Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala Tercera de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
I. ESTABLECER que no corresponde efectuar reducción temporal alguna en función de lo establecido por el artículo 140 de la ley 24.660 y su modificatoria 26.695, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 140 a contrario de la ley 24.660 –según ley 26.695-, ley 26.058, ley 26.206, 104 de la ley 12.256, 106 y cc del CPP).
San Isidro, 3 de diciembre de 2013.-
A fin de resolver los incidentes que llevan los números 12.859 y 12.930 del registro de este Tribunal que fueran remitidos por la Sala Tercera de esta Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. El primero de ellos fue remitido en función de lo establecido por el Acuerdo Extraordinario de Cámara nro. 678 (fs. 205 del inc. 12.859) y el segundo para su tramitación conjunta con aquel al verificarse identidad objetiva y subjetiva y con la finalidad de evitar posibles resoluciones contradictorias (fs. 110/vta. del inc. 12.930).
Sometida al acuerdo las presentes causas a efectos de tratar las cuestiones traídas a consideración y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer lugar el Dr. Ernesto A. A. García Maañón, en segundo término el Dr. Oscar R. Quintana y, para el caso de disidencia, el Dr. Leonardo G. Pitlevnik.-
Seguidamente, los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar la siguiente cuestión:
1. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en el marco del incidente 12.859?
2. ¿Resulta admisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa en el incidente 12.930?
3. ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia peticionada en el marco del recurso de apelación interpuesto en el incidente 12.930?
4. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en el marco del incidente 12.930?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. GARCÍA MAAÑÓN, DIJO:
I. Que en primer lugar, corresponde recordar los antecedentes de tramitación del presente incidente 12.859, así como establecer puntualmente los límites del pronunciamiento que debe emitirse en función de la decisión de la Sala V del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires.
A.- Antecedentes 1.-
Según consta a fs. 1/7vta. del incidente nro. 27.928 del registro de la Sala Tercera, el Dr. Sergio Arenas, abogado defensor del imputado Sebastián García Bolster, requirió al Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 departamental la excarcelación de su asistido, solicitando se computaran los cursos y actividades educativas que su asistido refiriera realizar durante el período de su detención.
2.-
Conforme surge a fs. 56/63vta del mismo incidente, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 rechazó el pedido excarcelatorio, considerando insuficientemente acreditada la realización de los estudios remarcados por el letrado y considerando que, aún valorándolos, no se verificaría un cambio sustancial en su situación procesal. 3.-
Contra dicho pronunciamiento el Dr. Arenas interpuso recurso de apelación, que tramitara bajo el número 27.928 de la Sala Tercera, y que fuera resuelto no haciéndose lugar al mismo y confirmándose la denegatoria de excarcelación decidida en la instancia (fs. 152/156 del incidente 12.859/I).
4.-
Contra la resolución de la Sala Tercera, la defensa interpuso recurso de Casación. En virtud del mismo, la Sala V del Excmo. Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 30 de Julio de 2013 (fs. 188/192 del inc. 12.859), resolvió, hacer lugar al recurso interpuesto y casar la resolución de la Sala Tercera de Cámara departamental. En ese aspecto, consideró no debidamente motivada la denegatoria de excarcelación en los términos de la libertad asistida, entendiendo inobservado el artículo 106 del CPP, razón por la cual anuló la sentencia recurrida en dicho punto al vislumbrar un defecto grave del procedimiento y dispuso el reenvío a la Sala III de la Cámara de Apelación de San Isidro, para que procediera al debido tratamiento de los aspectos omitidos.
En la parte pertinente de dicho decisorio, los Sres. Jueces Dres. Ordoqui y Celesia sostuvieron que "el a quo en su pronunciamiento de fs. 152/156, expresa que no corresponde acceder al pedido excarcelatorio en los términos de libertad asistida, pues aún cuando se compatibilicen la totalidad de los cursos de capacitación profesional realizados y la actividad académica desplegada, igualmente no alcanzaría el tiempo necesario para acceder al beneficio en análisis. Ahora bien, debe observarse que la alzada local no expresa cuales son los argumentos por los cuales no se encontraría configurado el requisito temporal que debería verificarse, conforme el art. 169 inc. 10 del C.P.P. y 104 de la ley 12.256…"
Por ello, la Sala V concluyó que "el a quo se ha limitado ha exponer en forma dogmática que, aún tomando en cuenta los parámetros del estímulo educativo previstos en el artículo 140 de la ley 24.660, según ley 26.695, de todas formas no se abastecería el presupuesto temporal para acceder a la excarcelación en términos de la libertad asistida, mas obsérvese que no se ha realizado el cómputo temporal pertinente que permita verificar la certeza de dicha afirmación, siendo que debieron haberse detallado los cursos de formación profesional realizados y la actividad educativa efectuada a los efectos de la realización de las reducciones previstas en el artículo 140 ya citado. En tal inteligencia, la sentencia en crisis, en el fragmento señalado, no cumple con la debida fundamentación que impone el artículo 106 del ceremonial, correspondiendo nulificar la misma por el vicio apuntado" (el subrayado no estaba en el original).
5. Ahora bien, la presente causa llega a conocimiento de esta Sala Primera, en virtud de la remisión efectuada por la Sala Tercera (fs. 205 del inc. 12.859) en función de lo establecido por el acuerdo extraordinario de esta Cámara nro. 678 del 17 de diciembre de 2009, que establece que dispone "REMITIR a una Sala diferente de la que dictó el resolutorio impugnado, las resoluciones del Tribunal de Casación Penal Bonaerense que revocan resoluciones, en cuando la admisibilidad del recurso o cuestiones de fondo y son devueltas para dictar un nuevo pronunciamiento, ya sea que el Alto Tribunal especifique o no si deben hacerlo Jueces hábiles al efecto (…) El criterio de asignación será el siguiente (…) si la resolución revocada pertenece a un expediente que tramita en la Sala Tercera, ésta será remitida a la Sala Primera".
B.- Señalado lo anterior, corresponde remarcar que, en función de la resolución pronunciada por la Sala V del Tribunal de Casación Penal, se advierte que el análisis de esta judicatura, en virtud del reenvío formulado, debe ceñirse a los aspectos señalados por el Ad quem y que condujeran al pronunciamiento anulatorio.
En el sub examine, la Sala V del Tribunal de Casación ha sostenido que la Sala Tercera de esta Cámara de Apelación "se ha limitado a manifestar: "el imputado lleva privado de su libertad aproximadamente dos años y cinco meses y cuenta con una condena confirmada no firme a la pena de siete años de prisión… para acceder a la excarcelación en términos de libertad asistida debe tener cumplidos cuatro años y dos meses de detención. Así… aún si se analizaran todas las reducciones referidas por el defensor, Sebastían García Bolster no se encontraría en condiciones temporales de acceder a dicho instituto".
Por ello, entendió que "el a quo se ha limitado ha exponer en forma dogmática que, aún tomando en cuenta los parámetros del estímulo educativo previstos en el artículo 140 de la ley 24.660, según ley 26.695, de todas formas no se abastecería el presupuesto temporal para acceder a la excarcelación en términos de la libertad asistida, mas obsérvese que no se ha realizado el cómputo temporal pertinente que permita verificar la certeza de dicha afirmación, siendo que debieron haberse detallado los cursos de formación profesional realizados y la actividad educativa efectuada a los efectos de la realización de las reducciones previstas en el artículo 140 ya citado".
Así las cosas, se advierte que el marco de la presente resolución se encuentra acotado a la realización de un cómputo temporal que, detallando y considerando los cursos de formación profesional y la actividad educativa que habría sido cursada por García Bolster durante su detención, determine si (al momento de pronunciarse la Sala Tercera, o en su caso, al presente) se encuentra abastecido el presupuesto temporal para acceder a la excarcelación en términos de la libertad asistida (arts. 169 inc. 10 del CPP y 104 de la ley 12.256) atendiendo a las reducciones por estímulo educativo previstas en el artículo 140 de la ley 24.660 (según ley 26.695).
III. Así las cosas, en función de lo expuesto, ha quedado claro que el máximo tribunal penal de la causa ha entendido que corresponde resolver la cuestión del procesado Sebastián García Bolster teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 140 de la ley 24.660 (texto según ley 26.695) en cuanto establece un régimen de estímulos educativos que permiten reducir los plazos necesarios para acceder a institutos propios de la etapa de ejecución, entre ellos el necesario para acceder a la libertad asistida prevista por el artículo 104 de la ley 12.256, en función de la cual se peticionó la excarcelación (art. 169 inc. 10 del CPP).
En ese aspecto, es dable destacar que, de acuerdo con la pena no firme impuesta a García Bolster (7 años de prisión), se ha establecido que el nombrado se encontraría en condiciones objetivas de acceder a la libertad asistida, seis meses antes del plazo requerido para la libertad condicional (art. 104 de la ley 12.256) una vez que transcurriera un plazo de 4 años y 2 meses de detención.
La Sala Tercera, entendió al momento de resolver que llevaba, al día 18 de septiembre de 2012, aproximadamente dos años y cinco meses de detención (fs. 152/156 del inc.
12859/I).
Al día de hoy, se encuentra próximo a cumplir tres años y ocho meses de detención. En función de lo expuesto, y a los efectos de la realización del cómputo señalado por el Tribunal de Casación, corresponde traer a colación lo dispuesto por el artículo 140 de la ley 24.660 (según ley 26.695) en cuanto dispone "Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII: a) un (1) mes por ciclo lectivo anual; b) dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente; c) dos (2) meses por estudios primarios; d) tres (3) meses por estudios secundarios; e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario; f) cuatro (4) meses por estudios universitarios; g) dos (2) meses por cursos de posgrado. Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinte (20) meses".
En ese sentido, la defensa ha señalado en sus diversos escritos la existencia de ciertos cursos y actividades que implicarían la aplicación de las reducciones previstas en la ley citada. Por ello, considero que su análisis debe efectuarse separadamente.
1. Curso de alfabetización, curso de operador de PC, curso de inglés básico, curso de electrónica.
Debe señalarse que en todas estas actividades certificadas a fs. 12, 13 y 17 del incidente 12859, García Bolster aparece como Alfabetizador o Instructor, situación que, si bien demuestra su correcto comportamiento intracarcelario, no se encuentra entre las previsiones del art. 140 de la ley 24.660 que prevé estímulos educativos para alumnos, al establecer su aplicación respecto de internos que "completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios". Por esta razón, resultando claro el texto de la ley, no corresponde realizar reducción temporal alguna.
2. Seminario de técnicas respiratorias, capacitación y crecimiento personal, organizado por la fundación "El arte de vivir"
En primer lugar, debe destacarse que el certificado de fs. 16 del inc. 12859 carece de fecha de expedición, así como de la información sobre la duración del curso. Sin perjuicio de ello, de acuerdo con lo informado por el Director de la unidad penitenciaria nro. 41 de Campana a fs. 263 del incidente 12.859, dicha actividad se habría extendido durante 20 días en el año 2011.
Ahora bien, no obstante ello, no se advierte que el mencionado seminario constituya un curso de formación profesional, en los términos de la normativa del artículo 140 inciso b de la ley 24.660.
En ese sentido, el artículo 17 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, a la que remite la ley 26.206 referida en el artículo 140 de la ley 24.660 establece qué debe entenderse por cursos de formación profesional, al referir que "La formación profesional es el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, y que permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local. También incluye la especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la educación formal".
De tal forma, y de conformidad con lo informado por el Director de la Unidad 41, quien dio cuenta de que el Seminario "no corresponde a un curso de formación profesional o equivalente" (fs. 263 del inc. 12.859), considero que el mismo, más allá del aporte que puede realizar al crecimiento personal del individuo al demostrar la utilización de su tiempo en actividades constructivas, no se vincula con los elementos previstos por la norma, a los fines de propender a su formación profesional. Por ello, entiendo que no corresponde realizar reducción temporal alguna, toda vez que la referida actividad no constituye un curso de formación profesional ni otro tipo de estudio previsto en la norma.
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La normativa de aplicación, art. 140 de la ley 24.660, establece en su inciso b que corresponde asignar 2 meses de reducción respecto de los alumnos que hayan realizado un curso de formación profesional de duración anual o equivalente.
En ese aspecto, corresponde remarcar, como se expuso al dar tratamiento al Seminario técnicas respiratorias, capacitación y crecimiento personal que, de acuerdo con lo informado por el Director de la Unidad 41 de Campana (fs. 263del inc. 12.859), el curso de programación neurolingüística no se encuentra dentro de los cursos de formación profesional o equivalente, razón por la cual no resulta de aplicación lo establecido en la norma mencionada.
Además de ello, corresponde remarcar que aún considerando que el referido curso se extendiera, como lo expresa su certificado, durante 56 horas, tal de duración no resulta suficiente a los fines de poder ser considerado como un curso de formación profesional de extensión anual o equivalente, que habilite el cómputo de dos meses previsto por el inciso b del artículo 140 de la ley 24.660.
Por lo expuesto, no corresponde efectuar reducción alguna.
4. Respecto a la materia matemática A que García Bolster ha rendido en la UTN Regional General Pacheco cuyos certificados de rendición de un examen se encuentra agregado a fs. 11 y 235/237 del inc. 12.859, corresponde decir que no consta, al margen de lo manifestado por el letrado, que García Bolster hubiera aprobado o promocionado la materia mencionada y mucho menos que conforme lo establece la norma hubiera completado un ciclo lectivo anual o un estudio universitario.
En ese norte, a diferencia de lo sostenido por el letrado, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 si bien sostuvo que García Bolster rindió satisfactoriamente el referido examen de matemática, nada dijo en el resolutorio de fs. 57/59vta (3/7/12) del inc. 28116/III sobre la aprobación del mismo. Es más, en el resolutorio de fs. 56/54 del inc. 27928/IIII (10/8/2012), emitido con posterioridad, refirió que no había constancias respecto de su aprobación.
Por otra parte, según surge del incidente 28116/III de la Sala Tercera, la materia matemática A forma parte del Seminario de Ingreso para la Carrera de Ingeniería Civil, que consta además de las materias física y competencias comunicativas, no existiendo constancia alguna respecto a que el imputado haya cursado o rendido dichas materias en la modalidad a distancia autorizada por el Tribunal interviniente. De tal forma, más allá de haber rendido el examen de la materia aludida, entiendo que no puede predicarse que el imputado completara y aprobara satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios universitarios, ya que no se encuentra acreditado que haya cursado algún ciclo lectivo anual ni que, al margen de la rendición del aludido examen de ingreso (ver fs. 141/142 del inc. 27928), hubiera realizado estudios universitarios.
Así las cosas, entiendo que no corresponde realizar descuento alguno a su respecto, por no encontrarse abarcado por la normativa de referencia (art. 140 de la ley 24.660 incs. a y f).
5. Curso de panadería.
El letrado defensor ha referido en sus presentaciones ante esta Cámara (fs. 67/78 del inc. 12.930 y 248 y 252/255 vta. del inc. 12.859) que el imputado García Bolster había desarrollado el curso de formación profesional de panadería, durante su estancia en la Unidad 41 de Campana y que por ello, correspondía efectuar una reducción de acuerdo con el artículo 140 de la ley 24.660.
Al respecto, corresponde decir que si bien dicha actividad constituye un curso de formación profesional de duración anual, con una cursada de seis horas semanales repartidas en tres días, García Bolster lo cursó desde el mes de marzo hasta el mes de mayo sin concluir el mismo. Por esa razón, de acuerdo con lo informado a fs. 263 del inc. 12.859 por el Director de la Unidad nro. 41 de Campana, no puede predicarse que el curso de formación profesional fuera completado ni aprobado total o parcialmente por García Bolster, como lo exige la norma.
En función de lo expuesto no corresponde realizar descuento alguno a su respecto en función de lo establecido por el inc. "b" del art. 140 de la ley 24.660.
6. Bachillerato con orientación en bienes y servicios (CENS nº 452 de Urdampilleta).
La defensa señala que Sebastián García Bolster habría culminado sus estudios secundarios en la CENS nº 452 de Urdampilleta, donde habría obtenido el título de Bachiller con orientación en Bienes y Servicios, en ese sentido requiere se le compute un mes por el ciclo lectivo cursado y tres meses por haber culminado sus estudios de nivel secundario (ver recurso de fs. 67/78 del inc. 12.930)
Al respecto, corresponde remarcar que considero, de acuerdo con lo informado por el Sr. Secretario de esta Sala (fs. 262/vta.), que el certificado analítico agregado al expediente (ver fs. 26/27 del inc. 12.930 y 73/74, 77/vta, 85/86, 90/91 del incidente de salidas transitorias que corre por cuerdas) carece de todos los sellos que acrediten su validez, en especial el de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, y en ese mismo sentido, es dable destacar que habiéndose comunicado telefónicamente el actuario con el Sr. Luis Oscar Rodríguez, Director de CENS nº 452 de la Localidad de Urdampilleta, a quien consultó por el analítico donde obra su firma, solicitándole que le informara si había elevado el mismo a la Dirección de Escuelas de la Provincia para su legalización, éste funcionario le hizo saber que había elevado el analítico y que el mismo fue rechazado por que se encontraba mal confeccionado. Asimismo, manifestó que no lo volvió a confeccionar por que nadie se lo reclamó. De tal modo, se advierte que al presente, no se cuenta con una constancia fehaciente que permita tener por acreditado que Sebastián García Bolster, quien ya contaba con el secundario completo previamente a su ingreso en la órbita penitenciaria (fs. 241/243 del inc. 12.859), haya completado y aprobado nuevamente sus estudios secundarios en la CENS nº 452, razón por la cual no pueden otorgarse los tres meses requeridos por la defensa, en función de lo previsto en el inc. "d" del art. 140 de la ley 24.660. Por otra parte, en lo que respecta al mes solicitado por el ciclo lectivo que García Bolster habría cursado en la referida institución, debo destacar que, conforme los informes de fs. 71, 83, 87 del incidente de salidas transitorias que corre por cuerdas, surge que el nombrado habría cursado desde el día de inicio del ciclo lectivo 2011 hasta haber sido trasladado a la unidad 41 con fecha 1/6/2011. Así las cosas, siendo que en el analítico surge que García Bolster habría egresado el día 15 diciembre de 2011, esto es seis meses después de ser trasladado de unidad, entiendo que, por el momento, no se cuenta con información suficiente que permita acreditar el tiempo efectivamente cursado por el nombrado a fin de verificar si ha cumplido un "CICLO LECTIVO ANUAL" en los términos del inc. a de la ley 24.660.
7. Bachillerato con orientación en administración de personal (E.M. Nº 7 de Campana).
Por último, respecto del bachillerato en administración de personal que García Bolster habría realizado en la E.M nº 7 de Campana, debe decirse que, según las constancias presentadas por el letrado ante esta Alzada (fs. 252/255 vta., 256 y 257 del inc. 12.859), su certificado analítico se encuentra en trámite, razón por la cual no se encuentra controlado ni legalizado por las autoridades competentes, no surgiendo por ello elementos que permitan valorar fehacientemente si el imputado ha logrado completar y aprobar los estudios referidos por la defensa.
Por ello, al menos por el momento, no puede predicarse con certeza el tiempo efectivo de cursada que habría realizado, ni que hubiera logrado completar y aprobar sus estudios secundarios en la orientación referida como lo exige la norma. Por tanto, al presente no puede efectuarse un cómputo de las referidas actividades que le otorgue los efectos previstos por los incisos "a" o "d" del art. 140 de la ley 24.660.
IV.-
Así las cosas, en virtud de lo manifestado, considero que no se presenta ninguno de los supuestos previstos por el artículo 140 de la ley 24.660, que permita, mediante la aplicación del sistema de estímulos educativos, reducir los plazos necesarios para acceder a institutos propios de la etapa de ejecución.
Por ello, entiendo que al momento del pronunciamiento de la Sala Tercera de ésta Cámara, no se encontraba abastecido el requisito temporal requerido objetivamente para el acceso a libertad asistida en los términos del artículo 104 de la ley 12.256. Vale decir asimismo que dicho requisito temporal tampoco se encuentra abastecido al presente, en tanto, lleva detenido cerca de tres años y ocho meses siendo que, al no aplicarse reducción alguna en función del artículo 140 de la ley 24.660, no se han cumplido los 4 años y 2 meses necesarios (cf. art. 104 de la ley 12.256).
Así las cosas, en función de lo expuesto, propongo al acuerdo establecer que no corresponde efectuar reducción temporal alguna en función de lo establecido por el artículo 140 de la ley 24.660 y su modificatoria 26.695 (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 140 a contrario de la ley 24.660 –según ley 26.695-, ley 26.058, ley 26.206, 104 de la ley 12.256, 106 y cc del CPP).
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. QUINTANA DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 106 del CPP).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ, DR. GARCÍA MAAÑÓN, DIJO:
Que corresponde en primer lugar, recordar que el presente incidente ha arribado al conocimiento de esta Sala Primera en función de la remisión efectuada, a fs. 110/vta. del inc. 12.930, por la Sala Tercera, para su tramitación conjunta con el incidente 12.859 del registro de este Tribunal al verificarse la existencia de identidad objetiva y subjetiva y con la finalidad de evitar posibles resoluciones contradictorias. Así las cosas, corresponde expedirse sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto a fs. 67/78 del inc. 12.930, por el Sr. Defensor particular del imputado García Bolster contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 (fs. 51/61) que resolviera no hacer lugar al planteo efectuado por la defensa técnica del imputado, en torno a la solicitud de aplicación del sistema de estímulo educativo previsto en el artículo 140 de la ley 24.660, según ley 26.695, por considerarla inaplicable al caso y no hacer lugar al beneficio de libertad asistida en términos de libertad condicional ni a las salidas transitorias, al entender que no se encontraba cumplido los requisitos temporales exigidos por la ley. En ese sentido, es dable destacar que el recurrente resulta legitimado ex lege para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente. Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación. Ha cumplido también el recurrente con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del a quo, consignando su respectiva fundamentación. En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA (Arts. 168 y 171 de la Const.
Pcia. de Bs. As., 106, 439 y 498 del C.P.P.).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. QUINTANA DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 106 del CPP).
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GARCÍA MAAÑÓN , DIJO:
Que el letrado en su escrito de apelación (fs. 67/78) solicitó "se designe audiencia oral con los Sres. Jueces de la Excma. Cámara".
Al respecto corresponde recordar que el artículo 442 del CPP expresamente establece que "Excepto el Ministerio Público Fiscal las partes que recurran deberán manifestar fundadamente si informarán oralmente ante la Cámara de Garantías" (el subrayado es propio).
Se advierte claramente de lo transcripto que el letrado ha omitido fundar su petición de audiencia, razón por la cual no corresponde hacer lugar a su solicitud. Sin perjuicio de ello, debo destacar que el letrado, Dr. Arenas, ha sido recibido en audiencia por los Sres. Jueces integrantes de la Sala Tercera, así como por quien suscribe, habiéndose labrado las respectivas actas documentando sus manifestaciones (fs. 106/vta del inc. 12.930 y 248 del inc. 12859), razón por la cual se ha satisfecho debidamente su derecho a ser oído. Así las cosas, por los motivos expuestos, corresponde no hacer lugar el pedido de audiencia efectuado, por lo que ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 106, 442 y 447 del CPP).
A LA TERCERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. QUINTANA DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 106 del CPP).
A LA CUARTA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GARCÍA MAAÑÓN, DIJO:
I.-
Que a fs. 51/61 el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 decidió no hacer lugar al planteo efectuado por la defensa técnica del imputado, en torno a la solicitud de aplicación del sistema de estímulo educativo previsto en el artículo 140 de la ley 24.660, según ley 26.695, por considerarla inaplicable al caso. Asimismo, en virtud de ello, resolvió no hacer lugar al beneficio de libertad asistida en términos de libertad condicional ni a las salidas transitorias al entender que no se encontraba cumplido los requisitos temporales exigidos por la ley.
II.-
En su recurso de apelación la defensa remarcó que el Tribunal Oral en lo Criminal interviniente decidió sin realizar el cómputo y las reducciones previstas por el artículo 140 de la ley 24.660, denegando de manera indebida la excarcelación requerida en los términos de la libertad asistida, así como las salidas transitorias. En ese aspecto, sostuvo que de realizarse el cómputo de las actividades educativas que refiere, el imputado se encontraría en condiciones temporales de acceder a los beneficios peticionados. Finalmente formuló reserva de caso federal.
III.-
Respecto de la solicitud de libertad asistida, corresponde decir que si bien, de conformidad con lo resuelto por la Sala V del Excmo. Tribunal de Casación Penal, correspondía al Tribunal a quo analizar las actividades educativas alegadas por la defensa a los fines de considerar la viabilidad de las reducciones temporales previstas por el art. 140 de la ley 24.660, lo cierto es que, habiendo esta Sala realizado el cómputo al tratar la primera cuestión del presente acuerdo y al resolver que no correspondía efectuar reducción alguna y que por tanto no se había reunido al presente el tiempo de detención exigido como requisito objetivo para el acceso al beneficio solicitado (art. 104 de la ley 12.256), tal como lo afirmara el a quo por razones diferentes, entiendo que corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto contra la resolución que denegó la excarcelación solicitada en los términos de la libertad asistida, seis meses antes a la libertad condicional, al no haberse abastecido el requisito temporal previsto en la norma.
IV.-
En relación con el pedido de salidas transitorias, vale decir que, de acuerdo con lo resuelto al tratarse la primera cuestión no corresponde realizar reducción alguna en función de lo establecido por el artículo 140 del CPP, razón por la cual, al momento en que el Tribunal resolviera no había transcurrido el plazo temporal necesario para acceder a las salidas transitorias.
Sin perjuicio de ello, siendo que el imputado lleva detenido a la fecha más de tres años y seis meses, estimo que en la actualidad se ha satisfecho el requisito temporal del referido beneficio (art. 147 de la ley 12.256).
Ahora bien, siendo que dicha cuestión no ha sido resuelta por la instancia, quien no dio tratamiento a la verificación de los restantes requisitos de procedencia que tal beneficio requiere, entiendo que la resolución originaria de esta alzada sobre una cuestión que no fue tratada por el Tribunal en lo Criminal implicaría la posibilidad de vulnerar el derecho al recurso del imputado, obturando la potestad recursiva de las partes. En este sentido, cabe tener presente que "El derecho previsto en el artículo 8.2.h [de la Convención Americana de Derechos Humanos] requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes" (Inf. nº 55/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 11.137 del 18 de noviembre de 1997, cf. CSJN in re "Bramajo, Hernán Javier" B. 851. XXXI. Del 12 de septiembre de 1996, consid. 8º), disponibilidad que, reitero, en un caso como el presente se vería obstaculizada con un pronunciamiento originario de esta alzada sobre la cuestión a decidir.
Así las cosas, en virtud de lo expuesto, considero que corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto contra la denegatoria de excarcelación en los términos de la libertad asistida y remitir la presente causa al tribunal de origen a fin de que analice la viabilidad de las salidas transitorias requeridas, a fin de no vulnerar el derecho al recurso del imputado (arts. 75 inc. 22 de la CN, 8.2.H de la CIDH, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 140 de la ley 24.660 según ley 26.695, 104 y 147 de la ley 12.256, 106, y cc. del CPP).
Finalmente, corresponde tener presente la reserva de caso federal realizada por la defensa (art. 14 de la ley 48).
A LA CUARTA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. QUINTANA DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 106 del CPP).
Por ello el Tribunal,
I. ESTABLECER que no corresponde efectuar reducción temporal alguna en función de lo establecido por el artículo 140 de la ley 24.660 y su modificatoria 26.695, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 140 a contrario de la ley 24.660 –según ley 26.695-, ley 26.058, ley 26.206, 104 de la ley 12.256, 106 y cc del CPP).
el recurso de apelación interpuesto a fs. fs.67/78 del incidente 12.930, por el Dr. Sergio Arenas, defensor particular del imputado Sergio García Bolster, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (Arts. 168 y 171 de la Const. Pcia. de Bs. As., 106, 439 y 498 del C.P.P.).
al pedido de audiencia formulado por el Dr. Arenas, en el marco del incidente 12.930, por falta de fundamentos, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 106, 442 y 447 del CPP).
al recurso de apelación interpuesto en el marco del incidente 12.930 contra la denegatoria de excarcelación en los términos de la libertad asistida, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 140 de la ley 24.660 según ley 26.695, 104 de la ley 12.256, 106, y cc. del CPP).
la presente causa al Tribunal de origen a fin de que analice la viabilidad de las salidas transitorias requeridas, a fin de no vulnerar el derecho al recurso del imputado, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 75 inc. 22 de la CN, 8.2.H de la CIDH, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 140 de la ley 24.660 según ley 26.695, 104 y 147 de la ley 12.256, 106, y cc. del CPP).
la reserva de caso federal formulada por la defensa (art. 14 de la ley 48).
la presente resolución a la Sala V del Excmo. Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Regístrese, actualícese el R.U.D., notifíquese al Sr. Fiscal General y remítase al Tribunal de origen, encomendado a su Secretario practique las notificaciones correspondientes, sirviendo el presente de atenta nota de envío.
Fdo. Dres. Ernesto A. A. GARCIA MAAÑON y Oscar R. QUINTANA.
Ante mí, Dr. Bernardo HERMIDA LOZANO, Secretario.
Fin de la sentencia