Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 30.138
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación deducido a fs. 28/32vta., por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 421, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
II. Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 28/32vta., y en consecuencia, revocar el decisorio apelado de fs. 23/25vta., mediante el cual el Juez a quo no hizo lugar a la recusación deducida con respecto al Sr. Agente Fiscal de intervención, Dr. Matías Jon López Vidal, CORRESPONDIENDO el apartamiento del mencionado representante del Ministerio Público Fiscal de la sustanciación de este proceso, todo ello por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 47 inc. 13, en función del 54, 56 y ccdtes. del CPP; 73 de la ley 14.442; 120 de la CN; y Resoluciones Generales nro. 1390/01 y 361/11 de la Procuración General de la SCJBA).
III. Hacer SABER a la Sra. Fiscal General interina, Dra. Beatriz Molinelli, la conveniencia de designar a un Agente Fiscal distinto, sin vínculos funcionales o personales con el Dr. Scapolán, y a tal efecto que analice la viabilidad o no de remitir las presentes actuaciones a otro Departamento Judicial diferente al que se ha perpetrado el hecho endilgado, y donde presta sus funciones el Agente Fiscal sindicado de su comisión; todo ello por las razones y con los alcances expuestos en los Considerandos (art. 1 del CPP; Resolución General 492/98 del 2/7/98 de la de la Procuración General de la SCJBA).
Causa N° SI-30138-2016.
Libro Interlocutorios XXIX Registro N° 30247 SI-30138-2016/III LOPEZ VIDAL, MATIAS S/ RECUSACIÓN San Isidro, 18 de agosto de 2016.
Para decidir en el presente legajo el recurso de apelación interpuesto a fs. 28/32vta., que fuera concedido a fs. 33.
Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel, y para el caso de disidencia, la Dra. Celia Margarita Vázquez (conf. art. 440 C.P.P. y acuerdo extraordinario nº 1543).
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. En el supuesto de autos, se advierte que los particulares damnificados, Dres. Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, recusaron al Sr. Agente Fiscal de intervención, Dr. Matías Jon López Vidal, en los términos de lo normado por el art. 47 incs. 1 y 13 del CPP (fs. 6/10vta.).
En su presentación, afirmaron que el referido acusador público “no cuenta con la objetividad ni la imparcialidad que se requieren para llevar adelante la presente investigación”, en la medida en que “se pronunció ya sobre los puntos a decidir en este legajo”, y por cuanto además “median circunstancias que, por su gravedad, afectan la independencia y la imparcialidad del señor fiscal”. Afirmaron que ello se evidenciaba a partir de “su participación en la IPP nro. 9247/15”, en el marco de la cual el Dr. López Vidal instó la prórroga de la intervención de un abonado telefónico con el fin, a criterio de los presentantes, de “descalificar las actuaciones labradas en la IPP nro. 13.625/14 a cargo del fiscal de Pilar Dr. Washington Carlos Palacios a partir de la denuncia formulada por nuestro representado en esa investigación”. En razón de ello, concluyeron que el Dr. López Vidal “se encuentra totalmente comprometido con la investigación volcada en el legajo que el Dr. Scapolán ocultó mediante diversas maniobras que, a nuestro juicio ya cuentan con suficiente probanza y, por lo tanto, mal puede pretenderse que lo asista la objetividad e imparcialidad necesarias para llevar adelante esta denuncia contra el propio Dr. Scapolán”.
A su vez, consideraron que correspondía el apartamiento del Dr. López Vidal a partir de “la desestimación que concretara muy apresuradamente de la denuncia que así se ventila”. En ese sentido, expusieron que el Dr. López Vidal “tiene partido tomado en favor de la suerte del señor Fiscal Scapolán”. Cuestionaron los argumentos expuestos para así decidir, y afirmaron que el acusador público recusado “demostró en su aludido dictamen desestimatorio que lo acompaña la más absoluta certeza de la inexistencia de los delitos denunciados”. En todo este contexto, con apoyo en citas de doctrina y jurisprudencia que transcribieron, concluyeron que el planteo introducido resultaba procedente.
Tras haber sido deducida la oposición fiscal (fs. 13/16), y haber sido celebrada la audiencia exigida por el art. 54 del CPP (fs. 19/20), el magistrado garante de intervención, Dr. Esteban E. Rossignoli, rechazó la pretensión incoada (fs. 23/25vta.).
Para así decidir, el a quo afirmó, con apoyo en una cita de doctrina, que los representantes del Ministerio Público Fiscal están compelidos a desarrollar su función con criterio objetivo. A ello agregó que “el modo de llevar adelante la encuesta” no constituía “un actuar falto de objetividad”, siendo que “los criterios adoptados por el representante de ese Organismo para la prosecución o no del trámite de la pesquisa resultan ajenos a la intervención y valoración del Suscripto, en el marco acotado del instituto de la recusación”. A su vez, expuso que la “opinión” que fundamentara la desestimación de la denuncia “no puede ser por sí misma motivo de recusación”, por cuanto “se trata de un mecanismo legal expresamente previsto en el ordenamiento, y el Dr. Matías López Vidal actuó de acuerdo al mismo (art. 290 del C.P.P.)”. Destacó que la Sra. Fiscal General interina dispuso la prosecución de la investigación, y afirmó que no observaba que el Dr. López Vidal “haya demostrado luego una actuación contraria a su deber de avanzar en la pesquisa con criterio objetivo”, en la medida en que dispuso la realización de distintas diligencias probatorias.
En cuanto a los argumentos relativos a la intervención del Dr. López Vidal en otra pesquisa distinta a la presente, el Juez a quo sostuvo que ello no constituía “un elemento de relevancia que necesariamente conlleve su recusación en este proceso”. En ese sentido, afirmó que no advertía que aquel “haya realizado ninguna de las acciones que ahora vienen cuestionadas por los letrados recusadores, más precisamente extraer fojas del expediente y ocultar la investigación a las partes”. Con relación a la alegada “existencia de una relación funcional entre el Dr. López Vidal y el Dr. Scapolán”, consideró que ello no constituía “un dato a partir del cual se pueda inferir un actuar inadecuado por parte del Fiscal interviniente en autos”.
Una vez notificado de ello (fs. 27/vta.), el Dr. Pérez Bodria dedujo un recurso de apelación contra lo decidido, mediante el cual instó la revocación del temperamento adoptado, insistiendo con su pretensión recusatoria. Además, solicitó la fijación de una audiencia ante este Tribunal de Alzada, en los términos de lo normado por el art. 447 del CPP.
En su presentación, afirmó que, si bien no se encontraba prevista normativamente la apelación del resolutorio en crisis, a su entender lo decidido había generado un gravamen irreparable en los términos de lo normado por el art. 439 del CPP, siendo que además contenía “una cuestión de carácter federal -la vulneración del debido proceso y la defensa en juicio garantizas por el art. 18 de la C.N. y los pactos incorporados- por lo que, habiendo la misma sido debidamente introducida en la primera oportunidad procesal -al recusar- debe transitarse la totalidad del iter procesal provincial para poder arribar a su debido tratamiento por nuestro señero tribunal nacional cuando, tal como se demostrará más adelante, se encuentra debidamente fundada una cuestión federal”. A su vez, tras reproducir antecedentes jurisprudenciales, alegó que se verificaba la existencia del mentado gravamen irreparable “al verse francamente afectadas tanto la imparcialidad como la objetividad del señor fiscal López Vidal, por los motivos que se volcaron en el planteo de recusación y que ampliados conforman este recurso, irremediablemente hemos de vernos sometidos mediante una duda irremediable al riesgo de asumir las consecuencias de una denuncia, mientras el funcionario legalmente encarg(ado) de impulsarla, tiene de antemano posición tomada para su desestimación”.
Asimismo, cuestionó los argumentos que dieron sustento al decisorio apelado. Tras efectuar una breve reseña de las circunstancias que rodean a la presente causa, el apelante afirmó que “concreta una errada interpretación el señor juez de grado del art. 47 incisos 1 y 13”. Expuso que “el concepto de objetividad reclama lealtad no sólo con la defensa, sino también con el particular damnificado”. A ello agregó que “siendo el fiscal el encargado exclusivo de impulsar la acción penal en los delitos de acción pública, los conceptos de objetividad y de imparcialidad han de concatenarse con su obligación principal: investigar ‘aún por las dudas’, sobre todo en determinados delitos”. Señaló que el acusador público interviniente “optó por desestimar prontamente la denuncia considerando que, en el peor de los casos, los ocultamientos llevados a cabo por el Dr. Scapolán en el marco de la causa en la que oportunamente él mismo dictaminó, obedecieron a ‘la complejidad’ de la causa tramitada en su fiscalía de ‘delitos complejos’ y no a la expresa voluntad de impedir el ejercicio profesional de los letrados y el derecho de defensa del ciudadano al que representan. A eso llamo carencia de objetividad”.
A su vez, expuso que “aparece indisimulable su compromiso corporativo, que no fue objeto de análisis por el a quo, tanto por su propia intervención en la causa ya mentada, como por los términos de su desestimación. (…) Contaba con la prueba necesaria para disponer sin más, al menos, el llamado del involucrado a la declaración del art. 308 del C.P.P. y, en lugar, la desestimó sin siquiera requerir la ratificación por los denunciantes”. Sostuvo que “dicha relación funcional, bajo la mira de los acontecimientos objetivamente obrantes en el legajo, permite inferir la fuerte influencia que dicha relación ha ejercido en el proceder del Dr. López Vidal en este caso concreto. Su participación al solicitar la ampliación de la intervención telefónica que, según lo reconoció en la audiencia y obra en la pertinente grabación, obedeció al expreso pedido del Dr. Scapolán, aduna una mayor convicción sobre tal incidencia.”. A ello agregó que el acusador público recusado había demostrado “falta total de disposición para emprender su principal función, cual es la de llevar adelante diligentemente la investigación, sobre todo cuando lo que se discute es la conducta de un funcionario público en el marco de sus funciones”; siendo que además “Las convicciones que desnuda por parte del señor fiscal, entre las que alumbra nítidamente su anticipada convicción de la inexistencia de conducta dolosa alguna por parte de su colega Scapolán.”. Adunó que el hecho de que el Dr. López Vidal “adopte alguna de las medidas sugeridas por la señora fiscal general no enerva cuanto afirmamos, toda vez que lo contrario implicaría directamente un alzamiento contra su superior”.
En oportunidad de llevarse a cabo la audiencia requerida ante este Tribunal, el apelante reafirmó los términos de su presentación recursiva (fs. 51).
II. En primer término, debo decir que el recurso de apelación deducido ha sido presentado en término, por quien tiene derecho a hacerlo, y se han cumplido con las formas prescriptas por nuestro rito. Además, estimo que los argumentos introducidos por el apelante, en virtud de los cuales alegó que se verificaba pérdida de objetividad por parte del acusador público interviniente, logran abastecer las exigencias impuestas normativamente para tener por debidamente acreditada la existencia de un gravamen irreparable de imposible subsanación posterior, de modo de tener por habilitado el ingreso de este Tribunal de Alzada al análisis de los agravios deducidos contra el decisorio apelado.
Por todo ello, propicio al acuerdo declarar admisible el remedio procesal incoado a fs. 28/32vta. (arts. 77, 421, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
III. Sentado ello, estimo que, a los fines de una correcta solución del caso, corresponde efectuar una breve reseña de las circunstancias que rodean al supuesto de autos.
Tal como se desprende de las constancias de los autos principales, se advierte que la IPP nro. 14-00-1502-15 y su acumulada 14-00-6216-15, las cuales conforman una única investigación, fueron iniciadas como consecuencia de las denuncias entabladas el 2 de marzo de 2015 y 9 de septiembre de ese mismo año respectivamente, por los Dres. Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, respecto del Sr. Agente Fiscal Dr. Claudio Scapolán, por la presunta comisión de hechos que se subsumirían bajo las previsiones contempladas en los arts. 248 y 294 del CP (ver fs. 1/5, 24, 31, 36/65, 67, y 71/vta.). En sus presentaciones, los referidos letrados dieron cuenta que, en el marco de la IPP nro. 14-00-9247-15, seguida a César Emiliano Jaunarena, requirieron en varias oportunidades autorización al referido acusador público para tomar vista de tales actuaciones, resultando ello materialmente infructuoso. A ello agregaron que, una vez que pudieron compulsar esa pesquisa, advirtieron que se había conformado un legajo fiscal, al que tampoco pudieron acceder. En dichas denuncias, además, instaron la producción de numerosas medidas de prueba a los fines de acreditar tales extremos.
Como consecuencia de ello, el Sr. Agente Fiscal de intervención ahora recusado, Dr. Matías López Vidal, dispuso -el 6 de marzo de 2015- poner en conocimiento del Sr. Titular del Juzgado de Garantías nro. 3 departamental el inicio de la primer investigación citada (IPP nro. 14-00-1502-15, ver fs. 06). El 19 de marzo de 2015, el Dr. López Vidal dejó expresa constancia que se apersonó en la UFIyJ de Investigaciones Complejas y Drogas Ilícitas de San Isidro (fs. 11). Además, tras compulsar los libros de notas de esa dependencia, advirtió que los Dres. Español y Pérez Bodria dejaron en varias oportunidades debida constancia de que no pudieron compulsar las IPP registradas bajo los números 8783-13, 9247-14 y 924-15, y que además el actuario “dejó nota de los días que aquellos letrados pudieron tomar vista de las referidas investigaciones”. A su vez, aportó las fotocopias simples que se corresponderían con el mencionado libro de notas (fs. 7/10).
El 2 de julio de 2015, el Dr. López Vidal dispuso requerir al Sr. Agente Fiscal Claudio Scapolán la remisión en carácter de ad effectum videndi de la IPP nro. 14-00-925-15, radicada en la sede a su cargo (fs. 12).
El 4 de agosto de 2015, el Dr. López Vidal dejó constancia que tomó vista de la IPP nro. 14-00-9247-14 y de las causas acollaradas, y agregó a esta investigación las fotocopias simples que se corresponderían a dicha pesquisa, las cuales consideró que resultaban “de interés para el mismo” (fs. 13/22). El 2 de octubre de 2015, el magistrado garante por aquel entonces interviniente, Dr. Diego E. Martínez, aceptó la competencia atribuida respecto de las dos referidas pesquisas, y tuvo a su vez por constituidos a los denunciantes como particulares damnificados (fs. 75/vta.). Ello fue notificado a los presentantes el 7 de octubre de 2015 (fs. 82/83). El día 16 de ese mes y año, aquellos dedujeron un planteo recusatorio respecto del mencionado Juez (fs. 87/88), razón por la cual ese mismo día el Dr. Martínez solicitó la remisión de la pesquisa a la fiscalía actuante (fs. 85 y 89), siendo ello efectivizado el 20 de octubre de 2015 (fs. 86). El 2 de noviembre de 2015, el Juez a quo rechazó el planteo recusatorio (fs. 107/vta.), y el 23 de diciembre de 2015 esta Sala III de la Excma. Cámara revocó el temperamento adoptado, haciendo lugar a la pretensión incoada respecto de la intervención del Dr. Martínez en este proceso (fs. 117/121). En tanto, el 20 de enero de 2016, el Sr. Agente Fiscal Dr. López Vidal desestimó la denuncia que diera inicio a las presentes IPP nros. 14-00-1502-15 y su acumulada 14-00-6216-15, con sustento en lo normado por el art. 290 del CPP, disponiendo además su remisión al archivo del Ministerio Público Fiscal (fs. 26/28vta.).
Inició su decisión afirmando que, luego de haber compulsado las referidas IPP nros. 14-00-9247-14, 8733-13 y 14-00-925-15, como así también el reseñado libro de notas de la fiscalía actuante, los particulares damnificados “ejercieron su ministerio sin verse atacados sus derechos mediante aquellas circunstancias referenciadas en sus denuncias”, siendo que además “tras haber tomado vista del material referido, no puedo afirmar que se verifique en el caso una veda deliberada al proceso”. En ese sentido, consideró que “la mera falta de acceso al legajo alegada por los letrados no puede en el caso y conforme los elementos que a continuación se desarrollarán considerarse intencionada o maliciosa, o que se le haya rehusado su derecho y, en este sentido, estos actos u omisiones tengan capacidad para configurar ilícito penal”. Entendió que la “complejidad de los hechos ventilados (…) así como su volumen y la cantidad de encuestas acollaradas resultan por sí mismos indicadores válidos que permiten inferir que el estudio y abordaje del caso por parte del operador judicial escapa palmariamente a la media de casos a los cuales se encuentra llamado a conocer. (…) No obstante ello, como vengo sosteniendo, en tanto no encierre una ocultación maliciosa y con fines determinados, lo cual no se advierte en el caso, no pueden de por sí considerarse actos arbitrarios o con capacidad para impedir el debido control y ejercicio de defensa”.
Agregó en tales procesos “se aprecian los diversos y continuos movimientos (…) siendo ello otra razón que viene a reafirmar el avocamiento que existió por parte del operador cuestionado. Así, sólo resta indicar que no resultan asimilables las circunstancias detalladas para tomar vista del legajo material con la imposibilidad de ejercer el debido derecho de defensa, y menos aún que de aquellas circunstancias pueda inferirse la comisión de un delito”. Sumado a ello, expuso que no advertía que “aquel legajo fiscal formado en el marco de la I.P.P. cuestionada se haya realizado por fuera de los lineamientos procedimentales trazados por el art. 75 de la ley 14.442”. En todo este contexto, con apoyo en distintas citas de doctrina y jurisprudencia que reprodujo, concluyó que “la conducta imputada y los hechos denunciados resultan atípicas por lo que considero adecuado proceder conforme lo normado por el artículo 290 del C.P.P.” El 18 de febrero de 2016, los denunciantes fueron notificados de tal decisión (fs. 128/129), siendo que el 7 de marzo de 2016 instaron su revisión en los términos de lo normado por el art. 83 inc. 8 del CPP (fs. 135/139vta.), pretensión ésta que tuviera acogida favorable por parte de la Sra. Fiscal General interina el día 16 de ese mismo mes y año (141/142vta.).
En su dictamen, la Dra. Beatriz Molinelli afirmó que, si bien el Dr. López Vidal hizo mención “al delito de supresión de documento denunciado”, a su entender no “fundamentó debidamente en su caso la atipicidad sostenida a su respecto”, siendo que por ello, a su criterio, “la desestimación resulta cuanto menos prematura”. En ese sentido, destacó que en la pesquisa “no obran copias de las partes pertinentes relativas a la formación del legajo fiscal ni a la resolución jurisdiccional, que pudiera haber recaído, en orden a la nulidad que fuera deducida por el letrado en punto a la formación del respectivo legajo fiscal conformado con piezas desglosadas del principal y lo actuado en consecuencia”. Además, consideró que “resultaría útil citar a prestar declaración testimonial a los Dres. Tomás Ángel Pérez Bodria y Mauricio Esteban Español a fin de que ratifiquen sus dichos y en su caso amplíen los mismos”. En este contexto, siendo que -a su entender- correspondía contar “con los elementos antes señalados para un conglobado análisis de los mismos”, revocó la desestimación resuelta. Ante los requerimientos de la Procuración General de la SCJBA de fs. 127 y 131/vta., el Dr. López Vidal decidió -el 29 de febrero de 2016- informar la desestimación de la denuncia entablada (fs. 130).
El 21 de marzo de 2016, la pesquisa fue devuelta a la sede de la Fiscalía actuante (fs. 142vta.). En función de lo decidido por su Superior departamental, el Dr. López Vidal dispuso, el 6 de abril de 2016, el libramiento de un oficio a los fines de que sea remitida la IPP nro. 14-00-924-15 y sus acumuladas, como así también la citación de los denunciantes a una audiencia fijada para el día 13 de ese mismo mes y año (fs. 144/145).
El 12 de abril de 2016, el Dr. Lopez Vidal dejó constancia que fueron incorporadas fotocopias certificadas de “aquellas piezas pertinentes relativas a la formación del legajo fiscal”, y ordenó su devolución a la Fiscalía de origen (fs. 146/174). Ese mismo día, los particulares damnificados promovieron el planteo recusatorio que diera inicio a este incidente (fs. 176/180vta.), siendo que al día siguiente el acusador público dispuso la remisión del legajo a conocimiento del Juez a quo (fs. 181), la que se efectivizó el 14 de abril de 2016 (fs. 181vta.). Lo hasta aquí reseñado conforma todo lo obrado en la presente investigación que, como se vio, fue iniciada como consecuencia de las denunciadas interpuestas el 2 de marzo de 2015, dando origen a la formación de la IPP nro. 14-00-1502-15, y aquella del 9 de septiembre de ese mismo año, que motivó el inicio de la IPP acumulada nro. 14-00-6216-15.
Expuesto ello, estimo que, previo al ingreso del caso, corresponde tener presente que, a diferencia de lo que ocurre con los jueces, la posición de imparcialidad no es exigida a los representantes del Ministerio Público Fiscal, sino que lo reclamado normativamente es la objetividad en el desempeño de su función (cf. arts. 56 del CPP, y 73 de la ley 14.442).
En ese sentido, es dable destacar que, a partir de la reforma Constitucional del año 1994, se dejó establecido que dicho Ministerio tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (cf. art. 120 de CN).
Tal prerrogativa fue receptada por el legislador provincial, al imponer, en el artículo 56 de nuestro rito penal, que aquel “promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público, en la forma establecida por la ley, dirigirá a la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria”. Además, es dable señalar que el artículo 1 de la ley 14.442 reclama que el Fiscal actúa “con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales”.
En este norte, se advierte que, en nuestro proceso penal de corte acusatorio, el Fiscal asume el rol de parte en una determinada investigación que tiene a su cargo, y en el marco de la cual ejerce funciones requirentes frente al órgano jurisdiccional de intervención. Y, para ello, deberá ajustar su actuación a un criterio objetivo, adoptando medidas aún a favor del imputado. De este modo, esa separación de funciones en un mismo proceso, claramente diferenciadas, permite preservar la reclamada imparcialidad exigida únicamente a los jueces en su desempeño jurisdiccional.
En ese sentido, nuestra Corte Federal se ha pronunciado por sostener, y así lo comparto, que el sistema acusatorio consiste en el medio constitucionalmente admitido para resolver una controversia, en el que interviene el Ministerio Público Fiscal “con la oportunidad de producir prueba sobre los hechos expuestos en una audiencia oral y pública, con efectiva tutela de intervención de la defensa técnica para contradecir la postura del titular de la acción; para finalmente el juez -sin características inquisitivas-, en su rol de tercero imparcial, a quienes las partes le plantean el conflicto, decida acorde la ley, Constitución y Tratados internacionales” (cf. CSJN, “Romero Cacharane Hugo Alberto s/ ejecución penal”, del 09/03/2004).
El mismo Tribunal tiene dicho también que “a pesar de que el Ministerio Público Fiscal es una de las ‘partes’ en la relación ‘triangular’ en la estructura de nuestro sistema criminal, sus integrantes tienen el deber de actuar con objetividad, ello implica que deben procurar la verdad y ajustarse a las pruebas legítimas en sus requerimientos o conclusiones, ya sean contrarias o favorables al imputado” (cf. CSJN, Fallos 327:5863). Por su parte, Maier explica que no se trata de un acusador que persigue y defiende el interés social a ultranza “con la finalidad exclusiva de triunfar en la sentencia final que decide el conflicto”. Por el contrario, “le incumbe tanto el deber de objetividad (imparcialidad en la persecución penal) como el de lealtad con el imputado y su defensa (obligaciones relativas a la información debida y prohibiciones de ocultar ciertos datos)” (cf. autor citado, Derecho Procesal Penal, T II.
Parte General, Sujetos Procesales, Ed. Del Puerto, Bs. As., 2004, pg. 44). En ese mismo sentido, Roberto Falcone afirma que “A la sociedad le interesa tanto que el castigo le sea impuesto al culpable como que no le sea impuesto al inocente, razón por la cual el Fiscal debe atender, en el curso de la investigación, a todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles (art. 273, CPPBA), arbitrando las ‘diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad’ (art. 266, inc. 1), con prescindencia de que ellas puedan resultar favorables o desfavorables para el sospechoso”. A ello agrega que el exigido deber de objetividad debe ser aplicado especialmente al momento de disponer la iniciación de la pesquisa, durante el curso de la investigación, como así también en oportunidad de decidir su destino (cf. arts. 56, 56 bis, 268, 290, 291, 323, y ccdtes. del CPP) (cf. autor citado y Marcelo Madina, “El proceso penal en la provincia de Buenos Aires”; Ed.
Ad Hoc, Bs. As., p. 47). En forma conteste, Hortel sostiene que la intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso “es esencial como titular del poder-deber de excitar y condicionar la jurisdicción penal con miras a obtener una sentencia justa. Como tal, y como representante de la sociedad, no puede tener un interés distinto de ésta: que se condene a los culpables y se absuelva a los inocentes. Es por ello que el artículo le manda adecuar sus actos a un criterio objetivo, debiendo formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aún a favor del imputado” (cf. autor citado, Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, Undécima Edición, Ed. Universidad, Bs. As., 2006, pg. 115).
En definitiva, no debe confundirse el deber de objetividad en su actuación impuesto a los representantes del Ministerio Público Fiscal con la imparcialidad exigida únicamente a los jueces en su desempeño jurisdiccional.
Ahora bien, estimo que en este caso en particular habré de hacer lugar al planteo recusatorio introducido dado que, a mi juicio, se presentan razones de entidad suficiente que logran sustentar el alegado temor de pérdida de objetividad respecto del Dr. López Vidal, y que imponen la necesidad de disponer su apartamiento del trámite de este proceso.
Conforme ya fuera reseñado, en el caso los denunciantes anoticiaron la presunta comisión de un delito de acción pública atribuido al Sr. Agente Fiscal Dr. Claudio Scapolán, e instaron la producción de determinados elementos de prueba que hacían a su derecho.
Sobre el punto, corresponde tener presente que la Procuración General de la SCJBA se ha pronunciado por poner especial atención a aquellos procesos iniciados a raíz de conductas como la aquí denunciada. Repárese que mediante Resolución General nro. 1390/01 (del 10/10/2001), se buscó atender “la necesidad de brindar una respuesta adecuada a los hechos delictivos que mayor daño social producen y que inciden gravemente en el deterioro de las instituciones republicanas”. Y, es así que, en lo que aquí interesa, resolvió que el Ministerio Público Fiscal provincial, a través de cada uno de sus integrantes, “deberá brindar máxima atención y especial importancia en lo que se refiere al ejercicio de sus atribuciones (…) a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones” (art. 1).
Incluso, se dejó establecido que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 268 in fine del C.P.P., la disposición de archivo de la investigación, en el caso que correspondiere, será informada previamente al Fiscal General Departamental” (cf. art. 4). El temperamento adoptado en dicha oportunidad fue ratificado más de nueve años después (el 27 de mayo de 2011), mediante el dictado de la Resolución General nro. 361/11, en la que se resolvió requerir a los Sres. Fiscales Generales que “adopten todas las medidas que estimen convenientes para que los Sres. Agentes Fiscales extremen el cumplimiento de lo oportunamente dispuesto por la Resolución Nro. 1390/01 PG”. Al respecto, debo señalar que si bien es cierto que el archivo y la desestimación se tratan de dos actos procesales con características propias distintas (arts. 268 y 290 del CPP), no lo es menos que ambos se tratan de modos anormales de culminación del proceso, uno de forma provisoria (archivo), y el otro definitivamente (desestimación).
Y, teniendo en cuenta que la Procuración General de la SCJBA puso especial énfasis en comunicar al Fiscal General departamental el archivo provisorio de un proceso de la naturaleza aludida, más aún corresponde anoticiar una medida como la aquí adoptada (desestimación), mediante la cual queda sellada definitivamente la suerte del evento denunciado; razón por la cual -a mi juicio- la aludida disposición también rige a su respecto. En todo este contexto, advierto que, tras haber sido interpuesta la primer denuncia el 02/03/2015, el Dr. López Vidal llevó a cabo las siguientes medidas: el 19/03/2015, tomó vista del libro de notas de la Fiscalía interviniente en el proceso referido por los denunciantes, y agregó fotocopias simples de ese libro; el 02/07/2015, instó la remisión de ese proceso; el 04/08/2015, incorporó fotocopias simples de determinadas piezas procesales de esa pesquisa; y finalmente, el 20/01/2016 desestimó la denuncia sin informar previamente a la Fiscalía General departamental, conforme el citado art. 4 de la Res.
Gral. nro. 1390/01. El 18/02/2016, la Sra. Fiscal General interina revocó lo decidido tras considerar que resultaba prematuro. En función de lo decidido, el 06/04/2016 ordenó el libramiento de un oficio a los fines de que sea remitido el proceso en cuestión y la citación de los denunciantes para una audiencia a celebrarse el 13 de abril de 2016.
Sentado ello, he de coincidir con el recurrente en cuanto a que la escasa actividad procesal desarrollada por el Dr. López Vidal en este proceso, respecto de los hechos denunciados previo a dictaminar la desestimación, permite justificar el alegado temor de que su actuar no logra ajustarse plenamente a la reclamada objetividad impuesta normativamente para así proceder.
Es que, como se vio, tratándose de un delito atribuido a un Agente Fiscal, el Dr. López Vidal debió haber extremado todas aquellas medidas tendientes a dilucidar la procedencia o no de la denuncia entablada, tal como así lo reclama la Procuración General de la SCJBA a través de las citadas resoluciones. Ello, con anterioridad a su decisión de desestimar la denuncia; temperamento éste que incluso su Superior departamental entendió prematuro, por cuanto aquel no había desarrollado la actividad probatoria que fundadamente así lo justificaría, siendo que, tal como se vio, el Dr. López Vidal no puso en conocimiento a la Fiscalía General departamental el temperamento adoptado.
Sumado a ello, observo que, en su desestimación, el Dr. López Vidal ha expresado claramente su criterio sobre el carácter no delictivo de la conducta denunciada, sin contar para ese entonces con los elementos de prueba que, a criterio de la Dra. Molinelli, así lo justificaría. En ese sentido, repárese que el acusador público recusado selló la suerte de la denuncia al afirmar categóricamente que “la mera falta de acceso al legajo alegada” no tenía “capacidad para configurar ilícito penal”.
En este contexto, más allá de que la desestimación de la denuncia fue revocada, y que luego de ello, el Dr. López Vidal decidió producir los elementos de prueba indicados por la Sra. Fiscal General interina, estimo que corresponde que en el caso intervenga un representante del Ministerio Público Fiscal distinto, que no haya pronunciado temperamento alguno respecto de las circunstancias que rodean al supuesto de autos.
En consecuencia, resultando por ello inconducente el tratamiento de las demás alegaciones introducidas por el recurrente, habré de proponer al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 28/32vta., revocar el decisorio apelado mediante el cual fuera rechazada la recusación del Sr. Agente Fiscal Dr. Matías Jon López Vidal, y disponer en consecuencia el apartamiento del referido acusador público de la sustanciación de este proceso (arts. 47 inc. 13, en función del 54, 56 y ccdtes. del CPP; 73 de la ley 14.442; 120 de la CN; y Resoluciones Generales nro. 1390/01 y 361/11 de la Procuración General de la SCJBA). Marginalmente, propongo hacer saber a la Señora Fiscal General interina, -a partir de mi experiencia como Juez de Garantías en otro Departamento Judicial-, que, para el caso de las investigaciones penales preparatorias en las que se atribuyan conductas presuntamente ilícitas a Magistrados del Ministerio Público Fiscal del propio Departamento Judicial que integramos, analice en este caso la viabilidad o no de remitir las actuaciones a otro Departamento Judicial diferente al que se ha perpetrado el hecho endilgado, y donde presta funciones el Agente Fiscal sindicado de su comisión, sin quebramiento de garantía del Juez Natural (art. 1° del C.P.P.), en procura de una correcta administración de justicia (Resolución General nro. 492/98 del 2/7/98 de la Procuración General de la SCJBA).
Es mi voto (arts. 168, 171 de la Const. Prov. y 106 del CPP).
El Juez Gustavo A. Herbel dijo:
Coincido con el voto precedente en revocar el decisorio impugnado y hacer lugar al planteo recusatorio deducido, pues estimo que resulta prudente apartar al Sr. Agente Fiscal Dr. López Vidal de la investigación seguida a su colega Dr. Claudio Scapolán, como forma de preservar la objetividad de la investigación en curso (cf. arts. 47 inc. 13 en función del 54, 56 del CPP, y 73 de la ley 14.442). El Sr. Fiscal López Vidal comparte actividades investigativas en el departamento judicial donde también actúa su colega Dr. Scapolán.
Específicamente, comparten una zona más reducida por tener a su cargo Unidades Funcionales de Investigación en la cabecera departamental, con sus oficinas en el primer piso del Edificio Central de Tribunales, circunstancia ésta que -a mi juicio- bien puede dejar traslucir vínculos de camaradería que obstaculicen una investigación donde existan acusaciones dirigidas al compañero de trabajo. En ese sentido, repárese que, tal como así lo señala el Dr. López Vidal a fs. 14/vta., éste realizó actividades en la misma causa que el Dr. Scapolán tenía a su cargo, y por la cual se lo acusa de ocultar prueba. De modo tal, estimo que existen motivos para que se pierda la objetividad desde la perspectiva subjetiva. A ello debe sumarse la presencia de datos objetivos que pueden expresar que la reclamada objetividad no fue lograda, como bien señala mi colega precedentemente, en la decisión de desestimar la investigación por considerar atípica la conducta denunciada por los particulares damnificados, disposición ésta que no fue comunicada a la Fiscalía General departamental, cuando era una interpretación lógica que ello así correspondía (cf. Resolución General nro. 1390/01 PG), siendo que la Fiscalía General consideró prematuro ese temperamento al ser peticionada su revisión por los particulares damnificados. Sobre el punto, corresponde destacar que, para evitar situaciones que comprometan la objetividad del investigador público, la Procuración General dispuso, en varias oportunidades, que la pesquisa seguida contra un miembro del Ministerio Público debía ser actuada por un Agente Fiscal de una departamental distinta, circunstancia ésta que incluso se verificó oportunamente en este ámbito territorial. Ejemplos de tal temperamento son la intervención de la Fiscalía del departamento judicial de Zárate-Campana en el marco de la investigación donde fuera imputado el Dr. Novo, como así también el avocamiento de la Fiscalía General del departamento judicial de San Martín respecto de una causa seguida al Dr. Vaiani.
Sumado a ello, tal criterio se compadece también con la prudente Instrucción General nro. 225/06 dictada en este departamento judicial, mediante la cual se dispuso que las investigaciones llevadas a cabo contra agentes policiales actuantes en una zona regionalizada no podían ser instruidas por los integrantes de esa descentralización, justamente para evitar que la vinculación surgida en la actividad común territorial pudiera afectar la objetividad reclamada en tales investigaciones. Del mismo modo, las investigaciones llevadas a cabo respecto de funcionarios, sean judiciales o municipales, no pueden ser tramitadas por Unidades Funcionales de Investigación que actúan en el mismo ámbito de comisión del delito; sino que deben ser derivadas a una UFI diferente, cual es la de delitos complejos.
Estos temperamentos ponen en evidencia la preocupación del Ministerio Público Fiscal por preservar la objetividad en las investigaciones, promoviendo que los titulares la acción pública actuantes en una determinada pesquisa no se encuentren vinculados a las personas que son objeto de investigación. Y, atendiendo a las características del caso aquí ventilado, considero que estas circunstancias pueden darse entre los Sres. Fiscales Dres. López Vidal y Scapolán, pertenecientes al mismo departamento judicial, y con sedes contiguas. Por tales razones, entiendo que corresponde la asignación del presente caso a un Agente Fiscal distinto, sin vínculos funcionales o personales con el Dr. Scapolán, siendo en este contexto pertinente la sugerencia dirigida a la Sra. Fiscal General interina, Dra. Beatríz Molinelli, a los fines de que sea analizada la pertinencia de que intervenga un Fiscal de un Departamento Judicial distinto al que actualmente se desempeña el Sr. Agente Fiscal aquí denunciado.
Es mi voto (arts. 168, 171 de la Const. Prov. y 106 del CPP).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación deducido a fs. 28/32vta., por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 421, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
II. HACER LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 28/32vta., y en consecuencia, REVOCAR el decisorio apelado de fs. 23/25vta., mediante el cual el Juez a quo no hizo lugar a la recusación deducida con respecto al Sr. Agente Fiscal de intervención, Dr. Matías Jon López Vidal, CORRESPONDIENDO el apartamiento del mencionado representante del Ministerio Público Fiscal de la sustanciación de este proceso, todo ello por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 47 inc. 13, en función del 54, 56 y ccdtes. del CPP; 73 de la ley 14.442; 120 de la CN; y Resoluciones Generales nro. 1390/01 y 361/11 de la Procuración General de la SCJBA).
III. HACER SABER a la Sra. Fiscal General interina, Dra. Beatriz Molinelli, la conveniencia de designar a un Agente Fiscal distinto, sin vínculos funcionales o personales con el Dr. Scapolán, y a tal efecto que analice la viabilidad o no de remitir las presentes actuaciones a otro Departamento Judicial diferente al que se ha perpetrado el hecho endilgado, y donde presta sus funciones el Agente Fiscal sindicado de su comisión; todo ello por las razones y con los alcances expuestos en los Considerandos (art. 1 del CPP; Resolución General 492/98 del 2/7/98 de la de la Procuración General de la SCJBA).
IV. Regístrese, y comuníquese por Secretaría lo aquí resuelto al magistrado garante de intervención. Notifíquese a los particulares damnificados y a la Fiscalía General departamental, y una vez cumplido, remítase el presente legajo al órgano garante de origen. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Gustavo Adrián Herbel - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia