Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 30593
Lo que resolvió el tribunal
I. Por mayoría, APLICAR al presente recurso el trámite ordinario previsto en los artículos 439 y ccdtes del C.P.P.; y por unanimidad, declarar inadmisibles as impugnaciones ensayadas a fs. 9vta. en forma “in pauperis” por el imputado y a fs. 10/13 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán; ello de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 421 "in fine" -según ley 13.943-, 433 "in fine" y 446 del C.P.P.).-
Causa N° SI-30593-2017.
Libro de Sentencias XXX Registro N° 3947 SI-30593-2017/III CARABAJAL, ROBERTO JOSE ARIEL S/ SENTENCIA CORRECCIONAL En la ciudad de San Isidro, a los 16 días del mes de mayo del año 2017, reunidos en Acuerdo ordinario los Jueces de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, Dres. Carlos Fabián Blanco, Luis Cayetano Cayuela y Juan Eduardo Stepaniuc para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia en la presente causa seguida a Roberto José Ariel Carabajal; practicado en su oportunidad el sorteo que impone la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Carlos Fabián Blanco, Juan Eduardo Stepaniuc y, para el caso de disidencia, Luis Cayetano Cayuela (conf. art. 440 del C.P.P. y acuerdo extraordinario nº 1543).-
I. A fs. 3/9 del presente legajo, el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 4 departamental, Dr. Juan Facundo Ocampo, admitió la conformidad alcanzada por las partes en el acuerdo de juicio abreviado, condenó a Roberto José Ariel Carabajal a 2 años y 3 meses de prisión de efectivo cumplimiento, con costas, por resultar penalmente responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional; y lo declaró reincidente (arts. 29, inc. 3º, 40, 41, 45 y 189 bis, inc. 2º, párr. 2º, del C.P.; 371, 375, 398, 399, 530 y 531 del C.P.P.).-
Contra ese fallo, el imputado apeló a fs. 9vta. en forma “in pauperis” y la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, dedujo a fs. 10/13 recurso de apelación; y en los términos de los arts. 433, 439 y ccdtes. del C.P.P., realizado un análisis de admisibilidad formal, el Sr. Juez interviniente concedió a fs. 17/vta. la impugnación interpuesta.
Luego, practicado a fs. 20 el sorteo pertinente, se recibieron estos actuados, y se procedió a fs. 22vta. a notificar a las partes de su radicación por ante este Tribunal.-
II. El Sr. Juez “a quo” tuvo por probado el siguiente hecho: “…el día 11 de diciembre de 2016, a las 03:40 hs. aproximadamente, un hombre, en la intersección de las calles Roma y Carlos Casares, de la localidad de Virreyes Oeste, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, tuvo en su poder, sin autorización legal para ello, en condiciones de uso inmediato y en la vía pública, una pistola Bersa, modelo Thunder “Súper 380”, serie 377574, sin municiones…” (fs. 5vta.).
Para así decidir, estimó -en síntesis- que: 1) la materialidad ilícita y la autoría penalmente responsable vienen conformadas mediante el acta de procedimiento de fs. 1 del expediente principal y el testimonio de fs. 10 de Diego Maximiliano Leguizamón, en cuando dan cuenta que el imputado y el aludido testigo habían estado bebiendo cerveza, que cuando el testigo observó que el acusado tenía el arma de fuego de referencia, se la quitó y escondió, y que tras devolvérsela el justiciable le dijo al testigo que le quería robar la motocicleta; tras lo cual fue aprehendido en la vía pública con el aludido adminículo entre sus prendas. Asimismo, valoró el informe de visu de fs. 7 en cuanto a que las características del arma de fuego incautada coinciden con la descripta por el testigo, y ponderó la pericia de fs. 62/64 practicada sobre el objeto de referencia, en tanto acreditó su aptitud para el disparo y su catalogación como de uso civil condicional. Por su parte, merituó que los informes del RENAR de fs. 28 y 51 consignaron que el acusado no se encontraba inscripto en dicho organismo, y que el arma en cuestión contaba con un pedido de secuestro; y 2) el comportamiento en cuestión encuadra en el art. 189 bis, inc. 2º, párr. 2º, del C.P.- Finalmente, entendió que no concurren eximentes ni agravantes, y ponderó como atenuante la impresión causada durante la audiencia de visu.-
III. Al interponer recurso de apelación, la Sra. Defensora Oficial postuló la absolución de su asistido y su puesta en libertad. En tal sentido, cuestionó la calificación legal asignada al evento, pues señaló que el arma de autos fue secuestrada sin municiones, y a su respecto consideró que la punición de la tenencia de un arma de fuego descargada importa un derecho penal de ánimo vedado por la Constitución Nacional. Refirió que no puede desaparecer la existencia del peligro en delitos como el de autos, y con cita de la mayoría del Acuerdo Plenario “Herrera, Juan Manuel” de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial de Mar del Plata, señaló que un arma descargada no puede conmover el bien jurídico “seguridad común” y resulta -siempre a su entender- un elemento inocuo para generar el peligro reclamado por el art. 189 bis del Código Penal. Asimismo, con cita de doctrina destacó que la lesividad debe ser incluida como elemento del tipo objetivo en cuestión.-
IV. El Tribunal planteó entonces las siguientes C U E S T I O N E S PRELIMINAR: ¿Qué procedimiento corresponde aplicar a las presentes?
PRIMERA: ¿Resulta admisible el recurso de apelación interpuesto?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A la cuestión preliminar planteada, el Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. En primer término, en aras de brindar claridad expositiva a mi voto, habré de relevar cronológicamente las incidencias relevantes del legajo: A fs. 1/vta. del expediente principal se dio inicio a las presentes actuaciones mediante el acta de procedimiento que consignó, en lo que aquí interesa, que con fecha 11/12/2016 los Oficiales de Policía Evelyn Acuña y Rubén González se constituyeron en el lugar del hecho, identificaron al aquí acusado, incautaron de entre sus ropas un arma de fuego, le informaron sus derechos a tenor del art. 60 del C.P.P., y procedieron a su aprehensión. Tras ello se confeccionaron a fs. 4/vta. y 7/9 un acta de inspección ocular y un examen de visu, respectivamente; y a fs. 10/vta. prestó declaración el testigo Diego Maximiliano Leguizamón. A su vez, a fs. 13vta. se llevó a cabo el informe médico del justiciable, a fs. 14 el Oficial Inspector Pablo Pagani certificó su domicilio, y a fs. 18/21 se adjuntó el informe del Registro Nacional de Reincidencia.- Así las cosas, con fecha 12/12/2016 la Sra. Agente Fiscal, Dra. María Virginia Toso, dispuso, en lo fundamental, la recepción de la declaración del imputado a tenor del art. 308 del C.P.P. -la que fue llevada a cabo ese mismo día a fs. 30/31vta.-, y estableció que “…según el plexo probatorio de autos y conforme lo preceptuado por el art. 284 ter y ccdtes. en su redacción, conforme la ley 13.943 modificatoria del C.P.P., es que entiendo se imprima al presente caso el procedimiento de Flagrancia […] sin más trámite remítase la investigación a la Oficina de Flagrancia, a sus efectos…” (fs. 27).
Asimismo, a fs. 32/vta. la Fiscalía solicitó la conversión de la aprehensión en detención y la incautación del arma en secuestro; siendo que a fs. 33/vta. el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 1 departamental, Dr. Ricardo José Costa, hizo lugar a tales pretensiones. Además, en dicho resolutorio tomó conocimiento de la aludida declaración del trámite de flagrancia dispuesta a fs. 27, y remitió las actuaciones a la Fiscalía de Flagrancia.
Tras adjuntarse a fs. 39/vta. el informe del Registro de Antecedentes del Ministerio de Seguridad provincial, a fs. 43 el informe del Teniente Mariano García practicado en el domicilio del justiciable, a fs. 51 el informe del RENAR, y a fs. 52/54 la pericia balística; con fecha 28/12/2016 se llevó a cabo la audiencia de finalización de la I.P.P. a tenor del art. 13 de la ley 13.811 -conf. acta de fs. 68/69vta.-. En dicha oportunidad, el Sr. Agente Fiscal, Dr. Leandro Miguel Orduna, requirió la prisión preventiva y la remisión a juicio de la causa -este último requerimiento deducido el día 21/12/2016 a fs. 57/59 por escrito-; el Sr. Defensor Oficial, Dr. Matías Alejandro Mancini, peticionó el sobreseimiento de su asistido a tenor del art. 323, inc. 3º, del C.P.P. y su inmediata puesta en libertad; siendo que el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 1 departamental, Dr. Ricardo José Costa, hizo lugar a las pretensiones del Fiscal. Contra dicho pronunciamiento la Defensa dedujo apelación, y tal recurso fue concedido por el Juez de Garantías interviniente, remitiéndose copia del acta y el cd que da cuenta del audio a la Sala de Feria departamental.-
Es así que, con fecha 2/1/2017, las actuaciones fueron radicadas en la Sala de Feria de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental -conf. fs. 2 del incidente nº F-6788/III que corre por cuerda-, integrada por los Colegas de esta Alzada, Dres. Gustavo Adrián Herbel, Celia Margarita Vazquez y Ernesto A. A. García Maañón. Tras las notificaciones pertinentes (conf. fs. 4vta., 5 y 6 ), se llevó a cabo con fecha 6/1/2016 la audiencia prevista por los arts. 6 y 15 de la ley 13.811, en virtud de la cual el Tribunal, por unanimidad, declaró admisible el recurso de apelación, y por mayoría, lo rechazó y confirmó el auto de prisión preventiva y remisión a juicio, pronunciamiento que allí fue notificado a las partes (conf. acta y cd de audio de fs. 9/10 y 10vta., respectivamente).-
En consecuencia, con fecha 1/2/2017 el Sr. Juez de Garantías interviniente, Dr. Ricardo José Costa, remitió el legajo al Juzgado en lo Correccional correspondiente; y con fecha 3/2/2017 fue recibido por el Juzgado en el Correccional nº 4 departamental.
Así las cosas, con fecha 6/2/2017 el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 4 departamental, Dr. Juan Facundo Ocampo, resolvió, en lo que aquí interesa, que “…[t]eniendo en cuenta que en esta causa rige el procedimiento especial de Flagrancia regulado en la ley 13.811, notifíquese a las partes intervinientes la radicación de la presente ante este Juzgado, y cíteselas a Juicio en los términos establecidos en la primera parte del artículo 338 del Código Procesal Penal. Asimismo, y en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la ley 13.811, hágase saber a las partes que en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificadas, deberán hacer saber expresamente al Juzgado respecto de la necesidad de realizar la audiencia multipropósito a fin de ser fijada dentro del término legal establecido […] Previo a cualquier otro trámite, remítase la presente causa a la Defensoría Oficial interviniente por el término de cinco días, a fin de que manifieste si su asistido hará uso de procedimientos alternativos ofrecidos por el Fiscal en la requisitoria de elevación a juicio…” (fs. 89).- Recibidas que fueron las actuaciones por la Unidad Funcional de Defensa de Juicio departamental -conf. fs. 92vta., con fecha 7/2/2017-, el día 8/2/2017 la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, hizo saber que “…por el momento requiero la realización de la audiencia prevista por el art. 17 de la ley 13.811…” (fs. 100). Tras ello, con fecha 17/2/2017, el imputado de autos, junto a la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, y el Sr. Fiscal, Dr. Alfredo Frutos, presentaron a fs. 93 un acuerdo de juicio abreviado a la pena de 2 años y 3 meses de prisión y costas del proceso en orden al delito de tenencia de arma de fuego de guerra o uso condicional sin la debida autorización legal, previsto y reprimido por el art. 189 bis, inc. 2º, párr. 2º, del Código de fondo.-
En atención a ello, con fecha 20/2/2017 el Sr. Juez “a quo” designó audiencia a tenor de los arts. 41 del C.P. y 398 del C.P.P. (conf. fs. 114), la que fue llevada a cabo con fecha 22/2/2017 (conf. fs. 117); y el mismo día dictó a fs. 118/124 la sentencia condenatoria cuya impugnación aquí nos convoca.-
II. Relevadas las incidencias relevantes del expediente principal, entiendo que en las presentes rige el procedimiento de flagrancia previsto por la ley 13.811, conforme las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación habré de exponer:
Liminarmente, he de recordar que, tal como recientemente he sostenido en la causa nº 30.106/III “Espínola, Luis R. s/ queja por apel. denegada” - 31/5/2016-, la Ley provincial nº 13.183 ha incorporado al Código de procedimiento penal, un nuevo tipo procedimental, regulado bajo el título “Procedimiento en caso de flagrancia”, pudiendo leerse, tanto en el debate parlamentario como en la Exposición de motivos, que dicha norma pretende llegar rápidamente a una sentencia sin elongamiento del trámite, incertidumbre para el imputado ni desgaste inútil para el Estado.-
Con esa finalidad, el Gobierno previamente a la sanción de la ley, había convocado a la Comisión para el Estudio y Elaboración de Reformas del C.P.P.B.A., creada a instancias del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, marco en el cual magistrados y abogados de distinto fuero -y que además eran docentes de la materia penal en diversos espacios académicos-, postularon como central el siguiente objetivo -entre otros-: “Simplificar el trámite y acelerar los procesos, mediante la mejor coordinación de la actividad de las partes, la concentración de peticiones y la simplificación de las formalidades”.- En ese sentido, recuerdo la obra coordinada por los Dres. Pedro Bertolino y Alberto J.
Silvestrini denominada: “Proceso y Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires”, Ed. Abeledo Perrot, 1ra. edición, 2013, cuando en el capítulo XII “Los procedimientos especiales” redactado por José Luis Ares y Eduardo A. d´Empaire (págs. 578/579), explicando las generalidades del proceso, dicen que se pretende para los procesos iniciados a partir de aprehensiones en flagrancia, una abreviación de los plazos procesales y una simplificación de los procedimientos para todas las etapas, ello sin mengua de las garantías procesales que constitucionalmente rigen para el procedimiento común.- Es que, tal como señala el Dr. Roberto A. Falcone, el procedimiento de flagrancia “…no sólo implicó una concreta profundización del sistema acusatorio sino que tuvo, y tiene, una serie de ventajas adicionales […] En primer lugar permite la contradicción, antes inexistente, para la toma de decisión ya sea en materia de medidas cautelares (v.gr., excarcelación, prisión preventiva, etc.) como resoluciones de mérito (suspensión de juicio a prueba, sentencia de juicio abreviado) […] Por otra parte, las audiencias orales impiden la delegación en la toma de decisión.
Ya no son más los empleados o los secretarios los que resuelven por escrito lo que el juez firma, sino que éste se encuentra de cara al imputado y a las partes y toma la decisión en la audiencia […] Las audiencias también imprimen celeridad al proceso […] permite la concentración de las notificaciones que se hacen en las audiencias sin necesidad de remitir expedientes de oficina en oficina dilapidando recursos humanos y materiales innecesariamente (art. 6º, ley 13.811)…” (aut. cit., “El proceso penal en la provincia de Buenos Aires”, Bs. As., Ad-Hoc, 2013, 3° ed., pág. 211). Específicamente en el caso de los recursos ante la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, se ha sostenido -y lo comparto- que la ley 13.811 -B.O. 7/4/2008- ha previsto que la totalidad de las impugnaciones se resuelvan rápidamente, y que tanto los planteos de las partes como la resolución que luego se adopte deben ser orales, ello en base a los principios de publicidad, contradicción, inmediación, continuidad, concentración y bilateralidad.
Así, el trámite recursivo bajo el procedimiento de flagrancia resulta ágil y está compuesto de pocos actos y muy concentrados, siendo que la oralidad impone el contradictorio entre las partes en un marco de plena publicidad.
En fin, puede verse que se pretende lograr con el procedimiento instaurado, una más rápida solución (acelerando los términos) para los casos penales en el ámbito bonaerense.
En el sub judice, advierto que el caso oportunamente ha sido declarado como de flagrancia (art. 284 ter del C.P.P.), y las actuaciones se han sustanciado bajo dicho procedimiento, llevándose a cabo en la instancia la audiencia prevista por el art. 13 de la ley 13.811 para la resolución de la prisión preventiva y la remisión a juicio; así como también en esta Alzada se celebró la audiencia a tenor del art. 15 de dicho cuerpo normativo para decidir la apelación de tales pronunciamientos. Más aún, el Sr. Juez en lo Correccional interviniente dispuso el procedimiento de flagrancia para la sustanciación de la etapa de juicio a tenor del art. 17 de la mencionada ley, y la Sra. Defensora requirió la realización de la audiencia prevista por dicha norma; siendo que la sentencia finalmente fue dictada en función del acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes.- En consecuencia, el presente trámite recursivo contra la sentencia debe sustanciarse de conformidad con los arts. 15 y ccdtes. de la mencionada ley 13.811, normativa que hasta aquí viene siendo aplicada por la totalidad de los Magistrados intervinientes. Nótese al respecto, que: a) la I.P.P. fue practicada en 10 días; b) el trámite de la apelación de la prisión preventiva y la remisión a juicio importó 4 días desde la radicación de la causa en la Sala de Feria hasta su resolución; y c) se arribó al dictado de una sentencia tras 16 días de encontrarse radicadas las actuaciones por ante el Juzgado en lo Correccional interviniente; siendo que para la apelación que aquí nos convoca, el art. 15 de la ley 13.811 prescribe, en lo que aquí interesa, que la audiencia debe celebrarse “…dentro del plazo de quinto día desde la radicación ante la Cámara […] [y] La Cámara resolverá oralmente de inmediato en la misma audiencia luego de la pertinente deliberación secreta…”.-
Adoptar una decisión en contrario importaría quitar al presente incidente de su órbita natural -siendo que el trámite ordinario previsto por el art. 441 del C.P.P. contempla un plazo de 6 meses, prorrogables por 6 meses más si se tratare de un caso complejo-, prolongando el trámite recursivo contra la sentencia más allá de lo necesario y afectando de ese modo la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; y 14, inc. 3º, ap. c), del P.I.D.C.yP.); máxime cuando conf. fs. 137 el imputado se encuentra privado de su libertad (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 7, inc. 5, de la C.A.D.H.; y 9, inc. 3, del P.I.D.C.yP.).-
Al respecto, tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “...[e]l artículo 7.5 de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona detenida en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar […] Este derecho impone, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud aquellos procesos penales en los cuales el imputado se encuentre privado de su libertad...” (C.I.D.H., “Caso Bayarri vs.
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”, sent. del 30/10/2008, del consid. nº 70; el destacado me pertenece). En forma concordante, la Corte Suprema de Justicia en el caso “Mattei” (Fallos 272:188) considerado un leading case, ha sostenido que: “…existe la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además, y esto es esencial atento a los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal [...] Que, en suma, debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la C.N. el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre…”.- En sentido análogo recientemente se ha expedido el Tribunal de Casación Penal de nuestra provincia, al señalar que “…la Constitución Nacional contiene, implícitamente y como derivación del principio de defensa, el derecho del imputado a obtener, del modo más rápido posible, un pronunciamiento definitivo sobre su situación frente a la ley penal […] Todas estas fórmulas remiten a una misma configuración del derecho fundamental en análisis y tienen los mismos alcances: el imputado goza de un derecho constitucional subjetivo, según el cual su situación personal frente a la ley debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un enjuiciamiento expeditivo.
Por ello, las diversas formulaciones de este derecho fundamental son indistintas: por “derecho a un proceso sin dilaciones indebidas” no cabe entender un concepto diferente del que “la causa sea oída” dentro de un plazo razonable. Así pues, las expresiones derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, sin dilaciones indebidas o derecho a un juicio rápido, resultan equivalentes, y la determinación de este significado ha de definir los alcances y las consecuencias jurídicas de ese derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; sin perjuicio de sus distintas denominaciones…” (Sala IV, causa nº 77.286 caratulada “Santillán, Carlos Alberto s/ recurso de queja (art. 433 del C.P.P.)” -2/8/2016-, del voto del Dr.
Carlos Ángel Natiello, al que adhirió en todos sus términos el Dr. Mario Eduardo Kohan).- En tal carácter, resulta medular recordar que la ley 13.943 -vigente desde el 10/02/2009, y por cierto, a mi entender, constitutiva de una de las mejores reformas procesales desde la puesta en funcionamiento del Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia en 1998- modificó la ley 13.183, y en su exposición de motivos se indicaba que la reforma propiciada “…se orienta a compatibilizar los intereses contrapuestos en el proceso y a lograr agilidad y eficiencia en la actuación judicial […] esta reorganización judicial permitirá potenciar la eficacia del sistema penal y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos de la administración de justicia en esta materia, esto es, un aumento de su capacidad de respuesta, disminuyendo los tiempos de resolución de los casos […] con la reforma propuesta se pretende dotar al proceso penal de esta Provincia de herramientas útiles, profundizando la oralidad que permita garantizar en un tiempo razonable los derechos de las personas afectadas, aspirando a lograr un servicio de justicia en materia penal ágil y eficiente, tomando en cuenta las propuestas de los actores del sistema que diariamente enfrentan la realidad de la actuación judicial con la problemática particular de la provincia de Buenos Aires…”.-
En consecuencia, en atención a la obligación judicial -reconocida, como se dijo, por la C.I.D.H.- atinente a tramitar con la debida diligencia y prontitud los procesos en los cuales el acusado se encuentra encarcelado (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 7, inc. 5, de la C.A.D.H.; y 9, inc. 3, del P.I.D.C.yP.), entiendo que el procedimiento de flagrancia -bajo el cual han tramitado las presentes actuaciones en su totalidad, incluido el pretérito trámite recursivo- debe ser extendido al presente incidente de apelación de la sentencia, evitándose un elongamiento innecesario del proceso, simplificando su trámite mediante la oralidad, y abreviando los plazos procesales en respeto del derecho a un pronunciamiento penal rápido, como derivación de la defensa en juicio, garantía a favor del imputado.-
En virtud de todo lo expuesto, propicio al Acuerdo aplicar a las presentes actuaciones el procedimiento regulado por los arts. 15, 16 y ccdtes. de la Ley nº 13.811 de Flagrancia, correspondiendo la celebración de la audiencia prevista por dicha normativa a los fines de aquí decidir (arts. 18 y 75, inc. 22, de la C.N.; 7, inc. 5, y 8, inc. 1º, de la C.A.D.H.; 9, inc. 3, y 14, inc. 3, del P.I.D.C.yP.).- Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov., y 106 del C.P.P.).-
A la cuestión preliminar planteada, el Juez Juan Eduardo Stepaniuc dijo:
He de apartarme respetuosamente del voto de mi colega preopinante Dr. Blanco en cuanto entiende que debe aplicarse a la presente vía recursiva las disposiciones contenidas en el artículo 15 de la ley 13.811.
Cierto es que el trámite de flagrancia es una herramienta procesal que otorga mayor agilidad y rapidez al procedimiento ordinario. Sin embargo, estimo que ese mecanismo especial finaliza con el dictado de la sentencia. La revisión de aquella debe realizarse por medio de las previsiones contenidas en los artículos 421 y 439 del C.P.P. Ello en función a los motivos que expresaré a continuación.
La ley 13.811 se divide en tres títulos. El primero contiene disposiciones generales, el segundo regula el procedimiento en la etapa sumaria y el último establece los líneamientos para el estadio de juicio oral. A su vez, el título II, es decir durante la investigación penal preparatoria, se subdivide en tres capítulos: principios generales, procedimiento ante el Juez de Garantías y trámite ante la Cámara de Apelación y Garantías. Dentro de éste último capítulo se encuentra el artículo 15 que prevé la realización de una audiencia oral y pública en la cual las partes expondrán sus motivos de agravio y los integrantes de la Alzada resolverán de inmediato de manera oral. Las cuestiones a ser tratadas, son las resueltas por el Juez de Garantías en el marco de las audiencias previstas en los artículos 12, 13 y 14 de la normativa de mención.
Por su parte el título III reglamenta la etapa de juicio. Así establece plazos exiguos para la notificación de la integración del Tribunal interviniente y la citación a juicio. A su vez, prevé la posibilidad, dentro de los diez días de arribada la causa a ese estadio, de fijar una audiencia, a fin de tratar salidas alternativas al debate ó bien tratar cuestiones relativas la producción de la prueba, debiéndose establecer la fecha para la realización del juicio oral y público la cual no podrá excederse de los 60 días contados desde su radicación (art. 17 de la ley 13.811). También como nota distintiva del trámite ordinario se estipuló que al finalizarse el debate el Tribunal o Juzgado Correccional deberá anticipar el veredicto (art. 18 de la ley 13.811).
Ahora bien, esta disposición es la última estipulada en esta normativa especial. Razón por la cual entiendo que la intención del legislador es que las vías recursivas contra el dictado de la sentencia lo sean a través de los mecanismos ordinarios. De modo contrario hubiese establecido una disposición específica a esos efectos, como lo hizo para la apelación contra las resoluciones dictadas en la etapa del sumario (art. 15 de la ley 13.811). De lo hasta aquí reseñado se desprende que la regulación de este procedimiento específico lo fue de manera detallada, estableciendo de forma precisa con que término cuenta cada órgano jurisdiccional para resolver. Sin embargo, quedó por fuera el recurso contra la sentencia condenatoria.
Agregó a ello, que el artículo 18 de la ley 13.811 solamente establece que en la audiencia de debate debe anticiparse el veredicto. Por consiguiente, se desprende que los fundamentos deben realizarse por escrito. Ello a efectos de permitir la revisión de los argumentos dados en el origen. Insisto la finalidad del procedimiento de flagrancia es agilizar el trámite ordinario para arribar al dictado de una sentencia con la mayor celeridad posible. Recuérdese que la intención de la simplificación del procedimiento fue para aquellos casos de escasa actividad probatoria para evitar dilaciones innecesarias durante la sustanciación del proceso.
Además, de que la ley 13.811 carece de un reglamentación específica para la vía recursiva contra el dictado de la sentencia, estimo que mi postura encuentra asidero en la expresión de fundamentos de la ley 13.811. Allí se plasmó: "Esta resolución temprana de una porción importante de casos posibilita una descongestión del sistema, ya que se disminuye el número de casos en trámite tanto ante las vías recursivas como ante los órganos jurisdiccionales de juicio, ello a partir de una gestión más racional de la etapa inicial del proceso en casos que ofrecen escasa dificultad investigativa, lo que libera además, recursos humanos y materiales en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa permitiendo, en definitiva, su reconfiguración y mejor orientación de capacidad operativa hacia casos complejos." (lo resaltado en negrita me pertenece). A mi modo de entender, no cabe dudas que, la intención del legislador fue alivianar y descomprimir la etapa inicial, en palabras textuales. De lo contrario importaría que todo procedimiento sometido a flagrancia (incluso sus vías recursivas ante la S.P.B.A. y Corte de Justicia de Nación, como su etapa ejecutiva) se debiese aplicar los principios de la ley especial. Ello sin estar expresamente previsto en la normativa en trato.
Por último, no puedo dejar de advertir que la recurrente no ha formulado dicha petición. Más aún, ni siquiera a solicitado se realice en ésta instancia la audiencia prevista en el artículo 447 del ritual a fin de informar oralmente. Por todos los motivos expuestos entiendo que debe aplicarse el presente recurso contra la sentencia condenatoria dictada en el origen el trámite ordinario previsto en los artículos 439 y ccdtes del C.P.P.
A la cuestión preliminar planteada, el Juez Luis Cayetano Cayuela dijo:
Respetuosamente he de adherir al voto del colega, Dr. Juan Eduardo Stepaniuc, por los mismos motivos y fundamentos.
A la primera cuestión planteada, el Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Liminarmente he de señalar que, a tenor de las previsiones del art. 433 del C.P.P., la apelación interpuesta a fs. 9vta. en forma "in pauperis" por el imputado, y la impugnación deducida a fs. 10/13 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán, han sido presentadas en término, los impugnantes cuentan con legitimación personal para recurrir, se han cumplido con las formas prescriptas por nuestro rito, y el caso resulta ser uno de aquellos para los cuales se otorga esta vía recursiva (arts. 21, inc. 4º, 439, párr. 2º, 441, párr. 2º -estos dos últimos según leyes 13.812 y 13.818, respectivamente-, 442, 443, sstes. y ccdtes. del C.P.P.; y 3 de la ley 13.812).
Sin perjuicio de ello, corresponde analizar si el mismo puede ser declarado formalmente admisible, y en tal sentido, he de adelantar que se impone el rechazo del remedio intentado, ello por aplicación del art. 421 "in fine" del Código Procesal Penal -según ley 13.943-.
La norma de cita, en su párrafo cuarto, establece que "...[e]xcepto que proceda algún otro recurso, ninguna cuestión podrá plantearse nuevamente durante el trámite del proceso después de ser resuelta por la Cámara de Apelación y Garantías, salvo que a su respecto se aleguen nuevos hechos o elementos de convicción, pertinentes al tema.".
En el caso, conforme se desprende del cd de audio de fs. 10vta. del incidente nº F-678/III "Carabajal, Roberto José Ariel s/ prisión preventiva" - 6/1/2017-, del Registro de la Sala de Feria, que corre por cuerda, he de poner de resalto que en oportunidad de celebrarse la audiencia prevista por el art. 15 de la ley nº 13.811 con motivo de la apelación de la Defensa contra la prisión preventiva y la remisión a juicio, la Sra. Defensora Oficial, Dra. María Gabriela Madariaga, mantuvo el recurso deducido en la instancia por su colega, Dr. Matías Alejandro Mancini, y postuló, en lo que aquí interesa, el sobreseimiento de su asistido a tenor del art. 323, inc. 3º, del Código de rito.
En tal sentido alegó, en lo medular, que el hecho imputado resulta atípico, pues a su entender el arma secuestrada se encontraba sin proyectiles, y de parte del acusado no existía la posibilidad de acceder a dichas municiones. En función de ello, refirió que el evento no engendró peligro alguno para la seguridad pública, y que no se reúnen los requisitos de tipicidad previstos por el art. 189 bis, inc. 2º, párr. 2º, del Código de fondo.
Cuestionó los argumentos del Juez de Garantías interviniente brindados oportunamente para rechazar su pretensión, e indicó que a tenor del principio de lesividad previsto por el art. 19 de la C. N., en los delitos de peligro abstracto no basta con la existencia de peligro potencial. Con cita de jurisprudencia de la Sala III de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental (causas nº 29.735 "Dimitriadis, Lucas R. s/ sentencia correccional" -1/3/2016-; y nº 26.660/III “Díaz, Leandro A. y Cadematori, C. s/ prisión preventiva” -24/8/2010- ), y del Acuerdo Plenario “Herrera, Juan Manuel” de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial de Mar del Plata - 13/12/2010-; manifestó que la exigencia de lesividad actúa como límite frente a la potestad sancionatoria del Estado, y que sin afectación al bien jurídico podrá haber una infracción administrativa, pero no injusto penal. A su vez, indicó que no existió posibilidad de que sea utilizado el adminículo en cuestión, pues a su juicio el testigo Diego Maximiliano Leguizamón declaró que el justiciable nunca lo esgrimió.
Por su parte, entendió que el artefacto secuestrado no responde al concepto de "arma de fuego", pues -siempre a su criterio- jurisprudencialmente se ha establecido que "arma" es todo aquello que aumenta la capacidad ofensiva de quien la porta, sea para atacar o para defenderse. En tal carácter, manifestó que si un arma de fuego no puede lanzar proyectiles, tampoco puede aumentar la ofensividad de quien la porta. Juzgó que podrá ser utilizada como "arma impropia", pero que tal extremo no la convierte en un arma a los fines de una tenencia; y que tampoco podría resultar típica la portación de una parte del arma, como podría ser el cañón.
Por último, manifestó que la intimidación puede tener relevancia en un delito contra la propiedad, pero a su juicio resulta inocua frente a un ilícito contra la seguridad pública. Aseveró que el arma tiene que tener aptitud para poner en peligro a un número indeterminado de personas, pues la norma no protege el bien jurídico "tranquilidad pública".
Frente a ello, el Tribunal resolvió, por unanimidad, declarar admisible dicha impugnación, y por mayoría, rechazarla y confirmar la prisión preventiva de Roberto José Ariel Carabajal y la remisión a juicio de la presente causa. Para así decidir, el colega, Dr. Gustavo Adrián Herbel, consideró, en lo que aquí resulta relevante, que la pretensión de la Defensa no ha de prosperar, pues la portación de un arma sin proyectiles resulta típica. En tal sentido, valoró que un adminículo en tales condiciones no puede ser subsumible en el delito de portación, pero sí en el de tenencia; y atendiendo a que es un delito de peligro abstracto, ponderó que no resulta un requisito legal la existencia de un peligro actual. En definitiva, puntualizó que el arma no necesariamente ha de estar cargada cuando se imputa un delito de tenencia; y en tal carácter, esgrimió que la tenencia de un arma, aún sin proyectiles, genera peligro, pues fácilmente puede ser cargada.
Asimismo, indicó que la existencia del arma por sí misma ya genera un peligro para la seguridad pública, y en tal sentido brindó el ejemplo del robo agravado previsto por el art. 166 "in fine" del C.P., el cual puede ser cometido con un arma inapta. Merituó que el concepto de "arma" construido por el legislador estriba en un elemento susceptible de amenazar a terceros, aún cuando no pueda lesionarlos por carecer de proyectiles. Por último, especificó que tal interpretación guarda vinculación con la legislación sobre la portación, en tanto si un ciudadano carece de licencia para portar un arma, sólo puede trasladarla descargada; siendo que dicho transporte requiere de una licencia para ejercer tal tenencia. Por su parte, el colega, Dr. Ernesto A. A. García Maañón adhirió, según su voto, al pronunciamiento del primer votante, y consideró, en lo medular, que la Sala I de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental ha fijado doctrina sobre el tópico en ciernes, atinente a la configuración de la tenencia del arma de fuego descargada. Al respecto, ponderó que el principio de lesividad no se encuentra vulnerado mediante tal interpretación, en tanto merituó que en los delitos de peligro abstracto la afectación al bien jurídico se encuentra contenida por la potencialidad de una lesión mayor.
Asimismo, juzgó que lo que diferencia a la portación de la tenencia es la falta de proyectiles, constitutiva de una ausencia de disponibilidad del arma. Empero, refirió que la configuración del peligro abstracto subsiste, pues no se advierten obstáculos en la obtención de los proyectiles; situación que, en todo caso, puede dar lugar a la configuración de un delito de mayor gravedad. A mayor ilustración, hizo cita del tipo penal básico contenido en el art. 149 bis del C.P., al entender que se trata de una figura que contempla las amenazas cometidas mediante la utilización de un arma descargada.
Finalmente, la colega, Dra. Celia Margarita Vazquez, disintió con los votos de los colegas preopinantes e hizo lugar al agravio de la Defensa, pues consideró, en lo sustancial, que cuenta con posición tomada sobre el tema a decidir a partir de la jurisprudencia de la Sala III de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental. En función de ello, refirió haber sostenido inveteradamente que el concepto de "arma de fuego" en el Código Penal no está tomado como un mero objeto que aumenta la ofensividad, pues ahora dicho cuerpo normativo distingue el "arma" del "arma de fuego". En tal sentido, refirió que las armas de fuego que sólo asusten se encuentran excluidas del art. 166 "in fine" del Código de Fondo, y que el concepto de "arma" se encuentra en el diccionario de la R.A.E., a partir del cual debe ser apta y encontrarse cargada. Por su parte, señaló que en el caso no había posibilidad inmediata de cargar el arma de fuego en cuestión, y que no se encuentra acreditado que, de haber alcanzado el acusado la motocicleta de referencia, tuviese municiones para el referido adminículo. A su vez, indicó que en este tipo de delitos, es necesario que se cuente con la posibilidad inmediata, aún potencial, de que el arma perjudique. Al respecto, afirmó que el arma descargada no tiene el poder de herir, pues de lo contrario el delito de tenencia sería susceptible de ser extendido a cualquier elemento que tenga la entidad suficiente para intimidar. Finalmente, concluyó que resulta atípica la conducta, y en abono de su tesitura hizo cita de los doctrinarios Edgardo Alberto Donna y Jorge E. Buompadre.
Así las cosas, en la apelación contra la sentencia condenatoria que aquí nos convoca, la Sra. Defensora Oficial interviniente, Dra. Natalia Medán, reedita el referido agravio contra la calificación legal asignada al evento, postulando la absolución de su asistido por atipicidad de la conducta. En sustancia, insiste con las alegaciones atinentes a que el arma se encontraba descargada y a los principios constitucionales que, a su entender, se encuentran vulnerados con la tipificación en ciernes. Acudió a idéntica jurisprudencia a la citada por su colega en la pretérita impugnación -el Acuerdo Plenario “Herrera, Juan Manuel”, rto. el 13/12/2010, de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial de Mar del Plata-; y con cita de doctrina efectuó consideraciones en torno a la ausencia de afectación al bien jurídico "seguridad pública" tutelado por el art. 189 bis del Código Penal.
Nótese entonces que, con posterioridad a la citada decisión de este Tribunal en la causa nº F-678/III "Carabajal, Roberto José Ariel s/ prisión preventiva", en la presente vía recursiva la Defensa ha replicado los argumentos desarrollados oportunamente para impugnar la prisión preventiva y la remisión a juicio, los cuales -insisto- fueran anteriormente abordados por esta Alzada. En definitiva, el legislador ha pretendido evitar dilaciones innecesarias en el proceso vedando el análisis de cuestiones que fueran ya tratadas por la Cámara de Apelaciones y Garantías.
Ello se desprende de los fundamentos de la propia Ley nº 13.943 (disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-13943.html), donde claramente se expone que "...[l]as funciones político-criminales que se canalizan a través del proceso penal obligan a reconocer, identificar y modificar problemas y soluciones, a fin de dar una mejor respuesta a esa tensión que subyace entre los intereses en pugna que se enfrentan en el proceso. Existe en el sistema carcelario una gran cantidad de personas detenidas con prisión preventiva, resultando por tanto imprescindible establecer un proceso sin dilaciones innecesarias...".
En virtud de todo lo expuesto, en la medida que las cuestiones introducidas por la Defensa resultan idénticas a las merituadas y tratadas por esta Alzada al revisar la prisión preventiva y remisión a juicio, sin que a su respecto se aleguen nuevos hechos o elementos de convicción pertinentes al tema, es que no cabría efectuar en la actualidad evaluación alguna; por lo que propicio entonces al Acuerdo declarar inadmisible el recurso intentado (arts. 421 "in fine" -según ley 13.943-, 433 "in fine" y 446 del C.P.P.).-
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Bonaerense, y 106 del Código de Procedimiento Penal).-
A la primera cuestión planteada, el Juez Juan Eduardo Stepaniuc dijo: Respetuosamente he de adherir al voto del colega, Dr. Carlos Fabián Blanco, por los mismos motivos y fundamentos.
A la primera cuestión planteada, el Juez Luis Cayetano Cayuela dijo: Habiendo arribado mis colegas preopinantes a la mayoría que reclama el rito (art. 440, párr. 1º, del C.P.P.), es que me eximo de emitir pronunciamiento sobre el punto.
A la segunda cuestión planteada, el Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
En virtud de todo lo expuesto, corresponde, por mayoría, aplicar al presente recurso el trámite ordinario previsto en los artículos 439 y ccdtes del C.P.P., y por unanimidad, declarar inadmisibles las impugnaciones ensayadas a fs. 9vta. en forma “in pauperis” por el imputado y a fs. 10/13 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán (arts. 421 "in fine" -según ley 13.943-, 433 "in fine" y 446 del C.P.P.).-
A la segunda cuestión planteada, el Juez Juan Eduardo Stepaniuc dijo:
Adhiero al voto del colega por los mismos motivos y fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Juez Luis Cayetano Cayuela dijo: Adhiero a los votos de los colegas por los mismos motivos y fundamentos. Por todo lo expuesto, el Tribunal,
I. Por mayoría, APLICAR al presente recurso el trámite ordinario previsto en los artículos 439 y ccdtes del C.P.P.; y por unanimidad, DECLARAR INADMISIBLES as impugnaciones ensayadas a fs. 9vta. en forma “in pauperis” por el imputado y a fs. 10/13 por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Natalia Medán; ello de conformidad con los motivos expuestos en los considerandos (arts. 421 "in fine" -según ley 13.943-, 433 "in fine" y 446 del C.P.P.).-
II. Regístrese, devuélvase el expediente principal, notifíquese al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa de intervención; fecho, devuélvase la presente incidencia al Juzgado en lo Correccional interviniente, delegando en su Secretaria la notificación del imputado del presente decisorio.
Fdo: Juan Eduardo Stepaniuc - Juez Fdo: Luis Cayetano Cayuela - Juez Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia