Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I de San Isidro · Causa 14804
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la solicitud formulada por la defensa a fs. 1/2, conceder el cambio de régimen e INCORPORAR al interno CARLOS EDUARDO ROBLEDO PUCH al RÉGIMEN SEMIABIERTO MODALIDAD LIMITADA, en su actual lugar de alojamiento, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 5.2 y 5.6 CADH; 1.3 PIDCyP; 30, 168 y 171 Const. Prov.; 5, 6, 7, 12 y 14 Ley 24.660; 4, 5, 6, 94, 132 y 134 Ley 12.256; 25, 106 y 497 CPP).
II. PONER EN CONOCIMIENTO del señor Jefe de la Unidad de que DEBERÁ ADECUAR LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO A FIN DE REPLICAR LAS PROPIAS DE UN RÉGIMEN SEMIABIERTO, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 5.2 y 5.6 CADH; 1.3 PIDCyP; 30, 168 y 171 Const. Prov.; 1, 3, 5, 6, 7, 12 y 14 Ley 24.660; 6, 94, 132 y 134 Ley 12.256).
III. PONER EN CONOCIMIENTO del Grupo de Admisión y Seguimiento y las autoridades de la Unidad, de que DEBERÁN INFORMAR TRIMESTRALMENTE los avances y particularidades que presente el interno en las nuevas condiciones de alojamiento, poniendo en conocimiento del suscripto toda PODER JUDICIAL novedad que pudiera presentarse, aún antes de cumplirse el plazo estipulado, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (168 y 171 Const. Prov.; 27, 28, 29 y 96 Ley 12.256).
IV. PONER EN CONOCIMENTO de la Dirección de Salud Mental y Adicciones dependiente de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria del Servicio Penitenciario …
PODER JUDICIAL
Causa Nro. 14.804/I "Robledo Puch, Carlos s/ incidente de cambio de régimen".
///Isidro, 22 de marzo de 2017.
A fin de resolver la situación del condenado en relación a sus condiciones de alojamiento, en función de la decisión de los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia (conf. res. de fs. 3/19vta.) y la solicitud de cambio de régimen formulada por la Defensa Oficial con base en ella (fs.1/2);
I. Llegan los autos a consideración del suscripto en mi carácter de Juez de Ejecución, en función de los artículos 8 inciso b de la Ley 12.060 y 25 y concordantes del Código Procesal Penal, por adecuación progresiva de las normas que rigen el rito penal, habiendo sido asignado de conformidad con la certificación obrante a fs. 43 del incidente registrado con el nro. 57.573.
II. La privación de libertad del interno, conforme las particularidades con que ha transitado el tiempo de encierro, puede dividirse en cuatro períodos: El primero, desde su detención hasta el 12 de julio de 1995, cuando cumplió el recaudo temporal para acceder al instituto de la libertad condicional en relación con la pena principal de reclusión perpetua.
El segundo, transcurrido desde esa fecha hasta el 8 de febrero de 2008, en que el propio interno efectuó un pedido difuso, que fue reencauzado como de libertad condicional o agotamiento de pena. Debe destacarse que en ese lapso de aproximadamente doce años no se efectuó por parte del interno o su defensa ninguna presentación relacionada con su libertad condicional, cuando es habitual que el interno y su defensa soliciten el inicio del trámite antes de que se cumpla el plazo.
Precisamente, a partir de esa petición -de fecha 8 de febrero de 2008- se inició el tercer período, en el que se dispuso una profundización del tratamiento PODER JUDICIAL penitenciario, teniendo especialmente en consideración la posibilidad sugerida en uno de los primeros informes, de que el interno comience a desarrollar trabajos extramuros.
Desde entonces se han conformado cuatro trámites relacionados con pedidos de libertad o con la capacidad del penado: tres se iniciaron por iniciativa del propio Robledo Puch (conf. incidentes nro. 57.573, 57.841) que fueron tratados en primera y segunda instancia por este Tribunal de Alzada y el Tribunal de Casación (Causa Nro. 41.706). La derivada de la intervención de la SCBA al momento de dictaminar en el pedido de conmutación de pena, la que se acopló el pedido de la Defensoría General local (Causa nro. 57.955). Vale decir que buena parte de las peticiones se originaron por pedidos genéricos del propio condenado, luego reconducidos por la defensa.
La cuarta y última etapa comenzó, precisamente, con el último pedido de agotamiento de pena formulado, al que, como dije, se acopló la remisión formulada por la Suprema Corte de Justicia al emitir opinión -adversa por cierto- en relación a la solicitud de conmutación de pena efectuada, a fin que el suscripto ejerza el control del cumplimiento de la pena, con comunicación a la defensa, en función de las razones dadas por ese Tribunal, de las que surgían ciertas circunstancias del estado de salud mental del interno, que imponían verificar o descartar si presentaba un cuadro psico-psiquiátrico que pudiera llevar a enmarcarlo en las previsiones del art. 25 de Código Penal o del art. 186 de la Ley 24.660.
La decisión alcanzada en esa incidencia (57.955), que data del 1 de agosto de 2013, fue confirmada por la Alzada (bajo el mismo número de registro) el día 30 de octubre de ese mismo año, la Casación -bajo el número 68417- el 26 de mayo de 2015 y parcialmente por la Suprema Corte (bajo el número 126.107 y su acollarada 126.174) el 31 de agosto de 2016.
Un planteo similar ya había sido decidido de igual modo y confirmado el 31 de agosto de 2011 bajo el número 57.841, sin pasar entonces por la instancia casatoria, ocasión en que la Suprema Corte Provincial declaró inadmisible el PODER JUDICIAL recurso el 21 de diciembre de ese mismo año -legajo nro. 116.281-, denegando el recurso extraordinario federal el 23 de diciembre de 2013, lo que motivó, a su vez, la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien la declaró inadmisible por ausencia de agravio constitucional suficiente -por aplicación del art. 280 CPCCN- el día 25 de marzo de 2015.
Sin embargo, apartándose de esa línea, la Suprema Corte Provincial, en esta ocasión, ordenó que más allá del análisis que cupiera efectuar en torno a la determinación del agotamiento de la pena, frente al tiempo de detención del interno, debían adoptarse medidas pertinentes a fin de propender a su paulatina y controlada inclusión en el régimen de prueba, permitiendo la progresión del encierro de un ámbito cerrado a uno menos riguroso. Es sobre esta decisión que se basó la defensa para efectuar la solicitud de cambio de régimen formulada el día 16 de diciembre de 2016.
I. En el marco de esta cuarta etapa, más allá de lo ordenado a fines de agosto de 2016 y lo solicitado por la defensa casi cuatro meses después, se advirtió que el órgano encargado de la ejecución de la pena no concretaba los avances esperables (posibilidad de desarrollar trabajos extramuros). Es así que desde este organismo Alzada, que en autos cumple funciones ejecutivas, se instrumentaron, a lo largo de este tiempo, una serie de diligencias tendientes a verificar las condiciones físicas, psíquicas, de alojamiento y socio-ambientales del interno. Ello, a fin de propender a su incorporación a condiciones más laxas de sujeción carcelaria y posibilitar la materialización del régimen progresivo de la pena. Como puede observarse de los incidentes Nro. 14.316 y 11.472, además de los distintos informes periciales se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con distintos actores del sistema (Directora y Subdirector del Instituto de Clasificación Provincial; Director de la Dirección de Salud Mental y Jefa del Cuerpo Técnico Forense; miembros de la Granja C.L.U.E., etc.), con los que se establecieron criterios de coordinación y asistencia para el abordaje conjunto y PODER JUDICIAL estratégico de la situación de Robledo en aras de materializar una paulatina inclusión al medio libre. También con ese objetivo se visitaron distintas unidades carcelarias con regímenes más laxos que la de alojamiento, pero no se contó con el consentimiento del propio justiciable. Desde esta faz práctica se comprueba lo que los especialistas calificaron como un cuadro de sobreadaptación al medio carcelario.
Cronológicamente, pueden identificarse, entre otras, como diligencias más relevantes, las siguientes:
(a) El 15 de junio de 2016, junto con funcionarios de esta Sala, nos trasladamos a la unidad de alojamiento del interno a fin de mantener entrevista con el Grupo de Admisión y Seguimiento, del Instituto de Clasificación y el Departamento Técnico a efectos de evaluar alternativas, establecer líneas de trabajo, coordinar formas de intervención y especialmente aclarar algunos aspectos vinculados tanto a la situación del interno Robledo Puch, como a los distintos informes emitidos por los organismos técnicos.
De ella participaron la Lic. Juliana Osinaga, Psicóloga Jefe del Instituto de Clasificación; la Lic. Julieta Videla, Psicóloga del Instituto de Clasificación; la Lic. Alejandra Baldo, Psicóloga Jefe de Departamento Técnico; la Prefecto E.G. Mariela Tonel, Jefa del Grupo de Admisión y Seguimiento; el Administrativo Mauricio Pronino, del Grupo de Admisión y Seguimiento; la Lic. en Trabajo Social, Marcela Díaz, de la Sección Asistencia Social; el Subprefecto E.G., Mauricio Echegaray; el Alcalde Mayor Guillermo Krel, Jefe de Visita; el Subprefecto E.G. Gastón Carretape, Jefe de Taller; el Subprefecto E.G. José Luis Dominguez, Subjefe de Taller; el Subprefecto E.G. Roberto Paiz, Jefe de Asistencia y Tratamiento; y el Prefecto Mayor E.G. Walter José Burgos, Director de la Unidad.
Del curso de aquella reunión, surgió que el interno padece un cuadro de “sobreadaptación” al medio carcelario, que se encuentra dado por la imposibilidad de ver y posicionarse desde otro lugar, evidenciando signos de certeza, rigidez e intransigencia al momento de enjuiciar hechos como al actuar. Aclararon que la PODER JUDICIAL recomendación de contemplar la posibilidad de trasladar al interno a un centro psiquiátrico se basaba en que entendían que la instancia tratamental de Robledo Puch se encontraba agotada. Ello, en la medida que se siente incómodo en el lugar pero, paradójicamente, lo reconoce como su hogar, sirviéndole como parámetro de legalidad, contención y normalización de su conducta. Asimismo, manifestaron que resultaba inexplicable la conclusión de los peritos de la Asesoría Pericial de Azul, que no tienen un vínculo permanente y estrecho con el interno; más aún cuando no hacen un seguimiento particular de su conducta y estado psíquico, limitando su conocimiento de la cuestión a las entrevistas para producir los informes periciales solicitados, que no sobrepasan las dos reuniones.
Por su parte, las profesionales de la salud mental de la unidad señalaron que Robledo se siente muy movilizado frente a las salidas y la posibilidad de reconocimiento del público, lo que le genera temor, poniéndolo inestable emocionalmente. Además, los miembros de los organismos de control penitenciario destacaron que puede resultar inconveniente que el interno sea tratado por varias personas. Señalaron el efecto negativo que situaciones como el traslado, las salidas o el tratamiento mediático de su situación generan, operando como factor desestabilizante. Continuaron señalando que los vínculos que establece son siempre ambivalentes, pues no registra sentimiento de culpa; y expresaron preocupación por el nivel de ideación que demuestra.
Indicaron que padece y sufre por su imposibilidad de adaptarse a nuevas situaciones, aunque no de forma consciente, detectándose por ello un deterioro subjetivo –psíquico-. Hicieron hincapié en que el interno no es psicópata sino que presenta rasgos paranoides. Ello se manifiesta con pérdida o alejamiento de la realidad y se expresa en su real dimensión en los momentos en que se desestabiliza emocionalmente, en los que delira. En esa linea, puntualizaron que, a su juicio, un cambio de unidad tendría impacto negativo en la situación psicopsiquiátrica del interno. Por ello señalaron que era recomendable comenzar con la implementación de pequeños paseos dentro de la unidad pero extramuros, como PODER JUDICIAL forma de atenuar el régimen de detención. En cuanto a las condiciones de encierro, si bien el Director de la unidad indicó reiteradamente que se trata de un régimen cerrado por las particularidades del establecimiento, el Jefe de Asistencia y Tratamiento recalcó que en la situación concreta de Robledo, se trataría de un régimen semiabierto, pues su celda está abierta entre las 7 y las 19 horas, aunque reconociendo que en las unidades de régimen semiabierto o abierto las celdas son colectivas mientras que Robledo se encuentra en una individual.
(b) El día 6 de julio pasado se convocó a audiencia en la sede del Tribunal a la Directora y Subdirector respectivamente, del Instituto de Clasificación Provincial, Dra. Verónica Monzón y Lic. Guillermo Fritz.
En la oportunidad manifestaron que se trasladaron hasta la Unidad, oportunidad en la que se entrevistaron con las autoridades y con el propio interno. Señalaron que Robledo presenta la particularidad de que si bien motoriza e impulsa solicitudes de libertad, cuando existe la posibilidad de que sea incorporado a un régimen de mayor laxitud –y no ya cuando existe una posibilidad de concreción de un instituto liberatorio-, se desestabiliza y conspira contra su materialización. Por ello pone obstáculos, busca excusas o echa mano a la manifestación de problemas, engaños, agresiones o conspiraciones que lo tienen por víctima, para clausurar toda posibilidad de modificación de sus condiciones de encierro.
La Dra. Monzón expresó que en el marco de la entrevista que mantuvo con el interno le preguntó sobre la posibilidad de asistir al Campus evangélico. Robledo manifestó que no quiere ir, que desea quedarse en la Unidad, pero quiere irse en libertad; que es un preso político y que no mató a nadie. Ambos profesionales repararon en la particularidad de que no canaliza institucionalmente sus pedidos, sino sólo mediáticamente, como una forma de alimentar el papel o la figura de “Robledo Puch”, lo que evidencia características megalómanas.
Del intercambio de ideas surgieron datos que podrían resultar de relevancia.
Por ello el Lic. Fritz se comprometió a hacer un informe general con relevamiento de la totalidad de la vida institucional de Robledo, que ilustre sobre su estado PODER JUDICIAL general, y remitirlo a la brevedad -lo que se concretó a los pocos días-. También se destacó que una de las principales actividades era jugar ajedrez. Por esa razón la Dra. Monzón y el Dr. Fritz se comprometieron a investigar las posibilidades existentes en el Servicio Penitenciario como potencial forma de vincularlo con el exterior.
(c) El día 12 de julio del mismo año se presentaron en esta sede el Reverendo Juan R. Zucarelli y el Pastor Daniel Tejeda, de la Granja “Cristo la Única Esperanza” (C.L.U.E.), lugar en el que el propio interno había propuesto materializar eventuales salidas. Sin embargo, poco tiempo después rechazó esa posibilidad. En la oportunidad, los asistentes renovaron su voluntad de acoger al interno en caso de egreso.
(d) El día 7 de diciembre se presentaron a audiencia el Dr. Juan Pablo Scarpinelli y la Lic. Ana Moreira Uribe, Director de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincia del Salud Penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense y Jefa del Cuerpo Técnico Forense dependiente de esa misma Dirección. En la oportunidad, manifestaron que Robledo presenta características megalómanas y que todas las presentaciones efectuadas de puño y letra se exhiben como material fructífero para establecer un perfil psico-psiquiátrico. La Lic. Moreira señaló que previo a instrumentar cualquier medida respecto del interno resulta necesario establecer un dispositivo terapéutico de acompañamiento que permita la incorporación paulatina y controlada a distintas actividades. Para ello es menester presentarse con un equipo de profesionales al lugar de alojamiento a fin de efectuar un informe pericial interdisciplinario. La experticia permitirá evaluar su estado general y, a partir de allí, ponderar la posibilidad de establecerlo e, incluso, evaluar la factibilidad real y controlada de realojamiento.
II. Desde el punto de vista pericial, se llevaron a cabo tres informes: (a) el basado en la pericia psico-psiquiátrica llevada a cabo por la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Azul. Sus conclusiones se encuentran agregadas en copia a fs. 40/47. Frente a él esta judicatura remitió un pliego de PODER JUDICIAL preguntas aclaratorias, cuya respuesta fue glosada en copia a fs. 50/53. De todo ello surge la necesidad de someter al interno a un tratamiento psico-psiquiátrico psicofarmacológico de tipo ambulatorio, en función de que presenta un trastorno de personalidad psicopático con ideación megalómana deliroide con aspectos paranoides.
(b) el emitido por el equipo interdisciplinario del Cuerpo Técnico Forense dependiente de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense. En él se llegó a la conclusión de que no existen señales de alarma que pudieran indicar riesgo de violencia en la medida que el interno sea mantenido en la unidad que actualmente lo aloja. Se destacó a partir de ello la inexistencia de elementos para afirmar la necesidad de internación en una institución neuropsiquiátrica (fs. 55/60). (c) el confeccionado por el Grupo de Admisión y Seguimiento de la Unidad de alojamiento, en el que estima conveniente incluir a Carlos Eduardo Robledo Puch en un régimen semiabierto modalidad limitada (fs. 65/80vta.).
III. Remitido en vista el incidente a la partes, en los términos del art. 498 del rito (fs. 81), la Fiscal a cargo del Área de Ejecución y otros Fueros, Dra. María del Carmen Gigante, manifestó no oponerse a la incorporación del interno al régimen semiabierto modalidad limitada. Ello, en atención a lo que surge de los distintos informes emitidos y lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia (fs. 82). A esa posición adscribió la defensa técnica, encarnada en la persona de la Dra. Patricia Colombo, quien destacando la no oposición de la fiscalía, reeditó la solicitud de cambio de régimen (fs. 82vta.).
IV. Como puede observarse, media acuerdo en cuanto a que debe emitirse una decisión que incorpore al interno a un régimen de mayor laxitud. Es conocido mi criterio en relación al sistema acusatorio y la regla de imparcialidad del juzgador, que me llevan a no apartarme de los términos del objeto procesal y la forma en que quedó trabada la litis. Esas circunstancias posibilitan configurar un contexto de mayor laxitud y menor rigurosidad para verificar su desempeño en un ámbito de PODER JUDICIAL mayor autogestión.
Se demanda su acceso a un espacio de desenvolvimiento personal intramuros que posibilite la realización del régimen progresivo de la pena. Ello permitirá el avance a un contexto de menor sujeción que lo ponga frente a una expectativa concreta de futuro egreso. Del mismo modo, habilitará a las partes y a la jurisdicción a verificar la introyección de pautas de conducta idóneas para alcanzar una posible y paulatina inclusión a contextos extracarcelarios. Además, el informe del Grupo de Admisión y Seguimiento de la Unidad concluyó la conveniencia del instituto; al par que fue ordenado por la Suprema Corte, mediando acuerdo entre las partes respecto de su procedencia. Ello impone conceder el cambio de régimen.
Salvo disposición fundada es sabido que el reacomodamiento del interno en un régimen más benigno, como el que dispondré, es facultad del Servicio Penitenciario. Sin embargo, dadas las circunstancias relevadas por el Grupo de Admisión y Seguimiento -entre las cuales se destaca que la unidad opera como espacio de contención- y que la unidad no posee régimen semiabierto, momentáneamente deberán adecuarse las condiciones de alojamiento para replicar las características que le son propias. Esto, sin menoscabo de que las autoridades de esa área del Poder Ejecutivo dispongan un lugar de mejor adaptación al nuevo régimen.
Asimismo, una vez incluido en el régimen dispuesto, el Grupo de Admisión y Seguimiento y las autoridades de la Unidad, deberán informar trimestralmente los avances y particularidades que presente el interno en las nuevas condiciones de alojamiento, poniendo en conocimiento del suscripto toda novedad que pudiera presentarse, aún antes de cumplirse el plazo estipulado para informar. Paralelamente, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección de Salud Mental y Adicciones dependiente de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, que deberá garantizar la concurrencia a la Unidad de alojamiento de un/a médico/a especialista en psiquiatría y un/a PODER JUDICIAL psicólogo/a especialista en psicología cognitivo conductual, a fin de establecer los dispositivos terapéuticos para llevar adelante el acompañamiento necesario del interno, con ajuste a sus particularidades. Lo expuesto, debiendo tomar conocimiento de las recomendaciones farmacológicas efectuadas por los médicos del Poder Judicial y el Servicio Penitenciario.
Finalmente, los agentes encargados del acompañamiento en contexto penitenciario deberán buscar, además, la disposición a quehaceres que coadyuven a la resocialización del interno, propendiendo, entre otras cosas -y como fuera recomendado en el curso de las audiencias de trabajo mantenidas-, a posibilitar la práctica del ajedrez y otras tareas recreativas.
Por lo expuesto,
I. HACER LUGAR a la solicitud formulada por la defensa a fs. 1/2, CONCEDER el cambio de régimen e INCORPORAR al interno CARLOS EDUARDO ROBLEDO PUCH al RÉGIMEN SEMIABIERTO MODALIDAD LIMITADA, en su actual lugar de alojamiento, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 5.2 y 5.6 CADH; 1.3 PIDCyP; 30, 168 y 171 Const. Prov.; 5, 6, 7, 12 y 14 Ley 24.660; 4, 5, 6, 94, 132 y 134 Ley 12.256; 25, 106 y 497 CPP).
II. PONER EN CONOCIMIENTO del señor Jefe de la Unidad de que DEBERÁ ADECUAR LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO A FIN DE REPLICAR LAS PROPIAS DE UN RÉGIMEN SEMIABIERTO, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 5.2 y 5.6 CADH; 1.3 PIDCyP; 30, 168 y 171 Const. Prov.; 1, 3, 5, 6, 7, 12 y 14 Ley 24.660; 6, 94, 132 y 134 Ley 12.256).
III. PONER EN CONOCIMIENTO del Grupo de Admisión y Seguimiento y las autoridades de la Unidad, de que DEBERÁN INFORMAR TRIMESTRALMENTE los avances y particularidades que presente el interno en las nuevas condiciones de alojamiento, poniendo en conocimiento del suscripto toda PODER JUDICIAL novedad que pudiera presentarse, aún antes de cumplirse el plazo estipulado, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (168 y 171 Const. Prov.; 27, 28, 29 y 96 Ley 12.256).
IV. PONER EN CONOCIMENTO de la Dirección de Salud Mental y Adicciones dependiente de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, de que DEBERÁ GARANTIZAR la concurrencia a la Unidad de alojamiento de un/a médico/a especialista en psiquiatría y un/a psicólogo/a especialista en psicología cognitivo conductual, a fin de establecer los dispositivos terapéuticos para llevar adelante el acompañamiento necesario del interno, con ajuste a sus particularidades, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 143 Ley 24.660; 41, 137 y 145 Ley 12.256).
V. PONER EN CONOCIMIENTO del señor Jefe de la Unidad de que los agentes encargados del acompañamiento del interno deberán buscar la disposición a quehaceres que coadyuven a la resocialización del interno, propendiendo a la práctica del ajedrez y otras tareas recreativas, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const. Prov.; 91 Ley 12.256).
Regístrese, notifíquese y ofíciese a los distintos organismos.
Fdo.: Duilio A. Cámpora. Juez.
Ante mí: Bernardo Hermida Lozano. Secretario
Fin de la sentencia