Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 30.872
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación deducido a fs. 25/30vta. por el Dr. Mariano Federico Facciuto, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 337 "in fine", 421, 439, 442 y 443 del C.P.P.).-
II. Hacer lugar a la apelación deducida y declarar la nulidad de la decisión de fs. 17/vta. en cuanto la Sra. Jueza “a quo” declaró extemporánea la oposición de la Defensa de Gustavo Alberto Semorile a tal requisitoria y dispuso por simple decreto la elevación a juicio de las presentes actuaciones en orden al delito de estafa mediante supuesta remuneración a jueces en grado de tentativa; CORRESPONDIENDO a la Sra. Jueza “a quo” expedirse a tenor del art. 337, párr. 1º, del C.P.P., respecto de la oposición de la Defensa del aludido Semorile contra el requerimiento fiscal de remisión a juicio; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 1º, del P.I.D.C.yP.; 121 y ccdtes., 201, 202, inc. 3º, 203 y ccdtes., 336, 337, párr. 3º a contrario, del C.P.P.).-
Causa N° SI-30872-2017.
Libro Interlocutorios XXX Registro N° 31017 SI-30872-2017/III SEMORILE GUSTAVO ALBERTO S/ ELEVACION A JUICIO San Isidro, 21 de septiembre de 2017 VISTO: El recurso concedido a fs. 31/33vta. Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: Jueces Carlos Fabián Blanco, Celia Margarita Vazquez y, para el caso de disidencia, Gustavo Herbel (conf. art. 440 del C.P.P. y acuerdo extraordinario nº 1543).-
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. En aras de brindar claridad expositiva a mi voto, habré de relevar cronológicamente las incidencias del presente legajo:
Con fecha 6/6/2017 la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Garantías nº 3 departamental, Dra. Andrea Rodríguez Mentasty, dispuso la notificación a los coimputados Gustavo Alberto Semorile y Francisco José García Maañón - quienes habían asumido su propia defensa- de las conclusiones del requerimiento fiscal de remisión a juicio (conf. fs. 5); lo que fue llevado a cabo el día 9 de dicho mes y año (conf. fs. 5/6 y 3/4, respectivamente).- Por su parte, con fecha 13/6/2017 aceptó el cargo de Defensor del citado Semorile el Dr. Mariano Federico Facciuto (conf. fs. 2), y el día 22 del mismo mes y año le fue notificado por cédula a dicho letrado que “…[h]abiéndose aceptado el cargo conferido, téngase al Dr. Mariano F. Facciuto por notificado del traslado conferido a fs. 317, el día 6 del corriente mes y año, en los términos del art .336 del CPP. A tal fin, líbrese cédula haciendo saber al Dr. Facciuto que las presentes actuaciones se encuentran a su disposición en la sede de estos estrados…” (fs. 7).-
Así las cosas, con fecha 6/7/2017 el Dr. Facciuto dedujo oposición contra la requisitoria fiscal de remisión a juicio, mediante la cual instó el sobreseimiento de su asistido (conf. fs. 9/16); y frente a ello, la Sra. Jueza “a quo” dispuso que “…[h]abida cuenta que la defensa técnica del imputado Gustavo Alberto Semorile fuera notificada de las conclusiones del requerimiento fiscal de elevación a juicio con fecha 9 de junio del corriente año, según surge de fs. 323/324, interponiendo oposición a dicho requerimiento de elevación a fs. 332/339 con fecha 6 de julio, resultando por tanto esta última extemporánea. Habiéndose notificado los Sres. Defensores en los términos del art. 336 del C.P.P., encontrándose fenecidos los plazos para deducir oposiciones contra el requerimiento fiscal, elévese la presente causa a juicio seguida a Francisco José García Maañón y Gustavo Alberto Semorile, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, por resultar coautores prima facie responsables del delito de estafa mediante supuesta remuneración a jueces en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 173, inc. 10, del C.P.)…”.-
Contra dicha decisión, el Dr. Facciuto dedujo a fs. 25/30vta. un recurso de reposición con apelación en subsidio, en el que alegó, en lo sustancial, que “…aceptó el cargo el día 13 de junio del corriente año; ese mismo día mi intención fue retirar la causa, a lo que la judicatura actuante respondió que me notifican por cédula para retirar la misma. Así las cosas, con fecha 22 de junio recibo la respectiva cédula […] es decir, que si seguimos la lógica del juez, el 22 de junio me notifican del traslado, pero el plazo ya estaba vencido o estaba a una hora de vencer; claramente la cédula hace mención al proveído de fecha 6 de junio, pero no hace mención a que el plazo ya se encontraba transcurriendo […] Sin duda, del espíritu interpretativo de la providencia, al poner la causa a disposición se interpreta que el plazo comienza a correr nuevamente; si no, para qué ponerme la causa a disposición si el plazo estaba fenecido…” (fs. 25vta.). En consecuencia, con cita de doctrina y jurisprudencia, juzgó que en autos se ha configurado un supuesto de excesivo rigorismo formal, a cuyo respecto efectuó diversas consideraciones. Por último, consideró conculcado el derecho de defensa, y peticionó la revocación de la remisión a juicio de la causa.-
Finalmente, la Sra. Jueza “a quo” denegó a fs. 31/33vta. dicha reposición y concedió el recurso de apelación que aquí nos convoca (arts. 436 a contrario y 443, párr. 1º, del C.P.P.), pues “…discrepo con la aseveración de la Defensa en cuanto que el poner a su disposición el expediente para que sea compulsado/retirado, implica o correr un nuevo traslado al tenor del art. 336, o una incoherencia al encontrarse fenecido el plazo. Incluso si se hubiese tomado como fecha de notificación aquella en la que se aceptó el cargo - 13/06/2017-, el plazo para presentar la correspondiente oposición habría vencido el día 29 de junio del 2017, contando incluso con las cuatro primeras horas del plazo de gracia…” (fs. 32). Asimismo, consideró que la jurisprudencia citada por la Defensa en torno al excesivo rigorismo formal no resulta aplicable al supuesto de autos, por cuanto los fallos recopilados por la parte se relacionan con denegatorias de apelaciones por falta de acompañamiento de copias.-
II. El recurso se presentó en término, por parte legitimada y bajo las formas exigidas, y tratándose el caso de un supuesto legal en el cual se otorga esta vía recursiva; propicio por ello sea declarado admisible (arts. 337 "in fine", 421, 439, 442 y 443 del C.P.P.).-
III. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución de la Sra. Jueza “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado, y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.-
En tal sentido, he de advertir que el Sr. Defensor Particular de Gustavo Alberto Semorile, Dr. Mariano Federico Facciuto, interpuso a fs. 25/30vta. apelación contra el decreto de fs. 17/vta. mediante el cual la Sra. Jueza “a quo” dispuso la remisión a juicio de la presente causa que se le sigue a los coimputados Gustavo Alberto Semorile y Francisco José García Maañón en orden al delito de estafa mediante supuesta remuneración a jueces en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 173, inc. 10, del C.P.; 337, párr. 3º, del C.P.P.).- Tiene dicho el Tribunal de Casación Penal de nuestra provincia -y lo comparto- que “…cuando la aplicación de una norma procesal ha sido llevada a cabo con injustificado rigor formal, pudiendo de ese modo afectar el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso legal (art. 18, C.N.), tal restricción debe ceder (cfr. doctr. causa "Núñez", Ac. 81.109, I. del 20-XI-2002); no ingresar a la revisión de lo peticionado se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (doctr. C.S.J.N., "Fallos", 311:1446; 312:426 citados), y genera una restricción indebida al derecho de defensa (art. 18, C.N.; doctr. C.S.J.N., "Fallos", 317:126; 320:1504, e/o; en especial, in re "Recurso de hecho, Galván, Guillermo Pedro, Cabaña, Rodolfo y González, José Luis s/homicidio en ocasión de robo", G.839. XXXV, sent. del 18-XII-2001) […] otorgar preeminencia a las cuestiones formales por sobre las constitucionales, so riesgo de incurrir en una innecesaria dilación, expone la responsabilidad estatal ante organismos internacionales, configurando un supuesto de gravedad institucional…” (Sala III, causa Nº 17095, Registro de Presidencia Nº 58324, caratulada “Cuello, Alejandro Nahuel, s/ recurso de queja, art. 433 CPP” -rta. el 3/6/2014-, del voto del Dr. Víctor Horacio Violini, al que adhirió en todos sus términos el Dr. Ricardo Borinsky).-
Es que, en el caso, el requerimiento fiscal fue notificado a la parte, como se dijo, con fecha 9/6/2017 -conf. fs. 5/6-, de modo que el plazo previsto por el art. 336 del C.P.P. fenecía el día 26 del mismo mes y año. Ahora bien, el Dr. Mariano Federico Facciuto alega que, al aceptar el cargo con fecha 13/6/2017, se le hizo saber que sería notificado por cédula para permitirle retirar el expediente; extremo coincidente con el contenido de la cédula obrante a fs. 7/8, en cuanto reza "...que las presentes actuaciones se encuentran a su disposición en la sede de estos estrados..." (fs. 7). Y dicha cédula fue recibida el día jueves 22 de junio a las 11:00 hs.: es decir, dos días hábiles antes del vencimiento del plazo previsto por el art. 336 del C.P.P., y nueve días después de haber aceptado el cargo de Defensor.
Al respecto, he de advertir que dicha práctica judicial se encuentra reñida con el ordenamiento procesal, pues a tenor del art. 135 del C.P.P. la parte se encuentra facultada para retirar el expediente de secretaría desde el primer momento; sin necesidad alguna de cursar una notificación por cédula para ejercer tal potestad.-
Asumir una posición contraria importaría tornar ilusorio el ejercicio de la Defensa en el control de la imputación, y en definitiva, una vulneración al debido proceso (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 1º, del P.I.D.C.yP.).-
En tal sentido, Julio B. J. Maier ha puesto de resalto “...la función de garantía y protección del hombre frente al poder penal del Estado, que cumple el Derecho procesal penal. En realidad, todos los principios limitadores del poder penal del Estado que contiene la Constitución nacional son desarrollados y reglamentados (CN, 28) en los códigos de procedimientos penales y leyes orgánicas judiciales. Al menos, así debe ser, por la supremacía constitucional (CN, 31), que determina la vigencia de la ley. Desde este punto de vista, el Derecho procesal penal es un estatuto de garantías, sobre todo para quien es perseguido penalmente...” (aut. cit., “Derecho procesal penal: fundamentos”, Bs. As., Editores Del Puerto, 2004, 2º ed., 3º reimp., pág. 91).-
Específicamente en cuanto a la garantía constitucional del debido proceso (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 1º, del P.I.D.C.yP.), autorizada doctrina en la materia ha señalado -y lo comparto- que “…el debido proceso no puede ser reducido a un concepto, ni conforma una definición agradable pero carente de efectos prácticos. Debe ser definido desde sus características, desde las garantías que lo conforman y que se convierten en un piso mínimo que debe contener un proceso, sin las cuales no puede afirmarse válidamente que estemos ante un trámite judicial legal…” (Chiara Díaz, Carlos A. (dir.), “Derecho procesal penal”, Bs. As., Astrea, 2013, 1° ed., pág. 72).-
Respecto de la violación a dicha garantía constitucional, tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia -y lo comparto- que “…los tratados internacionales incorporan a la legislación local un conjunto de normas que permiten reforzar el debido proceso legal (arts. 7, 8, 9, 25 y ccdtes. Convención Americana sobre Derechos Humanos) y que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Carta Magna de la Nación). Tales reglas enuncian varias garantías para el litigante (en sentido general) en el derecho interno. Vale la pena señalar que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el art. 8 de la Convención Americana consagra los lineamientos generales del denominado debido proceso legal […] el cual “abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (OC-9/87, del 16-X-1987). En lo que tiene que ver con el concepto de garantías mínimas previsto por el ap. 2 de dicho precepto para los procesos penales, la Corte regional aludida ha puntualizado que “el concepto de debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas el Pacto resume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal” (OC-11/90, del 1-VIII-1990, 24)…” (S.C.J.B.A, causa P. 94.010 “A., C. y otro s/ robo calificado” -22/4/2009-, del voto del Dr. Eduardo Julio Pettigiani).-
En forma concordante, el Tribunal de Casación de nuestra provincia ha sostenido -y lo comparto- que “…[l]a doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto el resguardo de la garantía del debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa […] la fundamentación esgrimida por el “a quo” resulta ser sólo aparente y carente de todo sustento jurídico, lo que hace descalificable al pronunciamiento en crisis como acto jurisdiccional válido a tenor del art. 106 del C.P.P.)…” (Sala IV, causa nº 59.853 “Bermúdez Rodríguez, Hugo E. y Jara Navarrete, Leonardo D. s/ recurso de queja interpuesto por el particular damnificado” -13/3/2014-, del voto del Dr.
Carlos Ángel Natiello).- En consecuencia, la declaración de extemporaneidad en la instancia ha privado al imputado de su derecho constitucional a controlar la imputación, mediante la cual se instó la remisión de la causa a un debate oral y público. Debe recordarse que tal facultad de la Defensa reafirma el debido proceso constitucional (art. 18 de la C.N.), permitiendo a las partes transmitir información relevante para que, sustanciado el contradictorio, la judicatura pueda decidir el caso conforme a Derecho y a las constancias de la causa.- Al respecto, en las causas nº 27.963 “Espínola Galeano, Ernesto Melino s/ morigeración” -11/10/2012- y nº 26.784 “Acuña, María Fernanda y Acuña, Matías Nicolás s/ sentencia correccional” -11/2/2011-, del registro de esta Sala, este Tribunal, con primeros votos del suscripto, a los que adhirió la colega, Dra.
Celia Margarita Vazquez, sostuvo que el principio de contradicción vinculado al derecho de defensa, que rige a lo largo de todo el proceso penal, consiste en el recíproco control de la actividad procesal, y en la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas cuestiones introducidas. Ello se concreta poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el pedido presentado por alguno de ellos; así, el acusado podrá contraponer argumentos técnicos-jurídicos a los que exponga el acusador, permitiendo que las partes tengan: el derecho a ser oídas por el Juez, el derecho a refutar los argumentos que pudieran perjudicarles, y a que todas las pretensiones sean sometidas a un profundo análisis de tal manera que la información que se obtenga de ella, sea de calidad a fin de que el tercero imparcial pueda tomar una decisión justa; y finalmente, que la resolución se fundamente en el conocimiento logrado en el contradictorio, el cual ha sido apreciado y discutido por las partes.- En virtud de dichas consideraciones, es que entiendo que: a) no se pusieron a disposición del Sr.
Defensor Particular las actuaciones al momento de aceptar el cargo con fecha 13/6/2017 -es decir, tan sólo 4 días después de ser notificada la parte de la requisitoria fiscal de remisión a juicio-; b) se tornó operativo el ejercicio de la Defensa a partir de la puesta a disposición del expediente mediante notificación por cédula, práctica judicial reñida con el art. 135 del C.P.P.; y c) dicha notificación fue cursada tan sólo 2 días hábiles antes del vencimiento del plazo estipulado por el art. 336 del Código de rito. En consecuencia, mal puede ser considerado válido el trámite de la oposición de la Defensa a dicho requerimiento, por lo que a tenor de los arts. 201, 202, inc. 3º, 203 y ccdtes. del C.P.P., resulta nula la remisión a juicio adoptada por simple decreto -conf. fs. 17/vta.-, correspondiendo entonces a la Sra.
Jueza “a quo” expedirse a su respecto de conformidad con las previsiones del art. 337, párr. 1º, del Código de Forma.-
Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo hacer lugar a la apelación deducida a fs. 25/30vta., declarar la nulidad de la decisión de fs. 17/vta. en cuanto la Sra. Jueza “a quo” declaró extemporánea la oposición de la Defensa de Gustavo Alberto Semorile a tal requisitoria y dispuso por simple decreto la elevación a juicio de las presentes actuaciones en orden al delito de estafa mediante supuesta remuneración a jueces en grado de tentativa;
correspondiendo a la Sra. Jueza “a quo” expedirse a tenor del art. 337, párr. 1º, del C.P.P., respecto de la oposición de la Defensa del aludido Semorile contra el requerimiento fiscal de remisión a juicio (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 1º, del P.I.D.C.yP.; 121 y ccdtes., 201, 202, inc. 3º, 203 y ccdtes., 336, 337, párr. 3º a contrario, del C.P.P.).- Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov., y 106 del C.P.P.).- La Jueza Vazquez dijo:
Adhiero al voto del colega por los mismos motivos y fundamentos.-
Así lo voto.-
Por lo tanto, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación deducido a fs. 25/30vta. por el Dr. Mariano Federico Facciuto, de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 337 "in fine", 421, 439, 442 y 443 del C.P.P.).-
II. HACER LUGAR a la apelación deducida y DECLARAR LA NULIDAD de la decisión de fs. 17/vta. en cuanto la Sra. Jueza “a quo” declaró extemporánea la oposición de la Defensa de Gustavo Alberto Semorile a tal requisitoria y dispuso por simple decreto la elevación a juicio de las presentes actuaciones en orden al delito de estafa mediante supuesta remuneración a jueces en grado de tentativa; CORRESPONDIENDO a la Sra. Jueza “a quo” expedirse a tenor del art. 337, párr. 1º, del C.P.P., respecto de la oposición de la Defensa del aludido Semorile contra el requerimiento fiscal de remisión a juicio; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 1º, del P.I.D.C.yP.; 121 y ccdtes., 201, 202, inc. 3º, 203 y ccdtes., 336, 337, párr. 3º a contrario, del C.P.P.).-
III. Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y a la Defensa de intervención; y cumplido, devuélvase el incidente, sirviendo la presente de atenta nota de envío.-
Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Celia Margarita Vazquez - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia