Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34159
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Confirmar la resolución dictada por el Sr. Juez Titular del Juzgado Correccional N° 5, Dr. Leonardo César Celsi, en cuanto a su vez confirmó lo resuelto por la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, que impuso a Brink's Seguridad Corporativa S.A. las sanciones de suspensión de la habilitación por el término de diez (10) días y multa de pesos un millón trescientos dieciocho mil trescientos diecisiete ($ 1.318.317), equivalente a diez (10) vigías, por infracción al art. 47 incisos b y d de la Ley 12.297.
II. Tener presente la Reserva del Caso Federal (art.14 Ley 48). Todo, en cuanto fuera materia de recurso por el letrado apoderado de la firma, Dr. Germán Corti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes. Ley 12297, 47).
En la ciudad de Mar del Plata a los días del mes de abril de 2021 se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 34.159 caratulados "BRINK'S Seguridad Corporativa S.A. Apelación resolución administrativa", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces doctores Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini (art. 440 Código Procesal Penal Provincia Bs. As.).
Con fecha 2 de marzo de 2021 el Sr. Juez Titular del Juzgado Correccional N° 5, Dr. Leonardo César Celsi, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Brink's Seguridad Corporativa S.A., Sr. Fernando Héctor Delgado -escrito que fuera ratificado por la Defensoría Oficial a cargo de la Dra. Gabriela B. Mónaco-, y confirmar la resolución dictada por la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, en cuanto impuso a la referida firma las sanciones de suspensión de la habilitación por el término de diez (10) días y multa de pesos un millón trescientos dieciocho mil trescientos diecisiete ($ 1.318.317), equivalente a diez (10) vigías, por haber prestado un servicio de seguridad privada sin haber comunicado en tiempo y forma la celebración del contrato ante la autoridad de aplicación, y con personal que carecía de alta de vigilador (art. 47 b y d Ley 12.297).
Contra el mentado pronunciamiento interpone recurso de apelación el Dr. Germán Corti, en carácter de abogado apoderado de Brink's Seguridad Corporativa S.A., disconformandose de lo resuelto por el a quo en base a los siguientes agravios:
a) En la sentencia apelada no se brinda tratamiento a los planteos formulados.
Bajo este título indica que el Magistrado no se ha hecho cargo de cuestiones sustanciales que le fueron planteadas, precisamente aquéllas que tenían que ver con la falta de graduación de la resolución sancionatoria. Su representada había planteado que la sanción era inconstitucional por irrazonable, y nada se ha dicho al respecto.
Que tampoco se han abordado los puntos relativos a que la ejecución de la pena conllevaría necesariamente al cese de la actividad y a la perdida de fuentes de trabajo, y que la sanción desconoce el criterio de graduación del art. 54 de la Ley 12.297. b) La sentencia apelada no respeta el principio de razonabilidad.
Expresa que incluso en el caso que se considere que la firma pudo haber incurrido en una infracción, la multa fijada en la suma de $ 1.318.317 y la suspensión de la habilitación por diez días resultan penas absolutamente excesivas y arbitrarias.
Enfatiza que el pronunciamiento en cuestión no respeta el principio de proporcionalidad, que debe existir entre la pena y la conducta infractora. Insistiendo una vez más en que tampoco se ha reparado en lo estipulado en el art. 54 Ley 12.297.
Además argumenta que debe tenerse en cuenta que la conducta endilgada no es un hecho que haya generado riesgo para las personas o bienes, pues los vigiladores no contaban con armas, siendo que la empresa ha acreditado cumplir con las disposiciones de la Ley 12.297 y que no registra sanciones de este tipo en el pasado.
c) La sentencia apelada resulta carente de fundamentación.
En este punto el apoderado cuestiona que el Magistrado Correccional haya desestimado el planteo de violación al derecho de defensa, que fuera edificado en función de la ausencia de notificación de la audiencia de descargo, con el argumento que la cédula fue librada al mismo domicilio en que posteriormente se notificó el fallo administrativo y que en ambas oportunidades fueron recibidas por empleados.
Ello en el entendimiento que no puede invocarse la notificación de otro acto jurídico para validar los defectos de la notificación de la audiencia de descargo. Agrega que el planteo de nulidad no se erigió en meros vicios formales y que su representada dejó de manifiesto los perjuicios que le ocasionó la ausencia de defensa.
d) La sentencia confirma una sanción por la presunta infracción a artículos de la Ley 12.297 que resultan de imposible cumplimiento. En este punto el abogado se agravia pues considera que no se han valorado las graves dificultades que enfrenta BRINK'S para dar de alta tanto al personal como a los objetivos. Amplió que las referidas altas no pueden realizarse de manera inmediata, en virtud de los requisitos que exige la propia administración -la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada-, que es luego quien aplica la sanción. Que no obstante haberse explicado los requisitos que se exigen, el a quo se limitó a afirmar que no es posible justificarse en un proceso burocrático. Que se desconoce la dinámica de la actividad.
En base a lo expuesto el Dr. Corti solicita a esta Alzada la revocación del fallo apelado, que confirmó el pronunciamiento administrativo. Asimismo, y para el caso en que no se haga lugar a sus planteos, formula expresa reserva del Caso Federal.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
Analizadas las constancias de estas actuaciones adelanto que no haré lugar a los agravios formulados por el apoderado de la firma BRINK'S Seguridad Corporativa S.A. -Dr. Germán Corti- y que mi voto será por la confirmación del fallo impugnado.
I. La presente causa tiene su origen en el acta de constatación que obra a fojas 1/2 la cual da cuenta que, el día 9 de enero de 2019, personal policial se constituyó en un objetivo denominado "Reginald Lee S.A.", sito en Ruta 88 kilómetro 2,9 de esta ciudad, verificándose la presencia de dos individuos, Walter Daniel Sandoval DNI N° 23.673.812 y Darío Sebastián Leguiza DNI 35.420.092, ambos en calidad de vigiladores pertenecientes a la empresa "BRINK'S Seguridad Corporativa S.A.".
A fojas 4 obra informe emanado de la Autoridad de Aplicación -siendo esta la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada- indicando que la referida firma se encuentra habilitada desde el 10 de enero de 2013, mediante Resolución Ministerial N° 22, con domicilio de la sede social en calle Undiano N° 122 de Bahía Blanca. También se informa que Walter Daniel Sandoval no se encuentra declarado a favor de la empresa "BRINK'S Seguridad Corporativa S.A."
A su vez, a fs. 7 obra ampliación del informe de mención del cual surge que Darío Sebastián Leguiza tampoco se encuentra declarado por la empresa en cuestión.
Como consecuencia de ello se sancionó a "BRINK'S Seguridad Corporativa S.A." en sede administrativa, resolución confirmada por el a quo, con suspensión de la habilitación por el término de diez (10) días y multa de pesos un millón trescientos dieciocho mil trescientos diecisiete ($ 1.318.317) por infracción al art. 47 incisos "b" y "d" de la Ley 12.297. Dicha normativa establece: "Se considerarán infracciones graves: b. La realización de funciones y labores y/o la prestación de servicios sin haber comunicado en tiempo y forma a la Autoridad de Aplicación la celebración del contrato. La utilización o empleo en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Ley". La sanción se determinó en orden a lo establecido por el art. 52 de dicha ley. Este último reza: "Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieren corresponder, la Autoridad de Aplicación podrá imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 46, 47 y 48 y conforme a los establecido en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones: 2. Por la comisión de infracción grave: a. La suspensión temporal de la habilitación por un plazo no superior a un año; y. b. Multa de diez (10) hasta sesenta (60) vigías".
II. La recurrente parte de señalar en sus agravios que no se ha brindado tratamiento a los cuestionamientos que se esgrimieron contra el pronunciamiento administrativo. Sin embargo, de los considerandos del fallo dictado por el Dr. Celsi surge que se ha dado un correcto abordaje y responde a los planteos que fueron llevados a su conocimiento. En efecto, los agravios se habían centrado en un planteo de nulidad por afectación al derecho de defensa, con basamento en la ausencia de notificación de la audiencia de descargo, respecto de lo cual el sentenciante expresó que no se evidenciaba tal afectación, puesto que la cédula de notificación había sido correctamente diligenciada, habiéndose entregado a un empleado de la empresa.
Comparto lo decidido toda vez que la funcionaria a cargo de la diligencia -Sargento Mariana Analía Tolaba- dejó constancia en el instrumento en cuestión de la fecha y hora de su entrega (21/5/2019 a las 17:20 horas), consignando los datos del empleado que recibió la cédula. Por lo tanto el planteo de afectación al derecho de defensa, por ausencia de notificación de la audiencia de descargo, fue correctamente desestimado.
III. Tampoco advierto desproporción entre la infracción cometida y la sanción aplicada puesto que se trata de una falta catalogada como "grave", en la cual el legislador estableció multas que parten de un mínimo de diez (10) vigías (equivalente cada vigía a un haber mensual nominal sujeto a aportes previsionales que por todo concepto perciba un subsecretario de Estado de la Provincia de Buenos Aires.) y un máximo de sesenta (60), e inhabilitación por un plazo no superior a un (1) año.
Cabe señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley, única vía con que cuenta la judicatura para apartase de los mínimos legales establecidos por ley, representa un acto de suma gravedad institucional y de "ultima ratio" que solo puede tener lugar cuando existe una discordancia manifiesta entre los principios fundamentales de la Constitución Nacional y las cláusulas normativas atacadas, lo cual en el caso de marras no se ha acreditado. La simple referencia de afectación de principios constitucionales resulta insuficiente para una declaración de este tenor.
Ha sido intención del legislador que se sancione firmemente a las empresas prestatarias de servicios de seguridad privada, con penas de multa y suspensión de habilitación, cuando brinden servicio sin comunicación de la celebración del contrato a la autoridad de aplicación y cuando empleasen personas que carecen del alta respectiva. Comparto con el Dr. Celsi que la infracción no puede justificarse so pretexto de la demora o burocracia que pueda tomar el trámite ante la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada. La sociedad debió, de manera previa al inicio de la actividad, cumplir con el procedimiento y los requisitos legales.
En este sentido la ley 12.297 es clara en cuanto obliga a la observancia de todos los recaudos y requisitos que hacen a los objetivos a cubrir, también los relacionados con el personal abocado a tareas de vigilancia, bajo apercibimiento de incurrir en infracción al art. 47 incisos "b" y "d". Aquí no se comunicó ni celebración del contrato con la tomadora del servicio ni el alta de Walter Sandoval y Darío Leguiza.
IV. El hecho que lo vigiladores no poseyeran armas no importa un atenuante que deba ser tenido en cuenta a la hora de fijar el quantum de sanción, pues en si ese hubiese sido el caso no se trataría de una falta grave sino de aquellas catalogadas como "muy graves" sancionadas con cancelación de la habilitación o con inhabilitación por el término de veinte años para el ejercicio de la actividad (art. 52).
La graduación de la pena ha sido determinada conforme lo normado por el art. 54 que establece: "Para la graduación de las sanciones, la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, y el volumen de actividad de la empresa de seguridad privada contra quien se dicte la resolución sancionatoria, o la capacidad económica del infractor. Cuando por la comisión de las infracciones se hubieren generado beneficios económicos para sus autores, las multas podrán incrementarse excediendo los límites previstos por la presente". En función de los parámetros mínimos y máximos de pena previstos en la normativa infraccionada, la multa se fijó en el mínimo legal (diez vigías) y la inhabilitación por un término de diez días, cuando el máximo podría llegar a un año.
En suma, considero que los elementos de cargo resultan plenamente válidos y concluyentes, permitiendo tener por acreditados los extremos de la imputación, no vislumbrándose arista de ilegalidad o arbitrariedad en su valoración. Tampoco se ha logrado demostrar el quebrantamiento de los principios constitucionales invocados, motivo por el cual propondré al Acuerdo se confirme el fallo apelado en su totalidad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales esta Alzada RESUELVE: I- Confirmar la resolución dictada por el Sr. Juez Titular del Juzgado Correccional N° 5, Dr. Leonardo César Celsi, en cuanto a su vez confirmó lo resuelto por la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, que impuso a Brink's Seguridad Corporativa S.A. las sanciones de suspensión de la habilitación por el término de diez (10) días y multa de pesos un millón trescientos dieciocho mil trescientos diecisiete ($ 1.318.317), equivalente a diez (10) vigías, por infracción al art. 47 incisos b y d de la Ley 12.297. II- Tener presente la Reserva del Caso Federal (art.14 Ley 48). Todo, en cuanto fuera materia de recurso por el letrado apoderado de la firma, Dr. Germán Corti (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes. Ley 12297, 47).
Regístrese. Notifíquese al referido abogado apoderado, quedando a cargo del a quo la notificación a la encartada. Devuélvase al Juzgado Correccional N° 5.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2021 09:07:42 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2021 09:07:53 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2021 09:08:13 - ZARLENGA Marcelo Esteban - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia