Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 29.187
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto a fs. 25/26 por la Sra. Defensora Oficial (arts. 174 segundo párrafo, 421, 424, 433, 439, 442 y 443 C.P.P.).
II. Rechazar el recurso y confirmar el auto de fs. 21/24 mediante el cual los magistrados integrantes del T.O.C. Nº 3 departamental dispusieron no hacer lugar a la excarcelación en términos de libertad condicional solicitada a favor de Méndez, señalando que el incumplimiento incurrido por el Tribunal de la instancia al no dictar pena única comprensiva de aquellas impuestas a Méndez debe ser subsanado mediante la unificación impuesta “ministerio legis”, previa vista a las partes para que se expidan sobre el punto. Por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 13 y 58 del C.P.; arts. 144 –“a contrario”-, 146, 148, 169 inc. 10º –“a contrario”- y 171 del C.P.P.).
“Mendez Martín Santiago Ariel s/Excarcelación”
C. 29187/III
San Isidro, 30 de octubre de 2014.
La impugnación concedida a fs. 28. Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: Jueces Gustavo Adrián Herbel, Carlos Fabián Blanco y para el caso de disidencia, Dra. Celia Margarita Vazquez (art. 440 C.P.P.).
El Juez Gustavo Adrián Herbel dijo:
I. El recurso de apelación interpuesto a fs. 25/26 por la Sra. Defensora Oficial ha sido presentado en término, la impugnante posee legitimación personal, el caso se trata de uno de los supuestos legales en los cuales se otorga esta vía, y se han observado las formas requeridas. Por lo tanto, debe declararse admisible (arts. 174 segundo párrafo, 421, 424, 433, 439, 442 y 443 C.P.P.).
II. Llegan las presentes con motivo de la impugnación deducida contra el auto de fs. 21/24 mediante el cual los magistrados integrantes del T.O.C. Nº 3 departamental dispusieron no hacer lugar a la excarcelación en términos de libertad condicional solicitada a favor del imputado.
Para así resolver, los jueces “a quo” indicaron que, en el marco de la presente, Méndez fue condenado, el día 26 de junio del corriente, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, pronunciamiento aún no firme en virtud de la impugnación “in pauperis” oportunamente deducida Destacaron lo consignado en los distintos informes respecto a la ausencia de actividad laboral y educativa, la pérdida de vínculo con su grupo propio, la patología adictiva, la falta de “…figuras significativas que puedan favorecer su inclusión y que podrían proporcionarle un grado de contención suficiente que pudiera solventar la crisis del egreso sin mayores sobresaltos…”, y las escasas posibilidades de acceder a un empleo estable y seguro. Señalaron que si bien el requisito temporal se encuentra “prima facie” abastecido, debe tenerse en cuenta la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional dictada por el T.O.C. Nº 4 departamental con fecha 30 de abril de 2010, por lo que una eventual unificación de ambas (una vez que haya adquirido firmeza la dictada en el presente) permite vislumbrar un monto mayor. Añadieron que, en virtud de ello, la coerción oportunamente impuesta resulta entonces proporcional al riesgo verificado.
Invocaron, además, la oposición fiscal y la inconveniencia dictaminada por el Organismo penitenciario.
III. A su turno, la defensa enfatizó la presencia de un grupo familiar contenedor o la ausencia de adicciones no constituyen requisitos exigidos por el art. 13 C.P. Sobre la patología de Méndez, señaló la falta de indicación de un tratamiento por parte del S.P.B. Añadió que las piezas donde se plasmó el historial de vida de su asistido carecen de rigor científico, en tanto no se indicó, por ejemplo, la cantidad de entrevistas mantenidas con el imputado o los test empleados.
Respecto al incremento del riesgo procesal como consecuencia de la unificación de condenas, señaló que “…su procedencia corresponde cuando además de la comisión del segundo hecho dentro de los 4 años previstos en el art. 27 del Código Penal, la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada dentro de ese mismo lapso…”, aserción que sustentó en una cita doctrinaria. Destacó, asimismo, el buen desempeño intramuros de Méndez, específicamente, su conducta “ejemplar 10”, la voluntad de continuar con el estudio y de realizar actividades laborales.
A partir de tales argumentos, solicitó se revoque el pronunciamiento apelado y se haga lugar a la pretensión excarcelatoria.
IV. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del C.P.P., respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este Tribunal, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la decisión del “a quo” alcanzados por los agravios de la impugnación, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado, y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Analizadas las constancias de autos, adelanto que propiciaré desestimar el recurso de apelación y homologar el temperamento adoptado por los magistrados “a quo”, sin perjuicio de lo cual resulta procedente, a mi entender, la unificación de ambas. Ello, a tenor de las consideraciones que vierto a continuación.
Conforme se desprende del auto en crisis, Méndez fue condenado, el día 26 de junio de 2014, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, pronunciamiento que a la fecha no se encuentra firme en virtud de la impugnación deducida (ver certificación de fs. precedente). A los efectos de rechazar la petición excarcelatoria, se valoró, entre otras circunstancias, la pena a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional dictada el 30 de abril de 2010 por el T.O.C. Nº 4 departamental en el marco de la causa Nº 3630, señalándose que, una vez efectuada la unificación, “...el monto de pena resultante…sería ostensiblemente mayor al impuesto en la presente…”. Estimo acertado el temperamento de los jueces “a quo” en punto a que la presencia de dos condenas obsta la concesión del instituto peticionado a fs. 1, pues si bien en virtud del monto sancionatorio impuesto en la presente el requisito temporal se encontraría satisfecho (en tanto el imputado se encuentra detenido desde hace por lo menos dos años, conforme se desprende del informe de fs. 7), no es menos cierto que, efectuada la unificación, ese monto podría incrementarse, variándose el término para cumplir con el plazo del art. 13 C.P.; recuérdese que la referida disposición exige, para condenas mayores a tres años, haber cursado en detención dos tercios del “quantum” determinado por el órgano de juicio. En ese sentido, el Tribunal de grado estimó que el “quantum” de esa unificación, una vez practicado, sería sustancialmente mayor a la condena pronunciada en el presente.
La magnitud de la pena en expectativa constituye un baremo de riesgo procesal contemplado en el art. 148 C.P.P. En el caso, ese riesgo se desprende no sólo de la sanción impuesta en el presente, sino en el resultado de una eventual unificación de aquella con la condena pronunciada en la Causa Nº 3630. Y tal ponderación es procedente desde que el indicador de pena futura se conforma de la esperada en el presente proceso, teniendo en cuenta la unificación que de oficio le corresponde al tribunal actuante, a cargo de resolver sobre la coerción.
Ahora bien, estimo incorrecto lo consignado en el auto en crisis respecto a la oportunidad de resolver la unificación, en tanto, en mi opinión, no debe aguardarse a que la sentencia dictada en la presente adquiera firmeza. La actual situación del imputado tiene su origen, en mi opinión, en un incumplimiento, por parte del órgano de la instancia, de las previsiones del art.
58 C.P.
Es que el fundamento jurídico de la referida disposición responde a la necesidad de establecer real y efectivamente la unidad de pena. En ese sentido sostiene Caramutti que “…nuestro Código Penal no prevé la posibilidad de subsistencia de más de una pena pendiente de cumplimiento respecto de una misma persona. Siempre que ello suceda, por cualquier causa que fuere, será necesario unificar las penas mediante el dictado de una nueva sentencia. Así lo impone el art. 58 del C.P….” (Caramutti, Carlos; Concurso de delitos; Hammurabi; 2010; p. 415).
Por ello es que el Juez o Tribunal que se encuentra abocado a una causa y en condiciones de dictar sentencia condenatoria, si no ignora la existencia de una condena anterior no agotada o no cumplida, por imperio del art. 58 del C.P. tiene la obligación de unificar la pena de oficio. No hacerlo implicaría violar las reglas establecidas por los arts. 55, 56, 57 y 58 del C.P. para la fijación de la pena aplicable en los casos en que concurren varios hechos independientes. (Cfr. T.S. Santa Cruz, 15/03/2002, T:VR:28F:161/170) Al respecto, sostiene Zaffaroni: “…Es juez natural… de la unificación de condenas –o sólo de penas- el que entiende en último lugar; que en caso de ser varias las condenas dictadas sin que se proceda a la unificación de ellas o solo de sus penas, y habiendo un juez que esté entendiendo aún de un delito cometido por el mismo autor y a quien corresponda condenarle en último término (situación mixta entre las dos reglas del primer párrafo del art. 58), es juez natural de la unificación el que condena en último término…” (Zaffaroni, Raúl; Derecho Penal Parte General; Ediar; 2000; p. 980).
Es decir que el legislador fue el que previó en el dispositivo en análisis la forma de solucionar la situación que aquí se nos presenta.
Sin embargo, ello, en el caso no ocurrió, pues el Tribunal de grado omitió el dictado de un pronunciamiento de pena única a la espera de que la condena dictada adquiriera firmeza (conforme se plasmó en la resolución en crisis). La inconducta procesal señalada en el párrafo precedente ha sido reiteradamente admonizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto puede generar dos situaciones igualmente contrarias al principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.), cuales son el cumplimiento en paralelo de varias penas o su cumplimiento sucesivo. (C.S.J.N. Comp 1141 L XLII, Competencia Nº 331 XLII "Traico Marcelo s/robo en poblado y banda", entre otras).
En los precedentes de mención, el máximo tribunal ha llamado la atención a los magistrados que por su omisión concurren en detrimento de una rápida y buena administración de justicia (Fallos 308:558, 308:487 y 310:1110), por lo que propicio poner en conocimiento de los Sres. Jueces del Tribunal los precedentes citados a los fines de evitar en el futuro omisiones como las advertidas.
La doctrina señala que el art. 58 C.P. contempla dos hipótesis sobre la unificación: a) cuando después de una sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que está cumpliendo pena por otro hecho distinto; b) cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de las reglas del concurso (De la Rúa, Jorge; Código Penal Argentino. Parte General; Depalma; 1997; p. 1014-1022).
Surge del informe de fs. 32 que la condena impuesta en el marco de la presente causa no está firme, de modo tal que nos encontramos aún en el primer supuesto contemplado de la norma, conforme la explicación vertida en el punto precedente.
Sería poco práctico, además, considerar que la unificación debe llevarse a cabo o en el mismo acto procesal que el dictado de la segunda condena, o en su defecto, cuando ésta adquiera firmeza, dando así lugar a un lapso temporal, trascurrido entre el pronunciamiento y su firmeza, donde no sería factible unificar.
Respecto a la posibilidad de unificar luego de dictada la sentencia, De la Rúa señala que “…la omisión del juez de su deber de unificar, aún constando en autos el conocimiento de la sentencia anterior, es reparable en la causa en tanto la sentencia no adquiera firmeza” (De la Rúa, Jorge; ob. cit.; p. 1015). En igual sentido, Creus explica que “…el único que puede unificar es el que dicta la última sentencia, sea en ese mismo acto procesal, sea en uno posterior que pasará a formar parte de aquella” (Creus, Carlos; Cuestiones Penales; Rubinzal Culzoni; 1982; p. 135).
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que, conforme la certificación de fs. 32, la impugnación deducida aún no fue elevada al Tribunal de Casación, circunstancia en virtud de la cual sería posible que, para que el pronunciamiento condenatorio oportunamente impuesto pase a autoridad de cosa juzgada, trascurra un lapso de tiempo prolongado, término en el cual se presentaría la situación que la C.S.J.N. ha entendido como violatoria del art. 16 C.N. (conf. fallo Traico antes citado).
En virtud de ello, estimo que corresponde desestimar la pretensión defensista y homologar el temperamento adoptado por el Tribunal de grado, y señalar que el incumplimiento incurrido por el órgano jurisdiccional interviniente, al no dictar pena única comprensiva de aquellas impuestas a Méndez, debe ser subsanado mediante la unificación impuesta “ministerio legis”, previa vista a las partes para que se expidan sobre el punto (arts. 13 y 58 del C.P.; arts. 144 –“a contrario”-, 146, 148, 169 inc. 10º –“a contrario”- y 171 del C.P.P.).
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A. y 106 C.P.P.).
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, por sus mismos fundamentos. Así lo voto (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A. y 106 C.P.P.).
Por lo tanto, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto a fs. 25/26 por la Sra. Defensora Oficial (arts. 174 segundo párrafo, 421, 424, 433, 439, 442 y 443 C.P.P.).
II. RECHAZAR el recurso y CONFIRMAR el auto de fs. 21/24 mediante el cual los magistrados integrantes del T.O.C. Nº 3 departamental dispusieron no hacer lugar a la excarcelación en términos de libertad condicional solicitada a favor de Méndez, señalando que el incumplimiento incurrido por el Tribunal de la instancia al no dictar pena única comprensiva de aquellas impuestas a Méndez debe ser subsanado mediante la unificación impuesta “ministerio legis”, previa vista a las partes para que se expidan sobre el punto. Por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 13 y 58 del C.P.; arts. 144 –“a contrario”-, 146, 148, 169 inc. 10º –“a contrario”- y 171 del C.P.P.).
III. Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara y a la defensa de intervención y remítase a la instancia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
FDO: GUSTAVO A. HERBEL - CARLOS F. BLANCO
Ante mí: GABRIELA GAMULIN.
Fin de la sentencia