Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Sala I de Morón · Causa 35.961
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer SABER al Doctor Mariano Agustín Segovia (T° XXV, F° 115 del CASM), lo expuesto en el primer voto -Consid. Primero, ap. I-, de este pronunciamiento.
II. Hacer lugar al RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Defensa Particular del encausado MPN (ca.N° 36.961), contra la resolución dictada con fecha 13/5/2026, y revocar la misma en cuanto decretó la prisión preventiva a su respecto, disponiendo la INMEDIATA LIBERTAD del nombrado N, cuya instrumentación quedará a cargo del Juez de Garantías, al no encontrar mérito suficiente para que continúe su detención. Sin costas.
III. Rechazar el RECURSO DE APELACIÓN deducido por la Defensa Particular del imputado LBM (causa N° 36.121), contra la resolución de fecha 13/5/2026, la que en consecuencia, se confirma. Sin costas.
IV. Hacer SABER a la instancia de origen lo expuesto en el punto 6.b. - Consid. Segundo, ap.II-.
Rigen los arts. 148, 157, 171, 210, 320, 434, 435, 439, 440, 442, 530 y conc. del CPP; y ley 5177.
Los recursos de apelación interpuestos por las Defensas Particulares de los coimputados MPN y LBM, contra la resolución dictada con fecha 13/5/2026, que fueron concedidos el día 22/5/2026 y 3/8/2026, respectivamente.
Primero: El señor Juez Doctor Fabián Cardoso dijo:
I. Que, del examen del recurso de apelación presentado el 19/5/2026, por el Doctor Mariano Agustín Segovia (T° XXV, F° 115 del CASM), en su carácter de Defensor Particular del imputado LBM, contra la resolución del 13/5/2026, que convirtió su detención en prisión preventiva en la IPP N° 10-01-002851-26/00, corresponde determinar el alcance jurídico del uso comprobado de inteligencia artificial generativa, las exigencias aplicables a los escritos judiciales digitales y la respuesta compatible con el derecho al recurso, la defensa técnica efectiva, la legalidad de las sanciones procesales y la responsabilidad profesional. Y este análisis, debe ceñirse al documento incorporado al expediente: no procura reconstruir todo su proceso de elaboración ni identificar la plataforma utilizada, sino establecer qué demuestra la huella tecnológica detectada, qué partes conservan aptitud impugnativa, si existe un perjuicio procesal concreto y qué consecuencias pueden adoptarse, sin trasladar al imputado la actuación de su defensor. De este modo, se advierte que en la hoja 7 quedó incorporada una secuencia ajena al discurso forense, dirigido al Tribunal, propia de una interacción de edición con un sistema generativo. Allí aparecen la frase , una propuesta para organizar agravios, el nombre de otro archivo, la indicación , el pedido , la leyenda y el comienzo de la respuesta í. Yo lo incorporaría dentro del recurso contra la prisión , que continúa desde la hoja 8.
Asimismo, la reiteración de encabezados y la superposición de versiones del primer agravio, confirman, además, que el escrito fue presentado sin una revisión final integral. La conclusión no descansa, por tanto, en una impresión estilística, sino en residuos conversacionales explícitos y verificables: se encuentra objetivamente acreditado que se utilizó IA generativa y que parte de esa interacción fue copiada al recurso sin depuración profesional suficiente.
Que, esta afirmación judicial debe, sin embargo, detenerse en ese límite. La evidencia no permite establecer qué servicio fue empleado, qué proporción del escrito fue generada, si hubo intención de engañar, si la estrategia defensiva fue enteramente delegada ni si todas las afirmaciones y citas son falsas. La IA no es parte, auxiliar ni sujeto procesal: el documento ingresado por el canal habilitado y asumido por el profesional, se atribuye jurídicamente a éste, quien conserva íntegra responsabilidad por la selección de los hechos, la formulación de los agravios, la fidelidad de las citas y la decisión de presentar el escrito.
Cabe aclarar, que el problema relevante no es el empleo de la herramienta, que carece de prohibición general, sino la adopción de su resultado sin la verificación, validación y depuración exigibles. El Código Procesal Penal bonaerense proporciona una respuesta diferenciada. Su artículo 99 exige idioma nacional, lugar y fecha del acto, pero evita la nulidad cuando esos datos pueden establecerse con certeza mediante el propio acto o elementos conexos. Los artículos 433 y 442 ordenan verificar recurribilidad, legitimación, tiempo y forma, y exigen que la apelación indique, bajo sanción de inadmisibilidad, los motivos específicos de agravio y sus fundamentos.
Esa decisión depende de la aptitud impugnativa del contenido, no del método utilizado para redactarlo: por ejemplo, un texto asistido por IA puede contener una crítica concreta y verificable, mientras que otro enteramente humano puede ser dogmático y sin sustento válido. En consecuencia, las instrucciones, nombres de archivos, tiempos de procesamiento y demás restos conversacionales no integran los agravios; las versiones superpuestas deben reconstruirse como un solo planteo, sin que la reiteración incremente su fuerza, y los desarrollos jurídicos reconocibles deben examinarse por su concreta correspondencia con el auto apelado y las constancias del expediente.
Los artículos 434 y 435 del CPP, delimitan el conocimiento de la alzada por los puntos materia de agravio, permiten examinar nulidades absolutas y autorizan exceder los motivos sólo cuando ello mejora la situación del imputado, con prohibición de reforma en su perjuicio. Los artículos 201 y 206 del mismo, a su vez, disponen que la inobservancia de una forma produce nulidad únicamente cuando existe previsión legal y un perjuicio para la persona en cuyo favor fue establecida, y mandan procurar el saneamiento, renovación o rectificación, teniendo por subsanado el acto irregular que alcanzó su finalidad. Por tal motivo, no existe base normativa para crear una nulidad autónoma por o si el escrito conserva una petición cognoscible, si puede atribuirse a quien lo presentó y si no se demuestra una lesión procesal específica.
En definitiva, la huella tecnológica impone un control reforzado y puede justificar una respuesta profesional separada, pero no sustituye la tipicidad ni el perjuicio requeridos para invalidar el acto.
Ahora bien, en cuanto a la forma digital del escrito, basta señalar que los Acuerdos N° 3975 y 4040 de la SCBA, regulan sus requisitos externos, la presentación electrónica y la firma digital. Conforme a ello, los defectos formales deben ser individualizados y, en principio, correspondería intimar su subsanación en forma previa a tenerlo por no presentado, sin paralizar las peticiones urgentes vinculadas con la libertad.
No obstante, ninguna de esas normas prohíbe la asistencia de IA ni establece que sus residuos conversacionales provoquen una nulidad automática. En consecuencia, sólo se debe verificar la atribución y trazabilidad de la presentación y, si existiera un defecto formal concreto, aplicar el mecanismo de subsanación; la incorporación de instrucciones y respuestas del sistema debe valorarse, en cambio, por su incidencia sobre la suficiencia de los agravios y sobre la responsabilidad profesional. Por su parte, la Resolución N° 1719/2026 de la SCBA, registrada el 19/6/2026 y, por tanto, posterior a la presentación, puso en conocimiento un proyecto de reglamento sobre uso responsable de IA, creó una Comisión de Gobernanza y abrió una consulta participativa; su carácter orientador y no vinculante -hasta tanto se apruebe la versión definitiva- conlleva a que no pueda aplicarse retroactivamente como fuente sancionatoria, ni resulte inequívoco que todas sus reglas operativas alcancen de igual modo a los abogados de parte.
En cambio, entiendo que resultan de aplicación automática, los principios actualmente afirmados en sus artículos 6 a 8: el empleo de IA no exime de responsabilidad al operador judicial, exige control sustantivo, efectivo y documentado, la función jurisdiccional es indelegable y el tratamiento de datos debe respetar la ley 25.326 y preservar confidencialidad, integridad y seguridad. Estos criterios coinciden con la matriz conceptual aplicable al caso: responsabilidad humana integral, verificación de fuentes, trazabilidad y protección de datos, sin nulidad automática por el origen tecnológico del texto.
Asimismo, nótese que la jurisprudencia conduce a la misma solución. En (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala I, causa MO-19435-2020, 15/9/2025), se declaró desierto el recurso por ausencia de crítica concreta y razonada y por apoyarse decisivamente en precedentes que no pudieron localizarse. Allí, el Tribunal aludió a una fuerte probabilidad de uso inadecuado de IA, pero no lo tuvo por probado y privilegió una respuesta educativa e institucional. La enseñanza es precisa: la IA puede explicar la anomalía, pero la deserción debe fundarse en la insuficiencia recursiva, no en la sospecha tecnológica.
En el caso que se examina, el uso está acreditado con mayor evidencia, aunque la consecuencia procesal sigue dependiendo de la aptitud de los agravios.
Por otro lado, en (Superior Tribunal de Justicia del Chubut, expte. 101.215, carpeta judicial 6209, 13/3/2026), se examinó una resolución judicial con una huella conversacional directa y se revirtió su nulidad automática: el control debía recaer sobre la motivación exteriorizada, la lógica, la suficiencia y el perjuicio, pues la tecnología no demuestra por sí sola la sustitución del decisor y la responsabilidad humana permanece íntegra. Si esa conclusión rige respecto de una decisión jurisdiccional, donde la indelegabilidad alcanza su máxima intensidad, con mayor razón impide invalidar sin más un escrito de parte.
A ello se suma la doctrina constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exige perjuicio concreto y rechaza las nulidades rituales, y la sentencia de la Corte Interamericana en , que demanda una defensa técnica efectiva y advierte que la inactividad o fundamentación deficiente puede comprometer el derecho a recurrir. En suma, los criterios convergen en reparar o canalizar la falta profesional sin sacrificar, por reflejo, el derecho de la persona detenida. Es entonces que, la comprobación de IA exige un control judicial reforzado, pero no hostil: identificar la huella objetiva; atribuir el documento al profesional que lo presentó, previa verificación de la trazabilidad; excluir el material editorial que no constituye agravio; comprobar hechos, normas, citas y precedentes en fuentes fiables; determinar si la irregularidad impide comprender la crítica o produjo un perjuicio; y escoger una respuesta proporcional que preserve la libertad, permita subsanar lo formal y derive la conducta profesional a la sede competente.
En el escrito examinado, no corresponde descartar todo lo posterior a la hoja 7 ni contar las reiteraciones como argumentos adicionales, siendo que los desarrollos jurídicos integran el recurso ya que fueron asumidos y presentados por la parte recurrente, pero sólo poseen la fuerza que resulte de su relación con la decisión recurrida y con las constancias comprobables de la causa.
Que, el control efectuado, tampoco revela una alucinación jurisprudencial generalizada equivalente a la observada en , dado que el precedente mencionado es real, emanado de la Corte Interamericana, de fecha 1/9/2020, y la cita corresponde a un antecedente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, individualizado en decisiones oficiales posteriores.
En cambio, la referencia a aparece en el escrito sin datos suficientes para una identificación pública inequívoca; mientras no se aporten tribunal, sala, número de causa, fecha y fuente verificable, no corresponde su empleo como autoridad, pues tal insuficiencia, disminuye el valor del argumento que pretende sostener, aunque no permite presumir que todo el recurso es ficticio.
Que, dicha irregularidad no puede incidir en perjuicio del causante BM; ello, con sustento en que el art. 1 del CPP declara inviolable la defensa y prohíbe utilizar en contra del imputado la inobservancia de una garantía establecida en su favor. Por el contrario, propondré una solución al recurso contra la prisión preventiva, exclusivamente por la existencia de mérito provisional suficiente, peligro concreto de fuga o entorpecimiento, necesidad, proporcionalidad e idoneidad de alternativas menos gravosas.
Debe tenerse en cuenta que el uso de IA no acredita ninguno de tales presupuestos, así como tampoco refuerza la acusación ni debilita automáticamente la versión defensiva.
Ahora bien, en el plano profesional, el artículo 98 del CPP permite corregir el incumplimiento injustificado de las obligaciones de defensores, mandatarios o patrocinantes. Que, esa potestad no se activa por el mero uso de IA ni autoriza una sanción inmediata: exige individualizar la obligación incumplida, la conducta atribuida, su carácter injustificado, gravedad y perjuicio, y asegurar audiencia, explicación, defensa, motivación, proporcionalidad y revisión.
En cuanto a las Normas de Ética Profesional, éstas imponen probidad, lealtad, buena fe, exactitud en las citas, secreto y responsabilidad personal por los escritos; por lo que, la presentación de un documento no revisado, con instrucciones internas y versiones superpuestas, puede comprometer esos deberes.
Por otra parte, de la conversación insertada en el escrito, se observa que la misma sugiere que un documento de una causa penal pudo haber sido utilizado como insumo del sistema. Al respecto, considero que ello permitiría advertir un riesgo potencial para la confidencialidad y la protección de datos, pero no demostraría qué información fue cargada, si la plataforma sería pública o privada, cuáles serían sus condiciones de uso ni si habría existido una filtración.
Por último, debo atender a la procedencia de una respuesta a la actuación del presentante, que se vincula con la expansión de la inteligencia artificial generativa en el ejercicio profesional, haciéndole saber al Doctor Mariano Agustín Segovia (T° XXV, F° 115 del CASM) lo aquí expuesto en miras a realizar, ante el uso de esta tecnología que atraviesa a todos los actores del proceso, una adecuada labor de control final a fin de prevenir errores antes de que sus presentaciones lleguen al expediente, favoreciendo el uso de herramientas que pueden mejorar la calidad y eficiencia del trabajo jurídico, sin sustituir la decisión humana.
II. Ahora bien, corresponde analizar a partir de este punto los agravios formulados por ambas partes recurrentes, para lo cual se asientan a continuación las siguientes consideraciones:
1. Que, por el auto atacado, el señor Juez de Garantías convirtió en prisión preventiva las detenciones que venían sufriendo MPN y LBM, al considerarlos prima facie coautores penalmente responsables del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente a los consumidores, previsto y reprimido por el art. 5 inc. c) de la ley 23.737 y sus modificatorias. Que el suceso atribuido a los nombrados, fue descripto en lo atacado, de la siguiente manera: :45 horas del día 09 de abril del año 2026, en ocasión que personal policial del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Autopista del Oeste, en cumplimiento de la Orden de Servicio N° 001/2026 en inmediaciones del Peaje Troncal de Ituzaingó, más precisamente en Autopista del Oeste altura km. 26, sentido ascendente hacia provincia, procedieron a la interceptación de vehículo marca Peugeot, modelo 207, dominio ..., el cual no poseía oblea de Verificación Técnica Vehicular, en el cual identificaron a dos masculinos que se encontraban como conductor y acompañante para así constatar que los mismos tenían bajo su esfera de custodia, a disposición conjunta y con fines de comercialización, novecientos treinta y tres envoltorios (933), los que en su interior contenían clorhidrato de cocaína, por un peso total de 950 .
2. Que, para la Defensa Particular del encausado MPN, el auto puesto en crisis carece de absoluta motivación en los términos del art. 106 del CPP, ya que toma la prueba de manera parcial ante la ausencia de elementos concretos que permitan sostener la existencia de riesgo procesal. Argumentó que, si bien no desconoce la gravedad objetiva de lo investigado, ni la entidad del material estupefaciente incautado, debe distinguirse que el hallazgo de la sustancia se produjo en la esfera inmediata del acompañante LBM, y no en poder corporal de su defendido N, ni tampoco distribuida en el interior del vehículo atribuible al dominio material del conductor.
Sostuvo, que el nombrado B M fue quien exhibió una conducta particularmente sospechosa, siendo en tal circunstancia, que se desprendió de sus prendas una tela o mantel blanco que contenía lo que luego resultó secuestrado; y que, las testimoniales producidas no afirman con igual intensidad, que N habría exteriorizado una conducta compatible con conocimiento, dominio o participación en el hecho investigado.
Alegó, que solo se ha verificado la condición de N de ser el conductor del vehículo, lo que resulta compatible con la explicación brindada en su declaración, en tanto refirió que se encontraba realizando un viaje de remis, que había trabajado en una agencia, que realizaba viajes particulares a personas del barrio, que BM ya le había solicitado viajes con anterioridad, abonándole por esos traslados y el día del hecho lo transportaba como pasajero.
Al respecto, la Defensa expuso que N era un trabajador informal del transporte, sin conocimiento del elemento ilícito oculto por su acompañante, no obstante, sostuvo que, si bien ello habilita la investigación, no puede operar automáticamente como fundamento para mantener privado de libertad al conductor, sin un análisis individualizado de su concreta situación.
Agregó, que su asistido no negó la existencia del viaje, ni la falta de VTV, ni el conocimiento previo del coencausado, así como tampoco intentó introducir una versión artificiosa, al contrario, N aportó una explicación coherente y datos verificables, los que ameritan ser producidos y valorados antes de mantener una medida cautelar de máxima intensidad. Finalmente, manifestó que la situación del acusado exige una valoración diferenciada del restante imputado y, sobre el riesgo procesal, dijo que dadas las circunstancias que se presentan en la causa, como el que no haya intentado fugarse, se ha identificado, declaró aportando datos y documentación, tiene domicilio y arraigo, no se advierte de qué modo concreto podría frustrar el proceso si se dispone su libertad o una medida menos gravosa.
Solicitó a esta Alzada, que se revoque el auto de prisión preventiva puesto en crisis y se dicte la falta de mérito de su asistido MPN.
3. Que, por su parte, la Defensa Particular de LBM comenzó dirigiendo sus agravios a la validez del procedimiento que dio inicio a la investigación, reiterando en esta instancia la solicitud de nulidad de la requisa personal practicada sobre su pupilo.
Luego, expuso argumentos en torno a la inexistencia de riesgo procesal concreto; entendió, que en lo atacado se limitó a formular consideraciones genéricas sobre la gravedad de hecho, la escala penal aplicable y la expectativa de pena, considerando que la medida cautelar exige algo distinto y adicional como la acreditación concreta del peligro de fuga o entorpecimiento.
Sostuvo, que el criterio adoptado por el a quo es contrario al principio de inocencia y al carácter excepcional de la prisión preventiva, y por todo ello concluyó en la arbitrariedad incurrida en la resolución dictada. Afirmó, que BM tiene 19 años de edad, que posee domicilio denunciado, vínculos familiares ciertos y registra actividad laboral; que fue identificado desde el inicio del procedimiento y no se han invocado conducta anterior alguna que permita inferir su voluntad de sustraerse al proceso ni entorpecer el mismo.
Que el razonamiento empleado en lo apelado se reduce a una presunción que -a su criterio- no alcanza para encarcelar preventivamente a una persona que conserva el estado de inocencia; medida que termina funcionando como un verdadero adelanto de pena.
Manifestó que, en la resolución en crisis, tampoco se ha dado tratamiento de manera real y suficiente al pedido de arresto domiciliario que oportunamente formulara esa parte; lo cual vulnera -además- los principios de necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad. Se agravió, por cuanto el Magistrado garante ha analizado la situación de su defendido de manera conjunta e indiferenciada con la del coimputado MPN, sin efectuar una valoración específica de su conducta, su rol, sus condiciones personales y su situación procesal. Y, al respecto, cuestionó la débil fundamentación del fin de comercialización atribuido a BM; indicó, que la cantidad de envoltorios, el peso total de la sustancia y su presunto fraccionamiento, no permiten vincular la conducta con la finalidad adjudicada.
Por lo expuesto, peticionó a esta Alzada que se revoque la resolución apelada y se disponga la inmediata libertad de LBM, con las medidas de sujeción al proceso que eventualmente se estimen corresponder, y se declare la nulidad de la requisa personal practicada sobre el nombrado.
4. Que, a fin de ordenar los planteos introducidos por las partes recurrentes, corresponde aclarar -en primer lugar- que todo lo atinente a la nulidad articulada por la Defensa Particular de LBM, ya ha tenido su abordaje y respuesta en su carril respectivo y ante esta misma instancia de apelación, con intervención de la Sala de Feria en la causa N° 35.959 del registro de esta Sala Uno; oportunidad, en la que se rechazó dicho planteo, otorgándole plena validez a la pieza documental cuestionada (ver Res. del 28/7/2026).
Por tal motivo, y no existiendo entre los argumentos expuestos por el recurrente alguna cuestión no resuelta por este Tribunal, o en la que se alegue la presencia de nuevos hechos que habiliten su intervención, corresponde no abrir el conocimiento de esta Sala solo en lo que respecta a la sanción procesal buscada. Arg. art. 421 último párrafo del CPP.
5. Sentado lo anterior, corresponde dar tratamiento en este punto la impugnación deducida en favor del acusado MPN (ca.N° 35961).
Analizadas las constancias de la resolución apelada -y conforme lo obrante en la IPP 10-01-002851-26/00 visualizada en el sistema informático-, entiendo que, sometidas al mérito que cabe otorgarle al presente estado procesal, las mismas no justifican la adopción de la medida cautelar que le viene impuesta al nombrado. Art. 210 del CPP.
Para empezar, el art. 157 del CPP establece que la detención se convertirá en prisión preventiva cuando medien conjuntamente los requisitos que allí establece; que se encuentre justificada la existencia del delito; que se haya cumplido con el acto del art. 308; que aparezcan elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el imputado sea probablemente autor o partícipe responsable del hecho; y que concurran los presupuestos establecidos en el art. 171 para denegar la excarcelación. Conforme a ello, vemos que la prueba valorada en lo atacado no se centra en demostrar la acción concreta de custodia, a disposición conjunta y con sino que solo alcanza para revelar que N conducía a un sujeto masculino, al que conocía del barrio. Es decir, que la hipótesis de la acusación se enfrenta -en primer término- con el requerimiento que es exigido sobre la prueba del conocimiento por parte de N, de la existencia del material estupefaciente que su acompañante BM llevaría escondido entre sus prendas; y luego de esta determinación, la corroboración del dolo específico en el nombrado, consistente en la finalidad de comercializar dicho material, conforme lo prevé la figura que le fue atribuida. Art. 5 inc. c de la ley 23.737.
En tal sentido, se observa que, esencialmente, el conjunto probatorio se inició con la interceptación de un rodado por no poseer la oblea de Verificación Técnica Vehicular y la individualización de los acusados N y BM. Y ello consta en el acta de procedimiento, de la que surge -en lo que interesa destacar- que el personal policial interviniente observó sobre la vía de abono del peaje troncal de Ituzaingó, un automóvil Peugeot 207 en el que circulaban dos sujetos masculinos, notando que el mismo no poseía aquel requisito normativo, por lo que procedieron a detener su marcha delante de las vías de cobro, solicitando la documentación obligatoria para circular y haciendo lo propio su conductor, el aquí imputado N.
Acto seguido, según se extrae de la documental, se les refirió que se dirijan hacia el sector de banquina externa a fin de labrar la correspondiente acta de infracción por la falta de VTV y su correspondiente retención de licencia, oportunidad en la que notaron un nerviosismo en el acompañante -BM-, lo cual derivó en un cacheo superficial que, con respecto a N arrojó resultado negativo, mas no así en cuanto al restante individuo, cuya secuencia de lo acontecido se describe en el texto de la intimación al comienzo de este Considerando.
Que, de la compulsa de los demás elementos reunidos en la investigación, se advierte que el testigo del procedimiento y los dos funcionarios policiales intervinientes, tanto en sede policial como fiscal, ratificaron lo actuado y se expidieron en igual sentido.
Luego, se cuenta con el descargo de N, en oportunidad de deponer en los términos de los arts. 308 y 317 del CPP, quien expresó que a él [B M] le estaba haciendo un viaje particular, no pidió el servicio en la no tenía la VTV. El oficial nos trató bien, nos hizo descender del auto, yo pensé que me iban a secuestrar el auto, pero nos cachearon por prevención, y yo no tenía nada, pero el otro chico B sí, tenía la droga en la panza, yo no sabía que él llevaba eso. Yo no entendía porque me estaban deteniendo por el solo hecho de no tener la VTV, y la verdad es que no la tenía porque no tenía viajes por que me paga cincuenta y cinco mil pesos por viaje ($55.000), pero .
Por lo demás, no se advierte que las restantes constancias reunidas -al menos hasta el momento- puedan arrojar luz en torno a la conducta específica que le fue atribuida al causante; y, por el contrario, cobra entidad el acertado razonamiento de la Defensa Particular al decir que de los elementos reunidos en torno a la situación de su pupilo, no afirman con igual intensidad, que el mismo haya exteriorizado una conducta compatible con conocimiento, dominio o participación en el hecho investigado.
Que, lo hasta aquí analizado y ponderado a tenor de la interpretación del citado art. 210 del CPP, no permite avanzar a la restante cuestión acerca de la existencia del dolo que exige el tipo penal establecido (y que será abordado en el siguiente punto respecto de BM), por cuanto se concluye que el titular de la acción penal no ha podido respaldar la acusación dirigida a N, en calidad de coautor penalmente responsable del suceso que le imputó, ni brindar una adecuada explicación acerca de los motivos que lo llevaron a ponderar lo colectado en la investigación; circunstancia que se replica en el auto apelado y que, a criterio de esta Alzada, no refleja la actividad achacada al nombrado.
Que, ello es así, al menos en la medida que requiere la adopción de una resolución que comprometa la privación de libertad N y sin perjuicio de lo que pueda resultar del avance de la investigación y la incorporación de nuevos elementos de prueba que den sustento a la teoría.
En este sentido, no podemos desatender que la prisión preventiva es un instituto excepcional en virtud de la presunción de inocencia y debe justificarse únicamente en peligros para el proceso, los cuales en el particular ni siquiera pueden verificarse en un análisis abstracto -y por lo tanto despojado de los pormenores del caso- desde que como se verá en el punto siguiente, la pena en expectativa para la figura penal aplicable al caso, podría ser de ejecución condicional, no apareciendo incorporado argumento para que en un marco de respeto a los derechos del ciudadano se afecte, con tanto rigor, el nivel de disponibilidad de un bien fundamental como lo es la libertad locomotiva.
Además, aparece en escena un argumento esencial, pues a la par de mantenerse vigente la presunción constitucional de inocencia, en caso de una hipotética duda no se generaría en la etapa actualmente transitada una conclusión definitiva, que sí podría ser decisiva en la etapa de debate, y esa proyección tampoco parece prudente, pues la dimensión cognoscitiva que la precede debe contener al menos mínimas definiciones que resalten su excepcionalidad.
Por tal motivo, y no contando con elementos que avalen las sospechas que puedan existir sobre el mismo, o que lo conecte -mediante un cuadro probatorio consistente- de manera directa con el accionar descripto al comienzo de este pronunciamiento, es que lo impugnado no se ajusta a Derecho.
En mérito de lo expuesto, y no alcanzando la investigación desarrollada hasta el momento para tener por abastecidos los requisitos que de manera imperativa exige el art. 157 inc. 3 del CPP, entendemos que corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución atacada en cuanto decretó la prisión preventiva respecto del encausado MPN, disponiendo la libertad por falta de mérito, sin perjuicio del avance de la pesquisa y -como ya se adelantó- el juicio que en su momento pueda alcanzarse sobre la hipótesis propuesta por el acuse. Arts. 151, 210, 320, 434 y 435 del CPP.
6. El recurso de apelación deducido por la Defensa Particular del encausado LBM (ca.N° 36121).
6.a. Que, a la luz de lo ya analizado en el punto anterior, y vistos todos los elementos con relación al imputado BM, se concluye que no existen dudas acerca de su autoría en los hechos que le fueron atribuidos. Que, conforme surge de lo valorado en el resolutorio atacado, se advierte que el material incautado debe ser apreciado junto con la calidad del mismo, su acondicionamiento y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Veamos.
Que en el caso, no solo se está únicamente ante una cantidad elevada, se secuestraron novecientos cincuenta gramos de cocaína distribuidos en novecientos treinta y tres envoltorios individuales, agrupados en diez bolsas y ocultos contra el cuerpo del imputado LBM mediante una tela; sino que, además, éste viajaba en un automóvil contratado particularmente, el cual circulaba por una autopista desde el bajo Flores y hacia una localidad distinta -Luján-, llevando aquella carga lista para una distribución ulterior.
Que, la conjugación de cantidad, fraccionamiento, ocultamiento y desplazamiento descarta razonablemente que se trate de una tenencia desvinculada -según lo intenta demostrar el apelante- de la actividad ilícita que le viene atribuida en la anterior instancia, con sustento en el acta de procedimiento inicial -con secuestro y aprehensión-, las declaraciones -y ratificaciones- del testigo de actuación y de los funcionarios policiales que intervinieron en ella, lo declarado por el coimputado N y demás documental allí referenciada. Art. 210 del CPP.
Ahora bien, en lo que respecta a los peligros procesales, y que conformó el agravio central del recurrente, considero que la naturaleza de los hechos investigados -cuya prueba respalda la acusación-, con más la pena en expectativa que se espera como resultado del procedimiento, la cual no podría ser de ejecución condicional, teniendo en cuenta el mínimo de la escala penal prevista por la figura atribuida, permiten inferir la existencia de aquel riesgo aludido, como indicio de su voluntad de no someterse a la persecución penal, en los términos del art. 148 del CPP.
Es decir, aparecen entonces, circunstancias específicas que nos llevan a concluir que la medida ahora atacada deviene necesaria para asegurar los fines del proceso, y resulta razonable y proporcional, tal como lo requieren la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 7 inc. 2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (art. 9 -1) para su procedencia, instrumentos internacionales éstos que integran nuestra legislación a la luz de lo normado en el art. 75 inc. 22 de la C.N., pues se da en la especie el estado excepcional que permite, por los argumentos vertidos, mantener el encierro del incuso.
En mérito de todo lo analizado, corresponde rechazar la impugnación de la parte recurrente y confirmar, en cuanto fue materia de agravio, la resolución apelada, sin costas. (Arts. 148, 171, 157, 158, 210, 439, 440, 530 y cc. del CPP).
6.b. Finalmente, debe destacarse que la entidad y naturaleza de las circunstancias ventiladas, proponen el abordaje, con la debida intervención de las partes, de la competencia de esta jurisdicción en relación a la materia, para que en ese marco se adopte alguna decisión sobre el punto que, por tratarse de una cuestión de orden público debe ser sometida a decisión, evitando incluso de ese modo, eventuales planteos que incidan en la celeridad del proceso.
III. El señor Juez Doctor Diego Matías Grau dijo:
Que, comparto por sus fundamentos la conclusión aportada al Acuerdo por mi colega preopinante, en relación al objeto de los recursos.
IV. El señor Juez Doctor Fernando Gabriel Bellido dijo:
Por los argumentos expuestos por mi colega el Doctor Cardoso en su voto, a los que adhiero, me expido en igual sentido.
Por todo ello, este Tribunal RESUELVE: I) HACER SABER al Doctor Mariano Agustín Segovia (T° XXV, F° 115 del CASM), lo expuesto en el primer voto -Consid. Primero, ap. I-, de este pronunciamiento. II) HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Defensa Particular del encausado MPN (ca.N° 36.961), contra la resolución dictada con fecha 13/5/2026, y REVOCAR la misma en cuanto decretó la prisión preventiva a su respecto, disponiendo la INMEDIATA LIBERTAD del nombrado N, cuya instrumentación quedará a cargo del Juez de Garantías, al no encontrar mérito suficiente para que continúe su detención. Sin costas.
III. RECHAZAR EL RECURSO DE APELACIÓN deducido por la Defensa Particular del imputado LBM (causa N° 36.121), contra la resolución de fecha 13/5/2026, la que en consecuencia, se confirma. Sin costas. IV) HACER SABER a la instancia de origen lo expuesto en el punto 6.b. - Consid. Segundo, ap.II-.
Rigen los arts. 148, 157, 171, 210, 320, 434, 435, 439, 440, 442, 530 y conc. del CPP; y ley 5177.
Regístrese la presente. Agréguese copia en la causa N° 36.121.
Sin más trámite, devuélvase este incidente al Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental, quedando a cargo de esa Secretaría las notificaciones de rigor, tanto de esta resolución como de lo dispuesto en el art. 2 párrafo segundo del Ac. 4011 de la SCBA. A tal fin, sirva esta resolución de atenta nota de envío.
Firmado en la ciudad de Morón, en la fecha indicada en las referencias.
Fin de la sentencia