Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33817
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el fallo dictado por el Sr. Juez Correccional Dr. Leonardo César Celsi, en cuanto no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 bis de la Ley 13.927 y mantuvo la penalidad accesoria de inhabilitación para conducir vehículos aplicada a Roberto Ismael Seitz, por el plazo de dieciocho (18) meses, ello por resultar responsable de la infracción a los arts. 48 inc. a) y 77 m) Ley Federal 24.449, 1 y 39 bis inc. b III de la Ley Provincial 13.927., debiendo deducirse de dicho término el periodo en que la licencia de conducir estuvo retenida preventivamente. Todo ello en cuanto fuera materia de recurso por el encartado con el patrocinio letrado del Dr. Franco Natalio Bertolini. Rigen arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes. del CPP; 48 inc. a) y 77 inc. m) de la Ley Federal 24.449, conforme arts. 1 y 39 bis inc. b III de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927.
En la ciudad de Mar del Plata a los días del mes de abril del 2021 se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 33.817 caratulados "SEITZ, Roberto Ismael. Apelación de contravención de tránsito", y habiéndose practicado el sorteo de ley resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces doctores Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini (art. 440 Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires).
Con fecha 3 de noviembre del 2020 el Sr. Juez Titular del Juzgado Correccional N° 5 departamental, Dr. Leonardo César Celsi, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el imputado Roberto Ismael Seitz, con el patrocinio letrado del Dr. Franco Natalio Bertolini, contra el fallo del Juez de Faltas Municipal Dr. José Luis Oteiza, que le había impuesto una pena de multa equivalente a cien (100) UF e inhabilitación accesoria para conducir automóviles por el plazo de dieciocho (18) meses, por infracción a los arts. 48 inc. a) y 77 inc. m) de la Ley de Tránsito 24.449 .
-Falta verificada: conducción en estado de alcoholemia positiva, 1.58 grs/l-.
Contra dicho pronunciamiento interpone recurso de queja el encartado Seitz, con el patrocinio del Dr. Bertolini, el cual es reconducido como recurso de apelación.
La recurrente expresa que el pago de la multa no tuvo intención de consentir la sanción de inhabilitación para conducir, sino que el mismo obedeció exclusivamente a que se efectivizara el levantamiento del secuestro que pesaba sobre su vehículo.
Indicó que el personal de mesa de entrada del Juzgado de Faltas le exigió el pago de la multa, como paso previo para confeccionar el pertinente oficio liberatorio.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
Analizadas las constancias de autos adelanto que mi voto será por la confirmación del fallo dictado por el Juez Correccional, Dr. Leonardo César Celsi.
El pago de la multa efectuado en sede administrativa no ha cercenado en el caso de marras la revisión judicial de la accesoria de inhabilitación para conducir, que le fuera impuesta al encartado Roberto Seitz por el término de dieciocho (18) meses (por haberlo hecho con alcoholemia positiva). En efecto, del resolutorio impugnado surge que se ha dado tratamiento el planteo de inconstitucionalidad que se presentó.
Así, el Magistrado Correccional siguiendo el criterio de esta Alzada respondió que la inhabilitación no resultaba irrazonable ni desproporcionada, en función de la gravedad de la falta cometida, indicando que si bien la ley federal prevé dicha penalidad solo para supuestos de reincidencia, la Provincia de Buenos Aires ha adherido a ella en forma parcial adoptado un régimen distinto (art. 1 Ley 13.927).
Debe agregarse que la validez constitucional de las normas debe ser presumida, resultando como "ultima ratio" de la labor judicial una declaración en contrario. De allí se deriva la exigencia de que la discordancia entre los principios fundamentales de la Constitución Nacional y las cláusulas normativas atacadas ha de ser manifiesta.
En ese orden de ideas la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico ("Silacci de Mage", L. 45.654, rtos. 28/5/91; en igual sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: E.D., 1-12, 10/2/1961). A su vez, el Alto Tribunal de la Provincia ha exigido como indispensable, para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional, la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquélla y éstas ("Playamar S.R.L.", I 1329, rtos. 10/12/92). Lo cual en el caso no se verifica.
El hecho que la Ley Nacional 24.449 prevea la accesoria de inhabilitación sólo en caso de ser reincidente en falta grave -dentro de un término de 2 años-, no implica que deba aplicarse ésta por sobre la Ley Provincial 13.927 que la dispone respecto de todo conductor que registre una tasa de alcohol en sangre superior a 500 miligramos.
Repárese que el aquí imputado registró una alcoholemia positiva de 1.58 miligramos de alcohol por litro de sangre, fijándose para este tipo de resultados en el art. 39 bis b) III de la mentada ley provincial, la pena accesoria de 18 meses de inhabilitación para conducir vehículos. Véase que la referida normativa reza, textual: Véase, textual surge de la norma: "b) ...La inhabilitación será aplicada conjuntamente con la sanción de multa en el caso que el infractor conduzca con una tasa de alcohol en sangre mayor a la permitida y el plazo de la inhabilitación será de:... III) Dieciocho (18) meses para el caso de que el infractor conduzca con una alcoholemia superior a los mil quinientos (1.500) miligramos por litro de sangre".
Se establece de tal modo la pena de multa e inhabilitación conjunta respecto a todo aquel conductor, aunque resulte primario, que registre una alcoholemia superior al margen exculpatorio establecido por ley. Es oportuno traer a colación los fundamentos de la Ley 15.002, que incorpora el art. 39 bis a la ley 13.927, donde surge que se ha incluido una modificación respecto del instituto de la reincidencia regulado en la Ley Nacional 24.449. Allí el legislador bonaerense ha dicho: "... El tercer y último eje de trabajo se centró en la incorporación al Capítulo IV del Título X de la ley, de un régimen propio de sanciones y reincidencia, que hasta ahora funcionaba como simple adhesión a la Ley Nacional N° 24.449. Esta propuesta establece un agravante en cuanto a la pena de inhabilitación prevista en la norma nacional, para el caso de aquellos infractores en estado de intoxicación alcohólica. La modificación consiste en que la inhabilitación para conducir sea de carácter obligatorio para los casos en que se haya cometido la falta grave de conducir en estado de intoxicación alcohólica, con una determinada escala acorde a la cantidad de alcohol consumido, e incluyendo una modificación al respecto en el Instituto de la Reincidencia regulado en la ley nacional, a fin de dar coherencia legislativa a la modificación que se plantea. Al propio tiempo introduce la sanción de suspensión de licencia temporaria o definitiva, ésta última por la comisión de faltas graves que pongan en riesgo la vida o la salud de las personas. En síntesis, se entiende que la modificación de la Ley N° 13.927 propiciada, jerarquiza el tratamiento e importancia de las sanciones a la Ley de Tránsito, que redunda en un beneficio concreto para la sociedad en su conjunto, generando un avance significativo en materia de seguridad vial, dando mayor certeza jurídica a los individuos y garantizando la obtención de una tutela judicial más justa y efectiva. Por último, cabe mencionar que las modificaciones propuestas han surgido y fueron consensuadas en rondas de consultas con organizaciones de familiares de víctimas de tránsito como así también con entidades de reconocida trayectoria e idoneidad del mundo de la empresa, la academia, la ciencia y el trabajo, comprometidas con la seguridad vial...".
De lo expuesto emerge que el legislador bonaerense acudió por vía constitucional hábil a una reacción que no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria, desprendiéndose de los fundamentos de la referida Ley 15002 las razones que nuestros representantes consideraron idóneas y eficaces para erradicar el grave peligro derivado de la conducción de vehículos en estado de alcoholemia positiva.
Por otro lado, si se hubiese tratado de un caso de reincidencia la sanción a aplicar no hubiese sido más favorable, pues en ese caso la sanción de multa se incrementaría -para la primera reincidencia en un cuarto, para la segunda en un medio, para la tercerea en tres cuartos y para las siguientes se multiplicaría el valor de la multa originaria por la cantidad de reincidencia menos dos (v. art. 39 ter inc. a)-; manteniéndose no obstante las escalas de inhabilitación previstas, específicamente, para este tipo de faltas en el art. 39 bis de la Ley Provincial 13.927.
En suma, considero que la pena accesoria de inhabilitación para conducir vehículos, impuesta al encausado por dieciocho 18 meses, resulta ajustada a derecho. Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales esta Alzada RESUELVE: Confirmar el fallo dictado por el Sr. Juez Correccional Dr. Leonardo César Celsi, en cuanto no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 bis de la Ley 13.927 y mantuvo la penalidad accesoria de inhabilitación para conducir vehículos aplicada a Roberto Ismael Seitz, por el plazo de dieciocho (18) meses, ello por resultar responsable de la infracción a los arts. 48 inc. a) y 77 m) Ley Federal 24.449, 1 y 39 bis inc. b III de la Ley Provincial 13.927., debiendo deducirse de dicho término el periodo en que la licencia de conducir estuvo retenida preventivamente. Todo ello en cuanto fuera materia de recurso por el encartado con el patrocinio letrado del Dr. Franco Natalio Bertolini. Rigen arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes. del CPP; 48 inc. a) y 77 inc. m) de la Ley Federal 24.449, conforme arts. 1 y 39 bis inc. b III de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927.
Regístrese. Notifíquese al referido abogado, mediante cédula electrónica, quedando a cargo del a quo la notificación al encartado. Devuélvase a origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2021 09:12:51 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 09:13:07 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 09:13:26 - ZARLENGA Marcelo Esteban - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia