Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Sala III San Isidro · Causa 32.202
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Defensor particular a cargo del Dr. Barrionuevo a fs. 4042 contra la resolución de fs.31/36 por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 163, 421, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
II. Hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia revocar la resolución de fs. 31/36 y conceder a Daniel Alejandro Rodríguez como medida morigeradora de la prisión preventiva, la prisión domiciliaria a cumplirse en la finca oportunamente ofrecida, sita en la calle José M. Paz 3750, B° Manzone, Villa Astolfi, Pilar, bajo control por monitoreo electrónico y la responsabilidad de su madre, Miriam Rodríguez, con más aquellas condiciones que el Tribunal "a quo" estime necesarias, por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 18 y 75 inc. 22º de la C.N.; arts. 7 C.A.D.H. y 9.3 P.D.C.yP.; arts. 144 y 146, 148, 159, 163, y ccdtes. del C.P.P.)
/// San Isidro, 10 de octubre de 2019.
Para resolver en el presente legajo el recurso de apelación concedido a fs. 54, y habiéndose efectuado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Carlos Fabián Blanco, Duilio A. Cámpora y, para el caso de disidencia, Leonardo G. Pitlevnik. (Art. 440 del C.P.P.).
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. Que, el recurso de apelación interpuesto a fs. 40/43 por el defensor particular, Dr. Fernando Roque Barrionuevo, contra la decisión adoptada en el resolutorio de fs. 31/36, ha sido presentado en término, poseyendo el impugnante legitimación personal, tratándose el caso de uno de los supuestos legales en los cuales se otorga la vía recursiva, y habiendo sido observadas las formas para la interposición, considero que debe declararse admisible dicho recurso ( 163, 421, 433, 439, 442, 443, ss. y cc. del C.P.P.).
II. Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal con motivo del recurso de apelación presentado por la defensa particular del imputado Rodríguez contra la resolución de fs. 31/36 dictada por los Magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal n°7 departamental, -pese a la opinión contraria del representante del Ministerio Público Fiscal-, denegaron la medida morigeradora de la prisión preventiva de Daniel Alejandro Rodríguez, en los términos de los arts. 163 a contrario sensu, 159 y 148 del C.P.P.
Precisamente, el Señor Agente Fiscal a fs. 23/vta. Dijo: ”..observo que el Tribunal ha cumplido integralmente con el trámite de los informes ordenados a fs. 7/vta…” ( sic ), agregando, que a Rodríguez no le serán aplicables las reglas del art.58 del C.P. pero si la declaración de reincidencia, en base a las consideraciones vertidas. Asimismo, agregó que, en base a las características del hecho, la calificación legal del mismo, las condiciones personales del nombrado, el informe apto del centro de monitoreo, obrante a fs. 13; el resultado del informe socioambiental, glosado a fs. 17/19, y el compromiso brindado por la madre del detenido, obrante a fs. 22, son elementos suficientes para neutralizar los peligros fuga, y concederle la prisión domiciliaria como medida menos gravosa. Finalmente, agregó expresamente, que no se opone a dicha concesión, y que con la defensa han avanzado en un eventual acuerdo de juicio abreviado.
El Tribunal, en relación a la opinión del Dr. Marcos Petersen Victoria, dijo lo siguiente: “Finalmente, a fs. 23 se encuentra agregada la vista evacuada por el Sr. Fiscal…, quien manifiesta que no se opone a la concesión de una medida morigeradora, ello en atención a la objetiva valoración del hecho atribuido, calificado como robo con efracción en tentativa… y de las condiciones personales del procesado. Solicitando que dicha medida se efectivice con el control estricto del centro de monitoreo electrónico… y con la garantía del compromiso de la Sra. Miriam Rodríguez -progenitora del encartado-…“( sic)…” A diferencia de lo que señala el Sr. Agente Fiscal, entiendo que existen en los presentes autos circunstancias que hacen presumir el peligro procesal de fuga … “ ( sic ) Por su parte, la defensa al impugnar la decisión (ver fs. 40/42) insistió en la concesión del arresto domiciliario y destacó, que el Sr. Fiscal, en oportunidad de contestar la vista conferida, no se había opuesto al otorgamiento de la morigeración del encarcelamiento cautelar.
III. Con el alcance que otorga el art. 434 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Ahora bien, el art. 146 del C.P.P., dice: “Condiciones. El órgano judicial podrá ordenar a pedido de las partes, medidas de coerción personal...“. Por su parte el art.6 del mismo texto refiere: “…La acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal… “ Por otro lado, en el título cuarto del mismo texto legal, denominado: “Las partes y demás intervinientes “, podemos observar el capítulo I llamado el “Ministerio Público Fiscal “, y en el mismo, el artículo 59, donde se explica que dicho Ministerio promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público, en la forma establecida por la ley, y practicará la investigación penal preparatoria.
El artículo 158 del mismo texto legal, indica que el auto que decrete la prisión preventiva será dictado a solicitud del Agente Fiscal, y finalmente, el artículo 266 - también del C.P.P.- dice: ”La Investigación Penal Preparatoria tendrá por finalidad:
1. Comprobar, mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, si existe un hecho delictuoso. 2.- Establecer las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen o incidan en su punibilidad.3.- Individualizar a los autores y partícipes del hecho investigado. 4.- Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que han podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad. 5.- Comprobar a los efectos penales, la extensión del daño causado por el delito. “, en tanto el artículo 267 del mismo texto legal, indica que la Investigación Penal Preparatoria estará a cargo del Ministerio Público Fiscal.
En la exposición de motivos de la ley n° 11.922, que implementa dicho código de procedimiento, puede leerse: “Fundamentos de la Ley 11922 La Plata, 30 de mayo de 1996. Honorable Legislatura: se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad, un proyecto de ley… ha procurado estructurar un mecanismo procesal que contribuya a superar los serios inconvenientes por los que atraviesa la justicia en lo Criminal y Correccional bonaerense. La necesidad de implementar una transformación integral y profunda del Sistema de Enjuiciamiento Penal se evidencia en las crecientes dificultades que manifiesta la estructura actual frente a la cada vez más compleja problemática procesal, lo que ha motivado precisamente, permanentes intentos y estudios reformadores.
El proyecto propone como alternativa superadora, … y pone a cargo del Ministerio Público Fiscal la tarea de llevar adelante la instrucción en la etapa de sumario o Investigación Penal Preparatoria, reemplazando el anterior sistema por uno más francamente acusatorio…El sistema acusatorio por su parte, con la adecuación al mismo de las reglas del debate y la investigación a cargo del agente fiscal, coloca a la acusación y a la defensa en paridad de situaciones en el proceso. Este método, tanto en su proyección histórica como en el derecho comparado actual, es el que sin duda más se consustancia con las instituciones democráticas y es el que con mayor eficacia permite obtener la decisión justa del caso penal, privilegiando la función estrictamente jurisdiccional del juzgador y preservando su imparcialidad...Como plataforma jurídico-cultural del proyecto se ha tomado en cuenta: a).
La adopción franca del sistema acusatorio, en sintonía con la línea político-institucional democrática que marcan las recientes reformas procesales penales de países… con claros perfiles de procesos de partes… c). Las tendencias o directivas que en materia procesal han sido institucionalizadas a través de las recientes reformas constitucionales de 1994 que receptan normas y principios contenidos en tratados internacionales y rescatan el protagonismo del Ministerio Público Fiscal…El sistema ideado propende a la implementación gradual de un proceso oral acusatorio…” Cabe recordar que, en relación al referido principio acusatorio se ha señalado que "su principal característica se define por la separación entre el órgano que dirime la controversia de quién se instituye como reclamante -público o privadoy circunscribe el objeto de la disputa.
Sin embargo, y justamente por ello, no solo resulta determinante para definir una estructura del procedimiento, sino que también conlleva intrínsecamente la construcción de una garantía fundamental, que es la imparcialidad de quién tiene la tarea de juzgar, que a su vez repercute en la garantía genérica de defensa en juicio ... justamente '...el principio acusatorio tiene una vinculación mucho mayor con la realización de una garantía distinta al derecho de defensa: la imparcialidad del tribunal' y de allí radica su importancia, al ser la piedra angular del Estado de Derecho, sin la cual no sería imaginable un juicio penal justo." (RUA, Ramiro J. -dirección- "Selecciones de Derecho Procesal Penal Nro.1", Buenos Aires, Hammurabi, 2017, p. 39).
Tal como afirma Ferrajoli, "La separación de juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás. La garantía de la separación … representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad (terzieta) del juez respecto a las partes de la causa, que, como se verá, es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación, que son las primeras garantías procesales del juicio." FERRAJOLI, Luigi "Derecho y Razón", Madrid, Editorial Trotta, 1995, p. 567).
En ese sentido, he dicho en causas n° 29.401/III, 27.652/III, 29.307/III y 31.510/III que el Ministerio Público Fiscal promueve y ejerce la acción penal de carácter público, actuando con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, moviéndose en un sistema acusatorio donde las funciones requirente y jurisdiccional se encuentran escindidas; de esta manera, la actuación de acusador y juzgador se limita y concatena, fijando el primero los parámetros dentro de los cuales habrá de decidir el segundo, claro está, previo pleno ejercicio de los derechos del acusado. Ha quedado claro, en nuestro sistema procesal penal, una división de funciones, en la sustanciación de un proceso: las de acusar y juzgar. La primera a cargo del Ministerio Público Fiscal y la segunda, a cargo de los Jueces. Ahora bien, ¿cómo debe ser la actuación de dicho Ministerio?, para dar respuesta a ese interrogante, el mismo código de forma señala lo correspondiente en el artículo 56, cuando se indica que adecuará sus actos a un criterio objetivo debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio, aún a favor del imputado, y además que formulará motivadamente sus requerimientos y conclusiones, de manera que se basten a sí mismo.
Entonces, si el Ministerio Público Fiscal, ejerce la acción penal y tiene a su cargo la investigación penal preparatoria, y en relación a la imposición de una medida de coerción, solamente puede imponerse a su pedido, la pregunta sería: ¿la opinión fiscal siempre es vinculante para quien juzga? No siempre. En un régimen republicano de gobierno todos los actos que se realizan funciones públicas -como los del Agente Fiscal- resultan controlables jurisdiccionalmente en cuanto a su razonabilidad y legalidad. Pero ese control no abarca un juicio de conveniencia sobre las razones o la eventual existencia de otras mejores a criterio del Juez, lo que llevaría a una eliminación de la división de funciones dentro del proceso. Por otro lado, en cuanto a la facultad exclusiva y excluyente por parte del Ministerio Público Fiscal de solicitar medidas de coerción, y su opinión vinculante para el Juez, viene reafirmado de manera ejemplificativa y expresamente por legislador, en los términos del art. 161 del C.P.P., cuando dice en esa norma: “...Si el Juez hubiera ordenado la detención, el Fiscal podrá requerirle que disponga la libertad atento que no pedirá la prisión preventiva, en cuyo supuesto se ordenará la soltura.” .
En este norte, aprecio que el Tribunal “ a-quo“ al decidir la denegatoria de la morigeración de la prisión preventiva, más allá del pedido Fiscal, y con el solo fundamento, textual: “ A diferencia de lo que señala el Sr. Agente Fiscal, entiendo que existen en los presentes autos circunstancias que hacen presumir el peligro procesal de fuga “( sic ), sin demostrar fundadamente, que lo dictaminado haya ido arbitrario o irrazonable, me lleva a proponer a mi colegas, la revocatoria de lo recurrido.
Es que, el fiscal consintió para el caso la aplicación de una medida menos gravosa, consecuentemente, el Tribunal no podía decidir la continuidad de la prisión preventiva tal como se venía cumpliendo, cuando la propia fiscalía en su responde, fundadamente dejó clara su posición favorable al pedido de la defensa de solicitar el arresto domiciliario.
Ese rol o facultad del Ministerio Público Fiscal, es la esencia de los sistemas acusatorios, pues si fuese el Tribunal quien a su leal saber y entender ejerciese dicha facultad, el sistema concebido como de partes, se encaminaría hacia un formato inquisitorial. Los Magistrados no son los representantes del interés del Estado en un juicio, sino que el mismo está reservado al Ministerio Público Fiscal. Al órgano decisor le está vedado ejercer funciones de impulso y sostenimiento de la acción (llevar adelante funciones de acusación), siendo su actividad específica y concreta realizar una valoración de la prueba y decidir conforme a ella, siempre con basamento en la garantía de la imparcialidad. -Se ha dicho y lo comparto- “los jueces no deben acusar ni los fiscales deben juzgar”.
Cabe reflexionar que si el Fiscal decide -con base a la evaluación de riesgos procesales y características personales del imputado- no pedir el dictado de la prisión preventiva y su decisión obliga al Juez, más aún lo será cuando su decisión sea atenuar dicha medida cautelar, como en el caso de autos.
Con mi propuesta no pretendo que el Tribunal haya sido un simple homologador de la opinión fiscal sin control alguno, sino que el rol de tercero imparcial de dicho órgano judicial, implica necesariamente que se encuentren con los ojos abiertos y la mirada atenta, para efectuar el debido control de legalidad de lo solicitado y pueda en su caso, apartarse.
Finalmente, quiero destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, en el caso Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones -328:1481-: “La garantía de imparcialidad del Juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso…” ( sic ) En consecuencia, todo este escenario conlleva a revocar el decisorio en crisis y a conceder la morigeración –conforme consentimiento fiscal- a Daniel Alejandro Rodríguez bajo la modalidad de prisión domiciliaria a cumplirse en la finca oportunamente ofrecida, sita en la calle José M. Paz 3750, B° Manzone, Villa Astolfi, Pilar, bajo control por monitoreo electrónico y la responsabilidad de su madre, Miriam Rodríguez, con más aquellas condiciones que el Tribunal "a quo" estime conducentes (arts. 144, 146, 148, 163 y 171 del C.P.P.)..
Así lo voto (arts. 106 del C.P.P. y 168 y 171 de la Const. Prov. Bs. As.). El Juez Duilio Campora dijo:
Adhiero al voto del Juez Carlos Fabián Blanco por compartir los mismos motivos y fundamentos conforme también la doctrina que expusiera en caso precedente en causa 15.644/I “Marquez Iara Odilia s/incidente de medida morigeradora de la prisión preventiva” del 28 de junio de 2018 del Tribunal que integro.
Es mi voto.
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Defensor particular a cargo del Dr. Barrionuevo a fs. 4042 contra la resolución de fs.31/36 por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 163, 421, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
II. HACER LUGAR al recurso de apelación y en consecuencia REVOCAR la resolución de fs. 31/36 y CONCEDER a Daniel Alejandro Rodríguez como medida morigeradora de la prisión preventiva, la prisión domiciliaria a cumplirse en la finca oportunamente ofrecida, sita en la calle José M. Paz 3750, B° Manzone, Villa Astolfi, Pilar, bajo control por monitoreo electrónico y la responsabilidad de su madre, Miriam Rodríguez, con más aquellas condiciones que el Tribunal "a quo" estime necesarias, por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 18 y 75 inc. 22º de la C.N.; arts. 7 C.A.D.H. y 9.3 P.D.C.yP.; arts. 144 y 146, 148, 159, 163, y ccdtes. del C.P.P.)
III. Regístrese, y líbrese oficio electrónico al Tribunal en lo Criminal N°7 a fin que tome conocimiento de lo dispuesto en el punto II del presente. Notifíquese al Sr. Fiscal General Departamental y a la Defensa de intervención. Cumplido ello, devuélvase el legajo a la instancia. y comuníquese por Secretaría a la Presidencia de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías departamental la integración dispuesta en las presentes actuaciones y cumplido ello devuélvase.
Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Duilio Alberto Cámpora - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia