Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 31141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Por mayoría, APLICAR al presente incidente de apelación el trámite previsto en los arts. 421, 439, 441 y ccdtes. del C.P.P.; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos.-
II. Por unanimidad, declarar admisible la impugnación deducida a fs. 1/9 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 21, inc. 4º, 421, 433, 439, párr. 2º, 441, párr. 2º -estos dos últimos según leyes 13.812 y 13.818, respectivamente-, 442, 443, sstes. y ccdtes. del C.P.P.; y 3 de la ley 13.812).-
III. Por unanimidad, no hacer lugar al recurso de apelación y confirmar la sentencia de fs. 15/29 del presente legajo, mediante la cual el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 1 departamental, Dr. Andrés Martín Mateo, dispuso -en lo que aquí interesa- admitir la conformidad alcanzada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado y condenar a Lucas Daniel Galván a 1 año y 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y violación de domicilio, ambos en concurso real entre sí; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 26 a contrario, 29, inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 150 y 189 bis, inc. 2º, párr. 3º, del C.P.; 210, 371, 373, 375 y 380 del C.P.P.).-
Causa nro. 31141/III ¨GALVAN, LUCAS DANIEL S/ SENTENCIA CORRECCIONAL¨ En la ciudad de San Isidro, a los 22 días del mes de marzo del año 2018, reunidos en Acuerdo ordinario los Jueces de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, Dres. Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Celia Margarita Vazquez, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia en la presente causa seguida a Lucas Daniel Galván; practicado en su oportunidad el sorteo que impone la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Carlos Fabián Blanco, Celia Margarita Vazquez y, para el caso de disidencia, Gustavo Adrián Herbel (conf. art. 440 del C.P.P. y acuerdo extraordinario nº 1543).-
I. A fs. 15/29 del presente legajo, el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 1 departamental, Dr. Andrés Martín Mateo, dispuso -en lo que aquí interesa- admitir la conformidad alcanzada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado y condenar a Lucas Daniel Galván a 1 año y 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y violación de domicilio, ambos en concurso real entre sí (arts. 26 a contrario, 29, inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 150 y 189 bis, inc. 2º, párr. 3º, del C.P.; 375, 376, 530 y 531 del C.P.P.).-
Contra ese fallo, la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, dedujo a fs. 1/9 recurso de apelación; y en los términos de los arts. 421, 439, párr. 2º, 441 y ccdtes. del C.P.P., realizado un análisis de admisibilidad formal, el Sr. Juez interviniente concedió a fs. 34/vta. la impugnación interpuesta.-
Luego, practicado a fs. 37 el sorteo pertinente, se recibieron estos actuados, y se procedió a fs. 38vta./39 a notificar a las partes de su radicación por ante este Tribunal.-
II. El Sr. Juez “a quo” tuvo por probado el siguiente hecho: “…el día 10 de febrero de 2017, siendo aproximadamente las 20:50 hs., una persona del sexo masculino, mayor de edad, que se encontraba en la vía pública acompañada de otra persona del sexo masculino, a la fecha no identificada, más precisamente en inmediaciones de las arterias Rolón y Pasaje del Litoral, del barrio “Villa La Cava”, de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, en el sector conocido como “La Placita”, portó sin la debida autorización legal emanada de la autoridad de aplicación pertinente, en condiciones de uso inmediato en la vía pública, la pistola calibre .22 largo, marca G.M.C., serie nº 2345, que tenía entre sus ropas, la que se encontraba cargada con siete proyectiles del mismo calibre, seis en su almacén cargador y otro más en la recámara del arma, la que una posterior pericia oficial determinó apta para producir disparos. Así las cosas, al notar la circunstancial presencia de personal policial que se encontraba llevando a cabo tareas preventivas, ambos masculinos emprendieron veloz carrera, siendo perseguido el primero de los sujetos mencionados por haberse visto que tenía en su cintura un arma de fuego, y en su fuga, ese sujeto ingresó en una morada ajena, ubicada en Pasaje del Litoral nº 1.566, de la misma localidad, contra la voluntad expresa o presunta de sus moradores, la Sra. Estela Moreno y el Sr. Sergio Enrique Soria, quienes tenían el derecho de excluirlo. Que en esas circunstancias, el masculino de mención ingresó a una de las habitaciones de la casa y luego intentó darle a la Sra. Moreno el arma de fuego que tenía consigo, la que no fue tomada por la mujer, produciéndose en ese momento el ingreso del personal policial, el que redujo y aprehendió de urgencia al sujeto dentro del interior de la finca, e incautó debajo del colchón de la cama, ubicada en la habitación a la que el individuo había ingresado instantes antes, el arma de fuego descripta…” (fs. 21/vta.).-
Para así decidir, estimó -en síntesis- que: 1) la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable vienen conformadas mediante el acta de procedimiento de fs. 1/2vta. del expediente principal, en cuanto dio cuenta que los preventores intervinientes advirtieron que en la vía pública el imputado tenía un arma de fuego en su cintura, que cuando éste percibió la presencia policial comenzó a correr, y que resultó aprehendido dentro de una vivienda a la que había ingresado contra la voluntad de sus moradores, incautándose el referido adminículo -pistola calibre .22 largo, marca G.M.C., serie nº 2345- con siete proyectiles en su interior; y tuvo en cuenta que la pericia balística de fs. 42/47 determinó su aptitud para el disparo y la idoneidad de tales municiones. En punto a la ausencia de autorización legal para su portación, consideró -a tenor de los arts. 2 de la ley 24.492 y 55 del decreto 395/75- que el acusado contaba con 20 años de edad y registraba una sentencia condenatoria firme. Por su parte, valoró que en la declaración testimonial de fs. 5/vta., Sergio Enrique Soria, morador de la finca en cuestión, refirió conocer al intruso “del barrio” (fs. 23vta.); y ponderó que en el testimonio de fs. 6/vta., Estela Moreno, domiciliada en el lugar de referencia, manifestó que también lo reconoció por ser “del barrio” (fs. 23vta.), le dijo que era un “atrevido” (fs. 23vta.) por ingresar sin permiso y en forma violenta a su vivienda, y rechazó tomar el arma con el propósito de su ocultamiento. Así las cosas, consideró desvirtuada tanto la versión exculpatoria ensayada a fs. 66/67 por el justiciable -relativa a que no portaba arma alguna, que corrió porque sintió disparos y que su acompañante se dio a la fuga porque vende droga-; como también los testimonios de descargo prestados a fs. 69/vta., 70/vta., 71/vta. y 72/vta. por Jesús Orrego, Mariela Victoria González, Mabel Patricia Coronel y Juan Carlos Bernachea, respectivamente, en cuanto a que no podían precisar si el encausado tenía el arma cuando comenzó a correr.-
Finalmente, entendió que el comportamiento en cuestión encuadra en los arts. 150 y 189 bis, inc. 2º, párr. 3º, del C.P., y que no concurren eximentes, atenuantes ni agravantes.-
III. Al interponer recurso de apelación, la Sra. Defensora Oficial postuló la absolución de su asistido, y en subsidio, la imposición de pena conforme el mínimo legal. En tal sentido, con cita de normativa constitucional y de los arts. 106, 210 y 373 del C.P.P., consideró absurda la valoración de la prueba por afectación a las reglas de la lógica y de la sana crítica, brindándose a su entender fundamentación aparente a la sentencia; y ponderó que los testimonios no permiten despejar la duda respecto de la existencia del hecho y la autoría de su defendido. En punto a la portación del arma de fuego, juzgó que las declaraciones policiales no indican las circunstancias de modo y lugar en que fue hallado tal adminículo, que existe la posibilidad de que éste pertenezca a alguno de los moradores de la finca de referencia; y que se carece de información relativa a si su asistido podía o no portar armas de fuego, y a nombre de quién se encontraba registrada la pistola. Y respecto de la violación de domicilio, indicó que su ahijado procesal podría haber pensado que los aludidos residentes permitirían su ingreso, en atención a que era conocido del barrio y evitaba ser aprehendido por las fuerzas de seguridad. Por último, en torno al monto de pena, valoró como atenuante el buen concepto vecinal, el cual a su criterio debe ser presumido en tanto no se ha demostrado lo contrario; sin que a su juicio el informe de fs. 16/vta. emita opinión a su respecto. A su vez, consideró que no fueron valorados los déficits de su pupilo en materia de educación, trabajo y contención familiar; y en función de tales circunstancias, consideró que la fijación punitiva debe ceñirse al mínimo legal.-
IV. El Tribunal planteó entonces las siguientes C U E S T I O N E S PRELIMINAR: ¿Qué procedimiento corresponde aplicar a las presentes? PRIMERA: ¿Resulta admisible el recurso de apelación interpuesto?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A la cuestión preliminar planteada, el Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. En primer término, en aras de brindar claridad expositiva a mi voto, habré de relevar cronológicamente las incidencias relevantes del legajo: A fs. 1/2vta. del expediente principal se dio inicio a las presentes actuaciones mediante el acta de procedimiento que consignó, en lo que aquí interesa, que con fecha 10/2/2017 el Comisario Sergio Daniel Romero, el Oficial Subinspector Lucas Gabriel Farías, el Oficial Subayudante Leandro Berastegui, el Sargento Maximiliano Emanuel Suárez y personal del Grupo de Apoyo Departamental Conurbano Norte -a cargo del Teniente Primero Walter Rivas-, observaron -mientras efectuaban un rondín de prevención- al imputado junto a un acompañante -aún no identificado- caminar hacia los preventores; siendo que tales individuos, al notar la presencia policial, detuvieron en forma imprevista su marcha, por lo cual les fue dada la voz de “alto policía!”, dándose a la fuga y su consecuente persecución. Es así que el acusado colocó su mano en la cintura “como sosteniéndose dicha parte, para evitar la caída de una supuesta arma de fuego que portaba” (fs. 1), y el citado Sargento Suárez notó un amague “con claras intenciones de efectuar algún tipo de agresión” (fs. 1vta.); quien entonces disparó con munición anti-tumulto hacia el suelo “con la finalidad de evitar posibles agresiones armadas hacia su persona, sus compañeros y terceros” (fs. 1vta.), lo que provocó que el justiciable cesara en su intento de agresión, y continuó corriendo. Finalmente, su huida culminó al ingresar a la vivienda de referencia, al irrumpir en la habitación, donde empujó a su propietaria, a quien intentó darle un arma de fuego, y ante su negativa colocó tal objeto debajo de la cama; siendo finalmente aprehendido e identificado, informándosele sus derechos a tenor del art. 60 del C.P.P., e incautándose la pistola.-
Tras ello, prestaron declaración testimonial los citados agentes policiales Farías, Romero, Berastegui, Suárez y Rivas -conf. fs. 3/vta., 4/vta., 7/vta., 8/vta. y 9/vta., respectivamente- y los damnificados Sergio Enrique Soria y Estela Morena -conf. fs. 5/vta. y 6/vta., respectivamente-, se confeccionaron a fs. 13/vta. y 14 un acta de inspección ocular y una impresión de “Google Maps”, respectivamente; y a fs. 16/vta. se adjuntó un informe a tenor de los arts. 40 y 41 del C.P. respecto del domicilio del acusado. A su vez, a fs. 17vta. se llevó a cabo el informe médico del justiciable -adjuntándose a fs. 21 tres fotografías del mismo-, a fs. 19 la inspección técnica de la pistola y sus municiones -ilustrado en su conjunto mediante la fotografía de fs. 20-; y a fs. 24/27 se adjuntó el informe del Registro Nacional de Reincidencia - agregándose a fs. 30 una certificación actuarial respecto de otro proceso penal seguido en su contra-.
Así las cosas, con fecha 11/2/2017 el Sr. Agente Fiscal, Dr. Matías J. López Vidal, dispuso, en lo fundamental, la recepción de la declaración del imputado a tenor del art. 308 del C.P.P. -la que fue llevada a cabo ese mismo día a fs. 32/33vta.-, la realización de una pericia balística sobre la pistola y sus municiones -la que fue practicada cinco días después a fs. 42/48-; y estableció que “…conforme surge de las constancias incorporadas al presente legajo, como también la calificación legal propiciada respecto del hecho, entendiendo que se configura en el caso el supuesto contemplado en el art. 154 del C.P.P.; por lo que, no encontrándonos ante ningún supuesto de excepción, dispongo declarar el caso como de flagrancia, sometiéndolo al procedimiento previsto por los art. 284 bis y ccdtes. del C.P.P…” (fs. 31; el destacado me pertenece).-
Asimismo, a fs. 34/35 la Fiscalía solicitó la conversión de la aprehensión en detención, y a fs. 36 la Defensa peticionó la excarcelación del imputado -la que se tuvo por desistida a fs. 40/41-; siendo que a fs. 37/vta. el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 1 departamental, Dr. Ricardo José Costa, hizo lugar a la pretensión fiscal. Además, en dicho resolutorio tomó conocimiento de la aludida declaración del trámite de flagrancia dispuesta a fs. 31, y remitió las actuaciones a la Fiscalía de Flagrancia.- Tras adjuntarse a fs. 39 una certificación actuarial en torno a otro proceso penal seguido en contra del imputado, con fecha 23/2/2017 la Defensa ofreció a fs. 50/vta. cuatro testigos -cuyas declaraciones fueron a fs. 69/72vta. aportadas-; y peticionó a fs. 57 se reciba nueva declaración a su defendido a tenor del art. 317 del C.P.P. -cuya audiencia fue celebrada a fs. 66/67-, y a fs. 58 la remisión de las filmaciones del lugar del hecho -lo que fue llevado a cabo a fs. 75/76-. Así las cosas, el mismo día el Sr. Agente Fiscal, Dr. Leandro Miguel Orduna, dispuso a fs. 59 la prórroga de la conclusión de la I.P.P. por 20 días; a la que al día siguiente el Sr. Juez “a quo” hizo lugar -conf. fs. 63-. Finalmente, con fecha 16/3/2017 se llevó a cabo la audiencia de finalización de la I.P.P. a tenor del art. 13 de la ley 13.811 -conf. acta de fs. 85/86-. En dicha oportunidad, el Sr. Defensor Oficial, Dr. Matías Alejandro Mancini, peticionó la excarcelación de su asistido, frente a lo cual el Sr. Agente Fiscal, Dr. Leandro Miguel Orduna, aceptó la concesión de tal instituto y peticionó la remisión a juicio de la causa -este último requerimiento deducido a fs. 77/79vta. por escrito-, sin que a su respecto la Defensa haya deducido oposición; siendo que el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 1 departamental, Dr. Ricardo José Costa, concedió la excarcelación bajo caución real de $1.000, con más la obligación especial de presentarse del día 1º al 5º de cada mes en horario de oficina ante el órgano jurisdiccional interviniente, y remitió la causa a juicio por simple decreto.-
En consecuencia, con fecha 21/3/2017 el legajo fue recibido por el Juzgado en el Correccional nº 1 departamental, y al día siguiente el Sr. Juez a cargo de tal dependencia, Dr. Andrés Martín Mateo, resolvió, en lo que aquí interesa, que “…[t]eniendo en cuenta que en este expediente rige el procedimiento especial de Flagrancia regulado en la ley 13.811, notifíquese a las partes de la constitución del Juzgado y cíteselas a juicio en los términos previstos en la primera parte del artículo 338 del C.P.P. (artículo 17, primer párrafo, de la ley 13.811). Además, deberán manifestar si consideran necesario celebrar la audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la ley 13.811, y en el caso de que no requieran la realización de ese acto procesal, deberán ofrecer por escrito la prueba que intentarán hacer valer en la audiencia de debate oral…” (fs. 96); y dispuso la citación del acusado para el día 27/3/2017 -quien compareció a fs. 98-.
Así las cosas, con fecha 31/3/2017 la Fiscalía ofreció a fs. 99/100 prueba e indicó que “no habré de solicitar la realización de la audiencia prevista en el art. 17 de la ley 13.811” (fs. 99vta.); mientras que con fecha 17/4/2017 la Defensa hizo lo propio a fs. 110/vta. y consideró necesaria la realización de tal audiencia; siendo que dos días después, el Sr. Juez “a quo” la fijó para el día 3/5/2017, la que finalmente con fecha 19/5/2017 fue desistida a fs. 114 por la Defensa -siendo que a fs. 113 se consignó la incomparecencia del justiciable-. A su vez, la Defensa solicitó la causa en préstamo, la que con fecha 9/6/2017 fue remitida a dicha dependencia -conf. fs. 115-, siendo devuelta al Juzgado “a quo” con fecha 14/6/2017 -conf. fs. 115vta.-. Ahora bien, con fecha 5/7/2017 el Sr. Juez “a quo” dispuso que “…teniendo en cuenta que en la presente causa no se ha celebrado el debate dentro del plazo que fija el tercer párrafo del art. 17 de la Ley 13.811, en virtud de lo actuado a fs. 111 y 115/vta., previo a resolver lo que corresponda, córrase vista a las partes, a fin de que se expidan respecto a este punto.” (fs. 124).
En consecuencia, dos días después el Sr. Agente Fiscal interviniente, Dr. Leandro Miguel Orduna, señaló a fs. 124vta. que “[e]ncontrándose vencidos los plazos que prevé la ley 13.811, entiendo corresponde apartar la presente del especial trámite de flagrancia. Debe continuar con trámite ordinario” (fs. 124); siendo que cuatro días después, la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, manifestó su adhesión al dictamen fiscal -conf. fs. 125-. Finalmente, con fecha 5/10/2017 el Sr. Juez “a quo” resolvió que “…en virtud de lo manifestado por el Sr. Fiscal, Dr. Leandro Miguel Orduna (ver fs. 124vta.) y la Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán (ver fs. 125), declárese abstracto el procedimiento especial de flagrancia (ley 13.811) y prosígase el trámite bajo las pautas del juicio ordinario (ley 11.922).” (fs. 126; el resaltado me pertenece).-
El mismo día el Sr. Juez “a quo” dictó a fs. 127/128 el auto de prueba, fijando fecha de debate para el día 9/11/2017 -la que a fs. 144 fue dejada sin efecto por cuestiones de agenda-; siendo que, con fecha 9/11/2017, el imputado de autos, junto a la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, y el Sr. Fiscal, Dr. Leandro Orduna, presentaron a fs. 145/vta. un acuerdo de juicio abreviado a la pena de 1 año y 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento en orden a los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real con violación de domicilio, previstos y reprimidos por los arts. 55, 150 y 189 bis, inc. 2º, párr. 3º, del Código de fondo.-
En atención a ello, con fecha 9/11/2017 el Sr. Juez “a quo” designó audiencia a tenor del art. 398 del C.P.P. (conf. fs. 146), la que fue llevada a cabo el mismo día (conf. fs. 147); y tras sustanciarse el trámite previsto por los arts. 58 del C.P. y 18 del C.P.P. (conf. fs. 148/151), con fecha 11/12/2017 dictó a fs. 153/167 la sentencia condenatoria cuya impugnación aquí nos convoca.-
II. Relevadas las incidencias relevantes del expediente principal, entiendo que en las presentes rige el procedimiento de flagrancia previsto por la ley 13.811 -pese al referido proveído de fs. 126 del Sr. Juez "a quo" que dispuso continuar el proceso bajo el trámite ordinario-; ello, conforme las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación habré de exponer: A.- Liminarmente, he de recordar que, tal como recientemente he sostenido en las causas nº 30.593/III “Carabajal, Roberto J. A. s/ sent. correcc.” - 16/5/2017- y nº 30.106/III “Espínola, Luis R. s/ queja por apel. denegada” - 31/5/2016-, la Ley provincial nº 13.183 ha incorporado al Código de procedimiento penal, un nuevo tipo procedimental, regulado bajo el título “Procedimiento en caso de flagrancia”, pudiendo leerse, tanto en el debate parlamentario como en la Exposición de motivos, que dicha norma pretende llegar rápidamente a una sentencia sin elongamiento del trámite, incertidumbre para el imputado ni desgaste inútil para el Estado.- Con esa finalidad, el Gobierno previamente a la sanción de la ley, había convocado a la Comisión para el Estudio y Elaboración de Reformas del C.P.P.B.A., creada a instancias del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, marco en el cual magistrados y abogados de distinto fuero -y que además eran docentes de la materia penal en diversos espacios académicos- , postularon como central el siguiente objetivo -entre otros-: “Simplificar el trámite y acelerar los procesos, mediante la mejor coordinación de la actividad de las partes, la concentración de peticiones y la simplificación de las formalidades”.-
En ese sentido, recuerdo la obra coordinada por los Dres. Pedro Bertolino y Alberto J. Silvestrini denominada: “Proceso y Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires”, Ed. Abeledo Perrot, 1ra. edición, 2013, cuando en el capítulo XII “Los procedimientos especiales” redactado por José Luis Ares y Eduardo A. d´Empaire -págs. 578/579-, explicando las generalidades del proceso, dicen que se pretende, para los procesos iniciados a partir de aprehensiones en flagrancia, una abreviación de los plazos procesales y una simplificación de los procedimientos para todas las etapas; ello sin mengua de las garantías procesales que constitucionalmente rigen para el procedimiento común.-
Es que, tal como señala el Dr. Roberto A. Falcone, el procedimiento de flagrancia “…no sólo implicó una concreta profundización del sistema acusatorio sino que tuvo, y tiene, una serie de ventajas adicionales […] En primer lugar permite la contradicción, antes inexistente, para la toma de decisión ya sea en materia de medidas cautelares (v.gr., excarcelación, prisión preventiva, etc.) como resoluciones de mérito (suspensión de juicio a prueba, sentencia de juicio abreviado) […] Por otra parte, las audiencias orales impiden la delegación en la toma de decisión. Ya no son más los empleados o los secretarios los que resuelven por escrito lo que el juez firma, sino que éste se encuentra de cara al imputado y a las partes y toma la decisión en la audiencia […] Las audiencias también imprimen celeridad al proceso […] permite la concentración de las notificaciones que se hacen en las audiencias sin necesidad de remitir expedientes de oficina en oficina dilapidando recursos humanos y materiales innecesariamente (art. 6º, ley 13.811)…” (aut. cit., “El proceso penal en la provincia de Buenos Aires”, Bs. As., Ad-Hoc, 2013, 3° ed., pág. 211).
Específicamente en el caso de los recursos ante la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, se ha sostenido -y lo comparto- que la ley 13.811 -B.O. 7/4/2008- ha previsto que la totalidad de las impugnaciones se resuelvan rápidamente, y que tanto los planteos de las partes como la resolución que luego se adopte deben ser orales, ello en base a los principios de publicidad, contradicción, inmediación, continuidad, concentración y bilateralidad. Así, el trámite recursivo bajo el procedimiento de flagrancia resulta ágil y está compuesto de pocos actos y muy concentrados, siendo que la oralidad impone el contradictorio entre las partes en un marco de plena publicidad.
En fin, puede verse que se pretende lograr con el procedimiento instaurado, una más rápida solución (acelerando los términos) para los casos penales en el ámbito bonaerense.
En el sub judice, advierto que el caso oportunamente ha sido declarado como de flagrancia -a tenor del art. 284 bis y ccdtes. del C.P.P., conf. fs. 31-, y las actuaciones se han sustanciado bajo dicho procedimiento, llevándose a cabo en la instancia la audiencia prevista por el art. 13 de la ley 13.811 para la finalización de la I.P.P. -practicada en 34 días- y la resolución de la excarcelación y remisión a juicio -conf. fs. 85/86-. Más aún, el Sr. Juez en lo Correccional interviniente dispuso el procedimiento de flagrancia para la sustanciación de la etapa de juicio a tenor del art. 17 de la mencionada ley - conf. fs. 96-, y la Sra. Defensora requirió la realización de la audiencia prevista por dicha norma -conf. fs. 110/vta.-; siendo que la sentencia finalmente fue dictada en función del acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes -conf. fs. 145/vta. y 153/167-.
Ahora bien, con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada -atinente al trato más allá de los puntos de la resolución del Sr. Juez “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, en cuanto a mejorar la situación del imputado-, he de advertir que, previo al dictado de la sentencia, el Sr. Juez “a quo” dispuso a fs. 126 desafectar al presente proceso del trámite de flagrancia en virtud de haberse vencido el plazo previsto por el art. 17, párr. 3º, de la ley 13.811 -conf. auto de fs. 124 y las correspondientes vistas a las partes obrantes a fs. 124vta. y 125- . Lo cierto es que en la ley 13.811 no se encuentra prevista tal posibilidad, y a su vez ello ha conllevado una demora en el proceso en detrimento del imputado, correspondiendo entonces, a tenor de la garantía constitucional del debido proceso legal (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 1º, del P.I.D.C.yP.), readecuar la referida decisión de fs. 126; ello por las razones de hecho y de derecho que a continuación habré de exponer:
Liminarmente, en punto a la garantía constitucional del debido proceso (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 1º, del P.I.D.C.yP.), autorizada doctrina en la materia ha señalado -y lo compartoque “…el debido proceso no puede ser reducido a un concepto, ni conforma una definición agradable pero carente de efectos prácticos. Debe ser definido desde sus características, desde las garantías que lo conforman y que se convierten en un piso mínimo que debe contener un proceso, sin las cuales no puede afirmarse válidamente que estemos ante un trámite judicial legal…” (Chiara Díaz, Carlos A. (dir.), “Derecho procesal penal”, Bs. As., Astrea, 2013, 1° ed., pág. 72).-
Respecto de la violación a dicha garantía constitucional, se ha sostenido -y lo comparto- que los tratados internacionales de derechos humanos adunan al derecho interno un plexo normativo que robustece el debido proceso legal (arts. 7, 8, 9, 25 y ccdtes. de la C.A.D.H.) y que gozan de estatuto constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.). Dichas normas señalan diversas garantías para el imputado, siendo que el art. 8 de la C.A.D.H. estipula los lineamientos generales del debido proceso legal, el cual comprende los requisitos para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos están bajo consideración judicial. En lo que tiene que ver con el concepto de garantías mínimas previsto por el ap. 2 de dicho precepto para los procesos penales, la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia tiene dicho -y lo comparto- que “el concepto de debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas el Pacto resume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal” (OC-11/90, del 1-VIII-1990, 24)…” (S.C.J.B.A, causa P. 94.010 “A., C. y otro s/ robo calificado” -22/4/2009-, del voto del Dr. Eduardo Julio Pettigiani).-
En tal sentido, el Tribunal de Casación de nuestra provincia ha sostenido -y lo comparto- que “…[l]a doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto el resguardo de la garantía del debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa […] la fundamentación esgrimida por el “a quo” resulta ser sólo aparente y carente de todo sustento jurídico, lo que hace descalificable al pronunciamiento en crisis como acto jurisdiccional válido a tenor del art. 106 del C.P.P…” (Sala IV, causa nº 59.853 “Bermúdez Rodríguez, Hugo E. y Jara Navarrete, Leonardo D. s/ recurso de queja interpuesto por el particular damnificado” -13/3/2014-, del voto del Dr. Carlos Ángel Natiello).-
En el caso, la legislación sobre el procedimiento de flagrancia -ley 13.811- ha sido desoída por el Sr. Juez “a quo”, pues en ninguno de sus artículos se hace alusión alguna a la posibilidad de declarar “abstracto” dicho proceso -y proseguir con el trámite ordinario- por haberse vencido alguno de los plazos allí previstos; por lo que el Juez en lo Correccional -aunque las partes así lo hayan solicitado- mal podía adoptar tal temperamento.-
En definitiva, tal decisión, al haberse arrogado para sí una potestad por fuera del texto legal, atinente a quitar el trámite de flagrancia al procedimiento, prolongó el proceso más allá de lo necesario, afectando la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 3, ap. c), del P.I.D.C.yP.), ya reconocida por la C.S.J.N. en el leading case “Mattei” (Fallos 272:188). Llevo dicho -conf. las citadas causas nº 30.593/III y nº 30.106/III- que el procedimiento de flagrancia evita un elongamiento innecesario del proceso, simplificando su trámite mediante la oralidad, abreviando los plazos procesales en respeto de las garantías constitucionales. Consecuentemente, la decisión cuestionada privó al caso de su órbita natural, afectando el derecho a un pronunciamiento penal rápido, como derivación de la defensa en juicio, garantía a favor del imputado.-
En virtud de lo expuesto, propicio entonces al Acuerdo readecuar la decisión de fs. 126 mediante la cual el Sr. Juez “a quo” declaró “abstracto” el procedimiento de flagrancia y ordenó proseguir el trámite bajo las pautas del juicio ordinario; y restablecer la declaración del Sr. Agente Fiscal interviniente obrante a fs. 9 mediante la cual el caso fue sometido al trámite de flagrancia (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; 14, incs. 1º y 3º, ap. c), del P.I.D.C.yP.; y 106 del C.P.P.).-
B.- En consecuencia, habida cuenta lo explicado en el acápite precedente, es que el presente trámite recursivo contra la sentencia debe sustanciarse de conformidad con los arts. 15 y ccdtes. de la mencionada ley 13.811; siendo que para la apelación que aquí nos convoca, el art. 15 de dicha normativa prescribe, en lo que aquí interesa, que la audiencia debe celebrarse “…dentro del plazo de quinto día desde la radicación ante la Cámara […] [y] La Cámara resolverá oralmente de inmediato en la misma audiencia luego de la pertinente deliberación secreta…”.-
Adoptar una decisión en contrario importaría quitar al presente incidente de su órbita natural -siendo que el trámite ordinario previsto por el art. 441 del C.P.P. contempla un plazo de 6 meses, prorrogables por 6 meses más si se tratare de un caso complejo-, prolongando el trámite recursivo contra la sentencia más allá de lo necesario y afectando de ese modo la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 3º, ap. c), del P.I.D.C.yP.).- Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia en el caso “Mattei” (Fallos 272:188), considerado un leading case, que: “…existe la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además, y esto es esencial atento a los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal [...] Que, en suma, debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la C.N. el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre…”.- En sentido análogo recientemente se ha expedido el Tribunal de Casación Penal de nuestra provincia, al señalar que “…la Constitución Nacional contiene, implícitamente y como derivación del principio de defensa, el derecho del imputado a obtener, del modo más rápido posible, un pronunciamiento definitivo sobre su situación frente a la ley penal […] Todas estas fórmulas remiten a una misma configuración del derecho fundamental en análisis y tienen los mismos alcances: el imputado goza de un derecho constitucional subjetivo, según el cual su situación personal frente a la ley debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un enjuiciamiento expeditivo.
Por ello, las diversas formulaciones de este derecho fundamental son indistintas: por “derecho a un proceso sin dilaciones indebidas” no cabe entender un concepto diferente del que “la causa sea oída” dentro de un plazo razonable. Así pues, las expresiones derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas o derecho a un juicio rápido, resultan equivalentes, y la determinación de este significado ha de definir los alcances y las consecuencias jurídicas de ese derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; sin perjuicio de sus distintas denominaciones…” (Sala IV, causa nº 77.286 caratulada “Santillán, Carlos Alberto s/ recurso de queja (art. 433 del C.P.P.)” -2/8/2016-, del voto del Dr.
Carlos Ángel Natiello, al que adhirió en todos sus términos el Dr. Mario Eduardo Kohan).-
En tal carácter, resulta medular recordar que la ley 13.943 -vigente desde el 10/02/2009, y por cierto, a mi entender, constitutiva de una de las mejores reformas procesales desde la puesta en funcionamiento del Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia en 1998- modificó la ley 13.183, y en su exposición de motivos se indicaba que la reforma propiciada “…se orienta a compatibilizar los intereses contrapuestos en el proceso y a lograr agilidad y eficiencia en la actuación judicial […] esta reorganización judicial permitirá potenciar la eficacia del sistema penal y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos de la administración de justicia en esta materia, esto es, un aumento de su capacidad de respuesta, disminuyendo los tiempos de resolución de los casos […] con la reforma propuesta se pretende dotar al proceso penal de esta Provincia de herramientas útiles, profundizando la oralidad que permita garantizar en un tiempo razonable los derechos de las personas afectadas, aspirando a lograr un servicio de justicia en materia penal ágil y eficiente, tomando en cuenta las propuestas de los actores del sistema que diariamente enfrentan la realidad de la actuación judicial con la problemática particular de la provincia de Buenos Aires…”.-
En consecuencia, en atención a la obligación judicial atinente a tramitar con la debida diligencia y prontitud los procesos, entiendo que el procedimiento de flagrancia -bajo el cual han tramitado las presentes actuaciones casi en su totalidad- debe ser extendido al presente incidente de apelación de la sentencia, evitándose un elongamiento innecesario del proceso, simplificando su trámite mediante la oralidad, y abreviando los plazos procesales en respeto del derecho a un pronunciamiento penal rápido, como derivación de la defensa en juicio, garantía a favor del imputado.-
En virtud de lo expuesto, propicio al Acuerdo aplicar a las presentes actuaciones el procedimiento regulado por los arts. 15, 16 y ccdtes. de la Ley nº 13.811 de Flagrancia, correspondiendo la celebración de la audiencia prevista por dicha normativa a los fines de aquí decidir (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; 14, inc. 3, del P.I.D.C.yP.).- Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov., y 106 del C.P.P.).- A la cuestión preliminar planteada, la Jueza Vazquez dijo:
Respetuosamente he de disentir con la propuesta del colega preopinante, por cuanto no considero que el presente incidente de apelación de la sentencia condenatoria deba ser resuelto conforme el procedimiento de flagrancia previsto por los arts. 15, 16 y ccdtes. de la ley 13.811.
En efecto, la legislación de referencia regula el mecanismo especial de flagrancia hasta la sentencia (conf. art. 18), de modo que la reglamentación de su apelación queda reservada a los arts. 421, 439 y ccdtes. del C.P.P. (según ley 11.922 y modificatorias). Adviértase a su respecto, que el Título II de la ley 13.811 estipula el "procedimiento en la etapa de Garantías", donde sus Capítulos II y III aluden al "procedimiento ante el Juez de Garantías" y "ante la Cámara de Apelación y Garantías", respectivamente; y luego, el Título III establece las previsiones atinente al "procedimiento en la etapa de juicio". Es por ello que, por un lado, dentro del Título II, destinado a la investigación penal preparatoria, se encuentra prevista la audiencia oral ante esta Alzada (conf. art. 15) y sus alcances (art. 16); y por otro lado, dentro del Título III, se fijan los lineamientos de la etapa del debate (conf. arts. 17 y 18), sin referencia alguna, como se dijo, a la revisión de la sentencia.
Lo contrario importaría aseverar que, en los procedimientos de flagrancia, las eventuales restantes instancias extraordinarias de revisión de la sentencia (S.C.J.B.A. y C.S.J.N.), o incluso las apelaciones antes esta Alzada en los incidentes de ejecución de la pena, debieran sustanciarse en audiencias a tenor de la ley 13.811, sin que tampoco, insisto, ello haya sido establecido por la normativa de cita.
Es que tal como sostiene la doctrina, en los casos de flagrancia, por un lado tal trámite especial ante la Cámara rige "...[c]uando se interpusieran recursos contra las resoluciones dictadas por el juez de garantías...", y por el otro que "...[l]a ley 13.811 también ha regulado el procedimiento de flagrancia en la etapa de juicio..." ("Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Análisis doctrina y jurisprudencial. Comentado por Nicolás Schiavo", Bs. As., Hammurabi, 2015, 2º ed., págs. 96/97).
Por su parte, la prórroga de seis meses estipulada por el art. 441 del C.P.P. para la resolución del recurso contra la sentencia se encuentra prevista para "un caso complejo", supuesto en principio ajeno a los hechos "...que ofrecen escasa dificultad investigativa...", tal la apreciación de los Fundamentos de la ley 13.811 respecto de los sucesos subsumibles bajo el procedimiento de flagrancia.
A su vez, he de señalar que el citado art. 441 del C.P.P. estipula que la tramitación de la apelación "...no podrá exceder el plazo total de seis meses...", debiéndose articular, en cada caso en concreto, dicho término legal con la garantía constitucional del plazo razonable del proceso (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1, de la C.A.D.H.); ello pues, llevo dicho inveteradamente en la jurisprudencia de este Tribunal, que la duración razonable del procedimiento penal no puede interpretarse en el sentido de que, una vez arribada la condena no firme, el plazo del proceso pueda prolongarse en forma indefinida sin análisis de razonabilidad.
No obstante ello, comparto con mi colega preopinante en cuanto a que el "a quo" carecía de facultades para "declarar abstracto" (conf. fs. 126 del expediente principal) el trámite de flagrancia por haberse vencido el término previsto por el art. 17, párr. 3º, de la ley 13.811 para la fijación de la fecha del debate, y que tal decisión importó una indebida dilación en el proceso; máxime cuando dicho temperamento fue adoptado tres meses después de haber advertido el referido incumplimiento del plazo legal (conf. fs. 124). En virtud de todo lo expuesto, y a los fines de aquí decidir, considero que en el presente incidente de apelación de la sentencia condenatoria, corresponde aplicar el trámite previsto en los arts. 421, 439, 441 y ccdtes. del C.P.P. A la cuestión preliminar planteada, el Juez Herbel dijo:
Adhiero al voto de la colega, Jueza Vazquez, correspondiendo agregar que en el Departamento Judicial de Mar del Plata, donde se desarrolló el "plan piloto" que sirvió como antecedente de la ley 13.811 (conf. fundamentos de esta última norma), las Jueces de las Salas I y II de la Alzada marplatense (entre quienes se encuentran Profesores como Riquert y Maidana, autores de varios trabajos sobre derecho procesal y flagrancia en especial) resuelven los incidentes de apelación contra sentencias dictadas en el marco de expedientes sustanciados bajo el procedimiento de flagrancia, conforme el régimen del art. 441 y sstes. del C.P.P. (conf. certificación actuarial de fs. 42). Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov.; y 106 del C.P.P.). A la primera cuestión planteada, el Juez Carlos Fabián Blanco dijo: La impugnación deducida a fs. 1/9 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, debe ser declarada formalmente admisible, pues ha sido presentada en término, la impugnante cuenta con legitimación personal para recurrir, y se han respetado las formas dispuestas; siendo que el caso resulta ser uno de aquellos para los cuales se otorga esta vía recursiva (arts. 21, inc. 4º, 421, 433, 439, párr. 2º, 441, párr. 2º -estos dos últimos según leyes 13.812 y 13.818, respectivamente-, 442, 443, sstes. y ccdtes. del C.P.P.; y 3 de la ley 13.812).-
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov.; y 106 del C.P.P.).- A la primera cuestión planteada, la Jueza Vazquez dijo:
Adhiero al voto del colega por los mismos motivos y fundamentos.
A la primera cuestión planteada, el Juez Herbel dijo:
Habiendo los colegas arribado a la mayoría exigida para el Acuerdo resulta dispendioso que me expida a su respecto (art. 440 del C.P.P.).
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov.; y 106 del C.P.P.).- A la segunda cuestión planteada, el Juez Carlos Fabián Blanco dijo: Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del Sr. Juez “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado, y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.-
A.- Liminarmente, he de señalar que no ha de prosperar la alegación de la Defensa atinente a que la sentencia recurrida adolece de fundamentación aparente al resultar absurda la valoración probatoria -por afectación a las reglas de la sana crítica y de la lógica-; ello, por cuanto no advierto, a diferencia de lo señalado por la recurrente, defectos en la fundamentación de la sentencia (arts. 18 de la C.N., 168 y 171 de la Const. Prov., y 106 del C.P.P.).
Al respecto, tal como la conocida doctrina de la Corte federal en materia de arbitrariedad lo ha desarrollado (C.S.J.N., Fallos 331:1090), la necesidad de fundar de modo suficiente las decisiones judiciales debe ser entendida como una derivación lógica de la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la C.N.), en tanto la presencia de razones explícitas habilita a las partes a discutirlas, y torna posible el control de la eventual discreción del juzgador. En tal sentido, el Máximo Tribunal ha explicado que “...la obligación que tienen los jueces de fundar sus decisiones no es solamente porque los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque contribuya así al mantenimiento del prestigio de la magistratura [...] [sino que] persigue también [...] la exclusión de decisiones irregulares, es decir, tiende a documentar que el fallo de la causa es derivación razonada del derecho vigente y no producto de la individual voluntad del juez...” (Fallos 236:27; 240:160, entre otros); y del mismo modo, ha sostenido que los jueces “...no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones...” (Fallos 311:571).
En forma coincidente, se ha señalado -y lo comparto- que el principio general establecido por nuestra Constitución provincial, en su art. 171, establece que toda interpretación efectuada por un órgano judicial debe ser fundada en el texto expreso de la ley, razonada y dictada ateniéndose a ella, y teniendo en consideración las circunstancias del caso, so pena de ser considerada arbitraria y absurda.
En el caso, la Defensa propicia, como se dijo, la nulidad de la sentencia por haber sido valorada la prueba en forma absurda, al no haber sido respetadas las reglas de la sana crítica, brindándose en consecuencia una fundamentación aparente a su respecto.
Lo cierto es que el Sr. Juez “a quo” describió el evento que tuvo por verificado y señaló que resulta acreditado con base en el acta de procedimiento de fs. 1/2vta. del expediente principal, en cuanto consideró que los preventores advirtieron en qué circunstancias el imputado tenía un arma de fuego, se produjo la fuga, su aprehensión, y el secuestro de tal elemento. Asimismo, ponderó el resultado de la pericia balística de fs. 42/47, brindó argumentos por los cuales merituó que el acusado carecía de autorización legal para ejercer la portación, y valoró el testimonio prestado a fs. 5/vta. por Sergio Enrique Soria, morador de la vivienda de referencia, en cuanto a cómo reconoció al acusado. A su vez, se pronunció respecto de la declaración brindada a fs. 6/vta., Estela Moreno, domiciliada en la residencia en cuestión, relativa a las circunstancias atinentes a su reacción frente al ingreso a la morada por parte del justiciable, y a la propuesta de este último de tomar el arma de fuego. En función de este cuadro probatorio, consideró desvirtuada la versión exculpatoria ensayada a fs. 66/67 por el justiciable y los testimonios de descargo prestados a fs. 69/vta., 70/vta., 71/vta. y 72/vta. por Jesús Orrego, Mariela Victoria González, Mabel Patricia Coronel y Juan Carlos Bernachea, respectivamente, en cuanto a que no podían precisar si el encausado tenía el arma cuando comenzó a correr.-
En consecuencia, resulta desvirtuado el alegato de la recurrente atinente a que la prueba no ha sido valorada conforme las reglas de la sana crítica, toda vez que el Sr. Juez “a quo” ha explicado su decisión con argumentos objetivos, aplicando en definitiva un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado.
De esta forma, no se advierte entonces la existencia de un perjuicio concreto y real para la parte que aquí lo alega. Es que tal como he señalado en numerosos antecedentes de este Tribunal (causas nº 28.923 “Rapisardi, Carlos J.; Rapisardi, Daniel F.; Borroni, Eduardo R.; Lermee, Matías; Zardain, Rodrigo A.; Benseñor, Ariel G.; Bonifacino, Juan M.; Herrera, Esteban M.; y Cantero, Roberto C. s/ excarcelación” -18/7/2014-, 28.079/III “Schlenker, Alan; Lombardi, Sebastián s/ remisión a juicio” -14/12/2012-, y nº 27.012/III “Machado, Roberto Luis s/ sentencia contravencional” -26/4/2011-), considero que el postulado rector en lo que hace al sistema de nulidades, es el de la conservación de los actos, y su interpretación debe ser restrictiva. Sólo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta perjuicio real, actual y concreto para la parte que la invoca.
En tal inteligencia, entiendo que el planteo nulificante no puede prosperar, por cuanto no aprecio la existencia de perjuicio que haya afectado garantías constitucionales del imputado (derecho de defensa).
A tenor de lo expuesto precedentemente, resulta acertado traer a colación lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto ha dicho que la defensa en juicio, es una garantía constitucional que se desprende del “debido proceso” receptado por el art. 18 de la Carta Magna Nacional. Por lo cual, si no ha existido afectación de la aludida defensa, desde que no se ha generado perjuicio alguno al imputado, tampoco se ha visto afectada la buena marcha del proceso, pues en la medida en que aquel perjuicio no ha operado, éste, o sea el proceso, es “debido” (S.C.B.A., P. 70.828, S. 9/10/2003), y precisamente, la cuestión ventilada en el presente incidente, ha sido “debida” en todos sus actos, aún en los objetados por la defensa técnica en su presentación recursiva.
Por ello, el cuestionamiento vertido por la recurrente relativo a una fundamentación aparente por absurda valoración de la prueba, en tanto no fueron respetadas las reglas de la sana crítica, no puede ser acogido en forma favorable.
En virtud de todo lo expuesto, considero que no se cuenta con motivo alguno para afirmar la invalidez de la sentencia como pretende la Defensa, por lo que habré de propiciar el rechazo del planteo (arts. 18 de la C.N.; 168 y 171 de la Const. Prov.; 106, 371, 373, 375 y 380 del C.P.P.).-
B.- Ahora bien, en cuanto al fondo de la cuestión traída a estudio, los agravios de la recurrente se dirigen contra la acreditación del hecho y el monto de pena. Centralmente, en punto a la verificación del suceso, alega que se desconocen las circunstancias en que fue secuestrada el arma de fuego, si ésta pertenecía a alguna de las víctimas, si el acusado podía portarla y si éste razonablemente pudo suponer que los damnificados permitieron su ingreso al domicilio. Y respecto del monto de pena, consideró que no fueron ponderados el buen concepto vecinal y los déficits educativos, laborales y de contención familiar, por los cuales postuló fijar la sanción en el mínimo legal.-
Al respecto, he de advertir que en el acta de procedimiento de fs. 1/2vta. del expediente principal, se consignó, en lo que aquí interesa, que tras ser visto portando un arma de fuego e iniciarse su persecución, el imputado ingresa al domicilio de referencia, atraviesa la cocina-comedor, irrumpe en la habitación, donde empuja a su moradora -Estela Moreno-, extrajo de su vestimenta el arma e “…intenta dársela a la femenina allí presente, por lo que ante la negativa de ésta, rápidamente coloca el elemento debajo de la cama del habitáculo descripto, procediendo rápidamente a la reducción del mismo…” (fs 1vta.); extremos que desarticulan el agravio de la recurrente atinente a que se desconocen las circunstancias atinentes al modo en que fue incautada el arma de fuego en cuestión.-
Asimismo, he de señalar que Sergio Enrique Soria, víctima de autos, declaró que se encontraba en su domicilio “…disponiéndose a salir a la calle, escucha uno o dos sonidos símil detonaciones de arma de fuego; y sorpresivamente es empujado desde el portón de calle que da al interior de su vivienda, pasando a la carrera hacia el interior de la vivienda un sujeto masculino [cuya descripción fisonómica y de vestimenta brindó] a quien lo conocen en el barrio como uno de los hermanos “Melli”, más específicamente se llamaría Lucas Galván; quien en su particular ingreso, es que empujándolo y metiéndose dentro de la casa, ingresa a la cocina-comedor, también la empuja a la Sra. Estela Moreno, para pasar a la habitación de la hija de Estela. En el mismo momento observa que venían corriendo unos policías detrás de dicho masculino, a quienes les permitió ingresar; en dicho instante el sujeto, habiéndose percatado que en la pieza no tenía salida, sale nuevamente, intentando darle un arma a Estela, negándose rotundamente a recibirla, a lo que el mentado Lucas Galván esconde la misma debajo de un colchón…” (fs. 5); circunstancias que desvirtúan la alegación de la Defensa relativa a que el arma de fuego podía resultar propiedad de las víctimas.-
Más aún, he de advertir que la citada Estela Moreno, restante damnificada de autos, testimonió a fs. 6/vta. en forma concordante con su aludida pareja, y agregó que tras ser empujada por el acusado le dijo “…que es un atrevido por ingresar sin permiso a su casa y en forma violenta; éste le intenta dar un arma para que la ocultara, pero la declarante, no teniendo nada que ver con este sujeto, niega agarrar dicha arma…” (fs. 6); elementos por los cuales mal puede prosperar el alegato de la recurrente atinente a que el justiciable razonablemente pudo suponer que las víctimas habían permitido su ingreso al domicilio de referencia.-
Por lo demás, en punto a la ausencia de autorización legal para ejercer la portación de la pistola calibre .22 largo, he de concluir que lleva razón el Sr. Juez “a quo” en cuanto a que mal podía contar el imputado con dicho permiso en tanto al momento del evento contaba con 20 años de edad (conf. declaración prestada a fs. 32/33vta. a tenor del art. 308 del C.P.P.), siendo que la Ley nº 24.492, en su art. 2º, prescribe, en lo medular, que “[p]ara la obtención de la condición de legítimo usuario de armas -del tipo que fuere-, deberán cumplimentarse los recaudos establecidos en la Ley 20.429, su decreto reglamentario 395/75, resoluciones ministeriales y disposiciones del Registro Nacional de Armas…”; y que la Disposición 197/06 del Registro Nacional de Armas, en su art. 1º, estipula, en lo que aquí interesa, que “…a fin de acceder a la condición de legítimo usuario de armas de fuego de uso civil […] deberán cumplimentar, al momento de presentación del trámite, los siguientes requisitos: 1) […] ser mayor de veintiún (21) años de edad…”.- Por su parte, respecto de la versión exculpatoria del imputado efectuada a tenor del art. 308 del C.P.P. (conf. fs. 66/67), advierto que la negación de la portación y la hipótesis atinente a que “yo corrí porque cuando sentí los disparos me asusté y ahí en el barrio estamos acostumbrados, están todos los días a los tiros” (fs. 67), configura un mero esfuerzo por colocarse en una mejor situación procesal que no encuentra sustento en la referida prueba de cargo; ello aunado, a que lleva razón el Sr. Juez "a quo" en cuanto a que los testimonios de descargo se limitan a referir que "no pueden precisar" si el acusado portaba o no el arma de fuego (conf. fs. 69/72vta.).-
Finalmente, la inexistencia de circunstancias eximentes de responsabilidad penal resulta un extremo no discutido por la parte, sin que se advierta arbitrariedad en la valoración de la prueba llevada a cabo por el Sr. Juez “a quo”, razones que me eximen de expedirme sobre tal punto, el cual se encuentra firme.-
Ahora bien, respecto del planteo subsidiario atingente a los atenuantes invocados por la recurrente, he de señalar, en primer término, que el “buen concepto vecinal” (conf. fs. 7vta. del presente incidente) mal puede ser presumido sino que, antes bien, debe resultar un extremo a acreditarse en función de las constancias de la causa (art. 209 del C.P.P.), lo que en autos no acontece; siendo que tampoco ha sido verificada la alegada carencia de contención familiar.-
Por su parte, si bien lleva razón la Defensa en cuanto a los déficits del justiciable relativos al área laboral -se informa “desocupado” a fs. 16- y educativa -a tenor del art. 308 del C.P.P. indicó “secundaria sin comenzar”, conf. fs. 66-, lo cierto es que no se alega ni se advierte de qué modo han de incidir como pautas de mitigación de la pena, y en definitiva si ello habilitaría a imponer el mínimo legal pretendido por la parte.-
En virtud de todo lo expuesto, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia de fs. 15/29 del presente legajo, mediante la cual el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 1 departamental, Dr. Andrés Martín Mateo, dispuso -en lo que aquí interesa- admitir la conformidad alcanzada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado y condenar a Lucas Daniel Galván a 1 año y 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y violación de domicilio, ambos en concurso real entre sí (arts. 26 a contrario, 29, inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 150 y 189 bis, inc. 2º, párr. 3º, del C.P.; 210, 371, 373, 375 y 380 del C.P.P.).- Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial; y 106 del C.P.P.).- A la segunda cuestión planteada, la Jueza Vazquez dijo:
Adhiero al voto del colega por sus mismos motivos y fundamentos.
Así lo voto.-
A la segunda cuestión planteada, el Juez Herbel dijo:
Habiendo los colegas arribado a la mayoría exigida para el Acuerdo resulta dispendioso que me expida a su respecto (art. 440 del C.P.P.).
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial; y 106 del C.P.P.).- Por lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente S E N T E N C I A I.- Por mayoría, APLICAR al presente incidente de apelación el trámite previsto en los arts. 421, 439, 441 y ccdtes. del C.P.P.; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos.-
II. Por unanimidad, DECLARAR ADMISIBLE la impugnación deducida a fs. 1/9 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 21, inc. 4º, 421, 433, 439, párr. 2º, 441, párr. 2º -estos dos últimos según leyes 13.812 y 13.818, respectivamente-, 442, 443, sstes. y ccdtes. del C.P.P.; y 3 de la ley 13.812).-
III. Por unanimidad, NO HACER LUGAR al recurso de apelación y CONFIRMAR la sentencia de fs. 15/29 del presente legajo, mediante la cual el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 1 departamental, Dr. Andrés Martín Mateo, dispuso -en lo que aquí interesa- admitir la conformidad alcanzada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado y condenar a Lucas Daniel Galván a 1 año y 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y violación de domicilio, ambos en concurso real entre sí; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 26 a contrario, 29, inc. 3º, 40, 41, 45, 55, 150 y 189 bis, inc. 2º, párr. 3º, del C.P.; 210, 371, 373, 375 y 380 del C.P.P.).-
IV. Regístrese, devuélvase el expediente principal, notifíquese al Fiscal General y a la Defensa de intervención. Cumplido, devuélvase, encomendando al Secretario del Juzgado Correccional nº 1 departamental la notificación del justiciable, sirviendo la presente de atenta nota de envío.- Fdo: CARLOS FABIÁN BLANCO – CELIA MARGARITA VAZQUEZ – GUSTAVO ADRIÁN HERBEL Ante mi: Gabriela Gamulin
Fin de la sentencia