hacer referencia a los antecedentes de la causa, entiende que se ha vulnerado el derecho de defensa de su asistido y el debido proceso.
Sostiene que hacer lugar a la elevación de la causa a juicio le ocasiona un perjuicio irreparable, ya que ha solicitado en tiempo oportuno la realización de una prueba considerada fundamental para la defensa y no ha sido producida.
Indica que si bien es cierto que no hubo una denegatoria de prueba expresa por parte del Fiscal, en los hechos así funcionó, ya que no se le brindó la posibilidad de realizar la pericia a la defensa bajo su responsabilidad con peritos privados como fuera peticionado expresamente.
Transcribe fragmentos del resolutorio y recuerda que no pudo realizarse la prueba con peritos privados porque la fiscalía no notificó a la defensa lo informado por la Asesoría Pericial. Critica que los errores de los agentes del estado no pueden ser achacados a los justiciables.
Concluye que si bien no existió una denegatoria de prueba de manera directa, indiractamente se ha visto privado su asistido de producir la prueba y, existiendo medidas pendientes propuestas por la Defensa, solicita se haga lugar al planteo nulificante. Hace mención a los derechos de defensa en juicio, al debido proceso y cita normativa constitucional.
Critica que de este modo se ha impedido al encausado defenderse, obligándolo a someterse a un debate oral y público, con todos los efectos negativos que acarrea.
Destaca que conforme el art. 206 del CPP no es posible retrotraer el procedimiento a etapas ya cumplidas, no quedando mas opción que dictar el sobreseimiento definitivo del causante.
Por último, hace saber que la Defensa solicitó en primer lugar la suspensión de la requisitoria de elevación a juicio, intentando evitar el presente planteo.
Analizadas que fueran las constancias de autos adelantamos que el planteo nulificante debe prosperar.
1. Se advierte que la Defensa realizó una presentación a fin de solicitar se provea un pedido de prueba, consistente en un informe psicológico y psiquiátrico. Allí peticionó se le notifique "...con la debida antelación, a los fines de designar los peritos de parte respectivos".
Este pedido fue proveído por el Fiscal el día 30 de septiembre de 2020, ordenando la Fiscal Ledesma librar oficio a la Asesoría Pericial, y a la vez dispuso que "...a fin de no dilatar innecesariamente el trámite de las presentes actuaciones, elévese la causa a juicio, teniendo presente el resultado de dichos informes para la próxima etapa procesal". Surge presentada la requisitoria en formato papel con fecha 5 de octubre de 2020.
Por otro lado, obra a fs. 139 una presentación electrónica de la Asesoría con fecha 2 de octubre de 2020, donde se informa que ante la escasez de personal, se encontraban afectados exclusivamente a la atención de causas urgentes, y que se daría curso a la pericia una vez superada la contingencia.
La Defensa ha solicitado se suspenda el plazo de oposición a la requisitoria de elevación a juicio, siendo esto denegado, fundándose la Dra. Frende en que la medida puede realizarse con posterioridad, y que podría haber sido llevada a cabo mediante perito de parte. Asimismo, el Dr. Bernat interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado.
Tras ello, se opuso a la elevación de la causa a juicio el letrado defensor, peticionando se declare la nulidad del requerimiento, o se disponga su sobreseimiento.
2. Explicados que fueran los antecedentes del caso, entendemos que asiste razón a la Defensa, toda vez que emerge arbitrario el argumento denegatorio de la diligencia por parte de la Fiscalía.
Aún cuando a ese momento, la investigación llevaba poco más de un año en trámite, cierto es que estando el encausado en libertad, no surge una razón de urgencia como para proceder al cierre de la etapa investigativa y pasar a la etapa intermedia sin la producción de la prueba solicitada por la Defensa.
A su vez, no fue notificada la defensa de la imposibilidad de la realización de la pericia por la dependencia pública, y en por ende, se le abortó la posibilidad de su producción total mediante pericia de parte -posibilidad que emergía de lo peticionado- lo que constituye el centro de la cuestión, pues determina la causal nulificante.
Nótese, que de este modo se está quitando la posibilidad de ejercer correctamente el derecho de defensa, pues se la ve privada a la parte de contar con un medio de prueba, que resulta pertinente y útil para su análisis por parte del Juez de Garantías eventualmente al momento de resolverse su elevación a juicio.
En este punto, es menester recordar que aún cuando la etapa de crítica instructoria es desformalizada, deben producirse todas las diligencias que crean indispensables las partes previo a su cierre, a fin de que el Juez cuente con todos los elementos necesarios para resolver el mérito de la causa para proceder a la apertura de la etapa para debate o no.
Por último, la efectiva producción de la prueba solicitada por la Defensa -siempre y cuando no sea manifiestamente improcedente o irrelevante a los fines investigativos-, debe garantizarse en función del derecho de defensa en juicio (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN), respetando la igualdad de armas que debe primar durante el procedimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al planteo defensista, disponiendo la nulidad de la requisitoria de elevación de la causa a juicio y todos los actos posteriores que son consecuencia directa de ello (traslado a la Defensa y resolutorio que eleva las actuaciones a juicio), debiendo retrotraerse la causa a aquél momento (arts. 201 y 207 del CPP).
Por todo ello, este Tribunal resuelve: hacer lugar al recurso interpuesto por el Defensor Martín N. Bernat y, declarar la nulidad de la requisitoria de elevación de la causa a juicio y todos los actos posteriores que son consecuencia directa de ello (traslado a la Defensa y resolutorio que eleva las actuaciones a juicio), debiendo retrotraerse la causa a aquél momento (arts. 201 y 207 del CPP). Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el citado Defensor. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 201, 207, 209, 210, 334, 336, 337, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia