Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34032
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución dictada con fecha 21 de enero por la Juez de Garantías, Lucrecia M. Bustos, que requiere al Fiscal, Dr. Fernando Castro, que se reciba declaración testimonial al perito Licenciado Hernán Gacio. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Fiscal Leandro Favaro y sostenido en la instancia por el Fiscal General. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 422, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 34032. "CHIFFLET SANTIAGO S/ HOMICIDIO".
Mar del Plata, de Febrero de 2021.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 34032, y de cuyas constancias,
1. Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Leandro Favaro contra la resolución dictada con fecha 21 de enero por la Juez de Garantías, Lucrecia M. Bustos, que requiere al Fiscal, Dr. Fernando Castro, que se reciba declaración testimonial al perito Licenciado Hernán Gacio.
Contra ello interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio el Fiscal Leandro Favaro.
Hace referencia a los antecedentes del caso, informando que no hay constancia de que la Defensa haya solicitado la habilitación de feria. Añade que en la investigación se dio cumplimiento a lo normado por el art. 334 del CPP y en ese decisorio el Fiscal confirmó la denegatoria de la prueba requerida, en el entendimiento que no afecta el debido proceso ni la defensa en juicio.
Aduce que tampoco resulta arbitrario e irrazonable, a la vez que se subrayó que es resorte del Fiscal ejercer la acción penal con libertad de criterio, racionalidad y objetividad.
Critica que el Juez no está facultado para llevar a cabo medidas instructorias, por lo que la instancia recursiva quedó agotada por la resolución de la Fiscalía General.
Finalmente, entiende que hacer lugar a la prueba solicitada genera una demora injustificada e innecesaria en esta causa, toda vez que no sólo se han cumplimentado los plazos de la investigación sino que en la etapa instructoria se ha dado curso a toda medida que ha sido requerida por la Defensa Particular.
Por ello, solicita se revoque el decisorio impugnado.
2. La Juez de Garantías resuelve rechazar la reposición planteada y conceder la apelación.
3. El recurso es sostenido en la instancia por la Fiscalía General.
4. A su vez, el Defensor del encausado, Aldo D. Carnevale, presenta escrito solicitando se rechace el recurso interpuesto por entender que el resolutorio es ajustado, toda vez que su pretensión es contraria al derecho de defensa y por no ser el resolutorio de aquellos expresamente apelables, ni causa un gravamen irreparable al Fiscal.
Analizadas que fueran las constancias de autos adelantamos que la resolución debe ser confirmada.
Cierto es que la investigación penal preparatoria se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal, no pudiendo -en principio- inmiscuirse la judicatura en las tareas propias de su competencia, sin embargo, reiteradamente la doctrina y jurisprudencia han admitido un control de legalidad de sus actos.
El Ministerio Público Fiscal de esta instancia en oportunidad de revisar la denegatoria de la medida solicitada ha dictaminado que: "...luce inncesario en orden a conmover la convicción que las restantes medidas ya producidas que han generado en cabeza del titular de la acción penal respecto de la responsabilidad del implicado en la comisión del delito endilgado".
El fundamento invocado no resulta adecuado ni suficiente, pues la producción de la diligencia no depende del grado de convicción que posea una parte -aunque sea el director de la investigación-, sino en su pertinencia en relación a los puntos a dilucidar en la encuesta de acuerdo a las tesis o hipótesis de trabajo del oferente. Sin perjuicio de ello, no huelga decir que quien evaluará en definitiva el mérito de la prueba eventualmente -pues aún no hubo requerimiento de juicio-, serán los órganos jurisdiccionales.
Teniendo en cuenta el principio de igualdad de armas, como derivado de la posibilidad de ejercer plenamente el derecho de defensa, no puede rechazarse la medida solicitada, siempre y cuando no sea redundante o manifiestamente irrelevante, lo que no se observa en este caso, pues más allá que la defensa haya resaltado los antecedentes del testigo propuesto (jerarquía y funciones desempeñadas) por encima de la pericia ya realizada, la valoración será efectuada con posterioridad a su producción.
Coincidiendo en lo demás con lo expuesto por la "a quo" en el auto apelado, y siendo que la producción de la testimonial solicitada no debería demorar en demasía el trámite, no estando en riesgo términos legales procesales o sustanciales, corresponde confirmar el resolutorio.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar la resolución dictada con fecha 21 de enero por la Juez de Garantías, Lucrecia M. Bustos, que requiere al Fiscal, Dr. Fernando Castro, que se reciba declaración testimonial al perito Licenciado Hernán Gacio. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Fiscal Leandro Favaro y sostenido en la instancia por el Fiscal General. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 422, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia