Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en los Penal Sala III de San Isidro · Causa 29688
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación presentado a fs. 6/12 por los Sres. Defensores Nicolás A. Corleto y Rafael Cúneo Libarona, de conformidad con los motivos expuestos en el Considerando (arts. 421, 433, 439, 442, 443, y cc del C.P.P. según ley 11.922 y sus modificatorias).
II. Hacer lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar el auto apelado por medio del cual se resolvió denegar por extemporánea la solicitud de la defensa de sustanciar el debate ante un Tribunal Colegiado; conforme fuera expuesto en el Considerando (arts. 22 y 336 del C.P.P., 168 Const. Provincial, 14, 18 y 28 CN).
"Uriburu, Juan Manuel s/ Apelación"
C. 29688/III
///Isidro, 8 de septiembre de 2015.
Para resolver en el presente incidente, el recurso de apelación que fuera interpuesto a fs. 6/12 por los Sres. Defensores Nicolás A. Corleto y Rafael Cúneo Libarona, habiéndose practicado el sorteo que rige la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Celia M. Vazquez, Carlos F. Blanco y, para el caso de disidencia, Gustavo A. Herbel (conf. art. 440 del C.P.P.).
La Juez Celia M. Vazquez dijo:
I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación presentado por los Sres. defensores a fs. 6/12 de este incidente contra la resolución en la cual el “a quo” resolvió denegar su pedido de sustanciación del debate ante un Tribunal Colegiado por considerarlo extemporáneo y por no compartir las razones en las que fundan su solicitud.
II. La Juez de la Instancia, Dra. Márquez, estimó que “el art. 22 del CPP establece, en materia de competencia, que el Tribunal en lo Criminal intervendrá en los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro órgano judicial, consignando expresamente… que aquel se integrará con un (1) sólo Juez cuando se tratare de delitos cuya pena máxima en abstracto no exceda de quince (15) años de prisión… o tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto”.
Indicó que la opción colegiada no fue ejercida ni por el imputado ni por su defensor dentro del plazo previsto por el ordenamiento procesal.
Sobre la afectación del derecho de defensa alegada, afirmó que entender acertado el fundamento de la defensa implicaría considerar inconstitucional la reforma introducida al art. 22 del C.P.P., punto que no comparte, pues entiende debidamente respetado tal derecho mediante la celebración de un debate oral con la intervención de un solo Juez. A ello agregó que se han llevado a cabo numerosos juicios unipersonales en el órgano judicial que integra en los últimos años, y afirma que en aquellos no se ha vulnerado el derecho invocado. De tal modo, la Magistrada de la Instancia rechazó el planteo de la defensa (fs. 2/3 del presente incidente).
III. Contra dicha decisión, los recurrentes interpusieron el presente recurso de apelación (fs. 6/11). Allí, reconocieron que el art. 22 del código de forma establece un plazo para requerir la integración colegiada del Tribunal, pero afirmaron que “su automática y estricta aplicación contradice el art. 3 del mismo cuerpo legal por vulnerar el derecho de defensa en juicio”. En tal sentido, precisaron que la norma dispone “un plazo meramente ordenatorio, el cual no puede aplicarse estrictamente e impedirle al encausado hacer uso de ese derecho [a requerir la integración colegiada]… prueba de lo expuesto es que la ley no sanciona con nulidad su extemporánea presentación”.
Justificaron tales afirmaciones en que “la razón de la existencia de los Órganos colegiados, su regulación legal y previsiones constitucionales, encuentran fundamento en el aseguramiento de discusión y deliberación para la toma de decisiones con muy graves consecuencias para el justiciable [Entonces] debe primar en el caso la posibilidad de ser juzgado por un tribunal”.
De tal modo, explicaron que existe en el caso afectación al derecho de defensa que “se produce por impedírsele al Sr. Juan Uriburu hacer uso de su derecho a elegir ser juzgado por un Tribunal colegiado”.
Según los recurrentes, el juzgamiento unipersonal “contradice el artículo 168 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires que exige el voto de cada uno de los integrantes de los tribunales colegiados y mayoría de opiniones para que haya sentencia válida”.
Por ello, solicitaron se revoque el auto impugnado.
IV. Ahora bien, en primer término, observo que el ordenamiento procesal no contempla de manera expresa decisiones del tenor de la que aquí se impugna y, mucho menos, la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra la misma.
Por ello, la única vía para considerar formalmente admisible la apelación interpuesta en este incidente sería, precisamente, en el caso de verificarse que la decisión impugnada podría producir perjuicios de imposible subsanación (arts. 439, primer párrafo in fine, del Código Procesal Penal; arts. 26 y 59, ley 13.634).
Si bien ha sido criterio invariable de esta Sala que respecto de las resoluciones no expresamente apelables, sólo es admisible el recurso cuando, entre otros requisitos, el recurrente ha fundado el gravamen irreparable que a su juicio causa la decisión impugnada (causas 18.970/III, 19.372/III, 20.071/III, 21.624/III, 22.987/III, entre otras) y dicho fundamento no se desprende con claridad de la apelación interpuesta; lo cierto es que tal alegación podría deducirse de la afectación a la garantía de defensa en juicio invocada por los apelantes.
Ello pues –en su opinión- al llevarse a cabo el debate forma unipersonal, pese a la voluntad contraria de su defendido, se afectaría el derecho de defensa en juicio y, atento al carácter no renovable de dicho acto, salvo declaración de nulidad que -sabido es- ha de intentarse evitar, se verifica el gravamen irreparable que el art. 439 del CPP reclama.
En este norte, estimo que corresponde dar respuesta a los planteos de los recurrentes y, adelanto, que he de disentir con el temperamento adoptado por la Magistrada de la Instancia. No obstante, corresponde efectuar algunas aclaraciones.
V. El art. 22 del CPP establece la competencia residual de los Tribunales en lo Criminal que conocen “en los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro órgano judicial” y dispone que “se integrará con un solo Juez cuando se tratare de (…) un concurso de delitos y ninguno de ellos supere [quince años de prisión]”. Sin embargo, el imputado o su defensor pueden requerir la integración colegiada, “opción que deberá ejercerse en el plazo previsto en el artículo 336”.
Sobre el punto, los recurrentes se agravian afirmando que frente a la falta de ejercicio en tiempo oportuno de tal derecho se vulnera el “derecho de defensa” del encausado. Luego, debo compartir la afirmación de la Magistrada de la Instancia, en cuanto a que no se advierte, ni los recurrentes precisan, de qué modo la integración unipersonal del tribunal para entender en un juicio afectaría tal derecho.
Sin embargo, es cierto que la reforma introducida por la ley 13.943 ha reportado una reducción de garantías diversas a la alegada, pues –tal como también esbozan en su libelo los Sres. defensores- la intervención de tres jueces posibilita la deliberación y el control horizontal de la valoración de la prueba.
En tal sentido se ha dicho, “la reducción de garantías que esta reforma puede reportar no es menor, desde que estamos ante casos criminales litigiosos (donde no se acordó un juicio abreviado ni otra alternativa al proceso penal) que deben tramitarse por juicio oral, donde la percepción inmediata de la prueba hace que la pluralidad de jurados se constituya en una garantía, en la medida que permite un debate sobre la impresión que cada uno recibió de la prueba producida en audiencia [y] la inmediación configura un límite a la capacidad de revisión del fallo por parte del tribunal encargado del control” (cfr. Granillo Fernández – Herbel; “Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires”, Bs As., 2º edición, La Ley (2009) Tomo I, pág. 167).
Mas la mencionada ley tuvo por norte aumentar la cantidad de juicios que pueden realizarse en el fuero criminal con la misma cantidad de magistrados, punto que contribuye a la celeridad del proceso penal. En la exposición de motivos que precedió a la reforma se expresó que “existe una impostergable necesidad de reforma de la justicia penal bonaerense (…) acelerando los procesos penales y optimizando los recursos existentes” y que resulta “imprescindible establecer un proceso sin dilaciones innecesarias. Los imputados deben ser juzgados en un plazo razonable, a fin de no lesionar sus derechos constitucionalmente garantizados”.
Múltiples las razones que fundamentan y legitiman la necesidad de reglamentar el ejercicio de los derechos (tal la garantía de ser juzgado por un órgano colegiado) y, si bien existen límites al poder reglamentador, pues además del principio de privacidad (art. 19 CN), debe respetarse la razonabilidad del art. 28 CN que impide alterar los derechos reconocidos; no observo que esto último suceda en la actual redacción del art. 22 CPP.
Ello en tanto el imputado conserva la opción de ser juzgado por un tribunal colegiado y el plazo establecido por el art. 336 del Rito para efectuar tal manifestación (15 días), no resulta exiguo al punto tal de desnaturalizar el derecho, cuando el cuerpo normativo tampoco reclama que deba brindarse fundamentación sobre la opción elegida.
En este sentido, diversos planteos de inconstitucionalidad del precepto han sido rechazados afirmando lo excesivo de tal tesitura “cuando una ley general relativa a la organización judicial incorpora una variante a la conformación del tribunal que en modo alguno tiene en miras manipular la asignación de los casos penales, [y] con mayor razón aún cuando… la parte beneficiaria de la garantía conserva la posibilidad de mantener la integración originaria” (cfr. Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal Provincial en causa 40.499 “G., M. s/ recurso de casación” resuelta el 2/09/2010). En idéntica posición se ha dicho que “no resulta inconstitucional el art. 22 del CPP, toda vez que respeta la libre elección del acusado” (cfr. Sala Quinta del mismo Tribunal en causa 60.961, resuelta el 11/02/2014).
Tampoco puede sostenerse, contrariamente a lo pretendido por los recurrentes, una inconstitucionalidad fundada en una vulneración al artículo 168 de la Constitución Provincial debido a una futura ausencia de mayoría de opiniones, pues tal exigencia se limita únicamente a los casos en que intervienen en el juzgamiento varios magistrados, pero no cuando la integración del tribunal ha quedado conformada por un solo juez. Así lo ha sostenido también la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal Provincial en el fallo comentado supra pues “cuando la defensa ejerce la opción por un tribunal unipersonal, es un error pretender que se apliquen al caso las normas previstas para los tribunales colegiados” (en causa 40.499 citada).
De tal modo, en la actual redacción del art. 22 del C.P.P., que tuvo por norte contribuir a la celeridad del proceso penal como derecho del encausado, la defensa y el imputado tienen a su alcance la posibilidad de oponerse a la intervención unipersonal del Tribunal y deben hacerlo en el plazo fijado por la norma. Pero, asimismo, es indiscutible que ésta debe ser su voluntad y de ahí que pueda afirmarse la constitucionalidad del precepto.
VI. Ahora bien, aquí resulta indudable que la integración unipersonal del tribunal no es la elección del encausado, mas tampoco existen dudas de que dicha manifestación fue efectuada fuera de término.
Deben sopesarse, entonces, las particularidades del caso.
Se observa que a fs. 913 la asistencia letrada del encausado entonces interviniente fue notificada de las conclusiones del requerimiento fiscal y a fs. 914 solicitó en préstamo las actuaciones con el fin de evacuar el traslado conferido, otorgándosele la IPP por el término de tres días (fs. 915). Luego, se presentó un escrito, donde manifestaron no oponerse a la elevación de la causa a juicio y no efectuaron declaración alguna sobre su oposición a la integración unipersonal del Tribunal que el art. 22 del Código Ritual mandaba, salvo opinión en contrario de dicha parte. Por ello, el Juez de Garantías interviniente elevó la causa a juicio por decreto indicando que correspondía la integración unipersonal del Tribunal en lo Criminal conforme la norma citada (fs. 917).
Pocos días después de radicada la causa y siendo desinsaculada la Dra. Márquez para entender en las presentes (fs. 924), el 22 de mayo del corriente, el encausado presentó un escrito por derecho propio revocando las designaciones de sus defensores anteriores y solicitó se le de intervención al defensor oficial que corresponde para “reorganizar mi defensa” (sic) –ver fs. 930-. Luego, el 2 de junio, designó nuevos defensores de confianza y en esa misma presentación y aún antes de que aquellos aceptaran el cargo, solicitó con necesaria premura la integración colegiada del Tribunal, indicando que “esta petición obedece a que mis nuevos abogados defensores consideran adecuada la integración del tribunal con tres jueces, aspecto que brinda una mayor seguridad jurídica incluso a la presunta víctima de los hechos denunciados y al Ministerio Público Fiscal” (fs. 949). En suma, el encausado revocó la designación de su letrado defensor y propuso uno nuevo durante el trámite de la etapa intermedia del presente proceso, manifestando de forma extemporánea pero expresa y en la primera oportunidad que tuvo frente a su nueva asistencia letrada, su posición contraria a la integración unipersonal del Tribunal. No pareciera, entonces, que ello se debe a un mero cambio de parecer, sino que estaría vinculado con la designación de nuevos defensores.
Por otra parte, tengo en cuenta que el imputado ha efectuado esta manifestación de disconformidad con el trámite unipersonal del juicio, antes de que siquiera se haya fijado la fecha de debate, por lo que no puede suponerse –en principio- una estrategia de dilación o entorpecimiento del trámite de la causa de su parte. Esto reviste particular relevancia, en tanto la reforma –como se dijo- tuvo por norte favorecer a la celeridad del proceso, so pena de menguar otras garantías establecidas a favor del encausado.
No se advierte, entonces, que permitir la celebración del debate ante el Tribunal en pleno redunde, en el caso, en perjuicio de derecho alguno ni del imputado ni de la víctima, como tampoco que implique retrotraer el proceso a etapas precluidas. Reitero que la libre elección del encausado es lo que permite la constitucionalidad del precepto (cfr. Granillo Fernández – Herbel Ob. Cit. P. 167), por lo que no debe limitársela en el caso por un excesivo rigor formal, cuando no existe perjuicio alguno para ninguna de las partes.
Además, esta solución se impone por razones de economía procesal, ante la posibilidad de que instancias ulteriores, de considerar procedente el planteo frente a las particularidades del caso, concluyan por nulificar un acto del proceso penal de suma relevancia, como lo es el juicio oral, el que debe estar rodeado de las mayores garantías posibles.
Por todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución impugnada en la cual el “a quo” denegó la solicitud de la defensa de sustanciar el debate ante un Tribunal Colegiado por considerarla extemporánea y por no compartir las razones que la sustentan (art. 22 del CPP).
Tal es mi voto.
El Juez Carlos F. Blanco dijo:
Adhiero al voto de la Juez Vazquez, en cuanto considera admisible el recurso y entiende que debe revocarse la decisión cuestionada por sus mismos fundamentos.
Es que la reforma introducida por la ley 13.943 al art. 22 del C.P.P. contribuyó a la celeridad del proceso y si bien importó cierta reducción de algunas garantías, no deviene inconstitucional en tanto contiene la exigencia de conformidad del interesado para ser juzgado de modo unipersonal. En este sentido, resultan acertadas también las manifestaciones del “a quo” en cuanto sostuvo la constitucionalidad de la norma e indicó que el encausado manifestó su disconformidad con tal forma de juzgamiento de modo claramente extemporáneo.
Sin embargo, existen casos donde la existencia de ciertas particularidades justifica una flexibilización de las normas procesales, tales como la perentoriedad de los plazos para el ejercicio de un derecho. Así, por ejemplo, la Suprema Corte de esta provincia en un caso de apelación “in pauperis” del imputado donde “la actuación del letrado particular lo llevó - durante la etapa recursiva- a verdadero estado de indefensión”, entendió que “la no interposición en término del recurso de casación no resulta imputable al procesado detenido (…) más aún cuando expresamente había manifestado su voluntad de recurrir la condena”. Con cita en el fallo 320:1824 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se indicó que "Los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieren merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley... y es de equidad, y aún de justicia, apartarse del rigor del derecho (improrrogabilidad del plazo) para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o del descuido [o abandono] de su defensor". Ello en tanto “la interpretación de las normas de procedimiento no puede ser realizada de manera inconexa con los preceptos constitucionales, sino en sentido que aquéllas se integren a éstos, pues el derecho procesal no es más que derecho constitucional aplicado” (SCJBA en P.83.919, sentencia del 12/07/2006. a idéntica solución se arribó en P.82.833 y Ac. 91.824). De tal modo, como ha quedado claro en el voto que antecede, la libre elección del encausado en este caso –cuya voluntad es, sin duda, ser juzgado por el Tribunal en su integración originaria- no debe verse limitada por un excesivo rigor formal, frente a las particularidades que ostenta que implicaron un cambio de asesoramiento letrado en la etapa intermedia del proceso y la expresión de su oposición al juzgamiento unipersonal en la primera oportunidad que tuvo, antes de que se fijara la fecha del debate; máxime cuando no existe perjuicio para ninguna de las partes y tampoco se ve perjudicada la celeridad del proceso que la reforma pretendió beneficiar.
Así, considero, al igual que mi colega y por sus mismas razones que debe revocarse la resolución impugnada (conf. art. 22 del CPP).
Tal es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y art. 106 del CPP).
Por ello el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación presentado a fs. 6/12 por los Sres. Defensores Nicolás A. Corleto y Rafael Cúneo Libarona, de conformidad con los motivos expuestos en el Considerando (arts. 421, 433, 439, 442, 443, y cc del C.P.P. según ley 11.922 y sus modificatorias).
II. HACER LUGAR al recurso interpuesto y, en consecuencia, REVOCAR el auto apelado por medio del cual se resolvió denegar por extemporánea la solicitud de la defensa de sustanciar el debate ante un Tribunal Colegiado; conforme fuera expuesto en el Considerando (arts. 22 y 336 del C.P.P., 168 Const. Provincial, 14, 18 y 28 CN).
III. Regístrese, previo a notificarse remítase los autos principales requeridos. Fecho, notifíquese y devuélvase.
Sirvan estas líneas de atenta nota de envío.
FDO: CELIA M. VAZQUEZ- CARLOS F. BLANCO
Ante mí: GABRIELA GAMULIN
Fin de la sentencia