Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 422, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. Confirmar la resolución impugnada en todo cuanto dispone y fuera materia de agravio.
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 157, 209, 210, 323, en sentido contrario, 337, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Causa N° 43123
(IPP N°13-01-022386-24/00)
"J.M.V. s/ inc. ap. elevación a juicio concedida"
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular, R.A.S., contra el auto dictado por el titular del juzgado de garantías N°7 departamental en el marco de la IPP N°13-01-022386-24/00, y;
A la cuestión planteada, el juez Pablo G. Barbieri dijo:
1. En primer término, cabe destacar que el recurso interpuesto es tempestivo y quien lo ha presentado posee derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas en los arts.421, 422, 433, 439, 441 y 442 del CPP.
2. Ahora bien, las presentes actuaciones llegan a mi conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto dictado por el titular del juzgado de garantías N°7 departamental, Gustavo Alejandro Mora, quien resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento formulado en favor de Gastón J.M.V. y, en consecuencia, elevar a juicio la presente causa que se le sigue en orden a los delitos de tenencia con fines inequívocos de distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en concurso real con tenencia de representaciones de menores de 13 y 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales (arts. 55 y 128, segundo, tercero y quinto párrafos del CP).
En el presente caso el juez garante tuvo por acreditado:
"HECHO 1: Que en el periodo de tiempo comprendido entre el día 20/07/2024 y el día 01/09/2024 y desde la conexión a Internet asignada al domicilio en calle 102 N° XXX de la localidad y partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, una persona identificada como J.M.V. tuvo en su poder con fines inequívocos de distribución tres (3) archivos multimedia correspondiente a representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explicitas y de su partes genitales con fines predominantemente sexuales, mediante el almacenamiento en la cuenta Google Fotos registrada con nombre Juan V. fecha de nacimiento 29/09/1997, abonado telefónico vinculado XXX y correo electrónico asociado XXX".-
HECHO 2: Que en fecha 12/03/2025 alrededor de las 19:15 horas J.M.V. tuvo en su poder trecientos noventa (390) archivos multimedia que contienen representaciones de menores de 13 y 18 años de edad dedicados a actividades sexuales explicitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, que se encontraron resguardados en el disco solido de la marca Western Digital modelo: WDC WDS240G2G0A-00JH30, numero de serie: 203002A008FC con capacidad de almacenamiento de 240 GB, perteneciente al CPU de color negro marca SOLORMAX. Dicha conducta se vio acreditada en oportunidad de ejecutarse la orden de allanamiento, requisa y secuestro emanada por el Sr. Juez Martin Miguel Nolfi a cargo del Juzgado N°. 7 de Quilmes, respecto del domicilio de calle 102 N°XXX de la ciudad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires"
Sostuvo que los elementos de convicción reunidos bastan para tener por acreditada, con la provisoriedad exigida en la etapa procesal que transcurre, la materialidad ilícita de los eventos investigados, la participación del encartado en los mismos, por lo que rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa ante la instancia de origen.
Encuadró los hechos imputados a V., en principio, como constitutivos de los delitos de tenencia con fines inequívocos de distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en concurso real con tenencia de representaciones de menores de 13 y 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales (arts. 55 y 128, segundo, tercero y quinto párrafos del CP).
3. Por su parte, el impugnante se agravió de lo resuelto por considerar, en líneas generales, que el pronunciamiento carece de debida fundamentación (arts. 171 de la Constitución Provincial y 106 del Código Procesal Penal).
Sostuvo que el magistrado se limitó a adherir al dictamen fiscal invocando razones de brevedad, omitiendo un análisis propio de los hechos y de la doctrina legal aplicable, lo que a su criterio vulnera exigencias de raigambre constitucional.
En segundo lugar, objetó la calificación legal asignada y la valoración probatoria efectuada respecto del dolo específico de distribución del material prohibido.
Argumentó que no se encuentra acreditado fuera de toda duda razonable que su asistido tuviera el material almacenado en su cuenta de Google Fotos con fines inequívocos de distribución, señalando que el juez basó su conclusión en meras presunciones sin explicar razonadamente su inferencia.
Asimismo, destacó que el juez omitió valorar conforme a las reglas de la sana crítica el informe pericial que demostró que los archivos permanecieron alojados en el ordenador durante meses sin movimiento alguno, circunstancia que a su entender descarta toda intención de difusión.
Sobre esa base remarcó que la conducta debió encuadrarse, eventualmente, en la figura de tenencia simple prevista en el artículo 128 del Código Penal, aunque afirmó que tampoco ha quedado demostrada una actuación dolosa por parte del imputado.
Finalmente, mantuvo la reserva del caso federal al sostener que la figura penal atribuida a su asistido, en los términos del artículo 128, segundo párrafo, del CP, resulta inconstitucional, por considerar que la punición de la mera tenencia vulnera el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y carece de proporcionalidad y racionalidad punitiva en relación con la culpabilidad y el disvalor del injusto.
En consecuencia, solicitó que se revoque la resolución impugnada, se reencuadre el hecho en el primer párrafo del artículo 128 del Código Penal y se disponga el sobreseimiento de V..
4. Centrada de tal modo la cuestión a resolver, cabe adelantar mi opinión en cuanto a que el recurso interpuesto no será acogido favorablemente.
4. 1. Primeramente, debo señalar que, más allá de que el recurrente no comparta el criterio adoptado por el juez garante en el auto impugnado, de la lectura del mismo se desprende que se ha efectuado una valoración que permite seguir el camino lógico por el cual se arribó a la conclusión plasmada.
Así, entiendo que la mera discrepancia de la parte respecto de la valoración efectuada sobre los elementos obrantes en la causa no alcanza para descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (art. 171 de la Constitución Provincial y art. 106 del CPP).
4. 2. Despejado lo anterior, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad formulado nuevamente por la defensa respecto a la tenencia simple del Material de Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (art.128, segundo párrafo, del CP), ya analizado por el juez de la instancia, adelanto que el mismo no habrá de prosperar.
En efecto, la defensa se ha limitado a invocar la presunta afectación de la garantía contemplada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, sin precisar cuál sería, en el caso concreto, la disposición cuya validez constitucional cuestiona, ni explicar de qué modo su aplicación vulneraría la garantía constitucional invocada.
Es que no basta, para habilitar un pronunciamiento de la naturaleza pretendida, con la mera invocación de una norma constitucional o con la afirmación genérica de que determinada disposición afecta derechos y garantías de raigambre constitucional.
En tal sentido, cabe recordar que la Suprema Corte provincial ha sostenido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico (autos "Silacci de Mage", L. 45.654, res. 28/05/91).
En esa misma línea se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo que la declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad, al que debe recurrirse como la última ratio del orden jurídico, y que inclusive en caso de duda debe estarse a su constitucionalidad. Solo debe acudirse a aquella cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable. Es por ello que los tribunales de justicia deben imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosos en el uso de sus facultades como del respeto que la Ley Fundamental asigna, con carácter privativo a los otros poderes (fallos 307:531; 312:72; 314:424; 285:322; 242:73; 285:369; 300:241, 327:5723; entre otros).
Así entonces, todo intento tendiente a deslegitimar la validez constitucional de una norma impone a quien lo pretende el deber de demostrar con claridad de qué manera la ley que se cuestiona contraría la Constitución Nacional y cuál sería el perjuicio efectivamente irrogado (Fallos 332:5).
Por consiguiente, ante la ausencia de una fundamentación concreta y suficiente que permita establecer la existencia de una efectiva incompatibilidad constitucional en el caso sometido a decisión, corresponde rechazar el planteo efectuado por resultar formalmente improcedente.
4.3. Descartado el planteo de inconstitucionalidad y más allá de los agravios expuestos por la defensa en su recurso, entiendo que los elementos de convicción reunidos permiten sostener razonablemente la existencia de " causa probable " para habilitar el avance de las actuaciones hacia la etapa de juicio oral (conf. art. 337, en función del art. 157, ambos del CPP).
En primer lugar, corresponde destacar que no se encuentra controvertida en esta instancia la existencia del material ilícito objeto de imputación, sino que el recurrente circunscribe su agravio a cuestionar, por un lado, la concurrencia del tipo subjetivo doloso en la tenencia del material prohibido atribuida al encartado.
Analizando los elementos de convicción reunidos en autos, debo ponderar que del Reporte CyberTipline Nº 198522558, correspondiente al servicio Google Fotos, surge la detección de tres (3) archivos multimedia con Material de Abuso Sexual Infantil alojados en dicha plataforma (adjuntos a las piezas digitales E13000011924136 del 30/12/2024 y E13000012046902 del 14/02/2025).
Asimismo, la prestadora del servicio de Internet informó que las conexiones IP registradas al momento de la manipulación de los archivos denunciados fueron asignadas al cliente J.M.V. (DNI N.º XXX) en el domicilio sito en calle 102 N.º 446 de Berazategui (E13000011923355 del 30/12/2024).
A dicho cuadro probatorio se suma el resultado del procedimiento de allanamiento, requisa y secuestro practicado en el domicilio del imputado (E13000012141016 del 14/03/2025), mediante el cual se incautaron en su poder un teléfono celular marca Redmi Note, modelo 13 Pro Lavender (IMEI N.º 1: 860321071201767 y N.º 2: 860321071201775), con chip de la empresa Claro N.º XXX correspondiente al abonado XXX, y un disco sólido marca Western Digital, modelo WDC WDS240G2G0A-00JH30, número de serie 203002A008FC, con capacidad de almacenamiento de 240 GB, perteneciente al gabinete/CPU de color negro marca SOLORMAX que se encontraba a su disposición.
Lo expuesto se complementa con los informes periciales practicados sobre los dispositivos secuestrados (E13000013440783 del 26/03/2026 y E13000013865238 del 16/07/2026), los cuales permitieron hallar archivos multimedia con Material de Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes.
Específicamente, en el disco sólido marca Western Digital del equipo SOLORMAX se constataron registros de la cuenta de usuario vinculada a dicho dispositivo bajo el nombre XXX, además de registros asociados al abonado telefónico XXX.
En este marco, contrariamente a lo alegado por la defensa, el elevado volumen de archivos almacenados, sumado a su resguardo en cuentas personales y soportes informáticos vinculados directamente a la identidad, línea telefónica y usuario del encausado, pone en evidencia, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, el conocimiento que este tenía sobre la existencia de dicho material en su poder, descartando por el momento hipótesis de desconocimiento o tenencia accidental.
En ese marco, soy de la opinión de que los planteos de la defensa en torno a la ausencia del elemento subjetivo (dolo) deben ser dirimidos en el juicio oral, ámbito propio donde, bajo los principios de inmediatez, contradicción, concentración, continuidad y celeridad, podrá valorarse integralmente la prueba, confrontarse las versiones y esclarecerse de manera definitiva lo sucedido, conforme a lo previsto por el artículo 337 y concordantes del CPP.
Por ello, considero que el pase a juicio dispuesto se ajusta a las exigencias contenidas en la normativa procesal vigente (art. 337 del CPP, en función de los arts. 157 y 210 del mismo cuerpo legal), encontrándose centrado en el control de legalidad y razonabilidad de la acusación, es decir, en la concurrencia de supuestos que justifican la apertura del juicio.
4.4. Despejado lo anterior y en relación con el planteo subsidiario formulado por la defensa tendiente a modificar el encuadre legal asignado para excluir la ultrafinalidad de distribución (art. 128, tercer párrafo, del CP), cabe señalar que las previsiones del art. 23, inc. 5, del Código Procesal Penal, en cuanto limitan la revisión de la calificación jurídica en esta instancia a los supuestos vinculados con la libertad personal de los imputados, deben interpretarse con criterio amplio, admitiendo su abordaje aun fuera de ese estricto marco cuando se invoque o advierta que la mutación típica puede proyectarse sobre la operatividad de algún instituto procesal o sustantivo.
Así las cosas, en el presente caso, no se advierte, ni tampoco lo ha señalado la defensa en su impugnación, que el cambio de la calificación jurídica atribuida a los hechos imputados pueda conllevar, en este momento procesal, algún efecto jurídico que incida sobre la libertad física del encartado o sobre sus posibilidades de acceder a algún instituto menos restrictivo, toda vez que este se encuentra transitando el proceso en libertad.
En consecuencia, descartados que fueron los cuestionamientos de la defensa, propongo al Acuerdo confirmar la resolución del juez garante en todo cuanto dispone y fuera materia de agravio.
Así lo voto, por ser tal mi sincera convicción.
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 157, 209, 210, 323, en sentido contrario, 337, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
A la misma cuestión planteada, el juez Alejandro Cascio dijo:
Comparto los fundamentos brindados por mi colega en el voto que antecede, al que adhiero en su totalidad.
Así lo voto , por ser tal mi sincera convicción.
Por ello, esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes;
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso interpuesto por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos oportunamente (arts. 421, 422, 433, 439, 441 y 442 del CPP).
II. CONFIRMAR la resolución impugnada en todo cuanto dispone y fuera materia de agravio.
Rigen los arts. 21, inc. 1, 106, 157, 209, 210, 323, en sentido contrario, 337, 421, 433, 439, 440, 441, 442, 443 y cctes. del CPP.
Regístrese y notifíquese.
Firmas
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: CASCIO Alejandro - JUEZ
Funcionario firmante: MEISZNER Florencia Silvia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1404-2026
Fin de la sentencia