Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación deducido por el Sr. Agente Fiscal a fs. 61/66, mantenido a fs. 74 por el Sr. Fiscal General Departamental, contra el auto de fs. 54/60, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 39, 333, 421, 439 y 442 del CPP).
II. Hacer lugar al recurso impetrado, revocar el auto de fs. 54/60 por el cual la Sra. Juez titular del Juzgado en lo Correccional nro. 5 Departamental aceptó la competencia atribuida por el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín para entender en la presente causa –“Fabricius, Sergio Adrián s/ encubrimiento”-, CORRESPONDIENDO a la Jueza a quo plantear la pertinente cuestión de competencia de acuerdo a los argumentos vertidos en el considerando (art. 277 inc. 1 ap. C e inc. 3 ap. B del CP; art. 39 del CPP).
Causa N° SI-32141-2019.
Libro Interlocutorios XXXII Nro de registro: 32553 SI-32141-2019/III FABRICIUS, SERGIO ADRIAN S/ COMPETENCIA San Isidro, 17 de septiembre de 2019
Para resolver en el presente incidente el recurso de apelación deducido por el Sr. Agente Fiscal a fs. 61/66, mantenido a fs. 74 por el Sr. Fiscal General Departamental, contra el auto de fs. 54/60, por el cual la Sra. Juez titular del Juzgado en lo Correccional nro. 5 Departamental aceptó la competencia atribuida para entender en la presente causa –“Fabricius, Sergio Adrián s/ encubrimiento”-, cuya declinatoria en razón de la materia ha sido efectuada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín.
Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Dres. Carlos Fabián Blanco y Duilio A. Cámpora (conf. art. 440 del CPP).
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. Conforme surge de fs. 45/48 del presente incidente, el Sr. Juez de Cámara a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, Dr. Walter Antonio Venditti, se declaró incompetente en la presente causa en razón de la materia y remitió las actuaciones a conocimiento del Juzgado en lo Correccional Departamental que por turno corresponda (competencia ordinaria) para que prosiga con su trámite.
Desinsaculado el Juzgado en lo Correccional N° 5 departamental, a fs. 49/52vta., el acusador público solicitó a este órgano que no acepte la declinatoria de competencia postulada por el Tribunal Federal.
En primer lugar, el Sr. Fiscal señaló que, el día 21 de septiembre de 2015, se iniciaron las presentes actuaciones con el procedimiento llevado a cabo por personal policial que procedió a la incautación de un rodado, en la intersección de las calles Mariano Acosta y Belaustegui en la localidad de Pilar, que se hallaba en poder de Sergio Adrián Fabricius. Tal vehículo registraba pedido de secuestro activo (desde el día 30 de junio del 2015 por el delito de hurto, solicitado por la Comisaría nro. 35 de la Policía Federal, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de los barrios de Saavedra y Núñez). Indicó que la Fiscal interviniente de Pilar peticionó al Magistrado Garante departamental que decline la competencia en favor de la Justicia Nacional. A su vez, el órgano de Nación, consideró que no resultaba posible establecer que el causante hubiera tomado parte en el desapoderamiento del rodado, por lo que declinó la competencia en favor de la justicia Federal con jurisdicción en Zárate Campana, en relación al delito de encubrimiento por receptación agravado por el ánimo de lucro reprochado a Fabricius. Adunó que el Juzgado Federal de Campana continuó con el trámite de la causa, esta se elevó a juicio y resultó desinsaculado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín (quien prosiguió con las actuaciones, suspendió el juicio a prueba en favor del encausado y tras una prórroga, finalmente el Juez de Ejecución Federal decidió revocar tal instituto otorgado en su oportunidad a Fabricius. Posteriormente, devueltas las actuaciones por el órgano de ejecución, declinó su competencia a la justicia ordinaria provincial departamental).
En cuanto a la declinatoria de competencia por el órgano federal, el Fiscal dijo que “…a mi humilde entender, se estarían confundiendo ciertas cuestiones; en primer lugar, el motivo de atribución de competencia a la Justicia Ordinaria Nacional jamás lo fue equiparándola con la Justicia Nacional Federal; claro está que ambos fueros poseen competencias muy diferentes que se encuentran debidamente descriptas en la ley, por lo que nunca desde este lugar se puede pretender equiparar a la justicia ordinaria con la Federal; sino que, simplemente, por el contrario y teniendo en cuenta, tanto las reglas de conexidad como también la naturaleza del delito, considero que la justicia ordinaria de la nación, que había entendido en la sustracción, la que por otra parte, había tenido lugar menos de un mes antes de haber encontrado el rodado en poder del aquí imputado, debía ser quien, en todo caso, entendiera que si correspondía o no formular el respectivo reproche penal a Fabricius, que luego de ello establecido que no podía formularse imputación al causante en relación a dicha sustracción, la justicia ordinaria Nacional resolvió a mi modo de ver atinadamente, declinar la competencia en favor de la Justicia Federal de Campana, la que por otra parte fue aceptada.
Por otra parte, estimo que en la resolución mediante la cual se pretende atribuir competencia a V.S. se omitió analizar el bien jurídico tutelado por el legislador al decidir la punibilidad del delito de encubrimiento por receptación; cual es precisamente la administración de justicia nacional; que tal como se sostiene en el fallo citado resulta innegable la pertenencia al Poder Judicial de la Nación de los tribunales ordinarios de la ciudad. En tal inteligencia debo poner de manifiesto que es pacífica la jurisprudencia en sostener que las cuestiones de competencia en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha perpetrado, según pueda apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que, en iguales condiciones, le atribuyen los jueces (Fallos: 326:4992; 327:3645; 328:1262, 2564; 329:1324 y 2139) … considerando que se encuentra vigente lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el encubrimiento de un delito investigado por la Justicia Nacional debe ser juzgado por la Justicia Federal del lugar donde se produjo -por afectar a la administración de la Justicia Nacional-, siempre que surja con absoluta nitidez que el imputado de su comisión no tuvo participación alguna en el delito encubierto (Comp. 517, XXIII, "Machicao Bustillo, Jorge s/encubrimiento").
Sentado cuanto precede, resulta menester señalar que el Código de Procedimientos en materia Penal de la Nación, que aún se encuentra vigente, en su artículo 33 al establecer la competencia de actuación de la Justicia Federal, prescribe en su inciso c) que el Juez Federal conocerá en los delitos cometidos en el territorio de la Capital o en el de las provincias, en violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados, o violenten o estorben o falseen la correspondencia de los correos, o estorben o falseen las elecciones nacionales, o representen falsificación de documentos nacionales, o de moneda nacional o de billetes de bancos autorizados por el Congreso.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el bien jurídico tutelado del delito sub examine, como se dijera, resulta ser la administración de justicia, toda vez que el automóvil cuya receptación agravada por el ánimo de lucro se le reprocha a Fabricius, fue sustraído en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considero que resulta de aplicación lo normado por el Código de Procedimientos Penal de la Nación en su art. 33 y, que hasta tanto no se haga efectivo el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, considero sigue vigente tal norma procesal dictada por el Congreso de la Nación. Sentado ello, y, considerando especialmente la naturaleza del delito cuya competencia se pretende atribuir a V.S. no puedo soslayar que precisamente el legislador al incluir dentro de las acciones plausibles de sanción penal al que receptare a sabiendas de su origen ilícito un objeto proveniente de un delito quiso proteger la adecuada administración de justicia.
Precisamente el bien jurídico tutelado resulta ser el sentido de la punibilidad del encubrimiento y, en el caso que nos ocupa quien se vio afectada por la conducta ilícita reprochada a Fabricius fue precisamente la justicia ordinaria Nacional, cuyo traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como se dijera, aún no se encuentra efectivizado, por lo que solicito a V.S. no acepte la competencia para seguir entendiendo en los presentes y se devuelvan los obrados al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Martín con sede en Olivos…” (fs. 50/51vta.).
A fs. 54/60, la Sra. Jueza titular del Juzgado en lo Correccional nro. 5 Departamental, Dra. Andrea Pagliani, resolvió aceptar la competencia atribuida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín en los presentes actuados y desestimó lo planteado por la fiscalía.
Para así decidir, señaló -tras reseñar tanto lo expuesto por el magistrado del órgano federal en su declinatoria, como lo solicitado por el acusador público respecto de esta y sus fundamentos- que “…analizada la cuestión traída a estudio debo decir que no he de apartarme del temperamento adoptado al darle curso a la presente causa por ante el Juzgado a mi cargo, aceptando con ello la competencia atribuida por el Magistrado Titular del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Martín con sede en Olivos, ya que entiendo que se encuentra descartada la participación del imputado en la sustracción primigenia, y por ende nos encontramos frente a un delito autónomo e independiente de aquel, en orden al cual fue requerida la elevación a juicio, concretamente en relación al hecho que fuera calificado como constitutivo del delito de encubrimiento, hecho que habría sido cometido en el ámbito de competencia territorial de este Departamento Judicial y que, por cierto, no encuentro razón para que sea tratado en la justicia federal como fuero de excepción. A partir de ello, se encuentra cerrada la posibilidad de imputarle en estos obrados a Fabricius su participación criminal en el hecho precedente, como así tampoco resultaría factible en este proceso recurrir a las previsiones del art. 359 del C.P.P., por tratarse aquel, de un delito independiente. Además, necesito decir que se impone darle un cierre definitivo a los sucesivos cambios de fuero y ámbito territorial que esta causa ha sufrido, pues con ellos claramente se ha perdido de vista la celeridad que debe imprimirse al procedimiento penal…” (fs. 59vta./60).
Ante dicho decisorio, el Sr. Agente Fiscal interpuso recurso de apelación y solicitó se revoque el decisorio de la Jueza a quo (fs. 61/66).
En su escrito, reeditó lo expuesto por la fiscalía al momento del petitorio de rechazo de la declinatoria de competencia efectuada por el órgano federal y agregó que la resolución apelada le causaba gravamen irreparable a los intereses que representa porque carecía de fundamentos. Al respecto, dijo que la Jueza a quo había afirmado que el delito de encubrimiento resultaba ser de competencia de la justicia ordinaria sin fundar su posición y sin analizar los argumentos vertidos por su colega que solicitó el rechazo de la declinatoria de competencia en favor del Juzgado en lo Correccional Departamental. Además, alegó que tal decisorio afectaba la garantía del debido proceso y el principio de juez natural. Por último, señaló que avalaba su postura la circunstancia que en autos no solo la Justicia Federal llevó adelante la acusación, elevó la causa a juicio, sino que también resolvió concederle al encausado el instituto de suspensión del proceso a prueba y, una vez acreditado el incumplimiento, remitió las actuaciones al Juzgado Correccional.
II. El recurso de apelación deducido por el Sr. Agente Fiscal a fs. 61/66, mantenido a fs. 74 por el Sr. Fiscal General Departamental, ha sido presentado en término, posee el impugnante legitimación personal, el caso es uno de aquellos para los cuales se otorga esta vía recursiva y han sido observadas las formas requeridas para su interposición, por lo que propongo se declare admisible (arts. 39, 333, 421, 439 y 442 del CPP).
III. En este incidente se discute si la presente causa seguida a Sergio Adrián Fabricius en orden al delito de encubrimiento por receptación agravado por el ánimo de lucro es de competencia federal u ordinaria.
Sentado ello, adelanto que le asiste razón al acusador público en cuanto a que en estas actuaciones debe seguir interviniendo la justicia federal, por los motivos que seguidamente expondré.
En primer lugar, debo señalar –conforme surge las constancias del legajoque, una vez descartada la participación de Fabricius en el delito de hurto del automotor por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción, la presente causa por encubrimiento por receptación de cosa proveniente de un delito agravado por haber actuado con ánimo de lucro (art. 277 inc. 1 ap. C e inc. 3 ap. B del CP) seguida al nombrado se inició en el Juzgado Federal de Campana.
A fs. 19/20vta., con fecha 19 de octubre de 2016, se le recibió declaración indagatoria a Fabricius por el Juez Federal. Este magistrado, el 15 de mayo de 2017, decretó el procesamiento del aquí imputado por el referido delito de encubrimiento agravado (fs. 21/24). Prosiguió el trámite de la pesquisa en el fuero federal y el Sr. Fiscal Federal, según surge de fs. 25/30, requirió la elevación a juicio de la presente causa.
Con fecha 30 de junio de 2017, resultó desinsaculado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín para intervenir en la etapa de juicio (fs. 31). Y este órgano recibió el legajo y efectuó las diligencias correspondientes el día 10 de julio de 2017 (fs. 32/vta.) El acusador público, con fecha 4 de agosto de ese año, ofreció prueba (fs. 33/vta.). Por su parte, el día 10 de agosto de 2017, la defensa junto al encausado solicitaron la suspensión del juicio a prueba (fs. 34/35) y tras correrse la vista pertinente, el 25/08/2017, el Tribunal Oral Federal resolvió conceder aquel instituto en favor de Fabricius (fs. 38/39). Conforme surge de fs. 42, con fecha 14 de septiembre de 2018, el magistrado federal de ejecución decidió otorgarle al encausado una prórroga de la probation y, finalmente, este Juez -con fecha 31 de octubre de 2018-, ante el incumplimiento de las reglas de conducta por parte del nombrado, le revocó el instituto otorgado en su oportunidad (fs. 43/vta.) y remitió las actuaciones al Tribunal Federal en donde tramitó la causa principal para que prosiguiera con esta. Así, recién el día 11 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín decidió declinar la competencia de los presentes actuados por el delito de encubrimiento agravado seguido a Sergio Adrián Fabricius (fs. 45/48).
Al respecto, debo decir, por lo señalado precedentemente, que la causa seguida al aquí imputado por el delito de encubrimiento agravado tramitó en el fuero federal más de dos años y tanto el Juez de primera instancia, el magistrado de juicio y el de ejecución aceptaron la competencia atribuida por el Juzgado Nacional de Instrucción y efectuaron decisiones jurisdiccionales respecto del fondo de la causa, tal como se observó ut supra.
En efecto, entiendo, en virtud a los principios de estabilidad de la competencia y seguridad jurídica, que el planteo de competencia desde el Tribunal Federal, a esta altura del proceso, deviene extemporáneo.
Así, lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el precedente Juan Carlos Guerrero (Fallos 307:1608), en el cual estableció que “…Si bien el régimen de la preclusión es ajeno, como principio, al debate entre órganos jurisdiccionales sobre su respectiva competencia, las razones de seguridad jurídica y orden procesal que sustentan dicha institución valen también para proscribir los debates jurisdiccionales manifiestamente extemporáneos…”.
Además, de que la cuestión de competencia iniciada por el fuero federal resulta intempestiva, por lo señalado precedentemente, considero que, también, en el caso el delito endilgado al encausado afecta a la administración de justicia nacional que habilita el fuero de excepción.
Recuerdo, en el año 2007, cuando me encontraba a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 del departamento judicial de La Matanza, que estuve involucrado en una contienda de competencia con el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 35, la cual fue tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esa causa –en lo que aquí interesa- fue instruida con motivo del secuestro de un vehículo (en San Justo, provincia de Buenos Aires) que se hallaba en poder de una persona, el que había sido sustraído en la Capital Federal. El Juzgado Nacional de Instrucción se encontraba investigando el desapoderamiento del rodado.
Así, el Máximo Tribunal, es ese caso, entendió que los escasos elementos colectados en la pesquisa no alcanzaban para encuadrar la conducta en que el imputado habría incurrido (hurto, encubrimiento).
Sin perjuicio de ello, sostuvo que “…el encubrimiento de un delito cometido en la Capital de la República afecta a la administración de justicia nacional (Fallos: 308:2522 y 322:1216, entre otros), razón por la cual resultaría en principio competente para su conocimiento el juez federal con jurisdicción territorial donde aquél se hubiese llevado a cabo, siempre y cuando surja, con absoluta nitidez, que el imputado por el encubrimiento no ha tenido participación alguna en la sustracción (Fallos: 325:898 y 950; y Competencia nº 1213, L. XXXVII in re "Fernández, Jorge Saúl s/ encubrimiento", resuelta el 4 de septiembre de 2001)…” (CSJN, Competencia N°657. XLIII, Páez, Fernando Luis s/ encubrimiento, rta. el 23/10/2007).
Posteriormente, estuve implicado, también, como magistrado a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 del departamento judicial de La Matanza en otra contienda de competencia, esta vez, con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que fue juzgada por la Corte Nacional, en los autos “Competencia N°49. XLIV, Salazar, Sergio Daniel s/ robo de automotores con armas”, resuelta el 3 de junio de 2008.
En esta oportunidad, se trataba de un caso en el que se investigaba la conducta de Sergio Daniel Salazar, a quien se lo halló a bordo de un automóvil (que poseía pedido de secuestro) en una playa de estacionamiento ubicada en la provincia de Buenos Aires y en la que también se encontraban otros dos vehículos producto de hechos ilícitos. Uno de estos últimos rodados, había sido sustraído en circunstancias en que su tenedor se encontraba estacionado sobre la calle Patrón de la Capital Federal. Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 21, cuyo magistrado, luego del análisis de la causa descartó la participación de Salazar en la sustracción y dictó su sobreseimiento. A raíz del recurso interpuesto por la fiscalía, la cámara de apelaciones revocó el decisorio, aunque concluyó en que no era posible vincular al imputado con el delito contra la propiedad.
Así, los jueces de cámara declinaron la competencia en favor del Juzgado a mi cargo, la cual rechacé y le devolví las actuaciones al órgano declinante. Aquí sostuve que la justicia de instrucción no había determinado aún con absoluta nitidez que Salazar resulte ajeno al desapoderamiento y señalé que una vez establecida tal circunstancia correspondería a la justicia federal conocer acerca del posible delito de encubrimiento. Finalmente, la justicia nacional elevó la causa a la Corte. El Máximo Tribunal Nacional entendió respecto del fondo del asunto -tal como el suscripto lo había advertido en la oportunidad de expedirme sobre la cuestión de competencia planteada y fue confirmado por este- que resultaba aplicable su doctrina en la cual tiene dicho que es competente la justicia federal con jurisdicción territorial donde el encubrimiento se hubiere llevado a cabo, si el ilícito contra la propiedad se perpetró en la Capital de la República porque aquel afecta a la administración de justicia nacional, siempre y cuando surja, con absoluta nitidez, que el imputado por ese delito no ha tenido participación alguna en la sustracción.
Ello, en tanto -a esa altura y en el caso- se encontraba descartada la participación del imputado en el delito contra la propiedad, conforme lo expuso el Máximo Órgano Nacional. Por lo que decidió, finalmente, toda vez que no resultaba posible determinar el lugar de comisión del encubrimiento, que correspondía declarar la competencia de la justicia federal provincial, en cuyo lugar fue secuestrado el bien y se detuvo al imputado (Cfme. Competencia n°101 L. XXXVIII in re "Cueto Otero, Daniel Oscar s/encubrimiento", resuelta el 7 de mayo de 2002), aunque no haya sido parte en la contienda (Fallos: 300:898; 312:1216 y 1623). Tal criterio sentado por nuestro Alto Tribunal fue sostenido, también, en sus precedentes: “Competencia CSJ 4242/2014/CSl, Kaiser, Felix Daniel s/ encubrimiento (art. 278)”, rta. el 23/06/2015; “Competencia CSJ 4674/2015/CSl Mendoza, Eduardo Ariel s/ encubrimiento (art. 277)”, rta. el 14/06/2016 y “Competencia FLP 51531/2014/1/CS1, Papu, Jacobo Roberto y otro s/ encubrimiento art. 277 inc. 3 apartado B”, rta. el 9/08/2016, entre otros.
Sentado ello, en el presente caso, conforme surge de fs. 14/15vta., el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17 manifestó que, en el partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, la policía había procedido a incautar el rodado que conducía Sergio Adrián Fabricius que tenía pedido de secuestro. Este vehículo había sido denunciado como sustraído de donde estaba estacionado en la calle Conde nro. 3530 de la Capital Federal en una causa que tramitaba en esa sede judicial. Así, el Sr. Juez de instrucción afirmó que no existían elementos probatorios que permitieran sostener que Fabricius haya tenido algún tipo de participación en la sustracción del automotor.
La presente causa por encubrimiento por receptación de cosa proveniente de un delito agravado por haber actuado con ánimo de lucro (art. 277 inc. 1 ap. C e inc. 3 ap. B del CP) seguida a Fabricius tramitó en el fuero federal hasta la revocatoria de la probation que venía gozando el imputado de autos (fs. 19/48). Y es que, conforme la doctrina de nuestro Máximo Tribunal Nacional y contrariamente a lo decidido por la magistrada de la instancia, debo decir que se trata de una causa de competencia federal, puesto que el hurto del rodado se cometió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (capital de la República Argentina), por lo que el encubrimiento de tal delito afecta a la administración de justicia nacional que habilita el fuero de excepción y ya quedó descartado que Fabricius no ha tenido participación alguna en la sustracción del automotor. En efecto, para la tramitación del delito de encubrimiento seguido al encausado, resulta competente en razón de la materia la justicia federal con jurisdicción territorial donde este ilícito se hubiere llevado a cabo o en cuyo lugar fue secuestrado el bien. Conforme surge de las constancias del legajo el automotor fue incautado por personal policial en el partido de Pilar. En definitiva, en virtud de que la cuestión de competencia planteada por el Tribunal Federal resulta extemporánea y, asimismo, el delito que se le endilga al encausado, en el caso, afecta a la administración de justicia nacional que habilita el fuero de excepción, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto y revocar el auto apelado, correspondiendo a la Jueza a quo plantear la pertinente cuestión de competencia de acuerdo a los argumentos vertidos en el considerando.
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A. y 106 C.P.P.).
El Juez Duilio A. Cámpora dijo:
Adhiero al voto del colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos.
Es mi voto.
Por ello el Tribunal,
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación deducido por el Sr. Agente Fiscal a fs. 61/66, mantenido a fs. 74 por el Sr. Fiscal General Departamental, contra el auto de fs. 54/60, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 39, 333, 421, 439 y 442 del CPP).
II. HACER LUGAR al recurso impetrado, REVOCAR el auto de fs. 54/60 por el cual la Sra. Juez titular del Juzgado en lo Correccional nro. 5 Departamental aceptó la competencia atribuida por el Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín para entender en la presente causa –“Fabricius, Sergio Adrián s/ encubrimiento”-, CORRESPONDIENDO a la Jueza a quo plantear la pertinente cuestión de competencia de acuerdo a los argumentos vertidos en el considerando (art. 277 inc. 1 ap. C e inc. 3 ap. B del CP; art. 39 del CPP).
III. Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara, a la Defensa de intervención y comuníquese por Secretaría a la Presidencia de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías la integración dispuesta en las presentes actuaciones. Cumplido ello, devuélvase a la instancia. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Duilio Alberto Cámpora - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia