Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 32432
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recursos de apelación deducido a fs. 7 por el encausado Joaquín Nicolás Ruíz, fundamentado a fs. 9/10 por la Defensora Oficial, Dra. Graciela Mazzone, contra el auto de fs. 1/5, por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 421, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
II. Rechazar el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, confirmar el decisorio apelado en cuanto convierte en prisión preventiva la detención de Joaquín Nicolás Ruíz en orden a los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas calificadas, previstos y reprimidos por los arts. 89 en función del art. 92 y 80, inc. 1° y 10°, y 149 bis, segunda parte del primer párrafo, del Código Penal, por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 “a contrario”, 171 y ccdtes. del CPP).
III. Disponer que el Sr. Juez interviniente libre oficio al jefe del servicio penitenciario bonaerense requiriendo que en el término de 48 hs. informe las condiciones concretas en que se cumple el alojamiento de Joaquín Nicolás Ruiz (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), las que de no cumplir con las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 CN justificarán que el Juez referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido del imputado o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la ley …
San Isidro, 13 de marzo de 2019.-
Para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 8. Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: Jueces Carlos Fabián Blanco y Gustavo A. Herbel (conf. art. 440 del CPP y Acuerdo Extraordinario nro. 1543); y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. El presente recurso de apelación interpuesto a fs. 7 por el encausado Joaquín Nicolás Ruiz, fundamentado a fs. 9/10 por la Defensora Oficial, Dra. Graciela Mazzone, contra el auto de fs. 1/5, ha sido interpuesto en término, el impugnante posee legitimación personal, el pronunciamiento constituye uno de los casos para los cuales se otorga esta vía recursiva y se han observado las formas previstas para su interposición, por ello, propongo se declare admisible (arts. 421, 424, 433, 439, 442 y 443 C.P.P.).
II. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado en el Juzgado de Garantías Nº 7-Pilar- en el que se resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Joaquín Nicolás Ruiz.
En el decisorio impugnado el Juez tuvo por debidamente acreditada la existencia del siguiente hecho: “El día 25 de diciembre del año en curso, alrededor de las 03.00 horas, el aquí imputado Joaquín Nicolás Ruiz , en el interior de la vivienda de su madre sita en la calle Tagle, entre las arterias Pelaya y Lasalas - frente a la vivienda situada en la calle Pelaya N° 512 - de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, le refirió a su pareja María Rosa Cardozo -quién se hallaba junto al mismo- frases amenazantes tales como que la iba a matar y que le iba a "dar" en la panza, - a sabiendas que se encuentra embarazada de dos meses de gestación-. En tal contexto, Ruiz tomó el cable de la heladera, se lo colocó alrededor del cuello a la damnificada y ejerció presión con el mismo, momentos en que Cardozo le suplicaba que no la matara. Tras ello el aquí imputado mediante la utilización de un cuchillo tipo Tramontina, se lo colocó a la altura del ojo a la víctima al tiempo que le refería que le quitaría el mismo, logrando la Srta. Cardozo correr su rostro, momento en el cual Ruiz le efectuó un corte con dicho elemento cortopunzante en el brazo izquierdo de la nombrada, ocasionándole lesiones de carácter leve. Luego el aquí imputado continuó refiriéndole frases amenazantes a la nombrada tales como "vos vas a amanecer muerta, ahora viene tu familia y te van a encontrar muerta porque yo te voy a matar, yo te mato, total no te va a pagar nadie" sic. Tras lo expuesto arribó al lugar la madre de la víctima, por lo cual Cardozo se retiró de la vivienda, y habiendo dado aviso a personal policial, al llegar al lugar no lograron dar con el encartado. Aproximadamente a las 10.00 horas, dentro del mismo contexto el causante se presentó en la puerta de su vivienda,- sita en Pelaya N° 512 de la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar- y por el lapso de una hora aproximadamente, profirió amenazas a la nombrada Cardozo y a su familia tales como que los mataría, que era narco, que les prendería fuego, generando un temor fundado en la víctima, por lo cual se volvió a dar aviso a personal policial, quienes al arribar al lugar hallaron al aquí imputado Ruiz a escasos metros de la vivienda, como así también a pocos metros del mismo los tres cuchillos que instantes antes se había descartado, por lo que se procedió a su aprehensión".
Al suceso descripto, como a la autoría del imputado se los dio “prima facie” acreditados a partir de las constancias citadas en el auto en crisis, a saber: acta de procedimiento de fs. 3vta.; precario médico de fs. 6; placas fotográficas de fs. 7/10; acta de visu de fs. 11; declaraciones testimoniales de María Rosa Cardozo de fs. 13 y 60/62; precario médico de fs. 14; documentación en copia de fs. 15/16; declaraciones testimoniales de Rita Graciela Ruiz Diaz de fs. 18 y 63/64; declaraciones testimoniales de José Pedro Castro de fs. 19 y 69; copia de informes médicos de fs. 24/25; placa fotográfica de fs. 28; informe médico de fs. 29/31;informe actuarial de fs. 32; declaración a tenor del art. 308 -primer párrafo del C.P.P. de fs. 37/38; copias de fs. 40/43; informe del Registro Nacional de Reincidencia de fs. 47/49; informe actuarial de fs. 66; informe de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Pilar de fs. 67/68; informe de antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de fs. 70 e informe actuarial de fs. 71.
Dichos eventos, fueron calificados como lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas calificadas, previstos y reprimidos por los arts. 89 en función del art. 92, y 80, incisos primero y décimo primero, y 149 bis, segunda parte del primer párrafo, del Código Penal.
Para imponer la medida de coerción, el Juez “a quo” valoró la existencia de elementos para sospechar que el aquí imputado ha sido autor del hecho descripto y la presencia de indicios vehemente demostrativos de que el imputado en libertad tratará de eludir la acción de la justicia, tales como la actitud adoptada por el imputado frente al daño generado a la víctima y el comportamiento durante el procedimiento, concretamente resaltó que a las pocas horas de haber intervenido la autoridad policial, volvió a buscar a la víctima para referirle nuevas amenazas, llevando consigo tres armas blancas.
Además, advirtió la presencia de indicadores de entorpecimiento de la investigación no sólo por el conocimiento previo existente entre víctima e imputado –quienes mantenían una relación de pareja- sino además por el claro sometimiento que éste último ejercía sobre su víctima.
Concluyendo que la medida de coerción resulta la forma adecuada para garantizar la acción de la justicia.
III. A fs. 9/10 la Defensora Oficial, Dra. Graciela Mazzone, fundamentó el recurso interpuesto “in pauperis” por el imputado y solicitó la revocación del decisorio en crisis.
Inició su planteo afirmando que la restricción de la libertad de su asistido no se encuentra debidamente justificada.
Alegó que la investigación ha logrado elementos de prueba que resultan inmodificables -aun cuando Ruiz fuera puesto en libertad- tales como las declaraciones testimoniales de la víctima y sus allegados y los precarios médicos adunados en autos.
Considera que los peligros procesales advertidos por el “a quo” pueden neutralizarse mediante la imposición de obligaciones especiales, prohibición de acercamiento a la víctima y la implementación de sistemas de respuesta policial pronta como el “botón antipánico”.
Por último, consideró que no se ha fundamentado la presencia de peligro cierto de fuga.
IV. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del código ritual respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este Tribunal de Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del Juez a quo alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, y más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado, y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Abocado a dar respuesta a los motivos de agravio, se advierte que el recurrente no ha cuestionado la existencia de los hechos materia de imputación ni la autoría que “prima facie” corresponde atribuir al imputado, por lo que corresponde analizar si la medida de coerción impuesta resulta proporcional y necesaria en la intensidad decidida, para garantizar la realización del juicio y la aplicación de la ley material en el presente caso (art. 146 incs. 2 y 3 del CPP). En primer lugar, debo decir que entiendo, como señala Daniel Pastor, que “El programa procesal penal de la Constitución estatal impone la reglamentación básica de las medidas de coerción procesal que puede utilizar el derecho procesal penal y regula, específicamente, la finalidad de esas medidas, los requisitos necesarios para su procedencia y los límites de su ejercicio” (Pastor, Daniel; El encarcelamiento preventivo en “El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación”; AAVV, J.B.J. Maier, comp., del Puerto, 1993, pág. 46).
La línea fundamental de esa reglamentación es la consideración del imputado como inocente durante el proceso, como consecuencia de la necesaria realización de un juicio previo para la imposición de una pena. Esta condición, a su vez, impone la regla de la libertad del imputado durante la tramitación del juicio penal (art. 18 CN). Ello aparece fundado también en el art. 14 CN, que consagra el derecho de todo habitante a gozar de su libertad personal “Esto significa que en el programa procesal penal de la CN el punto de partida para el tratamiento de este tema es la vigencia de la garantía de toda persona perseguida penalmente a ver y vivir su proceso penal en libertad” (Pastor, cit. pág., 46).
Según la CN, entonces, la ley reglamentaria del proceso penal debe establecer la libertad como regla y el encarcelamiento preventivo sólo puede funcionar como excepción (cfr. Pastor, cit., pág. 47).
Por ello dice Julio Maier, que “en el derecho material, la coerción representa la sanción o la reacción del derecho frente a una acción u omisión antijurídica... en Derecho Procesal, en cambio, la coerción no involucra reacción ante nada, sino que debe significar únicamente, la protección de los fines que el procedimiento persigue, subordinados a la actuación eficaz de la ley sustantiva” (Tratado de Derecho procesal penal, Hammurabi, t. 1b, pág. 288).
De tal forma, “la cláusula final del artículo 18 de la CN ('las cárceles serán sanas y limpias para seguridad...') ha sido interpretada por la literatura también como la consagración de un fin para la privación de la libertad durante el procedimiento: la seguridad de los fines del proceso” (Pastor, cit., pág. 48). Tal interpretación alcanza tanto a las pautas que regulan la prisión preventiva, como su contracara, el régimen de excarcelación y a la eximición de prisión, solución a la que concurre la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En todos los casos, deberá asignarse a las normas que regulan el régimen de encarcelamiento o de libertad durante el proceso el alcance que las haga constitucionalmente admisibles, por ejemplo considerándolas, fundadamente, presunciones vencibles y no límites inderrotables.
El rito penal bonaerense exige como requisitos generales para la procedencia de las medidas de coerción que exista apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar, verificación de peligro cierto de frustración de los fines del proceso si no se adopta la medida, y proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela (art. 146 del C.P.P.); para luego exigir específicamente como uno de los requisitos para la conversión de la detención en prisión preventiva, que “…concurran los presupuestos establecidos en el artículo 171 para denegar la excarcelación” (art. 157, inc. 4º, del C.P.P.), norma que opera como cláusula de reenvío a las previsiones de los arts. 148 y 169 del mismo cuerpo normativo.
Es decir que, como exigencia para la procedencia de una medida de coerción de la naturaleza de la prisión preventiva, resulta indispensable que se verifique peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, lo que podrá inferirse de la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, y las condiciones personales del imputado, que hagan presumir fundadamente estas circunstancias. Asimismo, deberá tenerse en cuenta el arraigo y residencia habitual del imputado, la pena que se espera como resultado del proceso, la importancia del daño y la actitud que el imputado adopte voluntariamente frente a él y a su víctima eventual, y el comportamiento del imputado durante el proceso u otro anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal.
Luego, constatado lo precedentemente expuesto deberá verificárse además, la proporcionalidad de la medida (art. 146, inc. 3, del C.P.P.).
Sentados los extremos que justificarían el encarcelamiento cautelar, corresponde analizar si dichos parámetros se configuran, o no, en el caso de autos. Ahora bien, considerando la escala penal en abstracto para los delitos atribuidos al encausado, ésta permitiría enmarcar su situación a la luz del inc. 2° del art. 169 del C.P.P., sin embargo, del estudio de la presente causa considero que se encuentran verificados en autos los extremos del art. 171 del CPP, pues se observa la presencia de circunstancias indicativas de riesgo procesal que imponen confirmar la medida de coerción decretada por el “a quo” en función de los argumentos que seguidamente expondré.
Lo cierto es que más allá de las alegaciones de la defensa en relación a la ausencia de peligrosidad procesal, considero que las circunstancias que rodearon al hecho llevan a la eventual imposición de una pena elevada, que se alejará sensiblemente del mínimo, amén de estimar que muy probablemente no sea de ejecución en suspenso.
En efecto, de la lectura de la prueba recolectada por la instrucción, puede apreciarse la concurrencia de una actividad delictiva particular signada por la violencia de género en la que el imputado agredió física y verbalmente a la víctima embarazada de dos meses a quien intentó ahorcar con un cable y le produjo cortes con un cuchillo tramontina.
El imputado ejerció también violencia psicológica, pues en su declaración de fs. 60/62, la víctima relata que la obligó a desnudarse, ponerse de rodillas, recitar una oración, mantener los ojos cerrados mientras oía que él afilaba un cuchillo y le decía “vas a amanecer muerta, ahora viene tu familia y te van a encontrar muerta, porque te voy a matar” (sic).
En función de ello, cabe concluir que el caso presenta circunstancias que potencian la expectativa de pena, dato que promueve peligro procesal sin que se adviertan medios que neutralicen el mismo. (art. 148, párr. 1º, inc. 2º, del C.P.P.). En ese sentido, cabe tener en cuenta también, el comportamiento del imputado con posterioridad a la comisión delictiva, quien lejos de cesar con su actitud amedrentadora, se presentó horas más tarde en el domicilio de la víctima para seguir amenazándola, esta vez llevando consigo tres armas blancas, que intentó descartar pero que fueron secuestradas por el personal policial que se comisionó en el lugar de los hechos.
Por otra parte, considero que lo alegado por la defensa en cuanto a la ausencia de riesgo de obstrucción de la investigación no puede prosperar, pues coincido con el "a quo" en punto a que, por el tipo de situación investigada en el presente, se configura también dicho riesgo pues existen entre la víctima y el imputado una relación de pareja, conviviendo ambos en la casa de la madre de la víctima, mientras que la progenitora del causante reside en la casa de en frente, por lo que existe la posibilidad de que, en caso de obtener la libertad, Ruiz influya en el aspecto psicológico de la víctima.
En este norte, véase que en el informe de evaluación de riesgo por situación de violencia (v. fs.67/68), elaborado por la Dirección de Género del Partido de Pilar, la profesional interviniente, Lic. Lucía I. Heredia dictamina un nivel de riesgo altísimo (el destacado me pertenece).
Asimismo, cabe señalar que resultando los testigos de cargo familiares y amigos tanto del imputado como de la víctima, podrían verse influenciados por Ruiz para para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente (art. 148 segundo párrafo inc. 2° C.P.P.).
Por último, considero que no es un dato menor el que surge de la planilla de antecedentes obrante a fs. 47/49 en cuanto a que Ruiz registra causa abierta, en la que se le imputa atentado a la autoridad y daño agravado, en la que conforme el sistema informático SIMP se encuentra elevada a juicio y tramita por ante el Juzgado Correccional nro. 5 Departamental.
De la lectura preliminar de los datos obtenidos a través del SIMP, puede colegirse que a Ruiz se le imputa un hecho, que al igual que en el actual, lo rodearon circunstancias de violencia familiar.
Frente a ello, la propuesta de la defensa de hacer cesar la coerción e imponer obligaciones especiales al acusado como una prohibición de acercamiento, no puede prosperar.
Finalmente, es dable señalar que, en función del tiempo que el encausado lleva privado de su libertad para este proceso (poco más de dos meses), se observa que aún no se encuentra en condiciones de acceder a instituto liberatorio alguno.
Las circunstancias mencionadas precedentemente permiten, entonces, suponer un riesgo elusivo por el cual, de momento, el encartado en libertad no habría de comparecer al proceso (art. 146 inc. 3º C.P.P.) y un peligro cierto de obturación de la labor judicial, sin que la Defensa esgrimiera otros elementos que pudieran resultar relevantes para la solución del caso.
Ello, sin perjuicio de posteriores diligencias que acrediten un nivel de contención capaz de asegurar los fines del proceso por medidas menos gravosas. En este contexto, dado que el cuadro descripto impone -a esta alturamantener el encierro cautelar de excepción que viene cumpliendo el imputado, el que resulta proporcional con el objeto de tutela, propicio rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar la resolución impugnada en todo cuanto fuera motivo de agravio (arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 “a contrario”, 171 y ccdtes. del CPP).
V. Consecuentemente, toda vez que surge de las presentes que el Servicio Penitenciario ha otorgado plaza para el alojamiento de Joaquín Nicolás Ruiz, siguiendo el criterio expuesto en causa 22.535/III a cuyos fundamentos me remito “brevitatis causae”, corresponde al Juez interviniente –además de lo anteriormente dispuesto- requerir al Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense a que en el término de 48 hs. informe las condiciones concretas en que se cumple el alojamiento del nombrado (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), las que de no cumplir con las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 CN justificarán que el Juez referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido del imputado o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la ley Suprema de la Nación (art. 18 CN), de conformidad con lo resuelto el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus" (punto dispositivo Nro. 4) y el 11 de mayo de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en causa P. 83.909 (artículo 2 del fallo), hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas (arts. 18, 75 inc. 22 y ccdts. de la CN; Arts. 1, 25, 26 y ccdtes de la DADyDH; Arts. 3, 5, 9 y ccdts de la DUDH; Arts. 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. de la CADH; Arts. 9, 10 y ccdts. del PIDCyP; Arts. 16 y ccdts. de la CTyTPCIyD; Arts. 30 y ccdts. de la C. Provincia de Buenos Aires; ley Nacional 24.660 y ley Provincial 12.256).
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la CPBA, y 106 del CPP).
El Juez Gustavo A. Herbel dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la CPBA, y 106 del CPP).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recursos de apelación deducido a fs. 7 por el encausado Joaquín Nicolás Ruíz, fundamentado a fs. 9/10 por la Defensora Oficial, Dra. Graciela Mazzone, contra el auto de fs. 1/5, por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 421, 439, 441, 442, 443 y ccdtes. del CPP).
II. RECHAZAR el recurso de apelación deducido y, en consecuencia, CONFIRMAR el decisorio apelado en cuanto convierte en prisión preventiva la detención de Joaquín Nicolás Ruíz en orden a los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas calificadas, previstos y reprimidos por los arts. 89 en función del art. 92 y 80, inc. 1° y 10°, y 149 bis, segunda parte del primer párrafo, del Código Penal, por las razones expuestas en los Considerandos (arts. 144, 146, 148, 157, 158, 169 “a contrario”, 171 y ccdtes. del CPP).
III. DISPONER que el Sr. Juez interviniente libre oficio al jefe del servicio penitenciario bonaerense requiriendo que en el término de 48 hs. informe las condiciones concretas en que se cumple el alojamiento de Joaquín Nicolás Ruiz (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), las que de no cumplir con las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 CN justificarán que el Juez referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido del imputado o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la ley Suprema de la Nación (art. 18 CN), de conformidad con lo resuelto el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus" (punto dispositivo Nro. 4) y el 11 de mayo de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en causa P. 83.909 (artículo 2 del fallo), hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas (arts. 18, 75 inc. 22 y ccdts. de la CN; Arts. 1, 25, 26 y ccdtes de la DADyDH; Arts. 3, 5, 9 y ccdts de la DUDH; Arts. 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. de la CADH; Arts. 9, 10 y ccdts. del PIDCyP; Arts. 16 y ccdts. de la CTyTPCIyD; Arts. 30 y ccdts. de la C. Provincia de Buenos Aires; ley Nacional 24.660 y ley Provincial 12.256).
IV. Regístrese. Notifíquese y devuélvase a la instancia de origen junto con los autos principales. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Gustavo Adrián Herbel - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia