Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en los Penal Sala I de San Isidro · Causa 14478
Lo que resolvió el tribunal
I. POR UNANIMIDAD, declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Señor defensor particular asistente de Vilma Ana Ripoll, Dr. Pablo Vicente, a fs. 2/13 vta. y el recurso del Sr. defensor de Rubén Darío Matu, Silvio Fanti, Gustavo Daniel Farias y Gustavo Enrique Troccaioli, Dr. Edgardo Mariano Moyano, a fs. 63/79, contra el auto cuya copia obra a fs. 14/31, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (arts. 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 21 inc. 1, 106, 337, 421, 439, 441, 442, 443, 446 a contrario sensu y ccdtes. CPP).
II. POR UNANIMIDAD, no hacer lugar a la audiencia para informar solicitada por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión segunda (arts. 421, 442 segundo párrafo a contrario sensu, 446 y 447 CPP).
III. POR MAYORÍA, confirmar el auto de fs. 14/31 del presente incidente, en todo cuanto fuera materia de agravios, por los motivos expuestos en el considerando, sin costas. (Arts. 14, 14 bis, 16, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la C.N. .Arts. 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Buenos Aires; 105, 106, 209, 323, 337 y ss., 439 y cc. del C.P.P.; 45 y 194 del C.P).
Causa Nro. 14.478 "Troccaioli, Ruben Darío y otros s/ Incidente de apelación del auto de elevación a juicio".
San Isidro, 18 de octubre de 2016.
A fin de resolver el recurso de apelación concedido a fs. 80 de esta incidencia, interpuesto por el Dr. Pablo Vicente a fs. 2/13 vta., defensor particular de Vilma Ana Ripoll, y el recurso presentado por el Dr. Edgardo Mariano Moyano, defensor particular de Rubén Darío Matu, Gustavo Daniel Farias y Gustavo Enrique Troccaioli a fs. 63/79, contra el auto cuya copia obra a fs. 14/31 en el que se resolvió: "...IV. NO HACER LUGAR a la oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio deducida por los Sres. defensores particulares Dr. Edgardo Mariano Moyano y el Dr. Pablo Manuel Vicente, mediante la cual se insta el sobreseimiento de los imputados GUSTAVO DANIEL FARIAS, GUSTAVO ENRIQUE TROCCAIOLI, RUBEN DARIO MATU Y VILMA ANA RIPOLL respecto del hecho identificado n° 3...V.- ELEVAR A JUICIO la presente causa seguida a GUSTAVO DANIEL FARIAS, GUSTAVO ENRIQUE TROCCAIOLI, RUBEN DARIO MATU Y VILMA ANA RIPOLL...por resultar coautores prima facie responsables del delito de IMPEDIMENTO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, por el cual se encuentran imputados y que fuera identificado como HECHO n° 3, cometido el día 04 de julio de 2014 a las 04:30 horas, en la intersección de la calle Colectora Panamericana Este y calle Marcos Sastre, de la localidad del Talar, partido de Tigre, previsto y reprimido en el artículo 194 del Código Penal."
Y
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto y practicado el sorteo de rigor, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Dr. Ernesto A. A. García Maañón, Dr. Duilio A. Cámpora y, para el supuesto de disidencia, Dr. Oscar Roberto Quintana Seguidamente los señores jueces resolvieron plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible la impugnación interpuesta?
Segunda: ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia para informar oralmente solicitada por la defensa?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ, DR. GARCIA MAAÑON, DIJO:
Que los recurrentes resultan legitimados ex lege para la interposición de los recursos en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del expediente.
Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación.
Ha cumplido también el recurrente con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del a quo, consignando su respectiva fundamentación.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente, por lo que a la cuestión planteada VOTO POR LA AFIRMATIVA (Arts. 168, 171 de la Const. Pcia. Bs. As. y 106, 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.) .
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ, DR. CÁMPORA, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
Adhiero al voto del Dr. García Maañón por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GARCÍA MAAÑÓN DIJO:
En su escrito, los recurrentes manifestaron escuetamente su intención de informar oralmente ante la alzada sin especificar los argumentos que justifiquen la realización de la audiencia.
Ahora bien, corresponde señalar que el mentado art. 442 del C.P.P.
señala que las partes deberán manifestar fundadamente si informarán oralmente ante la Cámara de Garantías. Este requisito de fundamentación -exigencia respecto de la cual sólo se exceptúa al Ministerio Público Fiscal-, no se encuentra abastecido en autos, toda vez que los apelantes no han consignado argumento alguno que sustente lo peticionado.
En función de lo expuesto en el párrafo que antecede, entiendo que no corresponde designar audiencia en la presente causa y ASI LO VOTO. (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106, 442, 447 y concordantes del C.P.P.)
A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ, DR. CÁMPORA, DIJO:
Hago propios los motivos y fundamentos esgrimidos en su voto por mi distinguido colega preopinante, Dr. García Maañón, por lo que adhiero al mismo. ASI LO VOTO. (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.)
A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
Hago propios los motivos y fundamentos esgrimidos en su voto por mi distinguido colega preopinante, Dr. García Maañón, por lo que adhiero al mismo. ASI LO VOTO. (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.)
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GARCÍA MAAÑÓN DIJO:
I. Que, a fs. 14/31 el Sr. Juez, Dr. Ricardo José Costa, resolvió: "...IV. NO HACER LUGAR a la oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio deducida por los Sres. defensores particulares Dr. Edgardo Mariano Moyano y el Dr. Pablo Manuel Vicente, mediante la cual se insta el sobreseimiento de los imputados GUSTAVO DANIEL FARIAS, GUSTAVO ENRIQUE TROCCAIOLI, RUBEN DARIO MATU Y VILMA ANA RIPOLL respecto del hecho identificado n° 3...V.- ELEVAR A JUICIO la presente causa seguida a GUSTAVO DANIEL FARIAS, GUSTAVO ENRIQUE TROCCAIOLI, RUBEN DARIO MATU Y VILMA ANA RIPOLL...por resultar coautores prima facie responsables del delito de IMPEDIMENTO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE, por el cual se encuentran imputados y que fuera identificado como HECHO n° 3, cometido el día 04 de julio de 2014 a las 04:30 horas, en la intersección de la calle Colectora Panamericana Este y calle Marcos Sastre, de la localidad del Talar, partido de Tigre, previsto y reprimido en el artículo 194 del Código Penal."
II. Contra dicho pronunciamiento interpusieron recurso de apelación los letrados defensores de Vilma Ana Ripoll, Dr. Pablo Vicente, a fs. 2/13 vta. y el Dr. Edgardo Mariano Moyano, a fs. 63/79, defensor particular de Rubén Darío Matu, Silvio Fanti, Gustavo Daniel Farias y Gustavo Enrique Troccaioli,.-
El Dr. Pablo Vicente, expresa que en la instrucción existen escasos elementos probatorios como para sostener la existencia del hecho que se le atribuye a su asistida. Luego de transcribir el suceso intimado manifiesta que se trata de una imputación genérica de hechos, que no se especifica funcionalmente que actividad habría desplegado Ripoll y de que manera pudo haber intervenido para impedir el ingreso en tres portones al mismo tiempo.
Continúa con su exposición manifestando que el único elemento que vincula a su asistida con el hecho es un acta de fs. 105 de los autos principales en la que se menciona su nombre como una de las personas que estaba en la movilización junto a tres delegados de la empresa. Agrega que además en el documento referido tampoco se hace mención de cual sería la conducta que desplegaba, sino que solo se dejó constancia que estaba presente en la manifestación.
Seguidamente, detalla los testimonios obrantes en la causa principal y transcribe algunos segmentos de estas declaraciones con el objeto de probar que en ninguno de ellos se menciona a su asistida como partícipe del ilícito enrostrado. Aduna que la ampliación de denuncia que la propia empresa realiza a fs. 121/122 respecto a los hechos del día 04 de julio de 2014 no se dirige contra Ripoll, sino contra otras personas, afirma que tampoco lo hace en su solicitud de ser tenido como parte querellante a fs. 245/247.
Añade que se pretende imputar a su asistida de un hecho solo por la mera circunstancia de haberse encontrado en el lugar acompañando, en su rol de dirigente social, a los trabajadores en una manifestación en la que reclamaban derechos. Por ello, recuerda lo que expresó la imputada al momento de prestar declaración, allí manifestó que a lo largo de su vida política siempre acompañó a los trabajadores cuando ha sido convocada a distintas manifestaciones, aclaró que no son organizadas por ella, sino que simplemente acompaña.
Luego de desarrollar una explicación respecto a la situación de la empresa, detalló que ese día la idea era hacer un acto en la puerta, que había más de 400 o 500 personas, pero que ella arribó al lugar cuando ya había comenzado y que su participación fue interceder con las fuerzas de seguridad con el objeto de que no repriman a los manifestantes. Explicó que no se dedicó a impedir el ingreso de los operarios a la empresa, que no hubiera podido tomar tal actitud debido a que estaban los miembros de la Policía de Buenos Aires junto al personal de seguridad privada.
Continúa con su exposición y expresa que la resolución es arbitraria y que se encuentra en pugna con los artículos 14, 14 bis y 18 de la Constitución Nacional. Expresa que su asistida arribó al lugar para acompañar el reclamo de los trabajadores que habían decidido como medida de fuerza llevar adelante el corte de la colectora de la Autopista Panamericana. Insiste con que Ripoll no contaba con el dominio de los hechos, simplemente acompañó a los trabajadores, sin tener incidencia en lo que resolvían, que su objeto, tal como lo hace en todo el país, era lograr un canal de diálogo entre los trabajadores y la empresa. Manifiesta que no existió voluntad de su parte de impedir, estorbar o entorpecer el transporte o servicio ni afectar el normal funcionamiento de la empresa, sino que arribó al lugar una vez que ya se había concretado el corte en la colectora de Autopista Panamericana. Continúa el letrado de la imputada refiriendo que no se alcanzan los elementos objetivos del tipo reprochado en el artículo 194 del Código Penal, que simplemente arribó al lugar para acompañar a los trabajadores que realizaban una huelga al amparo de la Constitución Nacional, cita doctrina y jurisprudencia.
Agrega que en todo caso, si se considerase típica a la conducta, estaría amparada por una causa de justificación, la de evitar un mal mayor, mediante el intento de formalizar un canal de diálogo con la empresa.
Aduna luego, que debe existir un equilibrio entre el tipo del art. 194 del Código Penal y el derecho de peticionar ante las autoridades y el de reunión y que en este caso no se vio afectado el derecho de libre tránsito, pues existía una vía alternativa al corte realizado en colectora de Panamericana, precisamente que se podía circular por la Autopista y, además, que en el horario de las 04:30 de la madrugada el tránsito es ínfimo.
Por todo lo expuesto, solicita que se revoque la resolución apelada y se sobresea a la imputada Vilma Ripoll respecto al hecho atribuido cuya ocurrencia se produjera el día 04 de julio de 2014 tipificado en el art. 194 del C.P.- Por su parte, a fs. 63/79, se presenta el Dr. Edgardo Mariano Moyano, representante de los imputados Fanti, Matu, Farías y Troccaioli. Allí, reitera lo que manifestara en oportunidad de efectuar su oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio, oportunidad en la que solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 194 del Código Penal toda vez que solo le encuentra fundamento para criminalizar la protesta social.
Expresa que en ese caso se trató de una decisión de manifestarse en la colectora este de la Autopista Panamericana y la calle Marcos Sastre dejando carriles libres y existiendo caminos alternativos. Además aclara que solo se trató de un conflicto laboral entre los trabajadores y la empresa Lear, en la que estaban haciendo uso de su derecho de huelga, de libertad de expresión y de peticionar ante las autoridades, al efecto cita jurisprudencia.
Continúa diciendo que no se han individualizado las conductas atribuidas a sus asistidos y que además de las actas policiales surge que las manifestaciones se produjeron sobre la vereda y en uno solo de los carriles. En este lineamiento expresa que el fiscal no ha reunido los elementos necesarios para elevar la causa a juicio.
Luego, indica que la acusación del fiscal se ha realizado en términos genéricos sin individualizar las conductas atribuidas a cada imputado y que ello acarrea su nulidad. Cuestiona que el acta que da sustento probatorio a la acusación fiscal relata que a raíz del conflicto laboral existente con la empresa había manifestantes en el lugar y que recién finalizando el documento enumera los nombres de los imputados sin que exista un acta de constatación sobre lo allí vertido en la que se los individualice.
Agrega, luego de detallar toda la prueba recaída en autos que en ninguna de ellas puede apreciarse cual es la conducta concreta que se les imputa a sus asistidos, insiste en que no existe siquiera una referencia fáctica que sostenga la acusación del fiscal, sostiene que no existe otro elemento que la genérica afirmación en el acta de que sus asistidos encabezan la manifestación. Luego, expresa que el auto de elevación a juicio debe ser asimismo declarado nulo, pues sin modificar el hecho intimado sobresee a los imputados por algunos de los delitos y, en cambio, solo decide la remisión al plenario por el delito tipificado en el art. 194 del Código Penal.
Enciende su crítica a la resolución del magistrado garante en el entendimiento de que el hecho es el mismo y que sobreseídos por el hecho tipificado en el art. 174 del C.P. esa misma base fáctica no puede ser el sustento de la acusación cuya significación jurídica se aborda a través del art. 194 C.P. porque entiende que se trata de cuestiones diferentes, pues insiste en que los testimonios sobre los que se funda esa acusación refieren que los inculpados impidieron el ingreso a la fábrica y que ello no tiene nada que ver con las conductas prescriptas en esa norma.
Además, expresa que el magistrado utiliza como base fáctica conductas no mencionadas por el fiscal, por ejemplo, indica que el juez hace referencia en su resolución a que se encontraba cortada la calle Sastre –tomado del acta de fs. 105- circunstancia no apuntada por el acusador. Finamente, solicita el sobreseimiento de sus asistidos y hace reserva de caso federal.
III. Adelanto que luego de un exhaustivo estudio de estas actuaciones habré de confirmar parcialmente el auto recurrido en tanto considero que corresponde elevar a juicio la presente causa en cuanto a los imputados Rubén Darío Matu, Gustavo Daniel Farias y Gustavo Enrique Troccaioli, pero no así respecto a la imputada Vilma Ripoll, en favor de quien postularé su sobreseimiento, en orden a las consideraciones que seguidamente desarrollaré.- Con el objeto de simplificar las cuestiones traídas habré de abordar las impugnaciones comunes de los recurrentes de manera conjunta, sin perjuicio de ello, me abocaré también de manera particular a las distintas cuestiones traídas por las partes con el fin de resolver cada uno de los puntos de agravios introducidos, luego, me abocaré a la participación que les cupo a los imputados Matu, Farias y Troccaioli, de un lado, y a la imputada Ripoll, en segmento aparte. En primer orden, daré tratamiento al planteo de inconstitucionalidad sobre la figura comprendida por el artículo 194 del Código Penal, luego, al pedido de nulidad respecto a la requisitoria de remisión al plenario, después al auto recurrido de elevación a juicio y, por último, a la participación de los aquí imputados en el hecho investigado.
a.- Del planteo de inconstitucionalidad:
Como ya anticipara, los recurrentes solicitan que se declare la inconstitucionalidad del artículo 194 del digesto de fondo, sin embargo, no presentan argumentos que concreten la colisión de esta norma con cláusula alguna de la Constitución de la Nación. Sin perjuicio del control difuso de constitucionalidad que ofrece nuestro sistema jurídico –entendido como posibilidad de declaración de inconstitucionalidad por cualquier jurisdicción- una sanción de esta naturaleza no presupone un conflicto entre hechos controvertidos con una ley, sino entre ésta y la norma constitucional con implicancias en el caso concreto. Es decir, una cosa es que la subsunción arbitraria de determinados hechos en una norma –se trate de un tipo penal o de cualquier otra naturalezaafecte derechos amparados por la Constitución Nacional, en tal caso no es menester una declaración de inconstitucionalidad, sino interpretar los hechos de acuerdo a la ley adecuadamente. Otra cuestión diferente ocurre cuando la letra de una norma se encuentra en flagrante contradicción con derechos superiores protegidos por la carta suprema o por las convenciones adheridas a ella -art. 75 inc. 22 C.N.- con consecuencias lesivas para quien sufre la aplicación de esa norma.
Resulta imperioso entonces reconocer la propia letra del tipo penal cuestionado para determinar en qué consistiría su inconstitucionalidad. El Artículo 194 del Código Penal establece que: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Por su parte, el artículo 14 de la Constitución reza: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: ..de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino…” con lo cual, de la lectura de ambas disposiciones no parece surgir otra interpretación que la decisión del Estado de sancionar a todo aquel que impida el ejercicio del artículo 14 de la Constitución –libre circulación- mediante la utilización de las vías de comunicación creadas al efecto.
Por ello, en consideración del planteo realizado, solo puede cotejarse si en el caso existe alguna controversia entre el abanico de derechos que consagra esa norma suprema, es decir, si alguno de ellos tiene preeminencia sobre los demás, verbigracia, si el de peticionar a las autoridades se ubica en un peldaño superior al de libre tránsito o si la forma utilizada para hacerlo valer puede ir en desmedro de otro, pero de ninguna manera podría afirmarse que esta disposición contenida en el art. 194 se encuentre en pugna con la letra de la Constitución. Tampoco los recurrentes han acompañado argumentos conducentes a explicar el fundamento necesario que permita sostener los motivos concretos que se requieren para obtener la máxima sanción a una norma dictada por el Poder Legislativo.
Corresponde recordar que según doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a una judicatura y tiene dicho en reiterados pronunciamientos que configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, en consecuencia sólo puede acudirse a esta solución cuando resulta el único modo de salvaguardar los derechos que la norma fundamental protege -Fallos: 249:51; 264:364; 288:325; 301:962, 904; 305:1304; 311:394; 312:72; 324:920, 3345; 327:5147; 328:2567; 330:2981; 331:2068; 333: 447-, lo que no se advierte en el presente análisis y me llevan a sostener la constitucionalidad de la norma atacada Además, no me pasa de soslayo que en la anterior intervención de esta alzada, en causa “Fanti, Silvio Darío y otros s/ incidente de apelación del auto de elevación a juicio” registrada bajo el número 14.106 en la que he adherido al voto del Dr. Cámpora, esté Tribunal ha sido convocado a resolver una cuestión de cuasi simetría respecto a los hechos aquí ventilados, solo modificados por algunas circunstancias de modo y de tiempo, resolución que no huelga decirlo, ha contribuido a la convicción del magistrado garante para, en esta causa, sobreseer a los imputados respecto de algunos de los hechos atribuidos y remitir al plenario sólo la porción fáctica que se subsume en el art. 194 del C.P.-
Hago esta referencia porque en aquella oportunidad la defensa de los imputados Matu, Trocaioli y Farías ha solicitado la declaración de inconstitucionalidad del art. 174 inc. 6 C.P. y allí ya ha sido zanjada con claridad la arista constitucional de una controversia similar respecto de los preceptos necesarios para su dictado. Aquí la defensa reedita argumentos, también insuficientes, reclamando ahora esa misma sanción para el art. 194 del digesto de fondo, razón por el cual, resulta superabundante extenderme sobre un tema que ya ha sido abordado con la complejidad que requiere en la causa citada. Ambas defensas insisten en que mediante la aplicación del tipo penal en estudio se criminaliza una protesta pacífica de trabajadores desoyendo los derechos constitucionales de libertad de expresión, de reunión y de huelga. Sin embargo, considero que esta afirmación implicaría otorgar preeminencia a algunos derechos por sobre otros y ello no forma parte del espíritu de la Constitución, pues la reglamentación del ejercicio de cada derecho o garantía consagrada en ella no viene a poner límites o a cercenarlos sino a garantizar un goce equilibrado de todos los demás que integran su parte dogmática.
Al respecto, sobre el derecho de huelga, pero aplicable a cualquiera de los que menciona la defensa, se ha dicho: “La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tiene resuelto que la circunstancia de que el derecho de huelga esté consagrado por la Constitución no significa que sea absoluto, ni que impida su reglamentación legal, ni la apreciación judicial de las circunstancias y, cualquiera sea el alcance que se atribuya a la inserción del derecho de huelga en la Constitución es obvio que esta incorporación deja a salvo los demás derechos y garantías que la Ley suprema asegura a todos los habitantes del país. "Por tal razón, la concesión del derecho de huelga con jerarquía constitucional no es obstáculo a la sanción legal de tipos de conducta que importen extralimitaciones en el ejercicio razonable de ese derecho” (Gregorio Badeni, Tratado de derecho Constitucional, Tomo I, Editorial La ley, Pág. 900). En esta senda, no existe controversia en que cada uno de los derechos mencionados goza de igual jerarquía constitucional y los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio –art. 28 C.N.-
Al respecto, Bidart Campos encuentra en esta disposición la regla de la razonabilidad, cuya alteración supone arbitrariedad o irracionalidad, para este autor: “[esta regla] fundamentalmente…exige que el medio escogido para alcanzar un fin válido guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin; o que haya razón valedera para fundar tal o cual acto de poder” (Germán Bidart Campos Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino Tomo IA Ediar. Pág. 806). Por todos los motivos expuestos no habré de dar acogida al planteo de incostitucionalidad del art. 194 del C.P.-
b.- De las nulidades planteadas:
Tratado este primer tópico, corresponde abocarme ahora, al planteo de la defensa respecto a los pedidos de nulidad, por una parte, de la requisitoria de elevación a juicio, sustentado en que el Sr. Agente Fiscal ha hecho mención de modo genérico a los sucesos imputados y, por otra, del auto que resuelve tal solicitud, en el entendimiento de que no pueden ser escindidas las conductas de los hechos tipificados en los artículos 174 inc. 6 y 194 del Código Penal. Ambos cuestionamientos son estériles para fustigar el auto recurrido toda vez que ni la requisitoria de elevación a juicio ni la resolución del magistrado de garantías adolecen de las formas procesales requeridas para su realización. En tal sentido, resulta pertinente transcribir el hecho imputado con el objeto de clarificar la cuestión: “...El día 4 de julio de 2014, a partir de las 04:30 hs., los imputados 1) Vilma Ana RIPOLL, 2) Gustavo Daniel FARÍAS, 3) Rubén Darío MATU y 4) Gustavo TROCAIOLI, junto a un grupo de trescientas personas que no pudieron ser identificadas, afectaron maliciosamente el normal desenvolvimiento de la empresa Industrias Lear de Argentina S.R.L., sita en la calle Colectora Panamericana kilómetro 31.375 de la localidad de El Talar, Partido de Tigre, al impedir el ingreso de los operarios para que realicen sus tareas laborales, para lo cual cortaron la calle Colectora Panamericana Este a la altura de los portones de ingreso al estacionamiento de vehículos de los operarios de la empresa Lear (Portón N° 3), impidiendo el tránsito vehicular por esa calle indicada -afectando el normal funcionamiento del transporte terrestre-, colocando barricadas con tarimas de maderas y neumáticos encendidos fuego, por lo que los operarios al presentarse a trabajar no podían ingresar con sus vehículos debiendo dejar estacionados sus autos, motos o bicicletas metros antes del corte de la calle y acercarse a pie al establecimiento fabril, mas al llegar frente a los portones de acceso N° 1 y N° 2, éstos estaban bloqueados por personas del sexo femenino quienes les impidieron el ingreso a sus puestos de trabajo.
Este accionar descripto en los puestos N°1 y N° 2 se repetía simultáneamente frente al puesto N° 4 sito en la parte trasera de la empresa Lear, frente a la calle Marcos Sastre" Entonces, de su lectura se advierte con claridad que la requisitoria formulada -fs.381/393- cumple debidamente con las exigencias impartidas por el art. 335 del ceremonial, pues el hecho se ha relatado circunstanciadamente, se ha individualizado a los imputados, se ha descripto las modalidad de tiempo y lugar y surge con claridad cual habría sido la acción desplegada por los aquí imputados.- Resulta de perogrullo que una debida descripción del hecho tiene como fin que el inculpado pueda conocer con exactitud cual es el evento concreto que se le intenta reprochar.
En la medida que éste sea divulgado con precisión, le permitirá ejercer su derecho de defensa, tal como pueden hacerlo los imputados en el presente, motivo por el cual, no se advierte falencia alguna en la requisitoria de la causa a juicio que amerite ser sancionada con la nulidad, tampoco el letrado defensor ha invocado el acaecimiento de un perjuicio o menoscabo concreto a algún derecho que imponga tal declaración.
El magistrado a quo calificó oportunamente los hechos 1,2 y 4 como delito de afectación maliciosa del normal funcionamiento de un establecimiento o explotación comercial –art. 174 C.P.- y decidió otorgarle al hecho identificado como número 3 el de impedimento del normal funcionamiento del transporte terrestre –art. 194-. De una simple lectura y compulsa de los hechos imputados, se advierte que se trata de cuatro bases fácticas diferentes, identificadas además como unidades de acción distinguidas una de otras.
Luego de que el Sr. Agente fiscal solicitara la elevación a juicio por cuatro hechos respecto de los aquí imputados, a su turno, el juez garante decidió solo la elevación por uno solo de los acontecimientos atribuidos, el número tres (3), y decidió sobreseer a los inculpados por los restantes hechos, con lo cual el planteo de la defensa no encuentra ningún andamiaje posible y me exime de explayarme sobre un tema que no reviste controversia alguna.
No resulta ocioso aclarar, en función del agravio que presenta la defensa, que la circunstancia de que el magistrado garante haya desagregado la calificación pretendida por el fiscal comprendida en el art. 174 inciso 6 del Código Penal en concurso ideal con la del art. 194 C.P. al hecho número tres (3), manteniendo solo esta última, sin modificar el suceso imputado no transforma el ángulo de análisis, ya que no ha alterado el sustrato fáctico de la acusación, simplemente limitó su significación jurídica.-
Además, el pedido nulificatorio de la defensa parece fundarse solo en un vano intento de reunir mayores embates contra la resolución recurrida sin sustento jurídico atendible, pues solo aparece como un planteo vacío de contenido sin indicar un perjuicio o afectación concreta de un derecho.
En este contexto, cabe recordar que la sanción pretendida por la defensa constituye la ultima ratio tributaria de un perjuicio efectivo a una de las partes (nulidades relativas) u obedientes a cuestiones de orden público o menoscabo de garantías constitucionales causantes asimismo de una lesión que deba ser reparada (nulidades absolutas), descartándose la declaración de invalidez en interés de la ley, doctrina denominada en el derecho procesal anglosajón como harmless error y que ha sido históricamente receptada en la máxima pas de nullité sans grief (no hay nulidad sin perjuicio).
Lo antedicho se condice con la limitación en la declaración de nulidades que practica el sistema de sanciones del código vigente, que exige para su procedencia, la necesidad de demostrar la existencia de un perjuicio cierto. Señala al respecto Roberto Falcone que "... la invalidación debe responder a un fin práctico, es inconciliable con lo expuesto la nulidad en el solo interés de la ley, de carácter teórico o para satisfacer un mero deseo abstracto de justicia, puesto que siempre debe vincularse con la protección de un interés concreto que ha sido dañado a fin de no caer en vicios propios de la ideología del ritualismo..." (El proceso penal en la provincia de Bs.As." Ed. Ad-Hoc. 2005, pág 363). En consecuencia, tomando en cuenta todos los argumentos desarrollados en relación a la requisitoria de elevación a juicio como al auto que la ordena, y que el régimen de nulidades debe ser interpretado en forma restrictiva desde que la sanción procesal que implica resulta un remedio de excepción frente a la estabilidad de los actos judicialmente cumplidos y que el Código de Procedimientos en materia Penal de la Provincia de Buenos Aires debe ser interpretado en forma sistemática, los agravios introducidos al respecto por el recurrente no podrán tener favorable acogida en esta ocasión.
c.- De la probable autoría de Farías, Troccaioli y Matu respecto al hecho investigado:
Por último, resta expedirme respecto al núcleo de la resolución apelada, es decir a si corresponde o no la elevación a juicio respecto de los aquí imputados en los términos expresados por el magistrado garante cuya significación jurídica es la de impedimento del normal funcionamiento del transporte terrestre. Entonces, sin perjuicio de que se trata de un hecho diferente del aquí en trato, no puedo desconocer que guarda similitud con la causa ya citada al inicio -n° 14106- en la que he adherido al voto del Dr. Cámpora.
Allí, respecto a un hecho producido en el mismo lugar y respecto de algunos de los aquí imputados, pero cuya ocurrencia fuera en distintas fechas, mi colega de sala ha expresado que: “…el de entorpecimiento del transporte, regulado en el artículo 194 del Código Penal, en este caso particular, se configura cuando el agente impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra. En este sentido, desde el punto de vista objetivo, la figura requiere la realización de una acción de entorpecimiento, estorbo o impedimento del funcionamiento del transporte terrestre, sin que se genere una situación de peligro común -lo que no exime de la comprobación del peligro particular o la eventual lesión a otros bienes jurídicos-; y desde el subjetivo, que la acción sea voluntariamente dirigida a ese fin, en base al conocimiento de la naturaleza de la acción y de los medios utilizados para alcanzarlo.
”En el presente, en el hecho I los manifestantes que se encontraban en el lugar, entre ellos los aquí imputados, cortaron la Colectora Este de la Autopista Panamericana, impidiendo de ese modo que el transporte automotor, público o privado, pudiera desplazarse por esa arteria; esto es, afectando su normal desenvolvimiento.
”Es evidente que el corte de una arteria alternativa a la traza principal de la autopista, tiene idoneidad para, sin generar una situación de peligro común para el tránsito, poner en peligro concreto a los particulares que pretendan desplazarse por allí; máxime, si se repara en que la disposición de neumáticos prendidos fuego, impide cualquier forma de desplazamiento.
”Desde el punto de vista imputativo, no puede prescindirse de que la conducta se diferencia de la obstaculización de la traza principal.
”Sucede que en los supuestos de afectación de la traza principal de la autopista, queda la posibilidad de acudir por la vía alternativa, sin mayores costos que el tiempo. Sin embargo, cuando lo que se interrumpe es la arteria alternativa, única que garantiza el tránsito gratuito, utilizando como medio el posicionamiento de adminículos con fuego, no sólo se pone en peligro a los eventuales transeúntes, sino que además se afecta la posibilidad de tener a disposición una vía no onerosa que posibilite el ejercicio del derecho a transitar reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
”En lo que respecta al aspecto subjetivo del tipo, advierto que el hecho mismo de tomar intervención en una maniobra obstaculizante aún emprendida por un tercero, pone en evidencia la voluntad realizadora del tipo en la forma de dolo directo.
Ello me persuade que el primer suceso encuadra en los términos estipulados en la norma del artículo 194 del Código Penal.
”Para cerrar el análisis de este tramo del hecho, no puedo dejar de advertir que si bien reiteradamente el Defensor hizo referencia al ejercicio de los derechos a huelga y a la protesta, al momento de formular los planteos de inconstitucionalidad efectuados, lo que fue debidamente tratado al abordar esas cuestiones, no fue reintroducido como cuestión de fondo, con concreta indicación de las variables que habrían operativizado su ejercicio en el caso concreto, con ajuste a las particularidades del hecho imputado subsistente…”
Consideré pertinente la transcripción in extenso de la cita precedente toda vez que el sub examine versa sobre una cuestión de similares aristas a las allí tratadas y como consecuencia de ello mi análisis de la cuestión no podrá sustraerse de las conclusiones allí vertidas, pues no se ha visto modificado el objeto de la cuestión traída, sin perjuicio de edificar la tesitura que aquí corresponda sobre lo allí manifestado en función de las particularidades que reviste el presente.-
Cabe recordar que ya he transcripto el hecho imputado cuya significación jurídica fuera otorgada por el a quo bajo el tipo contenido en el artículo 194 del Código Penal denominado por la doctrina como delito de impedimento del normal funcionamiento del transporte terrestre. Ahora bien, examinadas que fueron las constancias agregadas al presente incidente y, como adelantara, los recursos interpuestos por los letrados defensores no prosperarán, pues considero que se encuentran reunidos en la presente causa, una serie de elementos probatorios que impiden arribar al grado de certeza negativa necesario para el dictado del sobreseimiento solicitado por la defensa, y que, por el contrario, sí se cuenta con la probabilidad necesaria para proceder a la remisión de la causa a juicio.
Al respecto, ha sido valorada por el "a quo" el acta de procedimiento de fecha 04 de julio de 2014 -obrante a fs. 105 de los autos principales-, donde se constataron y detallaron las circunstancias en que se desarrolló el suceso, allí se dejó constancia de que las personas que dirigían la manifestación eran, entre otras allí presentes, Matu, Farias, Trocaioli. Respecto a las circunstancias de su realización dejaron constancia de lo siguiente: “…cortaron la calle colectora este a la altura del portón de ingreso del estacionamiento para vehículos de los operarios, impidiendo el tránsito vehicular, colocando barricadas con tarimas de madera y neumáticos los cuales encendieron fuego, por lo que los empleados que llegan para presentarse a trabajar, deben dejar sus vehículos…”.-
Así las cosas, analizadas las exposiciones efectuadas por el Señor Jefe de la jefatura de Policía del Distrito de Tigre que culminaran con la elevación al Sr. Fiscal interviniente de las actuaciones labradas como consecuencia del hecho ocurrido en la madrugada del día 04 de julio -fs.105/112- no se advierten, por el momento, circunstancias que permitan dudar de la veracidad de las manifestaciones efectuadas por los preventores, toda vez que desde un primer momento fueron comisionados al lugar en función de un conflicto de larga data. Además, es de público conocimiento esta disputa sostenida en el tiempo por estos trabajadores, por ello, el acta con su relato circunstanciado de los hechos, coadyuva a determinar la probable autoría de los imputados Troccaioli, Farías y Matu, quienes mantenían un interés directo en la protesta según emerge de una simple lectura de las constancias obrantes en la causa principal, cuya condición de delegados de personal no se encuentra controvertida.
En suma, cabe señalar que la presente etapa procesal preparatoria no constituye el ámbito más propicio para la revisión exhaustiva de las declaraciones allí vertidas habida cuenta que principalmente se carece de la inmediación con ellos, que permita elaborar un análisis integral de la coherencia y concatenación de sus narraciones, más allá de lo plasmado en el papel en sede policial. En ese sentido resulta claramente el momento del juicio oral, la etapa por excelencia para este tipo de planteos, oportunidad en la que, mediante la oralidad e inmediación que permite el plenario, podrán esclarecerse todas las cuestiones planteadas por la defensa.
Corresponde resaltar, que para desandar el camino que culminó con la declaración de probable coautoría de los imputados Matu, Troccaioli y Farías suficientes para remitir los presentes al plenario, el magistrado garante además del acta como elemento de cargo, hizo referencia también a las declaraciones testimoniales de Gabriel Antonio Espinoza –fs. 159/160 vta- Gustavo Omar Rodríguez –fs.161/162-, Daniel Pablo Añel –fs. 163/164-Walter Jesús Quiroga – fs.165/166- Augusto Sosto –fs. 172/173, Horacio Sergio Pozas –fs.174/175, Hugo Daniel Frugone –fs. 176vta, Bruno Ricardo Quartero –fs. 177vta.- Horacio Eduardo Isauralde –fs.178vta.- y Mario Alberto Jara –fs. 179 vta..
Todos estos testigos, además de referir en detalle el conflicto suscitado entre la empresa y los delegados sindicales, fueron contestes en sus afirmaciones respecto a la interrupción de la arteria de tránsito de similar modo al descripto en el acta citada. Se aduna a estos testimonios, como documento gráfico, las ilustraciones de fs. 106/110 de los autos principales en las que se refleja la modalidad utilizada tal como fuera descripta para interrumpir la vía de comunicación comprendida por la colectora de la autopista Panamericana. De lo relatado hasta aquí, podría afirmarse, con el grado de conocimiento que requiere esta etapa, que la conducta desplegada por estos imputados abastece los requisitos tanto objetivos como subjetivos del tipo, pues el artículo 194 del C.P. exige para su configuración que se impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento del transporte y aquí la acción reprochada habría sido “…cortaron la calle colectora este a la altura del portón de ingreso del estacionamiento para vehículos de los operarios, impidiendo el tránsito vehicular, colocando barricadas con tarimas de madera y neumáticos los cuales encendieron fuego…”.
La doctrina respecto al bien jurídico protegido es uniforme en considerar que se trata del normal funcionamiento del transporte y de los servicios de comunicación y que la acción punible es la de impedir, en el sentido de imposibilitar el libre tránsito –cfr. Donna Edgardo, Derecho Penal, Parte Especial Tomo II C segunda edición actualizada, Editorial Rubinzal Culzoni Pág. 140-. Para Creus es típica de este delito cualquier acción que paraliza, desorganiza o retarda el tráfico o la prestación sin importar el tiempo de duración (Carlos Creus Derecho Penal Parte especial Tomo 2, Editorial Astrea Pág 45). En sentido similar, Jorge E. Buompadre quien afirma “se protege el hecho del transporte en general frente a los actos que afectan su modo regular de realizarse materialmente” (Jorge Eduardo Buompadre Tratado de Derecho Penal Parte Especial Tomo II Editorial Astrea Pág. 514).-
Para la generalidad de la doctrina el bien jurídico es claro y la acción típica también, consiste sin lugar a hesitación en impedir el transporte, terrestre en este caso, mediante la obstrucción de la vía destinada para ello –aquí la colectora de la Autopista Panamericana- por un espacio de varias horas imposibilitando que los automovilistas pudieran continuar con el tránsito por esa arteria, motivo por el cual, no existen dudas en esta instancia previa al plenario de que la conducta realizada por los imputados abastecería los requisitos del tipo objetivo del ilícito imputado. Con relación al elemento subjetivo, tampoco revisten dudas de que la figura exige el dolo directo, aquí representado por la obstrucción real de la totalidad de la calzada que conforma la colectora de la Autopista Panamericana con la colocación de las “barricadas con tarimas de madera y neumáticos encendidos" –cfr. acta de fs. 105-.
Por lo demás, aún en el entendimiento de que la acción de los imputados solo iba dirigida a realizar una manifestación en la arteria en la que está emplazada la empresa, la voluntad de colocar todos estos obstáculos para conformar la protesta con obturación del tránsito como lógica consecuencia, sin importarles el resultado conseguido con ello, pero con conocimiento de la inevitable interrupción de la circulación con la puesta en práctica de esta conducta, también permite afirmar su tipicidad toda vez que la figura bien admite el dolo eventual –cfr. Donna y Creus Obs cit.- Estos autores explican la cuestión mediante la ejemplificación de una huelga, tal como ocurre en el presente y con los alcances que tiene esta cuestión según fuera ya tratado al resolver la constitucionalidad de la figura en trato.
No resulta ocioso aclarar que se hace referencia a los autores en su rol de delegados sindicales no con el propósito de inculparles tal condición, cuya jerarquía goza de rango constitucional -art. 14 bis C.N.- sino como medio que permite valorar una presunción de que, bajo tales títulos, tenían las herramientas necesarias como para aglutinar, organizar y dirigir la interrupción del tránsito en la colectora de la Autopista Panamericana. Por lo demás, en función de la cita de Claus Roxin presentada por la defensa, resulta de perogrullo que el derecho penal de autor ha sido dejado en desuso en el derecho penal moderno y constitucionalmente inaplicable en nuestro ordenamiento interno conforme a la redacción de los artículos 18, 19 de la C.N.; 8 y 9 de la C.A.D.H.-
Por todo ello, he arribado a la convicción de que los elementos incorporados a la causa principal han logrado formar semiplena prueba de que los imputados Farías, Troccaioli y Matu en calidad de coautores, habrían cometido el hecho, pues tuvieron en sus manos el curso del acontecer que cumple el tipo (cfr. Günter Stratenwerth, Derecho Penal Parte General I, El hecho punible, 4ta. Edición, Año2008 Pág. 399)
En otro orden de cosas, no paso de soslayo que los letrados defensores, sostienen vagamente planteos subsidiarios respecto a la antijuridicidad de la acción, pues consideran que obraron en el legítimo ejercicio de un derecho o bien que lo hicieron de modo justificado para “evitar un mal mayor”, que solo acudieron al lugar para realizar la huelga-protesta social.-
Las defensas introducen en sus agravios esta cuestión con la afirmación de que mediante el empleo de este tipo penal se criminaliza la protesta social impidiendo a los trabajadores el ejercicio del derecho de huelga, de reunión y de petición ante las autoridades ya que su objeto no era el de interrumpir la libre circulación sino el de proteger el derecho de los asociados al gremio. Sin embargo, tal como fuera adelantado al tratar la cuestión relativa a la constitucionalidad de la figura, cada uno de los derechos que intentaron hacer valer los imputados, de huelga, de petición ante las autoridades, de reunión, están reglamentados por una ley específica y se privilegian con el mismo rango constitucional que el derecho de libre circulación –cuyo impedimento prohíbe la norma del art. 194 C.P.
Por ello, no puede desatenderse en el análisis de esta cuestión que, tanto el derecho de huelga, como los demás en estudio, en nuestra sociedad es plenamente realizable, puede ser confirmado, sustentado y solventado con todo el rigor que la ley del trabajador le imprime en su beneficio, sin necesidad de interrumpir el tránsito vehicular para su ejercicio, pues el derecho a realizar una huelga se encuentra además de consagrado en la constitución, receptado legislativamente.
En este orden de cosas, la interrupción de la vía pública no es el instrumento o mecanismo natural y necesario para la realización de una huelga, porque ello significaría convalidar arbitrariamente el impedimento a la ciudadanía de ejercer el derecho de transitar y, cabe acotar, el ejercicio racional de un derecho, no puede amparar el avasallamiento de otro. Menos aún, si existen otro resortes legales para lograr su cumplimiento, con lo cual, en estas circunstancias no puede considerarse que exista un precepto permisivo del ordenamiento jurídico para realizar la acción típica, con lo cual no se encuentran reunidos los presupuestos requeridos para la configuración de una causa de justificación. Por otra parte, el artículo 34 del digesto de fondo en su inciso 3 reza: “El que causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño” la letra de la norma es clara, sin embargo, la defensa no reproduce en el teatro de los acontecimientos cual es el mal que se avecinaba de mayores consecuencias que el causado con su conducta. Por último, tampoco hizo referencia a la inminencia del mal que estaba por sufrir ni a la imposibilidad de resolver la situación generada por una acción menos lesiva, motivo por el cual, tampoco podrá tener acogida favorable este agravio.
En adición, superada la etapa de la antijuridicidad de la conducta, podrá agregarse que según surge de la presentación de los imputados de fs. 16 de los autos principales y de la audiencia de fs. 28/vta. que en este conflicto habría tomado parte el Ministerio de Trabajo de la Nación, entre otras autoridades administrativas nacionales y judiciales, por ello con independencia de la complejidad del tema ante el temor que significa la pérdida del empleo para un trabajador, no estamos en presencia del miedo insuperable (Derecho Penal, José Cerezo Mir Parte General, JCF Editor, Pág. 860) requisito indispensable para la configuración de un estado de necesidad excluyente de la culpabilidad, pues ya se habían puesto en marcha los resortes legales pertinentes para resolver la cuestion en protección de los derechos de los trabajadores.-
Finalmente, tampoco se han presentado agravios pertinentes que permitan considerar, por el momento, en el plano de la culpabilidad circunstancias suficientes que impongan la eliminación del reproche penal de la conducta de los imputados. La introducción de la cuestión relativa a la criminalización de una protesta social no satisface los elementos necesarios como para refutar todo lo manifestado precedentemente, pues requiere de una especial caracterización de las circunstancias generales de la situación acontecida y de la de cada imputado en particular. Tales apreciaciones podrán ser evacuadas con mayor especificidad en el correspondiente plenario.
Por último, la elevación a juicio no exige para su procedencia formal que se alcance el grado de conocimiento propio de una sentencia condenatoria, sino que se encuentre prima facie justificada la existencia del delito y se cuenten con elementos de convicción para sostener que los imputados sean probablemente sus autores o partícipes. Estos datos, con el marco reseñado, correctamente han sido tenidos por acreditados por el magistrado de instancia respecto de Farías, Troccaioli y Matu.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, cabe recordar que los elementos de cargo contra los imputados no resultan definitivos, existiendo otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que pueda irrogar la resolución, y que la etapa instructoria no define el proceso, sino que solo lo prepara para el juicio contradictorio.
Entonces, analizado el soporte demostrativo en que se sustenta la resolución, estimo que las probanzas valoradas por el magistrado a quo, poseen la entidad suficiente para el progreso de la causa a la siguiente etapa, toda vez que, como tengo dicho reiteradamente y es doctrina de esta Sala (in re causas 5930 "Ocampo Leandro s/ robo"; 6009 "Alberti Claudio s/ lesiones"; 6489 "Allmen Alejandro s/ robo calif"; 6986 "Sanfilipo Ariel Darío s/ homicidio culposo"; entre otras), el sobreseimiento configura una resolución jurisdiccional que cierra el proceso definitiva e irrevocablemente, con relación al imputado a cuyo favor se dicta, por estimarse que carece de fundamento o está extinguida la pretensión represiva, como afirma con precisión Torres Bas ("El Sobreseimiento", ed. Plus Ultra, 1971, p. 41). Consecuentemente, esta "absolución anticipada", como felizmente denomina Maier al instituto (Derecho Procesal Penal, t. II, p. 85, ed. Del Puerto, 1ª. Edición), o sentencia que concluye la instrucción sin desembocar en la fase del juicio, como la define Leone (Tratado de Derecho Procesal Penal, ed. E.J:E.A., t. II, p. 134, 1990), exige para su dictado un estado de certeza negativa sobre la responsabilidad o autoría del imputado -entre otros supuestos-, que justifique el fenecimiento anticipado del proceso.
En el presente, reitero, respecto de Farías, Matu y Troccaioli, no operan los supuestos mencionados en relación al delito imputado, puesto que el plexo cargoso valorado en su conjunto, abastece el estado de sospecha sobre la autoría responsable de los imputados, configurando la probabilidad que Carrara menciona como necesaria para legitimar la acusación (cfr. “Programa de Derecho Criminal”, t. II, p. 381, ed. TEMIS.), por lo que corresponde la remisión a juicio de las actuaciones respecto a estos imputados.
d.- Respecto de la situación de la imputada Ripoll:
Como ya lo adelantara en el introito de estos considerandos, a distinta conclusión he de arribar respecto de la imputada Vilma Ripoll fundado en la convicción de que su conducta no abastece los requisitos de autoría ni participación descriptos en el art. 45 subsiguientes y condordantes del digesto de fondo y, en consecuencia, propondré al acuerdo su sobreseimiento conforme al inc. 4 del artículo 323 del código de forma.
Como ya lo he afirmado en los párrafos que preceden, existen elementos para sostener que los imputados Farías, Matu y Troccaioli han sido coautores del delito de impedimento del normal funcionamiento del transporte terrestre, determinación realizada claro está con el grado de conocimiento que esta etapa requiere, sin embargo, considero que tales características no alcanzan para sostener que la imputada Ripoll haya contado con el dominio del hecho en estudio. Si bien es cierto que puede haber compartido algún espacio temporal con los restantes imputados, en orden a un estudio pormenorizado de la causa principal que tengo a la vista, concluyo que ni siquiera puede afirmarse que haya realizado -conforme lo enseña Jakobs- un aporte banal o inocuo, en definitiva no ha contribuido con alguna causa al hecho ni a su resultado (Günther Jakobs, "La imputación objetiva" página 268).
Si bien en el acta de fs. 105 de los autos principales la imputada es mencionada junto a quienes serían coautores como tomando parte en la ejecución, lo cierto es que según surge de estas actuaciones en su conducta no confluyen los dos requisitos exigidos para determinar su coautoría, es decir, la decisión común de realizar el hecho y su ejecución grupal, división de tareas incluida. (Cfr. Günter Stratenwerth, Derecho Penal Parte General I, El hecho Punible 4ta edición, traducción de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti, año 2008, Pág. 398.-)
Arribo a esta conclusión toda vez que según surge, verbigracia, de la audiencia de fs. 28/vta, el conflicto que generó la conducta que luego tomaron los imputados en su rol de delegados sindicales de la empresa Lear, le era totalmente ajeno a la imputada Ripoll. Asimismo, según surge de las ya citadas declaraciones a las que hace también referencia el magistrado a quo, el resto de las personas contratadas por la empresa, describen una conflictiva laboral, en cuyo marco un grupo de trabajadores comenzaron a fomentar y realizar determinadas acciones que no fueron ideadas ni ejecutadas por la aquí imputada.-
En efecto, considero que le asiste razón a su letrado defensor cuando sostiene que solo acudió al lugar en su condición de ex diputada de la nación y referente social con el objeto de lograr un canal de diálogo entre los trabajadores y la empresa, pero no con el fin de obstruir el tránsito, sobre cuya decisión, además, no contaba con ningún tipo de influencia, como tampoco la tenía para poner fin a ella.
A mayor abundamiento, emerge de la causa principal la participación - utilizada de manera coloquial, no en su sentido jurídico penal- de otras personalidades del espectro político nacional y provincial que no han sido imputados en la presente causa, cuya intervención fue de similares características a la aportada de manera inocua por la imputada Ripoll.
Es por ello, que impera en mi ánimo la certeza negativa en punto a que esta inculpada no ha participado del delito en estudio, dicho estado que genera este grado de convicción debe recaer asimismo sobre la existencia de una causal especifica contemplada en el ordenamiento procesal, y procede cuando al juzgador no le queda duda al respecto.
Las causales enumeradas en el art. 323 del C.P.P. y en las cuales puede fundamentarse el sobreseimiento teniendo en cuenta el elemento que las determina pueden distinguirse en: 1) objetivas, se refieren al hecho contenido en la imputación, y comprenden la no comisión de ese hecho, o su imposibilidad de encuadrarlo en alguna norma penal (inc. 2º, 3º y 6º); 2) subjetivas, las que se refieren al elemento personal de la imputación, captan la imposibilidad de atribuir material o jurídicamente el suceso al imputado, o de considerar a éste penalmente responsable por ese hecho: falta de participación, justificación, inculpabilidad y excusa absolutoria (inc. 4º y 5º); y 3) extintivas, se refieren a la pretensión penal, cuya desaparición impide que se continúe con el ejercicio de los poderes de acción y de jurisdicción (inc. 1º) (Irizarri Carlos, Derecho Procesal Penal T.2 ). De esta forma, la causal que opera respecto de la imputada Ripoll es la del tipo subjetiva -inc. 4-, toda vez que no ha participado del ilícito atribuido. Así pues, como los elementos recaídos son insuficientes para considerar que la imputada haya contado con el dominio del hecho a título de autora es que corresponde su sobreseimiento.
e. De la propuesta al acuerdo:
En consecuencia, conforme han quedado resueltas todas las cuestiones, propongo al acuerdo confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto decidió elevar a juicio la presente causa seguida a Gustavo Farías, Gustavo Troccaioli y Rubén Darío Matu por resultar coautores prima facie responsables del delito de impedimento del normal funcionamiento normal transporte terrestre, por el cual se encuentran imputados y que fuera identificado como "hecho n° 3", cometido el día 04 de julio de 2014 a las 04:30 horas, en la intersección de la calle Colectora Panamericana Este y calle Marcos Sastre, de la localidad del Talar, partido de Tigre, previsto y reprimido en el artículo 194 del Código Penal y, sobreseer a Vilma Ripoll por este hecho precedentemente enunciado, tipificado en el art. 194 del Código Penal. ASÍ LO VOTO. (Arts. 14, 14 bis, 16, 18, 19, 28, 31,33 y 75 inc. 22 de la C.N. .Arts. 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Buenos Aires; 105, 106, 209, 323, 337 y ss., 439 y cc. del C.P.P.; 45 y 194 del C.P.).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ, DR. CAMPORA, DIJO:
Adhiero al voto del distinguido colega preopinante, Dr. Ernesto A. A. García Maañón, en cuanto confirmó la decisión apelada en relación a los imputados Matu, Farías y Troccaioli, en relación al hecho identificado como Nro. 3, cometido el día 4 de julio de 2014, a las 4.30 horas, en la intersección de la Colectora Panamericana Este y Marcos Sastre de la localidad de El Talar, Partido de Tigre, que fuera subsumido en el tipo del artículo 194 del Código Penal. Donde no acompaño al colega y abro respetuosa disidencia, es en relación al sobreseimiento de la imputada Vilma Ana Ripoll respecto de ese mismo hecho, pues entiendo que la evidencia producida hasta el momento permite alcanzar el grado de suficiencia probatoria que reclama el artículo 337 en función del 157 inciso 3 del rito para habilitar la etapa de juicio.
En efecto, más allá del cúmulo de testimonios recabados a lo largo de la investigación y justipreciados por el Magistrado de la anterior instancia para tener por justificada la probable intervención de la encausada en el evento, debe valorarse -como lo que hizo el Magistrado, lo que excluye toda posibilidad de afirmar una reformatio in pejus por incrementar la base probatoria con evidencia de cargo no ponderada- que al llevar a cabo su defensa material en la oportunidad procesal regulada por el artículo 317 en función del 308, ambos del ceremonial, Ripoll afirmó haber estado en el lugar acompañando el reclamo de los trabajadores.
En ese sentido, haya o no decidido la convocatoria y permanencia en el lugar, así como la modalidad asumida por la manifestación -con quema de neumáticos, etc.-, lo que es indudable es que, conforme las circunstancias expuestas, existen buenas razones para concluir con probabilidad positiva que ha tomado parte en el evento, única exigencia que en términos fácticos y jurídicos se requiere para habilitar el juicio, conforme la intervención en el hecho exigida por los artículos 45 del Código Penal y 337 en función del 157 del rito, lo que excluye la convicción conclusiva que reclama el artículo 323 del Código Procesal Penal para sobreseer, sin que quepa determinar aquí la calidad e intensidad jurídica de la intervención, en la medida que constituye un aspecto particular de la calificación legal, que resulta provisoria hasta el momento de la sentencia.
Más allá del indicio de presencia y oportunidad que aporta, no puede preterirse, además, que su carácter de figura pública con implicancia política, aún cuando en la actualidad no se desempeñe institucionalmente, constituye un indudable aporte para que el resto de los manifestantes no desistan de su plan de acción; no pudiendo soslayarse que esa calidad establece una ascendencia sobre el resto que le otorga posibilidades de reordenar los términos del reclamo. No se critica aquí ni se pretende justificar la criminalización de la protesta o la dilución del ejercicio del derecho a huelga y petición, de innegable raigambre constitucional y merecedor de tutela. Sin embargo, tampoco puede justificarse socapa del ejercicio de un derecho, la puesta en peligro para el tránsito, derivada de la quema de neumáticos, o la obstrucción de la única arteria de tránsito gratuito, aspecto sobre el que me expedí al trata una cuestión similar, en el marco de la causa Nro. 14.106/I.
Por lo expuesto, propongo al acuerdo no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto en crisis en todo cuanto decide (arts. 168 y 171 Const. Prov.; 45 y 194 CP; 106, 210, 323 a contrario sensu y 337 en función del 157 inc. 3 CPP).
Es mi voto.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Cámpora, por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Por ello, el Tribunal
I. POR UNANIMIDAD, DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Señor defensor particular asistente de Vilma Ana Ripoll, Dr. Pablo Vicente, a fs. 2/13 vta. y el recurso del Sr. defensor de Rubén Darío Matu, Silvio Fanti, Gustavo Daniel Farias y Gustavo Enrique Troccaioli, Dr. Edgardo Mariano Moyano, a fs. 63/79, contra el auto cuya copia obra a fs. 14/31, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (arts. 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 21 inc. 1, 106, 337, 421, 439, 441, 442, 443, 446 a contrario sensu y ccdtes. CPP).
II. POR UNANIMIDAD, NO HACER LUGAR a la audiencia para informar solicitada por la defensa, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión segunda (arts. 421, 442 segundo párrafo a contrario sensu, 446 y 447 CPP).
III. POR MAYORÍA, CONFIRMAR el auto de fs. 14/31 del presente incidente, en todo cuanto fuera materia de agravios, por los motivos expuestos en el considerando, sin costas. (Arts. 14, 14 bis, 16, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la C.N. .Arts. 168 y 171 de la Const. de la Pcia. de Buenos Aires; 105, 106, 209, 323, 337 y ss., 439 y cc. del C.P.P.; 45 y 194 del C.P).
Regístrese, notifíquese al señor Fiscal General y devuélvase de conformidad al Acuerdo Extraordinario de esta Alzada Nro. 693, encomendando al señor secretario del Juzgado actuante la realización de las notificaciones restantes, sirviendo el presente de atenta nota de envío.
FDO: Ernesto A. A. García Maañón - Duilio A. Cámpora - Oscar Roberto Quintana Ante mí: Juan Manuel Frausin
Fin de la sentencia