Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala II de San Isidro · Causa 80.742
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar, por mayoría, a la audiencia solicitada por el recurrente, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículo 442 del CPP.).
II. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 23/26 y vta. contra el auto de fs. 14/17 y vta. de la presente incidencia, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 174, 421, 433, 439, 440, 442 y concordantes del CPP.).
III. Confirmar el auto de fs. 14/17 y vta. en cuanto no hizo lugar a la eximición de prisión de Tomás Núñez Aboy, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 148, 169 "a contrario", 171, 185, 186, 434, y concordantes del CPP.).
IV. Tener presente las reservas de recurrir en Casación y de Caso Federal efectuadas por la recurrente, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 451 del CPP. y 14 de la ley 41).
Causa nro. I-80742-2017/II. "Nuñez Aboy, Tomás s/ Incidente de apelación -eximición de prisión-"
/// Isidro, 13 de febrero de 2017.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 23/26 y vta. contra el auto de fs. 14/17 y vta., de la presente incidencia.
Y
I. Antecedentes y agravios.
Viene la presente causa a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor particular de Tomás Nuñez Aboy a fs. 23/26 y vta, contra el auto obrante a fs. 14/17 y vta. de la presente incidencia, mediante la cual el Sr. Juez titular del Juzgado de Garantías Nº 4 Departamental resolvió denegar la eximición de prisión del nombrado Tomás Nuñez Aboy.
En su escrito, el recurrente se quejó de que se calificara el hecho como un delito doloso.
Refirió, a su vez, que el a quo efectuó dicha imputación mediante una tácita remisión a otra decisión que no le fue notificada a la defensa, lo que viola el derecho de defensa en juicio.
Destacó que, a su criterio, el Juez Garante renunció a su potestad constitucional de decidir al someterse incondicionalmente a la imputación formulada por la Fiscalía.
Con relación a su disconformidad con la calificación legal, argumentó que el Sr. Magistrado de grado ha desconocido la sanción de la ley 27.347, que incluyó como agravantes del homicidio y las lesiones culposas el elenco de circunstancias que "los partidarios del dolo eventual" (sic) usualmente esgrimían como argumento para justificar la analogía y subsumir estos casos en el artículo 79 del CP.
Por otro lado, se agravió en lo relativo a la medida de coerción. A su entender, la resolución recurrida no se fundamenta en un examen del riesgo procesal. Refirió que no existe tal riesgo, ya que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Destacó que el encausado tiene arraigo, un domicilio donde vive con su familia, tiene trabajo, mantiene una relación sentimental de pareja hace varios años y se ha presentado cada vez que fue requerido.
Argumentó que la tipificación asignada al hecho no puede ser tomada como un indicador de peligro de fuga toda vez que se trata de una calificación, -además de errónea-, provisional y no puede tener el efecto de obturar la libertad. Entendió que importa la imposición de una pena anticipada. Hizo referencia a que tampoco existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, y que de hecho no ha sido invocado en la decisión recurrida. Destacó, asimismo, que su asistido se encuentra dispuesto a aceptar las condiciones especiales que se le impongan a fin de garantizar su permanencia a derecho a lo largo del proceso, haciendo especial referencia a la posibilidad de la inhabilitación para la conducción de automotores, así como afrontar las cauciones que se estimen necesarias.
Finalmente, hizo reserva de recurrir en casación y de caso federal. Cuestiones.
El Tribunal dispuso que corresponde plantear y votar las siguientes
PRIMERA: ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia solicitada por el recurrente?
SEGUNDA: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
TERCERA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo:
En su escrito impugnativo, el letrado Defensor del imputado solicitó informar oralmente ante esta Alzada.
En virtud de ello, habida cuenta de lo que menciona la Defensa en torno a las posibilidades de contradecir los fundamentos de la decisión que remiten a la orden de detención, entiendo que corresponde designar audiencia en los términos del artículo 442, segundo párrafo, del CPP.
Así lo voto.
A la primera cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo:
La audiencia solicitada por el letrado Defensor del imputado en el escrito mediante el cual interpuso su impugnación debe ser rechazada. El peticionante fundó tal solicitud en el escaso término para presentar la impugnación. Estimo que ese argumento, carece de fundamentación suficiente pues el plazo se encuentra previsto, expresamente, en el código ritual (art. 188 del C.P.P). Además, no advierto que ese lapso para apelar, "exiguo" en palabras del recurrente, lo haya impedido de brindar los motivos por los cuales cuestionó la decisión del Juez de grado. Nótese que en su escrito recursivo, brindó de manera extensa y sólida, las razones por las cuales cuestionaba la calificación legal atribuida y la medida de coerción dictada; ítems sobre los cuales cimienta su necesidad de celebrar la audiencia oral para fundamentar.
En consecuencia, a la cuestión planteada voto por la negativa (art. 442 "a contrario").
Así lo voto.
A la primera cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante Dr. Stepaniuc por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo:
El recurso interpuesto por el Sr. Defensor particular del encausado fue presentado dentro del plazo previsto por el artículo 441 del CPP., por quien tenía derecho a hacerlo. Por ello, entiendo que debe ser admitido (arts. 421, 439, 441, 442 y 443 del CPP.), por lo que así habré de proponerlo al acuerdo. Así lo voto.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo:
1. En la resolución recurrida, se consignó que a Tomás Nuñez Aboy se le imputa el hecho que a continuación se transcribe: "En la madrugada del día 20 de enero de 2017, entre las 02.11 y las 02.16 horas, aproximadamente, Tomás Nuñez Aboy, Lucas Alan Pechin y Nicolás Héctor Laitano decidieron circular a gran velocidad cada uno como conductor, de un vehículo automotor marca Volkswagen Suran dominio FYD-652 en el caso de Nuñez Aboy, vehículo automotor marca Toyota Corolla dominio POL-446 en el caso de Pechin y un vehículo automotor marca Honda Civic dominio HHX-262 en el caso de Laitano, sin justificativo de apuro ni urgencia alguna, con aceptación por parte de cada uno de ellos del riesgo creado de por ese accionar, al menos desde Avenida Santa Fe y Unidad Nacional, del partido de San Isidro, lugar en que los imputados comenzaron cada uno a bordo de los rodados mencionados una persecución o carrera a alta velocidad, circunstancia que se mantuvo al menos por cincuenta cuadras, a velocidad antirreglamentaria por exceder el máximo legal permitido que es de 60 km por hora, llegando a una velocidad aproximada de 120 kms/h, inusual, impropia, y extralimitada para la zona y circunstancias, cruzando al menos tres semáforos en rojo, efectuando maniobras abruptas hacia los costados (`en zigzag`) para esquivar los vehículos que, a diferencia de los imputados, circulaban a velocidad reglamentaria y respetando las señales de transito como semáforos, y los tres con un nivel de alcohol en sangre superior a lo permitido legalmente -Nuñez Aboy 2.00.
Pechin 1.37 y Laitano 1,44-, conductas estas que provocaron que Nuñez Aboy perdiera el efectivo dominio y control de su vehículo automotor, no lograra frenar la marcha ante el semáforo en rojo y embistiera al rodado Chevrolet Agile dominio KPU-135 en circunstancias en que se encontraba detenido reglamentariamente sobre la Avenida Maipú sentido hacia Capital Federal, por encontrarse el semáforo en rojo en la intersección de dicha Avenida con Haedo, en la localidad de Florida, Partido de Vicente López, siendo su conductora Silvia Cabrera y su acompañante Rosa Pedercini, lo que causó la muerte de la primera de las nombradas como así también lesiones en Pedercini que fueron debidamente constatadas en autos y caracterizadas como graves -quien como consecuencia del hecho se encuentra en coma farmacológico en asistencia respiratoria mecánica, presentando contusión pulmonar bilateral, fractura de columna cervical y dorsal-, colisión que materialmente fue producida por el vehículo guiado por Nuñez Aboy, y que se produjo, también, por la participación necesaria de Pechin y Laitano quienes como conductores de sus respectivos vehículos automotores perseguían a aquel en las condiciones antirreglamentarias mencionadas, y con su accionar tomaron parte en la ejecución del hecho, aportes sin los cuales el mismo no se habría producido, al menos de la forma descripta; resultados estos que los tres imputados -dada su educación, conocimientos, volición y lucidez- se representaron como posibles consecuencias de su accionar y optaron por realizar tales conductas de correr, resultándoles indiferente el prójimo y los resultados descriptos que previamente despreciaron y asumieron a su cargo, circunstancia que también particularmente puede observarse desde que los tres conductores se dieron a la fuga luego del hecho, Nuñez Aboy a pie, Laitano a bordo de su rodado y Pechin sin pasar por el lugar del hecho, al advertirlo, también a bordo de su rodado se dio a la fuga dejando el mismo dentro de una garage de las inmediaciones del lugar".
Dicho evento, el Sr. Juez Garante de intervención lo halló encuadrado legalmente en el delito de homicidio simple y lesiones graves, previstos en los artículos 79 y 90 del CP.
2. El agravio relativo a la disconformidad del recurrente con la calificación legal adoptada, desde mi punto de vista, no puede ser convalidado. En primer lugar, corresponde señalar que, como lo he sostenido en anteriores pronunciamientos, la calificación legal que ha hecho el Juez Garante es provisoria en base a las circunstancias ventiladas. El artículo 186 del CPP. hace referencia a que la eximición de prisión se resuelve en base a la "estimación" que hace el Juez de Garantías, por lo que la crítica a la calificación provisoria de los hechos investigados, mientras esta última sea razonable, deviene, desde mi punto de vista, prematura.
Dicho esto, no resulta irrazonable respecto de la plataforma fáctica transcripta en el punto anterior, sostener provisoriamente la calificación legal escogida, esto es, homicidio simple (con dolo eventual) y lesiones graves (artículos 79 y 90 del CP.).
El recurrente ha introducido con solidez un agravio relacionado con este extremo que, además, resulta novedoso en función de que pone en juego una reforma del código penal que lleva poco tiempo de vigencia.
Me refiero al relativo a la reciente sanción de la ley 27.347, que incluyó como agravantes del homicidio y las lesiones culposas lo que el recurrente llama "el elenco de circunstancias que los partidarios del dolo eventual usualmente esgrimían como argumento para justificar la analogía y subsumir estos casos en el artículo 79 del CP.".
El Dr. Silvestroni sostiene que la redacción del artículo 84 bis segundo párrafo que incorporó la ley 27.347 al Código Penal, al agravar el delito imprudente con la configuración de las circunstancias que usualmente se utilizan para dar basamento a una imputación a título de dolo eventual, implica la imposibilidad de tal imputación dolosa por dichas circunstancias.
Para responder al cuestionamiento de la Defensa es necesario analizar el contenido del referido tipo penal. El artículo 2 de la ley 27347 incorpora al código penal el artículo 84 bis con la siguiente redacción: Será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. La pena será de prisión de tres (3) a seis (6) años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales.
La redacción del segundo párrafo del artículo requiere que se configure una de las circunstancias del primer párrafo "Y" que el conductor se diere a la fuga, "O" no intentase socorrer a la víctima, "O" estuviese bajo los efectos de estupefaciente, "O" con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre, "O" condujere a exceso de velocidad, etcétera. Así las cosas, en principio, para que opere la agravante del delito culposo tiene que configurarse la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo automotor que cause la muerte a otro "y" alguna de las circunstancias que el segundo párrafo prevé (y que son las que algunos autores utilizan para fundamentar una imputación a título de dolo eventual, en esto coincido con el recurrente). El tipo penal agrava la conducta dentro de la configuración culposa cuando se da una de las variantes previstas (de otra forma, el legislador no hubiere utilizado la disyunción "o", sino la conjunción "y"). Más allá de la posible crítica a cierta ambigüedad sintáctica de la norma, lo que es indudable es que en la redacción del segundo párrafo del art. 84 del C.P. los supuestos de aumento de riesgo no son acumulativos sino alternativos.
Pero aun suponiendo que la conjunción de algunos de estos supuestos pudiera mantener una conducta homicida en el ámbito de la culpa temeraria, lo que en mi criterio resulta determinante es la cantidad de niveles de alerta que el causante infringió conforme la descripción del hecho imputado. Como bien se sabe, una conducta imprudente importa la asunción de un riesgo que se desencadena en un resultado lesivo. Pero cuando los riesgos asumidos son de tal magnitud que la probabilidad del resultado se acerca a la certeza, es correcto adecuar la conducta al tipo doloso, en la modalidad de dolo eventual. Esto quiere decir que aun cuando el autor diga que no desea el resultado, hay un momento en el que el aumento del peligro ocasionado y conocido por él es tal, que el hecho ya no importa temeridad o asunción desmedida de riesgos, sino más bien la probabilidad rayana a la certeza de que la conducta derivará en un resultado lesivo.
La Defensa señala como prueba de la falta de dolo el hecho de que el causante haya querido frenar antes de la colisión. Ello pudo deberse al temor repentino a perder la propia vida, a un arrepentimiento tardío e inútil (una vez que circulaba a esa velocidad le iba a ser imposible frenar a tiempo), o razones diversas que no necesariamente indican la falta de dolo.
En el caso que nos toca decidir la cuestión es, justamente, cuántas son las reglas de cuidado infringidas por Núñez Aboy y en qué grados, para así determinar si lo sucedido debe ser considerado un delito doloso. En otras palabras, si el nivel de riesgo conciéntemente asumido por el imputado permite considerar si se trata de un hecho cometido con dolo eventual o con culpa temeraria.
De lo expuesto puede concluirse, a mi juicio y contrariamente al inteligente argumento de quien recurre, que no habría obstáculo legal para la imputación dolosa cuando se configuran al mismo tiempo varias o todas las circunstancias del segundo párrafo del artículo 84 bis del CP., u otras que permitan concluir el desprecio por el bien jurídico que implica la representación de la alta probabilidad de la concreción del resultado y la continuación de la conducta por parte del autor. En otras palabras, el problema aquí no es que el imputado haya incurrido en alguna de las variables que de por sí llevarían a afirmar que hubo temeridad sino que lo hizo en casi todas ellas y en un contexto en el que, como señalara el juez garante, el riesgo iba en aumento. En la presente, la imputación que ha descripto el Sr. Juez a quo a instancias del Ministerio Fiscal, incluye casi todas las circunstancias previstas en el artículo 84 bis, segundo párrafo, del CP. Siempre según la imputación, Núñez Aboy conducía con un nivel de alcohol en sangre que duplicaba el máximo previsto por la norma penal, pasó varios semáforos en rojo, a una velocidad de 120 kms/h (es decir que duplicaba el exceso que la ley penal prevé en la agravante culposa). Además el Juez Garante toma en cuenta que a esa velocidad y en esas circunstancias, manejaba en zigzag, avanzaba hacia lugares de mayor densidad de personas y había ingresado en un tramo de su recorrido que estrechaba la cantidad de carriles de circulación. También menciona el Juez que se dio a la fuga luego del hecho.
Agrego a lo dicho que no acompaño la pretensión de parte de la Defensa en cuanto a que la reforma ha puesto fin a la discusión sobre dolo eventual. Cierto es que aquello que puede extraerse de los antecedentes legislativos permitiría suponer que la intención de algunos legisladores podía encaminarse en ese sentido conforme parece surgir de las sesiones del 10 de Junio de 2015 (Honorable Cámara de Diputados de la Nación) y 23 de noviembre de 2016 (Honorable Cámara de Senadores de la Nación), de los registros disponibles en la Dirección de Información Parlamentaria de la HCD. Debe recordarse que los proyectos de ley anteriores preveían máximos de penas disimiles (25, 15, 10, 8, 7 años y seis meses). Además, dable es destacar que varios legisladores entendieron también que la inclusión de la culpa temeraria en la reforma resultaba asistemática y no zanjaba la discusión que la Defensa entiende terminada (senadores Pais, Pinedo). De hecho, el diputado Garrido había mencionado que la exclusión del dolo eventual a partir de la inclusión de la culpa temeraria podía resultar evidente en el último anteproyecto de reforma del Código Penal que excluía expresamente al dolo eventual, pero resultaba más difícil de afirmar en este caso cuando se trata de una reforma parcial a dos artículos del Código vigente.
En ese orden de ideas cabe destacar que, de hecho, el darse a la fuga o no intentar socorrer a la víctima son conductas posteriores a la circulación poco imprudente y, por ende, son ajenas a la discusión entre dolo y culpa en la conducción del vehículo. Ello permite pensar que la reforma no termina dirimiendo una cuestión relativa a la definición de dolo sino que intenta proyectarse sobre un tramo de conductas dañosas que resultan socialmente relevantes en función de las víctimas anuales por hechos de tránsito. Por último, también cabe señalar que es irrazonable sostener que el legislador haya excluido el dolo eventual en el homicidio y las lesiones, solo para el caso del tráfico automotor. En primer lugar porque crearía una categoría dogmática solamente para los hechos de lesiones y homicidio cometidos en el tránsito. Además porque nada habilita a pensar que tácitamente el congreso ha abolido el dolo eventual de todos los demás delitos del código. Y en tercer lugar porque si no lo hizo, la reforma habría tenido un efecto -en parte- contrario a lo que sus impulsores pregonaban: que solo para los casos de homicidios con dolo eventual en el tránsito la pena sería mucho más baja que la de cualquier otro homicidio con dolo eventual (o la de cualquier otro delito cometido con dolo eventual que no incluyera supuestos de culpa temeraria).
3. Tampoco puedo coincidir con los agravios relativos a la supuesta carencia de fundamento para la imputación de un delito doloso pues en el expediente, el Juez ha remitido expresamente a una orden de detención dictada el mismo día, en donde desarrolla con extensión y profundidad las razones por las que entiende acreditado “prima facie” que Núñez Aboy mató a Silvia Cabrera y lesionó gravemente a Rosa Pedercini con dolo eventual.
Cierto es que dicha orden de detención del mismo 26 de enero de 2017, no fue notificada inmediatamente después de ser dictada (se trata de una disposición irrecurrible según surge de los artículos 151 y 164 del CPP.), pero el Juez ordenó la incorporación de una copia al expediente al resolver la eximición de prisión.
Los jueces deben resolver los expedientes en el estado en que se encuentran al momento de tomar una decisión. Sería irrazonable que si el juez ha fundado extensamente en una decisión anterior en la misma causa, los motivos por los cuales entiende que está ante un homicidio doloso y corresponde la detención del causante, omita toda alusión a ello en una decisión posterior, o se abstraiga de aquello que acaba de decidir horas antes, en el caso.
4. No encuentro, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, que el Sr. Juez a quo haya renunciado a su potestad constitucional de decidir al someterse incondicionalmente a la imputación formulada por la Fiscalía. Por el contrario, en la orden de detención que fue agregada en copias a fs. 4/13 y vta. al resolverse la resolución impugnada, el Sr. Magistrado de Grado ha desarrollado in extenso las razones por las que considera que la conducta endilgada a Núñez Aboy debe ser imputada a titulo de dolo eventual. Incluso, en dicha resolución descartó (y explicó porque lo hacía) la imputación alternativa efectuada por el Ministerio Fiscal.
Debe recordarse que la calificación que exige la legislación procesal al Juez de Garantías al resolver una eximición de prisión, reviste carácter estimativo y provisorio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 186 del CPP.
No encuentro, por ende, que el Juez se haya sometido incondicionalmente a los dictados del Ministerio Público Fiscal. Tampoco advierto que los derechos de la Defensa se encuentren menoscabados por la remisión a los fundamentos de la resolución que dictó la orden de detención.
5. Tampoco pueden prosperar los agravios relativos a la acreditación de los peligros procesales.
En primer lugar, el delito que "prima facie" se imputa al encausado prevé una pena en expectativa que supera la prevista por el artículo 169 inciso 1 del CPP. y asimismo, no ingresaría en las previsiones del inciso 3 del mismo artículo.
Por otro lado, el artículo 171 del CPP. dispone que no se concederá la excarcelación cuando existan indicios vehementes de que el imputado intentará evadir la acción de la justicia y el artículo 148 inciso 2º del CPP. establece la pena en expectativa como parámetro para merituar dichos indicios. La pena en expectativa, entonces, en función de la imputación provisoria efectuada razonablemente por el Magistrado a quo en los términos del artículo 186 del CPP., conforma una pauta válida para evaluar el riesgo procesal a esta altura del proceso, de conformidad con los artículos 171 y 148 del CPP. ya indicados, se corresponde con el estándar fijado por la CIDH, cuyos informes deben servir de guía para la interpretación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha sostenido la CSJN en los fallos Giroldi (Fallos 318:514), Bramajo (Fallos 319:1840), Sánchez Reise (Fallos 321:1328) y Romero Cacharane (del 327:388), entre otros.
Así, dicho órgano sostuvo en el informe 12/96, del 1º de marzo de 1996 que "tanto el argumento de seriedad de la infracción como el de severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideración cuando se analiza el riesgo de evasión del detenido".
Por ello, y dado que el delito que se le imputa al encausado prevé una escala penal que va desde los 8 hasta los 25 años de prisión, entiendo que -con los lineamientos referidos- por el momento puede razonablemente sostenerse la existencia de peligros procesales que justifican la denegatoria de la eximición de prisión que viene recurrida, sin que dicho riesgo pueda, al menos por ahora, ser neutralizado o disminuido mediante la aplicación de obligaciones especiales o caución real.
La Defensa tampoco ha cuestionado que Núñez Aboy haya intentado huir, extremo afirmado por el Juez de la instancia y que es una pauta que razonablemente puede evaluarse a los efectos del riesgo procesal. Las menciones de la Defensa relativas a que Tomás Núñez Aboy tiene arraigo, trabajo y una relación sentimental tampoco resultan suficientes, al menos por el momento, para disminuir o neutralizar el riesgo que emerge de la pena en expectativa para la imputación formulada.
6. Por las razones expuestas es que habré de proponer al acuerdo que se declare admisible el recurso de apelación, se confirme la resolución impugnada en cuanto no hizo lugar a la eximición de prisión de Tomás Núñez Aboy y se tengan presente la reservas de recurrir en Casación y de Caso Federal efectuadas.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.
Por ello, el Tribunal
I. NO HACER LUGAR, por mayoría, a la audiencia solicitada por el recurrente, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículo 442 del CPP.).
II. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto a fs. 23/26 y vta. contra el auto de fs. 14/17 y vta. de la presente incidencia, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 174, 421, 433, 439, 440, 442 y concordantes del CPP.).
III. CONFIRMAR el auto de fs. 14/17 y vta. en cuanto no hizo lugar a la eximición de prisión de Tomás Núñez Aboy, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 148, 169 "a contrario", 171, 185, 186, 434, y concordantes del CPP.).
IV. TENER PRESENTE las reservas de recurrir en Casación y de Caso Federal efectuadas por la recurrente, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (artículos 451 del CPP. y 14 de la ley 41). Regístrese, notifíquese y devuélvase a la instancia de origen a sus efectos.
Sirva lo proveído de atenta nota de envío.
Fdo. : Dres Leonardo G. Pitlevnik, Juan E. Stepaniuc y Luis C.
Cayuela Ante mí: Dra Viviana A. Vega.
Fin de la sentencia