Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar admisibles los recursos de apelación interpuestos a fs. 25 por Javier Papandoles, a fs. 26 por Maximiliano Papandoles, a fs. 27 por Daniel Ivanoff, a fs. 1/13 por el Dr. Baqué en representación de éstos y de Rubén Omar Papandoles, y a fs. 102 por la coimputada Cabrera, fundado a fs. 30/39 por su letrado de confianza, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y 443 del C.P.P.);
II. Rechazar las nulidades articuladas por la defensa de intervención respecto de los allanamientos practicados, por los fundamentos expuestos en los considerandos. (arts. 18 C.N., 24 C.P.B.A., 11.2 C.A.D.H.; arts. 219 y 220 del C.P.P.);
III. Por mayoría, declarar la nulidad parcial del auto dictado en los términos del art. 157 en punto a los hechos provisoriamente encuadrados como estafas reiteradas, por las razones expuestas en los considerandos. (arts. 56, 146 primer párrafo y 201 a 203 del C.P.P.; ley 14.442);
IV. Confirmar parcialmente la prisión preventiva respecto de Javier Mauricio Papandopoles, Rubén Omar Papandopoles y Daniel Ivanoff por considerarlos probables autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita -por mayoría- en calidad de jefes y organizadores, y de Maximiliano Papandopolus y Yamila Kawai Cabrera por considerarlos probables autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en calidad de componentes, conforme lo expuesto en los considerandos. …
San Isidro, 19 de abril de 2016.
Las impugnaciones concedidas a fs. 40. Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: Jueces Gustavo Adrián Herbel, Celia Margarita Vazquez y para el caso de disidencia, Dr. Carlos Fabián Blanco (art. 440 C.P.P.).
Y
El Juez Gustavo Adrián Herbel dijo:
I. Los recursos de apelación interpuestos a fs. 25 por Javier Papandoles, a fs. 26 por Maximiliano Papandoles, a fs. 27 por Daniel Ivanoff, a fs. 1/13 por el Dr. Baqué en representación de éstos y de Rubén Omar Papandoles, y a fs. 102 por la coimputada Cabrera, fundado a fs. 30/39 por su letrado de confianza, han sido presentados en término, los impugnantes poseen legitimación personal, el caso encuadra en uno de los supuestos legales para los cuales se otorga esta vía recursiva, y han sido observadas las formas requeridas para su interposición. Por lo tanto, propicio que se declaren admisibles (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y 443 del C.P.P.).
II. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal con motivo de las impugnaciones impetradas contra el auto de fs. 58/99 mediante el cual el titular del Juzgado de Garantías N° 5 departamental, Dr. Martínez, dispuso convertir en prisión preventiva la detención oportunamente impuesta a Javier Mauricio y Rubén Omar Papandoles y a Daniel Ivanoff por considerarlos probables autores penalmente responsables de los sucesos “prima facie” calificado como asociación ilítica en carácter de jefes u organizadores en concurso real con estafas reiteradas (16 hechos) y tentativa de estafas reiteradas (18 hechos), y a Maximiliano Papandoles y Yamila Cabrera por considerarlos probables autores penalmente responsables de los eventos provisoriamente encuadrados como asociación ilícita en carácter de miembros en concurso real con estafas reiteradas (16 hechos) y tentativa de estafas reiteradas (18 hechos), previstos en los arts. 172 (en función del 42) y 210 del C.P.
En el resolutorio apelado, el “a quo” tuvo por acreditado, con el nivel convictivo exigido por el art. 157 punto “3.” C.P.P., los siguientes sucesos: “Que a partir del día 20 de enero de 2015 y hasta el día 16 de julio de 2015, los aquí encartados Mauricio Javier Papandopoles, Rubén Omar Papandopoles, Daniel Ivanoff en calidad de jefes y organizadores y Maximiliano Adrián Papandopulos, Alex Martín Yvanoff, Cristian Papandopulos; Milena Ivanoff Papadopulos y Yamila Kawai Cabrera en calidad de componentes, han conformado una asociación destinada a cometer delitos de acción pública indeterminados dentro de la modalidad “secuestros virtuales”. Que en ese contexto se determinó la participación activa en carácter de coautores mediando un plan determinado y consensuado entre los antes mencionados, dentro de una estructura organizacional permanente, dirigida a cometer hechos delictivos indeterminados, con clara voluntad asociativa y división funcional de tareas, roles y jerarquías, y con aportes necesarios de cada uno de los componentes, cuya base de operaciones se ha fijado en forma indistinta en los domicilios de Santo Tomé n° 4379, Cuba n° 2125 y Arregui n° 4324 todos ellos de C.A.B.A.
Que desde esos domicilios se efectúan en forma periódica y sostenida, en general en horas de la madrugada, centenares de llamadas desde abonados celulares cuyas titularidades resultan ser apócrifas pertenecientes a ciudadanos extranjeros imposibles de identificar (conocidos como Bolseros) siempre a teléfonos fijos de distintas zonas de la Capital Federal y del Conurbano. Que en las carcazas (IMEI) empleadas se insertan en forma diaria (a veces varios por cesión de trabajo) distintas tarjetas SIM siempre bajo la modalidad PREPAGAS, siendo a su vez descartadas dichas carcazas en forma periódica para evitar su rastreo. Que mientras los llamadores generan el ardid, aprovechándose de la nocturnidad y en general de la franja etaria de las víctimas, el cual consiste en hacerse pasar por familiares directos que han sido víctimas de un secuestro, imitando la voz de los mismos, sollozando y mostrándose desesperados por correr riesgo su integridad física, logran así el desplazamiento patrimonial de las víctimas, a quienes solicitan, en términos generales, que reúnan dinero en efectivo y valores en una bolsa dejándola en cercanía de sus domicilios –en general en medio de la calle-, lugar desde el cual, una segunda célula de esta asociación, brinda la logística para recoger la misma y así configurar individualmente cada estafa-.
Los hechos probados son: a.- I.P.P. n° 425-15: llamado telefónico al número de línea 4744-7322 ubicado en Constitución 3380 piso 4 depto A de Victoria, San Fernando, ocurrido el día 20-01-15 02:30 hs., Benito Domingo Ferrara jubilado de 82 años de edad entregó mediante ardid la suma de $ 10.000 y U$S 300. b.- I.P.P. n° 427-15: llamado telefónico al número de línea 4744-8843 ubicado en Rivadavia 2439 de San Fernando, ocurrido el día 20- 01-15 01:30 hs., Oscar Humberto Estevez abogado 68 años de edad, pese al ardid no entregó dinero. c.- I.P.P. n° 890-15: llamado telefónico al número de línea 4744- 0463 ubicado el Lavalle 2929 Victoria San Fernando, ocurrido el día 09-02-15 04:00 hs., Elvira Haydee Castaño jubilada de 70 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de U$S 15.000. d.- I.P.P. n° 1872-15 llamado telefónico al número de línea 4745-8415 ubicado en Juncal 2180 Virreyes San Fernando, ocurrido el día 19-03-15 03:00 hs,, Carla Gabriela Parente abogada de 37 años pese al ardid no entrega dinero. e.- I.P.P. n° 1777-15: llamado telefónico al número de línea 4745-1790 ubicado en Ferrante 87 Victoria San Fernando, ocurrido el día 20-02-15 03:30 hs., Patricia Mónica Vecciarelli contadora de 55 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de $ 27.000. f.- I.P.P. n° 1778-15: llamado telefónico al número de línea 4745-0187 ubicado en Presidente Perón 167 Victoria San Fernando, ocurrido el día 23-03-15 03:30 hs., Osvaldo Héctor Oscar Lavena jubilado de 81 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de $ 50.000 y U$S 20.000. g.- I.P.P. n° 1779-15: llamado telefónico al número de línea 4744-1475 ubicado en Donorione 1189 San Fernando, ocurrido el día 23-03- 15 04:00 hs., Elsa Clara Chague jubilada , viuda de 75 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de U$S 21.000. h.- I.P.P. n° 2218-15: llamado telefónico al número de línea 4744-6972 ubicado en Carlos Casares 1940 Victoria San Fernando, ocurrido el día 02-04-2015 03:30 hs., Noemí Luján Guillermina Jakas jubilada, viuda de 70 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de $ 17.000 y U$S 8.000. i.- I.P.P. n° 2243-15: llamado telefónico al número de línea 4714-2217 ubicado en Carlos Casares 3805 Victoria San Fernando, ocurrido el día 09-04-2015 02:30 hs., Adriana Greco jubilada de 68 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de $ 50.000. j.- I.P.P. n° 2242-15: llamado telefónico al número de línea 4744-7707 ubicado en Guido Spano 1649 Victoria San Fernando, ocurrido el día 12-04-2015 03:00 hs., Yamila López Fernández jubilada, viuda de 60 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de $ 4.000 y U$S 15.000. k.- I.P.P. n° 2301-15: llamado telefónico al número de línea 4714-1761 ubicado en Fader 2381 San Fernando, ocurrido el día 13-04- 2015 02:00 hs., Gregoria Quiñonez ama de casa de 61 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. l.- I.P.P. n° 2360-15: llamado telefónico al número de línea 4714-7796 ubicado en Irigoyen 6504 San Fernando, ocurrido el día 15-04-2015 03:00 hs., Mariana Daniela Benítez de 33 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. ll.- I.P.P. n° 2435-15: llamado telefónico al número de línea 4745-2543 ubicado en Gandolfo 2917 San Fernando, ocurrido el día 17-04-2015 02:30 hs., Jorge Juan Capace jubilado de 64 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. m.- I.P.P. n° 2401-15: llamado telefónico al número de línea 4744-7188 ubicado en Perón 2868 Victoria San Fernando, ocurrido el día 17-04-2015 03:45 hs., Aquilina Mastroianni jubilada, viuda de 84 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. n.- I.P.P. n° 2421-15: llamado telefónico al número de línea 4714-3214 ubicado en Balcarce 2242 San Fernando, ocurrido el día 18-04-2015 02:10 hs., Celina Paz jubilada de 70 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. ñ.- I.P.P. n° 2463-15: llamado telefónico al número de 4745-1760 ubicado en Carlos Casares 812 Victoria San Fernando, ocurrido el día 20-02-2015 03:25 hs., Carlos Martínez jubilado de 75 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. o.- I.P.P. n° 2563: llamado telefónico al número de línea 4746-1443 ubicado en Carlos Casares 1845 Virreyes San Fernando, ocurrido el día 22-04-2015 01:00 hs., Elvira Martín jubilada de 77 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. p.- I.P.P. n° 2667-15: llamado telefónico al número de línea 4745-1310 ubicado en Facello 2743 Victoria San Fernando, ocurrido el día 28-04-2015 03:00 hs., Elio Alfonso Ibarra jubilado de 74 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. q.- I.P.P. n° 2726-15: llamado telefónico al número de línea 4744-7402 ubicado en Pedriel 2267 Victoria San Fernando, ocurrido el día 30-04-2015 05:00 hs., Angel Mario Córdoba jubilado 75 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. r.- I.P.P. n° 2822-15: llamado telefónico al número de línea 4745-2127 ubicado en 3 de Febrero 860 Victoria San Fernando, ocurrido el día 06-05-2015 04:30 hs., Ofelia Beatriz Picart jubilada de 70 años de edad entrega mediante ardid y engaño la suma de $ 40.000 entre pesos y dólares.
S.- I.P.P. n° 2901-15: llamado telefónico al número de línea 4714-3488 ubicado en Cordero 4296 Virreyes San Fernando, ocurrido el día 11-05-2015 14:00 hs., Silvia Graciela Fanti ama de casa entrega mediante ardid y engaño la suma de $ 40.000. t.- I.P.P. n° 2965-15: llamado telefónico al número de línea 4549-1310 ubicado en 25 de mayo 1149 San Fernando, ocurrido el día 14-05-2015 04:00 hs., Zenón Videla Dorna comercian de 64 años de edad, entrega mediante ardid y engaño entrega 4 relojes dos de ellos marca Dupont de oro, uno tag y la suma de U$S 2.135. u.- I.P.P. n° 2982-15: llamado telefónico al número de línea 4846-1476 ubicado en Chile 3170 Don Torcuato, ocurrido el día 14-05-15 03:00 hs., Claudia Mónica Avaca ama de casa de 47 años de edad, entrega mediante ardidi y engaño cadenas de oro, alianzas, aritos y pulsera de oro y $ 5.000. v.- I.P.P. n° 2982-15: llamado telefónico al número de línea 4743-3256 ubicado en Uruguay 181 Victoria San Fernando, ocurrido el día 17-05-2015 02:45 hs., Orestes Jorge Colirias jubilado, pese al ardidi no entrega dinero. w.- I.P.P. n° 3068-15: llamado telefónico al número de línea 4745-3669 ubicado en Del Arco 243 casa 6 Victoria San Fernando, ocurrido el día 17-05-2015 03:00 hs., Carolina Reguera ama de casa, 42 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. x.- I.P.P. n° 2130-15: llamado telefónico al número de línea 4794-2231 ubicado en Pelliza 1728 Olivos Vicente López, ocurrido el día 18-05-2015 03:00 hs., Jorge Alberto Schilman jubilado, 71 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. y.- I.P.P. n° 3377-15: llamado telefónico al número de línea 4746-3351 ubicado en Estrada 3124 Victoria San Fernando, ocurrido el día 03-06-2015 13:30 hs., Cristina Ester Mucci ama de casa, 44 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. z.- I.P.P. n° 4013-15: llamado telefónico al número de línea 4744-0359 ubicado en Lanusse 890 Victoria San Fernando, ocurrido el día 07-07-2015 03:00 hs., Osvaldo Alfonso Rapagna empresario, 43 años de edad, pese al ardid no entrega dinero. aI.- I.P.P. n° 14-10- 1535-15: llamado telefónico al número de línea 4749-9240 ubicado en Pizzarro 1387 Tigre, ocurrido el día 01-06-2015 20:30 hs., Esther Azurmendi jubilada, viuda, 82 años de edad, entrega mediante ardid y engaño la suma de U$S 80.000. b.I.- I.P.P. n° 14-05-3975-15: llamado telefónico al número de línea 4725-1456 ubicado en Sobremonte 830 San Fernando ocurrido el día 02-07-2015 02:30 hs., Stella Maris Paula Cessa viuda, 80 años de edad, entrega mediante ardid y engaño la suma de U$S 6.300. cI.- I.P.P. n° 14-05-3974-15: llamado telefónico al número de línea 4745-6169 ubicado en Junín 1034 San Fernando, ocurrido el día 02-07-2015 02:30 hs., Claudia Mabel Amadeo ama de casa, 49 años de edad, entrega mediante ardid y engaño dinero y joyas y dos cheques de plazo fijo del HSBC. dI.- I.P.P. n° 14-06-2825-15: llamado telefónico al número de línea 4797-1471 ubicado en Junín 1034 San Fernando, ocurrido el día 07-07-2015 01:00 hs., José Antonio García, jubilado, pese al ardid no entregó dinero.
I.P.P. 4031 llamado telefónico al número 4745-4488, ubicado en Quirno Costa 1340 de la Localidad y Partido de San Fernando, ocurrido el día 7 de julio a las 3:50 horas, vtma. María Dolores Lozano, viuda de 59 años de edad, quien mediante ardid entregó la suma de 50 mil pesos, tres anillos de oro y una cadena del mismo metal. I.P.P. 14-05-4032-15, llamado telefónico al número 4745-9621, ocurrido el día 7 de julio a las 3:00 horas, vtma. Raúl Ernesto Zuloaga, jubilado, 79 años, quien pese al ardid empleado no entregó dinero”.
El hecho fue provisoriamente calificado como asociación ilícita, estafas reiteradas -16 hechos- y tentativa de estafas reiteradas -18 hechos- (arts. 210, 172 y 172 –en función del 42- del C.P.).
A los efectos de tener por acreditada la materialidad y la probable autoría endilgada a los coimputados, valoró las siguientes constancias: denuncias penales y testimoniales de las víctimas, declaraciones del perventor Lugo, informes de comunicaciones, escuchas telefónicas, y actas de allanamiento.
III. El resolutorio fue motivo de apelación por parte de los coimputados. A. El Defensor particular que asiste a Daniel y Maximiliano Ivanoff, y a Mauricio y Rubén Papandopoles cuestionó tanto el encuadre legal de los eventos investigados como la valoración de la prueba.
Solicitó, a tenor de ello, que se revoque el auto en crisis y se disponga la libertad por falta de mérito de sus representados.
1. En punto a la subsunción normativa, señaló que la asociación ilícita no se configura, en tanto, en primer lugar, no se acreditó la existencia de un acuerdo de voluntades para delinquir (plan delictivo), así como tampoco una diferenciación de roles (organización), o la conciencia de pertenencia a un grupo y la permanencia en el tiempo de este conjunto. Y destacó la relación de parentesco existente entre sus defendidos, extremo que explica el vínculo entre ellos.
Indicó, además, que no se probó la pluralidad de delitos, sino que se los investiga exclusivamente por conductas encuadradas como estafa en grado de conato.
Señaló, de esta forma, que debe dejarse de lado la figura del art. 210 C.P., la cual resulta un delito de carácter independiente, y reexaminar los compartimientos atribuidos bajo los parámetros de la participación criminal (vgr. autoría, participación necesaria o secundaria).
Concluyó, de esta forma, que “…para la existencia del delito de asociación ilícita es necesaria la inequívoca comprobación del vínculo criminoso que asocia con cierta permanencia temporal a sus integrantes, cuya finalidad es llevar adelante diversos planes delictivos. No basta pues, la simple concurrencia de múltiples sujetos activos en uno o varios hechos delictivos de carácter aislado”. Sustentó su análisis en citas doctrinarias y jurisprudenciales.
2. En otro orden de ideas, calificó de insuficiente, en los términos del art. 157 C.P.P., el cuadro probatorio colectado.
Señaló, al respecto, que en el marco de los allanamientos practicados se incautó una suma de dinero muy inferior a la que se dice obtenida como consecuencia de la actividad desplegada, y que no permite la adquisición de los rodados habidos.
Añadió que tales medidas fueron dispuestas en violación a las normas que rigen el debido proceso, en tanto no se investigó un hecho penal preexistente sino que la pesquisa recayó sobre individuos sobre los que pesaban simples sospechas.
B. La defensa de Cabrera, por su parte, también atacó el juicio de subsunción normativo como la valoración de la prueba.
1. Señaló, en primer lugar, que la prueba colectada resulta insuficiente para abonar la intervención de su asistida en el hecho investigado.
Enfatizó, al respecto, que desde los celulares cuyo empleo se le atribuye no se registra comunicación alguna con los celulares de los otros coimputados. Agregó que de las escuchas telefónicas se infiere, únicamente, la existencia de un vínculo sentimental, de carácter informal, con Javier Papandoles, circunstancia en virtud de la cual siquiera puede sospecharse que Cabrera conociera las maniobras investigadas. Señaló que tales constancias se valoran en forma descontextualizada, omitiéndose pasajes donde esa ajenidad resulta manifiesta. Destacó, asimismo, que ninguno de esos aparatos fue ubicado en la zona donde se dicen producidos los hechos, así como tampoco se intervinieron las correspondientes líneas, decisión esta última que demuestra la ausencia de sospecha que recae sobre ella.
Invocó, además, la carencia de un patrimonio importante, así como la actividad académica de su representada.
Postuló, finalmente, que no se encuentra acreditada la presencia de Cabrera en los domicilios señalados como origen de las llamadas a las víctimas.
2. Cuestionó, en forma subsidiaria, el encuadre legal dispuesto, específicamente, la figura de la asociación ilícita.
Enfatizó, en primer término, la ausencia de llamadas telefónicas entre los coimputados en forma contemporánea a los hechos que se dicen cometidos, así como la falta de llamados telefónicos a su defendida.
Señaló, además, que la figura en trato exige “…pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de delitos…”, así como una compleja estructura organizacional. Añadió que la permanencia a un grupo de esas características no se limita a una cuestión temporal. Planteó que la simple distribución de roles resulta un elemento insuficiente para configurar la figura, sino que se exige la necesidad de verificar la presencia de un centro de decisiones y estratos de ejecución, así como una red de reemplazos tendiente a lograr la supervivencia de la estructura independientemente de los individuos que la componen.
Concluyó que, en el caso, no puede hablarse de la estructura sofisticada que reclama el tipo penal propuesto.
Formuló reserva casatoria y de caso federal.
IV. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del C.P.P., respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a este Tribunal, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la decisión alcanzados por los agravios, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado, y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Analizadas las constancias de autos, adelanto que propiciaré rechazar las impugnaciones intentadas y confirmar parcialmente el auto en crisis, pues la imputación ensayada, en relación a los hechos de estafa descriptos resulta, en mi opinión, nula. Ello, a tenor de las consideraciones que vierto a continuación. Como se vio, los recurrentes atacaron tanto la validez de los allanamientos dispuestos como la calificación legal del hecho investigado, la valoración probatoria y la necesidad de la medida de coerción dispuesta. En aras de una mayor claridad expositiva, abordaré cada tópico en forma separada (la foliatura consignada corresponde a los autos principales).
A. Estimo que los allanamientos dispuestos a fs. 345/352 resultan justificados.
Si bien el magistrado garante no profundiza en el análisis de las constancias a partir de las cuales autoriza la medida intrusiva, remite a la solicitud fiscal (obrante a fs. 326/344), donde, tras explicar la metodología investigativa, se valora los resultados de los análisis de las comunicaciones, se enuncia una serie de hechos que podrían tener vinculación con la presente, se identifica a los eventuales integrantes de la asociación, y se detalla cada lugar donde se pretende irrumpir.
Esto es, el titular de la acción pública invocó los testimonios de los preventores afectados a las tareas de inteligencia, la información recabada en las escuchas telefónicas oportunamente autorizadas, y en las labores periciales sobre el tráfico de comunicaciones.
Tales constancias permitieron abonar y consolidar la hipótesis incriminante ensayada respecto de los coimputados de autos. De este modo, estimo desacertado el argumento vertido por la defensa de los coimputados Papandopoles e Ivanoff respecto a que las diligencias en trato no tuvieron sustento alguno.
Por el contrario, la solicitud se dirigió a domicilios donde, como consecuencia de diligencias probatorias previas, se consideró probable el hallazgo de elementos de interés para la presente. Y la autorización jurisdiccional expedida al respecto se basó en la valoración probatoria elaborada por el director de la investigación (arts. 106, 219 y cc. del C.P.P.).
B. Los cuestionamientos defensistas relativos al encuadre legal del evento pesquisado se centran en la figura de la asociación ilícita, contemplada en el art.
210 C.P.
La referida norma establece: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación…”. Sobre el punto debo señalar, a modo de introducción, que, al momento de tratar la agravante de la “banda” (arts. 166 inc. 2° primer párrafo y 167 inc. 2° del C.P.), estimé que, en el marco del concurso de personas en el delito, podía hablarse de tres estadios distintos: la simple pluralidad, la banda, y la asociación ilícita (nivel de mayor gravedad).
Ahora bien, en la reconstrucción de la plataforma fáctica objeto de la pesquisa el representante del M.P.F. identificó a siete individuos, y refirió a un vínculo conformado con la finalidad de cometer delitos (específicamente, los denominados “secuestros virtuales”), dotado de una “…estructura organizacional permanente…” y de “…división funcional de tareas, roles…”. Enumeró, además, una multiplicidad de hechos, algunos de los cuales quedaron en grado de conato. Y demarcó un lapso temporal en el que se ubican cada uno de esos sucesos. Estimo que los elementos descriptos por el representante de la acción pública permiten configurar el tipo del art. 210 C.P.
La norma de cita establece, en primer lugar, un requisito numérico, abastecido en el caso, en tanto, insisto, se individualiza a siete sujetos como los integrantes de la agrupación investigada.
La doctrina caracteriza la figura a partir de una “organización permanente”, estabilidad y duración en el tiempo, y la presencia de “…un acto voluntario de poder emanado de un grupo organizador, una jefatura y pertenencia […] coordinación entre sus miembros, tanto en la asociación como en la realización de los hechos delictivos” (Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio; Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Tomo 9; Hammurabi; Buenos Aires; 2010; p. 346-347). Se habla, en ese sentido, de “…la resolución asociativa adoptada […] con un criterio de estabilidad de grupo y pertenencia […], estructurándose mínimamente como una organización con un designio particular. Lo fundamental es que estos sujetos coincidan en otorgarle el especial destino de cometer delito, es decir, que se trate de un acuerdo de cooperación para ejecutar mancomunadamente una serie determinada de planes de orden delictivo” (Chiara Díaz, Carlos -Director-; Código Penal y normas complementarias. Comentado, concordado y anotado. Tomo IV; Nova Tesis; Buenos Aires; 2011; p. 810). Los elementos antes referidos se encuentran, en mi opinión, enunciados en la materialidad infraccionaria (referida precedentemente), de modo tal que el juicio de subsunción resulta, a mi criterio, acertado.
Los impugnantes destacan la ausencia de un plan delictivo previo y de una estructura orgánica proyectada en el tiempo.
Como se vio, en la materialidad infraccionaria se hizo referencia a un acuerdo de voluntades, a una finalidad delictiva específica (los ilícitos denominados “secuestros virtuales”), y a una división de roles entre “llamadores” y quienes se encargaban de la logística. Se habló, además, de un período temporal de alrededor de seis meses.
La idea de “permanencia” se asocia a “…una alianza o cohesiones de voluntades estables y adeherentes a la estructura…”, mientras que la “pertenencia” sugiere “…“adhesión” y “cohesión” de [los integrantes] a un orden orgánico, ya que no basta con sentirse afiliado, sino que resulta necesario “tomar parte” de la asociación, recibiendo trato de asociado entre los pares […] cada miembro debe mostrar una vocación individual para trabajar en la tarea común de planificar, preparar y ejecutar los ilícitos…” (Chiara Díaz, Carlos –Director-; ob. cit.; p. 816). Enfatizan los recurrentes el hecho que la investigación se centre en ilícitos provisoriamente encuadrados como estafa, no configurándose así la “pluralidad de delitos” reclamada por la asociación ilícita.
Sobre este punto, Murano explica que la finalidad del grupo es la ejecución de más de un hecho delictivo, esto es, la indeterminación de los planes: “…una cantidad incierta de delitos inciertos…” (Murano, Esteban; La exigencia de la indeterminación de los delitos en la asociación ilícita; Fabián Di Plácido Editor; Buenos Aires; 2005; p. 50-51). Creus, por su parte, señala que “lo indeterminado no serán los delitos, sino la pluralidad de delitos a cometer (p. ej., los empleados de una empresa que se proponen sustraer diez cajas de repuestos participarán en hurtos reiterados, pero los que se proponen sustraer repuestos, sin planificar determinadamente su actividad, emprenderán una asociación ilíctia…)” (Creus, Carlos; Derecho Penal. Parte Especial, Tomo 2; Astrea; Buenos Aires; 1999; p. 110-111. El destacado es propio). A mayor abundamiento, se indica que “no obsta a la tipicidad que la asociación tenga por objeto una cierta clase de delitos [….] pues la característica de la indeterminación se refiere, en realidad, a los planes futuros, que pueden no estar concretrados, pero que ya son alcanzados por el tipo penal” (Chiara Díaz, Carlos –Director-; ob. cit.; p. 814).
Nos encontramos, entonces, ante una suerte de “especialización” por parte del grupo investigado, esto es, su aparente dedicación a un tipo de delito en particular, los denominados “secuestros virtuales”, circunstancia que no permite desestimar la figura cuestionada, la cual, como se vio, exige indeterminación del horizonte de hechos específicos a realizar en el futuro, sin que ello se oponga a que la sociedad delictiva se especialice en un particular tipo de injusto penal. Sí requiere un plan delictivo previo, pero éste remite a la pluralidad de personas que se organizan para delinquir –en el caso, para una tipología delictiva en especialmas no comprende el conjunto de delitos que se piensa cometer con tal organización; la sociedad tiene una prospección de futuro que supera a un concurso de delitos preestablecidos, y es constituir dicha estructura criminal lo que se castiga; esto es, en otras palabras, una asociación con una proyección delictiva indeterminada. De otro modo, estaríamos ante un concurso de delitos particulares que se planea de antemano cometer con la participación de más de tres personas cuyo “animus societatis” se agota con aquella como aquel.
No puede hablarse, entonces, de hechos aislados, como postula la defensa de Papandopoles e Ivanoff, sino de una serie de eventos de similares características, presuntamente jalonados por una metodología común (la aparente realización de llamados mayoritariamente en horas de la madrugada, a domicilios situados en una zona predeterminada, cuyos moradores eran principalmente personas de alta edad), en el marco de una estructura signada por la división de roles (aquellos que cumplían la función de “llamadores” y quienes recogían el botín obtenido).
No resulta aplicable, de esta forma, los institutos de coautoría y participación pretendidos por la defensa en sustitución de la figura cuestionada. Al respecto, Cornejo, citando a Maggiore, explica que “…el criterio distintivo entre asociación para delinquir y concurso de varias personas en un mismo delito, consiste en eso: en la primera debe haber alguna fase preparatoria, preordenada a la consumación de delitos en general, en la que precisamente se manifiesta una actividad organizadora, característica del fin de la societas sceleris, en cambio, en el concurso de personas en un mismo delito, los agentes no preparan ningún organismo, pues limitan su acción a la consumación, en concurso de un delito determinado; así que, consumado éste, ya no tiene razón de ser el acuerdo” (Cornejo, Abel; Asociación ilícita y delitos contra el orden público; Rubinzal- Culzoni; Santa Fe; 2010; p. 107).
Así las cosas, estimo que los agravios relativos al juicio de subsunción no pueden ser acogidos favorablemente, en tanto en la plataforma fáctica delimitada contiene los elementos componentes de la figura cuestionada, no pudiéndose, a mi juicio, agotar la intervención de los coimputados con las previsiones sobre participación.
Es que el análisis de la materialidad infraccionaria permite, de momento, descartar las ideas relativas a la comunión de individuos para un conjunto de hechos precisos o determinados (nota de la coautoría) o a la intervención en eventos ajenos (característica definitoria de la participación en sentido estricto), sino que se identifica a un grupo de sujetos, con un aparente plan delictivo genérico y común (dedicarse a los “secuestros virtuales”), y supuestamente organizados funcionalmente, agrupación que habría perdurado durante al menos seis meses, y a la cual se le atribuyen, en el presente legajo, más de treinta hechos.
C. Sentado ello, debo señalar algunos problemas que, a mi juicio, presenta la imputación.
Al respecto, advierto que el Fiscal actuante no ha especificado los roles desempeñados por cada uno de los coimputados mediante la descripción de la actividad que habrían desplegado los individuos sindicados como integrantes de la asociación ilícita, y la ascendencia que pudieran tener sobre el resto de los miembros.
En autos se indican jerarquías al delimitar a algunos de ellos como “jefes y organizadores” y a otros como “componentes”, pero tampoco se explicaron las circunstancias ponderadas para incluir a cada uno de los sindicados en una u otra categoría; extremo que, en mi opinión, constituye una atribución arbitraria de posiciones jerárquicas, que no permite responder a una imputación circunstanciada y concreta respecto a la asignación de un papel de liderazgo. En ese sentido, entiendo atinados los argumentos vertidos sobre el punto por el asistente técnico de los coimputados Daniel y Maximiliano Ivanoff y Javier y Rubén Papandopoles. Estimo que el Titular de la acción pública debe, para sostener la imputación de funciones y jerarquías dentro de la asociación ilícita, explicitar qué conductas son las que definen como jefe o componente a los diversos integrantes de la asociación.
Esto es, el director de la I.P.P. atribuye a Daniel Ivanoff y a Mauricio Javier y Rubén Omar Papandopoles un concepto abstracto, contenido en el tipo penal (art. 210 segundo párrafo C.P.). Sin embargo, esa "jefatura" importa una serie de conductas en concreto, las cuales deben ser plasmadas en la materialidad infraccionaria, a fin de justificar por qué, en el caso concreto, la conducta se encuentra encuadrada jurídicamente en una figura típica. A modo de ejemplo, el concepto de "matar" (art. 79 C.P.) resulta en principio comprensible para el lego; sin embargo, al momento de reconstruirse la plataforma fáctica, debe explicitarse el comportamiento en concreto (con indicación, además, de tiempo, modo y lugar) por el cual el evento se califica de esa forma.
En otro orden de ideas, considero que el segmento de la imputación en el que se describe una serie de hechos, cuya comisión se pretende atribuir al grupo investigado, carece de validez.
En la intimación fiscal se enumera una serie de eventos, circunstanciados en tiempo y lugar, pero no se enuncia cuáles de los miembros de la asociación ilícita efectivamente los habría perpetrado: no se individualiza quienes efectuaron los llamados engañosos, y quienes realizaron la labor logística de recoger el botín obtenido. Conforme señalara en su oportunidad, “…el acusador está obligado a intimar mediante proposiciones fácticas concretas y circunstanciadas…” (criterio expuesto en Causa N° 29.121/IIIa.).
Las falencias apuntadas impiden reputar como válido a ese segmento de la imputación, en tanto, reitero, no se especificó conducta alguna realizada por los coimputados en cada uno de los llamados ardidosos que se dicen efectuados por la asociación investigada. Ello implica, a su vez, el incumplimiento del requisito de circunstanciación (arts. 312 primer párrafo y 335 primer párrafo del C.P.P., antes mencionados, reglamentarios del art. 18 C.N.).
Sobre esta cuestión, Maier resulta claro al explicar que “La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente […] Pero, para que la posibilidad de ser oído sea un medio eficiente para ejercitar la defensa, ello no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, sino que, por el contrario, debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento –que se supone real- con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y espacialmente) y le proporcionen su materialidad concreta; el lenguaje se debe utilizar como descriptivo de un acontecimiento concreto ya ocurrido, ubicable en el tiempo y en el espacio, y no para mentar categorías conceptuales” (Maier, Julio; Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos; Del Puerto; Buenos Aires; 2004; p. 553). La ausencia de una cincunstanciación, en la forma de conductas concretas a través de las cuales se configuran los hechos reclamados por los tipos endilgados, así como la falta de fundamentación relativa a la descripción de una estructura jerárquica constituye, en mi opinión, falencias de tal entidad que ameritan declarar la nulidad parcial, en relación a la serie de hechos encuadrados en la figura del art. 172 C.P. (tentados y consumados) y a la agravante del art. 210 segundo párrafo C.P.
En efecto, estimo que, al momento de celebrarse la declaración prevista en el art. 308 C.P.P., los coimputados no pudieron controvertir tales segmentos de la hipótesis incriminatoria, toda vez que, más allá de las circunstancias de tiempo y espacio, no se indica -insisto- quienes protagonizaron tales eventos sino que, por el contrario, el titular de la Acción Pública parece querer endilgar tales sucesos al conjunto de los aquí imputados, por el mero hecho de ser miembros de una asociación presuntamente organizada para materializar tal modalidad delictiva, cuando en rigor la concurrencia en la asociación delictiva es distinta a la eventual la participación concreta e individual en los injustos particulares en los que ella como organización emprendiera; y no está dicho que todos los componentes de la sociedad criminal actuaran en cada uno de los injustos, ni de qué modo lo habrían hecho en cada oportunidad.
En consecuencia, entiendo que debe nulificarse parcialmente la imputación ensayada por el fiscal en los términos del art. 308 C.P.P., específicamente respecto a la serie de hechos concretos descriptos (provisoriamente subsumidos como estafa), y de la división jerárquica, y de todo lo actuado en consecuencia: declaraciones prestadas en los términos de la referida norma (fs. 416/421, fs. 422/427, fs. 428/432, fs. 433/438, y fs. 439/444), citación a prestar nueva declaración (fs. 634/639), requerimiento de prisión preventiva (fs. 683/724), y resolutorio dictado en los términos del art. 157 C.P.P. (fs. 732/773), en tanto la indeterminación de estas imputaciones incumplen con las normas rituales y afectan de modo directo el derecho de defensa en juicio, al impedir a los encartados conocer las conductas específicamente imputadas (arts. 106, 201, 203, 308 y 312 del C.P.P.).
D. Expuestas las deficiencias que, a mi juicio, presenta la imputación, debo señalar que sí entiendo acreditada, con el nivel convictivo exigido para la instancia en análisis, la intervención de cada uno de los sindicados en la conformación del grupo objeto de la presente pesquisa.
En efecto, se ha plasmado, en primer término, el mecanismo de funcionamiento de la organización investigada, específicamente su metodología de “trabajo”, y modalidad delictiva, así como la distribución interna de tareas. Y se ha aportado prueba a mi juicio suficiente para predicar, a esta altura, que los sindicados serían miembros de un grupo conformado y organizado con la finalidad de cometer delitos bajo la modalidad de “secuestro virtual”.
La presente investigación se inició mediante el aporte realizado por la empresa Telecom de los listados de llamadas entrantes de los abonados que recibieron una comunicación donde se pretendía simular una situación de secuestro, información a partir de la cual se identificó los aparatos supuestamente utilizados para realizar tales llamadas, requiriéndose a la prestataria Movistar información de tales abonados.
A su vez, Nextel brindó datos de tráfico por antenas correspondientes a las áreas de origen y destino de las llamadas, identificándose distintos aparatos con actividad compatible con las comunicaciones cursadas a las viviendas de las víctimas de la maniobra investigada.
La información fue analizada por el preventor Lugo quien concluyó, respecto al hecho padecido por Ofelia Picart (datado el día 06/05/15), que los abonados N° 2028-9550 y N° 3734-9234 eran captados, respectivamente, por las antenas correspondientes al domicilio de la víctima y aquellas ubicadas en Calderón de la Barca 1565 y Nogoyá 4444 (vid. testimonios de fs. 19/23, fs. 27/34, y fs. 104/112) Para una mayor claridad, analizaré la situación de cada uno de los coimputados en forma separada.
1. Rubén Omar Papandopoles empleaba el abonado N° 3734-9234 (vid. fs. 167), el cual, por ejemplo, fue captado, el día 14 de mayo de 2015, por la antena Nextel ubicada en Nogoyá 4444, cercana a la antena Movistar de Beiró 5167 (origen de la llamada extorsiva); el abonado referido, a su vez, mantenía tráfico con el N° 2028-9550, captado por la antena de 3 de Febrero 680 San Fernando; en esa fecha, conforme la hipótesis fiscal, a las 04.00 hs., la moradora de la finca sita en 25 de mayo 1149, entregó relojes y U$S 2.135 (I.P.P. N° 2965-15).
Mayor peso convictivo adquieren, en mi opinión, las escuchas telefónicas practicadas respecto del abonado en cuestión.
En las actas de fs. 172/174 se transcriben diálogos entre el mentado Rubén Omar y el coimputado Javier Mauricio, donde hablan de “llamar” a “Poroto” y a “Maxi” para arreglar (fs. 172), y acuerdan reunirse entre las doce y doce y media (fs. 173). Cabe tener en cuenta que, según la materialidad infraccionaria, el suceso objeto de la investigación fue cometido por un grupo organizado de personas que realizaban llamados a sus víctimas mayoritariamente en horas de la madrugada. En la conversación con su esposa (volcada a fs. 259), Rubén Omar habló de “…Tigre, San Fernando…” y dijo “…de todo hicimos…”. Sobre el punto, debo destacar que la casi totalidad de hechos descriptos se ubican en el partido de San Fernando, y uno de ellos en Tigre (I.P.P. N° 1535).
En el diálogo captado en el archivo N° 193534-5, manifestó tener dólares (fs. 261vta.), moneda que, según la reconstrucción del evento, se habría obtenido en varios hechos (I.P.P. N° 425, N° 890, N° 1778, N° 1779, N° 2218, N° 2242, entre otras).
En el diálogo mantenido con quien sería su amante afirmó haber concurrido, la noche anterior a la llamada, “…a lo de Milanco…”; preguntado por su interlocutora las razones de ello, respondió “…y a que voy a ir boluda?” (archivo N° 214836-2, fs. 262). El domicilio referido es aquel sito en Santo Tomé 4379 C.A.B.A. (conf. fs. 128, fs. 143/146, fs. 166/168, entre otras, del legajo principal) el cual, según la materialidad infraccionaria, ha sido uno de los lugares de origen de las llamadas extorsivas.
En los diálogos transcriptos en el acta de fs. 176 del principal (captados de las escuchas del Nextel de “Gano”), su interlocutor le dijo “Gano, que estás haciendo? Estás hablando? Como va, hay alguno más”, y éste responde “…hay tres casas más para hacer…” (arch. N° 025851).
2. Javier Papandopoles, apodado “Milanco” (fs. 180vta.), sería el usuario de la línea N° 2028-9550 (fs. 168), la cual ha sido intervenida, volcándose las conversaciones captadas en el Anexo N° 2. Residía, además, en Santo Tomé 4379 C.A.B.A. (conf. testimonios de fs. 279/293 y fs. 311/319).
Estimo que las escuchas telefónicas recabadas permiten abonar su intervención en el evento pesquisado.
En efecto, a fs. 175 se vuelca una conversación mantenida con un individuo dedicado al comercio de joyas, en el que el coimputado cuya situación se trata en el presente consulta por el precio del “gramo” (en apariencia, de oro). Sobre el punto, debo destacar que, según la hipótesis incriminatoria, el botín obtenido habría consistido, en varios casos, en joyas (hechos objetos de I.P.P. N° 2982-15, N°3974-15, y N° 4031).
En la transcripción del archivo de audio N° 141649 (vid. fs. 182vta./183), habló de cambiar U$S 13.500, consultando a su interlocutor la cotización de la referida divisa. Cabe tener en cuenta que, como se vio, conforme la materialidad infraccionaria, en varios hechos se habrían obtenido, como botín, sumas de esa moneda (I.P.P. N° 425, N° 890, N° 1778, N° 1779, N° 2218, N° 2242, entre otras). En el acta correspondiente al archivo N° 233426 (obrante a fs. 191vta.) se vuelca una conversación mantenida con el coimputado Daniel Ivanoff, en la que se hizo referencia a “traer dos teléfonos” y, además, “Milanco” preguntó si “…alguno de los pibes más viene…”. La referencia a dos aparatos telefónicos formulada por los coimputados debe evaluarse en el marco de la modalidad operativa que, según la hipótesis incriminatoria, empleaba el grupo investigado: el empleo de numerosos aparatos telefónicos (cuya titularidad corresponde a personas desconocidas) en cuyas carcazas (IMEI) se insertaban distintas tarjetas SIM prepagas. La mención a la concurrencia de varias personas, a su vez, abona la hipótesis incriminatoria en punto a que los distintos miembros de la agrupación se reunían en los domicilios de Santo Tomé 4379 (morada de “Milanco”, conforme se expusiera previamente), Cuba 2125 y Arregui 4324.
En el diálogo documentado a fs. 194 “Milanco” le manifestó al coimputado Rubén Omar “…tenemos al Chapulín, al Chapulín tenemos que […] Romina me parece”, extremo que podría ser interpretado como una acción tendiente a reunir al grupo con la finalidad de realizar la actividad planificada.
En la conversación mantenida con el coimputado Daniel Ivanoff el día 1 de julio del año anterior (plasmado a fs. 196), “Milanco” refirió “…aunque sea…diez, después vamos cinco, seis mil dólares […] contento siempre”, y manifestó luego a su interlocutor “…dale, avísame y llamame, fíjate a ver que podemos hacer”. Podría pensarse que se hace referencia a la repartición de un eventual botín entre los miembros de la banda.
En el diálogo contenido en el archivo N° 212727 expresó “…o por ahí la ponemos a hablar a la Japonesa” y “…pero con un solo teléfono […] por hoy con un solo teléfono” (vid. fs. 196vta./197), aserciones que pueden ser consideradas como decisiones relativas a la organización de la actividad que se dice desplegada por la banda: el asignarle la labor de “llamador” a alguien, así como el medio que se va a emplear para esa comunicación presuntamente ardidosa.
A fs. 202 se plasmó diálogo con la coimputada Cabrera, a quien “Milanco” le afirmó “Lo hice muchas veces y quiero tratar de dejarlo pero no lo voy a dejar nunca. Porque una vez que entres, es muy raro que lo dejes. Por más que no lo hagas todos los días, pero una vez por semana será y soy realista. Todo el mundo dice: no hago tanto y no me meto más, mentira”. La alocución transcripta parece referirse a una actividad supuestamente ilegal, con la que “Milanco” podría tener una relación traumática. Más allá de la nula mención a alguna característica de tal actividad, no puede dejarse de lado el hecho que en autos se investiga una banda supuestamente dedicada a realizar llamadas engañosas a personas a fin de obtener de ellas la entrega de dinero u otros valores.
A fs. 203 se transcribe conversación entre los mentados “Milanco” y Cabrera, en la que el primero le ofrece devolverle su celular “cortándole dos dedos al chip”, y remitírselo a su casa. Más allá del tono jocoso, “Milanco” emplea términos propios del delito que, según la materialidad infraccionaria, la banda simula realizar como medio de engaño para lograr la entrega, por parte de la víctima, de dinero o valores.
En el acta que luce a fs. 631/632 del principal se transcriben distintas conversaciones captadas de las escuchas del celular empleado por “Milanco”:
i. “paso, compro los teléfonos y tiramos” (arch. N° 000715): nótese que, conforme la materialidad infraccionaria, la banda empleaba numerosos aparatos, en los que insertaba distintos chips, para realizar las llamadas de tinte extorsivo.
ii. “no hay mucha plata, son cuatroscientos, quinientos dólares” (arch. N° 033440), y “no hay mucha plata, quinientos dólares, setecientos euros y algunas alhajas” (arch. N° 034334) aserciones que, en el marco de una materialidad infraccionaria donde se consigna la obtención tanto de sumas de esa moneda en varias de las llamadas atribuídas, constituye otro indicio de probable autoría del coimputado de marras en el evento pesquisado.
iii. “decile que lo tire en el medio de la calle y yo lo agarro” (arch. N° 034334), tras mencionar distintos tipos de joyas de oro, refiere, en mi opinión, al momento en que se toma el botín; sobre el punto, cabe tener en cuenta las explicaciones vertidas por el preventor Lugo, quien, al analizar la prueba, señaló que “Milanco” cumple el papel de “cobrador” (conf. fs. 172/175, fs. 180/188 y fs. 311/319). Contestes con ello resultan las frases “…escuchaste, ya agarré la bolsa” (arch. N° 052616), “…otra vez pedile la plata, que no lo deje hablar con nadie, y si habla que no haga ningún problema que yo le pedí cien mil dólares” (arch. N° 052704), y “la mujer bajó, agarró la bolsa y se metió de nuevo para adentro…” (arch. N° 040519).
3. Daniel Ivanoff fue identificado, por los preventores abocados a realizar la pesquisa, como uno de los integrantes de la asociación; es apodado “Chicho” y resultaría usuario del abonado N° 2030-1238 ID 894*8195 (conf. declaración de fs. 259/260); previamente, se creyó que tal apodo era detentado por Maximiliano Papandopoles (vid. testimonios de fs. 189/190). Se lo señala como un “activo participante” de la banda investigada (fs. 181vta.). Residía en Arregui 4324 (fs. 355/359).
Al momento de intervenir la línea cuyo uso se le atribuye, se advierten elementos que, a mi juicio, resultan aptos para abonar su intervención en el evento pesquisado.
En la desgravación del arch. N° 221639, el coimputado Javier Papandopoles le reprocha, probablemente en tono jocoso, que haya dormido todo el día y, al preguntarle con quien se encuentra, le responde “…Ianco, Poroto, Alex…” (fs. 172vta.). Nótese que, según la materialidad infraccionaria, la banda despliega una actividad nocturna, reuniéndose alrededor de la medianoche.
En la conversación documentada a fs. 181, el coimputado Ivanoff acuerda reunirse con Javier Papandopoles en Av. Córdoba 3266 lugar donde, conforme se verá, reside la coimputada Cabrera.
A fs. 191vta. “Chicho” y “Milanco” hablan de “conseguir dos telefónos”, y el segundo le consulta al primero sobre cual de los “pibes viene”. La mención a “obtener dos teléfonos” adquiere relevancia, en mi opinión, en el marco de una agrupación que, según la hipótesis fiscal, operaría con celulares registrados a nombre de ciudadanos extranjeros imposibles de identificar (denominados “bolseros”), aparatos en los que se empleaban tarjetas SIM de modalidad prepaga, y eran luego descartados en forma periódica; la secuencia captada podría corresponder, por ejemplo, a un momento en que se planea reemplazar los aparatos supuestamente empleados para realizar las llamadas engañosas. En los diálogos documentados a fs. 193vta. (archivos N° 223058 y N° 224453) Javier Papandopoles le pregunto al mentado Ivanoff “donde están los pibes”, a lo que éste le responde que no puede encontrarlos, tras lo cual su interlocutor refiere “…ya está todo armado…” (arch. N° 223058); tras ello, Ivanoff refiere “ahí hablé con el Ianquito mío, eh…dijo que a las doce está en tu casa…” (arch. N° 224453). Como se vio, el coimputado Javier Papandopoles reside en Santo Tomé 4379 finca que, según la materialidad infraccionaria, era origen de las llamadas extorsivas. La mención a las “doce” resulta, a su vez, en principio compatible con la descripción del organigrama y método de la asociación investigada, la cual tenía actividad mayoritariamente en horas de la madrugada. En la conversación captada en el arch. N° 190827 (fs. 196), Javier Papandopoles le refiere a Ivanoff sobre la posibilidad de obtener “cinco, seis mil dólares”, respondiéndole el segundo “…vendrían bien amigo, vendrían bien ¡muy buena plata¡…”. Nótese que, conforme señalara anteriormente, el botín que se dice obtenido como consecuencia de la actividad endilgada consistió, en varios casos, en sumas de esa divisa.
En el archivo N° 202415-1, “Chicho” habla de una cadena de 175 grs (vid. fs. 281). Cabe destacar sobre el punto, nuevamente, el hecho que, en ciertos casos, se hayan obtenido joyas como “rescate”; más precisamente, en la I.P.P. N° 2982 de la obtención de “cadenas de oro”.
A fs. 289/290 obra acta de transcripción de diálogo entre una femenina (que emplea en ese momento el teléfono de “Chicho”) y un masculino, en el que la mujer solicita la compra de distintos productos de kiosco, entre ellos, un chip Movistar y tres tarjetas de esa marca de $ 50, y aporta como dirección de entrega la vivienda del coimputado cuya situación se analiza. Aún cuando no sea “Chicho” el peticionante, el empleo de su telefóno y de su casa para solicitar un envío de tarjetas y chips telefónicos, los cuales podrían ser empleados para perpetrar la operatoria investigada, constituye un indicio que refuerza la hipótesis incriminante a su respecto; a mayor abundamiento, el domicilio en cuestión sería uno de los lugares de origen de las llamadas extorsivas.
En el diálogo documentado a fs. 294 (arch. N° 05344-8), Ivanoff le habló a su hijo de “...30000 pesos cada uno…”. La conversación se encuentra fechada el día 23 de junio del corriente, y aún cuando en la materialidad infraccionaria no se describan hechos contemporáneos a esa fecha, la aserción constituye otro indicio de participación, en tanto refiere a la obtención de una suma dineraria dividida entre varios sujetos, en el marco de una causa donde se investiga, precisamente, una supuesta asociación ilícita conformada para desapoderar a personas de dinero y bienes haciéndoles creer que un familiar cercano era víctima de un secuestro. A fs. 311 se transcribió conversación en la que “Chicho” ofrece a un masculino “…cadenas de todo tipo, desde 30, 40 gramos hasta 200…”, la cual se encuentra fechada el día 2 de julio de 2015. Nótese que, conforme la materialidad infraccionaria, en esa fecha Claudia Amadeo hizo entrega de joyas (sin especificar tipo).
Los datos obtenidos a partir de la intervención telefónica, antes valorados, se ven robustecidos con lo incautado en el allanamiento realizado en la vivienda de “Chicho” (diligencia documentada a fs. 355/359).
El primer dato a mi juicio relevante es el hallazgo, en distintos lugares de la morada, de una abultada suma en efectivo, alrededor de $ 60.000 y U$S 700. Como se vio, en la mayoría de las maniobras que se dicen consumadas la víctima hizo entrega de dinero en efectivo, tanto moneda nacional como divisa (por ejemplo, I.P.P. N° 425, N° 1778, N° 1779, N° 2218, N° 2242, N° 2822, y N° 2901, entre otras).
También se incautaron joyas y relojes objetos que, reitero, se dicen obtenidos mediante la actividad endilgada (I.P.P. N° 2965, N° 3974, N° 4031).
Mayor peso adquiere el hallazgo de tres tarjetas Movistar de $ 50. Como se vio, en la materialidad infraccionaria se describe el uso de aparatos a los que se insertaban chips en la modalidad prepaga. La cantidad y tipo (en cuanto a marca y monto) de tarjetas habidas resulta idéntico a aquel que, conforme la escucha plasmada a fs. 289/290, fueron solicitadas a una agencia de remís para que las adquirieran y se las llevaran a la casa.
4. Yamila Cabrera es identificada como una de las integrantes de la asociación delictiva investigada, donde cumpliría el papel de “llorona” (conf. testimonio del preventor Lugo de fs. 259/272).
No concuerdo con la aserción defensista en punto a que la nombrada desconocía la actividad que se dice perpetrada por la asociación.
En primer término debo destacar que, en la conversación transcripta a fs. 202, “Milanco” le refirió su deseo de “dejar” la actividad que realizó “muchas veces”, y de lo difícil que ello resultaba. A fs. 203 luce nuevo diálogo entre ambos, en el cual “Milanco” pareciera, frente al reclamo de la coimputada de que le restituya un aparato celular, emplear, en forma jocosa, terminología propia de los secuestros extorsivos: “querés que le corte el chip y te lo mando a la puerta de tu casa. Le corto dos dedos del chip y te mando a la puerta de tu casa eh…”. Las alocuciones mencionadas permiten, conforme señalara, desvirtuar el alegado desconocimiento de la operatoria aquí investigada por parte de la coimputada de mención (conf. declaración prestada en los términos del art. 317 C.P.P. que luce a fs. 870/833 y libelo recursivo). Nótese, en primer lugar que, como se vio, “Milanco” pareciera referir a una actividad presuntamente ilegal (primer diálogo). Mayor peso adquiere, a mi juicio, el segundo diálogo, donde Cabrera comprendería palabras propias de los secuestros extorsivos, actos que, según la materialidad infraccionaria, la agrupación investigada simula (por medio de llamadas telefónicas) a fin de obtener, mediante ese engaño, un rédito económico. Sin embargo, estimo que el simple conocimiento, por parte de Cabrera, de la operatoria aquí investigada carece de relevancia penal, de modo que, a fines de decidir el planteo traído a estudio, corresponde determinar si la mentada podría haber tenido una intervención activa, o no, en tal operatoria.
Su letrado de confianza señaló, además, que la vinculación se sustenta únicamente en esa relación amorosa, reconocida en la declaración prestada en los términos del art. 317 C.P.P. (fs. 870/883).
No concuerdo con tales elementos.
La presencia de una voz femenina que simula ser la víctima de un secuestro es mencionada tanto por personas que dicen haber recibido llamados de tipo extorsivo (vid. fs. 474, fs. 562/564, fs. 649, fs. 651 y fs. 653) como plasmada en las actas de escuchas telefónicas (fs. 503 y fs. 530/531 del principal, y fs. 233 y fs. 266vta. del Anexo documental).
Aún cuando Cabrera no sea la única mujer sindicada como integrante de la asociación, estimo que los elementos reunidos permiten abonar su probable intervención en el hecho.
En efecto, a fs. 196vta./197 se plasmó conversación entre los coimputados Javier y Rubén Papandopoles, en la que el primero dijo “…por ahí la ponemos a hablar a la Japonesa…”; mencionó, además, a otra mujer, “Julieta”; el diálogo tuvo lugar el día 1 de julio de 2015. Esta aparente mención al rol que podría desempeñar la mentada se condice, en el plano temporal, con la referencia, por parte de dos de las presuntas víctimas (Cessa y Amadeo), de llamadas protagonizadas por una voz femenina, las cuales acaecieron el día 2 de ese mes y año (conf. lo sostiene el "a quo" en el auto en crisis), esto es, al día siguiente del intercambio entre "Gano" y "Milanco"
Mayor peso adquiere el diálogo captado el día 16 de ese mes y año, en el que, tras hablar con “Milanco” sobre “…un telefonito blanco…”, a Cabrera le dicen “…gracias por venir con nosotros […] no nos dejaste solos todo el día eh...sos buena mina, habla bien de vos eso…” (fs. 502 del principal). Debe tenerse en cuenta que, en ese día, se captó en el marco de una escucha, una voz femenina que hacía el rol de “llorona” (vid. acta de fs. 503 del principal).
Si bien el diálogo referido en primer término constituye una propuesta previa a la cual Cabrera resulta ajena (fue trazada por otras dos personas), resultan contemporánea a la mención de una voz femenina, y la segunda conversación contiene un agradecimiento explícito sobre la concurrencia de ella a algún lugar donde todos se encontrarían reunidos, situación convergente con la captación de una voz femenina realizando el papel de “llorona”, contemporánea a ese agradecimiento.
Como se explicara, la operatoria consistía en la realización de llamadas engañosas, para lo cual se emplearían numerosos aparatos telefónicos, tipo de adminículo referido en la conversación captada, el cual Cabrera expresó haber dejado en el vehículo donde viajaba para no olvidárselo.
Así, la referencia al medio supuestamente empleado para tales llamadas, en el marco de una conversación en la que, luego, le agradecen a la coimputada el haber “ido”, agradecimiento que, a su vez, es contemporáneo a la captación de una voz femenina cumpliendo el rol de “llorona”, resultan, en mi opinión, elementos que permiten abonar la hipótesis incriminatoria respecto de Cabrera. Ello, en el marco de un diálogo, dos semanas antes, en el que uno de los coimputados proponía “poner a hablar” a esa persona.
El cuadro convictivo analizado resulta, a su vez, abonado por el resultado del allanamiento practicado respecto del domicilio de la coimputada de marras, donde se halló distintos celulares, dinero en efectivo y tarjetas sin chip (conf. fs. 364/365). La presencia de varios celulares, especialmente uno de ellos sin chip ni batería, debe evaluarse en el marco de la modalidad de “trabajo” que, como se vio, desplegaría el grupo investigado: las llamadas desde aparatos celulares a los que se le insertaban distintos chips, material también habido en la intrusión. En su descargo, Cabrera justificó el empleo de distintos celulares en varias razones: haber sido víctima del robo de uno de ellos, y utilizar otro para comunicarse exclusivamente con quien era su pareja (a fin de evitar que la esposa de aquel tomara conocimiento de la relación que ambos mantenían).
Sin embargo, conforme sostuviera, la presencia de un aparato sin chip ni batería, así como de tarjetas de chip (de Movistar y de Claro), resultan elementos indiciarios de participación (aunque no sustanciales, sí indicativos), en tanto se trata de los mismos elementos que se dicen empleados para perpetrar la operatoria.
5. Maximiliano Adrián Papandopoles es señalado como “componente” del grupo investigado, y es apodado “Poroto” (fs. 439/444).
Su intervención resulta, a mi juicio, abonada por la información captada en las escuchas telefónicas practicadas.
En el acta de fs. 211 se transcribe conversación en la que Maxi pregunta a Javier si esa noche “van a laburar”. Como se vio, en la materialidad infraccionaria se habla de llamadas telefónicas de tinte extorsivo desarrolladas mayoritariamente en horario de madrugada.
En el diálogo contenido en el arch. N° 231814-19 Rubén Papandopoles le indica a Maxi “…estate a las doce y media…Milanco…” (fs. 252vta.). El horario referido resulta compatible con la franja del día referida en el párrafo anterior; se hace mención, además a “Milanco”, cuya casa, sita en Santo Tomé 4379, es sindicada como uno de los lugares de origen de las llamadas extorsivas. En el arch. N° 042353-28 refirió “…hicimos como 30 palos…”, aserción de tono similar a la captada en el arch. N° 050800-7, donde afirmó “…sacamos 12000 dólares…” (fs. 278). Tales alocuciones podrían ser interpretadas como la mención a un hipotético botín obtenido tras una “jornada de trabajo”. Deben valorarse en conjunto, en mi opinión, con las indicaciones recibidas acerca de cierta hora y lugar de reunión, compatibles con la reconstrucción de la plataforma fáctica realizada por el Fiscal.
A mayor abundamiento, se cuenta con el diálogo documentado a fs. 274/275, donde afirmó creer que su padre “…también va a laburar…”, pues “…tiene un grupo, un equipo…”, explicando a su interlocutor que podrían estar en otro lugar de la casa. Teniendo en miras que en autos se investiga un grupo de personas reunidas con la finalidad de cometer delitos bajo la modalidad de “secuestros virtuales”, el contenido de la conversación podría ser interpretado como un estadio en la reunión de las personas que forman ese grupo y preparan su actividad. E. Tratada la materialidad infraccionaria, el encuadre legal del hecho y la probable autoría endilgada a los coimputados resta analizar, entonces, si la medida de coerción es necesaria en la intensidad dispuesta para garantizar la realización del juicio y la aplicación de la ley material.
La privación de la libertad anterior a la sentencia sólo es constitucionalmente admisible, como razonable restricción al derecho de todo habitante a permanecer en libertad durante el proceso si, existiendo sospecha sustantiva a su respecto y habiendo sido oído, la libertad del imputado pone en peligro los fines del proceso, dichos fines no pueden ser asegurados por medidas menos cruentas, y la medida asegurativa no importa a quien la soporta un mal mayor que la eventual reacción del Estado en caso de recaer condena (arts. 18 C.N., 7.5 C.A.D.H., y 9.3 P.I.D.C.yP.; arts. 144 y 146 del C.P.P.).
Siguiendo las pautas dispuestas por el art. 148 C.P.P., se observa aquí la existencia de dichas condiciones excepcionantes de la libertad durante el proceso, toda vez que se verifica riesgo procesal cierto.
Dicho riesgo emerge, en primer término, de la magnitud de la pena en expectativa. Si bien a tenor de la escala penal prevista para el delito enrostado (art. 210 primer párrafo C.P.) sería viable la excarcelación bajo supuesto del art. 169 inc. 3º C.P.P. entiendo, conforme señalara al momento de tratar el recurso contra el auto que denegó la excarcelación a la coimputada Cabrera (Causa N° 29.692/IIIa.), que el “quantum” de una hipotética pena dictada en autos se alejaría del mínimo previsto para aquella figura, obstando la aplicación de la modalidad prevista en el art. 26 C.P. y, por tanto, la procedencia de la vía excarcelatoria mencionada. Ello, en virtud de las características que revestiría el hecho investigado: presencia de una organización criminal aparentemente dedicada a una actividad delictiva en particular, proyección en el tiempo, presunta connivencia policial (fs. 303), y aparente reiteración de llamadas (se describen 34 hechos realizados por la asociación ilícita) con aprovechamiento de la edad de las víctimas y de su estado de angustia.
En ese sentido, la elevada sanción como eventual corolario del presente proceso constituye, para la experiencia común, un condicionante que promueve la tentación de sustraerse del mismo, máxime si se tiene en cuenta, conforme sostuviera en el párrafo precedente, la imposibilidad de aplicarse en estos actuados la condenación condicional, lo que debe merituarse también de manera conjunta con el tiempo que que los sindicados llevan detenidos preventivamente (aproximadamente siete meses, conforme se desprende de fs. 355/359, fs. 364/365, fs. 411/415, fs. 422/427, fs. 428/432, fs. 433/438, y fs. 439/444), sin que los coimputados Daniel Ivanoff, Javier Papandopoles, Rubén Papandopoles y Maximiliano Papandopoles hayan aportado información que permita suponer un arraigo idóneo para neutralizar el riesgo procesal expresado en autos; ello, en tanto no se cuenta con datos y/o diligencias socioambientales (más allá de las medidas intrusivas oportunamente dispuestas) tendientes a dilucidar el tiempo que llevan de residencia en las fincas indicadas. Cabe agregar que los domicilios de Ivanoff y de Rubén y Javier Papandopoles son sindicados como aquellos desde donde se realizaron las llamadas extorsivas, extremo que, en mi opinión, establece, en principio, un claro indicador de que tales ámbitos no brindan la contención requerida en el caso.
Adquiere relevancia, además, respecto de la coimputada Cabrera, el hecho que haya tenido varios domicilios en un escaso lapso temporal, extremo que, conforme señalara en la anterior intervención de este Tribunal, permite presumir, a esta altura, un arraigo insuficiente.
Los extremos tratados precedentemente tornan aplicable la letra del art. 171 C.P.P., que obsta la excarcelación en los casos en que, si bien la situación de los coimputado encuadra en alguno de los supuestos previstos en el art. 169 del mismo cuerpo legal, se advierten indicios de la existencia de peligro de frustración de los fines del proceso.
Los recurrentes tampoco indican circunstancias que, en su opinión, permitan deshechar el riesgo constatado por el juez “a quo” en el auto en crisis, o, cuanto menos, posibilitarían su neutralización por una medida menos gravosa a la aquí cuestionada.
Las circunstancias mencionadas precedentemente permiten, entonces, suponer un riesgo elusivo por el cual, de momento, el encartado en libertad no habría de comparecer al proceso (art. 146 inc. 3º C.P.P.).
De otra parte, la entidad del caso demuestra la proporcionalidad entre la medida asegurativa impuesta y el objeto de tutela (arts. 146 incs. 2º y 3º, y 148 segundo párrafo puntos “1.” del C.P.P.).
Sin embargo, respecto de la coimputada Cabrera estimo que sería viable la concesión de una medida atenuada, extremo que debe ser analizado por el magistrado de la instancia.
En efecto, abordado el tema probatorio (cuestión no tratada al momento de confirmar la denegatoria de excarcelación oportunamente peticionada), advierto, conforme analizara en el punto anterior, que la mentada tendría un nivel de participación menor en el hecho investigado, en tanto habría actuado en pocos de los hechos que se dicen cometidos por la organización; y su actividad muestra una participación fungible y vinculada a pedidos realizados por integrantes protagónicos de la organización, sin que ello la deslinde de su aparente condición de miembro del grupo. De modo tal que, a su respecto, no cabría estimar que el monto de una eventual condena se encontraría sustancialmente alejado del mínimo, extremo que, conjugado con el tiempo cursado en detención (aproximadamente ocho meses), habilitaría, previa verificación de la existencia de un ámbito continente, el otorgamiento de alguna de las modalidades de los art. 163 C.P.P.
A ello se suma el hecho que la familia de la coimputada de mención no se encontraría sindicada como interviniente en el hecho (a diferencia de lo que sucedería con el resto de los coimputados, que pertenecen a dos grupos familiares) y su padre se encontraría en desacuerdo con la aparente intervención en el hecho (vid. fs. 176vta./177, fs. 179 vta. y fs. 208), circunstancias que, en principio y sin perjuicio de los informes pertinentes, permitirían hablar de un ámbito idóneo de contención y control.
En virtud de ello, entiendo que corresponde formar incidencia sobre la cuestión a fin de realizar las diligencias necesarias tendientes a determinar una eventual reducción de la intensidad de la prisión preventiva aquí cuestionada. F. A tenor de lo consignado en los puntos precedentes, estimo que corresponde: i) desestimar los recursos de apelación, ii) declarar la nulidad parcial de la imputación respecto al conjunto de hechos provisoriamente encuadrados como estafa y a los roles jerárquicos (jefes) y de todo lo actuado en consecuencia a su respecto (declaraciones prestadas en los términos del art. 308 C.P.P., nueva citación a prestar la referida declaración, requerimiento fiscal de coerción, y pronunciamiento dictado en los términos del art. 157 C.P.P.), iii) confirmar el auto en crisis en cuanto dispone convertir en prisión preventiva la detención impuesta a los coimputados Cabrera, Daniel Ivanof, y a Javier, Maximiliano y Rubén Papandopoles en orden al delito de asociación ilícita, y tener presente las reservas recursivas formuladas (arts. 26 –“a contrario”- y 210 primer párrafo C.P.; arts. 144 –“a contrario”-, 146, 148, 157, 169 –“a contrario”, 171, 201 a 203, 210, 308, 312 y 320 –“a contrario”- del C.P.P.), y tener presentes las reservas recursivas formuladas por las defensas actuantes, iv) disponer que se forme incidente de morigeración respecto de la coimputada Yamila Kawai Cabrera.
Consecuentemente, siguiendo el criterio expuesto en la causa Nº 22.535/IIIa., corresponde al Sr. Juez de Garantías interviniente requerir al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense que informe, en el término de 48 horas, las condiciones concretas en las que se cumple el encierro preventivo impuesto a los coimputados de autos (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), las que de no ajustarse a las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 C.N. justificarán que el magistrado referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido de los imputados o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la Ley Suprema de la Nación (art. 18 C.N.), de conformidad con lo resuelto el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus" (punto dispositivo Nro. 4) y el 11 de mayo de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en causa P. 83.909 (artículo 2 del fallo), hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas (arts. 18, 75 inc. 22º y ccdts. de la C.N.; arts. 1, 25, 26 y ccdtes de la D.A.D.yD.H.; arts. 3, 5, 9 y ccdts de la D.U.D.H.; arts. 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. de la C.A.D.H.; arts. 9, 10 y ccdts. del P.I.D.C.yP.; arts. 16 y ccdts. de la C.T.yT.P.C.I.yD.; arts. 30 y ccdts. de la C.P.B.A.; ley Nacional 24.660 y ley Provincial 12.256)
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A. y 106 C.P.P.).
La Jueza Celia Margarita Vazquez dijo:
I. Adhiero a la propuesta del Dr. Herbel de declarar admisibles los recursos de apelación impetrados, por compartir los fundamentos esgrimidos al respecto (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y 443 del C.P.P.).
II. Previo a ingresar al análisis del auto recurrido, corresponde, a mi criterio, observar que a fs. 683/724, en el requerimiento de coerción formulado en los términos del art. 157 C.P.P., el Dr. Musso, si bien inició su presentación identificando a los coimputados y sindicándolos como responsables “…en orden al delito de asociación ilícita agravada por la participación de un menor de edad, en concurso real con estafas agravadas por la participación de un menor de edad reiteradas y estafas reiteradas agravadas por la participación de un menor de edad…” (fs. 683), resaltó que ese encuadre resulta adecuado al hecho (fs. 716vta.), y luego, a lo largo del escrito, y especialmente en el acápite “conclusiones”, solicitó la prisión preventiva respecto al delito de asociación ilícita. En efecto, en el apartado en cuestión, tras describir la composición, orgánica, estructura jerárquica, modalidad operativa y funciones, expresó que “…siendo indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley, teniendo en cuenta que el término medio de la pena prevista para el delito en estudio supera ampliamente los tres años de prisión, estimo que concurre en autos un peligro procesal de fuga suficiente que amerita el dictado de la medida de coerción personal pretendida” (fs. 724), y culminó “...Por los fundamentos expuestos precedentemente es que solicito a V.S. tenga a bien dictar la prisión preventiva del imputado de autos Javier Mauricio Papandopoles, alias “Milanco”; Rubén Omar Papandopoles, alias Gano y Daniel Ivanoff, alias “Chicho”, como jefes y organizadores de la misma; y de Maximiliano Adrián Papadopolus, alias “Poroto”; Yamila Soledad Kawai Cabrera, alias “La Japonesa” como componentes de la misma” (el resaltado es propio).
A mayor abundamiento, debo señalar que, a lo largo del libelo en análisis, el presentante refirió, en dos ocasiones, a las estafas que se dicen realizadas a modo de “muestreo” de la operatoria que se pretende atribuir (fs. 703vta. y fs. 705vta./706), señalando que queda pendiente “…el análisis de cuantiosa información digital [aportada] por las empresas de telefonía móvil acerca de un cúmulo importante de hechos delictivos determinados cometidos en esta y otras jurisdicciones” (fs. 706; el destacado no es del original).
Por su parte, el magistrado de la instancia acogió favorablemente la petición fiscal, aunque, excediéndola, dispuso la medida no sólo por hallar a los coimputados probables autores del delito de asociación ilícita (“jefe/organizador” y “componente”), sino en concurso real con estafas reiteradas (consumadas y tentadas). En su análisis, valoró las constancias probatorias reunidas tanto para tener por acreditada la condición de miembro del grupo investigado (respecto del carácter de jefes y organizadores o de componentes) cuanto la materialidad e intervención de los imputados en los eventos subsumidos en el tipo del art. 172 C.P. De igual manera, verificó peligro procesal en la magnitud de la pena en expectativa, específicamente, por la existencia de un concurso real a partir del cual el máximo de la escala penal contemplada es de 50 años de prisión, como en la extensión del daño que se dice producido en virtud del comportamiento ardidoso. Sobre el punto, cabe poner de resalto que el art. 146 C.P.P. resulta claro al exigir solicitud de parte como condición “sine que non” para la procedencia de una medida cautelar, sin que “…el órgano jurisdiccional se encuentre de por sí habilitado a dictarla oficiosamente” (tal como expusiera en Causa N° 27.749/IIIa. del 22/05/12). Como bien expresa el art. 158 del mismo texto “El auto que decrete la prisión preventiva será dictado dentro del quinto día de la solicitud del Agente Fiscal presentada dentro del plazo de quince (15) días prorrogables por igual plazo…” (el subrayado no es del texto).
Sostener lo contrario implicaría avasallar el principio acusatorio y la inviolabilidad de la defensa en juicio (arts. 18, 33 y 75 inc. 22º de la CN), con inobservancia de la intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria (art. 202 inc. 2º del C.P.P.). El M.P.F. es una de las partes del proceso (Tít. IV Cap. I del C.P.P.), a la cual el art. 56 C.P.P. le asigna las funciones de ejercer la acción penal y de practicar la investigación penal preparatoria, atribuyéndole el rol función requirente. La ley 14.442, por su parte, consagra al Ministerio Público como el órgano que “actúa […] en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales” (art. 1), y siendo el Agente Fiscal quien detenta la promoción y ejercicio de la acción pública (art. 29).
Ello, a consecuencia del principio acusatorio y de la inviolabilidad de la defensa en juicio (arts. 18, 33 y 75 inc. 22° de la C.N.; arts. 8 C.A.D.H. y 14 P.I.D.C.y.P.).
En su análisis de la función requirente, Vélez Mariconde indica: “...A fin de establecer un marco formal adecuado a la administración de justicia que permita la defensa oportuna del imputado y, en consecuencia, el equilibrio entre los intereses que debe tutelar, la ley procesal confiere al Ministerio Público la función de promover y proseguir la acción penal, es decir, de excitar al órgano jurisdiccional y requerirle una decisión justa sobre el fundamento de la pretensión represiva que emerge del delito....” (Velez Mariconde, Alfredo; Derecho Procesal Penal. Tomo I; Lerner Editora; Córdoba; 1986; p. 250).
En igual sentido, Maier destaca que “… La característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los poderes ejercidos en el proceso […] el acusador […] persigue penalmente y ejerce el poder requirente […] el imputado, quien puede resistir la imputación […] y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir […] los límites de su decisión están condicionados al reclamo (acción) de un acusador y al contenido de ese reclamo (“nemo iuidex sine actore y ne procedat iudex ex officio”)…” (Maier, Julio; Derecho Procesal Penal. Tomo I; Del Puerto; ps. 444 y ss.).
A su vez, Ferrajoli también explica que la separación de juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio. Esta separación requerida por el “nullum iudicium sine acusatione”, comporta no sólo la diferenciación entre los sujetos que desarrollan funciones de enjuiciamiento y los que tiene atribuidas las de postulación. La garantía de separación así entendida, representa, por una parte, una condición esencial de la imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa, que es la primera de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación (Ferrajoli, Luigi; Derecho y Razón; Trotta; p. 567).
Entonces, dado que toda medida coercitiva representa una intervención del Estado en el ámbito de libertad jurídica del hombre, no se avizora, en el particular, a esta altura, el interés del Estado en encarcelar a los justiciables respecto al segmento de la imputación provisoriamente encuadrado como estafas reiteradas, pues la parte requirente no expresó su pretensión al respecto, y de hecho prosigue la investigación e intimación a los imputados (ver requerimiento de prisión preventiva y declaración prestada por la coimputada Cabrera a fs. 870/883). Tanto es así que el “a quo” a fs. 736vta. excluyó “…de la imputación fiscal aquellos hechos que han sido incorporados por éste en el pedido de dictado de prisión preventiva, pero respecto de los cuales nunca intimó a los imputados”. En consecuencia, a mi entender, ante la inobservancia de la intervención del Ministerio Público Fiscal que requiere el art. 146 C.P.P., se infringe el art. 202 inc. 2° del ritual que sanciona con nulidad de orden general lo actuado sin requerimiento.
En virtud de lo expuesto, entiendo que corresponde invalidar parcialmente el auto en crisis en cuanto dispuso la prisión preventiva de los coimputados más allá del delito de asociación ilícita en carácter de jefe y organizadores para Daniel Ivanoff y Mauricio Javier y Rubén Omar Papandopoles, y a Maximiliano Ivanoff y Yamila Cabrera como componentes, esto es, respecto de los delitos de estafas reiteradas, consumadas y tentadas, subsumidos en la figura de los arts. 42 y 172 del C.P. (arts. 56, 146 primer párrafo y 202 inc. 2° y 203 del C.P.P.; ley 14.442).
III. Sentado ello, adhiero, por iguales motivos y fundamentos expuestos, a la propuesta del colega que me antecede en los puntos “A” y “B” del acápite “IV” de su voto en relación al rechazo de las nulidades articuladas respecto de los allanamientos y a la configuración de la asociación ilícita, no siendo aplicable al análisis de ésta los conceptos propios de la autoría y la participación criminal, tal pretenden las defensas (art. 210 C.P.; arts. 201 a 203, 219 y 220 del C.P.P.).
IV. Me aparto, en cambio, de lo que sostiene el preopinante en el punto “C” en relación a nulificar parcialmente la imputación (y todo lo actuado en consecuencia) en punto a la estructura jerárquica en la asociación ilícita y a la descripción de hechos individuales pues no advierto defectos en la reconstrucción de la plataforma fáctica, tomando especialmente en consideración respecto de éstos que no medió pedido de prisión preventiva y continúa la investigación. Conforme expusiera, la imputación ha sido, a mi juicio, bien formulada. En primer término, en lo atinente al rol de “jefes y organizadores” atribuido a los mentados Javier Mauricio, Rubén Omar Papandopoles y Daniel Ivanoff, el representante del Ministerio Público Fiscal, si bien empleó términos constitutivos de la agravante del tipo penal, esto es, “jefes y organizadores”, tales palabras resultan de uso común y, por ende, son fácilmente comprensibles por el lego, quien puede entender de inmediato que, con ese constructo, se hace referencia a una posición de liderazgo, mando, autoridad o cabeza principal dentro de un grupo, y no parecen fácilmente sustituibles. Sin perjuicio de lo cual a lo largo de la extensa requisitoria describió las diversas conductas que en tal carácter realizaban los nombrados como reunir equipos, gestionar la convocatoria de los integrantes, asignación de funciones a éstos y a sí mismos, división de las células, días en que actuarían, etc.
A mayor abundamiento, en el auto en crisis, tal extremo fue analizado por el magistrado garante, quien mencionó que el rol de mando consistía en “…liderar la organización ilícita, y en dicho rol es que convocaban a los distintos integrantes de la gavilla […] para dividirse entre todos las tareas necesarias para configurar el plan delictivo”, al respecto valoró como indicio el volumen de tráfico de comunicaciones mantenidos entre los tres, y el análisis del contenido de tales comunicaciones acaecidas en los distintos hechos que se dicen cometidos (puntos “D” a “G” del resolutorio en crisis).
Tampoco advierto defectos en el segmento donde se describen una serie de hechos individuales provisoriamente encuadrados como estafa (tentadas y consumadas).
Como se vio, el titular de la acción pública sindicó a Daniel y Maximiliano Ivanoff, a Rubén Omar y Javier Mauricio Papandopoles, y a Yamila Cabrera, entre otros, como los presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a realizar “secuestros virtuales”, con una división de jerarquías (“jefes y organizadores” y “componentes”) y de funciones (“llamadores”, “llorones”, extorsionadores y encargados de la logística y recoger el botín), mencionando, a este último respecto, una estructura celular. Les atribuyó, además, una modalidad operativa, básicamente la realización de llamadas a abonados telefónicos fijos, principalmente en horas de la madrugada y desde celulares cuyos “chips” eran constantemente sustituidos. Y enumeró una serie de hechos, circunstanciados en tiempo y lugar, con la modalidad descripta, que, según la hipótesis incriminatoria, habrían sido cometidos por los imputados.
Ello debe ser interpretado en el marco de una descripción general de la operatoria que se dice realizada por la asociación (como se vio, la división de roles y jerarquías, el tipo de delitos que se pretendía llevar a cabo, la estructura celular, los elementos presuntamente empleados para perpetrar ese plan, etc.). De esta forma, la exigencia de la descripción detallada del hecho (reclamada por el art. 312 C.P.P.) es, en mi opinión, abastecida, en tanto, tras la descripción de la estructura organizativa y de la operatoria general, se individualizó una serie de llamados engañosos, circunstanciados en tiempo y lugar, con identificación del número receptor y del resultado de esa comunicación para el patrimonio de la víctima (arts. 8.2.b C.A.D.H. y 14.3.a. P.I.D.C.y.P.; arts. 18, 33 y 75 inc. 22° de la C.N.; arts. 12 inc. 4° y 15 primer párrafo de la C.P.B.A.).
Sobre el punto, debo señalar que el mencionado art. 312 del ritual impone al fiscal, al recibir la declaración prevista en el art. 308 C.P.P., “…informar detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le imputa”, y, al requerir la elevación a juicio, efectuar una “…relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho” (art. 335 C.P.P.). La razón de estos recaudos procesales es garantizar la defensa en juicio, pues si al imputado no se le hace saber con precisión qué hecho se le atribuye, mal puede defenderse. Es por ello que en el relato acusatorio que hace el representante del Ministerio Público debe estar toda la imputación, y en el caso se han relatado a los coimputados los hechos que hasta el momento de las respectivas declaraciones se les atribuía.
Como antes expusiera, el tema se relaciona con el derecho de defensa, cuyo presupuesto básico constituye la garantía de ser oído, esto es, la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación (arts. 18, 33, 75 inc. 22 de la C.N., 8 punto 2 ap. “b” del Pacto de San José de Costa Rica, 14 inc. 3 ap. “a” del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, 11 y 15 de la Const. Pcial.).
No puede hablarse, entonces, de un estado de indefensión pues, como se vio, la terminología empleada para describir la estructura jerárquica resulta fácilmente comprensible para el lego, y el imputado no debió “completar” la imputación o “leer entre líneas”, sino que se le endilgó un presunto rol de mando (órdenes, gestión, decisión respecto del grupo, mediante la división de funciones y actuación) a partir de un término, si bien contenido en el tipo, propio del lenguaje cotidiano. Se relató, además, una serie de hechos, enmarcados dentro del plan general de la organización, que se dicen cometidos por quienes la integran. Sobre el punto, la doctrina explica que “…el principio acusatorio encuentra su fundamento esencial en la proscripción de indefensión, y constituye su llave principal el derecho a estar informado de la acusación, única vía de garantizar la defensa. Por ello se requiere una acusación precisa por parte del Ministerio Público o acusador particular…” (Falcone, Roberto y Madina, Marcelo; El proceso penal en la provincia de Buenos Aires; Ad Hoc; Buenos Aires; 2013; p. 619-620). Finalmente, debo señalar que, aun no existe solicitud de coerción en torno a las estafas descriptas (conforme tratara en el acápite “II” del presente) por lo que resulta, a mi juicio, apresurado exigir, en este momento, la descripción de la actividad desplegada por cada uno de los coimputados en los hechos individuales que –como también señaló el Sr. Agente Fiscal- dependerá asimismo del análisis de la información recabada y la que resulte de la continuidad de la investigación. Decidido el Fiscal a formular tal requerimiento, o antes de interponer la petición del art. 334 ritual, habrá de cumplir, sin duda, tal recaudo (arts. 312 y 334 del C.P.P.)
V. Sentado ello, adhiero a la valoración probatoria efectuada por el magistrado de primera audición por sus mismos motivos y fundamentos en el punto IV D para tener por configurada la asociación ilícita y a los coimputados como sus integrantes, a excepción de que, respecto de Cabrera, no he de valorar las constancias que no le fueran originalmente comunicadas, relativas a los hechos posteriores al 7 de julio de 2015 (eventos no tratados por el magistrado de la instancia); básicamente, el díalogo donde otros sindicados le agradecerían su concurrencia (captado el día 16/07/15), el cual resulta contemporáneo a la mención de una voz femenina (art. 312 C.P.P.).
Sin embargo, además del resultado del indicio derivado del secuestro, producto del allanamiento, constituye a mi criterio dato revelador la conversación mantenida con fecha 1 de julio de 2015 entre “Gano” y “Milanco”, donde el primero propuso “poner a hablar a la Japonesa” (fs. 196vta./197), que se compadece con la mención, por parte de las testigos Amadeo y Cessa, de una voz femenina en las llamadas que habrían recibido en la madrugada del 2 de ese mes y año (conforme expusiera el magistrado de la instancia en el auto en crisis). De esta forma, dos de los sindicados como jefes conversarían sobre el papel que podría desempeñar Cabrera en la actividad presuntamente desplegada y, en la madrugada del día siguiente, se menciona una voz femenina como protagonista de los llamados ardidosos (art. 210 C.P.P.). Debo agregar que la mención a “La Japonesa” realizada en el diálogo entre los mentados “Gano” y “Milanco” resulta un indicio de la pertenencia de ésta al grupo investigado, en tanto aquellos hablarían del rol que pretenden en esa oportunidad.
VI. De otra parte, al momento de tratar la validez de la imputación, expuse que, a mi juicio, la estructura jerárquica allí descripta no presenta defectos, de modo tal que habré de expedirme respecto a si tales roles de mando encuentran suficiente sustento en las constancias probatorias reunidas (arts. 157 incs. 1° y 3° y 158 del ritual).
Estimo que el plexo de cargo permite, con el nivel de conocimiento que reclama esta instancia, predicar que los mentados Daniel Ivanoff y Rubén Omar y Javier Mauricio Papandopoles serían los jefes y organizadores del grupo investigado.
Como se vio, el asistente técnico de los referidos coimputados calificó de arbitraria esa asignación de roles jerárquicos.
Discrepo con la aserción defensista, toda vez que, de la lectura de las actas donde se transcribieron las escuchas telefónicas producidas, advierto la presencia de diálogos cuyo contenido abona la hipótesis fiscal al respecto.
Así, en el arch. N° 211039 se captó conversación entre “Gano” y “Milanco” donde ambos hablan de llamar a “Poroto” y a “Maxi” (vid. fs. 172 del Anexo Documental), información que resulta conteste con la contenida en el arch. N° 211138, diálogo donde los nombrados hablan de “arreglar” con los referidos “Poroto” y “Maxi”. Ello, por su parte, es compatible con la conversación captada en el arch. N° 233426, en la que “Milanco” y “Chicho” referirían a las personas que concurrirían ese día a la noche para, supuestamente, realizar las llamadas que se dicen extorsivas (el segundo mencionó a “Ianco”, “Chapulín” y “Poroto”), así como a los aparatos teléfonicos que necesitarían para tal operatoria: “…que traiga dos decile…” (vid fs. 191vta. del Anexo Documental).
A su vez, en el archs. N° 223058 y N° 224453 se transcriben conversaciones mantenidas entre “Chicho” y “Milanco” en la que también hablan de “los pibes”, mencionarían horarios (“las doce”) y en la que el segundo de ellos afirmó “…ya está todo armado…” (fs. 193vta. del Anexo Documental). Los diálogos resultan compatibles con la conversación identificada como arch. N° 181906, donde el mentado “Milanco” y “Gano” también hablan de otros supuestos integrantes: “…tenemos al Chapulín […] Romina […] a las chicas…” (fs. 194 del Anexo Documental). Más revelador resulta el pasaje en el que el referido Gano afirmó “...lo que pasa es que esos pibes no hacen caso boludo, hacen lo que ellos quieren…” (fs. 194vta.).
En el arch. N° 212727 “Gano” le manifestó a “Milanco” “…es preferible que salga yo con vos a la calle en vez de Coate…” (vid fs. 197 del Anexo Documental); en esta conversación, además, “Milanco” le referió a su interlocutor “…por ahí ponemos a hablar a la Japonesa…”, tras sugerir la intervención de una voz femenina (fs. 197 del Anexo Documental).
En la conversación plasmada en el arch. N° 01:35-39-30 “Maxi” le preguntó a Javier si esa noche “iban a laburar”. El díalogo, mantenido entre dos indidivuos sindicados uno como jefe y otro como componente de una organización con aparente finalidad delictiva, permite inferir que quien cumple el rol jerárquico sería quien determina si se encara o no la actividad que supuestamente tendría el grupo investigado.
En el arch. N° 231814-19 “Gano” le indicó a “Poroto” “…estate a las doce y media…” (fs. 252vta.). Cabe destacar que la comunicación se dio entre dos individuos entre los cuales, según la hipótesis de cargo, existe una relación de mando y obediencia, y quien es sindicado como jefe impartiría una directiva al presunto subordinado.
En el arch. N° 223342-25 “Gano” le expresó a “Poroto” que eran las diez y media, y éste le respondió “…si, ya se, tipo doce y media por ahí, nos encontramos en lo de Milanco”. El diálogo parecería contener una indicación del presunto jefe, en forma de recordatorio de la hora, en tanto el sindicado componente le manifestó saber que en un par de horas se encontrarían (horario compatible con el que la agrupación iniciaría sus actividades).
Debe tenerse en cuenta, además, que “Chicho” y “Milanco” mantendrían contacto con individuos en apariencia dedicados a la compraventa de joyas (archs. N° 124722 y N° 31820), circunstancia que, entiendo, constituye indicio del papel atribuido, pues serían quienes manejan el botín que se dice obtenido con la actividad referida.
De otra parte, en el arch. N° 000715 se captó a “Milanco” decir “…paso compro los teléfonos y tiramos”, extremo compatible, en mi opinión, con quien se encarga de adoptar y/o implementar las previsiones tendientes a contar con los elementos necesarios para su operatoria.
Las conversaciones transcriptas, entre otras, demuestran la posición jerárquica que “Gano”, “Milanco” y “Chicho” detentarían dentro de la organización, en tanto en ellas se aprecian secuencias en las que tratarían de reunir a los otros integrantes, les indican a éstos lugar y hora para reunirse, así como, entre ellos, distribuirían las tareas en el grupo.
VII. Finalmente, concuerdo, asimismo, con el análisis de peligro procesal realizado por mi colega, por sus mismos argumentos.
Entiendo necesario agregar que, probada la estructura jerárquica del grupo, respecto de los coimputados Daniel Ivanoff y Javier Mauricio y Rubén Omar Papandopoles advierto mayor riesgo procesal, en tanto el art. 210 C.P. prevé como agravante la calidad de jefe y organizador, extremo para el cual incrementa el mínimo de la escala penal a los cinco años de prisión. En virtud de ello, la situación de los coimputados de marras escapa a los supuestos excarcelatorios previstos en el art. 169 incs. 1°, 2° y 3° del C.P.P., y no emergen de las constancias de autos circunstancias encuadrables en el art. 170 del mismo cuerpo legal sino que, por el contrario, la presencia de sumas dinerarias (tanto en moneda nacional como extranjera) permiten presumir la posibilidad de abandonar el país y/o permanecer ocultos (art. 148 segundo párrafo inc. 1° C.P.P.).
Respecto de la coimputada Cabrera, coincido en que debe evaluarse la posibilidad de atenuar la medida de coerción aquí cuestionada, para lo cual debe formarse el respectivo incidente. Conforme expusiera el Dr. Herbel, su situación resulta, en principio, distinta a la del resto de los coimputados, con un nivel de intervención presuntamente menor, y un grupo familiar no sólo en apariencia ajeno a las maniobras investigadas, sino crítico de ellas.
VIII. Debe, finalmente, tenerse presente las manifestaciones recursivas formuladas por las defensas de intervención, y disponer que el magistrado de la instancia controle las condiciones de detención de los coimputados.
IX. Por lo expuesto, entiendo que corresponde: i) declarar admisibles los recursos de apelación (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y 443 del C.P.P.); ii) rechazar las nulidades articuladas por la defensa de intervención respecto de los allanamientos practicados (arts. 18 C.N., 24 C.P.B.A., 11.2 C.A.D.H.; arts. 219 y 220 del C.P.P.); iii) declarar la nulidad parcial del auto dictado en los términos del art. 157 en punto a los hechos provisoriamente encuadrados como estafas reiteradas (arts. 56, 146 primer párrafo y 201 a 203 del C.P.P.; ley 14.442); iv) confirmar parcialmente la prisión preventiva respecto de Javier Mauricio Papandopoles, Rubén Omar Papandopoles y Daniel Ivanoff por considerarlos probables autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en calidad de jefes y organizadores, y de Maximiliano Papandopolus y Yamila Kawai Cabrera por considerarlos probables autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en calidad de componentes (art. 210 C.P.; arts. 144 –“a contrario”-, 146, 148, 157, 169 –“a contrario”-, 171, 210 y 320 –“a contrario”- del C.P.P.); v) disponer que el magistrado de la instancia forme incidente de morigeración respecto de Cabrera, realizando las diligencias necesarias a fin de determinar la viabilidad de alguna de las modalidades previstas en el art. 163 C.P.P. (arts. 148 y 163 del C.P.P.); vi) tener presente las manifestaciones recursivas formuladas por las defensas de intervención; vii) disponer que el magistrado de la instancia controle las condiciones de detención de los coimputados de autos (arts. 18, 75 inc. 22º y ccdts. de la C.N.; arts. 1, 25, 26 y ccdtes de la D.A.D.yD.H.; arts. 3, 5, 9 y ccdts de la D.U.D.H.; arts. 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. de la C.A.D.H.; arts. 9, 10 y ccdts. del P.I.D.C.yP.; arts. 16 y ccdts. de la C.T.yT.P.C.I.yD.; arts. 30 y ccdts. de la C.P.B.A.; ley Nacional 24.660 y ley Provincial 12.256).
Es mi voto.
El Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
Llamado a dirimir las disidencias existentes entre mis colegas preopinantes habré de adherir a las consideraciones realizadas por la Dra. Vazquez en punto a la calidad de Jefes y organizadores que le caben en el delito de asociación ilícita a Javier Mauricio Papandopoles, Rubén Omar Papandopoles y Daniel Ivanoff, así como respecto de la valoración probatoria que demuestra no sólo su participación en tal asociación sino el carácter de jefes y organizadores que en ella cumplirían, por los mismos motivos y fundamentos expresados por mi colega.
Asimismo habré de adherir a su propuesta de nulificar parcialmente el auto de prisión preventiva dictado por el Sr. Juez de Garantías en lo atinente a los hechos calificados como estafas por haber excedido el magistrado la pretensión fiscal. En efecto, tal como la Dra. Vazquez lo señala, las facultades del Sr. Juez de Garantías en materia de coerción se encuentran limitadas por las pretensiones del Ministerio Público fiscal.
Es mi voto. (Arts. 168 y 171 Const. Pcial. y 106 C.P.P.)
Por todo ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos a fs. 25 por Javier Papandoles, a fs. 26 por Maximiliano Papandoles, a fs. 27 por Daniel Ivanoff, a fs. 1/13 por el Dr. Baqué en representación de éstos y de Rubén Omar Papandoles, y a fs. 102 por la coimputada Cabrera, fundado a fs. 30/39 por su letrado de confianza, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y 443 del C.P.P.);
II. RECHAZAR las nulidades articuladas por la defensa de intervención respecto de los allanamientos practicados, por los fundamentos expuestos en los considerandos. (arts. 18 C.N., 24 C.P.B.A., 11.2 C.A.D.H.; arts. 219 y 220 del C.P.P.);
III. Por mayoría, declarar la nulidad parcial del auto dictado en los términos del art. 157 en punto a los hechos provisoriamente encuadrados como estafas reiteradas, por las razones expuestas en los considerandos. (arts. 56, 146 primer párrafo y 201 a 203 del C.P.P.; ley 14.442);
IV. CONFIRMAR parcialmente la prisión preventiva respecto de Javier Mauricio Papandopoles, Rubén Omar Papandopoles y Daniel Ivanoff por considerarlos probables autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita -por mayoría- en calidad de jefes y organizadores, y de Maximiliano Papandopolus y Yamila Kawai Cabrera por considerarlos probables autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en calidad de componentes, conforme lo expuesto en los considerandos. (art. 210 C.P.; arts. 144 –“a contrario”-, 146, 148, 157, 169 –“a contrario”-, 171, 210 y 320 –“a c ontrario”- del C.P.P.).
V. Disponer que el Sr. Juez de Garantías interviniente requiera al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense que informe, en el término de 48 horas, las condiciones concretas en las que se cumple el encierro preventivo impuesto a los coimputados de autos (características de las celdas, cantidad de camas, condiciones de higiene, acceso a servicios sanitarios, etc.), las que de no ajustarse a las condiciones de encarcelamiento previstas en el art. 18 C.N. justificarán que el magistrado referido, previa realización de las diligencias que considere adecuadas, de oficio y/o a pedido de los imputados o su Defensa, adopte las medidas que impidan modos de encarcelamiento prohibidos por la Ley Suprema de la Nación (art. 18 C.N.), de conformidad con lo resuelto el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa "Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus" (punto dispositivo Nro. 4) y el 11 de mayo de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en causa P. 83.909 (artículo 2 del fallo), hasta el momento en que el Estado dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo en materia de detención de personas (arts. 18, 75 inc. 22º y ccdts. de la C.N.; arts. 1, 25, 26 y ccdtes de la D.A.D.yD.H.; arts. 3, 5, 9 y ccdts de la D.U.D.H.; arts. 1, 5, 6, 7.6 y ccdts. de la C.A.D.H.; arts. 9, 10 y ccdts. del P.I.D.C.yP.; arts. 16 y ccdts. de la C.T.yT.P.C.I.yD.; arts. 30 y ccdts. de la C.P.B.A.; ley Nacional 24.660 y ley Provincial 12.256)
VI. DISPONER que el magistrado de la instancia forme incidente de morigeración respecto de Cabrera, realizando las diligencias necesarias a fin de determinar la viabilidad de alguna de las modalidades previstas en el art. 163 C.P.P. (arts. 148 y 163 del C.P.P.).
VII. Tener presente las manifestaciones recursivas formuladas por las defensas de intervención.
Regístrese, devuélvanse los autos principales, notifíquese a la Sra. Fiscal General, a las defensas de intervención y devuélvase al Juzgado de Garantías interviniente delegando en el Sr. Secretario las restantes notificaciones. Fdo: Celia Margarita Vazquez - Juez Fdo: Gustavo Adrián Herbel - Juez Fdo: Carlos Fabián Blanco - Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia