Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 38/43vta. por el Sr. Defensor Particular de Eric Rodolfo Gorosito, el Dr. Claudio José Bocchino, contra el auto de fs. 28/31, por los motivos expuestos en el Considerando (arts. 163, 164, 421, 433, 439, 442 y 443 del C.P.P.).
II. No hacer lugar a la vía impugnativa deducida y confirmar el auto de fs. 28/31 por el cual el Magistrado interinamente a cargo del Juzgado de Garantías Nº3 Departamental, resolvió no hacer lugar a la morigeración de la prisión preventiva de Eric Rodolfo Gorosito, por los motivos expuestos en el Considerando (arts. 144, 146, 148, 157, 163 “ a contrario” y ccdtes. del C.P.P.).
C. 29.084/III
“Gorosito Eric Rodolfo s/morigeración”
San Isidro, 9 de septiembre de 2014.-
Para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 31. Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: Jueces Gustavo A. Herbel y Carlos Fabián Blanco (conf. art. 440 del C.P.P y acuerdo extraordinario nº 1543).
Y
El Juez Gustavo A. Herbel dijo:
I. En primer lugar, debo decir que el recurso de apelación interpuesto a fs. 38/43vta. por el Sr. Defensor Particular de Eric Rodolfo Gorosito, el Dr. Claudio José Bocchino, debe ser declarado admisible. Ello, toda vez que ha sido presentado en término, por parte legitimada, debidamente fundamentado, se han respetado las formas prescriptas, y el caso es uno de aquellos para los cuales se otorga esta vía recursiva (arts. 164, 421, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P).
II. Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal con motivo de la apelación interpuesta contra la decisión de fs. 28/31 por la cual el Magistrado interinamente a cargo del Juzgado de Garantías Nº3 Departamental, resolvió no hacer lugar a la morigeración de la prisión preventiva de Eric Rodolfo Gorosito.
Para así decidir, el “a quo” tuvo en cuenta que, con fecha 1º de abril del año en curso, convirtió en prisión preventiva la detención del nombrado, decisión que se encuentra firme, por considerarlo probable autor penalmente responsable del delito de lesiones graves en el marco de violencia de género (arts. 90 y 92, en función del 80 inc. 11, del C.P.).
Sentado ello, advirtió que los peligros procesales oportunamente constatados no podían ser morigerados mediante la detención domiciliaria ya que la contención familiar ofrecida resultaba ser la misma que existía al momento de los hechos imputados, motivo por el cual solo la medida cautelar dispuesta podía asegurar la comparecencia al proceso y la eventual aplicación de la ley material.
III. A su turno, el recurrente se agravió por entender que estaban dadas las condiciones para morigerar la medida cautelar dispuesta.
Al respecto, destacó la ausencia de antecedentes penales de su asistido, la buena impresión que habían causado tanto él como su progenitora, tal como se encontraba relevado en el informe socio-ambiental oportunamente elaborado y la posibilidad de implementación del sistema de monitoreo electrónico.
Así, con cita en preceptos constitucionales y en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el letrado concluyó que, encontrándose dadas las condiciones para la atenuación de la coerción, la medida cautelar en los términos que estaba dispuesta, devenía desproporcionada al objeto de tutela.
IV. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del rito penal respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este órgano de Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del Tribunal “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, y más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del encausado.
Tal como lo expusiera en varios antecedentes de esta Sala, la privación de la libertad anterior a la sentencia sólo es constitucionalmente admisible, como razonable restricción al derecho de todo habitante a permanecer en libertad durante el proceso si, existiendo sospecha sustantiva a su respecto y habiendo sido oído, la libertad del imputado pone en peligro los fines del proceso, y dichos fines no pueden ser asegurados por medidas menos cruentas, debiendo ser la medida proporcional al objeto de tutela (arts. 14, 18, 31 y 75.22 de la CN; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH, 9 ap. 1º y 3º PIDCyP, 3º y 11 ap.1° DUDH, I, XXV y XXVI DADyDH, 10, 11, 21 Const. Provincial, 144, 146 y 148 del CPP).
Como consecuencia de tales principios, aún en los supuestos de encarcelamiento es factible atenuar sus efectos a través de las modalidades previstas en el art. 163 de nuestro rito penal, siempre que las mismas permitan garantizar los fines del proceso. Ellas no excluyen la previa existencia de los peligros procesales, antes bien, los presuponen pero pretenden cumplimentar el aseguramiento perseguido. De este modo, para determinar su procedencia no sólo corresponde realizar el análisis del riesgo procesal -que debe estar presente- sino confrontarlo con las modalidades posibles a fin de determinar si ellas permiten neutralizarlo, es decir, en palabras de la ley, cumplimentar el aseguramiento perseguido.
En el caso comparto la opinión del “a quo” en cuanto considera que los peligros procesales verificados no pueden ser neutralizados a través de la atenuación peticionada.
Ello se deriva de la magnitud de la pena en expectativa. En efecto, en el caso de autos, conforme se desprende del auto firme de prisión preventiva cuya copia consta a fs.18/27vta., el hecho que le viene endilgado a Eric Rodolfo Gorosito ha sido "prima facie" calificado como constitutivo del delito de lesiones graves en el marco de violencia de género (arts.90 y 92 en función del art. 80 inc. 11del C.P.), siendo que el mismo prevé una escala penal cuyo mínimo parte de tres años de prisión y su máximo supera ampliamente los ocho años de la misma especie de pena.
Ahora bien, de las constancias de autos surge que el acusador público describió los hechos imputados en los siguientes términos: “Que desde el 25 de febrero de 2014 en horas de la noche hasta el 26 del mismo mes y año aproximadamente a las 18.30 horas, el aquí imputado Eric Rodolfo Gorosito privó de su libertad a su novia Jesica Daniela Sánchez impidiéndole desplazarse o movilizarse obligándola a que permanezca en el interior del domicilio de la víctima sito en Ucrania 1471 de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro y durante todo el lapso de tiempo le propinó golpes con sus puños y su arma reglamentaria en el cuerpo de la mujer ocasionándole de este modo lesiones en su cuerpo de carácter grave y por las que aquella debió ser internada en el Hospital de Boulogne” (fs. 18/vta.).
En cuanto a cómo sucedieron los hechos imputados, la víctima relató que “Él venía a buscarme para ir al cine, mientras me bañaba él, Gorosito, entró a mi casa, entró al baño y me dijo que salga que me quería decir algo, salió y volvió a entrar al baño con un celular en la mano, me dice: “pensaste que no te iba a descubrir” (sic) no me dejaba leer, se refería a mensajes viejos, ya que en oportunidad de estar separados yo salí con otra persona, Iriarte Diego, compañero de trabajo. Como no me dejaba leer yo me acerqué para ver de qué se trataba, es así que me propinó un golpe de puño en la cara. Quise tomar mi celular, agarró mi celular y el Nextel, los tiró al piso a los dos, los rompió, los pisó, los levantó y los tiró al inodoro.
Después me decía que le contara toda la verdad de lo que había pasado, a pesar de que le hablaba me pegaba por todo el cuerpo con los puños, después tomó el barral de la cortina del baño y comenzó a pegarme con él. Yo empecé a gritar, tomó una toalla me la puso en la boca y me apretó contra la pared bajo la ducha. Se mantuvo interrogándome y pegándome, cuando yo gritaba me tapaba la boca asfixiándome. Eso fue casi toda la noche hasta que me tomó de los cabellos y me arrastró a la pieza, me tiró arriba de la cama, me seguía preguntando, cuando le contestaba me pegaba. En un momento se puso arriba mío me inmovilizó, tomó el arma de su cintura y me pegaba con ella. Yo me quise defender y lo empujé, me tomó la mano y comenzó a morderme la mano derecha.
A todo esto era la madrugada del miércoles, yo intenté escaparme por la cocina, pero me caí, tropezando con unos papeles en el suelo, el levantó el televisor, me siguió y me lo tiró al lado, como para intimidarme. Vino al lado y comenzó a pisar el TV para romperlo. Me tomó fuertemente del brazo y me tiró en la cama. Se fue al placard y tomó mi arma, me pegaba con mi arma, la limpió y quería que yo la tome, decía que iba a decir “que todo pasó porque yo quería matarme” (sic). También me pegó con el cañón de mi arma en la cabeza, me quise parar, sentí que me desvanecía y me caí en la cama, creo que me dormí. Cuando retomé el conocimiento estaba acostado al lado mío y me hablaba ya era la mañana (…) Yo le dije que iba a tomar agua, salí hasta la vereda, fue y me agarró de los pelos y me llevó a la pieza de vuelta.
Yo comencé a gritar en la calle y seguí gritando porque en la pieza me seguía pegando. Para que no grite tomó una sábana y me la metió en la boca para que no pueda gritar. Cuando pude sacarme la sábana de la boca comencé a vomitar sangre (…) Me pegó una patada en el pecho, yo me acosté, no podía respirar. El seguía rompiendo todo lo que encontraba…” (fs. 61/64vta. de la causa principal).
Las lesiones fueron constatadas por Guillermo Darsy, Medico de Policía de la División Cuerpo Médico San Isidro quien refirió que Sánchez ingresó a la guardia por politraumas, presentando “venopuntura con hematomas por trauma facial, traumatismo de cráneo sin perdida de conocimiento y de tórax con aparente trazo fracturario costal” (fs. 19). Casi un mes más tarde se informó desde el mismo cuerpo médico que “…se evidencian cicatrices de lesiones escoriativas y heridas cortantes en ambos antebrazos. Se da vista a informe de tomografía computada de parrilla costal de fecha 06/03/2014 en la cual se constatan fractura en cuarto y quinto arco postal anterior del lado izquierdo. De acuerdo a lo expuesto se concluye que las lesiones son de carácter GRAVE” (fs. 155).
Ahora bien, cabe advertir que Gorosito, hasta su detención, se desempeñaba como oficial de la policía metropolitana. Ello, aunado a la gravedad de los hechos imputados así como también que se prolongaron a lo largo de casi un día completo, permite presumir que, aún cuando la escala penal del delito atribuido permitiría la imposición de una condena de ejecución condicional, en caso de imponerse una hipotética pena, la misma se alejará sustancialmente del mínimo legal, por lo que será de cumplimiento efectivo (art. 26 C.P.), circunstancia esta que según la normativa aplicable al caso se traduce en riesgo procesal de fuga (art. 148 párrafo segundo inc. 2 del C.P.P.).
Y si bien entiendo que la pena en expectativa no puede ser un elemento único de análisis en punto al peligro procesal, no puede soslayarse que la expectativa de una muy elevada sanción como eventual corolario del presente proceso, es para la experiencia común un condicionante que promueve a la tentación de sustraerse del mismo (art. 148 2º párrafo inc. 2 CPP).
En el mismo norte, apréciese que el aquí imputado intentó encubrir los hechos de violencia que se le imputan. En efecto, de los dichos de Sánchez se desprende que ya de mañana, Gorosito le “hablaba y le pedía perdón, que inventáramos algo “que me robaron y me pegaron” (sic) Me quería convencer, se puso a llorar, como yo le dije que no, comenzó a romper todo lo que encontraba”. Transcurrido un tiempo, y luego de que ella le solicitara a su compañera de fuerza, Laura Escobar que fuese a su domicilio, el nombrado temiendo que viniera el jefe de ambos, Rojas, nuevamente intentó encubrir los hechos acaecidos y “comenzó a limpiar todo, lo ponía en bolsas y sacaba afuera” (fs.61/64vta.).
Sus dichos en cuanto a las intenciones de Gorosito de encubrir lo sucedido, resultan contestes con lo manifestado por Laura Escobar quien, a fs. 8/vta. manifestó que mientras hablaba con Sánchez, él tomó el teléfono y le refirió “yo le rompí el teléfono porque vi un mensaje que no tenía que ver… sic Pero ella esta bien… sic”. También Alejandro Suárez declaró haber escuchado a través del Nextel de Rojas –dado que la comunicación se encontraba abierta- como este le decía “hija de puta vos tendrías que haber dicho…. Y se escuchaban golpes y el llanto de ella” (fs.85)
Así, en base a los parámetros descriptos, considero que por el momento la modalidad propuesta (art. 163 del CPP) impide obtener el aseguramiento perseguido. A ese fin, resulta de fundamental importancia el resultado del informe socioambiental practicado en el domicilio propuesto por el incuso, pues, tal como lo sostuve en las causas 24.960/III, 25.518/III y 25.737/III entre otras: “el objeto del informe socioambiental es definir la capacidad de contención del ámbito en que el imputado habrá de cumplir con la medida morigeradora, pues ello resulta condicionante del temperamento a adoptar, dado que es en base a dicha contención que podrá verificarse un merma en los peligros procesales”.
Sobre la base de dicho informe, puede concluirse que se trata de un ámbito que, de momento, no puede brindar al imputado la contención que, a los efectos de la concesión de la medida que se solicita.
Para concluir lo expuesto, tengo especialmente presente que del informe socioambiental agregado a fs. 13/15 surge que, “En el discurso de los entrevistados no surge problematización ni análisis crítico de la situación del causante, posicionándose de manera altamente exculpatoria. Depositan responsabilidad de la misma a un errático manejo procesal deslindando al causante de cualquier conducta reprochable.” En virtud de ello, concluyo que el imputado no tendrá, de momento, en el ámbito propuesto para cumplir la medida, el grado de contención, control y acompañamiento necesarios para garantizar que cumpla los términos del instituto en trato y en consecuencia, se vea atenuado el peligro advertido.
Resulta de tal modo acertada y razonable la afirmación del Juez interviniente en cuanto considera los elementos reunidos no bastan para neutralizar el riesgo procesal verificado en el caso en función de los indicadores mencionados.
A lo expuesto se agrega que, en función del tiempo que el causante lleva en detención (poco más de seis meses), tal expectativa de pena no se ha visto disminuida en su intensidad, sin que el tiempo cursado en prisión preventiva pueda al presente reputarse como irrazonable.
Considero entonces que los peligros procesales que se observan en autos impiden hacer lugar a lo peticionado por la defensa a esta altura.
Es por ello que, considerando que una morigeración de la prisión preventiva pone en peligro los fines del proceso y que el actual encarcelamiento de Eric Rodolfo Gorosito no resulta un mal mayor que la eventual reacción del Estado en caso de recaer condena en el proceso, propicio rechazar el recurso de apelación deducido (arts. 146 y 148, 163 a contrario sensu ccdtes del C.P.P.).
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov. y 106 del C.P.P.).
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Vistas las presentes actuaciones, habré de adherir al voto de mi colega preopinante, en cuanto estima que los peligros procesales constatados en las presentes, no pueden ser neutralizados mediante una medida menos restrictiva que la privación cautelar de la libertad oportunamente dispuesta.
En este sentido, comparto con el Dr. Herbel que, el primer indicio revelador de peligro procesal se deriva de la pena que se espera como resultado del procedimiento (art. 148, segundo párrafo, inciso 2º, del C.P.P.), en tanto, las características del hecho así como las circunstancias personales del aquí imputado permiten presumir que, en caso de recaer sentencia condenatoria en los presentes actuados, la misma se alejará sustancialmente del mínimo legal previsto para la figura penal endilgada.
Asimismo, debe advertirse que, de las constancias agregadas al presente, no puede inferirse que el grupo receptor sea capaz de brindarle a Gorosito la contención requerida para tornar procedente una medida de la naturaleza de la solicitada en autos. Al respecto, aprecio que el informe de fs. 13/15 no constituye una pericia idónea a los fines de acreditar la posible contención del grupo familiar primario.
En cuanto a los dictámenes de esta naturaleza, se ha dicho, y lo comparto que “[e]l informe social en tanto pericia, es decir, un dictamen basado en fundamentos técnico científicos al que se arriba a partir de la aplicación de un conjunto de operaciones técnicas, implica, parafraseando a Elizalde (1997), una descripción de los hechos, que se acompañe de la significación social asignada por los actores a esos hechos vividos en su cotidianidad, y finalmente una interpretación de los aspectos antes señalados. (…) interpretar la realidad solo es posible hacerlo desde un marco teórico que le dé sustento” (Robles, Claudio, Cood., “Trabajo Social en el Campo Jurídico”, Ed. Elspacio, Buenos Aires, 2003, pág. 145).
Ahora bien, en la pericia socioambiental agregada en autos, a pesar de que la profesional interviniente manifiesta haber utilizado las técnicas de observación y entrevista, lo cierto es que tan sólo realizó entrevistas con la madre y el padrastro del causante en la sede de la Asesoría Pericial, sin haber siquiera conocido el interior del domicilio ofrecido ya que, en la única oportunidad en que intentó concurrir no había morador alguno.
La observación, descripción e interpretación del ámbito en cuestión exigen de hacerse en el lugar, para en su caso, solicitar las medidas de seguridad que la profesional estime correspondientes, no bastando a estos efectos sólo una entrevista en la sede pericial.
Entonces, esta circunstancia, a más de permitir cuestionar el rigor científico de la pericia -ya que se dice haber utilizado la observación como método sin que ello se ajuste a la realidad-, impide que pueda ser valorada adecuadamente en tanto “el dictamen considera hechos y circunstancias de personas, grupos, lugares, habiendo sido verificadas, interpretadas y valoradas sobre la base de conocimientos científicos y esquemas metodológicos.” (Robles, Claudio, Op. Cit, pág. 135) y, en el caso, para elaborar sus conclusiones, la Perito se fundó exclusivamente en los dichos de terceros, sin haber verificado que estos se ajustasen a la realidad.
En el marco de los procesos judiciales, la idoneidad de la labor pericial deviene imprescindible ya que “…el Trabajador Social es un analista de contextos que identifica las diferentes variables intervinientes que afectan o han afectado la vida de las personas que tienen o han tenido por ejemplo, conflictos con la ley penal. Analiza los contextos familiares y otras redes significativas como así también el medio ambiente social (educativo, laboral, etc.), los contextos familiares y sociales contenedores o no…” (Yacobazzo, Susana, “Aportes de la pericia social al proceso judicial”, publicado en “Importancia de las Pericias en los Procesos Judiciales”, Mar del Plata, 2 y 3 de Nov. 2007, pág. 277) y, aún sin ser vinculantes para la judicatura, los informes sociales constituyen un elemento fundamental para analizar, como sucede en autos, la posibilidad de neutralizar los peligros procesales constatados mediante una medida menos lesiva.
Es que “los informes sociales constituyen fuentes primarias de datos y como tales deben reunir tres condiciones: Calidad: deben contemplar fielmente las manifestaciones de los hechos observados y las representaciones de sus protagonistas. Riqueza: deben cubrir exhaustivamente todos los aspectos involucrados en el desarrollo de la tarea: actividades realizadas, significaciones asignadas por los actores sociales e interpretaciones efectuadas por el observador. Confiabilidad: respeto por el “doble nivel de registro”, discriminando el registro textual y descriptivo, de las evaluaciones personales que realiza e observador.” (Robles, Claudio, “La intervención Pericial en Trabajo Social”, ed. Espacio, Buenos Aires, 2004, págs. 173/174).
De este modo, en tanto no surge del dictamen con claridad qué evaluación de contexto se ha realizado, cuando se ha tomado solamente una entrevista en la sede pericial para arribar a las conclusiones aportadas, mal podría constituirse la mentada pericia en un elemento idóneo para analizar la procedencia del beneficio analizado en el presente.
Empero lo antedicho, y como señalé previamente, aprecio que de las constancias de autos se desprende que el grupo familiar receptor no resulta ser continente a los fines analizados en la presente.
Es que, de lo declarado por la víctima surge que el presente no se trata de un hecho aislado, sino que a los inicios de su relación sucedió otro episodio violento en el cual Gorosito le propinó golpes de puño en su cabeza, dejándole un moretón y afectándole la audición por un tiempo, hecho el cual no denunció porque, tras hablar con la progenitora del nombrado, esta le manifestó que él se ponía agresivo porque había tenido problemas con parejas anteriores, que se quedase tranquila que ella iba a hablar con él (fs. 61/64vta., 72/74 y 110). Asimismo, refirió que, a lo largo de la relación, continuó con agresiones verbales, especificando que “si yo le decía que no a algo, se enojaba, se ponía loco, se sacaba. Me decía cosas feas, que yo no lo merecía, que yo era una puta, que me gustaba la calle.” (fs. 110).
En este orden de ideas, no puede concluirse que el entorno de Gorosito sea capaz de brindarle el grado de contención requerido para la medida peticionada, cuando a lo largo de los últimos cuatro años su familia nada pudo hacer para contrarrestar sus comportamientos violentos hacia la víctima, máxime si se tiene en consideración que su progenitora había sido anoticiada de que él había agredido físicamente a su pareja y no hizo nada.
Cabe advertir que el artículo 163, segundo párrafo, del C.P.P. prescribe “…la morigeración podrá ser concedida excepcionalmente, previa vista al fiscal, cuando la objetiva valoración de las características del o de los hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras circunstancias que se consideren relevantes, permita presumir que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado…” Así, no sólo las características personales del imputado y de su grupo familiar tornan improcedente el beneficio solicitado, sino que las características del hecho endilgado, es decir, la violencia desplegada en el mismo, constituyen en sí mismas un elemento de reparo (art. 148, primer párrafo, del C.P.P.).
En efecto, tal como lo señala mi colega preopinante, a Gorosito se le imputa haberle causado lesiones caracterizadas como “graves” a su pareja, la Sra. Sánchez, debiendo destacarse que los distintos y reiterados actos de agresión física se fueron desplegando desde la noche del 25 de febrero del año en curso, hasta avanzadas horas de la tarde del día 26 del mismo mes y año.
Asimismo, no puede soslayarse la situación de riesgo que el aquí interesado representa para la víctima de autos (art. 14, último párrafo, del C.P.P.). Conforme se desprende del informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “se observaron en la entrevistada rasgos compatibles con el perfil de una mujer que ha atravesado violencia en la pareja, se identifican conductas de sometimiento así como también minimización y naturalización de los hechos relatados. Algunas de estas características se observan en las víctimas de violencia familiar, a través de un discurso en el cual intentan tomar distancia de los episodios dolorosos y de la violencia sufrida, realizándolo carente de afecto, para no volver a revivir el sufrimiento anterior. Se agregan además aislamiento y bajo registro de las situaciones atravesadas.(…) Lo descripto por la entrevistada coincide con lo que la bibliografía especializada entiende por violencia familiar o doméstica. Se visualizan formas de ABUSO de poder, CRÓNICA, PERMANENTE y PERIÓDICA, que se desarrollan en el contexto de las relaciones afectivas íntimas, ocasionando un daño, mediante el CONTROL y la ASIMETRÍA en las relaciones interpersonales. (…) Teniendo en cuenta el relato de la Sra. Sánchez se infiere que se trataría de una situación de violencia doméstica. A partir de la gravedad del último episodio, los antecedentes de maltrato físico, psicológico y económico enunciados, la descripción de la conducta del denunciado (celotipia, control, impulsos violentos incontrolables, consumo de sustancias psicoactivas, el acceso a armas de fuego, el uso de armas blancas y antecedentes de violencia en parejas anteriores) y el estado emocional de la denunciante donde predomina la victimización (sometimiento, naturalización y minimización de la violencia, entrampamiento en el ciclo, desvalorización de su persona, ausencia de una red social y familiar), hace que este equipo valore dicha situación como de ALTÍSIMO RIESGO. Se considera apropiado evitar el contracto entre el Sr. Gorosito y la Sra. Sánchez a fin de salvaguardar su integridad física y emocional.”
Dicho riesgo ha sido valorado de entidad suficiente como para que, a solicitud de la Fiscalía interviniente, el Departamento de Políticas de Género de la Policía Metropolitana le entregase a Sánchez un “botón antipánico” a fin de asegurar una rápida respuesta a un eventual pedido de auxilio (fs. 71/74).
En consecuencia, a la luz de los peligros procesales constatados en el presente, la falta del contención adecuada por parte de su entorno familiar, las características de los hechos imputados, y las condiciones personales de Gorosito y la víctima, entiendo no se encuentren dadas las condiciones excepcionales necesarias para presumir que el peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio puedan evitarse a través de la aplicación de una medida distinta.
Por ello, comparto lo dicho por mi colega preopinante en cuanto a que corresponde confirmar el auto en crisis que no hace lugar a la medida de morigeración. Es mi voto (arts. 168 y 171 del C.P.B.A. y art. 106 del C.P.P.).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto a fs. 38/43vta. por el Sr. Defensor Particular de Eric Rodolfo Gorosito, el Dr. Claudio José Bocchino, contra el auto de fs. 28/31, por los motivos expuestos en el Considerando (arts. 163, 164, 421, 433, 439, 442 y 443 del C.P.P.).
II. NO HACER LUGAR a la vía impugnativa deducida y CONFIRMAR el auto de fs. 28/31 por el cual el Magistrado interinamente a cargo del Juzgado de Garantías Nº3 Departamental, resolvió no hacer lugar a la morigeración de la prisión preventiva de Eric Rodolfo Gorosito, por los motivos expuestos en el Considerando (arts. 144, 146, 148, 157, 163 “ a contrario” y ccdtes. del C.P.P.).
III. Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara y a la Defensa de intervención, y devuélvase. Previo, remítanse de inmediato a la instancia los autos principales, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
FDO: CARLOS F. BLANCO Y GUSTAVO A. HERBEL
Ante mí: GABRIELA GAMULIN
Fin de la sentencia