Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Decretar la nulidad del fallo impugnado, obrante a fs. 16/18 , por haber sido dictado violentando la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional Argentina) y II- devolver las actuaciones a fin que un nuevo Juez hábil proceda con el trámite, previa notificación al imputado de su derecho a designar un letrado patrocinante de su confianza, y ante la falta de éste dar intervención a la Defensoría Oficial. Rigen los arts. 18 de la Constitución Nacional Argentina; 60, 201, 439, 440 y concordantes del Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires.
En la ciudad de Mar del Plata a los días del mes de febrero de 2020 se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 33.859 caratulados "MARAUDE, Fernando. Apelación de contravención de tránsito", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces doctores Raúl Alberto Paolini y Pablo Martín Poggetto (art. 440 Código de Procedimiento Penal de la Pcia. Bs. As.).
Con fecha 14 de agosto de 2020 la Sra. Juez Titular del Juzgado Correccional N° 2 departamental, Dra. Ana María Fernández, resolvió confirmar la resolución dictada en sede administrativa, por el Juez Municipal Dr. Pedro V. López Martucci, en cuanto condenó a Fernando Maraude al pago de multa de pesos dieciocho mil ($ 18.000) y accesoria de inhabilitación para conducir por el termino de dieciocho (18) meses, ello por haberlo hecho con alcoholemia positiva punitiva (1,76 g/l). Falta que habría sido verificada en esta Ciudad de Mar del Plata el 24 de mayo del 2020, encuadrada en los términos de los arts. 48 inc. "a" y 77 inc. "m" de la Ley 24.449.
Contra el mentado pronunciamiento interpone recurso de apelación el Dr. Juan Ignacio Marceillac, en carácter de Defensor Particular, disconformándose de lo resuelto en base a los agravios que resumidamente se pasan a exponer:
a) Afectación al derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional).
Indicó que frente al tibio ensayo de la defensa material del imputado no se lo intimó para que designara a un defensor, bajo apercibimiento de asignarle uno Oficial, y así garantizar el irrestricto ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Expresa que tal falencia resulta evidente del pobre y escueto relato recursivo presentado por el encartado. Solicita en este sentido que se declare la nulidad de todo lo actuado y se remitan las actuaciones al Juzgado Correccional que siga en orden de turno, por haber emitido la Dra. Fernández opinión sobre el fondo de la cuestión.
Por otro lado señaló que el Juez de Faltas no ordenó la producción de la prueba ofrecida en el descargo, a la vez que tampoco ha explicado o dado argumentos del por qué de ese rechazo. Además criticó que el Juez administrativo haya hecho referencia a la valoración de la prueba aportada, cuando en verdad no las proveyó.
b) Violación de los principios de “razonabilidad” y “proporcionalidad”.
Sobre el punto argumenta que no surge de ninguna de las constancias de autos que el encartado presente antecedentes penales, y/o resulte reincidente en la comisión de faltas vinculadas con la alcoholemia. Además argumenta que no puede pasarse por alto que el bien jurídico protegido en la normativa endilgada es la “Seguridad Pública”, encontrándonos frente a una “infracción de deber de cuidado”. Y que al compararlo con la circunstancia de haberse producido un accidente, del que resultara la muerte de una persona, en ese caso, la inhabilitación sería de cinco años asomando como manifiestamente desproporcionada a la prevista por la normativa de tránsito.
c) Nulidad formal del acta de constatación. Alegó las siguientes falencias:
1. Falta de correlación entre el nombre del presunto infractor y el sindicado en las sentencias del Juez de Faltas y del a quo., 2) No está acreditada la homologación del alcoholímetro., 3) Vaguedad de la identificación del lugar de la infracción (LOS ROBLES Y RUTA 2), haciendo foco en la competencia y jurisdicción del Inspector municipal de tránsito que labró la infracción., 4) Ausencia de indicación de que se haya señalizado y balizado el sector., 5) Acta ilegible no pudiéndose saber cuál es la naturaleza y circunstancia en la que se habría producido el supuesto hecho punible y 6) No se consignó un testigo tal cual lo prevé el art. 38 inc. “d” del D.L. 8751/77.
d) Formula Reserva del Caso Federal (art. 14 Ley 48).
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo:
Advirtiendo que el imputado Fernando Maraude ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria del Juzgado N° 3 del Tribunal Municipal de Faltas Departamental, huérfano de una asistencia técnica que lo represente, adelanto que corresponderá decretar la nulidad de la sentencia dictada en sede judicial, así como también la de todos los actos que resulten su consecuencia.
En efecto, de una simple lectura del recurso obrante a fs. 14 surge que ha sido presentado por derecho propio, suscripto sólo por el encartado Fernando Maraude, sin constancia alguna de patrocinio letrado. Si bien esa falencia pudo ser subsanada oportunamente por el a quo, al abrir su jurisdicción, anoticiando al nombrado respecto de su derecho a designar un letrado particular de su confianza y a falta del mismo dar intervención a la Defensa Pública, cierto es que ello no ha sido así.
En consecuencia, resultando ineludibles en sede judicial los presupuestos de la defensa en juicio, particularmente, el asesoramiento letrado, no queda otro camino que la declaración de nulidad de la sentencia dictada por la Juez Correccional y la de todos los actos subsiguientes, correspondiendo ordenar la intervención de un nuevo Juez hábil que, previo continuar con el trámite de la causa, deberá notificar al imputado de su derecho a designar un letrado de su confianza, y ante la falta de éste dar intervención a la Defensoría Oficial, lo que así propongo al Acuerdo.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales esta Alzada RESUELVE: I- DECRETAR LA NULIDAD del fallo impugnado, obrante a fs. 16/18 , por haber sido dictado violentando la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional Argentina) y II- DEVOLVER las actuaciones a fin que un nuevo Juez hábil proceda con el trámite, previa notificación al imputado de su derecho a designar un letrado patrocinante de su confianza, y ante la falta de éste dar intervención a la Defensoría Oficial. Rigen los arts. 18 de la Constitución Nacional Argentina; 60, 201, 439, 440 y concordantes del Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2021 08:40:59 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2021 08:41:13 - POGGETTO Pablo Martin
Funcionario Firmante: 10/03/2021 08:41:28 - ZARLENGA Marcelo Esteban - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia