Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34626
Sala III
34626 "PRAIASOLO S.A. Apelación falta municipal"
En la ciudad de Mar del Plata se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 34626 caratulados "PRAIASOLO S.A. Apelación falta municipal", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces doctores Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini (art. 440 CPP).
Con fecha 13 de agosto de 2021 el Señor Juez Titular del Juzgado en lo Correccional N° 5 departamental, Dr. Leonardo César Celsi, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación formulado por el Presidente del Directorio de la firma PRAISOLO S.A. -Sr. Federico Goranski-, con el patrocinio letrado de la Dra. María Paula Hernández, y confirmar lo resuelto por el Juez de Faltas Municipal -Dr. José Luis Oteiza- en cuanto condenó a la firma de mención con pena de multa de pesos ochenta mil ($ 80.000) y accesoria de clausura hasta el día 28 de marzo de 2021, inclusive; ello por desarrollar actividades incumpliendo disposiciones del protocolo gastronómico dictadas en el marco de la emergencia generada por el COVID 19 (conf. Decreto Nacional 1033/20 y sus modificatorias y prórrogas, Decreto Municipal 44/21), de acuerdo a las sanciones previstas por la Ordenanza Municipal 4544/73.
Contra el referido pronunciamiento interpone recurso de apelación Federico Goranski, con el patrocinio letrado de la Dra. María Paula Hernández, disconformándose de lo resuelto por el Dr. Celsi en base a los siguientes agravios:
En primer término alega que si bien el sentenciante reconoció que el acta cabeza de estos actuados no precisaba con exactitud la previsión legal presuntamente infringida consideró igualmente que tal anomalía no afectaba su derecho de defensa en juicio, ello en el entendimiento que aún cuando la individualización legal resultase errónea el encuadramiento no corresponde a los inspectores, sino a los jueces.
Considera que la conclusión del Magistrado Correccional deviene equivocada porque el derecho de defensa, en materia de faltas y contravenciones, es ejercida por el imputado en orden a los antecedentes que surgen de las actuaciones, que no es otra cosa que el contenido del acta labrada por el funcionario que verificó la infracción. Añade que de seguirse la postura del a quo el presunto infractor recién tomaría conocimiento de la infracción que se le está imputando con la sentencia de condena. En segundo término le causa agravio que el Dr. Celsi haya realizado un cambio en la calificación legal, del art. 103 de la Ordenanza 4544/79 -efectuado por el Juez Municipal- hacia lo establecido por el art. 97 de la misma ordenanza. Expresó en tal dirección que ello exterioriza una "reformatio in peius", pues este último establece una escala sancionatoria más gravosa que la elegida por el Juez de Faltas Municipal.
Asimismo, aduce que el art. 97 de la Ordenanza 4544/79 no puede aplicarse al caso porque se refiere a la "instalación o funcionamiento de industria o actividad asimilable a esa con permiso, habilitación, inscripción o comunicación exigible"; siendo que en su establecimiento no se ejecuta ningún proceso de industrialización.
Insiste que tanto en sede administrativa como judicial se ha afectado su derecho de defensa en juicio. Primero, al no conocer al momento de formular su descargo la normativa por la cual se le había labrado el acta de constatación N° 722.177, y recién anoticiarse de la infracción al art. 103 al notificarse de la sentencia del Juez de Faltas. Y después, al apelar dicha resolución porque al deducir su recurso de apelación no tenía conocimiento del cambio de calificación que iba a realizar el Juez Correccional.
Cita jurisprudencia del Juzgado en lo Correccional N° 3 en donde, en un caso similar, se resolvió que la integración de las exigencias contenidas en el protocolo gastronómico por Covid 19, aprobado por el Decreto 1033/20, con el art. 103 de la Ord. 4544 era errónea, ello bajo el argumento que este último se refería al supuesto de "anomalía funcional" -cual deficiencia en el funcionamiento del inmueble-. Asimismo, se consideró que ante la falta de testigos no se podía acreditar el hecho.
Sobre este último punto, manifiesta que los inspectores municipales no brindaron en el acta ninguna explicación acerca del cuál fue la razón por la que no solicitaron testigos. Y que pese a ello el sentenciante le asignó al referido instrumento plena aptitud probatoria, aún cuando su parte negó el hecho y lo atribuyó, a todo evento, al público presente en el establecimiento.
En tercer término alega omisión de tratamiento de su planteo con respecto a la clausura transitoria. Argumenta que dicho agravio no resultaba inoficioso -como afirmó el a quo, en el entendimiento que la clausura ya se encontraba cumplida-, ello toda vez que esta medida se efectivizó con anterioridad a la notificación del fallo administrativo, impidiéndole ejercer su derecho de defensa al caer en abstracto el efecto suspensivo del recurso contemplado en el art. 54 del Decreto Ley 8751/77.
Añade que el Juzgado de Faltas no dictó resolución a los efectos de confirmar la clausura transitoria, sino hasta el día 27 de marzo de 2021 en el que dictó sentencia. Manteniéndose de facto la clausura más allá del plazo de 24 hs. (art. 43 DL 8751/77).
En base a los agravios expuestos Federico Goranski, con el patrocinio letrado de la Dra. María Paula Hernández, solicita que esta Alzada revoque el fallo dictado por el Juez Correccional, Dr. Celsi, y se deje sin efecto la pena de multa impuesta.
Mantiene reserva del Caso Federal.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
Tras un análisis minucioso de las presentes actuaciones adelanto que mi voto será por la confirmación del fallo dictado por el Sr. Juez Correccional, Dr. Leonardo C. Celsi, y ello en razón de las consideraciones que seguidamente paso a exponer.
I. El acta cabeza de estos actuados N° 722177 da cuenta que el día 24 de marzo de 2021 en esta ciudad de Mar del Plata, siendo las 5:20 horas, personal de Inspección de la Municipalidad de General Pueyrredón -Subsecretaría Inspección General- se constituyó en el establecimiento comercial UTF Balneario N° 3 Local 2 y 3 de Playa Grande, que gira con el nombre de fantasía "Santa", del rubro "Restaurante con baile y espectáculo, Café, Bar, Expendio de Bebidas, Elaboración y venta de comidas para llevar", y constató -textual surge del instrumento de mención-: "El desarrollo de la actividad comercial bailable (se observan numerosas personas bailando por todo el local sin respetar el distanciamiento y no respetando el sistema de burbujas sanitarias), siendo un rubro no autorizado por protocolo Covid 19 Nacional, Provincial y Municipal. Asimismo el local desarrolla actividades excediendo el aforo permitido por protocolo de funcionamiento gastronómico Covid 19 vigente. Se procedió a contabilizar las personas en el interior del local con contador mecánico manual dando un total de (312) trescientas doce personas. La capacidad total según acta siniestral de bomberos con fecha de vto. 25/11/2021 es de 126 personas en el interior y 125 personas en patios externos".
Asimismo, los funcionarios intervinientes -Inspectores Generales Federico Luis Galli y Germán Leonel Losso- consignaron como disposición legal presuntamente infringida: "el Decreto Nacional -Legislación Provincial y Municipal (Protocolo Covid 19) Ord. 5355 -Ord. 6997", disponiendo la clausura transitoria del local.
Producto de tal imputación se condenó a la encartada en sede administrativa, resolución confirmada por el a quo, con pena de multa de pesos ochenta mil ($80.000) y clausura hasta el 28 de marzo de 2021 inclusive, ello por incumplir el protocolo de funcionamiento en el marco de la emergencia sanitaria por Covid 19 (conf. Decreto Nacional 1033/20 y sus modificatorias y prórrogas, Resolución de la Provincia de Buenos Aires 1/2021 y Decreto Municipal -Gral. Pueyrredón- 44/21).
Cabe señalar que la sanción de multa el Juez de Faltas Municipal la estableció conforme los parámetros del art. 103 de la Ordenanza 4544/73, siendo ello modificado posteriormente por el a quo hacia lo normado por el art. 97, pero manteniéndose por la prohibición "refomatio in peius" el monto de sanción aplicado.
II. Sentadas las bases de autos ingresaré en el responde de los agravios formulados por el Presidente del Directorio de la Firma imputada "PRAIASOLO S.A.", Federico Goranski, con el patrocinio letrado de la Dra. María P. Hernández.
En relación al contendido del acta de constatación he de responder que la misma abastece los recaudos legales exigidos por el art. 38 del Código de Faltas Municipales 8751/77. Cabe señalar en este sentido que el acta tiene, para el funcionario interviniente, el carácter de declaración testimonial y que la misma puede ser considerada por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor.
"Artículo 40º: El acta tendrá, para el funcionario interviniente, el carácter de declaración testimonial. Los Jueces de Faltas o Intendentes Municipales, independientemente de las medidas disciplinarias que en su caso pudieran aplicar o solicitar, deberán denunciar ante la justicia en lo penal toda alteración maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que el acta contenga" ; "Artículo 41º: Las actas labradas por funcionario competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 38 de este Código y que no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor".
Con respecto a la falta de consignación de testigos diré que si bien ante la presencia de numerosas personas en el establecimiento los funcionarios de Inspección General pudieron haber solicitado los datos a alguno de los comparecientes, a los efectos de ofrecer un testimonio del procedimiento que estaban realizando, esa falencia -que no invalida el acta, por no tratarse de un requisito de carácter indispensable- no resta valor convictivo al instrumento público en cuestión. Doctrina especializada en la materia tiene dicho que: "...la presunción de legitimidad importa, en sustancia, una presunción de regularidad del acto... es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico. Es una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos, por eso crea la presunción de que son legales, es decir, que se presumen válidos y que respetan las normas que regulan su producción..." (cfr. Dromi, Roberto, "El acto administrativo", edit. Ciudad Argentina, España, 3° edición, Bs. As. 1997, pág. 76). El acta es en este sentido plenamente válida -a los efectos de su legalidad- y concluyente en cuanto a la responsabilidad de la imputada.
III. Asimismo, coincido con el sentenciante -Dr. Celsi- cuando expresa en su fallo que la calificación legal es facultad del órgano jurisdiccional y no de los inspectores que labran el acta de constatación. Si bien es cierto que el Código de Faltas 8751/77 establece en su art. 38 inc. e) que "las actas deben contener la disposición legal presuntamente infringida" ello es sólo a los efectos de una primera aproximación, correspondiendo en definitiva a los jueces efectuar el encuadre legal.
La descripción del hecho que surge del acta n° 722177 y la referencia al incumplimiento del "Protocolo Covid 19" resultó suficiente para que la administrada conociera el hecho que se le estaba enrostrando, respecto de la cual además optó por ejercer su derecho de defensa -presentando su descargo ante el Juzgado de Faltas-.
Véase que Federico Goranski en dicha oportunidad expresó, textual: "..,si partimos de considerar que el Acta de Constatación N° 722.177 labrada el día 24 de Marzo del 2021 en "Santa", aclaró que los rubros habilitados con respecto al mismo eran "restaurante con baile y espectáculo", que la capacidad ocupacional autorizada en el Certificado Antisiniestral de Bomberos —comprensiva del interior y exterior— ascendía a un total de trescientos una (301) personas y que lo que lo que se había observado, en realidad, eran personas bailando sin cumplir el distanciamiento social por todo el local; surge más que evidente que nuestra parte se subordinó, en lo que hace al desarrollo de su actividad, a un marco de legalidad. Ello así, en primer lugar, porque en la especie y como consecuencia de la particular naturaleza jurídica de nuestra habilitación, en la que se-incluye no sólo el rubro restaurante, sino además el "baile" y el "espectáculo"; no corresponde aplicar derechamente el protocolo de prevención del SARS-Cov 2, sino integrarlo y armonizarlo, en su interpretación, con el protocolo aprobado para las fiestas de hasta doscientas (200) personas por la Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación N" 2.216/20 que se autorizaron, en la Provincia de Buenos Aires y para todos los municipios de la misma, por el Decreto N" 976/2O1. No se puede soslayar, al respecto, que el eventual quebrantamiento del distanciamiento social por los concurrentes al establecimiento de mi representada, más allá de las medidas adoptadas para asegurar su cumplimiento —presencia de personal que invita al público a mantener la separación entre grupos o burbujas, suministro de alcohol en todas las mesas y control permanente de temperatura—, constituye un hecho que sólo les es atribuible a las personas que violan el mismo"-. Se puede observar que el representante de la firma PRAIASOLO S.A. conocía no solamente del hecho imputado sino también de las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal en el marco de la actual Pandemia por SARS-CoV-2 (Covid 19) y, específicamente, las relacionadas con el giro comercial que desempeña. Aún sabiendo que la actividad bailable no estaba permitida se excusó en que el local contaba con las habilitaciones "baile" y espectáculo" y en que, a todo evento, la responsabilidad debía recaer en sus clientes.
Ninguno de sus planteos fueron receptados favorablemente -lo cual comparto plenamente- pero, como quedó expuesto, el derecho de defensa fue garantizado.
Es oportuno recordar que: "...las nulidades poseen un evidente carácter restrictivo, debiendo eludirse toda nulificación que resulte evitable o que no tenga otro objeto que la mera irregularidad formal del acto. Además, las nulidades no corresponde declararlas sino cuando la irregularidad denunciada ha podido realmente influir en contra de las partes y lesionar su interés; pero carece de interés práctico y debe desecharse si nada se ha opuesto al progreso de sus respectivas estrategias. La legalidad no alcanza a la declaración de la nulidad por la nulidad misma, ya que esta sanción procesal requiere de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando aquella se adopta en el sólo interés formal del cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (TC0002 LP 72439 308 S 02/06/2016 Juez MANCINI (SD). Carátula: H. ,R. J. s/ Recurso de Casación. Magistrados Votantes: Mancini-Celesia).
IV. En relación a lo planteado en cuanto a la modificación legal realizada por el a quo, del art. 103 -efectuada en un primer momento por el Juez de Faltas Municipal- hacia lo establecido por el art. 97 de la Ordenanza 4544/79 -Régimen de Penalidades por Faltas- he de responder que no advierto vulneración a la garantía de prohibición "reformatio in peius" desde que el Dr. Celsi, precisamente, teniendo en cuenta dicho principio, resolvió mantener el quantum de sanción aplicado en sede administrativa.
Las referidas normativas -del Régimen de Penalidades por Faltas- rezan:
"Artículo 97º.- Será penado con multa del 0.50 al 60 por ciento y/o clausura hasta 60 días o por tiempo indeterminado, y/o inhabilitación hasta 90 días, y/o arresto hasta 20 días, la instalación o funcionamiento de industria o actividad asimilable a ésa con permiso, habilitación inscripción comunicación exigible pero en contravención a las respectivas normas reglamentarias de la actividad, que no tuviera otra pena prevista en este Título"; "Artículo 103°.- Será penado con multa del 0.30 al 50 por ciento, y/o clausura hasta 90 días, o por tiempo indeterminado, y/o inhabilitación hasta 90 días y/o arresto hasta 30 días, la instalación o funcionamiento de comercio o actividad asimilable a esa en inmuebles que presenten deficiencias de carácter constructivo o anomalías edilicias o funcionales o en sus instalaciones, que impliquen riesgo para la salud o la vida de personas".
Sin embargo, considero que asiste razón a la recurrente en cuanto a que el art. 97 de la Ordenanza 4544/79 hace alusión a actividades de índole industrial y no de tipo comercial. Comparto en este sentido lo resuelto en primer término por el Juez de Faltas, Dr. Oteiza, desde que lo verificado en autos implica el desarrollo de una actividad comercial, a las que hace alusión el art. 103 de la Ordenanza 4544/79.
La anomalía funcional a la que se refiere este último artículo está dada, precisamente, en la actividad que se estaba desarrollando -bailable, prohibida en el contexto ut supra indicado-, y en el exceso de personas que había en el lugar que superaba no solo el aforo de la actividad que sí tenía autorizada la imputada -gastronómica-, sino también la capacidad máxima permitida por acta de bomberos.
"...Se procedió a contabilizar las personas en el interior del local con contador mecánico manual dando un total de (312) trescientas doce personas. La capacidad total según acta siniestral de bomberos con fecha de vto. 25/11/2021 es de 126 personas en el interior y 125 personas en patios externos" (v. parte final del acta).
No tengo dudas que ello puso en riesgo la salud y seguridad de las personas.
V. Por último, en relación a la pena accesoria de clausura diré lo siguiente:
Tal medida se dispuso de manera transitoria el mismo día en que se labraron las actuaciones, el 24 de marzo de 2021, y, al día siguiente, el 25 de marzo de 2021, el Juez de Faltas la confirmó (v. fs. 4), de manera que no se mantuvo de facto como afirma la recurrente. Luego, el 27 de marzo de 2021, el Dr. Oteiza dictó sentencia disponiendo, además de la pena de multa, la clausura hasta el 28 de marzo inclusive.
La sentencia administrativa produjo sus efectos de manera instantánea y no fue apelada sino hasta el día 6 de abril de 2021 -cuando la clausura ya se había agotado-.
Tampoco se ha demostrado un perjuicio concreto en este sentido tornándose el planteo en tal dirección una cuestión abstracta, cuyo tratamiento carece de sentido.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se confirme la sentencia en su totalidad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales esta Alzada RESUELVE: I- Confirmar el fallo dictado por el Señor Juez Titular del Juzgado en lo Correccional N° 5 departamental, Dr. Leonardo César Celsi, en cuanto a su vez confirma lo resuelto en sede administrativa y condena a la firma PRAISOLO S.A. con pena de multa de pesos ochenta mil ($ 80.000) y accesoria de clausura hasta el día 28 de marzo de 2021, inclusive, ello por haber desarrollado actividades incumpliendo el Protocolo dictado en el marco de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia por COVID 19 (conf. Decreto Nacional 1033/20 y sus modificatorias y prórrogas, Decreto Municipal 44/21), de acuerdo a las sanciones previstas por la Ordenanza Municipal 4544/73. II- Tener presente la reserva del Caso Federal. Todo ello, en cuanto fuera mater
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