Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34038
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución dictada con fecha 30 de diciembre de 2020 por la Juez en lo Correccional Jorgelina Camadro, en cuanto a su vez confirma la sentencia dictada por el Juez de Faltas Municipal Dr. José Luis Oteiza, e impuso a Julio Enrique Fleitas la sanción de multa de pesos ciento dos mil ochenta y ocho ($ 102.088), e inhabilitación por treinta (30) días hábiles para conducir vehículos automotores, ello por infracción al art. 1 y concordantes de la ordenanza 23.928, constatada el 31/1/2020;
2Tener presente la Reserva del Caso Federal. Todo ello en cuanto fue materia de recurso de apelación por la abogada patrocinante del encartado, Dra. Ana Marina Vaccarezza. (CN, 1, 14, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439 y cctes.; Decreto-Ley 8751/77; Ord. Mun. 21.055 y 23.928).
En la ciudad de Mar del Plata a los días del mes de marzo de 2021 se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 34.038 caratulados "FLEITAS, Julio Enrique. Apelación falta municipal", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces doctores Pablo Martín Poggetto y Raúl Alberto Paolini (art. 440 Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires).
Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Sra. Juez a cargo del Juzgado Correccional N° 1, Dra. Jorgelina Camadro, resolvió confirmar parcialmente el pronunciamiento dictado por el Juez de Faltas Dr. José Luis Oteiza. Confirmó en cuanto se condenó a Julio Enrique Fleitas por infracción a los arts. 1 y 2 de la Ordenanza n° 23.928 -transporte de personas sin habilitación- y resolvió al mismo tiempo declarar la inconstitucionalidad de los montos mínimos de multa previstos en la referida ordenanza, manteniendo la multa en el importe equivalente a cuatro sueldos del personal municipal a la fecha del hecho, e inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo automotor por el plazo de treinta (30) días hábiles. Ello de conformidad a los parámetros establecidos en la Ordenanza anterior, n° 21.055.
Contra el mentado pronunciamiento interpone recurso de apelación el encartado, con el patrocinio letrado de la Dra. Ana Marina Vaccarezza, disconformándose en base a los agravios que a continuación se pasan a exponer:
1. Atipicidad de la conducta en los términos de la ordenanza n° 23.928.
La letrada patrocinante parte de señalar que el transporte privado de personas utilizando aplicaciones, que sería reconocido en la ordenanza como una categoría distinta al remis, taxi, transporte escolar, etc., no se encuentra regulado específicamente por el Municipio de General Pueyrredón, con lo cual no puede pretenderse que alguien tenga una habilitación para un servicio que no está regulado.
2. No todo transporte de personas necesita habilitación -art. 1280 CCCN-.
Expresa que en el caso en cuestión se trata de un contrato de transporte en los términos del art. 1280 del CCCN, enfatizando que no se trata de un taxi "trucho", servicio de remís, vehículo escolar o de excursión. Tampoco, agrega, de un transporte privado en los términos en que ese servicio es entendido por el Municipio, de un servicio de auto rural ni de alguno cuya administración competa a la municipalidad.
Destacó, por otro lado, que en otras ciudades como en Mendoza se ha reglamentado el servicio de UBER, donde la falta de habilitación sí sería sancionable. Citó jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires donde se determina que UBER es legal e insiste que al no encontrarse regulado en Mar del Plata la conducta es atípica. 3- Carácter irrazonable, confiscatorio e inhumano de la sanción Ord. 23.928.
Alega que la sanción económica aplicada resulta ser desproporcionada y de carácter confiscatorio al tratarse de una condena de multa de $ 102.088 sumado a una accesoria de inhabilitación para conducir por 30 días. Además, expresó que la Juez Correccional declaró la inconstitucionalidad de la pena pero finalmente no la redujo. Señaló que en al menos 5 fallos recientes de esta misma jurisdicción se ha llegado a reconocer esa desproporción, sustituyéndose las penas de multas impuestas por cursos de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.
Peticiona como corolario que se revoque la sentencia impugnada, absolviéndose a su representado Julio Enrique Fleitas. Formula Reserva del Caso Federal.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo:
Tras haber analizado detenidamente las constancias de este expediente, el fallo dictado por la Juez Correccional Dra. Camadro, en cuanto resolvió mantener el pronunciamiento administrativo del Juez de Faltas Dr. José L. Oteiza, y los motivos de agravio formulados por la abogada del imputado -Dra. Ana Marina Vaccarezza-, anticipo que no haré lugar a los mismos y que mi voto será por la confirmación de la condena de multa e inhabilitación, que le ha sido impuesta al encartado Julio Fleitas, por haber prestado servicio de transporte con vehículo sin habilitación municipal. I- Las presentes actuaciones contravencionales tienen su origen en el acta N° 704564, confeccionada por personal de la Dirección General de Transporte de la Municipalidad de General Pueyrredón, División Contralor, donde se constató que el día 31 de enero de 2020 en Av. Independencia a la altura del numeral 3151 de esta ciudad de Mar del Plata, siendo las 13:40 horas, el imputado Julio Enrique Fleitas prestó servicio de transporte de personas -UBER- con vehículo sin habilitación.
Producto de ello se atribuyó a Julio Fleitas la infracción a los arts. 1 y 3 de la Ord. 23.928, que prevén: "Artículo 1º Establécese que la sola prestación del servicio de transporte de personas con vehículo sin habilitación municipal, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar al secuestro del vehículo y para su conductor la imposición de una multa graduable entre diez (10) y cincuenta (50) sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir automotores por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida..." y "Artículo 3º El servicio de transporte al que alude el artículo 1º comprende la modalidad de taxi, remise, transporte escolar, servicio de excursión, auto rural, transporte privado de personas, transporte entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital, utilizando un dispositivo móvil y/o un sistema de posicionamiento global y todo otro servicio cuya organización y autorización compete a la Municipalidad cualquiera fuere la modalidad y/o medio de pago utilizado para su contratación". El resaltado en negrita me pertenece.
La defensa no ha discutido la materialidad del hecho ciñéndose sus agravios a la atipicidad de la conducta en los términos de la referida ordenanza, bajo el argumento que el transporte de personas mediante la utilización de la plataforma UBER no es una actividad que se encuentre específicamente regulada por el municipio, encontrándonos ante un contrato privado (art. 1280 del Código Civil y Comercial).
II. No encuentro dudas que el transporte de personas mediante el uso de aplicaciones móviles, como lo es UBER, sí se encuentra comprendido en la normativa endilgada, véase que la Ordenanza abarca: "...el transporte entre dos puntos fijos contratado a través de una plataforma y/o aplicación tecnológica y/o digital, utilizando un dispositivo móvil y/o un sistema de posicionamiento global y todo otro servicio cuya organización y autorización compete a la Municipalidad".
El hecho de que no se haya reglamentado por el momento la actividad de UBER, como alega la defensa, es una cuestión que no es requisito previo para la tipicidad o posibilidad de aplicar la sanción (resultando ello una cuestión administrativa que excede la competencia de esta Alzada), pues en definitiva la actividad aún así resulta abarcada por la prohibición contravencional, al tratarse de un servicio de transporte de personas sin la correspondiente autorización municipal.
Esta Alzada ya se ha pronunciado respecto de similar cuestionamiento, entre otras, en causa c. 32.368 "VILCHEZ DIAZ, Manfre Adinson. Apelación falta municipal " allí se ha dicho: "No puede negarse que se trata de un servicio de transporte de personas de acceso público, por cuanto cualquier persona a través de un dispositivo móvil e Internet puede solicitarlo, lo cual lo convierte en uno de incumbencia social y respecto del cual el Estado tiene la potestad en ejercicio del Poder de Policía de imponer límites y restricciones a su desempeño exigiendo una habilitación previa. Ello, en razón de adoptarse mayores precauciones con aquellos sujetos que ofrecen un servicio de transporte a la Comunidad, tanto por la verificación del vehículo con lapsos menores (VTV), como por la contratación de un seguro de tipo comercial y la exigencia de una licencia de conducir profesional, entre otros. Estos recaudos son requisitos previos para la obtención de una habilitación municipal, y más allá de que se encuentren algunos abastecidos o no (en el caso, se observa que posee licencia de conducir profesional y seguro), lo cierto es que se ha vedado la posibilidad de control previo de la actividad, y tal omisión trae como consecuencia la imposición de una sanción, prevista por la Ordenanza n° 21.055. Todo lo señalado obsta a considerar que se trate de un contrato privado de transporte contemplado por el Código Civil -art. 1280- que esté fuera del ámbito de incumbencia de la Municipalidad, en tanto si bien es innegable que aquél es un contrato entre el transportista y el pasajero, ambas cuestiones no son excluyentes".
Corresponde recordar que el ejercicio de los derechos se encuentra sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 18 de la CN), y que las Comunas poseen la potestad reglamentaria en virtud de la autonomía municipal (art. 123 de la CN).
Tampoco cabe analizar la postura adoptada por otros municipios, ni tampoco la de otras ciudades, puesto que excede el ámbito de competencia de esta Alzada.
III. Habiendo brindado respuesta a lo anterior resta tratar el agravio relacionado al monto de la multa aplicado -de pesos $ 102.088- e inhabilitación para conducir vehículos automotores por el término de 30 días hábiles administrativos.
Con respecto a este punto he de señalar que la penalidad ha sido fijada por el Juez de Faltas, luego mantenida por la Juez Correccional, conforme los parámetros establecidos en la Ordenanza 21.055, que regía con anterioridad a la 23.928, en el equivalente a cuatro (4) sueldos mínimos del personal municipal al momento del hecho y en treinta (30) días hábiles administrativos de inhabilitación para conducir.
Cabe señalar que la Ordenanza actual 23.928 establece penas más elevadas que pueden oscilar entre "...diez (10) y cincuenta (50) sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir automotores por el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme y consentida". Y más allá que la sanción en ningún momento se estableció en orden a estos parámetros la Juez Correccional consideró oportuno declarar la inconstitucionalidad de las penas allí previstas y mantener el quantum de sanción conforme lo había determinado el Juez de Faltas.
Por lo tanto, considero que la sanción impuesta no deviene irrazonable, confiscatoria e inhumana, al haber sido fijada en el mínimo legal y conforme la normativa que regía con anterioridad (Ord. 21.055), guardando proporción con la entidad de la infracción cometida y con la afectación al bien jurídico allí protegido.
Por lo expuesto, propongo al acuerdo se confirme la sentencia en su totalidad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales esta Alzada RESUELVE: 1) Confirmar la resolución dictada con fecha 30 de diciembre de 2020 por la Juez en lo Correccional Jorgelina Camadro, en cuanto a su vez confirma la sentencia dictada por el Juez de Faltas Municipal Dr. José Luis Oteiza, e impuso a Julio Enrique Fleitas la sanción de multa de pesos ciento dos mil ochenta y ocho ($ 102.088), e inhabilitación por treinta (30) días hábiles para conducir vehículos automotores, ello por infracción al art. 1 y concordantes de la ordenanza 23.928, constatada el 31/1/2020; 2) Tener presente la Reserva del Caso Federal. Todo ello en cuanto fue materia de recurso de apelación por la abogada patrocinante del encartado, Dra. Ana Marina Vaccarezza. (CN, 1, 14, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439 y cctes.; Decreto-Ley 8751/77; Ord. Mun. 21.055 y 23.928).
Regístrese. Notifíquese a la Dra. Vaccarezza, mediante libramiento de cédula electrónica, quedando a cargo del a quo la notificación al encartado. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:27:33 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:27:53 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2021 09:28:14 - ZARLENGA Marcelo Esteban - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia