Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala II de San Isidro · Causa 81010
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de apelación que fueran interpuestos contra el auto que obra a fs. 609/631vta. del cuerpo principal, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 188, 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P.).
Causa N° I-81010-2017/II. "G., J. A.; P., V. Y.; P., L. s/inc. de elevación a juicio"
San Isidro, 05 de octubre de 2017.
Para resolver los recursos de apelación deducidos por las Defensas Particulares de los imputados G., P. y P., contra el auto que obra a fs. 609/631vta. del cuerpo principal, conforme fueran oportunamente concedidos.
Y
II. Antecedentes y agravios: El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 1 Dptal., Dr. Ricardo José Costa, resolvió: a.) declarar inadmisible la nulidad de la orden de allanamiento fiscal planteada por la Defensa Particular de los imputados G. y P.; b.) no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada por la Defensa Particular en favor de los imputados G. y P.; c.) no hacer lugar a las oposiciones al requerimiento fiscal de elevación a juicio deducida por las Defensas Particulares de los imputados G., P. y P., mediante la cual se instaron los sobreseimientos totales de los mentados; y en consecuencia, d.) elevar a juicio la presente causa seguida a G., P., P. y O. por resultar coautores prima facie responsables del delito de suposición de identidad en grado de tentativa, previsto y reprimido en el art. 45 y 139 inc. 2do. del C.P..
Contra dicha resolución las Defensas Particulares de los encausados interpusieron recurso de apelación.
a. Agravios planteados por los Dres. Cúneo Libarona y Oribe, Defensores Particulares de los imputados Jorge Alberto G. y Vanesa Yanina P.: La Defensa de los imputados centró el recurso en tres cuestiones: la nulidad del allanamiento de fs. 22/23, el rechazo de la suspensión del juicio a prueba y por último el no ha lugar al sobreseimiento de sus asistidos y la elevación a juicio de la presente causa. a.1. De la nulidad del allanamiento de fs. 22/23: La Defensa requirió la nulidad del allanamiento practicado en el domicilio de los imputados por entender que aquél se ordenó como consecuencia de un interrogatorio ilegítimo que la Dra. Rueda -secretaria de la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas- le realizó a la encausada P. al momento de constatar el domicilio y en el cual ésta habría informado el hecho con dichos autoincriminantes y habría exhibido documentación que motivó, a su juicio, el posterior registro domiciliario. Agregó que esta cuestión podría haberse esclarecido convocando a P. y a la testigo Kochen a declarar. Asimismo, consideró irregular la circunstancia de que no se encuentre en el expediente materializada dicha constatación.
Concluyó que con dicho accionar se ha violentado el derecho a la privacidad, a la intimidad (art. 19 CN), el derecho de defensa en juicio, la garantía de no autoincriminación y, en definitiva, el debido proceso legal (arts. 8.2.g y 8.3.e CADH, 14.3 PIDCyP, 18 C.N.). Es por ello que solicitó se declare nulo el allanamiento practicado en el domicilio de los imputados y de todo lo obrado en consecuencia. a.2. De la suspensión de juicio a prueba: Se agravió la Defensa de que, sin bien el Dr. Costa consideró que los elementos objetivos del caso habilitaban la concesión de la probation, éste fundó su negativa en la oposición del Ministerio Público Fiscal, la cual consideró lógica y motivada, sin que, a su entender, se haya expedido sobre el fondo de la cuestión o haya verificado si los argumentos expuestos por los Sres. Fiscales eran razonables.
Destacó que los motivos utilizados por la Fiscalía para fundar la negativa fueron “las especiales circunstancias del caso” y en que el hecho se encontraba tutelado por “Instrumentos Internacionales”, asimilando el caso a una forma de violencia de género, considerando aplicable el fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Respecto a “las especiales características del caso” a las que la Sra. Fiscal hizo mención, advirtió la Defensa que la suposición de identidad de un recién nacido es un elemento objetivo del tipo penal enrostrado, es decir, por lo tanto ya fue valorado al momento de calificar la conducta.
Con relación a la asimilación por parte de la Fiscalía del presente hecho a un caso de violencia de género por violentar derechos esenciales del niño, manifestó la Defensa que, la Convención de Belem do Para no prevé en ningún artículo un hecho como el imputado en autos.
Por último, expresó que la oposición del Ministerio Público no está exenta del control de legalidad y razonabilidad jurisdiccional. Para la defensa, el a quo consideró la negativa de los Sres. Fiscales lógica y motivada sin siquiera haber analizado los argumentos expuestos por aquellos.
a.3 Del Sobreseimiento de P. y G.: La Defensa sostuvo respecto a P. que no existe en la presente un solo elemento de cargo que pruebe la participación de aquélla en el ilícito enrostrado, toda vez que a su juicio, ésta no realizó ningún aporte causal. Adunaron a ello que, su apellido no figura en ningún documento, acta o informe y que nunca simuló ser la madre del niño ni intentó modificar, alterar ni sustituir su identidad. Por otra parte, con relación a G., adujo la Defensa que la elevación a juicio se basa en los dichos de cuatro testigos, tres de los cuales corresponden a personal del Sanatorio La T. y el otro a la coimputada O..
Refirieron que del relato de Valverde, Jefa de Neonatología, se desprende que quien dijo que G. era el padre biológico de la criatura fue S. y no el imputado. Entendieron que esta circunstancia, o el hecho de que el imputado y la joven hayan realizado el ingreso a la institución como si fueran pareja, o que G. y P. se hayan hospedado en la habitación contigua a la que ocupaba S., no equivale a hacer incierto, alterar o suprimir la identidad de aquél, como lo exige el tipo penal.
Advirtieron que, de la lectura del fallo, no se desprende siquiera cuáles serían los actos que los encausados realizaron para cometer el delito que se les imputa y agregaron que, del testimonio de O. -madre de la menor- quedó probado que S. iba a figurar como madre del niño en los registros, por lo que en ningún momento estuvo en los planes de sus asistidos hacer incierto, alterar o suprimir la identidad del menor. Para robustecer su postura, indicaron que en la historia clínica el niño figura con el apellido materno –S.-, es decir, jamás se negó a la madre. Destacaron que, la única persona con facultades para acreditar la identidad del menor era el Dr. P., que fue quien emitió la correspondiente constancia de nacimiento, documento en el que no figura ningún dato de G. como padre biológico del niño.
Por todo lo expuesto, solicitan se disponga el sobreseimiento de Vanesa Yanina P. y Jorge Alberto G. respecto al delito que se les imputa.
La Defensa manifestó su intención de informar oralmente ante esta Alzada.
b. Del sobreseimiento planteado por el Dr. Horacio Raúl Semín, defensor particular del imputado P.: a criterio del Letrado, no existe probanza alguna que acredite que su defendido sea partícipe o coautor del ilícito reprochado. Por el contrario, refirió que de las piezas probatorias obrantes en la instrucción emerge que el proceder del Dr. P. fue adecuado y ajustado a las reglas del arte de curar.
Mencionó que el a quo fundó su decisión en tres elementos de prueba. El primero de ellos es la constatación de parto (fs. 565) que, según el Defensor, es el único documento emitido en su totalidad por el imputado con entidad suficiente para inscribir el nacimiento del recién nacido en el registro de las personas. Destacó que, éste fue completado de manera correcta con todos los requisitos allí exigidos: su asistencia en el nacimiento de una criatura de sexo masculino, la fecha y lugar e identificación de la madre –la joven S.- y del niño con la impresión dígito pulgar y plantar requeridas. Segundo, expresó que el Magistrado tomó en consideración el formulario de fs. 563, que aclaró, no fue completado por el médico, sino que, solo fue firmado por éste a pesar de que su rúbrica no era necesaria y, por lo tanto, no cuenta con entidad suficiente como para certificar el contenido del documento. Señaló que dicho formulario requiere, según reza en su parte superior, ser llenado por el denunciante, por eso no hay un lugar estipulado para la firma del galeno interviniente.
Por último, como tercer elemento incriminante, se agravió la Defensa de la valoración por parte del Dr. Costa del certificado obrante a fs. 564, en donde su defendido se limitó a acreditar que el recién nacido fue dado de alta del Sanatorio sin que se le aplicara la vacuna BCG.
Concluye que, a su entender, el proceder de P. fue conforme a la ley 14.078 del registro provincial de los recién nacidos y sus modificatorias y de acuerdo a los procedimientos mínimos obligatorios regulados por la Ley Nacional 24.540, modificada por la 24.884, por lo que solicita se revoque el auto impugnado y se sobresea de manera total a su asistido.
El Dr. Semín dejó sentada la cuestión federal, conforme el art. 14 de la ley 48 e hizo reserva de recurrir en Casación.
PRIMERA: ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia solicitada por la Defensa de G. y P.?
SEGUNDA: ¿Son admisibles los recursos interpuestos contra la resolución de fs. 609/631vta.?
TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ PITLEVNIK DIJO:
La Defensa Particular de los imputados P. y G. ha solicitado audiencia para informar oralmente, por lo que corresponde hacer lugar a su pedido en el marco del art. 447 del C.P.P..
Por ello, a la cuestión en trato, voto por la afirmativa.
ASI LO VOTO.
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ CAYUELA DIJO:
Vista la audiencia solicitada por la Defensa Particular de los imputados P. y G. en el escrito mediante el que interpuso la impugnación, entiendo que no corresponde hacer lugar a la misma, pues en su solicitud de exposición oral, los Dres. Cúneo Libarona y Oribe no fundamentaron la necesidad de realización del acto conforme lo establece el art. 442 segundo párrafo del C.P.P.. Por ello a la primera cuestión planteada voto por la negativa (art. 442 C.P.P.).
ASI LO VOTO.
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ STEPANIUC DIJO:
Adhiero mi voto al de mi Colega preopinante Dr. Cayuela por sus motivos y fundamentos.
ASI LO VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ PITLEVNIK DIJO:
Los recursos de las Defensas Particulares fueron interpuestos tempestivamente y con derecho a hacerlo, cumpliendo, en lo demás, con las exigencias previstas por los arts. , 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P., habiéndose operado a su respecto con las previsiones correspondientes a las notificaciones de su concesión, por lo que deben ser declarado admisibles.
ASI LO VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ CAYUELA DIJO:
Adhiero mi voto al del Colega preopinante Dr. Pitlevnik por sus motivos y fundamentos.
ASI LO VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ STEPANIUC DIJO:
Habiendo alcanzado la mayoría con el voto de mis colegas preopinantes, me eximo de emitir opinión sobre la presente cuestión (art. 168 de la Constitución Provincial).
ASI LO VOTO.
A LA TERCERA CUESTION EL SR. JUEZ PITLEVNIK DIJO:
I. El caso bajo análisis. Primeramente, para dar respuesta a los motivos de agravio introducidos por las partes, corresponde recordar el hecho atribuido a los encartados en la requisitoria de elevación a juicio. Respecto de la imputada Carmen O. se tuvo por acreditado que "en un período de tiempo no determinado aún pero que se extiende aproximadamente desde el 15 de noviembre de 2014 al 15 de julio de 2015 la aquí imputada Carmen O., en su carácter de progenitora y responsable de A. S., quien a la fecha cuenta con 17 años de edad, participó mediante actos evasivos y aporte de falsa información intentó alterar la identidad del recién nacido en la operación de cesárea practicada a su hija el día 15 de julio de 2015 aproximadamente a las 7 horas, en el Sanatorio de la T. de San Isidro, sito en F…..de la L. ….xxx de la localidad y partido de San Isidro, no logrando su objetivo por razones ajenas a su voluntad” (cita textual de la imputación). Respecto de los imputados Jorge G., Vanesa Yanina P. y Luis P. se tuvo por acreditado que “en un período de tiempo no determinado aún pero que se extiende aproximadamente desde el 15 de noviembre de 2014 al 15 de julio de 2015 los aquí imputados Vanesa Yanina P. y Jorge Alberto G. –en pleno conocimiento de que su pareja no podía tener descendencia-, acordaron por adelantado con A. S. –de 17 años de edad-, y la madre de aquella, Carmen O., -como mayor responsable- ambas oriundas de la provincia de Formosa, que S. le entregara a su hijo recién nacido, tras el nacimiento de aquel pautado a través de una operación de cesárea que efectuó como obstetra el Dr. Luis P. –MP …… y MN …….- (a quien P. y G. consultaron por su especialidad e intervino en el control de la gestación de S.) el día 15 de julio de 2015 a las 7 horas en el Sanatorio de la T., sito en xxx de la localidad y partido de San Isidro. A tal fin P. y G., abonaron el traslado de S. y su madre desde Formosa hasta la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron cargo de los gastos médicos de consulta y laboratorio, abonaron la suma de $ 60.000 (sesenta mil pesos) por las dos habitaciones 116 y 117 en el Sanatorio de la T. y brindaron un domicilio ubicado en el Barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires para que S. se alojara durante su estadía y hasta trasladaron a S. al sanatorio al momento de la cesárea. Que al así accionar pretendieron alterar la identidad del recién nacido no logrando su objetivo por razones ajenas a su voluntad”.
Tal conducta fue calificada como constitutiva del delito de suposición de identidad en grado de tentativa (artículos 45 y 139 inc. 2 en función del art. 42 del C.P.) por lo que deberán responder en calidad de coautores.
II. De la nulidad: Los Dres. Cúneo Libarona y Oribe, Defensores Particulares de los imputados G. y P., plantearon la nulidad de la orden de allanamiento realizada el 15/07/2015 en el inmueble en donde habitaban los imputados, ubicado en la calle Laprida Nro. xxx de San Isidro (ver fs. 22/23vta.). Invocaron como gravamen la violación al derecho a la privacidad, a la intimidad, al derecho de defensa en juicio y al debido proceso legal.
Alegó la Defensa que la orden de allanamiento se fundó en la irregular constatación de domicilio que fuera realizada por la Secretaria de la Fiscalía. Señalaron que al practicar dicha diligencia, la funcionaria accedió al interior del lugar, en donde se entrevistó con la imputada P. en lo que luego derivó, según los letrados, en un interrogatorio ilegal con dichos autoincriminantes por parte de su defendida, más la exhibición de documentación relacionada con la menor S. y con el hecho bajo estudio. A fs. 395/398 el fiscal actuante al contestar la vista conferida conforme el art. 205 del C.P.P., detalló cuáles fueron los elementos ponderados para sostener que en el domicilio de L. Nro. xxxx de San Isidro, podrían hallarse documentos que permitieran dilucidar el caso. Refiere: la denuncia de fs. 1/2 que diera inicio a la presente investigación, los datos recabados en el Sanatorio La T. en donde figura el domicilio en cuestión y los testimonios que se encontraban a esa altura agregados a la causa. Por otra parte, destacó el Dr. Vaiani que el ingreso de la funcionaria al domicilio de los imputados fue consentido por P., por lo tanto, no reviste afectación alguna de sus derechos constitucionales, respaldando su postura con jurisprudencia al respecto. Con relación a la información que se habría obtenido en virtud de, según lo plantea la Defensa, un interrogatorio ilegítimo a partir del cual P. habría informado el hecho a la funcionaria con referencias autoincriminantes y habría exhibido documentación al respecto, sostuvo el Fiscal que, nada de eso surge de la investigación. Agregó que de haber existido declaraciones de la imputada, éstas no fueron utilizadas en su contra o para fundar el allanamiento de urgencia.
En este sentido, explicó que la dirección mencionada surgió desde un comienzo en la denuncia de la Dra. Valverde, que dio origen a la presente investigación, y de los testimonios recabados con posterioridad en el Sanatorio junto con la documentación aportada por la institución de donde se desprendía el domicilio como aquél informado por G. al realizar el trámite de ingreso.
En mi criterio, a partir del análisis de las constancias obrantes en la causa principal, no se desprende -al menos hasta ahora- que haya ocurrido la irregularidad que la parte alega, por lo que corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado por el recurrente por no encontrar gravamen que justifique tomar tan drástica decisión. La Defensa entiende que el allanamiento se fundó en lo que P. le habría dicho a la funcionaria de la Fiscalía actuante, quien se había hecho presente allí con el fin de dar cumplimiento a la constatación dispuesta por el Sr. Fiscal a fs. 3.. En aquella oportunidad, según la hipótesis Defensista, la imputada se habría autoincriminado con sus declaración y habría exhibido documentación de importancia para la causa. En primer lugar, debo decir que le asiste razón al Juez garante al expresar que esta circunstancia solo se desprende de la presentación de los letrados patrocinantes. Nada surge en la causa respecto a esto ni tampoco se observa que la orden de allanamiento de fs. 22/24 haya sido fundada utilizando los supuestos dichos de P.. De su lectura se observa que la Fiscalía contaba con los datos que habían sido recabados en la denuncia realizada por la Dra. Valverde, Jefa de Neonatología del Sanatorio la T., quien aportó la dirección en cuestión. También se tomaron en cuenta los testimonios obtenidos en la institución del Dr. Yunk -Director de la clínica-, de Gustavo Gerín -jefe de admisión- y de Silvia Tombesi -asistente de dirección de la institución-, además de los datos brindados por G. al completar los formularios de admisión que fueron aportados por personal del Sanatorio y de los datos brindados por S. en la entrevista mantenida con el personal directivo de la institución. Esto verifica lo manifestado por el Sr. Fiscal, en cuanto que la dirección constituye un dato que se obtuvo desde el comienzo de la investigación.
Cuestiona la Defensa que no se haya llamado a declarar a P. para acreditar la irregular diligencia practicada por la secretaria de la Fiscalía. Debo decir, que P. resulta imputada en esta causa y como tal fue llamada a declarar a tenor del art. 308 del C.P.P. oportunidad en la que no evidenció nada de lo aquí expuesto. Es extraño que la Defensa se queje de que su asistida no fue llamada a declarar cuando el C.P.P. prevé expresamente la posibilidad de ampliar su declaración (art. 317 del C.P.P.), pedido que la Defensa nunca instrumentó.
Más allá de que pueda resultar cierto que sea poco común que una constatación de domicilio se haya realizado por una funcionaria de la Fiscalía, debemos recordar la premura que la situación exigía, teniendo en cuenta lo complejo de la situación y que se trataba del resguardo de la identidad de un bebé que podía estar siendo víctima de un delito.
Asimismo, resulta llamativo suponer que la Dra. Rueda al ingresar al domicilio de los imputados interrogó y observó la existencia de documentación incriminante y sustancial para la resolución de la causa y que -como sostiene la Defensa- alarmó a quien se vio en inferioridad de condiciones que se sintió inerme ante el accionar de una funcionaria del estado. Ello así porque el allanamiento se realizó siete horas más tarde sin que la alerta mencionada ocasionara que los imputados intentaran deshacerse de la documentación exhibida. Lo que ocurrió fue lo contrario: la encausada permaneció en el domicilio junto a toda la prueba documental. Con esto no pretendo considerar imposible la hipótesis de la Defensa, pero sí señalar que, hasta el momento, aquello que presenta como hipótesis no parece sostenible con la prueba colectada.
Por último, no se desprende de la I.P.P. ningún elemento objetivo de que el hecho denunciado por la Defensa Particular haya ocurrido, ni se encuentran plasmados los dichos de la imputada en la causa o su utilización para fundar el allanamiento de urgencia dispuesto por el Fiscal.
Por lo expuesto y, en consonancia con lo señalado por el Magistrado en tanto no ha quedado demostrado cuál ha sido el perjuicio concreto causado, no encuentro motivos para disponer la nulidad solicitada (art. 201, 202, 203 a contrario, 205 y 211 a contrario del C.P.P.).
III. Del sobreseimiento de P. y G.:
Los Dres. Cúneo Libarona y Oribe instaron el sobreseimiento de sus defendidos. Respecto de P. sostuvieron que no existe en la presente un solo elemento de cargo que pruebe la participación de ésta en el ilícito enrostrado. Con relación a G., adujo la Defensa que la elevación a juicio se basa en los dichos de tres empleados del Sanatorio La T. y de lo declarado por la coimputada O.. Destacaron en definitiva que, de los testimonios recabados, quedó probado que S. iba a figurar como madre biológica del niño, por lo que en ningún momento estuvo en los planes de sus asistidos hacer incierto, alterar, o suprimir la identidad del menor. Señalaron que de la lectura del auto impugnado, no se precisa cuáles serían los actos que realizaron los encausados para cometer el delito que se les enrostra, y que de la imputación, tal cual la describe la Fiscalía, únicamente se observa que los mentados sólo intentaron asistir a una madre que no deseaba a su hijo, haciéndose cargo de él.
Del análisis de las probanzas agregadas a la presente investigación, debo decir que, en mi opinión, no le asiste razón a lo postulado por la Defensa.
Los letrados centraron el planteo en el hecho de que la identidad de la madre biológica no se suprimió ni adulteró y que, por lo tanto, en ningún momento los imputados planearon sustituir la identidad del menor.
Entiendo que el planteo de la Defensa es errado. Es cierto que la identidad de la madre -S.- no fue motivo de cuestionamiento toda vez que, su nombre figura en la constatación de nacimiento, en los certificados emitidos por el sanatorio, en los trámites de ingreso a la institución, etc. Pero lo que aquí se le reprocha a los encausados, es intentar inscribir al recién nacido como hijo biológico del Sr. G., lo que no ocurrió por razones ajenas a su voluntad.
Esta intención surge desde un comienzo y fue materializándose a lo largo de la investigación. Las maniobras realizadas por G. y P. se tienen por acreditadas con el nivel de sospecha que esta etapa requiere a través de: lo que habrían manifestado en las entrevistas mantenidas con el obstetra, los formularios de internación, la documentación presentada en el Registro Provincial de las Personas y los demás testimonios recabados, entre otros elementos.
La Dra. Valverde, Jefa de Neonatología del Sanatorio de La T., quien formuló la denuncia que diera origen a la presente investigación, expresó a fs. 1/2 que tomó conocimiento telefónico por parte de un médico neonatólogo del sanatorio que una madre de 17 años de edad, procedente de la provincia de Formosa, había dado a luz a un bebé de sexo masculino. Que el niño no se encontraba con ella sino con quien sería el padre biológico y su actual pareja quienes ocupaban la habitación lindante a la de la madre, situación que puso en conocimiento de las autoridades una vez que arribó a la institución. Es así que el Director, Dr. Yunk, se puso en contacto con el médico obstetra interviniente –el coimputado P.- quién manifestó haber atendido a S. en su consultorio privado cuatro o cinco veces, oportunidades en las que se presentó acompañada por el Sr.
G., quien dijo ser padre del niño, junto a otra mujer que fue la que luego presenció el parto. Que acto seguido, se presentó junto con los directores en la habitación de S. –nro. 116-, que se encontraba con su madre y otra mujer que dijo ser amiga de la primera. En la entrevista mantenida, la menor manifestó que no deseaba tener contacto con su bebé ni tenía intenciones de conocerlo y que el padre biológico –con quien no tenía relación en la actualidad- se quedaría con la tenencia del recién nacido. Dijo Valverde que se le explicó a la progenitora de la menor que, hasta tanto el bebé fuera inscripto, ella resultaba ser la persona legalmente responsable, y, por lo tanto, hasta que no sea dado de alta el niño no podía ser llevado a otra habitación que no sea la de su madre, motivo por el cual el bebé -que se encontraba el la habitación de al lado- había sido trasladado a la nursery.
Que luego se dirigieron a la habitación contigua –nro. 117-, ocupada por el Sr. G., a quien los directivos y la dicente le explicaron lo antes dicho. Asimismo, le hicieron saber que debía abandonar la habitación toda vez que, los motivos expuestos al solicitarla –alojamiento de parientes de la Srta. S. que no contaban con movilidad- no se ajustaban a la realidad. El testimonio de Valverde fue conteste con lo declarado por el Director del Sanatorio, Dr. Yunik a fs. 20/21 y por Claudio Gerin, Jefe de Admisión del Sanatorio, a fs. 11/12, quien agregó que el 14 de julio de 2015 ingresó al sanatorio la Srta. S. junto con el Sr. G., quienes al brindar sus datos personales aportaron como domicilio el de Laprida nro. 1263 de San Isidro.
Explicó que la internación fue realizada en forma particular, solicitando una habitación extra para alojar a familiares, abonando los gastos en efectivo. A fs. 13/17 se agrega la documentación respaldatoria aportada por el Sanatorio.
De lo expuesto hasta aquí, podría pensarse que le asiste razón a la Defensa en cuanto a que no se evidencia la participación de P. en el hecho imputado. Sin embargo, de la declaración a tenor del art. 308 del C.P.P. prestada por la Sra. O. -progenitora de S.- se desprende que desde un comienzo la encausada fue quién tomó una participación activa en el hecho. En primer lugar, dijo la Sra. O. que fue con ella con quién mantuvo contacto desde el principio y que luego cuando viajaron a Buenos Aires, la imputada fue al hotel en donde se estaban hospedando y les solicitó los análisis y la ecografía que se había realizado su hija en Formosa. Les comentó que hace muchos años que estaban en lista de espera de adopción y por eso estaba interesada en el bebé que tendría S. y que se haría cargo de todos los gastos. Señaló O. que en aquella oportunidad se habló de adopción e incluso P. mencionó a un abogado que le había sugerido que S. podía firmar un papel renunciando a su hijo. Que después de unos días volvió a Formosa, quedando su hija alojada en un departamento en Flores -de propiedad de la familia G.- al cuidado de otra chica -de nombre E.- y en donde Yanina –P.- la visitaba seguido. Agregó que su hija le contó que era la mentada quien la llevaba al médico y a realizarse los estudios necesarios, que además abonaba. También fue quien le envió los pasajes vía correo electrónico para viajar a Buenos Aires al momento del parto. Que el día 13 de julio de 2015 llegó a Retiro en horas del mediodía siendo aguardada por P. y G., al que veía por primera vez, pero aclaró que su hija lo conoció mientras permaneció en Buenos Aires. Narró que fue en el trayecto al departamento en donde se alojaba su hija que preguntó como se iba a realizar la adopción a lo que P. le contestó "Jorge lo va a reconocer" -refiriéndose al niño- y que esperarían unos dos meses hasta que su hija cumpliera los 18 años de edad, momento en que le harían firmar un papel en donde dejaría al bebé al cuidado de Jorge –G.-. Indicó que esto le pareció extraño por cuanto no era lo que se había conversado desde un inicio y que P. le dijo que, de acá a un año adoptaría al bebé.
Relató que esa madrugada su hija rompió bolsa y se comunicó con P., quien se puso en contacto con el médico y le informó que G. pasaría a buscar a S. y la llevaría a la clínica, circunstancia que así ocurrió. Señaló que fue la imputada P. quien presenció el parto.
Por su parte, el médico obstetra, Dr. P., a fs. 82/87 declaró que recibió a S. -en un estado muy avanzado de embarazo- junto con la pareja G. en su consultorio, situación que le pareció rara, pero al preguntar quién era el padre, G. respondió que era él y que lo iba a reconocer. Agregó asimismo, que fue P. quién ingresó al quirófano junto a S. al momento del parto. Esto demuestra que la encausada estuvo presente cuando G. puso de manifiesto al Dr. P. que él era el padre biológico. Por lo tanto, fácil es colegir que todos los actos que aquella venía realizando -como llevarla a las consultas médicas, enviar los pasajes a la madre, alojarla en un departamento, asistir al parto, etc.-, eran con el conocimiento de que se iba a alterar la filiación del niño. Si no ¿de qué manera pensaba P., como dice la Defensa, hacerse cargo del bebé?. Está claro que no era a través de una adopción de un niño solo reconocido por su madre, pues nada se ha agregado al respecto en el expediente, ni tampoco le era ajeno a la imputada que ningún trámite legal se había iniciado para obtener la tenencia del niño de manera legítima. Entonces, ¿en calidad de qué iban a quedarse con la tenencia del menor?.
Al prestar declaración a tenor del art. 308 del C.P.P. en la I.P.P. Nro 14-00-4701- 15 agregada a la presente a fs. 133/136, P. reconoce haber realizado tratamientos para poder quedar embarazada sin éxito y dijo -respecto a la droga y plantación incautada en el domicilio propiedad de su esposo- que G. le había prometido que eso se iba a acabar con la llegada del bebé. Esto fue ratificado por G. en su declaración a fs. 137/139vta.
En igual sentido ocurre con el imputado G.. Se queja la Defensa de que la imputación de éste se sustenta en cuatro testimonios, tres de los cuales corresponden a personal del Sanatorio y a lo declarado por la coimputada O., que, según expresaron, no hace mas que demostrar inocencia de su asistido.
Respecto de la Dra. Valverde se agravian de que lo declarado sea en base a lo que S. le manifestó en la entrevista mantenida y no por los dichos de su defendido. El mismo planteo realizaron con relación al Director del sanatorio, el Dr. Yunik. Discrepo con esta apreciación. Ambos testigos se entrevistaron personalmente con S. y luego con G. quien, al ser informado que debía dejar la habitación contratada y que el niño debía permanecer en la habitación de la madre, se mostró ofuscado por no respetarse los derechos de S. de no reconocer a su hijo.
No se especifica en la denuncia realizada por Valverde si G. dijo o no ser el padre biológico, pero no resulta irrazonable pensar que tampoco lo haya negado, sino ¿en calidad de qué intentaba permanecer en la habitación contigua a cargo del menor?. Incluso a fs. 20vta. declara Yunik que G. dijo que dejar al bebé en la habitación de S. era "...inhumano para la madre e incómodo para él". ¿Porqué resultaría incómodo?. Nótese que dijo Valverde que a pesar de que la situación era inusual, hasta el momento no se había puesto en duda la paternidad de G. y aquél tampoco había manifestado algo diferente para justificar su estadía en la habitación contigua junto al recién nacido. Siguiendo con esta línea, a fs. 11/12 obra la declaración de Gerin, Jefe de Admisión del Sanatorio La T., quien da cuenta al momento de la admisión se hicieron presentes la Srta. S. junto con G. quienes al registrarse en forma conjunta presentaron el que a la postre fuera el domicilio de éste último -posteriormente allanado-, abonando las habitaciones y el quirófano -que había sido presupuestado con anterioridad- en efectivo. Se agregó documentación respaldatoria en donde se puede apreciar a fs. 13 el formulario de admisión con los datos de ambos -S. y G.-.
Por su parte, lo declarado por la Sra. O. como imputada en la presente, de manera alguna demuestran la inocencia de G.. Si bien su deposición no está sujeta a juramento de decir verdad, lo cierto es que resulta conteste con lo declarado por la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Isidro, lo declarado por el Dr. P. y de la documental encontrada en el domicilio de P. y G. en cuanto a que la intención de aquél desde un comienzo fue inscribir al hijo de S. como propio.
Es relevante lo declarado a fs. 115/116 por la Directoria de la Niñez de San Isidro -María Fernanda Giordani-, quien mantuviera una entrevista con S. el 16/07/17. Allí dijo que la menor en un principio se mantuvo firme con el relato de que G. era el padre biológico del bebé, fruto de una relación ocasional en un boliche, historia que mantuvo hasta entrada la tarde, cuando su madre se encontraba declarando en Fiscalía. Refirió Giordani que en un momento S. dijo "...bueno ya está mi mamá contó toda la verdad, así que yo te lo voy a contar". A partir de allí, le narró que G. no era el padre del hijo, y que nunca habían mantenido una relación. Que se pusieron en contacto con ella a través de una amiga de su madre que trabajaba en la empresa del padre de G. en Formosa, y a partir de allí convinieron para que S. les entregue el bebé que esperaba, puesto que no era su intención conservarlo.
Es por ello que no le asiste asidero a la hipótesis planteada por la Defensa en cuanto a que la imputación respecto a G. se encuentra sustentada sólo en testimonios endebles interpretados por parte del a quo de forma arbitraria y antojadiza. Nada permite por el momento pensar que solo quedó acreditado que los imputados intentaron asistir a una madre que no quería conservar a su hijo, haciéndose cargo de él. Por el contrario lo que aparece probado es que actuaron inequívocamente en pos de la falsa anotación del bebé como hijo de G..
Como mencioné con anterioridad, no se cuestiona en la presente si los imputados intentaron cometer el ilícito alterando la maternidad de S.. Lo que se les reprocha a los encausados es justamente intentar alterar el estado civil del niño inscribiéndolo como hijo biológico de G..
La acción típica del delito enrostrado "consiste en hacer incierto, alterar, o suprimir el estado civil de otro. "Hacerlo incierto" significa hacerlo dudoso o pasible de indeterminación; "alterarlo" es atribuirle al sujeto pasivo un estado diferente al que le corresponde, y "suprimirlo" importa tornar imposible establecerlo. Destaca Creus que, en la primer hipótesis (hacer incierto) se admiten acciones sobre los documentos probatorios del estado ... o sobre el mismo sujeto pasivo; en la segunda (alterar), incluye la eliminación o variación de datos y la supresión de los medios para acreditarlos...; y en la última (suprimir) los casos en que se elimina la posibilidad de determinar o demostrar el estado del sujeto pasivo sin asignarle uno distinto." (D´ALESSIO, Andrés José y DIVITO, Mauro; "Código Penal de la Nación Comentado y Anotado", 2da. Edición Actualizada y Ampliada, Tomo II, Ed. La Ley, Bs. As. 2009). En resumen, se intentó inscribir al menor como hijo biológico de quien no era su padre, circunstancia que no se llegó a concretar por causas ajenas a los imputados. Así surge de los documentos de fs. 566 y 567, ambos presentados ante el Registro Provincial de las Personas, en donde figura G. como padre del niño y de los demás elementos recabados en la instrucción los cuales fueron ponderados en los párrafos que preceden.
Postulo, por ende, confirmar la resolución en cuanto decide no hacer lugar al sobreseimiento postulado por la Defensa.
IV. De la suspensión de juicio a prueba: La Defensa de los imputados G. y P. solicitaron oportunamente la suspensión de juicio a prueba en su favor, petición que fue rechazada por el Juez garante en el auto recurrido.
Expresaron los letrados que, sin bien el Dr. Costa consideró que los elementos objetivos del caso habilitaban la concesión de la probation, fundó su negativa en la oposición del Ministerio Público Fiscal, la cual consideró lógica y motivada, sin que, a su entender, se haya expedido en la resolución atacada sobre el fondo de la cuestión o haya verificado si los argumentos expuestos por la Fiscalía eran razonables. Se agraviaron de que el Magistrado haya denegado el instituto fundado en los argumentos expuestos por la Fiscalia en la audiencia celebrada de conformidad con el art. 404 del C.P.P., en donde se asimiló el presente hecho -suposición de identidad de un menor de 10 años- a un caso de violencia de género, por violentar derechos esenciales del niño que se encuentran tutelados por instrumentos internacionales. Disintieron los Defensores Particulares con los argumentos del a quo.
Entendieron que la Convención de Belem do Para -citada por la acusación- no prevé en ningún artículo la obligación de los Estados Parte de prevenir, investigar o sancionar un hecho como el imputado en autos. Para ellos, la existencia de "instrumentos internacionales" que tutelan derechos esenciales del niño no es motivo suficiente para aplicar en la presente la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en el caso Góngora.
Se les imputa en la presente a G. y a P. el delito de suposición de identidad agravado por tratarse de un menor de diez años en grado de tentativa (art. 139 inc. 2do. Del C.P.), cuya escala penal, en definitiva, parte de un mínimo de un año y cuyo máximo alcanza a los cuatro años de prisión.
A propósito de las distintas interpretaciones que se han realizado respecto del art. 76 bis del C.P., cabe destacar que el a quo se ha manifestado a favor de la "tesis amplia", a partir de los lineamientos plasmados por la Corte Federal en la causa "Acosta" del 23/4/2008. Conforme la escala penal del delito señalado -la pena máxima supera los tres años de prisión-, corresponde la aplicación al caso del párrafo cuarto del art. 76 bis del C.P..
El a quo consideró que los argumentos de la Fiscalia eran atendibles "…puesto que ambos representantes hicieron especial hincapié en aludir a las especiales circunstancias del caso, tomando en consideración que el objeto de la investigación a tratar resulta ser un hecho en el cual se habría intentado alterar la identidad de un recién nacido y en razón al expreso interés que posee esa parte en llevar adelante el debate oral y público respecto al fondo de la cuestión, es que considero razonable la postura asumida por la parte, sin que ello importe una valoración de fondo sobre dichos argumentos, en tanto ellos transitan el camino de la razonabilidad". Y agregó "…es criterio del suscripto sostener que las razones de política criminal que puedan eventualmente pregonarse desde el Ministerio Publico Fiscal, en el marco de un proceso de neto corte acusatorio, no resultan revisables desde el ámbito jurisdiccional, en tanto ello supere el control de logicidad y fundamentación antes aludido, por lo que he llegado a la conclusión que la postura del Ministerio Publico Fiscal resulta estar arreglada a derecho -en tanto la misma no parece como arbitraria-, no cabe más que decidir en consecuencia, de acuerdo al art. 76 bis, párrafo cuarto del ordenamiento sustantivo.".
Entiendo que en este punto se le debe dar la razón a la Defensa.
El caso no es de fácil solución. El delito enrostrado importa un atentado contra el derecho a la identidad de un niño. Este derecho esencial se encuentra amparado, por el art,. 8 apartado 1) de la Convención de los Derechos del Niño, al art. 16 y 24 del PIDCyP y por los arts. 3, 18 y 19 de la CADH, de jerarquía constitucional. No es ocioso señalar la oscura huella que la apropiación de niños durante la dictadura militar ha dejado en nuestro país, sin embargo, no es menos cierto que el caso aquí analizado no pertenece a aquellos.
El caso particular que nos ocupa, trata de una conducta que queda atrapada en un tipo penal con una pena que, como se dijo, va de uno a cuatro años de prisión en su forma tentada.
Más allá del rechazo que pueda provocar esta categoría de hechos, la regla del art. 76bis y concs. del C.P. no excluye a determinados delitos de la parte especial del código penal de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba. Distinto sería el caso si dentro de los hechos previstos por el art. 139 inc., 2 del C.P. estuviéramos ante un caso especialmente grave que habilitara una pena a cumplir. Pero ello no se ha presentado de ese modo en el expediente y los jueces no estamos facultados a realizar la exclusión lisa y llana de determinados delitos no previstos en la ley basados -en este caso- exclusivamente en la protección de los bienes jurídicos a los que se vinculan, cuando el legislador no lo hizo.
Dijo la Corte Federal en el fallo Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción art. 139bis del C.P., del 22/12/98 al declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.410 en cuanto excluía del régimen general de excarcelación a todo aquél que resultare imputado de los delitos previstos en los arts. 139, 139bis y 146 del C.P., que: "desde sus primeras decisiones (Fallos 16:118) este tribunal ha interpretado que la garantía de la igualdad consagrada en la Constitución Nacional consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que no se trata de la igualdad absoluta o rígida sino de la igualdad para todos los casos idénticos, lo que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en las mismas circunstancias (Fallos 123:106; 180:149)" Aplicado a este caso, en el que el legislador prevé una pena de escasa intensidad para el delito enrostrado no se ha demostrado por la parte que corresponda la exclusión de un instituto que la ley prevé.
Destaco, además, que al menos en los términos en los que lo trae la Fiscalía, no es posible hacer ingresar a lo ocurrido como violencia de género en función de un supuesto transporte de los hechos denotados por dicho término a la afectación del estado civil de un niño. En esas condiciones la equiparación no ha quedado explicada por los representantes de la acusación y por ende debe ser desechada. Destaco que tampoco el juez tuvo en cuenta esta línea argumentativa.
Conforme he sostenido anteriormente en causa N° 77.648/IIda. caratulada "Herrera y Salomone", la renuencia fiscal, en principio, sólo puede tener fuerza impeditiva cuando se encuentra fundada en la expectativa de que, de recaer condena en la causa, ésta no será de ejecución condicional, situación que en la presente no ocurrió. En la presente, el Ministerio Público Fiscal no sólo no ha manifestado su postura respecto a este punto que -en mi criterio- resulta definitorio de la fuerza vinculante de la oposición fiscal, sino que al momento de requerir la elevación de los presentes obrados a juicio (ver fs. 574/582), en los términos del art. 395 del C.P.P., ofreció la pena de dos (02) años de prisión en suspenso para los encausados. De acuerdo con los motivos expuestos anteriormente más la circunstancia de carecer los imputados P. y G. de antecedentes condenatorios entiendo que los argumentos de la Fiscalía son inhábiles para obstruir la aplicación del instituto solicitado por la Defensa de los encartados. Por ello, postulo revocar el punto II de la resolución en crisis y conceder la suspensión del juicio a prueba, debiendo el Juez a quo determinar el plazo mediante el cual deberá suspenderse el proceso e imponer las reglas de conducta que estime pertinentes. (art. 76 ter. y art. 27 bis del C.P).
V. Del sobresiemiento de P.:
Resta dar tratamiento al sobreseimiento solicitado por el Dr. Semín respecto del coimputado P.. A criterio del Letrado, no existe en autos probanza alguna que acredite que su defendido sea partícipe o coautor del ilícito reprochado. Por el contrario, refirió que de las piezas probatorias obrantes en la instrucción emerge que el proceder del Dr. P. fue adecuado y ajustado a las reglas del arte de curar.
Menciona que el a quo fundó su decisión en tres elementos de prueba. El primero de ellos es la constatación de parto (fs. 565) que, según el Defensor, es el único documento emitido en su totalidad por el imputado con entidad suficiente para inscribir el nacimiento del recién nacido en el registro de las personas. Destacó que éste fue completado de manera correcta con todos los requisitos allí exigidos. En este punto no existe controversia alguna.
Segundo, expresó que el Magistrado tomó en consideración el formulario de fs. 563, que aclaró, no fue completado por el médico, sino que, solo fue firmado por éste a pesar de que su rubrica no era necesaria y, por lo tanto, a su entender, no certifica el contenido del documento. Señaló, que dicho formulario requiere, según reza en su parte superior, ser llenado por el denunciante, y que es por eso que no hay un lugar estipulado para la firma del galeno interviniente. Es por ello que P. firmó en el extremo inferior derecho.
Respecto a este documento, la situación es distinta a la de la constatación de parto. Conforme surge del documento de fs. 566, requerido al Registro Provincial de las Personas, G. figura como padre del menor junto a S.. Dicho documento contiene en su extremo derecho la rúbrica de P., a pesar de que ésta no pareciera ser requerida, sin perjuicio de lo cual, entiendo pretende dar fe de la información allí vertida. Lo mismo ocurre con el tercer documento valorado por el a quo y cuestionado por la Defensa, es decir el certificado obrante a fs. 567, donde P. de puño y letra deja constancia de que el recién nacido fue dado de alta del Sanatorio sin que se le aplicara la vacuna BCG y en donde también es sindicado Jorge G. como padre del niño. Cierto es que el médico que asiste en un parto solo puede dar fe de la maternidad del niño -por cuanto rara vez se le solicita a la persona que dice ser el padre que así lo acredite-. Solo la madre, por ende aparece en la constatación de parto (fs. 565). También es cierto que, en principio, la rúbrica del documento de fs. 566 y lo manifestado en el certificado de fs. 567 solo expresa lo que le fuera transmitido por los imputados G. y P. al momento de asistir a la consulta para contratar sus servicios como obstetra. Pero resulta difícil pensar que, dado lo atípico de la situación, el encausado haya actuado sin conciencia de que su intervención confluía a dar credibilidad a los datos que serían esenciales para la consumación del ilícito.
La anormalidad de lo que ocurría fue advertida desde el comienzo por el imputado. En su descargo de fs. 82/87, P. manifestó que, "...desde la primer consulta esto fue atípico para su experiencia habitual, lo que le llamó la atención fue la disparidad social del Sr. G. con la joven embarazada cuyo embarazo iba a reconocer...". Agregó que dejó constancia en la historia clínica de dicha circunstancia "...afirmando la presunción de un deseo adoptivo que no fue puesto de manifiesto en ningún momento por los presentes salvo por el sr. G...." refirmando a preguntas de la Fiscalía que éste le dijo que ..."se haría cargo del hijo como propio". A preguntas del Fiscal de si, ante la valoración del encausado de lo particular de la consulta, adoptó algún tipo de recaudo o resguardo como por ejemplo dar aviso a alguna autoridad o puso en conocimiento a alguien de esta situación, el mentado respondió que "...se satisfizo con la calidad documental presentada (solo fue presentado el DNI de la menor y de G.), la voluntad manifiesta de G. de hacerse responsable, la cooperación plena y voluntaria de la menor embarazada y la alta contención afectiva de la segunda mujer acompañante (P.)". Nótese que cuando habla de la cooperación plena y voluntaria de la madre, estamos hablando de una menor de edad, y que esta circunstancia no le era ajena al galeno. Sin embargo, no consideró que fuera de entidad suficiente como para denunciar esta situación, solo la consideró poco habitual en su practica.
La segunda mujer a la que hace referencia es la coimputada P. a quien, según declara, supuso desde un primer momento como mujer de G..
Si bien el descargo del encausado da cuenta de la forma en que se sucedieron los hechos intentando una mejor posición procesal respecto de los demás coimputados, no es suficiente para desvirtuar el resto de los elementos de cargo obrantes en la presente. Queda claro que la situación no era la habitual, una pareja que se presenta en la consulta con una menor de edad con un embarazo avanzado, en donde el masculino -que se presenta con su esposa- en una evidente situación de disparidad social dice ser el padre biológico. Aduno a ello que la menor provenía del interior y no estaba acompañada por sus padres o responsable legal. Tampoco contaba con obra social siendo sus honorarios abonados en efectivo como así también los gastos de internación. Nótese que, estos mismos elementos fueron los que llevaron a los profesionales médicos del Sanatorio de La T. a realizar la denuncia que diera origen a estos actuados. Sin embargo, el Dr. P., con sus años de experiencia en la materia, ponderó su intervención el el hecho como un "error de criterio".
Es por ello que, luego de analizar la constancias obrantes en la presente, tampoco haré lugar al sobreseimiento planteado por el Dr. Semín.
De lo desarrollado hasta aquí entiendo que ha quedado satisfecha la sospecha que la ley de forma exige para la elevación de la presente causa a juicio, y es por ello que corresponde rechazar la queja defensista.
VI. De la decisión que corresponde adoptar: En definitiva, he de proponer al acuerdo: a) declarar admisibles los recursos de apelación interpuestos por las Defensas Particulares de los imputados contra el auto recurrido; b) no hacer lugar al planteo de nulidad de la orden de allanamiento fiscal planteada por los Dres. Cúneo Libarona y Oribe; c) revocar el punto III del resolutorio impugnado y hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba formulada por la Defensa Particular de P. y G. con las reglas de conducta que el Juez de la instancia estime corresponder; confirmar parcialmente el punto IV del resolutorio en crisis y elevar a juicio la presente causa respecto de los imputados Jorge Alberto P. y Carmen O. por resultar coautores "prima facie" responsables del delito de suposición de identidad en grado de tentativa (arts. 139 inc. 2do. del C.P.; arts. 45, 139 inc. 2do., 76 bis, cuarto párrafo; arts. 23, 201, 202, 203, 205, 206, 321, 322, 323 "a contrario", 324, 337 y sgtes. del C.P.P.).
El Sr. Juez Cayuela dijo: Adhiero mi voto al Dr. Pitlevnik en cuanto confirma la decisión impugnada que resolvió: a) no hacer lugar al planteo de nulidad de la orden de allanamiento fiscal planteada por los Dres. Cúneo Libarona y Oribe. También acuerdo con mi Colega preopinante en cuanto ratifica la decisión apelada en cuanto no hace lugar a la oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio deducida por las respectivas Defensas y en consecuencia eleva la presente causa a juicio seguida a los imputados por resultar coautores "prima facie" responsables del delito de suposición de identidad en grado de tentativa (art. 139 inc. 2do. del C.P.).
Ahora bien, he de apartarme del voto del Dr. Pitlevnik en cuanto postula revocar el auto impugnado y hace lugar a la suspensión del juicio a prueba formulado por la Defensa Particular de los encausados P. y G..
Por el contrario entiendo que también en éste aspecto la decisión del Juez de Garantías debe ser homologada.
Quedó sentado que conforme la escala penal del delito que se le reprocha a los imputados (la pena máxima supera los tres años de prisión), corresponde la aplicación al caso del párrafo cuarto del art. 76 bis del C.P..
La norma penal prevé dos exigencias para la suspensión del juicio a prueba: (i) que sea formalmente viable la condena condicional y (ii) que haya consentimiento fiscal. La procedencia del primer requisito no importa sin más la obligación de dar una respuesta afirmativa al pedido defensista pues la ley, precisamente, exige dos. El segundo requisito es, como quedara dicho, el consentimiento fiscal.
En cuanto a la oposición fiscal, en principio, debe estar circunscripta a fundar si en el caso podrá o no dejarse en suspenso una eventual condena. Sin embargo, entiendo que a la hora de analizar la procedencia o no del instituto pretendido deben analizarse las particularidades de cada caso concreto a fin de establecer el mayor o menor grado de disvalor de la acción y el grado de lesividad alcanzado y otra condición que por su relevancia pueda importar la conveniencia de llevar adelante un juicio. Ello, sin perjuicio de que en el caso podría dejarse en suspenso una eventual condena privativa de libertad.
El caso de autos, como se dijo, se encuentra inmerso en el segundo supuesto de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, es decir, aquel previsto en el párrafo cuarto del art. 76 bis. del Código Penal, por lo que la oposición fiscal está sujeta al control jurisdiccional en cuanto a su razonabilidad.
Los Sres. Fiscales intervinientes, la Dra. laura Zyseskind y el Dr. Acosta respectivamente, sostuvieron el rechazo del instituto peticionado y el interés en llevar adelante el debate oral y público en base a las especiales características del hecho que aquí se investiga. Esto es, que se trata de la suposición de identidad de un recién nacido. También hicieron mención a diversos instrumentos internacionales, de jerarquía constitucional que amparan al derecho referido y dan apoyatura en el caso para que la tenga especial interés en llevar adelante el juicio oral.
En coincidencia con lo expuesto por el Juez de Garantías, los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal para sustentar la oposición a la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba son atendibles y razonables.
En consecuencia, postulo se confirme la resolución apelada en cuanto no hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada en favor de los imputados Jorge G. y Vanesa Yanina P.. (76 bis cuarto párrafo "a contrario" del C.P., 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).
El Sr. Juez Stepaniuc dijo: Llamado a dirimir respecto a la procedencia del instituto de suspensión de juicio a prueba de los imputados P. y G. (punto IV. de los considerandos), adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos.
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación que fueran interpuestos contra el auto que obra a fs. 609/631vta. del cuerpo principal, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 188, 421, 424, 433, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P.).
NULIDAD de la orden de allanamiento fiscal solicitada por los Dres. Cúneo Libarona y Oribe, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 201, 202, 203, 205, 334, 335 y ccdtes. del C.P.P).
Por mayoría:
III. REVOCAR EL PUNTO III del resolutorio impugnado y HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA formulada por la Defensa Particular en favor de los imputados P. y G., con las reglas de conducta que el Juez de la instancia estime corresponder, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 76 bis, cuarto párrafo del C.P.).
EL PUNTO IV del resolutorio impugnado y ELEVAR A JUICIO la presente causa respecto de los imputados Jorge Alberto P. y Carmen O. en orden al delito de suposición de identidad en grado de tentativa, por los motivos expuestos en el considerando (art. 45 y 139 inc. 2 del C. P.; 337 en su reenvío al 157; 421 y ccdtes. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase al origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.
Fdo. Dres. Leonardo G. Pitlevnik, Luis C. Cayuela y Juan E. Stepaniuc, Jueces de Cámara.
Ante mí: Dra. Viviana A. Vega, Secretaria.
Fin de la sentencia