Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el auto recurrido de fecha 03 de noviembre de 2026, en cuanto resolvió convertir en prisión preventiva la detención de N D S por considerarlo, prima facie , autor penalmente responsable de los hechos calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad, todos ellos en concurso real entre si,(cfr. arts. 55, 119 tercer párrafo, en función del cuarto párrafo incs. b) y f) del Código Penal de la Nación), de conformidad con los motivos expuestos en el considerando que antecede.
Rigen los arts. 106, 148, 151, 157, 158, 171, 209, 210, 439, 440 y cctes. del C.P.P.
Causa nro.
IPP:
"N S
S/ PRISIÓN PREVENTIVA.-
En Quilmes;
Para resolver el recurso de apelación interpuesto, en tiempo y forma, por Diego Gonzalvez, Defensor Particular, contra el auto dictado con fecha 3 de noviembre de 2026;
En primer término, el Sr. Juez, Mario Daniel Caputo dijo:
Que vienen las presentes actuaciones a nuestro conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial del imputado N D S, contra el auto dictado por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 5 Deptal., Julián Busteros mediante el cual resolvió decretar la prisión preventiva del nombrado, por considerarlo, prima facie , autor penalmente responsable de los hechos calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad, todos ellos en concurso real entre si (cfr. arts. 55, 119 tercer párrafo, en función del cuarto párrafo incs. b) y f) del Código Penal).
La defensa centró su primer agravio en la valoración que el a quo hizo de la imputación por abuso sexual con acceso carnal y sostuvo que el magistrado la consideró suficientemente sustentada sin analizar de manera integral el cuadro de cargo existente,
En tal sentido, señaló que -a su juicio- la denuncia de la madre presenta contradicciones respecto de los dichos de la menor en Cámara Gesell.
Remarcó que la menor no habló de haber sido penetrada o manoseada, y que el reconocimiento médico no puso de relieve lesiones compatibles con un abuso.
También hizo hincapié en que la menor declaró los abusos sufridos en un orden de tiempo y duración que tampoco encontrarían respaldo en la denuncia de su madre, ya que esta última destacó que ella creía que los hechos se produjeron hasta alrededor de los 8 años de su hija, siendo que la víctima narró un primer episodio entre sus 4 y 5 años, que luego hubo un período de interrupción, y que las agresiones volvieron a surgir a sus 7 años; siendo que luego relató hechos entre sus 8 y 9 años hasta la actualidad.
A partir de ello destacó lo que emerge de la pericia psicológica llevada a cabo a propuesta de la defensa, y lo que su defendido puso de relieve en su descargo; siendo que su juicio, la pericia de en cuestión evidencia que los hechos carecen de nitidez en su relato, y que el encartado negó rotundamente los hechos, describiendo que es muy improbable que suceda lo denunciado en función de la dinámica de la casa y la cantidad de gente que la habita, dado que nunca estaban solos.
Agregó que el encartado también expuso que no sabe por qué su hija miente así, y que su relato es muy confuso, debiéndose reparar en que su madre ya ha denunciado a más personas por abuso sexual y que ello lo acreditará en los audios que se aportaron, donde distintas personas dan cuenta de ello.
Por último destacó que la menor refirió el último hecho sucedido el día 28 de enero de este año, y que siendo tan reciente debería tenerlo más presente, cuando en rigor de verdad, la víctima describió que se día estaban festejando el cumpleaños del imputado, siendo que S cumplió años el 10 de enero y lo festejó el 11, tildando esta cuestión como una rotunda inconsistencia del relato.
Y con todo ello postuló que los hechos se cimientan en relatos falsos, correspondiendo así el dictado de la falta de mérito de su defendido.
Por otro lado, cuestionó la fundamentación del peligro de fuga y alegó que el a quo lo sustentó principalmente en la pena en expectativa y en la gravedad de los hechos, e incluso en la natural tendencia de las personas a preservar su libertad.
En esta línea, marcó que los peligros procesales no pueden presumirse a partir de consideraciones generales y que deben apoyarse en circunstancias concretas e individualizadas e hizo referencia a que su asistido carece de antecedentes penales y que nada indica que no quiera someterse al proceso, siendo que por el contrario se presentó y se mantuvo a derecho siempre.
Citó doctrina y jurisprudencia relativa al tópico, haciendo hincapié en cuanto a que la regla es la libertad durante la sustanciación del proceso, culminando su tanda de argumentos en este sentido sosteniendo que, a su juicio, la medida de coerción luce arbitraria a la luz de los parámetros que puso de resalto.
Finalmente se agravió del traslado ordenado por el juez de garantías, respecto de su defendido a una unidad carcelaria, manifestando que para que no se agraven las condiciones de detención del imputado, el mismo no deberá ser alojado junto a personas que ya estén condenadas, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de inocencia (art. 18 CN).
Centrados que fueron los reclamos del apelante, señalo que, según mi criterio, el recurso de apelación debe ser rechazado.
En primer término conviene recordar que el juez de grado tuvo por acreditado los siguientes hechos: "...en reiteradas oportunidades entre el transcurso los años 2017 y el año 2026, un masculino mayor de edad identificado como S N D, (nacido el 10/01/1986), abusó sexualmente de su hija M N S (nacida el 12/09/2013) entre sus 4 a 13 años de edad, obligando a la niña a que le haga sexo oral, siendo el último episodio el 28 de enero de 2026, aprovechando la convivencia preexistente que mantenía con la niña en el interior del domicilio XXX, momentos que ejercía su guarda, por ser su hija (cf. artículo 157 inciso 1° y 210 del Código Procesal Penal). ..." (ver fallo apelado)
Ahora bien, coincido con el juez de grado en la ponderación probatoria efectuada y por eso la acompañaré, dado que se exhibe ajustada a las constancias reunidas hasta el momento y conforme a los parámetros de valoración exigidos por nuestro ordenamiento (arts. 209 y 210 del CPP).
En efecto, a mi modo de ver, contrariamente a los que sostiene la defensa, la imputación directa formulada por la víctima resulta suficientemente precisa y circunstanciada, habida cuenta del contexto de vulnerabilidad en que se encontraba al momento de los hechos que denuncia, del vínculo que guarda con el encartado (padre e hija) y del ámbito privado en que ocurrieron.
Nótese, además, que el agravio volcado por el recurrente sobre las presuntas contradicciones e inconsistencias del relato de la víctima en contraste con la denuncia de la madre, cae por su propio peso a partir de la lectura del fallo apelado, la evaluación correctamente efectuada por el juez de grado de dichos elementos en comunión con el resto del plexo probatorio, y del análisis integral de los elementos de prueba hasta aquí reunidos en el expediente.
Esto así toda vez, que lejos de ser contradicciones, las diferencias que pueden advertirse entre la denuncia y los hechos que la menor relató en Cámara Gesell, hoy, a esta altura del proceso, resultan ser insustanciales y no presentan ningún tipo de incongruencia en lo que han puesto de relieve respecto de la imputación que se ha cursado sobre S.
Resulta claro que lo que la menor pueda narrarle a su madre, y lo que esta pone de relieve al volcarlo en la denuncia, puede ser impreciso en aspectos de temporalidad en cuanto a los días en que los hechos hayan sucedido; o así también en cuanto a los detalles de lo vivenciado; siendo que lo que importa salvaguardar -siempre- es la consistencia del relato de la menor frente a los profesionales intervinientes (médicos y peritos), que logran dejar asentado cual es la naturaleza de los eventos que la menor pone en palabras y el nivel de credibilidad que registra su narración; siendo que en el caso en concreto resulta inequívoco que en Cámara Gesell señaló a su padre como un agresor sexual que le practicó abusos de forma sistemática desde su 4 años hasta el presente en distintas formas y oportunidades.
Vale destacar que, en ocasión del informe previsto por el Art. 102 bis del C.P.P, la perito que entrevistó a la menor previo a la celebración de la Cámara Gesell dio cuenta que: "M se encontraría ubicada en tiempo y espacio, con consciencia de situación, acorde a su edad psicoevolutiva. Su modalidad discursiva sería adecuada para su edad cronológica, su nivel de instrucción y grupo socio cultural de pertenencia, con lenguaje claro y preciso"
En ese orden, cabe que consigne que no existen motivos válidos para descreer de ese relato, importando poner de resalto que en el fallo en crisis emerge lo que la niña adujo durante la entrevista, importando recordar que precisó como fueron los abusos durante su infancia entre sus 4 y 8 años siempre que su madre no estaba en la casa y que la última agresión fue en enero de este año, cuando festejaban el cumpleaños de S, momento en que "... en el baño de la vivienda mientras el resto de los invitados se encontraba festejando en el sector del patio (...) dentro del sanitario (...) debió arrodillarse y chuparle sus partes íntimas (...) que no le contó lo sucedido a nadie durante años por temor (...) para no arruinarle la vida a el (...)por el profundo temor que le tenía al imputado, a quien describe como una persona muy violenta que solía relatarle historias agresivas de su juventud..." (ver fallo apelado).
Así las cosas, entiendo que, al menos a esta altura, las inconsistencias denunciadas por la parte recurrente no aparecen evidenciadas, dado que, como ya he puesto de relieve, el relato de la menor se compadece en lo sustancial con la denuncia de su madre; y por el momento, el descargo del imputado no genera ningún tipo de modificación en la ponderación que merece este cuadro de cargo que pesa en su contra.
Finalmente, considero que no se encuentra demostrado de momento el agravio relativo al alojamiento del encartado en el Servicio Penitenciario junto a detenidos que revistan la condición de condenados, ni es este el instituto propio -eventualmente- para analizar tal cuestión.
Por ello, esta ponderación de los elementos, valorado de manera conjunta y bajo el prisma del grado de provisoriedad propio de esta etapa procesal, permite tener por configurado un cuadro de cargo suficiente para sostener la presunta autoría del imputado, conforme lo exigen los arts. 157 y 158 del CPP.
En lo que respecta a los peligros procesales, tampoco asiste razón a la defensa, dado que la medida cautelar cuestionada fue cimentada y justificada por el juez de grado en la necesidad de neutralizar el riesgo de elusión, derivado de la gravedad del hecho imputado evaluado en comunión con la magnitud de la pena que podría corresponder como resultado del proceso.
Todo aquello, considerando que esa pena parte de un mínimo de 8 años de prisión para en función de las figuras penales asignadas a los hechos enrostrados al acusado (art. 119, tercer párrafo, del CP), por lo que no admite una condena de ejecución condicional -art. 26 del CP-. (cfr. art. 148 del CPP).
Tal circunstancia, conforme ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe N° 2/97, constituye una pauta válida para fundamentar la prisión preventiva desde una perspectiva netamente procesal. No se trata, como sostiene la defensa, de una gravedad meramente abstracta, pues surge de circunstancias concretas del hecho tenido por acreditado.
Sumado a todo lo hasta aquí mencionado, es de destacar las demás circunstancias puestas de relieve por el magistrado de la instancia en cuanto a la verificación del riesgo de entorpecimiento en el trámite; evaluación con las cual también coincido, y que reposa en las circunstancias objetivas que emanan del relato de la víctima en cuanto a que nunca había denunciado hasta aquí lo sufrido en función del temor que le tiene a la figura de su padre, emergiendo de allí la posibilidad cierta de que S, en caso de recuperar su libertad, podría buscar torcer el relato de su hija en su favor, influyendo negativamente en la misma (cfr. 144, 146, 148 del CPP).
Por todo ello, en atención a las circunstancias reseñadas, entiendo que, por el momento, es necesario mantener la medida de coerción puesta en cabeza del nombrado, a fin de asegurar el cumplimiento de la ley penal y la protección de la integridad física de la víctima de autos; y de allí entonces que la prisión preventiva se encuentre correctamente justificada en esta circunstancia en concreto, como así también en todas aquellas antes evaluadas.
En virtud lo expresado, propongo al acuerdo que el resolutorio en crisis debe ser homologado en todo cuanto decide, debiendo seguir los autos según su estado.
Rigen los arts. 106, 148, 151, 157, 158, 171, 209, 210, 439, 440 y cctes. del C.P.P.
A la misma cuetsión el Sr. Juez, Pablo Gastón Barbieri, dijo:
Adhiero en su totalidad al voto precedente por mi más sincera convicción.
Rigen los arts. 106, 148, 151, 157, 158, 171, 209, 210, 439, 440 y cctes. del C.P.P.
POR ELLO, el Tribunal;
CONFIRMAR el auto recurrido de fecha 03 de noviembre de 2026, en cuanto resolvió convertir en prisión preventiva la detención de N D S por considerarlo, prima facie , autor penalmente responsable de los hechos calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad, todos ellos en concurso real entre si,(cfr. arts. 55, 119 tercer párrafo, en función del cuarto párrafo incs. b) y f) del Código Penal de la Nación), de conformidad con los motivos expuestos en el considerando que antecede.
Rigen los arts. 106, 148, 151, 157, 158, 171, 209, 210, 439, 440 y cctes. del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.
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Firmas
Funcionario firmante: CAPUTO Mario Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: BARBIERI Pablo Gaston - JUEZ
Funcionario firmante: MANNUCCIA Mario Andres - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1667-2026
Fin de la sentencia