Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala III de San Isidro · Causa 32.213
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Oficial, Dr.Igarzabal a fs.1/3vta., contra el resolutorio de fs.8/9vta., de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 442 y concordantes del C.P.P.).
II. Confirmar el auto apelado en cuanto resolvió denegar la suspensión del presente proceso a Ricardo Fabián Ferreira, por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 404 del C.P.P. y 76 bis del C.P.).
San Isidro, 17 de octubre de 2019
Para resolver en el presente legajo el recurso de apelación concedido a fs. 14/vta. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Dres. Carlos Fabián Blanco, Juan Eduardo Stepaniuc y, en caso de disidencia, Duilio A. Campora (art. 440 del CPP).
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. El recurso de apelación impetrado a fs. 1/3vta. por la Defensa Oficial de Ferreira, contra el auto de fs. 8/9vta., ha sido presentado en término, con observancia de las formas requeridas para su interposición, el impugnante posee legitimación personal para deducirlo y, tal como esta Cámara en pleno resolviera en el acuerdo plenario convocado en causa nro. 27145/III “Weber, Carlos Alberto s/ recurso de queja”, la denegatoria de suspensión de juicio a prueba resulta recurrible por apelación, por lo que propongo declararlo admisible (arts. 421, 433, 439, 442, 443 y ss. y cc. del CPP).
II. Llega el presente incidente a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial a fs. 1/3vta., contra el auto de fs. 8/9vta., en cuanto no hizo lugar a la solicitud de suspensión del proceso a prueba en favor de Ricardo Fabián Ferreira.
Para así decidir, el Juez Correccional señaló, en primer lugar, que Ferreira junto a su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba y en la audiencia a tenor del art. 404 del CPP aquella ofreció la suma de $ 500, en concepto de reparación del daño y el sometimiento a las reglas de conducta que el magistrado determine. Agregó que en la referida audiencia la Agente Fiscal Dra. Carolina Asprella, se opuso a la concesión del instituto, toda vez que consideró que el delito en trato prevé una pena de inhabilitación que lo impide.
En ese norte, afirmó el “a quo” que la negativa fiscal cuenta con argumentos “pasados por el tamiz de la razonabilidad, son apropiados para convalidar la promoción y ejercicio de la acción que pretende”. Dicha negativa se fundó en que el hecho endilgado al imputado – falso testimonio, art. 275 del CP - prevé pena de inhabilitación, sumado a que la Sra. Fiscal Asprella, manifestó que “habiendo sido citado el imputado durante dos años y no habiendo comparecido, entiende que no cumplirá para el caso las reglas de conducta que se le apliquen. Por ello, entiende que no corresponde aplicar al presente la suspensión del juicio a prueba”.
Por todo ello, entendió que la falta de consentimiento del Ministerio Público Fiscal le imposibilitaba otorgar el instituto requerido, toda vez que la Dra. Asprella había fundamentado su oposición basada en un impedimento legal y de la cual no se advertía arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad.
Concluyó que, en virtud de la falta de consentimiento fiscal, que estaba debidamente fundada en tanto se verificada la causal legal que impedía otorgar el instituto requerido (el hecho imputado se encuentra conminado con pena de inhabilitación conjunta con la de prisión), correspondía no hacer lugar a la suspensión del proceso en favor de Ferreira.
III. Contra tal decisión, interpuso recurso de apelación la defensa, destacando que discrepa con el Juez afirmó, que el resolutorio en crisis causa un gravamen irreparable a su ahijado procesal, ya que el auto en crisis “implica la prosecución de la causa en su etapa de juicio, cuando por derecho el imputado se hallaba plenamente habilitado para intentar la vía suspensiva.”
En ese norte, alegó que hubo un cercenamiento del acceso a un proceso alternativo y que el nombrado reúne todos los recaudos previstos por la legislación respectiva.
Adunó, que el Sr. Ferreira carece de antecedentes penales y que se ofreció el valor de $500 en concepto de reparación del daño ocasionado, monto que consideran acorde a la realidad económica de éste.
En su escrito se agravió, manifestando que la resolución impugnada tiene una “contradicción argumental insalvable”, ya que la solución del caso es contradictoria con la argumentación vertida por el magistrado en los considerandos que la antecede.
Asimismo, dijo que advierte insuficiente la fundamentación brindada para rechazar el instituto peticionado, debido a que el mismo es denegado con una “fórmula genérica” que expresa que la negativa fiscal es razonable y apropiada. Agregó que el otro elemento señalado por la acusadora, consistiría en una “prognosis de futuro incumplimiento” que haría a la rebeldía de su ahijado procesal pero nunca a la procedencia o no de un proceso alternativo.
Por todo ello, solicitó se revoque el decisorio impugnado y se conceda la suspensión del proceso a prueba peticionada.
IV. Con el alcance que confiere el art. 434 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del a quo alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Sentado ello, preliminarmente, corresponde mencionar que el art. 76 bis, cuarto párrafo, del CP dispone que “…Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio…” (el destacado me pertenece). Es decir, que se podrá suspender el proceso a prueba si el fiscal presta su consentimiento para ello.
En tal sentido, se expidió recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “…no basta el cumplimiento de condiciones objetivas para ser merecedor de tal beneficio, sino que se requiere además una valoración subjetiva que deberá hacer el Agente Fiscal sin cuya aprobación no podrá, en ningún caso, concederse la suspensión del juicio…” (causa P. 125.430 “Altuve, Carlos Arturo –Fiscal-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI” y Peña de De Vicente, Claudia S. – particular damnificada-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI”, rta. el 7/09/16). Así, también, lo ha entendido el Juez Luis M. García: “…el consentimiento al que se refiere el art. 76 bis C.P. es un presupuesto procesal de la suspensión, y que en defecto de ese consentimiento la suspensión no puede ser concedida…” (causa “Rojas Flores, Grover José s/ amenazas”, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala I, rta. el 2/09/15).
Además, debo decir que el Excmo. Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As. en causa Nº 52.274 – 52.462 “B.L.E y otro s/ Recurso de Queja” resolvió que el consentimiento del Ministerio Público Fiscal es necesario en todos los supuestos contemplados en el art. 76 bis C.P.
Así, tengo dicho que la oposición del Ministerio Público Fiscal al otorgamiento de la suspensión del proceso a prueba constituye un obstáculo para su concesión en todos los casos previstos por el 76 bis del Código Penal (in re c/27.198/III “Ríos, Héctor Rogelio s/ Recurso de queja”, c/27.587/III “Cruz, Gustavo Daniel s/ Suspensión del juicio a prueba”, c/28.063/III “Saraiga, Esteban s/ Suspensión del juicio a prueba, entre otras).
Resulta medular recordar que es el Ministerio Público Fiscal quien promueve y ejerce la acción penal de carácter público, actuando con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Así define su función la ley Nº 14.442 en su artículo 1º.
Al mismo tiempo, el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires en su art. 6 dispone que “…la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de la participación que se le concede a la víctima…”.
En concordancia con lo anterior, el art. 56 del ordenamiento adjetivo, al referirse a las funciones, poderes y facultades del Ministerio Público Fiscal señala que éste “…promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público, en la forma establecida por la ley, dirigirá a la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria…”.
Del conjunto de dichas normas se desprende que el rol que se asigna al Ministerio Público Fiscal es preponderante y conlleva el ejercicio de la pretensión punitiva. Por ello, en tanto la probation implica la suspensión del ejercicio de la acción penal, pudiéndose a llegar a la extinción de la misma (art. 76 ter C.P.), el consentimiento de uno de sus miembros aparece como un requisito racional para su concesión.
Así, se ha dicho que “…tratándose de la suspensión del ejercicio de la acción penal, que de manera mediata puede, por esa vía, llegar a caducar, y atendiendo al rol que institucionalmente se le asigna al Ministerio Público Fiscal en el sistema procesal vigente, la conformidad de quienes lo representan aparece como lógico requisito para su procedencia (cfr.: “K., T. R. S/recurso de casación”, fallo plenario N°5, rto. el 17/8/99 por la C.N.C.P.). Entonces, la función requirente del Ministerio Público Fiscal resulta evidente como que el ejercicio de la acción penal pública reposa exclusivamente en esa institución, siendo que ésta no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley (artículo 6 del C.P.P.)...” (TCPBA, Sala III, causa nº 14.692, resuelta el 17 de marzo de 2005).
Cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso, "... no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción. Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal, el tribunal, que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio, tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio. Por ello, depende de la conformidad fiscal" (Luis M. García "Suspensión del Juicio a Prueba", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ed. Ad Hoc, 1996, pág. 365, citado en el Plenario N° 5, “KOSUTA, Teresa R. s/ recurso de casación).
Ahora bien, en el presente caso, en primer lugar, el recurrente se agravia respecto de que en la audiencia a tenor del art. 404 del CPP, la Dra. Asprella se opuso al instituto, a su entender, con el mero argumento de una formula genérica, siendo esta arbitraria ya que el Sr. Ferreira reúne todas las condiciones legales para acceder al instituto solicitado.
En cuanto al punto, preliminarmente, debo recordar que el art. 404 del CPP dispone que “…En los casos que la ley permita suspender el proceso, a requerimiento de parte y desde la declaración del artículo 308 de este Código, el órgano jurisdiccional competente convocará a las partes a una audiencia…”. Sentado ello, se observa que la audiencia prevista por la referida norma es un acto procesal esencial e indispensable impuesto por el legislador a fin de que las partes de un proceso puedan debatir sobre el instituto de la suspensión del juicio a prueba, confrontando en forma presencial y oral, la cual resulta presidida por el órgano jurisdiccional que, en definitiva, se expedirá sobre la cuestión suscitada en la misma.
Así, en las presentes, la Sra. Fiscal -Dra. Asprella- en esta audiencia, trámite exclusivo y por excelencia para debatir sobre la suspensión del juicio a prueba, se opuso a su concesión en el caso. Dijo que se oponía en virtud de que el delito que se le endilga a Ricardo Fabián Ferreira -falso testimonio, art. 275 CP- prevé pena de inhabilitación absoluta, por lo cual el caso encuadraba en el inc. 8 del art. 76 bis del CP y no procedía otorgar la suspensión del proceso a prueba en el caso. Considero así que la oposición de la Sra. Fiscal resulta fundada de forma razonable, en concordancia con preceptos normativos y con la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa P. 125.430 "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" y "Peña de De Vicente, Claudia S. -particular damnificada-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa nº 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" -rta. el 7/9/2016-. En dicho fallo, la Corte estableció que “…cuando el hecho se encuentra conminado con pena de inhabilitación no corresponde distinguir donde la ley no distingue (C.S.J.N., Fallos 304:226, 330:971 entre otros).”
Asimismo, en el fallo P-129.406 "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal-. s/Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 80.188 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" dijo con fecha 27 de septiembre de 2017, que "sin margen de duda, que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación, sea ésta única, conjunta o alternativa".
Además, debo decir que sostuve en precedentes de esta Sala y lo sigo considerando que no procede la aplicación del instituto de la suspensión del proceso a prueba en aquellos casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación -sea en forma principal, conjunta o alternativa, conforme el art. 76 bis, octavo párrafo del CP (ver causas nro. 27.184/III y 27.740/III), ello, sin perjuicio de que en una oportunidad renuncié a mi postura en cuanto a este tema en el fallo plenario de esta Cámara (causa nro. 27.762/III, rta. el 3/12/13) en el que, por unanimidad, se estuvo a lo resuelto por el Tribunal de Casación Penal Provincial en el Acuerdo Plenario celebrado en el marco de las causas 52.274 -52.462 (rtas. el 9/09/13) que establecía lo contrario.
Entiendo necesario señalar que, más allá de la pena de inhabilitación con la que viene conminada la figura penal endilgada a Ferreira, un dato no menor es que al aquí encausado Ferreira, se lo ha citado en reiteradas oportunidades, a lo largo de 2 años, sin comparecer, por lo que coincido con la Representante del Ministerio Público Fiscal, en que no se aprecia de parte del aquí sindicado, voluntad de someterse al proceso.
Por último, debo señalar que, contrariamente a lo manifestado por la defensa del imputado Ferreira, no nos hallamos frente a una “contradicción argumental insalvable”, ya que el Sr. Juez Correccional, explicó en los considerandos, el motivo de la variación de su criterio, concluyendo que en el presente caso no correspondía acceder al instituto solicitado por los motivos expuestos supra.
En conclusión, por todo ello, propongo se confirme el auto impugnado en cuanto rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba en favor de Ricardo Fabián Ferreira (arts. 76 bis del CP y 404 del CPP).
Es mi voto (arts. 106 del C.P.P, 168 y 171 de la Constitución Provincial). El Juez Juan Eduardo Stepaniuc dijo:
Sin perjuicio de que en mi criterio la oposición del Ministerio Público Fiscal, siempre resulta revisable por quien ejerce la jurisdicción en cuanto a su legalidad y razonabilidad, lo cierto es que en el caso se verifica una obstante legal para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, y por ello, adhiero al voto de mi colega, Dr. Carlos Fabián Blanco, por sus motivos y fundamentos.
Es mi voto (arts. 106 del C.P.P, 168 y 171 de la Constitución Provincial).
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Oficial, Dr.Igarzabal a fs.1/3vta., contra el resolutorio de fs.8/9vta., de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 442 y concordantes del C.P.P.).
II. CONFIRMAR el auto apelado en cuanto resolvió denegar la suspensión del presente proceso a Ricardo Fabián Ferreira, por los motivos expuestos en los considerandos (arts. 404 del C.P.P. y 76 bis del C.P.).
III. Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámaras y a la Defensa de intervención (art. 125 del C.P.P.), comuníquese por Secretaría a la Presidencia de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías la integración dispuesta en las presentes actuaciones y devuélvase. Sirva la presente de atenta nota de envío. - Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Fdo: Juan Eduardo Stepaniuc - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia