Abriendo la norma
Cámara Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 30437
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 142/153 de este legajo, de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 21 inc. 1, 421, 433, 439, 442, y ccdtes. del CPP).
II. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 142/153; y en consecuencia, revocar el decisorio impugnado de fs. 130/136vta.;
CORRESPONDIENDO que el Juez a quo adopte, con la debida premura que el caso requiere, todas aquellas medidas necesarias para sea efectivizado el reintegro del inmueble materia de investigación al aquí imputado Alberto Nina, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, en los términos que detentaba antes de su lanzamiento, previo a librar un acta de constatación respecto del estado del predio, a ser confeccionado por peritos de las especialidades idóneas, quienes deberán además obtener fotografías del mismo dando cuenta de ello;
CORRESPONDIENDO además que el Juez a quo adopte todas aquellas medidas necesarias a los fines de urgir la investigación que se está llevando a cabo con motivo de la conducta que los denunciantes habrían desplegado (IPP nro. 14-02-15411-15/00), y que, con la premura que el caso requiere, se resuelva lo que por derecho corresponda; todo ello de conformidad por los motivos y los alcances expuestos en los Considerandos (arts. 147, 231 bis “a contrario”, 323 inc. 2 y ccdtes. del CPP).
Causa N° SI-30437-2016.
Libro Interlocutorios XXX Registro N° 30581 SI-30437-2016/III NINA, ALBERTO S/ APELACIÓN San Isidro, 16 de marzo de 2017.
Para resolver el recurso de apelación deducido por el defensor particular del imputado a fs. 142/153 contra el decisorio de fs. 130/136, que fuera concedido a fs. 155/156 de este legajo.
Practicado el correspondiente sorteo de ley resultó que debía observarse el siguiente orden en la votación: Jueces Dres. Carlos Fabián Blanco, Celia Margarita Vázquez, y para el caso de disidencia el Dr. Gustavo Adrián Herbel (cf. art. 440 del CPP, y acuerdo extraordinario nro. 1543).
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. En el supuesto de autos, se advierte que Ricardo Luis Bernard (apoderado de Jorge Luis Pompei) entabló -el 12 de marzo de 2015- la denuncia penal que motivara el inicio de este proceso, en virtud de la cual dio cuenta que personas no identificadas habrían incurrido en una conducta subsumible bajo la figura penal de usurpación respecto del inmueble de marras (ver fs. 1/vta. de la IPP nro. 14-02-3068-15 que corre por cuerda con el presente).
El 2 de junio de 2015, el magistrado oportunamente interviniente, Dr. Walter Saettone, hizo lugar al pedido de reintegro provisorio de la finca en cuestión, bajo caución juratoria, en favor de Bernard (ver fs. 132/134vta. de la IPP 14-02-15411-15, que corre por cuerda en el presente). Para así decidir, el a quo afirmó que los elementos de prueba colectados hasta ese entonces permitían tener por cumplidas las exigencias normativamente establecidas por el art. 231 bis del CPP, siendo que además “no existe verosimilitud en el derecho por parte del Sr. Nina”, quien alegó que ocupaba pacíficamente el lugar.
Dicha medida se efectivizó el día 8 de ese mismo mes y año, oportunidad en la que el imputado Nina fue privado así de la posesión que aquel ejercía en favor de Bernard, quien a su vez prestó caución juratoria como contracautela “a fin de eventualmente responder (…) por todas las costas y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria dispuesta, comprometiéndose en tal sentido a detentar la posesión del bien, no venderlo ni enajenarlo, no dar lugar a embargo del mismo, y no ceder derechos a favor de terceras personas” (ver fs. 136 y 137/138vta. de la IPP 14-02-15411-15, que corre por cuerda en el presente). El 6 de julio de 2015, el imputado y su asistente técnico requirieron “el cese de la medida cautelar” y el reintegro del inmueble, afirmando para ello que aquel resultaba ser el pacífico poseedor de la finca desde el año 1987 (ver fs. 1/6 del incidente nro. 29.682/III que corre por cuerda).
Dicho planteo fue rechazado por el a quo, tras considerar que las constancias arrimadas no lograban modificar el temperamento oportunamente decidido (fs. 78/79 de ese legajo, el 07/07/2015). Contra ello, la defensa dedujo un recurso de apelación (fs. 80/94 de ese incidente, el 13/07/2015), el que fuera declarado inadmisible por el Tribunal que integro, por no encontrarse reunidas las condiciones exigidas normativamente para hacerlo (ver fs. 102/105 de ese legajo, resolución del 1 de septiembre de 2015, con voto preopinante del suscripto al que adhiriera en todos sus términos la Dra. Vázquez). El 3 de septiembre de 2015, el defensor particular de Nina solicitó una vez más la restitución del inmueble en trato en su favor (ver fs. 29/37 del incidente nro. 29.870/III que corre por cuerda), y ello también fue rechazado por el Dr.
Saettone, tras entender que tampoco se verificaban los requisitos normativos para así proceder (fs. 19/27vta. de ese legajo, del 30/10/2015). Sin embargo, en dicha oportunidad el a quo afirmó que, luego del dictado del anterior resolutorio, se presentaron “ciertas circunstancias que me permiten sostener que el cuadro inicial que se planteara no resultó ser tal como lo indicara el denunciante”, y que “el Sr. Nina habría sido vulnerado de la posesión del inmueble, a raíz de la estafa procesal y engaño que aparentemente habrían incurrido el Sr. Pompei y el Sr. Bernard”. En función de ello, dispuso la extracción de fotocopias de lo actuado y su remisión al Ministerio Público Fiscal, a los fines de que se investigara la posible comisión de un delito de acción pública por parte de los dos nombrados, lo que motivó que, el 11 de noviembre de 2015, se iniciara la IPP nro. 14-02-15411-15 que también corre por cuerda (la cual se encuentra actualmente en etapa investigativa, sin que aún haya sido convocada persona alguna a prestar declaración a tenor del art. 308 del CPP).
A su turno, el defensor particular de Nina introdujo un recurso de apelación contra lo decidido (fs. 1/17 de ese incidente, del 9/11/2015), el que también fuera declarado inadmisible por esta Sala III del Tribunal, por no haber sido acreditada la existencia de un gravamen irreparable en perjuicio del recurrente (fs. 73/77 de ese incidente, resolución del 28 de abril de 2016, con voto preopinante del suscripto al que también adhiriera en todos sus términos la Dra. Vázquez). Sin embargo, en ese mismo decisorio se dispuso además que, en función de lo afirmado por el magistrado garante y los antecedentes del caso, fueran adoptadas todas aquellas medidas necesarias a los fines de: 1) preservar el estado de conservación del inmueble de marras; 2) analizar si correspondía o no modificar la caución impuesta al momento de disponer el reintegro provisional de la finca en trato al denunciante de autos; 3) urgir la investigación llevada a cabo con motivo de la conducta que los denunciantes habrían desplegado en el proceso; y 4) que un juez hábil, distinto al Dr. Walter Saettone, analizara la vigencia o no del reintegro del inmueble efectivizado en autos al denunciante (art. 231 bis del CPP). Una vez devuelta la causa a la instancia de origen, y girada que fuera a conocimiento del magistrado garante Dr. Nicolás R. Ceballos, aquel rechazó el pedido de restitución del inmueble solicitado en favor de Nina, manteniendo así la entrega provisoria oportunamente efectivizada al denunciante Bernard (ver fs. 61/67 del presente legajo nro. 30.437/III, el 26/08/2016). Sin embargo, ordenó la prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de actividad que pudiera modificar el predio. Además, decretó la anotación de la traba de Litis ante la autoridad de aplicación, y dispuso la sustitución de la caución juratoria oportunamente decidida por una caución real de $600.000 a depositarse en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El 30 de agosto de 2016 (fs. 72/73vta. de este incidente), el imputado puso en conocimiento del Juez a quo que había entablado una denuncia penal, dando cuenta que el denunciante Pompei y otras personas más “retiran tosca del lugar”. Además, reiteró el pedido de reintegro del inmueble, y reclamó la adopción de todas aquellas medidas necesarias para preservar su estado de conservación. Al día siguiente (el 31/08/2016), el denunciante Bernard se notificó personalmente del anterior decisorio reseñado (fs. 74vta. del presente), siendo que Pompei hizo lo propio el 2 de septiembre del mismo año (fs. 76vta. de este incidente).
En su presentación del 12 de septiembre de 2016, el defensor particular de Nina insistió en cuanto a que, en el inmueble en cuestión, se seguían desarrollando actividades que importaban su modificación, y aportó elementos de prueba que -a su entender- así lo sustentaba (fs. 77/81 del presente legajo). Además, requirió la adopción de aquellos medios necesarios para asegurar el cumplimiento de las medidas oportunamente ordenadas, “constituyendo la conducta de los denunciantes Pompei y Bernard el delito de desobediencia tipificado en el art. 239 del Código Penal”.
Por su parte, el a quo decidió remitir los obrados a conocimiento del acusador público de intervención, y ordenó intimar a los denunciantes a cumplir con el depósito dispuesto dentro del quinto día de notificados (fs. 84/vta. del presente legajo). A su turno, el Sr. Agente Fiscal dispuso que personal policial se constituyera en el lugar, para verificar los extremos aludidos por el imputado (fs. 86 del presente legajo), diligencias éstas que quedaron consignadas en las piezas obrantes a fs. 90/95 (del 21/09/2016). En función del resultado que aquellas arrojaran, el acusador público consideró que, si bien “no se estarían realizando obras en el predio”, resultaba “prudente realizar en lo sucesivo nuevas constataciones” (fs. 96 del presente legajo), las cuales fueran luego llevadas a cabo a fs. 99/100 (el 23/09/2016).
El 21 de septiembre de 2016, el defensor particular de Nina insistió en los términos de lo reclamado en su anterior presentación, reafirmando que aún se estaban desarrollando actividades de aquella índole, destacando además que no había sido oblada la caución pecuniaria oportunamente impuesta (fs. 102/110 del presente legajo).
El magistrado garante dispuso correr vista a las partes (fs. 113/vta.), y una vez materializado ello (fs. 116, y 118/119), resolvió no hacer lugar a “la devolución del inmueble que viene siendo peticionada nuevamente” (fs. 130/136 del presente legajo, el 24/10/2016). Además, decidió dejar sin efecto “la prohibición de toda actividad que importe la modificación sobre el inmueble en cuestión” y “la anotación en el Registro de la Propiedad Inmueble de la traba de Litis”. Asimismo, declaró “abstracta la sustitución de la caución impuesta (…) manteniéndose vigente aquella juratoria que fuera oportunamente impuesta”.
Para así decidir, afirmó que los elementos de prueba aportados por el imputado y las diligencias llevadas a cabo por orden del Sr. Agente Fiscal no resultaban suficientes para tener por prima facie acreditadas las actividades que, de acuerdo a lo expuesto, se estarían desarrollando en el lugar.
Por otra parte, consideró que había sido “incorporada información novedosa que hace variar ostensiblemente el cuadro probatorio existente”. En ese sentido, destacó que fueron agregadas fotocopias certificadas de un proceso civil, en el marco del cual el denunciante Pompei obtuvo una decisión jurisdiccional habilitándolo a escriturar el inmueble a su favor, y que en función de ello aquel fue “adquirido por un tercero prima facie ajeno al presente litigio”. Incluso, señaló que la autoridad de aplicación informó que, mediante la escritura nro. 666 de fecha 22 de junio de 2015, la firma Grupo Monarca S.A. resultaba ser su actual titular dominial, razón por la cual consideró que el acusador público interviniente en el marco de la IPP 14-02-15411-15 (iniciada a instancias del Dr. Saettone respecto de los aquí denunciantes), “deberá ampliar el objeto procesal en relación al presunto acto de disposición”. En función de todo ello, concluyó que, en tanto la prohibición de desarrollar actividades en el lugar “fue dirigida a quien le fuera otorgada la entrega provisional del inmueble, Sr. Jorge Luis Pompei, motivo por el cual, toda vez que ése ya no resulta ser el titular del bien y tampoco detentaría la posesión, dicha prohibición no puede ser cumplida por el destinatario, con lo cual deviene a todas luces abstracta”.
Con relación a la reclamada traba de la Litis, también postuló su rechazo, dado que Pompei ya no resultaba ser titular dominial de la finca, siendo por ello que “de materializarse la medida podría generar un perjuicio a una persona que sería ajena al conflicto”. En cuanto al depósito de la caución impuesta, afirmó que “habiendo tomado conocimiento ahora de la enajenación del bien, mantener la obligación de que se cumpla con la caución carecería de todo sentido”, señalando además que el imputado contaba con todas aquellas herramientas procesales necesarias para hacer valer el derecho que pudiera llegar a corresponderle. El mismo día que fuera dictado ese resolutorio, -que ahora viene apelado- (el 24 de octubre de 2016), el Dr. Ceballos también decretó el sobreseimiento del imputado Nina respecto de ese mismo evento (art. 181 del CP), en los términos del artículo 323 inciso 2 del CPP, tras arribar a la conclusión de que se verificaba la inexistencia del hecho investigado (ver fs. 455/463vta. de la IPP nro. 14-02- 3068-15 que corre por cuerda con la presente); temperamento éste que a la fecha se encuentra firme, conforme así lo afirmara el a quo a fs. 155/156 de esa causa. En ese sentido, el magistrado señaló que fueron incorporadas copias certificadas del expediente civil vinculado al conflicto de autos, donde obraba una presentación suscripta por el aquí denunciante Pompei, requiriendo el libramiento de un mandamiento de constatación respecto de ese mismo predio, y que allí dio cuenta que aquel “se encuentra intrusado por una familia de origen boliviana”. De modo tal, siendo que -a criterio del a quo- “el propio denunciante habría admitido ya en fecha 18/09/2014 que la propiedad se encontraba ocupada por una familia que vivía en el terreno lindero, aunado al examen de las declaraciones testimoniales de personas que fueran traídas a la instrucción (…) quienes se han expresado bajo juramento de ley sobre la ocupación del inmueble por parte de Nina”, correspondía el dictado de su sobreseimiento.
Una vez notificado del decisorio de fs. 130/136 del presente legajo (en virtud del cual el magistrado garante rechazara el pedido de restitución del inmueble en favor de Nina y las aludidas medidas cautelares, ver fs. 140/141 de este legajo), el defensor particular de Nina dedujo el recurso de apelación que ahora motiva la intervención de Tribunal, mediante el cual instó su revocación, como así también la restitución del inmueble en cuestión a su asistido y el mantenimiento de la caución real oportunamente impuesta a los denunciantes (fs. 142/153 del presente legajo).
Inició su planteo afirmando que se verificaba la existencia de un gravamen irreparable en perjuicio del justiciable que lograba ajustarse a las previsiones normativamente impuestas para ingresar al análisis de su pretensión. Tras efectuar numerosas consideraciones respecto a los pormenores del caso planteado, destacó que Nina fue sobreseído en forma definitiva en orden al delito de usurpación que le fuera atribuido, en virtud del cual se dispusiera oportunamente la entrega de la posesión del inmueble en trato al denunciante. Afirmó que su asistido “no tendría una nueva chance procesal para requerir el reintegro de la posesión de la tierra que le fuera despojada”, dado que “la pérdida (de la posesión) fue producto de una decisión judicial”.
En razón de ello, expuso que aquel no se encontraría en condiciones de entablar un reclamo civil por reivindicación, por cuanto no era su actual titular dominial; como así tampoco un interdicto de recobrar, dado que el despojo no fue llevado a cabo en su perjuicio mediante violencia o clandestinidad. En función ello, y con apoyo en citas de doctrina y jurisprudencia, consideró que se verificaba la existencia del mentado gravamen irreparable que justificaba analizar los restantes agravios. Por otra parte, puso de resalto que Nina fue privado de la posesión del predio como consecuencia del dictado de una medida cautelar sujeta “al resultado de la causa”. Y, que en tanto no pudo acreditarse que aquel haya incurrido en el hecho oportunamente endilgado, razón por la cual fue sobreseído, advertía que los motivos que justificaron la adopción de ese temperamento desaparecieron.
A su vez, señaló que el rechazo de la pretensión tenía como fundamento que “la titularidad dominial y la actual posesión del inmueble se encuentra en cabeza de un tercero”, temperamento éste que, a su entender, constituía “un erróneo razonamiento del caso”. En ese sentido, expuso que “cuando se suscita una controversia entre dos personas sobre quien tiene derecho a la posesión, hasta que esa situación se resuelva por la vía de reivindicación, la cosa debe continuar en poder de quien tenía la posesión. Ya se acreditó que la ostentaba mi cliente Alberto Nina. Quien se crea con más derecho que Nina de obtener la posesión deberá ir al fuero civil e iniciar la acción correspondiente.”. A ello agregó que “para ser privado con carácter definitivo de la posesión, se requiere un juicio en el que haya sido parte” y que, en tanto no haya recaído pronunciamiento firme al respecto, “el poseedor no puede ser privado de la posesión”.
En función de todo ello, postuló la revocación del decisorio apelado, la restitución del inmueble en trato y el mantenimiento de la caución oportunamente decidida.
II. En primer lugar, debo señalar que, si bien el recurso de apelación deducido a fs. 142/153 de este legajo fue presentado en término, por quien tiene derecho a hacerlo, y han sido cumplidas las formas prescriptas por nuestro rito, corresponde analizar si aquel resulta admisible.
Conforme lo he sostenido en numerosos antecedentes de esta Sala III del Tribunal que integro, respecto de decisiones como la aquí cuestionada (restitución de un inmueble), cuya recurribilidad no ha sido prevista expresamente en nuestro Código de forma, el apelante debe acreditar la existencia de un gravamen de imposible reparación ulterior que la decisión en crisis le haya generado, tal como así lo exigen los artículos 439 y 442 del CPP (cf. criterio sentado en las causas nros. 27.246/III del 11 de agosto de 2011, 28.325/III del 23 de mayo de 2013, 28.346/III del 11 de julio de 2013, 29.550/III del 4 de junio de 2015, y 29682/III del 1 de septiembre de 2015, todas ellas del registro de este Tribunal, entre otras).
Sobre el punto, debo señalar que una decisión causa gravamen a una parte del proceso en tanto la perjudique en forma concreta, y su irreparabilidad venga dada en tanto ello no pueda ser subsanado con posterioridad durante el curso del proceso; esto es, en palabras de Lino Palacio, que “...no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución...” (aut. cit., “Los recursos en el proceso penal”, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998, p. 58).
Conviene, entonces, tener presente que “...[e]l requisito del perjuicio irreparable que impone la ley para la viabilidad formal del recurso de apelación, es una exigencia que se vincula al interés de la parte, al daño que la resolución le causare o fuere susceptible de causarle. No basta un perjuicio teórico, una disconformidad formal contra la tesis sustentada en el pronunciamiento, para que sea permitida su impugnación, como un medio de perseguir la satisfacción de una mera curiosidad jurídica o en el beneficio de la ley...” (Washington Ábalos, Raúl, “Derecho procesal penal”, Tomo III, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 430). El concepto de “gravamen irreparable” es explicado en los siguientes términos: “…se produce cuando no es susceptible de obviarse durante el trámite del proceso ni en la sentencia definitiva, de suerte que puede frustrarse el ejercicio de derechos procesales (…) El gravamen irreparable se proyecta al perjuicio definitivo que la resolución judicial causa a la parte en torno a su situación frente al proceso y que se encuentra protegida por el orden jurídico en general…” (D´Albora, Francisco; Código Procesal Penal de la Nación. Anotado, comentado, concordado. Tomo II; Lexis Nexis Abeledo Perrot; Buenos Aires; 2003; p. 991-
992. En igual sentido, Irisarri, Carlos; Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Comentado, anotado y concordado. Tomo 2; Astrea; Buenos Aires; 2005; p. 320).
Sentado ello, teniendo en cuenta los antecedentes del caso, observo que se verifica la existencia de un gravamen irreparable de imposible subsanación posterior, de modo de tener por habilitado el ingreso de este Tribunal de Alzada al análisis de los agravios deducidos.
En esa inteligencia, advierto que, conforme fuera reseñado, el denunciante Bernard (apoderado de Pompei) entabló la denuncia penal que motivara el inicio de este proceso, dando cuenta de la presunta comisión de un hecho subsumible bajo la figura penal de usurpación (art. 181 del CP). En razón de ello, y en virtud de los elementos de prueba aportados al inicio, el magistrado garante ordenó, como medida cautelar, la entrega provisoria de la posesión del inmueble de marras a Bernard, bajo caución juratoria con más las reseñadas obligaciones (art. 231 bis del CPP), y ello se materializó hace aproximadamente más de un año y siete meses (el 8 de junio de 2015).
Con el devenir de la investigación, se pudo establecer que, el 23 de mayo de 2014, Pompei obtuvo el dictado de un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional con competencia civil que le permitía escriturar el inmueble a su favor; y que pese a las obligaciones impuestas, a tan sólo 14 días después de efectivizada la entrega provisoria del inmueble (el 22 de junio de 2015), éste fue adquirido por una empresa mediante escritura pública traslativa de dominio inscripta ante la autoridad de aplicación (ver fs. 46/55 del legajo de fotocopias que corre por cuerda, y fs. 154/156 de la IPP nro. 14-02-15411-15 que también corre por cuerda).
A su vez, el mismo día que en que fuera dictado el decisorio que ahora viene apelado, el justiciable fue sobreseído en orden al hecho endilgado que fuera prima facie calificado como usurpación (art. 181 del CPP), tras verificarse las condiciones establecidas por el artículo 323 inciso 2 del CPP, pronunciamiento éste que a la fecha se encuentra firme.
Lo reseñado, a mi entender, abona lo expuesto por el apelante, en cuanto a la necesidad de la apertura de la vía impugnativa, por cuanto no existiría otra oportunidad útil en el proceso para eventualmente llegar a subsanar el gravamen invocado.
Téngase presente que, conforme viene alegado, y así fue valorado por dos los magistrados garantes de intervención en el proceso, el justiciable se ha visto privado de la pacífica posesión que gozaba respecto del inmueble en trato desde el 8 de junio de 2015. Y, ello ha sido producto del dictado de una medida cautelar ordenada con sustento en circunstancias y elementos de prueba que, luego, se pudo establecer que no se ajustaban a la realidad de lo presuntamente acaecido. Tan es así que Nina fue sobreseído, por pronunciamiento firme, en orden al referido evento atribuido (art. 181 del CP), poniendo fin en forma definitiva a la prosecución de la investigación entablada.
En ese sentido, es dable señalar que, tal como se ha dicho y así lo comparto, “…el sobreseimiento es el mecanismo que por antonomasia prevé nuestra legislación para clausurar el proceso con relación al imputado…” (cf. Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense, causa nro. 61.022, del 7/11/2013, del voto del Dr. Carral).
A partir de todo ello, teniendo en cuenta las particulares circunstancias del caso planteado, estimo que se encuentra verificada la existencia de un gravamen de imposible reparación ulterior en el proceso en perjuicio del justiciable, razón por la cual propicio al acuerdo declarar admisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 142/153 de este legajo (arts. 421, 422, 439, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
III. Sentado ello, debo decir que, analizado el supuesto de autos, propiciaré hacer lugar al remedio procesal incoado, y revocar el decisorio en crisis, por las razones que a continuación expondré.
Tal como así lo sostuve en el marco de las causas nros. 29.439/III y 301023/III, el reintegro de un inmueble prescripto por el artículo 231 bis de nuestro rito penal resulta ser una decisión provisional que, como toda medida cautelar, es susceptible de ser revisada en cualquier estado del proceso, siendo posible reeditar nuevamente el planteo en caso de incorporarse nuevas probanzas. En ese sentido, la Sala IV del Tribunal de Casacion Penal bonaerense tiene dicho, y así lo comparto, que “La restitución del inmueble prevista en el artículo 231 bis del Código Procesal Penal es una medida de carácter cautelar y como tal provisoria a resultas del proceso, para cuya concesión el juez, necesariamente, debe dar por acreditada la verosimilitud del derecho invocado” (cf. causa nro. 61802, del 12/06/2014). Y, tal como lo afirma la Sala I del mismo órgano casatorio, se exige que “el derecho reclamado por el actor resulte viable, la existencia probable de un delito y de un sujeto responsable” (cf. causa nro. 74358, del 06/04/2016).
Siguiendo tales lineamientos, en el caso se advierte que las razones en virtud de las cuales fuera el dictado del temperamento cautelar que, como tal era meramente provisorio por encontrarse sujeto al resultado que arrojara la investigación, han quedado a esta altura manifiestamente desvirtuadas. Es que, conforme ya fuera mencionado, con el devenir del proceso se arribó a la conclusión de que Nina no había incurrido en la conducta atribuida al inicio, y que fuera fundamento suficiente para ordenar la entrega dispuesta. Incluso, el a quo tuvo por debidamente acreditado que aquel se encontraba previamente en la pacífica posesión del inmueble.
De modo tal, encontrándose actualmente clausurada la investigación en orden al hecho oportunamente atribuido a Nina, desvirtuando así la invocada verosimilitud del derecho que sustentara el referido temperamento cautelar, y más allá de la actual titularidad del inmueble, cuestión ésta que eventualmente podrá ser materia de análisis ante el fuero civil y comercial competente para hacerlo, estimo que corresponde hacer lugar al requerimiento defensista.
Por todo ello, propicio al acuerdo hacer lugar al remedio procesal introducido y revocar el decisorio apelado, correspondiendo que el Juez a quo adopte, con la debida premura que el caso requiere, todas aquellas medidas necesarias para sea efectivizada la restitución del inmueble materia de investigación al Sr. Alberto Nina, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, en los términos que detentaba antes de su lanzamiento, previo a librar un acta de constatación respecto del estado del predio, a ser confeccionado por peritos de las especialidades idóneas, quienes deberán además obtener fotografías del mismo dando cuenta de ello (arts. 147, 231 bis “a contrario”, 323 inc. 2 y ccdtes. del CPP).
IV. Marginalmente, no puedo pasar por alto que, conforme ya fuera advertido por este Tribunal en el marco de la causa nro. 29.870/III, el 11 de noviembre de 2015 fue iniciada la IPP nro. 14-02-15411-15, radicada ante la UFI nro. 1 de Pilar, que corre por cuerda con la presente. Ello, por cuanto el Dr. Saettone consideró que los denunciantes Pompei y Bernard "...habrían cometido el delito de usurpación, previsto y reprimido en el art. 181 del Código Penal, pues mediante la estafa procesal que habrían pergeñado en la presente, lograron mediante el medio comisivo del engaño por la vía no correspondiente, obtener la posesión del predio que detentaba Nina...".
Desde ese entonces (11/11/2015), fueron llevadas a cabo a las siguientes actuaciones. El 4 de enero de 2016, la acusadora pública interviniente dispuso remitir la causa a su Superior, a los fines de que fuera acumulada a la IPP nro. 3068/15, por entender que se verificaba conexidad entre ambas (fs. 48vta.). Ello rechazado el 20 de mayo de 2016 por otro Agente Fiscal (fs. 53), y el 9 de junio de 2016 la acusadora pública de primigenia intervención planteo la cuestión ante su Superior (fs. 57), quien resolviera -el 21 de junio de 2016- en el mismo sentido que el postulado por aquella (fs. 58/vta.). El 30 de junio de 2016, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el libramiento de oficios a las autoridades de aplicación, a los fines de que informen respecto de la titularidad dominial del predio y la eventual existencia de permisos para realizar obras (fs. 59), conforme así fuera requerido por el particular damnificado a fs. 55/56. También instó la notificación de los dos sujetos sindicados a tenor del art. 60 y 162 del CPP, las que se llevaron a cabo el 4 de agosto de 2016 (fs. 73/vta. y 74/vta.). El 25 de agosto de 2016, el Agente Fiscal dispuso la incorporación de fotocopias certificadas de un proceso civil vinculado al conflicto de autos y de la IPP nro. 14-02-3068-15, como así también la realización de informes telefónicos a las referidas autoridades administrativas (fs. 84), dando cuenta de ello las piezas de fs. 85, 90, 92/vta., y 100/102. El 23 de septiembre de 2016, el acusador público dispuso convocar al representante legal de la firma que resultó ser titular del predio en cuestión, y la incorporación de fotocopias certificadas de las pesquisas vinculadas a la presente (fs. 103), conforme fueran agregadas a fs. 104/153 y 158/211. El 24 de octubre de 2016, se dejó constancia que no compareció el representante legal citado (fs. 157), y en razón de ello, se fijó nueva audiencia a esos mismos fines (fs. 212). Esa fue la última diligencia probatoria adoptada en la pesquisa.
En este contexto, teniendo en cuenta los pormenores de lo suscitado en el supuesto de autos, y conforme así ya fuera dispuesto en la anterior resolución de este Tribunal (cf. causa nro. 29.870/III), estimo que corresponde que el Juez a quo adopte todas aquellas medidas necesarias a los fines de urgir la investigación que se está llevando a cabo con motivo de la conducta que los denunciantes habrían desplegado (IPP nro. 14-02-15411-15/00), y que, con la premura que el caso requiere, se resuelva lo que por derecho pudiera corresponder.
Es mi voto (arts. 168 y 171 Const. Prov. y art. 106 CPP).
La Jueza Celia Margarita Vázquez dijo:
Adhiero al voto del juez preopinante, Dr. Blanco, por los mismos motivos y fundamentos.
Es mi voto.
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto a fs. 142/153 de este legajo, de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 21 inc. 1, 421, 433, 439, 442, y ccdtes. del CPP).
II. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 142/153; y en consecuencia, REVOCAR el decisorio impugnado de fs. 130/136vta.;
CORRESPONDIENDO que el Juez a quo adopte, con la debida premura que el caso requiere, todas aquellas medidas necesarias para sea efectivizado el reintegro del inmueble materia de investigación al aquí imputado Alberto Nina, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, en los términos que detentaba antes de su lanzamiento, previo a librar un acta de constatación respecto del estado del predio, a ser confeccionado por peritos de las especialidades idóneas, quienes deberán además obtener fotografías del mismo dando cuenta de ello;
CORRESPONDIENDO además que el Juez a quo adopte todas aquellas medidas necesarias a los fines de urgir la investigación que se está llevando a cabo con motivo de la conducta que los denunciantes habrían desplegado (IPP nro. 14-02-15411-15/00), y que, con la premura que el caso requiere, se resuelva lo que por derecho corresponda; todo ello de conformidad por los motivos y los alcances expuestos en los Considerandos (arts. 147, 231 bis “a contrario”, 323 inc. 2 y ccdtes. del CPP).
III. Regístrese, y devuélvanse los autos principales y sus agregados al órgano garante de intervención, con comunicación del presente por Secretaría al a quo a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en el punto II. Notifíquese a la Fiscalía General departamental y a la defensa de intervención. Una vez cumplido, remítase el presente legajo al órgano garante de intervención. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Celia Margarita Vazquez - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia