Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en los Penal Sala III de San Isidro · Causa 30246
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la apelación deducida a fs. 14/33vta. del presente incidente, contra el auto de fs. 1/11vta., de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 164, 421, 424, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).-
II. No hacer lugar al recurso, denegar los pedidos de nulidad del allanamiento del domicilio del imputado dispuesto a fs. 25/26 del expediente principal por el Agente Fiscal interviniente, y de la declaración del imputado brindada a fs. 40/41 tenor del art. 308 del C.P.P., y confirmar el auto de fs. 1/11vta. del presente incidente en cuanto el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 2 departamental -con sede en el partido de Tigre-, Dr. Orlando Abel Díaz, convirtió en prisión preventiva la detención de R. F. M. en orden al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal; ello de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, incs. 1º y 2º, ap. b), de la C.A.D.H.; 14, incs. 1º y 3º, ap. a), del P.I.D.C.yP.; 45 y 119, párr. 3º, del C.P.; 59, inc. 1º, 144, 146, inc. 3º, 148, párrs. 2º, incs. 1º y 2º, y 3º, inc. 2º, 157, 158, 169, incs. 1º y 3º a contrario, 171, 201 y ccdtes. a contrario, 210, 308, 312, párr. 1º, y ccdtes. del C.P.P.).-
III. Disponer que el Juez interviniente oficie requiriendo al Director de la Unidad nº 26 del S.P.B. para que en el plazo de 48 hs. informe al Juez o Tribunal a cuya disposición se encuentra detenido R. F. M. las condiciones concretas en …
San Isidro, 27 de septiembre de 2016.-
El recurso concedido a fs. 36 del presente incidente, practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Carlos Fabián Blanco, Celia Margarita Vazquez y, para el caso de disidencia, Gustavo Herbel (conf. art. 440 del C.P.P. y acuerdo extraordinario nº 1543).-
Y
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. Llega el incidente con motivo de la apelación deducida a fs. 14/33vta. con fecha 22/6/2016 por el Sr. Defensor Particular de R. F. M., Dr. José Luis España, y por la entonces Sra. Defensora Particular del imputado, Dra. María Luján M. -conf. su renuncia de fecha 4/8/2016 obrante a fs. 148 del expediente principal-, interpuesta contra el auto de fs. 1/11vta., en cuanto el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 2 departamental - con sede en el partido de Tigre-, Dr. Orlando Abel Díaz, convirtió en prisión preventiva la detención de R. F. M. en orden al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal (arts. 45 y 119, párr. 3º, del C.P.; 157 y 158 del C.P.P.).-
En primer lugar, he de advertir que si bien el día 15 de junio del corriente la citada Dra. M. compareció a fs. 12 ante la Secretaría de la Instancia y fue notificada de la decisión de fs. 1/11vta. -haciéndosele entrega de una copia certificada de dicha resolución-, lo cierto es que la parte interpuso la impugnación el día 22 de dicho mes a las 10:40 hs. -conf. fs. 33vta.-; extremo por el cual, a tenor del art. 441, párr. 1º, del C.P.P., dicha interposición resultaría extemporánea. Ello pues, en el presente trámite recursivo opera el término de cinco días estipulado por la norma de referencia, y siendo que dicho plazo venció en día inhábil -esto es, el feriado recaído el lunes 20 de junio-, podría haberse interpuesto dentro del plazo de prórroga fijado por el art. 139, párr. 1º, del C.P.P. -es decir, el martes 21 del mismo mes-.
Sin embargo, a fs. 34/vta. el imputado se notificó de la decisión el día 28 del citado mes, fecha a partir de la cual debe considerarse notificada la parte, entendida como un todo conformada por el acusado y su defensa técnica, pues lo contrario implicaría un exceso ritual manifiesto (art. 424, párr. 3º, del C.P.P.); extremos en virtud de los cuales, propicio entonces sea declarada tempestiva la interposición del recurso de la Defensa técnica del imputado.-
Por lo expuesto, habiendo sido, como se dijo, presentada la apelación en término, observadas las formas requeridas para su interposición, poseyendo los impugnantes legitimación personal, y tratándose de un caso para el cual se otorga esta vía recursiva; propicio por ello declarar su admisibilidad (arts. 164, 421, 424, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).-
II. Llega la presente con motivo de la impugnación deducida contra el auto de fs. 1/11vta. en cuanto el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 2 departamental -con sede en el partido de Tigre-, Dr. Orlando Abel Díaz, convirtió en prisión preventiva la detención de R. F. M. en orden al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal (arts. 45 y 119, párr. 3º, del C.P.; 157 y 158 del C.P.P.).-
Al impugnar, la Defensa solicitó se revoque tal decisión y se ordene la libertad de su defendido. En tal sentido, a tenor de los arts. 203 y 205, inc. 1º, del C.P.P., peticionó la nulidad del allanamiento dispuesto por la Fiscalía y todos los actos procesales llevados a cabo en consecuencia, y la nulidad de la declaración de su asistido brindada en la audiencia celebrada a tenor del art. 308 del C.P.P., por imprecisión en la descripción del hecho, y por no haberle sido intimado el suceso que se tuvo por verificado al momento de dictarse el auto de prisión preventiva.-
Al respecto, en punto a la nulidad del registro domiciliario, entendió vulnerada la garantía de la inviolabilidad del domicilio, pues la Fiscalía “…[n]o argumenta las razones que lo llevan a entender que hay motivos para sospechar que la demora podría hacer peligrar los fines del proceso, cuando el imputado ya se encontraba aprehendido, estaba acreditado que vivía solo, y una simple consigna policial podía asegurar la indemnidad de los elementos que se pretendía incautar…” (fs. 15). Entendió que dicha omisión impidió el control del Juez y de la Defensa, y que en el caso no existió peligro en la demora. Además, señaló que los hallazgos allí producidos constituyen el único cauce investigativo, y con cita de jurisprudencia relativa a la doctrina de “los frutos del árbol envenenado”, peticionó la exclusión probatoria de los actos procesales llevados a cabo en consecuencia.
En torno a la nulidad de la declaración del imputado brindada a tenor del art. 308 del C.P.P., entendió vulnerada la garantía de la defensa en juicio, pues refirió que los hechos endilgados no le han sido explicados a su defendido, “…ya que si bien se describen una serie de hechos configurativos de violencia, de manera alguna se explicita cómo esa conducta resulta tener un nexo causal con el abuso sexual reprochado, si no se describe cuál ha sido la actitud de la supuesta [persona] abusada, en tanto accediera o no al encuentro sexual y ofreciera algún grado de resistencia al mismo; y si esa violencia fue utilizada para vencer tal resistencia, la que, insistimos, no queda clara en la intimación. Lo mismo ocurre con las amenazas como medio comisivo, las que no fueron descriptas, ni siquiera mencionadas…” (fs. 15).
Asimismo, juzgó violado el principio de congruencia, por haber sido dictada la prisión preventiva en orden a hechos disímiles respecto de aquéllos que le fueran reprochados en la aludida declaración, y entendió que “…se lo intima por haber accedido carnalmente por vía anal y vaginal a la víctima, lo que no es más que la descripción de la ley con algunos datos de la realidad pero incompletos…” (fs. 16). Refirió que no le han sido señalados los medios comisivos, y que la imputación no resultó específica, omisión que -siempre a su entender- imposibilitó el control del juicio de subsunción legal. Concluyó que la descripción de la materialidad infraccionaria no resultó clara, precisa y circunstanciada, y que la misma no se corresponde con las constancias objetivas de la causa.
Por su parte, consideró que las pruebas han sido valoradas en forma parcial, pues a su juicio no han sido ponderados elementos de descargo. Juzgó inexistentes las constancias atinentes a la comprobación de los hechos y la autoría, y en tal sentido alegó que la denuncia de fs. 1 del expediente principal presenta incongruencias respecto del informe médico de fs. 9, pues -siempre a su criterio- los hechos de violencia han sido descartados por el galeno interviniente. Señaló que la víctima no presenta lesiones en los brazos que acrediten los empujones y apretujones aludidos por su madre, y especificó que “…no se detectaron signos externos que convaliden la circunstancia de haber sido tapada la boca de la menor al ingresarla a la vivienda, al tratar de evitar que grite; pues no se detectó ninguna lesión de absoluta frecuencia en esos casos, tales como equimosis en el rostro, en especial en la zona de la boca o nariz…” (fs. 22vta./23). Refirió que el eritema vulvar puede haber sido provocado por un roce, que la excoriación anal no resulta un específico indicador de abuso sexual en tanto puede ser consecuencia de factores diversos, y que las lesiones en el himen pueden haber sido producidas por una relación sexual consentida, en tanto -siempre a su juicio- la víctima era una menor de edad virgen. Señaló que los hallazgos en el domicilio del imputado no acreditan el delito, y cuestionó el informe psicológico obrante en autos por ausencia de descripción de la metodología aplicada y del marco teórico que la sustenta. Al respecto, alegó que no se especificaron los indicadores por los cuales se concluyó que la víctima fue abusada.
Postuló la atipicidad de la conducta por ausencia de verificación de los medios comisivos, en tanto a su criterio la violencia no se configura por tomar fuertemente a la damnificada del brazo, arrojarla a la cama y taparle la boca; ello pues, consideró que “…la violencia ejercida no ha resultado […] de una entidad tal que imposibilitara una mínima reacción…” (fs. 25). Asimismo, entendió que la amenaza relativa a pegarle a la víctima si gritaba no revestía entidad, y que por ello no resulta idónea como elemento típico. Por último, en torno a los riesgos procesales, cuestionó la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio en tanto la prueba ha sido obtenida “casi en su totalidad” (fs. 27), y que la circunstancia relativa a que la víctima aún no haya declarado no resulta imputable a la Defensa. Además, refirió que la pena en expectativa no permite por sí sola presumir la presencia de peligro de fuga, y que no han sido merituadas las características de los hechos, las condiciones personales de su defendido, su arraigo y su comportamiento durante el proceso.
III. El Sr. Juez “a quo” consideró acreditado, con el grado de convicción que el estado del proceso requiere, que “…el día 23 de mayo de 2016, siendo las 12:00 hs. aproximadamente, en circunstancias en que la menor N. A. B. circulaba a pie por la calle C., del Barrio “Las Tunas”, de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, es que fue interceptada por el aquí imputado, R. F. M., quien le tapó la boca con su mano, la tomó fuertemente de sus brazos, y mediante violencia la ingresó al interior del domicilio sito en la calle C. nº ---, entre Cerviño y Freire, del Barrio “Las Tunas”, de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, más precisamente al cuarto del imputado, en donde le arrancó sus prendas de vestir, la arrojó sobre la cama boca abajo, para luego accederla carnalmente con su pene vía anal y vaginal…” (fs. 2); correspondiendo consignar al respecto que, por un error material involuntario en la resolución impugnada, al sustantivo “pene” se añadió el adjetivo “viril”, dándose entonces aquí por subsanada tal redundancia mediante su correspondiente rectificación (art. 206 del C.P.P.).- El hecho descripto se tuvo por verificado a partir de la denuncia de fs. 2/vta., la documentación de fs. 3 y 21/23, el informe médico de fs. 9, la constancia actuarial de fs. 13, el acta de procedimiento de fs. 15/16, el acta de allanamiento de fs. 28/29, la fotografía de fs. 30, el acta de incautación de fs. 31, el efecto reservado nº 19.228, y las declaraciones testimoniales de Noemí Correa de fs. 17 y de María Cuesta de fs. 18.-
Asimismo, tal suceso fue considerado constitutivo del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal (arts. 45 y 119, párr. 3º, del C.P.).- Por último, la autoría se tuvo por acreditada mediante la denuncia de fs. 1, el informe médico de fs. 9, el acta de procedimiento de fs. 15/16, el acta de allanamiento de fs. 28/29, el informe psicológico de fs. 57/58, y las declaraciones testimoniales de Noemí Correa de fs. 17 y de María Cuesta de fs. 18.-
IV. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del Sr. Juez “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado, y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.-
A.- En aras de brindar claridad expositiva a mi voto, habré de dar trato, en primer término, a los planteos de nulidad articulados por el recurrente:
A.1.- En punto al pedido de nulidad del allanamiento de la morada del imputado, he de advertir que, conforme surge de lo actuado a fs. 25/26, el Agente Fiscal interviniente, Dr. Marcelo Rubén Fuenzalida, ordenó el allanamiento del domicilio de referencia por razones de urgencia, ello en los términos del art. 59, inc. 1º, del C.P.P.-
Dicha norma, en su parte respectiva, reza que “...[e]l Agente Fiscal tendrá las siguientes facultades: [...] [d]entro de los límites y con el alcance de cada medida, cuando concurran fundados motivos que le permitan creer que existe peligro en la demora, el Agente Fiscal podrá, con aviso previo al Juez de Garantías, ordenar directamente el registro de lugares de los arts. 219, 220 y 221...”.
Al respecto, la doctrina ha señalado que tal facultad fiscal “…sólo podrá ejercerse en el marco de una situación de excepción, que no es otra que aquella que le permitirá creer (mínimo de convicción) al fiscal que existe peligro (riesgo cierto) en la demora (tardanza que frustre la medida); pero para tal creencia deberá tener inexcusablemente motivos (razones) fundados (apoyo en datos suficientes y serios)…” (Bertolino, Pedro J., “Código Procesal Penal de la Provincia de Bs. As.: Comentado”, Bs. As., Abeledo-Perrot, 2009, 9º ed., pág. 142).-
En forma concordante, recientemente el Tribunal de Casación Penal de nuestra provincia ha sostenido que la norma en cuestión “…confiere al Ministerio Fiscal la capacidad de disponer, con conocimiento inmediato del Juez de Garantías, el registro de lugares a los que hacen referencia los artículos 219, 220 y 221 del mismo cuerpo legal, siempre que concurran fundados motivos que permitan creer que existe peligro en la demora…” (Sala I, causa nº 74.320 “Moreira, Aldo R. s/ recurso de Casación interpuesto por Fiscal General”, rta. el 2/2/2016, del voto del Dr. Daniel Carral).- En el caso, de la lectura del resolutorio obrante a fs. 25/26 se desprenden los motivos que llevaron al Agente Fiscal a considerar que existían razones de urgencia que ameritaban la adopción de la medida dispuesta; así, sostuvo que en caso de implantarse, en la residencia de referencia, una consigna policial, la misma podría ser fácilmente detectada, lo que facilitaría la desaparición de los elementos a incautar.
Por otra parte, conforme surge de las certificaciones actuariales agregadas a fs. 27 y 44/vta., la Fiscalía mantuvo la comunicación previa con el Juzgado de Garantías requerida por la norma; siendo que el allanamiento en cuestión fue a fs. 45/48 convalidado por el Magistrado de grado.- Entonces, tengo hasta aquí que se ha dado cumplimiento a las formas exigidas para la realización de tal diligencia.
Así, sólo resta analizar si las razones alegadas por el Fiscal son atendibles.
A fs. 2/vta. obra la declaración testimonial de María Isabel Contreras, madre de la víctima de autos, prestada con fecha 23/5/2016 a las 17:45 hs., quien manifestó, en lo que aquí interesa, que alrededor de las 12:00 hs. su hija egresó de su domicilio sito en la calle San Isidro nº ----, de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Bs. As., para ir a comprar pan; y que al ver que su hija no regresaba, se constituyó en sede policial, y luego recibió un llamado telefónico dando cuenta que había sido encontrada. Narró que su hija había encontrado el almacén cerrado, y que al pretender regresar a su hogar, un individuo tapó su boca y la llevó para su vivienda, “ubicada sobre la calle Cerviño […] posee una placa de cerámica afuera, de color blanco, con rosas pintadas” (fs. 2). Explicó que no había terceros en la vía pública, y que una vez dentro de la vivienda de referencia, tras quitarle a la damnificada “todas sus prendas” (fs. 2), la empujó a una cama “con sábanas de color marrón y azul” (fs. 2) donde se produjo el acceso carnal aquí investigado, el cual fue descripto. Indicó que aproximadamente a las 16:00 hs. el agresor permitió a la víctima retirarse de dicho lugar, quien lo hizo llorando en busca de ayuda, y que en el sitio de referencia “…quedó una remera de su propiedad, de color verde, con una inscripción amarilla “Brasil”…” (fs. 2vta.).
Así las cosas, a fs. 15/16 la Oficial Gisela Jesús y el Oficial Damián Acuña recibieron un alerta radial atinente a la presencia de una niña víctima de un delito sexual en la vivienda de la calle Cerviño nº ----, de la aludida localidad de General Pacheco, por lo que se constituyeron en dicho sitio, donde observaron a María Cuesta y Noemí Correa, allí domiciliadas, abrazando a la víctima de autos. Tras ello, se hicieron presentes la Sargento Laura Vera y el Oficial Jonathan Ábalos Martínez, junto a la citada Contreras, a bordo de otro móvil policial, siendo que la damnificada describió al agresor; y frente a ello, las aludidas Cuesta y Correa informaron a los agentes policiales “…que el masculino mencionado por la menor, se encontraría sobre la calle C., a metros de la intersección con la calle Cerviño; más precisamente en la parada de ómnibus que allí se emplaza, motivo por el cual nos dirigimos hacia el lugar. Una vez allí divisamos la presencia de un masculino, que coincide con las descripciones físicas manifestadas por la menor B., motivo por el cual le impartimos la voz de “¡alto policía!” y procedemos a su interceptación…” (fs. 15vta.); siendo que dicha acta fue ratificada por las citadas testigos Correa y Cuesta a fs. 17 y 18 respectivamente, y que la aprehensión del imputado se materializó a fs. 19/20vta.-
En consecuencia, el titular de la acción penal se encontraba amparado bajo un supuesto de hecho que lo habilitaba a valerse de la vía procesal en ciernes. Nótese a su respecto, que en el domicilio de referencia existía, al menos, una remera de la víctima que el agresor le quitó instantes antes de perpetrar el ilícito, y las sábanas de la cama donde se llevó a cabo la agresión, desconociéndose si en dicha vivienda residían otras personas - más allá de la alusión de la menor relativa a que el agresor “vive solo”, conf. fs. 2vta.-; circunstancias por las cuales, frente a la aprehensión del procesado, había razones suficientes para suponer que dicha detención podía entonces alertar a terceros, motivando que se deshicieran de la prenda de vestir y las sábanas de referencia, y de toda otra prueba de cargo que se localizara en el domicilio de referencia.-
Al respecto, es así que en la vivienda del imputado, en cuyo frente fueron visualizadas dos placas compatibles con la descripción de la víctima atinente al material de cerámica, de color blanco, con rosas pintadas -conf. fotografías del cuadro superior de fs. 159-, logró incautarse “…una remera de color verde, con la inscripción amarilla “Brasil” […] y asimismo un juego de sábanas, de color marrón…” (fs. 29); siendo que tales elementos fueron fotografiados a fs. 161.-
No debe perderse de vista que, por la modalidad delictiva investigada en el marco de las presentes, aún cuando el camino con mayor apego a las garantías constitucionales sea aquél a través del cual se da intervención permanente al órgano jurisdiccional, exigir al Fiscal adoptar un camino diferente al escogido, cuando el mismo digesto de forma regula estas vías procesales para supuestos excepcionales como el del caso, hubiera implicado poner en riesgo el objeto de la investigación. Nótese al respecto, que la urgencia que motivó la intervención fiscal se justifica merced a los peligros que la demora puede irrogar para la obtención de elementos de cargo que, dada su naturaleza, resultan de fácil ocultamiento; máxime tratándose de una remera con dimensiones acordes a las de una niña de 13 años de edad.-
Por tales fundamentos es que no corresponde hacer lugar al pedido de nulidad del allanamiento del domicilio del imputado dispuesto a fs. 25/26 por el Agente Fiscal interviniente, Dr. Marcelo Rubén Fuenzalida, y llevado a cabo a fs. 28/29 (arts. 59, inc. 1º, 201 y ccdtes. a contrario del C.P.P.).- A.2.- En torno a la petición de nulidad de la declaración del imputado brindada a tenor del art. 308 del C.P.P. por imprecisión en la descripción del hecho, y por no haberle sido intimado el mismo suceso que se tuvo por verificado al momento de dictarse el auto de prisión preventiva; he de advertir, en punto a esta última alegación de la parte, que tal pretensión se articula con la vulneración al principio constitucional de congruencia (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, incs. 1º y 2º, ap. b), de la C.A.D.H.; 14, incs. 1º y 3º, ap. a), del P.I.D.C.yP.; 308 y ccdtes. del C.P.P.).-
Sobre el punto, autorizada doctrina en la materia señala que “…[p]or aplicación del postulado de la inviolabilidad de la defensa, entre la acusación intimada y la sentencia debe mediar una correlación esencial respecto del suceso, la cual no permite condenar al acusado por un hecho diverso de aquél que fue objeto de la imputación formulada (ne est iudex ultra petita partium) […] Dicha unidad que debe existir entre la acusación y el pronunciamiento es para evitar que al imputado se lo condene por un suceso por el cual no fue intimado. Lo relevante para la defensa es que el pronunciamiento verse sobre el mismo suceso que fue objeto de la acusación…” (Clariá Olmedo, Jorge A., “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2011, Tomo VIII, 1º ed., págs. 796/797).-
En forma concordante, el Tribunal de Casación Penal de nuestra provincia ha sostenido que “…el principio de congruencia persigue asegurar el resguardo del derecho de defensa en juicio de modo tal que la asistencia técnica del imputado no se vea sorprendida a raíz de una resolución que se apoye en una imputación que no ha tenido posibilidad de contestar…” (Sala III, causa n° 14.661 “Magadan, Antonio R. s/ recurso de queja” y su acumulada causa n° 14.597 “Magadan, Antonio R. s/ recurso de queja”, rta. el 1/3/2012, del voto del Dr. Daniel Carral).-
En el caso, he de subrayar que, en la audiencia celebrada a fs. 40/41vta. de conformidad con el art. 308 del C.P.P., al justiciable le fue intimado el siguiente evento:
“…el día 23 de mayo de 2016, siendo las 12:00 hs.
aproximadamente, en circunstancias en que la menor N. A. B. circulaba a pie por la calle C., del Barrio “Las Tunas”, de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, es que fue interceptada por el aquí imputado, R. F. M., quien le tapó la boca con su mano, la tomó fuertemente de sus brazos, y mediante violencia la ingresó al interior del domicilio sito en la calle C. nº ---, entre Cerviño y Freire, del Barrio “Las Tunas”, de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, más precisamente al cuarto del imputado, en donde le arrancó sus prendas de vestir, la arrojó sobre la cama boca abajo, para luego accederla carnalmente con su pene vía anal y vaginal…” (fs. 40vta./41); correspondiendo consignar al respecto que, por un error material involuntario en la redacción de dicha acta, al sustantivo “pene” se añadió el calificativo “viril”, dándose entonces aquí por subsanada tal redundancia mediante su correspondiente rectificación (art. 206 del C.P.P.).-
Así las cosas, frente a lo alegado por el recurrente, he de señalar que tal descripción fáctica resulta idéntica a la que tuvo por verificada el Sr. Juez “a quo” al momento de convertir en prisión preventiva la detención del imputado (conf. fs. 81). No se advierte entonces vulneración alguna al principio constitucional de congruencia, y a la garantía de defensa en juicio de la que aquél deriva, desde que, como se dijo, la descripción fáctica al dictarse prisión preventiva se ha correspondido con el hecho que le fuera impuesto al acusado al momento de recibírsele declaración (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, incs. 1º y 2º, ap. b), de la C.A.D.H.; 14, incs. 1º y 3º, ap. a), del P.I.D.C.yP.; 201 y ccdtes. a contrario, 308 y ccdtes. del C.P.P.).- Por su parte, en punto a la alegada imprecisión de la imputación por omisión de descripción detallada de los medios comisivos, de la actitud de la víctima y del nexo causal entre la violencia atribuida al acusado y el abuso sexual endilgado; he de advertir, en primer término, que el Prof. Roberto A. Falcone señala que “…[e]l hecho describe el acontecimiento histórico sometido al tribunal a través de la acusación, en tanto configura una unidad según la concepción cultural […] el “hecho” debe ser apreciado desde un punto de vista procesal. Constituye un complejo histórico unitario; el suceso referido en la acusación, incluyendo todos los sucesos y las circunstancias de hecho conexas y relativas a ellos que son idóneos para tornar factible la obra del acusado como punible […] De este modo la individualización del hecho es de capital importancia puesto que cumple dos funciones: fija el objeto del proceso y con ellos sus efectos sobre la cosa juzgada (función delimitadora) y la de informar al imputado el núcleo de la imputación (función de información)…” (aut. cit., “El proceso penal en la provincia de Buenos Aires”, Bs. As., Ad-Hoc, 2013, 3° ed., págs. 178/180).-
Del mismo modo, se ha sostenido -y lo comparto- que el derecho de defensa se garantiza “…con la posibilidad de que el imputado pueda contestar la intimación que se le ha dirigido. Se entiende por intimación al acto mediante el cual se le dirige al imputado, en toda su extensión, el hecho que le es atribuido, la acusación que pesa en su contra, de modo tal que pueda tener un cabal conocimiento, como también una absoluta comprensión de esa circunstancia…” (Chiara Díaz, Carlos A. y La Rosa, Mariano R., “Derecho procesal penal”, Bs. As., Astrea, 2013, 1° ed., págs. 71/72).-
En forma concordante, tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia que “…la necesidad de la determinación concreta del hecho imputado integra el estándar constitucional del debido proceso y, específicamente, de la garantía de defensa en juicio, no sólo por cuanto posibilita resistir adecuadamente el suceso imputado en sus circunstancias de tiempo, lugar, modo, etc., sino también lo relativo a la justeza de su adecuación jurídica (art. 18, C.N.). Por lo demás, su jerarquización se encuentra intensificada por su reconocimiento en el art. 8.2 ap. b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, integrando el bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 de la C.N.; conf. mi voto en la causa P. 75.132, sent. de 23-XI-2005 y sus citas)…” (Causa P. 87.093, “B., H. E. s/robo agravado, etc.”, rta. el 22/10/2008, del voto del Dr. Daniel Fernando Soria).-
Ahora bien, a partir de la lectura del hecho imputado a fs. 40/41vta. en la audiencia prevista por el art. 308 del C.P.P., no se advierten, a diferencia de lo señalado por el recurrente, defectos en la descripción del hecho materia de reproche (art. 312 del C.P.P.).-
Es que la Fiscalía ha indicado que la conducta que se le endilga al aquí acusado se desarrolló el día 23 de mayo del corriente, aproximadamente a las 12:00 hs., en su domicilio sito en la calle C. nº ---, entre Cerviño y Freire, del Barrio “Las Tunas”, de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires; y consistió en interceptar a la niña N. A. B., víctima de autos, mientras ésta caminaba por la aludida arteria C., taparle la boca con una de sus manos, tomarla fuertemente de sus brazos e ingresarla a la vivienda de referencia. Asimismo, se ha explicado que dentro de dicho sitio, en la habitación del acusado, éste le arrancó a la damnificada su vestimenta, la arrojó sobre su cama boca abajo, y la penetró con su pene vía vaginal y analmente; extremos que desarticulan el agravio del recurrente atinente a que no fueron descriptos los medios comisivos empleados por el imputado.-
En consecuencia, el titular de la acción penal ha brindado una descripción circunstanciada de los eventos, estableciendo el lugar, día y horario en que acontecieron; precisó la identidad del agresor y de la damnificada, indicó con claridad las conductas llevadas a cabo por el imputado, a partir de haberla interceptado en la vía pública, taparle su boca con una mano, tomarla fuertemente de sus brazos, ingresarla a su habitación en la morada en cuestión, quitarle su vestimenta y arrojarla sobre su cama boca abajo. Finalmente, especificó el resultado lesivo contra la integridad sexual, consistente en haberla penetrado con su pene por la vagina y por el ano; circunstancias que desvirtúan el agravio de la Defensa relativo al desconocimiento sobre el nexo causal que medió entre la violencia física ejercida por el acusado y la consumación del ilícito.- Tales circunstancias satisfacen la exigencia de una información detallada en punto al hecho que se le atribuye al justiciable (art. 312, párr. 1º, del C.P.P.), pues en definitiva ha mediado una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del evento, de modo que la materialidad ilícita imputada ha sido descripta de modo suficiente, y el acusado y su asistencia técnica han contado con la posibilidad de confutar la hipótesis fáctica de cargo, permitiéndose entonces la efectiva defensa (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 2º, ap. b), de la C.A.D.H.; 14, inc. 3º, ap. a), del P.I.D.C.yP.).- En virtud de todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la petición de nulidad de la declaración del imputado brindada a fs. 40/41 tenor del art. 308 del C.P.P. (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, incs. 1º y 2º, ap. b), de la C.A.D.H.; 14, incs. 1º y 3º, ap. a), del P.I.D.C.yP.; 308, 312, párr. 1º, y ccdtes. del C.P.P.).-
B.- Ahora bien, el recurrente cuestiona la acreditación del hecho y de la autoría que en él le cupo al aquí acusado.
Al respecto, de he advertir que, tal como he señalado al momento de dar trato al planteo de nulidad del allanamiento, se encuentra acreditado en autos, mediante el testimonio de fs. 2/vta. de la citada Contreras, madre de la víctima de 13 años de edad -conf. copia de certificado de nacimiento de fs. 194-, que su hija egresó de su domicilio para comprar pan, encontró el almacén cerrado, y al pretender retornar a su hogar, un individuo tapó su boca y la llevó para su vivienda, ello sin la presencia de terceros en la vía pública. Asimismo, relató que dentro de la vivienda, tras quitarle la ropa, la empujó a su cama, la cual tenía sábanas de color marrón y azul, y allí la besó, le tapó la boca y la penetró con su pene vía vaginal “sin ningún tipo de protección” (fs. 2). Además, indicó que el agresor “…le manifestó que quería ir a comer con la menor y que también quería ir a un hotel para estar con ella, indicándole que le rezaba a la Virgen para poder estar con ella, profiriéndole “quiero que seas mi mujer”; “estoy contento y voy a anotar el día”; “cuando cumplamos un mes, te voy a dar una sorpresa”…” (fs. 2/vta.). Además, señaló que su hija “…no es de mentir ni fabular, y es una muy buena alumna en el colegio, resaltando que nunca tuvo problemas con su hija…” (fs. 2vta.), que “…nunca había tenido novio y era virgen hasta este suceso…” (fs. 2vta.), y que la niña le indicó que no era la primera vez que veía a este sujeto, quien cuando la visualizaba le decía que era “bonita” (fs. 2vta.). Finalmente, indicó que el atacante permitió a la víctima egresar de dicha residencia, quien lo hizo llorando en busca de ayuda, y que en el sitio de referencia quedó una remera de la niña, de color verde, con la inscripción “Brasil” en amarillo.-
Así las cosas, el médico Agustín Grimoldi informó el día de los sucesos que la víctima presentó “…[h]imen con desgarro en hora 6 de 2 cm. […] de reciente data […] Zona vulvar con eritema en toda la región […] Anillo anal con excoriación en hora 12 de 1 cm. […] Lesiones éstas que pueden haber sido producidas por la penetración de un objeto duro o semiduro o de borde romo como un pene humano. Lesiones éstas de una data de menos de 24 hs…” (fs. 9). Frente a ello, el galeno interviniente extrajo tres muestras vaginales y tres anales, las cuales a fs. 187/188 fueron peritadas por Paula Milén Andrés, Licenciada en Criminalística, quien concluyó que “…en el material obtenido de los hisopados vaginales remitidos, se detectó la presencia de componentes del plasma seminal humano (porción líquida del semen)…” (fs. 188).
Además, he de tener en cuenta que, como se dijo, a fs. 15/16 los citados Oficiales Jesús y Acuña recibieron un alerta radial atinente a la presencia de una niña abusada en la vivienda de las aludidas vecinas Cuesta y Correa, quienes abrazaban a la víctima de autos, e informaron a los preventores que el agresor resulta ser “…de edad avanzada, de cabellos cortos, de color negro y blanco, de contextura física robusta y baja estatura…” (fs. 15vta.), y que se encontraría en la parada de colectivo de la misma cuadra del domicilio donde acaecieron los eventos. Al dirigirse a dicho sitio, visualizaron a un sujeto con rasgos fisonómicos coincidentes con los descriptos por las testigos, resultando ser el aquí acusado, quien finalmente a fs. 19/20vta. resultó aprehendido.
Así las cosas, al practicarse a fs. 28/29 el allanamiento de la vivienda del imputado, fueron incautados un juego de sábanas de color marrón, y una remera, de color verde, con la inscripción “Brasil” en color amarillo, elementos fotografiados a fs. 161; siendo que a tenor del art. 308 del C.P.P. el acusado refirió allí domiciliarse (conf. fs. 40vta.).
Asimismo, Verónica Grau, Licenciada en Psicología, informó a fs. 57/58 que mantuvo una entrevista con la víctima de autos, a partir de la cual concluyó que “…[s]u discurso pareció coherente, sin fallas lógicas, impresionando de esta manera verosímil […] Aclara que desde el año pasado, a ella, como a otras chicas del barrio, este individuo [en referencia al agresor] solía decirle cosas inapropiadas cuando se encontraban a solas. “Ya a mis 12 años él me decía que era bonita. Que entre a su casa con él. Y yo le decía que no, y me iba rápido…” (fs. 57vta.). Además, la niña le indicó que el agresor “…repetía que no gritara porque si no me iba a pegar. Me decía que éramos novios, y que no le cuente a nadie porque esto era un secreto…” (fs. 58). Finalmente, consignó que la damnificada “…manifestó tener dificultades para conciliar el sueño, flashback que la retrotraen a la situación problemática, así como también alto grado de temor y angustia…” (fs. 58).
Por lo demás, en punto al cuestionamiento del recurrente dirigido contra el rigor científico de las conclusiones de la citada Licenciada Grau, he de señalar que dicha información ha de ser ponderada como aquella brindada por un informe psicológico preliminar practicado sobre la víctima un día después de los eventos; siendo que la experticia psicológica correspondiente ha sido ordenada por la Fiscalía a fs. 60/61, y fijada a fs. 191 por el Perito Martín Pincardini, Licenciado en Psicología, para los días 7, 8 y 10 de noviembre del corriente, a las 09:00 hs., de todo lo cual ha sido notificada la Defensa Técnica a tenor de los arts. 247 y ccdtes. del C.P.P. (conf. fs. 197).
Finalmente, a fs. 195/vta. N. A. B., víctima de autos, prestó declaración testimonial de conformidad con las previsiones del art. 102 bis del C.P.P., y a tenor de la grabación llevada a cabo en el cd reservado como efecto nº 20203, la testigo narró, en lo medular, que “…fui a comprar […] estaba caminando […] y el hombre estaba parado, como siempre […] no sé el nombre […] siempre anda ahí, parado, diciéndole cosas a las chicas […] fui a hacer las compras al kiosquito que está al lado de la casa de este hombre […] diciéndome cosas: “qué linda que estás” […] yo sigo caminando, derecho […] después vi que estaba cerrada la puerta del kiosco […] me volví para el mismo lado […] y el hombre siempre, siempre estaba ahí parado […] de golpe me agarró […] me tapó la boca y me llevó arrastrando […] y no había nadie: no cruzó ni colectivo, ni nadie […] me llevó arrastrando a la casa […] me llevó arrastrando, abrió la puerta, me llevó a su cuarto; me amenazaba que si yo gritaba me iba a pegar […] me decía que me calle […] yo quería gritar y no podía […] se sacó él la ropa y me sacó a mí la ropa […] se me tiró encima […] yo estaba en la cama porque él me tiró a la cama […] él se sacó la parte de arriba […] y la parte de abajo, cuando estaba subiendo a la cama, se la sacó […] y mi ropa, lo primero fue lo de abajo […] y la ropa de arriba, cuando ya estaba encima mío […] mala costumbre ponerme dos remeras […] una de Brasil, verde, y tenía un corazón […] y tenía una remera más, toda rayada; era como un conjunto, como cortito […] me lo hizo; yo quería gritar y me tapaba la boca […] en la parte de abajo […] la parte de abajo del hombre […] no puedo contar […] la parte de abajo del hombre de adelante […] me la metió a mí […] acá abajo [la testigo se señala a la altura de la pelvis; la psicóloga interviniente, Licenciada Cecilia Bauer, le pregunta “¿adelante o atrás?”] Las dos […] [la psicóloga le pregunta “¿te lastimó?”; y la testigo asiente con la cabeza] no me lastimó en otra parte […] me puso boca abajo y me tapaba la boca, yo no podía respirar […] al principio yo estaba boca arriba, y después boca abajo [la psicóloga le pregunta “¿te pidió que vos hicieras algo?”; y la testigo asiente con la cabeza; la psicóloga le pregunta “¿qué te pidió?”, y la testigo rompe en llanto] muchas cosas me pedía, que le besara [la testigo continúa llorando; la psicóloga le pregunta “¿vos lo besaste?”; y la testigo deniega moviendo la cabeza] me obligaba a besarlo […] en la boca […] no me sale: él me obligó a que ahí abajo le haga algunas cosas […] me obligó a agarrar su [la testigo demora unos segundos] pene […] y la boca [la testigo se señala su boca] […] pasaron como cuatro horas […] porque estuve a las 12 y salí a las 4 […] de la tarde […] no había nadie más en la casa […] nunca había estado en esa casa […] yo siempre en verano andaba en bici […] cuando estaba ahí en la cama me dice: “vos ibas y veía un ángel”…”.-
En consecuencia, tengo hasta aquí que: a) una testigo refirió que la víctima le dijo que cuando el agresor la veía le decía “bonita”, siendo que la damnificada relató que dicho sujeto suele decirle “cosas” a las chicas, y que el día del hecho, previo al ataque, le dijo “qué linda que estás”; b) dos testigos señalaron que el día del evento la damnificada salió de su domicilio para ir a comprar al almacén, siendo que la víctima indicó que al pretender retornar a su hogar el agresor le tapó su boca y la arrastró hacia su vivienda; c) la damnificada especificó que el atacante le quitó una remera “de Brasil, verde, y tenía un corazón”; siendo que en el allanamiento del domicilio del imputado se incautó una prenda de vestir de idénticas características -conf. fotografía de fs. 161-; y d) una testigo especificó que la niña era virgen y nunca tuvo novio, y la víctima refirió que el agresor la penetró con su pene por la vagina y por el ano; siendo que el mismo día de la agresión, el informe médico advirtió en dicha niña un desgarro en su himen, un eritema en toda la región vulvar y una excoriación anal, todo lo cual juzgó compatible con la penetración de un pene; y a su vez, la pericia de autos detectó semen en las muestras vaginales.-
Tales extremos desarticulan los agravios del recurrente atinentes a que en autos se carece de elementos tendientes a acreditar la existencia de la materialidad ilícita y la autoría que en ella le cupo al aquí acusado.- A ello adúnese, que ha mediado una relación de cercanía témporoespacial entre la perpetración del ilícito y la detención del aquí acusado, pues alrededor de una hora después de consumado el hecho, dos agentes policiales visualizaron a la vuelta del lugar del suceso, a dos vecinas abrazando a la víctima; y tras ello, la aprehensión del imputado se produjo a escasos metros de dicho sitio.-
A su vez, no dejo de advertir que hasta aquí una psicóloga ha consignado que la damnificada experimenta “dificultades para conciliar el sueño, flashback que la retrotraen a la situación problemática, así como también alto grado de temor y angustia”; siendo que, durante su testimonio, la damnificada mostró dificultades para relatar lo sucedido, con visibles momentos de quiebre emocional seguidos de llantos.-
Por su parte, la Defensa postula la atipicidad de la conducta por ausencia de verificación del medio comisivo, por entender que el elemento típico atinente a la violencia no se configura en autos.
Al respecto, doctrina especializada en la materia señala que “…[e]l significado del uso de violencia se asocia de manera inexorable al uso de fuerza física para vencer la resistencia de la víctima […] Esta violencia se configura ahora de igual manera aunque la víctima no haya podido ejercer una defensa eficaz. Acá no será necesario, como lo sostiene una antigua postura, que la víctima se haya resistido durante todo el acto sexual […] este requisito de resistencia y oposición física de la víctima aparece como innecesario y hasta superfluo, porque el contenido de lo injusto de este delito de abuso sexual y sus tipos agravados no demandan la oposición física de la víctima, sino tan sólo su ausencia de consentimiento…” (Aboso, Gustavo Eduardo, “Derecho penal sexual. Estudio sobre los delitos contra la integridad sexual”, Bs. As., Editorial “Bdef”, 2015, págs. 113/115).- En tal sentido, recientemente el Tribunal de Casación Penal de nuestra provincia ha sostenido que “…debe tenerse en cuenta que la enumeración de medios del art. 119 del C.P. no es taxativa ya que el párrafo final hace referencia a cualquier causa por la cual la víctima no haya podido consentir libremente, es decir, en pie de igualdad. Al utilizar la fórmula “aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción” la reforma pretendió introducir todos los casos en que no existe consentimiento por parte de la víctima. La norma se complementa con el art. 78 del C.P. que confiere al intérprete una pauta para tener por configurada la fuerza o violencia. En el caso, se determinó que el imputado empleó un medio que suprimió la voluntad de T. y la posibilidad de resistirse al abuso sexual del cual fue víctima, por lo que a diferencia de lo que plantea el recurrente no es posible sostener que medió el consentimiento de la damnificada cuando se ejercita una violencia que suprime la libertad del individuo…” (Sala V, causa Nº 64.346 seguida a “J. E. M.”, rta. el 14/10/2014, del voto del Dr. Jorge Hugo Celesia).-
En el caso, el agresor le tapó la boca a la víctima, la arrastró hacia su vivienda, donde la tiró a su cama, y le sacó la ropa; siendo que la amenazaba con que si gritaba le pegaría, por lo cual la damnificada “quería gritar y no podía”. Ello aunado, a que se trató de una niña de poco más de 13 años y 3 meses de edad, frente a un agresor de 61 años de edad “de contextura física robusta” (fs. 15vta.); circunstancias por las cuales, mal puede predicarse que la víctima haya podido consentir libremente el acceso carnal perpetrado por el imputado.-
Por lo demás, en punto a la alegación de la Defensa atinente a que la víctima no presentó lesiones en su boca y en los brazos, he de resaltar que la propia damnificada relató que no fue lastimada en dichas zonas. En virtud de todo lo expuesto, se encuentran acreditadas, con el grado de convicción exigido en autos, la materialidad configurativa del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y la autoría que en ella le cupo a R. F. M. (arts. 45 y 119, párr. 3º, del C.P.; 157, 158 y 210 del C.P.P.).-
V. Resta analizar si la medida de coerción es necesaria en la intensidad dispuesta para garantizar la realización del juicio y la aplicación de la ley material.
En primer lugar, teniendo en cuenta la escala penal prevista para el delito en trato -cuyo mínimo estriba en 6 años de prisión, y alcanza un máximo de 15 años de la misma especie punitiva-, la eventual pena a imponer no podrá ser dejada en suspenso (art. 26 a contrario del C.P.); extremos en función de los cuales, el caso escapa a los supuestos previstos por el art. 169, incs. 1º y 3º, del C.P.P.-
De acuerdo a lo señalado, encuentro el primer dato revelador del peligro de fuga, derivado de la gravedad y magnitud del injusto, conforme lo considerara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe 2/97 a fin de evaluar que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia; gravedad que a su vez justifica la proporcionalidad de la medida con el objeto de tutela (art. 146, inc. 3º, del C.P.P.).-
A su vez, aún partiendo del mínimo de la escala penal, atento al tiempo que M. lleva detenido (poco más de 4 meses), es que no se encontraría en condiciones de acceder a instituto liberatorio alguno.- Por su parte, mal puede predicarse la existencia de arraigo y contención del imputado, desde que, como se dijo, el domicilio del imputado resulta ser la vivienda donde acontecieron los sucesos investigados (art. 148, párr. 2º, inc. 1º a contrario, en función del art. 171 del C.P.P.). A ello agréguese, que dicho domicilio se encuentra emplazado en la misma manzana en la que se encuentra la residencia de la víctima y su madre, y la vivienda de las aludidas testigos de cargo Cuesta y Correa, relación de cercanía espacial que permite predicar la existencia de riesgo de entorpecimiento probatorio (art. 148, párr. 3º, inc. 2º, del C.P.P.).- De esta manera, el cuadro descripto impone a mi juicio -a esta alturamantener el encierro cautelar de excepción que viene cumpliendo M., sin perjuicio de los elementos que pudieran aportarse en el futuro en sentido contrario. Por ello, propicio confirmar el interlocutorio impugnado (arts. 119, párr. 3º, del C.P.; 144, 146, inc. 3º, 148, párrs. 2º, incs. 1º y 2º, y 3º, inc. 2º, 157, 158, 169, incs. 1º y 3º a contrario, 171 y 210 del C.P.P.).-
VI. Ahora bien, toda vez que conf. fs. 133/vta. del expediente principal, R. F. M. se encuentra alojado en la Unidad nº 26 del S.P.B., y siguiendo el criterio expuesto en causa 22.535/III, a cuyos fundamentos me remito “brevitatis causae”, corresponde al Sr. Juez interviniente requerir al Director de la Unidad nº 26 del S.P.B. que en el término de 48 hs. informe al Juez o Tribunal a cuya disposición se encuentra detenido, las condiciones concretas en que se cumple el alojamiento del citado M. (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), las que de no cumplir con las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 de la CN justificarán que el Juez referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido del imputado o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la ley Suprema de la Nación (art. 18 CN), de conformidad con lo resuelto el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus" (punto dispositivo Nro. 4) y el 11 de mayo de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en causa P. 83.909 (artículo 2 del fallo), hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas (arts. 18, 75 inc. 22 y ccdts. de la CN; arts. 1, 25, 26 y ccdtes de la DADyDH; arts. 3, 5, 9 y ccdts de la DUDH; arts. 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. de la CADH; arts. 9, 10 y ccdts. del PIDCyP; arts. 16 y ccdts. de la CTyTPCIyD; arts. 30 y ccdts. de la Const. de la Provincia de Buenos Aires; ley Nacional 24.660 y ley Provincial 12.256).-
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov., y 106 del C.P.P.).- La Jueza Vazquez dijo:
Adhiero al voto del colega, correspondiendo aclarar respecto de la admisibilidad del recurso, que, a mi juicio, la impugnación ha sido deducida en forma tempestiva en tanto, conforme los antecedentes relevados en el voto que me precede, fue interpuesta dentro del plazo de gracia fijado por el art. 139 del C.P.P. -es decir, dentro de las cuatro primeras horas del día hábil siguiente a aquél en el cual operó la prórroga-.
Así lo voto.-
Por todo lo expuesto, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE la apelación deducida a fs. 14/33vta. del presente incidente, contra el auto de fs. 1/11vta., de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 164, 421, 424, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).-
II. NO HACER LUGAR al recurso, DENEGAR los pedidos de nulidad del allanamiento del domicilio del imputado dispuesto a fs. 25/26 del expediente principal por el Agente Fiscal interviniente, y de la declaración del imputado brindada a fs. 40/41 tenor del art. 308 del C.P.P., y CONFIRMAR el auto de fs. 1/11vta. del presente incidente en cuanto el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 2 departamental -con sede en el partido de Tigre-, Dr. Orlando Abel Díaz, convirtió en prisión preventiva la detención de R. F. M. en orden al delito de abuso sexual agravado por acceso carnal; ello de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, incs. 1º y 2º, ap. b), de la C.A.D.H.; 14, incs. 1º y 3º, ap. a), del P.I.D.C.yP.; 45 y 119, párr. 3º, del C.P.; 59, inc. 1º, 144, 146, inc. 3º, 148, párrs. 2º, incs. 1º y 2º, y 3º, inc. 2º, 157, 158, 169, incs. 1º y 3º a contrario, 171, 201 y ccdtes. a contrario, 210, 308, 312, párr. 1º, y ccdtes. del C.P.P.).-
III. DISPONER que el Juez interviniente oficie requiriendo al Director de la Unidad nº 26 del S.P.B. para que en el plazo de 48 hs. informe al Juez o Tribunal a cuya disposición se encuentra detenido R. F. M. las condiciones concretas en que se cumple el alojamiento del nombrado (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), las que de no cumplir con las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 de la CN justificarán que el Juez referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido del imputado o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la ley Suprema de la Nación (art. 18 CN), de conformidad con lo resuelto el 3 de mayo de 2005 por la C.S.J.N. en causa "Recurso de hecho deducido por el C.E.L.S. en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus" (punto dispositivo Nro. 4) y el 11 de mayo de ese mismo año por la S.C.J.P.B.A., en causa P. 83.909 (artículo 2 del fallo), hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas; de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 18, 75 inc. 22 y ccdts. de la CN; 1, 25, 26 y ccdtes. de la DADyDH; 3, 5, 9 y ccdts de la DUDH; 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. de la CADH; 9, 10 y ccdts. del PIDCyP; 16 y ccdts. de la CTyTPCIyD; 30 y ccdts. de la Const. de la Provincia de Buenos Aires; ley Nacional 24.660 y ley Provincial 12.256).
IV. Regístrese, devuélvanse los principales, notifíquese al Fiscal de Cámaras y a la Defensa de intervención, y cumplido ello, devuélvase a fin de que continúe con el correspondiente trámite.-
Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Celia Margarita Vazquez - Juez Ante mí: Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia