Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala II de San Isidro.incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar · Causa 78.380
Lo que resolvió el tribunal
I. Se declara admisible el recurso de apelación que fuera deducido contra el veredicto obrante a fs. 669/689vta. de la causa principal, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443, 444 y cddtes. del C.P.P. –ley 11.922 y sus modificatorias-).-
II. Se confirma el veredicto obrante a fs. 669/689vta. de la causa principal, en cuanto resuelve condenar a Juan Pedro Larraburu, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, a la pena de UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES de PRISION, DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, CON COSTAS, debiendo cumplir las reglas de conducta impuestas por la Jueza A-quo (art. 1º Ley 13.944, arts. 105, 107, 209, 210, 367, 371, 373, 434, 530, 531 y cddtes. del C.P.P. –ley 11.922 y sus modificatorias-; arts 26 y 27 bis; 40 y 41 del C.P.).-
"LARRABURU, Juan Pedro s/ Inc. de apelación"
C. 78.380/II
/// la Ciudad de San Isidro, a los 14 días del mes de octubre de dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Juan Eduardo Stepaniuc, Leonardo Gabriel Pitlevnik y Luis Cayetano Cayuela, para dictar sentencia en la causa seguida a Juan Pedro Larraburu, de nacionalidad Argentina, DNI Nº 4.555.553, nacido el 28 de junio de 1946 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de estado civil separado, médico, con domicilio real en la calle Wernicke 642 de la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires; por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Practicándose el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Dres. Pitlevnik, Stepaniuc y en caso de disidencia Cayuela.-
Llega la presente causa a conocimiento de esta alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial de Juan Pedro Larraburu, Dr. Hernán Rocha, contra el veredicto y sentencia condenatorios dictados el 30 de mayo de 2014, por la Sra. Jueza Titular del Juzgado Correccional Nº 5 Departamental, Dra. Andrea C. Pagliani, en la causa Nº 2713 del registro de ese Juzgado.- En dicho pronunciamiento la Sra. Jueza referida condenó a Juan Pedro Larraburu a la pena de Un (1) año y ocho (8) meses de prisión, con costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de sus hijos menores de edad M.I. y A.S.L.; pena cuyo cumplimiento dejó en suspenso y deberá Larraburu por el plazo de dos (2) años cumplir con las reglas de conductas detalladas en la sentencia obrante a fs. 690/691 del cuerpo principal.-
Contra dicha sentencia se alzó el Sr. Defensor Oficial del imputado, mediante el recurso obrante a fs. 1/7vta. de la presente incidencia.-
Por ello, corresponde plantear y votar las siguientes:
PRIMERA: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ PITLEVNIK DIJO:
Luego del análisis de las previsiones del art. 433, primer párrafo del C.P.P., y recibido el recurso ante estos estrados, el Tribunal debe expedirse con relación a su admisibilidad formal, es decir, si fue presentado temporáneamente, si quien lo interpuso tenía derecho a hacerlo y si la resolución puesta en crisis es impugnable por esa vía.-
De conformidad con los arts. 424 y 439 segundo párrafo del Código de forma, la Defensa del imputado se encuentra legitimada para recurrir la sentencia condenatoria. Asimismo, ha presentado su impugnación en tiempo y, en lo demás, ha cumplido con las previsiones de los arts. 421, 441, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P., por lo que, de conformidad con las previsiones del art. 433 del C.P.P., corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto.-
Así lo voto.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ STEPANIUC DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ PITLEVNIK DIJO:
1. El recurso de la defensa.
La Defensa Técnica plantea dos motivos de agravios.
a. Por un lado se agravia, de que la Señora Jueza a-quo haya tenido por acreditado que su defendido se sustrajo a prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos menores de edad en forma intencional. A su criterio lo hizo sin el sustento probatorio suficiente para acreditar el dolo en su conducta, a través de una absurda valoración de la prueba (art. 210 y 373 del C.P.).-
Sostuvo que la Magistrada entendió, sin prueba respaldatoria, que la licencia sin goce de sueldo solicitada por Larraburu a su puesto en el Hospital Muñiz y el posterior abandono de su cargo constituyó un ardid para privar deliberadamente a sus hijos de los medios indispensables para su subsistencia, sin atender a las explicaciones que brindó el encausado acerca de los inconvenientes que le generaba trabajar allí. Esto, en virtud de que el embargo trabado en su sueldo para cubrir la cuota alimentaria, le impedía obtener un rédito económico que le permitiera -al menos- cubrir sus gastos de traslado y a la necesidad de intentar obtener otras remuneraciones en lugares distintos. Esgrime que no existen constancias que permitan a la Sra. Jueza concluir que el imputado, al mismo tiempo, ejercía en forma particular la medicina atendiendo en diversos consultorios como para determinar con certeza cuales eran sus ingresos y disponibilidad horaria como para determinar su capacidad económica.-
Siguiendo este lineamiento, considera que la titularidad de las líneas celulares y que las salidas al exterior del imputado durante los años 2007/2012 -once salidas en total- no necesariamente implican que haya realizado erogaciones de importancia como para evaluar su capacidad económica o que haya viajado con fines de esparcimiento y que cualquier valoración en contrario implica por parte de la jueza aquo meras hipótesis sin sustento probatorio.-
Asimismo, se agravia del análisis efectuado por la Sra. Jueza respecto de las cuentas bancarias propiedad de Larraburu, en lo atinente a la disponibilidad del dinero, las compras de títulos públicos, los movimientos realizados en ellas, y tachó de infundadas las conclusiones a las que se arribó en la resolución. A la misma conclusión arriba respecto a lo dictaminado por la Magistrada en la falta de presentación del imputado en el expediente sucesorio “Raboni, Angela Magdalena” y considera que no consta en esos autos que de allí se puedan obtener créditos a favor de Larraburu que habilite a suponer cualquier tipo de conducta maliciosa del incuso que se relacione con la obligación alimentaria que aquí se reclama.- Por último, sostiene que más allá de los cuestionamientos sobre la titularidad del inmueble que habitan sus hijos, su defendido abona un canon mensual a su actual titular, lo que, según la Defensa, habilita a afirmar que gracias a ello se encuentra abastecida la necesidad de vivienda, parte esencial integrante de la obligación alimentaria.-
A modo de conclusión manifiesta que del análisis de la prueba ponderada en la sentencia surge que se pretendió acreditar, infundadamente, que su defendido ha contado con ingresos que le proporcionan cierto nivel de vida cuando en realidad los elementos de cargo son insuficientes para así determinarlo, por lo que solicita se revoque el fallo y se absuelva al imputado.-
b. De manera subsidiaria, la defensa plantea la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P. por parte de la Jueza actuante y cuestiona los argumentos que la llevaron a sostener la calidad de médico del imputado como circunstancia agravante. También se refirió a la supuesta utilización por parte del imputado de la Administración Pública y la Administración de Justicia mediante la solicitud de licencias y la realización de planteos a sustraerse de sus obligaciones como padre. Es por ello que requiere se adecue la pena y se aplique una sanción lo mas cercana al mínimo legal establecido.-
Por último, efectuó reserva de interponer recurso extraordinario federal.
2. El conocimiento del Tribunal.
Opera la apertura de la instancia en los términos del art. 434 del C.P.P., que atribuye a este Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de los agravios expuestos por el recurrente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Casal, Matías Eugenio y otro” (C.S.N.J. Fallos 328:3399) en la cual se fijó el alcance del recurso, propicia una interpretación amplia de las cuestiones revisables. Sin embargo, ha interpretado que el artículo 8 inciso 2 apartado h. de la C.I.D.D.H.H. exige la revisión de todo aquello que no surja directa y únicamente de la inmediación de un debate oral, extremo que, estimo, es de aplicación contra sentencias de juicio oral cuyo conocimiento corresponda a esta Cámara.-
3. La decisión que corresponde adoptar.
Luego de acaecido el correspondiente debate, en la fundamentación del veredicto obrante a fs. 22/42vta. de la presente incidencia (fs. 669/689vta. del principal) la Sra. Jueza del Juzgado Correccional Nº 5 Departamental, tuvo por acreditado que "al menos desde el mes de mayo de 2006 y hasta la actualidad el aquí imputado –Juan Pedro Larraburu- se sustrae de abonar sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijos menores M.I. (17 años) y A.S.L. (12 años) fruto de la unión marital del nocente y de la denunciante Mariel Cristina Serio, de quien se halla separado, ello así a pesar de haber contado con los medios económicos para abastecer las necesidades de ambos menores”.-
Tal conducta fue calificada en la sentencia de fs. 43/44 de la presente incidencia (fs. 690/691 del principal) como constitutiva del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, del que resultaría autor el imputado, como ya fuera indicado previamente.-
El tipo penal legislado en el art. 1 de la ley 13.944 exige para su configuración que ese incumplimiento sea doloso.-
A mi modo de ver y en contra del agravio defensista, la Sra. Jueza de grado ha fundamentado razonablemente las cuestiones por las cuales, a su criterio, Larraburu, en todo momento ha tenido la clara voluntad de sustraerse al deber de brindar a sus hijos lo necesario para su subsistencia (art. 209 y 210 del C.P.P.).- En este sentido, entendió que la licencia sin goce de sueldo solicitada por el imputado en el Hospital de Infecciones Francisco J. Muñiz, en donde trabajaba desde el 16 de agosto de 1994 (fs. 544/552) fue requerida con el fin de privar deliberadamente a sus hijos de los medios indispensables para su subsistencia. Debe tenerse en cuenta que el embargo sobre el sueldo dispuesto por el Tribunal de Familia Nº 2 constituía el único aporte que recibían sus hijos por parte de él. Fue el mismo Larraburu quien en oportunidad de prestar declaración a tenor del art. 308 del C.P.P. (fs. 167/170), incorporada por lectura al debate, manifestó que había solicitado la licencia porque, a raíz del embargo, concurrir al hospital a trabajar le implicaba no cobrar sueldo alguno, es decir, constituía una “falta de rédito económico”.-
Considero, al igual que lo postulara la Jueza de grado, muy a contrario del planteo defensista, que Larraburu sí percibía un rédito económico por su trabajo en el Hospital Muñiz. La cuestión gira en torno al hecho de si él estaba dispuesto a destinar ese rédito, total o parcialmente, a satisfacer las necesidades de sus hijos. Por lo tanto, el argumento de que solicitó la licencia para poder capacitarse y así conseguir ingresos adicionales para poder subsistir ya que por el embargo no percibía sueldo alguno para sí, es inconsistente.
Además, nótese que en la misma declaración indagatoria justifica los exiguos importes alimentarios realizados mencionando que no tiene “trabajo efectivo” ni “sueldo fijo”, circunstancia que no lo libera de su obligación alimentaria, máxime cuando fue el propio encausado quien se colocó voluntariamente en esa situación. En otras palabras, no tendría un trabajo efectivo porque aquél que tenía y servía para dar de comer a sus hijos, fue neutralizado por el propio acusado.- También entiendo correcta la conclusión en cuanto a que esa no era su única fuente de ingresos, ya que a diferencia de lo expresado por el Dr. Rocha, obran en la presente sobradas constancias de que Larraburu contaba con otras remuneraciones además de la percibida en el Hospital Muñiz. Esto se desprende de las declaraciones incorporadas por lectura, como de las que tuvieron lugar en el debate. Tiene especial relevancia la declaración del Sr. Lorenzo, amigo del imputado, quien indicó que Larraburu además de su trabajo en el Hospital atendía en otros consultorios particulares, los cuales conocía. Que había visitado el ubicado en Belgrano y el emplazado en el domicilio donde habita Larraburu en la calle Wernicke. A su vez, esa circunstancia, fue constatada por la Asistente Social encarga de realizar el informe socio ambiental de fs. 59 donde reza “… de profesión médico pediatra, ejerce en forma privada en un consultorio instalado en el domicilio visitado y otro en el barrio de Belgrano de la C.A.B.A.” “… en lo que impresiona como Garage se encuentra armado el consultorio.” Adunado a ello, a fs. 45 obra constancia actuarial del día 10/11/11 en donde se constató telefónicamente por quien dijo ser el Dr. Juan Pedro Larraburu que ratificó que allí funcionaba su consultorio médico en donde atendía en forma particular hasta las 17 hs., cobrando por la consulta la suma de $ 100 (pesos cien), en el barrio de Belgrano. A fs. 555/556 luce informe enviado por la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (DIBA) que da cuenta que el encausado se desempeña como médico de familia de esa dirección, aportando planilla con los importes percibidos hasta enero del corriente.
Por otro lado, el Tribunal de Familia Nº 2 de San Isidro, al fijar con fecha 7 de marzo de 2007 en los autos “Serio, Mariel Cristina c/Larraburu, Juan pedro s/ Alimentos”, causa Nº 21.010, incorporado por lectura, el monto de la cuota alimentaria debida por el imputado a sus hijos tuvo por probado que “… en la especie, ha quedado acreditado en el veredicto de autos que el demandado se desempeña como médico pediatra, alergista y nutricionista percibiendo un haber de $ 1300 (…) comercializando los medicamentos que recetaba a sus pacientes…”, lo que demuestra su capacidad económica en ese momento.-
Se agravia también la defensa de lo manifestado por la Jueza de grado en cuanto a que Larraburu, al obrar de la manera que lo hizo con relación a su trabajo al Hospital Muñiz, desterró toda posibilidad de embargo por parte de la denunciante, ya que según el Dr. Rocha el imputado es titular de una cuenta en el Banco Hipotecario (fs. 174/200) la cual también es susceptible de ser embargada. Discrepo con el alegato defensista. La posibilidad de que la madre de las víctimas pudiera contar con otras fuentes a embargar, de ningún modo puede tenerse como un cumplimiento de la obligación del imputado que, como quedara dicho, abandonó un trabajo para evadir el pago de su obligación alimentaria (o porque no le daba rédito, que a los efectos de lo que se investiga en la causa es lo mismo). Achacarle a la denunciante que siguiera buscando fuentes para obtener lo que le era ilícitamente negado a sus hijos por el encartado, es trastocar irrazonablemente la posición de denunciante e imputado. Por último, si como dice la Defensa, el imputado tenía una cuenta bancaria en la que había dinero para cumplir sus obligaciones, ello no haría más que confirmar lo que ya se ha tenido por probado de manera suficiente, es decir, su omisión dolosa respecto de sus hijos.-
Respecto a la cuenta bancaria de mención (fs. 173/200), y en referencia a la queja defensista en cuanto a que la Magistrada desconocía la libre disposición o no de los fondos allí depositados por tratarse de títulos públicos o privados, considero oportuno señalar que más allá de las cuestiones operativas, lo cierto es que estamos ante una caja de ahorro, y queda claro que lo que la Magistrada tuvo por acreditado es que el imputado utilizó los fondos allí depositados para realizar inversiones en diferentes títulos. En otras palabras, nos encontramos ante una persona que alega falta de capacidad económica para afrontar una obligación alimentaria, pero que dispone de dinero para realizar inversiones varias. Reitero que tratándose de un médico en ejercicio de la profesión no parece razonable alegar que dichas inversiones conforman su medio de ganarse el sustento propio indispensable.- Misma línea de razonamiento le cabe a la cantidad de viajes realizados al exterior, principalmente al Uruguay entre los años 2006 y 2013, los cuales se desprenden del informe suministrado por la Dirección General de Migraciones obrante a fs. 149/150; los montos abonados por las líneas celulares a su nombre y las distintas cuentas bancarias abiertas también a su nombre. Claro está que la valoración de la Magistrada actuante de estos hechos acreditados en autos, lejos de ser “absurda”, constituye un análisis acertado que evidencia una capacidad económica que dista bastante de la que intenta demostrar el imputado para justificar un exiguo aporte alimentario, que cabe recordar, raras veces superó a la suma de $ 50 pesos mensuales para cada uno de sus hijos (ver comprobantes presentados a fs. 204 e informe del Banco Provincia de fs. 398/399). Nótese que a fs. 45 manifestó que en 2011 cobraba $ 100 pesos la consulta particular, es decir, que sólo aportaba como cuota alimentaria lo que ganaba en una sola atención.-
Tampoco veo razón para apartarme de lo resuelto por la Sra. Jueza de grado con relación a la falta de presentación de Larraburu como heredero en la sucesión de su tía, causa “Raboni Angela Magdalena s/ Sucesión Ab Intestato” que tramita por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 Deptal.. Esto es así, ya que no consta en el mencionado expediente, cuyo único bien componente del acervo hereditario es la propiedad de la calle Wernicke 642 de Villa Adelina -donde habita y tiene el consultorio el imputado-, documento que acredite de manera fehaciente la cesión de sus derechos en favor de su primo Héctor Eduardo Grecco.-
Si bien ha señalado el Defensor que no hay elementos que permitan vislumbrar con claridad que de la sucesión puedan obtenerse créditos a favor de su defendido, lo cierto es que, si partimos de la base de que el encausado se encuentra atravesando una supuesta situación de extrema necesidad, la cual hace que no pueda sustentar las necesidades básicas de sus hijos, nada justifica que no haga valer su vocación hereditaria en una sucesión en donde a fs. 53/54 del expediente en cuestión consta una valuación realizada en el año 2009 del inmueble de mención que ascendía en ese entonces a la suma de $ 745.000 pesos. Por lo tanto, coincido con lo expresado por la Jueza a-quo en cuanto a que “Larraburu tenía la obligación legal y moral de presentarse en dicho sucesorio y, en su caso justificar fehacientemente el por qué no hacía valer su vocación hereditaria”.-
Me referiré a continuación a la causa por desalojo que le fue iniciada a la Sra. Serio por el inmueble que habita junto a sus hijos y que habitaron con el imputado durante el matrimonio, sito en la calle Fray Justo Sarmiento 3500 en la localidad de Olivos, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 12 Deptal. El imputado manifestó en su declaración a tenor del art. 308 del C.P.P. que en el año 1999/2000, antes de contraer matrimonio con Serio, mal vendió a Sr. Fabián Manso el mencionado inmueble porque tenía junto a su padre “juicios por defraudaciones”, y que Manso le otorgó un derecho real de usufructo sobre el inmueble. Que éste último al enterarse de que Larraburu había sido excluido del hogar le solicitó que se lo devolviera. Señaló que al negarse la Sra. Serio a abandonar la vivienda, éste firmó un convenio con el Sr. Manso por el cual el encausado deberá abonarle un canon mensual hasta tanto lo deshabite. La defensa intentó con este argumento probar que “más allá de los cuestionamientos acerca de su titularidad … de uno u otro modo la necesidad de vivienda de sus hijos menores, parte esencial de integrante de la cuota alimentaria, se encuentra abastecida…”, argumento que no deja de llamar la atención ya que contrariamente a lo expresado por el Defensor, ha quedado en evidencia una vez más la voluntad de Larraburu de sustraerse al deber de brindar un techo, un hogar a sus hijos. Y subrayo lo atinente a la titularidad del inmueble ya que existe una causa iniciada por la Sra. Serio “Serio Mabel Cristina c/Larraburu Juan Pedro y otro s/ Nulidad de Acto Jurídico”, también tramitando por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 12 Deptal., que si bien no cuenta en la actualidad con resolución de mérito, lo cierto es que a través de la presentación por parte de la denunciante de un contradocumento firmado por Manso y Larraburu a pocos días de celebrarse la compraventa, se intenta probar la posible simulación de esta operación (ver fs. 366/371vta del principal). Asimismo, cabe poner de resalto que en ninguno de los dos expedientes se ha acreditado la existencia de un usufructo en favor de Larraburu, ni convenio alguno que acredite que el pago de un canon en favor de Manso.
Creo oportuno destacar, al igual que lo hizo la distinguida Magistrada, que no resulta indiferente el vínculo existente entre las partes y los letrados de las distintas causas traídas “ad effectum vivendi et probandi”. Tal como lo manifestó en su resolución, y en base al análisis de las mencionadas causas “se advierte que Juan Pedro Larraburu, en la causa que tramitase por ante el Tribunal Oral N° 4 Departemental, en orden al delito de Abuso Sexual, y también inicialmente en esta causa N° 2713 fue asistido y defendido por el Dr. Horacio Alberto Cassinelli. Este letrado resulta ser el letrado patrocinante de Héctor Eduardo Grecco en el citado sucesorio (fs. 49) a la vez que resulta también letrado patrocinante de la Sra. María Carmen Rosales (fs. 137) en los autos “Manso, Fabián Eduardo c/Serio Mariel Cristina s/desalojo” en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 12 Dptal., donde esta Señora, a la sazón hermana de Elena Rosales, esposa del nombrado Grecco, resulta ser apoderada del nombrado Manso, quien por otra parte, en los autos “Serio de Larraburu, Mariel Cristina c/Larraburu, Juan Pedro y otros s/Nulidad de acto Jurídico” de dicho Juzgado en lo Civil y Comercial N° 12 Departamental, también resulta asistido por el Dr. Casinelli”. Con esto de ningún modo pretendo inmiscuirme en la labor profesional de abogados y apoderados, pero sí poner en evidencia, de qué manera parece haber un interés común que, verosímilmente, responde al del acusado, en su afán por incumplir sus obligaciones alimentarias, sea alegando la propiedad de su inmueble en cabeza de su amigo Manso o promoviendo el desalojo de la denunciante y sus hijos.
Es por lo expuesto ut-supra que no advierto en la resolución en crisis, como pretende demostrar el planteo defensista, una “absurda” valoración de la prueba por parte de la Jueza a-quo, sino mas bien una lógica y coherente ponderación probatoria de todo lo que fue incorporado por lectura al debate, así como de los dichos de los testigos que declararon en él.-
b. De manera subsidiaria, plantea la Defensa la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P. por parte de la Jueza actuante y cuestiona los argumentos que la llevaron a sostener la calidad de médico del imputado como circunstancia agravante. Adelanto que este planteo tampoco encontrará favorable acogida.-
La Magistrada de grado consideró que “como profesional no podía dejar de desconocer el daño que ocasionaba con su actitud, y pese a ello optó no sólo por actuar de la manera que lo hizo, perpetuándolo en el tiempo, siendo totalmente consciente del daño, del perjuicio, ocasionado a sus hijos, daño que se ha comprobado debidamente y que, por su extensión, de modo alguno implica caer en una doble valoración tal como lo señala el Sr. Defensor”. Estimo que, contrario a lo que manifiesta el Sr. Defensor, merituar la calidad de médico del imputado implica situarse en el contexto que rodea al hecho objeto de investigación y al sujeto al cual se le reprocha determinada conducta. Un profesional de la salud, que cuenta con consultorios privados y empleo público, se encuentra en una situación que, como prevé el art. 41 del C.P., es muy distante de la de quien pasa miseria o dificultad para ganarse el sustento.
Se trata de quien ha logrado una instrucción universitaria calificada (como lo es la que recibe un médico diplomado) que debe ser evaluada en cuanto a la educación que el artículo mencionado obliga a tener en cuenta. Ha quedado suficientemente acreditado que antes de la separación, la familia mantenía un buen nivel de vida, en donde Larraburu constituía el único sostén. Luego de la separación -la cual tuvo lugar en virtud de la denuncia de abuso sexual de Larraburu a su hija M., delito del que fue encontrado culpable por el TOC N° 4 Deptal., y cuya condena no firme fue confirmada en Casación- el imputado dejó a su familia en una total situación de desamparo, situación que era de su total conocimiento.
La denunciante tuvo que recurrir a la ayuda económica de sus padres –ambos jubilados y de pocos recursos- y a la de sus amigos, para de esta forma cubrir las necesidades más básicas de sus hijos: alimento, vestimenta y salud.- Esta circunstancia se desprende de los elementos de prueba ventilados en el debate. Lo han expresado la denunciante, su madre, su propia hija M. y el Sr. Lorenzo –amigo del imputado-, los cuales han sido merituados por la Jueza, quien por su inmediación es la encargada de establecer el mayor o menor grado de convicción. En mi opinión, la revisión de tales cuestiones por parte de un tribunal de alzada, como lo intenta la Defensa, no es posible. No sólo porque cancelaría los principios de oralidad, publicidad e inmediación del Debate, sino también por una limitación fáctica impuesta por la naturaleza de las cosas: el tribunal de alzada no las conoce más que en su contenido referido en la sentencia.
En virtud de los expuesto es que he de proponer al acuerdo se declare admisible el recurso de apelación, se confirme la sentencia apelada y se condene a Juan Pedro Larraburu de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de un (1) año y ocho (8) meses de prisión, con cotas, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1º Ley 13.944, arts. 5, 26, 27, 29 inc. 3, 40, 41 y 45 del C.P. y 375, 530 y 531 de C.P.P.
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ STEPANIUC DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.-
Con lo que terminó el acuerdo, firmando los Sres. Jueces por ante mí, doy fe.-
///Isidro, 14 de octubre de 2014.-
Y
que en el Acuerdo que antecede ha quedado resuelto que el recurso deducido es admisible, la sentencia recurrida es justa y corresponde su confirmación.-
POR ELLO:
I. SE DECLARA ADMISIBLE el recurso de apelación que fuera deducido contra el veredicto obrante a fs. 669/689vta. de la causa principal, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443, 444 y cddtes. del C.P.P. –ley 11.922 y sus modificatorias-).-
II. SE CONFIRMA el veredicto obrante a fs. 669/689vta. de la causa principal, en cuanto resuelve CONDENAR a Juan Pedro Larraburu, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, a la pena de UN (1) AÑO Y OCHO (8) MESES de PRISION, DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, CON COSTAS, debiendo cumplir las reglas de conducta impuestas por la Jueza A-quo (art. 1º Ley 13.944, arts. 105, 107, 209, 210, 367, 371, 373, 434, 530, 531 y cddtes. del C.P.P. –ley 11.922 y sus modificatorias-; arts 26 y 27 bis; 40 y 41 del C.P.).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase, sirviendo el presente de atenta nota de remisión.-
FDO: LEONARDO G. PITLEVNIK- JUAN E. STEPANIUC
Ante mí: Viviana A. Vega
Fin de la sentencia