Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro .requisa Personal · Causa 31158
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación deducido por la Sra. Agente Fiscal a fs. 1/8vta., contra el auto de fs. 39/41vta. de esta incidencia, de conformidad con lo expuesto en el considerando (arts. 21 inc. 1, 421, 422, 433 “in fine”, 439 “a contrario”, 442 y concordantes del C.P.P.).
II. No hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 1/8vta. y confirmar el auto apelado de fs. 39/41vta. de esta incidencia, a través del cual el Juez “a quo” ordenó la exclusión probatoria de los dichos vertidos por Ignacio Lautaro Vargas en el acta de fs. 3/4 y de todo lo obrado en consecuencia -incautación de sustancias estupefacientes y equipos de telefonía celular, test orientativos, declaración testimonial de fojas 8/vta., notificación de arts. 60 y 162 de fojas 9, 10 y 11 e informes de visu de fojas 17 y 19-; por los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 18 C.N.; 24 y 27 de la Const. Prov.; art. 12 de la D.U.D.H; art. 5 de la D.A.D. y D.H.; art. 17 incs. 1 y 2 del P.D.C. y P. y art. 11 incs. 2 y 3 de la C.A.D.H.).
Causa N° SI-31158-2018.
Libro Interlocutorios XXXI Registro N° 31416 SI-31158-2018/III COSTA, JEAN FRANCO; PINKLER RAFFO, MARÍA CECILIA Y VARGAZ, IGNACIO LAUTARO S/ APELACIÓN San Isidro, 22 de marzo de 2018.
Para resolver en el presente legajo el recurso de apelación deducido por la Sra. Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Drogas Ilícitas Departamental, Distrito Vicente López a fs. 1/8vta. de estos actuados.
Practicado el correspondiente sorteo de ley resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Carlos F. Blanco, Celia M. Vazquez, y para el caso de disidencia el Juez Gustavo A. Herbel (cf. art. 440 del C.P.P. y acuerdo ordinario Nro. 1786).
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. Analizado el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Agente Fiscal a fs. 1/8vta., entiendo que debe ser declarado formalmente admisible. Ello es así, por cuanto ha sido interpuesto en término, por una parte legitimada y han sido cumplidas las formalidades requeridas por la ley. En el caso, la impugnación se direccionó contra una resolución – exclusión probatoria y rechazo de los elementos secuestrados- que el ordenamiento procesal vigente no prevé como expresamente apelable. Sentado ello, la apelación será formalmente admisible únicamente para el supuesto que lo resuelto cause un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior, conforme la manda del artículo 439 del C.P.P., correspondiendo adentrarse al análisis de la presentación, para poder expedirse respecto de su procedencia.
En este sentido, habré de señalar que en el libelo recursivo, se encuentra debidamente acreditado el gravamen irreparable causado a la parte. En efecto, entiendo que la decisión del Juez “a quo” ha ocasionado al Representante de la Vindicta Pública un perjuicio de dicha índole, al haberlo privado de avanzar en la pesquisa y en consecuencia, obtener elementos de convicción suficientes a los efectos de delimitar la plataforma fáctica de imputación por la que habría de acusar a los imputados Ignacio Lautaro Vargas, Juan Franco Costa y María Cecilia Pinkler Raffo, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del ilícito investigado (posible infracción a la ley 23.737), maniobras en las cuales los aparatos de telefonía celular constituyen una posible fuente de información a los efectos de tener por acreditado “prima facie” un determinado cuadro de imputación; todo lo cual advierto, en el caso, ha impedido al Agente Fiscal el libre ejercicio de la acción pública.
II. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de fs. 30/41, mediante la cual el Juez “a quo” decidió: I) Decretar la exclusión probatoria de los dichos vertidos por Ignacio Lautaro Vargas en el procedimiento plasmado en el acta de fs. 3/4 y de todo lo obrado en consecuencia -incautación de sustancias estupefacientes y equipos de telefonía celular, test orientativos, declaración testimonial de fojas 8/vta., notificación de arts. 60 y 162 de fojas 9, 10 y 11 e informes de visu de fojas 17 y 19- (arts. 18 de la Constitución Nacional y 211 del C.P.P.) y II) No hacer lugar al secuestro de los elementos requeridos por la Sra. Agente Fiscal ni al examen del contenido de los aparatos de telefonía celular habidos (art. 226 "a contrario" del C.P.P.).-
Para arribar a dicho pronunciamiento, destacó que los uniformados que participaron del procedimiento policial no describieron circunstancia alguna a partir de la cual hubieran podido sospechar que se hallaban ante la posible comisión de un hecho ilícito ni ante una situación de urgencia, desde que el automotor se hallaba estacionado en la vía pública y que la documentación del rodado se encontraba en regla, siendo posible identificar debidamente a sus ocupantes.
Señaló el Juez “a quo”, que luego se plasmó en el acta que los ahora imputados se manifestaron en forma errática, nerviosa y contradictoria, siendo que frente a preguntas que se le formularon, Vargas señaló en forma espontánea que poseía sustancias estupefacientes en la guantera del automotor.
En consecuencia, destacó que se desconocen cuáles fueron las conductas a las cuales hizo referencia la prevención, pues no se indicó en que contradicciones habrían incurrido, como así tampoco a partir de que situación denotaron nerviosismo de los aquí inculpados.
Entendió el Magistrado de la instancia, que tales circunstancias resultan relevantes, pues el hecho que Vargas diera a conocer que poseía estupefacientes en la guantera, no se produjo a partir de sus manifestaciones espontáneas, sino de un interrogatorio que le practicara personal policial, siendo que no se plasmó en que consistieron dichas preguntas ni los motivos que los uniformados tuvieron para realizarlas, sin perjuicio de lo cual se documentó a partir de las mismas una auto-incriminó del conductor del vehículo.
Así pues, el Juez “a quo” estimó que dichas preguntas fueron realizadas vulnerando la garantía constitucional que protege al imputado de auto-incriminarse (art. 18 C.N.), de allí que correspondía disponer la exclusión probatoria de los dichos de Vargas en cuanto dijo poseer estupefacientes y de todo lo actuado en consecuencia.
Agregó que al no existir un canal probatorio independiente que permita acceder a la incautación de los apartaos de telefonía celular de los imputados, es que no correspondía disponer su secuestro y por ende, tampoco el examen de los mismos (art. 226 del C.P.P.).
III. En su planteo recursivo, la Agente Fiscal interviniente solicitó la revocación del decisorio en crisis, al sostener que la decisión adoptada resultó arbitraria, provocando una violación al debido proceso penal y un grave perjuicio al impedírsele continuar con la investigación y acreditar la maniobra ilícita pesquisada, so pretexto de proteger garantías constitucionales -que no fueron conculcadas-, haciendo alegaciones genéricas.
Señaló, que en el caso Vargas no fue coaccionado por el personal policial que desarrollaba funciones de prevención, que le son propias; sino que los tres ocupantes del rodado, se mostraron nerviosos, erráticos y contradictorios; y sobre todo en cuanto a explicar su presencia en el lugar. En consecuencia, entendió que dicha circunstancia en modo alguno puede ser interpretada en modo inverso y en detrimento del obrar policial, puesto que de lo contrario se estaría compeliendo a los funcionarios a omitir consignar situaciones efectivamente ocurridas en el real acontecer de los hechos. Agregó, que el procedimiento se desarrolló las 0.00hs del martes 19 de diciembre -día de semana-, que los policías observaron tres sujetos -dos de sexo masculino y uno de sexo femenino- en un automóvil en la intersección de las calles Dorrego y Rosetti, de la localidad de Olivos, zona que se encuentra en las inmediaciones de un asentamiento precario y que posee altos índices de criminalidad, tanto en delitos relacionados contra la propiedad como por infracción a la ley 23.737; de allí que en cumplimiento de la ley y de las funciones que le son propias, es que procedieron a hacer descender a los ocupantes del vehículo e identificarlos, consignándose la circunstancia -como ya se señalara- que en todo momento los causantes se mostraban nerviosos y erráticos en sus respuestas relativas a su presencia en el lugar. Asimismo la recurrente destacó que las tres personas se encontraban lejos de sus domicilios, no justificando su estadía en dicho sitio.
El Acusador Público, señaló que a su entender la supuesta violación de garantías constitucionales no sucedió en autos, desde que el personal policial no exigió una confesión del causante Vargas, sino que simplemente plasmó que en ese estado de nerviosismo éste voluntariamente expresó que poseía elementos que lo comprometían.
En tal sentido, indicó que a su parecer es habitual en causas por Infracción a la ley 23.737, que los imputados que comercializan dichos elementos ilegales, pretendan mejorar su situación procesal entregando los estupefacientes que ilegítimamente detentan para de ese modo "demostrar" que son sólo consumidores; e incluso dijo, se han detectado mutaciones en los modos en que se comercializan, detentando escasas cantidades, no sólo para evitar perder mucho dinero –de ser aprehendidos- sino también a fin de parecer un simple consumidor, ocultando así la real intención de comercialización.
Destacó que siendo interés del Estado combatir el narcotráfico, pareciera que por el momento, los obstáculos y el exceso ritual manifiesto - como en el caso de autos-, impiden llevar a cabo investigaciones en el ámbito de competencia de ese Ministerio Público Fiscal.
La recurrente, dijo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tomado una posición mayoritaria respecto a la validez de los dichos espontáneos de una persona, incluso yendo más allá, porque en varios precedentes (entre ellos: “Cabral, Agustín s/ contrabando); se ha resuelto que las manifestaciones del detenido ante la autoridad policial, siempre que sean espontáneas, esto es obtenidas sin coacción, resultan plenamente válidas, pues resultaría violatorio del debido proceso descalificar prueba que no se ha producido transgrediendo las normas.
Recalcó que en el caso, no fue demostrado que hubiera habido algún tipo de coacción, pues el estudio médico acreditó que los causantes no poseían lesiones, siendo que también han ejercido su debido derecho a defensa, presentando por escrito la designación de su letrado defensor particular de confianza, sin haber expresado, al menos en esta Fiscalía, planteo alguno relativo a haber sufrido coacción o presión por el personal policial interviniente.
En relación a la situación de nerviosismo consignada por los preventores, dijo que sin buscar faltarle el respeto al Juez de la causa, resultaba un poco absurdo pretender que se pueda describir detalladamente una apariencia de nerviosismo o que el personal policial que no se encuentra capacitado en prosa pueda plasmar en un acta y poner en letras un cierto estado de ánimo.
En razón de las consideraciones efectuadas, la recurrente señaló que el Juez “a quo” a través del decisorio impugnado, privó al Ministerio Publico Fiscal de la posibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal –que le es propio-, pues se dan en autos los presupuestos para autorizar el secuestro del material estupefaciente hallado y de los teléfonos celulares de los causantes, para luego proceder a la apertura de los mismos con el objeto de establecer la finalidad de la detentación de la droga, para así establecer el grado de participación de los causantes y de terceros en el tráfico de estupefacientes que se pretende perseguir.
Por todo ello, solicitó que se revoque la resolución dictada por el Magistrado garante, se ordene el secuestro del material “prima facie” estupefaciente y de los teléfonos celulares, autorizando la apertura de los mismos.
IV. Con el alcance que otorgan los artículos 434 y 435 del código ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este Tribunal de Alzada, deberá ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del Juez “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá cuando eso permita mejorar la situación del imputado y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Analizadas las constancias de autos, adelanto que propiciaré hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y revocar el auto en crisis. Ello, a tenor de las consideraciones que a continuación desarrollaré.
En el caso, la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, se circunscribe a determinar si la información suministrada a los preventores e incorporada en el acta de procedimiento obrante a fs. 3/4vta. -del principal-, que posibilitó la incautación de material estupefaciente en el interior del automotor donde se encontraban los imputados Ignacio Lautaro Vargas, Jean Franco Costa y María Cecilia Pinkler Raffo, que derivó en sus aprehensiones y el secuestro de los aparatos de telefonía celular que poseían, ha resultado violatoria de derechos y garantías constitucionalmente protegidos. El acta de fs. 3/4vta. que documentó el procedimiento policial cuestionado, plasmó que el día 19 de diciembre de 2017, siendo aproximadamente las 00:00hs., el oficial de policía Marcelo Pantano secundado por su par Julieta Silva, pertenecientes al Comando Patrullas distrital, en ocasión de encontrarse realizando tareas de prevención y disuasión de ilícitos -a bordo del móvil R.O. 22.964-, al arribar a la intersección de las calles Manuel Dorrego y Coronel Rosetti, de la localidad de Munro, Partido de Vicente López, advirtieron la presencia de un automotor Ford Fiesta dominio JIO-936 con tres personas en su interior -dos hombre y una mujer-, siendo que al encontrarse en las cercanías de un asentamiento precario y ante una reciente alerta radial por una tentativa de ilícito en las inmediaciones, es que procedieron a sus identificaciones.
Fue así como los preventores hicieron descender del rodado a sus tres ocupantes, siendo identificado el conductor como Ignacio Lautaro Vargas, quien aportó la documentación del rodado, cumpliendo los requerimientos de circulación; no obstante lo cual los uniformados dejaron constancia que tanto Vargas como sus acompañantes, se manifestaban en forma nerviosa, errática y contradictoria, siendo que a preguntas que se les formularon, Vargas manifestó de manera espontánea encontrarse en posesión de estupefacientes, alojados en la guantera del automotor que conducía. Seguidamente los policías dejaron asentado que procuraron la obtención de un testigo hábil a los efectos de continuar con la diligencia, tarea que resultó infructuosa ello habida cuenta la hora de la noche y que se hallaban en inmediaciones de un asentamiento precario de marcada hostilidad hacia el personal uniformado.
En consecuencia, se invitó a Vargas a extraer de la guantera la droga, haciendo entrega de un frasco de vidrio transparente con tapa a rosca, el cual contenía tres “porros” liados completamente y cuatro piezas de composición muy similar en color, textura y aroma a la picadura de marihuana. Fue así como ante una posible infracción a la Ley 23.737 se procedió a trasladar a los ocupantes del rodado a la Comisaría, siendo que al arribar a la dependencia policial y en presencia de un testigo de actuación se procedió a pesar los tres cigarrillos de marihuana arrojando un total de 2,3grs., mientras que los restantes cuadrados similares a picadura de marihuana, pesaron 39,7grs., elementos que sometidos al test orientativo arrojó resultado positivo para cannabis sativa.
Como consecuencia de ello, los policías dieron noticia a la Sra. Agente Fiscal interviniente, quien ordenó se labre I.P.P. por posible infracción a la Ley 23.737, con notificación a todos los involucrados del contenido del art. 60 y 162 del C.P.P. y se procediera a la incautación de los aparatos de telefonía celular que poseían. Los acompañantes de Vargas, fueron identificados como María Cecilia Pinkler Raffo y Jean Franco Costa.
En este contexto, habré de señalar que a mi entender la actuación de los policías resultó ajustada a derecho, pues si bien la documentación del automotor se encontraba en regla y no fue plasmado el contenido de las preguntas realizadas a sus tres ocupantes, no advierto que hayan sido realizadas vulnerando la garantía constitucional –art. 18 de la C.N- que protege a las personas de auto-inculparse con sus propios dichos. En el caso -el cual recién se halla en sus albores-, ninguno de los imputados y como así tampoco la Defensa Técnica, han planteado que las manifestaciones espontáneas de Vargas hubieran sido el fruto de actos de coacción o intimidación -sean físicos o verbales- de parte de los uniformados. En este sentido, repárese que el informe médico obrante a fs. 13vta., no arroja que Vargas, ni Costa o Pinkler Raffo hubieran presentado signos externos de lesiones traumáticas de reciente data, que autoricen a pensar que fueron objeto de injerencias indebidas por parte de los funcionarios policiales. Ahora bien, sobre el punto, el Juez “a quo” en la resolución cuestionada, únicamente señaló que ante el desconocimiento del contenido de las preguntas formuladas por los policías, Vargas con sus dichos se autoincriminó y por lo tanto correspondía disponer la exclusión probatoria de sus manifestaciones, apreciación que entiendo equivocada, pues se desentiende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produzco el hallazgo del alcaloide.
En efecto, no puede pasar por alto que Vargas junto a sus acompañantes –Costa y Pinkler Raffo-, se encontraban un día martes 19 de diciembre, en horas de la noche –las 00:00hs. mas precisamente- en las inmediaciones de un asentamiento precario y que a pesar de haber proporcionado la documentación del rodado donde se desplazaban, los preventores dejaron constancia que los imputados se manifestaban en forma nerviosa, errática y contradictoria al explicar las razones de su permanencia en el lugar, circunstancia que condujo a realizar preguntas, que culminaron con las manifestaciones de Vargas, señalando que poseía estupefaciente en la guantera del automotor que conducía.
En consecuencia, no se observa un comportamiento irregular de los uniformados, quienes se limitaron a efectuar preguntas ante la conducta nerviosa, errática y contradictoria que presentaban Vargas, Costa y Pinkler Raffo, siendo que como se dijera párrafos arriba ninguno de los involucrados, ni su Defensa ha planteado que dichas manifestaciones espontáneas hubieran sido el resultado de un proceder coactivo sea verbal o físico, que haya quebrantado sus voluntades.
Entiendo que adoptar una postura distinta a la aquí plasmada, imposibilitaría a los funcionarios policiales valerse de información útil a los efectos de la investigación y el esclarecimiento de posibles hechos ilícitos, tal como sucedió en autos.
Por otro lado, no puedo dejar de señalar que éste ha sido el criterio que durante años ha venido desarrollando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados pronunciamientos.
En efecto, en el precedente “Cabral” se analizó un procedimiento donde la persona fue detenida por una comisión policial en la vía pública, junto a dos cajas de cartón que por sus inscripciones indicaban que contenían televisores y monitores de computación.
Ante su actitud inusual, la policía lo identificó y al preguntarle acerca de su permanencia en el lugar respondió con evasivas y contradicciones, sin poder acreditar el origen de la mercadería que poseía. Fue así como durante su trayectoria a la comisaría, Cabral dijo que los aparatos los había comprado en un departamento a una persona que los traía del puerto, ante lo cual el Juez de la causa dispuso el allanamiento de la vivienda En el caso se planteó la violación a la garantía de la defensa en juicio, argumentándose que lo manifestado ante la prevención carecía de valor probatorio y no podía ser utilizado en la causa.
La Corte entendió que los dichos de Cabral, se trataban de un dato aportado al personal policial que lo conducía a la comisaría y que la mera comunicación de ese dato, en la medida que no sea el producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación, pues de lo contrario se estaría imposibilitando a los funcionarios policiales investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación. La Corte al desestimar el recurso interpuesto, señaló que no se advertía que la manifestación de Cabral a la policía hubiera sido el fruto de un acto de coacción y que dicha circunstancia tampoco había sido señalada por el imputado en su descargo (Fallo 315:2505 “Cabral, Agustín s/ contrabando –causa n° 8517- 14/10/1992 “).
Posteriormente, el Máximo Tribunal Nacional en el marco del precedente “Schettini” volvió a reiterar los fundamentos de Cabral, señalando que: “….la mera comunicación de un dato, en la medida que no sea el producto de la coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal….”. Y que de lo contrario se “….impide a los funcionarios investigar las pistas que pudiesen surgir de esa comunicación”. Se dijo además que: “… ello es así toda vez que de las circunstancias en que se recogieron las manifestaciones de Shettini en sede policial y que permitieron individualizar el domicilio del apelante, se desprende que aquellas han sido el producto de su libre voluntad”. (S. 79. XXVI, “Schettini, Alfredo y otro s/ infracción ley 23.737” -13/9/1994-).
Luego la Corte –con el voto mayoritario de sus integrantes- se expidió en similar sentido en el precedente “García D´Auro, Ramiro Eduardo s/ robo de automotor en poblado y en banda –causa 6855-“, ocasión en que remitiéndose a lo señalado por el Juez de la instancia destacó que: “…después que se descubrió la mendacidad de su testimonio… fue relevado de su juramento e indagado ante su juez en reiteradas ocasiones, y no está de más advertir que tanto en la primera como en la segunda declaración insistió en ser víctima del delito, negando toda vinculación ……”. Ante ello la Corte agregó que: “Esa actitud del recurrente ratifica que sus manifestaciones espontáneas no obraron como coacción que le impidiera ejercer sus derechos constitucionales en el proceso, lo que descarta, también desde ese ángulo, la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado”.
El Máximo Tribunal de la Nación en Fallos 317:241, también se remitió a los fundamentos de “Cabral, Agustín s/ contrabando”, al señalar que los dichos de la imputada Hillda Jofre –fue conducía a la comisaría donde se halló entre sus pertenencias, varias prendas de vestir que luego se determinó habían sido sustraídas del comercio del cual salió y entró en reiteradas ocasiones; para luego reconocer en sede policial que las había robado- no debían excluirse de la causa por: “tratarse de datos que permitieron a la policía individualizar a las víctimas, los cuales fueron recabas sin coacción, como resultado de las averiguaciones impuestas por la ley procesal”.
Ya hacia el año 2007, la Corte mediante el voto mayoritario de sus integrantes, volvió a confirmar el criterio aquí desarrollado. En el precedente “Minaglia, Mauro Omar y otra s/ infracción a la ley 23.737 (art. 5 inc. c), también se cuestionó los dichos del imputado quien en presencia de la policía dijo donde había adquirido el material estupefaciente, lo cual derivó en varios allanamientos.
En el fallo la Corte indicó que: “El fundamento principal para declarar mal concedido el recurso en lo atinente a esta cuestión radica en que, conforme a la propia jurisprudencia de esta Corte, las manifestaciones que una persona detenida efectúa ante la autoridad policial, dadas ciertas circunstancias y con un alcance acotado, resultan válidas. Ese criterio fue establecido en el precedente "Cabral" (Fallos: 315:2505), y luego confirmado en los casos "Jofré" (Fallos: 317:241) y "Schettini" (Fallos: 317:956).”
En dicho fallo, la Corte agregó que: “En "Cabral", esta Corte afirmó que los dichos espontáneos que un detenido efectúa ante la autoridad policial no deben ser considerados como aquel tipo de declaraciones vedadas por el art. 316, inc. 1° del Código de Procedimientos en Material Penal. Sentado ello, se fijó el siguiente estándar: "La mera comunicación de ese dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener, como señala el a quo, que la restricción procesal antes mencionada impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación" (considerando 4°). Por su parte, para fundar la ausencia de coacción se tuvo en cuenta que el informe pericial respectivo no hacía presumir que el imputado hubiese padecido apremios y, a su vez, que éste, al momento de ser indagado, no había efectuado denuncia alguna en ese sentido (considerando 5°).”
Posteriormente, el Máximo intérprete de la Constitución Nacional, ante un planteo similar a los aquí analizados, resolvió previo haber escuchado al Procurador Fiscal, desestimar la queja articulada por la Defensa. En el caso se analizó la validez de los dichos de un imputado quien en el marco de un allanamiento por infracción a la Ley 23.737 realizado en su domicilio, dijo en presencia de personal policial, que el estupefaciente incautado era: “un poco de marihuana para vender, ya que no puedo ni pagar la luz”, en base a lo cual la Defensa planteó violación a la garantía que prohíbe la auto-incriminación al haberse utilizado tal afirmación en su perjuicio. (CSJN Fallo “Domínguez, Raúl Oscar s/ causa n° 8839” S.C. D 619, l.XLIV”–de fecha 9/2/2010-). Por su parte la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, dijo con fecha 6 de febrero de 2018, en la causa N° FRO 86000146/2009/TO1/CFC1 “Pérez, Daniel Oscar s/ recurso de casación”, mediante el voto del Juez Carlos Alberto Mahiques (al que adhirieron sus colegas Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani), que: “Me he expedido acerca de que las manifestaciones que voluntariamente hagan los imputados a la prevención no pueden ser descartadas arbitrariamente cuando se incorporen a través del testimonio del personal policial y no exista presunción alguna de que haya existido engaño ni coacción u otro tipo de condicionamiento de la voluntad de los procesados. La posición contraria llevaría al absurdo de sostener que los funcionarios públicos se encuentran impedidos de investigar las pistas que pudieran surgir de los dichos que voluntariamente haga el individuo que ha delinquido (cfr. causa n° 255 del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, caratulada “Ferreyra, Alberto Rubén s/ recurso de casación”, reg. nº 222/01, rta. 11/6/01)” .
Asimismo corresponde señalar que a mi entender, el procedimiento policial cuestionado se ha desarrollado dentro del marco de actuación de la Ley Orgánica de la Policía de esta provincia -ley N° 13.482-, en cuanto establece en el art. 9 que el accionar de sus miembros deberá: "... adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas así como también el principio de gradualidad".
Por su parte, el artículo 13 de dicho cuerpo normativo, establece que: "El personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en el desempeño de sus funciones deberá adecuar su conducta a los siguientes principios básicos de actuación policial: a) Desplegar todo su esfuerzo con el fin principal de prevenir el delito", mientras que en su artículo 20 se indica que: "En cada uno de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires se constituye una Policía de Seguridad, que tiene las siguientes funciones esenciales: a) Evitar la comisión de hechos delictivos o contravencionales; b) Hacer cesar los hechos cuando han sido ejecutados o han tenido comienzo de ejecución."
Por otro lado, advierto que al supuesto de autos no serían aplicables las Reglas de Miranda, ya que la Corte de los Estados Unidos, desarrolló dicho procedimiento para aquellos casos donde el sujeto ya se encuentra formalmente detenido y al ser sometido al interrogatorio policial –de acuerdo a las facultades que la legislación allí le otorga a la policía-, previamente se deben poner en conocimiento del sujeto, aquellos derechos y garantías que justamente se plasmaron a partir de la resolución de dicho precedente. Asimismo, no puede dejar de señalar a la luz del estado incipiente de la pesquisa, a mi juicio la decisión adoptada por el Magistrado de la instancia y mediante la cual pretendió fulminar el desarrollo del proceso, ha resultado prematura.
Digo ello, por cuanto los preventores Pantano y Silva aún no fueron escuchados en el marco de este proceso, de allí que, con el debido contralor de las partes, bien podrían ser convocados a prestar declaración a fin de brindar razón de los motivos que llevaron a efectuar las preguntas y como así también el contenido de ellas. O de ser necesario, para el caso que los imputados no concuerden con el motivo y tenor de las preguntas que se dicen realizadas, efectuar los careos que a tales efectos resulten pertinentes. En razón de lo dicho hasta el presente, y no advirtiéndose que el Juez “a quo” hubiera demostrado, que los dichos del imputado Vargas hubieran sido el fruto de un proceder coactivo –sea físico o verbal-, ni habiéndose acreditado un quebrantamiento de su voluntad; entiendo que los dichos documentados por la prevención, debe ser interpretados como una manifestación espontánea del justiciable, de allí que no corresponde disponer su exclusión probatoria y por ende, tampoco las restantes diligencias practicadas en consecuencia. Repárese que, de homologarse el decisorio impugnado se estaría cercenando las facultades investigativas de la policía (art. 293 del C.P.P. y art. 20 de la Ley Orgánica de la Policía -Nro. 13.482-), bajo la premisa del menoscabo de garantías constitucionales, que en el caso, no advierto que fueran violentadas.
Por último, y respecto al escrito presentado por la Defensa Técnica a fs. 52, no corresponde su valoración en el marco de este decisorio, por cuanto no resulta parte en el presente recurso.
En consecuencia, propicio hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Sra. Agente Fiscal y revocar la resolución impugnada en cuanto ordenó la exclusión probatoria de los dichos vertidos por Ignacio Lautaro Vargas en el acta de fs. 3/4 y de todo lo obrado en consecuencia - incautación de sustancias estupefacientes y equipos de telefonía celular, test orientativos, declaración testimonial de fojas 8/vta., notificación de arts. 60 y 162 de fojas 9, 10 y 11 e informes de visu de fojas 17 y 19-; debiendo en consecuencia, expedirse respecto al secuestro de los elementos requeridos por la Sra. Agente Fiscal como al examen del contenido de los aparatos de telefonía celular habidos (art. 18 de la C.N.)
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov y 106 del C.P.P.).
La Jueza Celia Margarita Vazquez dijo:
I. Adhiero al voto del juez preopinante, Dr. Blanco, en cuanto a la admisibilidad del recurso de apelación deducido, por sus mismos motivos y fundamentos.
II. Sin perjuicio de ello, habré de apartarme en cuanto propuso hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Acusador Público, y revocar el decisorio apelado mediante el cual el Juez “a quo” ordenó la exclusión probatoria de los dichos vertidos por Ignacio Lautaro Vargas en el acta de fs. 3/4 y de todo lo obrado en consecuencia; como así también no hacer lugar al secuestro de los elementos incautados ni a la apertura de los teléfonos celulares de los imputados.
A mi criterio el procedimiento documentado a fs. 3/4vta. resultó inválido por las razones que expondré a continuación, lo cual justifica, homologar la decisión del Magistrado de la instancia.
En efecto, dicha acta labrada con motivo del procedimiento policial consigna que: “el día 19 de diciembre de 2017, siendo aproximadamente las 00:00hs., el Suscripto, oficial de policía....... Marcelo Pantano secundado..... por la oficial Julieta Silva, ambos numerarios pertenecientes al Comando Patrullas de este distrito. Quienes en circunstancias que nos encontrábamos recorriendo el ejido jurisdiccional.... en prevención y disuasión de ilícitos .....a bordo del móvil R.O. 22.964. Es que circulando por inmediaciones...... de las arterias Manuel Dorrego y Coronel Rosetti, advertimos la existencia de un rodado marca Ford modelo Fiesta dominio colocado JIO-936, en cuyo interior asimismo se denota la existencia de una femenina y dos masculinos, quienes al advertir la presencia policial permanecen en el lugar....
Seguidamente y adoptando las medidas precautorias del caso, se invita a la totalidad de los ocupantes a efectuar el descenso del rodado, a lo cual se obedece inmediatamente, asimismo se requiere al conductor del mismo, identificado a la postre como Ignacio Lautaro Vargas... A quien requerida que fuera la documentación de rigor acerca del rodado... exhibe cédula de identificación de manejo, registro habilitante y tarjeta de seguro vigente, todo ello con estricta concomitancia con lo normado por la ley 24.449. No obstante lo hasta aquí narrado, la totalidad de los ocupantes se manifestó en forma nerviosa, errática y contradictoria, siendo que a preguntas que se les formularon, finalmente el identificado manifiesta en forma espontánea encontrarse en posesión de estupefacientes, mismos que según sus dichos se encontraran almacenados en la guantera del rodado.
Es que ante esto inmediatamente nos disponemos a la obtención de un testigo hábil.....no obstante y atentos a que nos hallamos a altas horas de la noche.... no podemos dar con testigo alguno.... Seguidamente e invitado que fuera el nombrado a extraer la sustancia del interior de la guantera.... extrayendo un frasco vítreo transparente con tapa a rosca, en cuyo interior se observan tres "porros" liados completamente y asimismo 4 piezas de composición muy similar en color, textura y aroma a la picadura de Marihuana. Es así que ante un potencial infracción a la ley 23.737 se dispone el inmediato traslado ... hasta la seccional policial..... Procediendo .... al pesaje en forma separada de los elementos hallados, .... lo que arroja un guarismo en primera instancia de dos coma tres gramos (2,3) para los tres elementos..... denominados "porros" y .... un total de treinta y nueve coma siete gramos (39,7) para los 4 elementos restantes....".
Como se aprecia, no se indican –ni entiendo presente- la existencia de motivos suficientes que justifiquen la intromisión policial. Es que si bien el personal policial afirmó que los aquí imputados se manifestaron en forma nerviosa, errática y contradictoria lo cierto que dicha circunstancia de forma alguna puede constituir una estado de sospecha suficiente para presumir que el imputado guardaba en el interior del automotor que conducía cosas relacionadas con un posible delito; máxime cuando a requerimiento de la autoridad, se identificó correctamente exhibiendo su DNI y presentó la documentación habilitante para circular con el rodado; tal como hizo constar el propio funcionario en el acta de procedimiento labrada.
Planteadas así las cosas -a mi entender-, el accionar policial en materia de requisas, fuera de los casos en que se encuentran cumpliendo una orden judicial, reconoce como requisitos inexcusables la existencia de apariencia de delito y la urgencia (arts. 18 C.N.;24 y 27 de la Const. Prov.; 225 y 294 inc. 5 del C.P.P.).
Es así que, atento estar en juego derechos y garantías constitucionalmente reconocidos, sólo a través del conocimiento de las circunstancias previas y concomitantes al procedimiento, el órgano judicial puede realizar el control de legalidad correspondiente para determinar si existían razones objetivas que justificaran el cercenamiento momentáneo de tales derechos. Pues, el principio de legalidad, que responde al requerimiento de racionalidad en el ejercicio del poder, emergente del principio republicano de gobierno (art. 1 de CN), impone garantizar a todos los habitantes el control judicial suficiente de aquellos actos del poder público que puedan significar un avance estatal desmedido e irracional por sobre el orden constitucional y democrático, cuyas consecuencias directas, de así permitirlo, llevarían al avasallamiento de los derechos fundamentales de todos los individuos.
Por ello es que la obligación de los agentes del orden de brindar pautas objetivas que den cuenta de cuáles son los “motivos” que los llevaron a presuponer que se estaba ante la posible comisión de una acción delictiva resulta ineludible. De este modo se evitará que el análisis judicial deba ceñirse sólo a las subjetividades policiales.
Al respecto, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni han dicho que “…Una vez que el agente de prevención se encuentra ante alguna de esas hipótesis exigidas por la ley para proceder, es necesario que describa fundadamente cuáles son las conductas o actos –en especial actitudes del imputado- que generaron sus sospechas. En efecto, si la autoridad para llevar a cabo la requisa o la detención, conforme a la ley, es el Juez y sólo en casos excepcionales y de urgencia las normas permiten delegarlo en la policía, la única forma de que luego el Juez pueda supervisar la legitimidad de la actuación policial, es que estos funcionarios funden circunstanciadamente las razones del procedimiento” (ver disidencia en el precedente “Ciraolo, Jorge R. D”, resuelto el 20/10/2009); requisitos no presentes en el caso, pues, como bien dice el Juez "a quo" no se explicitaron las conductas concretas de los jóvenes, las contradicciones en que se dice incurridas o la situación por la que los agentes denotaron "nerviosismo". De tal modo, no me es factible apreciar que el alegado estado nervioso, errático y contradictorio que se dice presentaban los aquí imputados, resulten parámetros objetivos para tener por acreditado un estado de sospecha suficiente que autorice a los policías a formular aquellas preguntas que a la postre culminaron con el hallazgo de la droga. Digo ello, no sólo porque ya habían sido identificados y aportada la documentación del automotor, sino por cuanto ni siquiera quedó plasmado en el acta de procedimiento el tenor y alcance de las preguntas que los preventores efectuaron a los aquí imputados. Dicho extremo, a mi entender impide establecer si el interrogatorio al cual fueron sometidos, resultó intimidatorio o coaccionante, y por ende, si logró vencer la voluntad de Vargas como de sus acompañantes Costa y Pinkler Raffo.
Entonces, en caso de que hayan existido tales circunstancias, los agentes policiales debieron plasmarlas en el acta de procedimiento, caso contrario, ello “...impide realizar un juicio de razonabilidad” (cf. Fallos: 317:1985, considerando 12 del voto de los jueces Nazareno, Moliné O'Connor y Levene).
Por otro lado, y conforme se explicara en el precedente Ciraolo párrafos arriba citado: "...la inexistencia de fundamentos para proceder en el modo cuestionado no puede legitimarse por el resultado obtenido pues, obviamente, las razones justificantes del proceder policial deben existir en el momento en que se lleva a cabo la medida. Ello es así pues, de lo contrario, razones de conveniencia se impondrán por sobre los derechos individuales previstos en la Ley Fundamental" (considerando 19 del voto los jueces Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni).
En este caso en particular, y más allá de suponer –a mi criterio no se encuentra acreditado- que lo observado por los preventores intervinientes permitiría tener por justificada la existencia de una sospecha fundada para presumir que el identificado ocultaba cosas relacionadas con un posible delito, lo cierto es que tampoco han sido introducidas razones fundadas tendientes a justificar la debida urgencia de tal actuar (art. 294 inc. 5, en función del art. 225 del C.P.P.), que hiciera excusable la orden judicial correspondiente. Al respecto, nótese que luego de ser identificado Vargas y cacheado, se encontraba bajo custodia policial, de modo tal que no se presentaban razones suficientes que pudieran hacer presumir la existencia de objetos o elementos –dentro del automotor- susceptibles de poner en peligro la integridad física del personal policial interviniente o de un tercero circundante, ni tampoco una posible pérdida del material presuntamente habido. Así, una vez que el imputado fuera puesto en una condición que le imposibilitaba su huída o defensa, no se evidencian motivos suficientes que implicasen la configuración del mencionado riesgo, especialmente -insisto- si se tiene en cuenta que el nombrado se hallaba bajo la esfera prevencional, pudiendo por ello recabar la correspondiente orden judicial pertinente.
En tal sentido, a mi juicio, no puede argumentarse en contrario de ello invocando la imposibilidad de conciliar los tiempos en que se demora la tramitación de la orden judicial y el accionar policial. En efecto, excluyendo los supuestos excepcionales en los que median razones suficientes de urgencia, las dilaciones imputables al Estado no pueden trascender en un avasallamiento de las garantías constitucionalmente reconocidas a todo habitante del territorio bonaerense. De lo contrario, asistiríamos a una renuncia a la protección de ámbitos como la intimidad de una persona en pos de que el Estado -aún frente a su falta de diligencia para cumplir con las formas requeridas- pueda lograr su cometido, es decir, la concreción de la ley sustantiva.
A este respecto, Maier sostiene “...a la verdad sólo se debe arribar por los medios y en la forma que la ley permite; que, de haberse incorporado al procedimiento un elemento de prueba mediante un acto irregular o mediante un acto regular, cuya posibilidad de realización provenga necesaria y directamente del conocimiento adquirido por un acto irregular, él es invalorable para fundar una decisión judicial, en perjuicio del imputado” (Maier, Julio, obra cit. pág. 705).
En razón de las consideraciones efectuadas, y siendo el acta de procedimiento -en el caso- la única constancia probatoria sobre la cual se sustenta la materialidad infraccionaria del hecho imputado a Vargas, Costa y Pinkler Raffo, es que propongo al acuerdo homologar la decisión del Juez de la instancia y por ende rechazar el recurso incoado (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C. N., art. 17 de la Const. Prov., art. 12 de la D.U.D.H., art. 5 de la D.A.D. y D.H, art. 17 incs. 1 y 2 del P.D.C. y P., art. 11 incs. 2 y 3 de la C.A.D.H ). Es mi voto.
El Juez Gustavo Adrián Herbel dijo:
Comulgo en términos generales con los fallos citados por el Juez Blanco en su voto, en tanto y en cuanto pueden ser base de investigación los dichos espontáneos realizados por el imputado ante la autoridad policial. Ahora bien, de lo que aquí se trata, es establecer si los dichos vertidos por el imputado Vargas tuvieron carácter espontáneo en el marco de circunstancias que se aportan en la causa.
Adviértase que el encausado Vargas confiesa la posible comisión de un delito frente a la autoridad policial, sin que ésta hubiera tenido elementos para suponer la existencia de tal delito. En el caso, se está ante un interrogatorio policial que se focalizó en obtener datos sobre la identidad de las personas, la propiedad del automotor y el registro habilitante para conducirlo, datos todos estos que fueron debidamente evacuados por los interrogados según se hizo constar en el acta de procedimiento policial obrante a fs. 3/4vta..
Luego, ante una suposición genérica de los preventores en cuanto alegan que "los ocupantes se manifestaron en forma nerviosa, errática y contradictoria" se ingresa a un interrogatorio que tuvo como fruto la confesión del imputado Vargas, quien dijo poseer material estupefaciente en la guantera del automotor.
Sobre el punto, habré de destacar que no se cuenta con datos objetivos que establezcan porque los policías entendieron errático o contradictorio el comportamiento de Vargas y sus acompañantes -Costa y Pinkler Raffo-, cuando según consta en el acta de procedimiento habían cumplido con todos los requerimientos, siendo que además tampoco se conoce el tenor y el alcance de las preguntas formuladas por los uniformados, que derivaron en la confesión del delito.
En este marco y en comunión con el voto del Dr. Mahíques -que fuera citado por mi colega párrafos arriba-, si de las circunstancias de los hechos cabe suponer la existencia de coacción policial para obtener una declaración confesoria del imputado debe estarse a la invalidez de tal información por cuanto puede suponerse que fueron adquiridas en forma coacta.
Por otro lado, cabe apuntar que el Acusador Público no aportó ningún elemento de juicio que pueda neutralizar esta suposición de coacción psicológica del actuar policial y tampoco puede predicarse que nada han dicho los imputados ni su defensa respecto de dicha coacción, puesto que no tuvieron oportunidad procesal para expedirse sobre el punto al momento de resolverse la cuestión aquí analizada.
En razón de dichas consideraciones, es que habré de adherir al voto de la Jueza Vazquez, en cuanto propuso homologar la decisión emitida por el Magistrado de la instancia obrante a fs. 39/41vta. de la presente incidencia. Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov y 106 del C.P.P.).
Por lo tanto, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación deducido por la Sra. Agente Fiscal a fs. 1/8vta., contra el auto de fs. 39/41vta. de esta incidencia, de conformidad con lo expuesto en el considerando (arts. 21 inc. 1, 421, 422, 433 “in fine”, 439 “a contrario”, 442 y concordantes del C.P.P.).
II. NO HACER LUGAR al recurso interpuesto a fs. 1/8vta. y CONFIRMAR el auto apelado de fs. 39/41vta. de esta incidencia, a través del cual el Juez “a quo” ordenó la exclusión probatoria de los dichos vertidos por Ignacio Lautaro Vargas en el acta de fs. 3/4 y de todo lo obrado en consecuencia -incautación de sustancias estupefacientes y equipos de telefonía celular, test orientativos, declaración testimonial de fojas 8/vta., notificación de arts. 60 y 162 de fojas 9, 10 y 11 e informes de visu de fojas 17 y 19-; por los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 18 C.N.; 24 y 27 de la Const. Prov.; art. 12 de la D.U.D.H; art. 5 de la D.A.D. y D.H.; art. 17 incs. 1 y 2 del P.D.C. y P. y art. 11 incs. 2 y 3 de la C.A.D.H.).
III. Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara y a la defensa de intervención, y devuélvase a la instancia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Fdo: Celia Margarita Vazquez - Juez Fdo: Gustavo Adrián Herbel - Juez Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Ante mí: Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia