Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar admisible el recurso de apelación deducido por el Sr. Defensor Oficial Dr. Hernán Rocha a fs. 1/5vta, de conformidad con las razones expresadas en los Considerandos (arts. 21 inc. 4º, 421, 433, 439, 442, 443 y siguientes y concordantes del C.P.P.).
II. No hacer lugar al recurso de apelación deducido y confirmar la sentencia recurrida en cuanto resuelve condenar a Juan Pablo Vicari - cuyas demás circunstancias personales obran en autos-, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, con más las siguientes reglas de conducta, por el término de dos años: 1) fijar residencia, 2) someterse al control del patronato de liberados que corresponda a su domicilio, quien fijará las condiciones de supervisión de las reglas impuestas, 3) abstenerse de relacionarse conflictivamente con los damnificados, Sra. María Constanza Maciel Rodríguez, Sra. María Fernanda Rodríguez Morales y Sr. Carlos Alberto Sinai, 4) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, 5) someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que determine su necesidad y eficacia. Ello, en orden al hecho perpetrado entre los días 1º y 10 de octubre de 2012, calificado como constitutivo del delito de amenazas, previsto y reprimido por los arts. 45 y 149 bis del Código Penal. Todo ello, conforme los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 27 bis incs. 1, 2, 3 y 6, 45 y 149 bis y 210 y 373 del CPP)
Causa Nº 28805/III “VICARI, JUAN PABLO S/ SENTENCIA CORRECCIONAL”
En la ciudad de San Isidro, a los 14 días del mes de Agosto del año 2.014, reunidos en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de este Departamento Judicial, Celia Margarita Vázquez, Gustavo Adrián Herbel y Carlos Fabián Blanco para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia en causa seguida a Juan Pablo Vicari; practicado en su oportunidad el sorteo que impone la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y para el caso de disidencia, Celia Margarita Vázquez (conf. art. 440 del CPP y Acuerdo extraordinario Nº 1543).
A fs. 16/31vta. del presente legajo, el señor Juez Titular a cargo del Juzgado en lo Correccional nº 1 departamental, Dr. Andrés Martín Mateo, dictó veredicto condenatorio respecto de Juan Pablo Vicari -cuyas demás circunstancias personales obran en autos-, a quien le impuso la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, con más las siguientes reglas de conducta, por el término de dos años: 1) fijar residencia, 2) someterse al control del patronato de liberados que corresponda a su domicilio, quien fijará las condiciones de supervisión de las reglas impuestas, 3) abstenerse de relacionarse conflictivamente con los damnificados, 4) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, 5) someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que determine su necesidad y eficacia. Ello, en orden al hecho perpetrado entre los días 1º y 10 de octubre de 2012, calificado como constitutivo del delito de amenazas, previsto y reprimido por los arts. 45 y 149 bis del Código Penal.
A fs. 1/5vta. el Sr. Defensor Oficial Dr. Hernán Rocha dedujo recurso de apelación en los términos de los arts. 439, 441, 442 y 443 del CPP en su nueva redacción, conforme ley 13.812. Realizado un análisis de admisibilidad formal, el Sr. Juez interviniente concedió la impugnación interpuesta.
Luego, practicado el sorteo pertinente, se recibieron estos actuados y se procedió a notificar a las partes su radicación por ante este Tribunal (cfrme fs. 39).
II. Viene a esta Alzada concedido el recurso de apelación aludido y que fuera impetrado y fundado por el Sr. Defensor Oficial Dr. Rocha contra la sentencia de primera instancia mediante la cual se resuelve condenar a Juan Pablo Vicari a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional, costas del proceso con más las reglas de conducta señaladas en el párrafo que antecede, en orden al delito de amenazas, previsto y reprimido por los arts. 45 y 149 bis del Código Penal.
En el marco de tal pronunciamiento, el Sr. Juez de intervención tuvo por probado el siguiente hecho:
“…Entre los días 1º y 10 de octubre del año 2012, una persona del sexo masculino, mayor de edad, efectuó diversas llamadas telefónicas al abonado nro. 4763-3917, que se encuentra emplazado en el domicilio sito en la calle Washington 3675 de la localidad de Carapachay, partido de Vicente López, a fin de amenazar a Carlos Sinai, María Fernanda Rodríguez Morales y María Constanza Maciel Rodríguez. En ese sentido les dijo “ya vas a ver, vos y tu familia van a pagar por esto, van a sufrir”, logrando que se sintieran atemorizados...”. (fs. 27).
Para así decir, el Sr. Juez de Grado consideró que la denuncia formulada a fs. 1/2 por María Fernanda Rodríguez Morales, junto con los testimonios brindados en el marco del debate por ella, Carlos Sinai y María Constanza Maciel Rodríguez, sumados al informe de llamadas efectuadas desde el abonado telefónico Nº 4760-2908 (que luce a fs. 16/18), la copia de la factura de la línea Nº 4763-3917 a nombre de la denunciante, las fotocopias de la Resolución del Juzgado Correccional Nº 3 departamental en causa Nº 3532/12, de fecha 05/06/12, que da cuenta de la suspensión de juicio a prueba otorgada al causante, más el informe socioambiental efectuado respecto del imputado y los dichos aportados por la Licenciada Liliana Cura (Psicóloga Social), resultan suficientes para tener por probadas las amenazas atribuidas al imputado, ocurridas en el mes de octubre del año 2012.
En ese sentido, el magistrado estimó que el relato aportado por María Constanza Rodríguez Maciel resultó plenamente verosímil en cuanto expresó que en el mes de octubre del año 2012, a partir de un llamado efectuado por ella a los progenitores del imputado, en el cual les manifestó que no podrían retirar a su nieto de su domicilio dado que tenía fiebre, comenzó a recibir repetidas comunicaciones telefónicas de Vicari, quien le dijo que “era mala madre, que la mataría a ella y a su familia, que si no le dejaba ver al nene le pegaría un tiro y “…ya van a ver vos y tu familia van a pagar por esto, van a sufrir”, entre muchas otras frases que “le produjeron terror porque no sabe de lo que es capaz. No tiene límites, no entiende, no puede consensuarse nada con él…”.
Ello se integra con los relatos de su padrastro, Carlos Alberto Sinai y su madre, María Fernanda Rodríguez Morales, denunciante de autos. El primero de los mencionados contó que si pusieron en conocimiento de la autoridad policial lo sucedido, es porque la situación se había tornado insostenible, dadas las constantes llamadas a su domicilio y que el imputado profiere amenazas a quien atienda el teléfono. Confirmó que en esa época (se refiere al mes de octubre del año 2012), el hijo de Maciel Rodríguez tuvo fiebre por cuanto le habían aplicado una vacuna, hecho que desencadenó el enojo del imputado en tanto se le avisó a sus padres que no lo retiraran de su domicilio, quienes se presentaron en el lugar para constatar tal circunstancia. Precisó que en el marco de las constantes comunicaciones telefónicas el imputado los amenazó de muerte a él y a su esposa (“los voy a matar a todos, son todos unas putas de mierda, los voy a reventar a todas”, sic). Agregó que dado el grado de violencia que irradia el imputado, no sabe en qué va a terminar la situación y que viven atemorizados porque creen a Vicari capaz de llevar adelante sus amenazas.
En el mismo norte, la denunciante de autos aludió que la manifestación de hostilidad del causante hacia su familia se profundizó en el mes de octubre del año 2012, que llamaba incesantemente a la línea telefónica emplazada en su domicilio (que fue intervenido) y que en una de esas llamadas le dijo “puta, dame con mi hijo, les queda poco, ya van a ver, no quiero que mi hijo sea víctima de abuso…”. Luego, expresó estar asustada y preocupada por la situación que atraviesan y mencionó que en función de ella, debieron modificar la dinámica familiar.
Consecuentemente, el Magistrado interviniente apreció que en el caso, las frases amenazantes existieron y no fueron controvertidas por la defensa, por lo cual sólo resta evaluar su idoneidad para lograr su fin intimidatorio, el cual estimó presente en autos a partir de los dichos de los testigos mencionados -y las conductas asumidas que los respaldan- así como los relatos de la Licenciada Cura y las presentaciones judiciales incorporadas al debate por vía lectiva.
Con todo lo anterior, el Sr. Juez Correccional tuvo por configurado el delito de amenazas (art. 149 bis del Código Penal), tanto en su faz objetiva como subjetiva, y estimó que no se verifican en el caso circunstancias eximentes ni agravantes de la responsabilidad penal de Vicari aunque sí atenuantes: el buen concepto informado por el testigo Gómez Luna y la ausencia de condenas anteriores.
En función de ello, consideró adecuado imponer a Vicari la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, por apreciar que dicha modalidad resulta ser la más apropiada para ayudar al causante a superar las dificultades de adaptación que presenta vinculadas a la comisión de los hechos (prevención especial positiva).
Finalmente estableció las siguientes reglas de conducta respecto del imputado, por el término de dos años: 1) fijar residencia, 2) someterse al control del Patronato de Liberados provincial que corresponda a su domicilio, 3) abstenerse de relacionarse conflictivamente con los damnificados de autos, 4) abstenerse de usar estupefacientes o bebidas alcohólicas y 5) someterse a un tratamiento psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis incs. 1, 2, 3 y 6 del CP).
III. A su turno, el recurrente manifestó que la valoración probatoria efectuada en la sentencia resulta absurda así como que el hecho atribuido a su asistido no cuenta con sustento probatorio suficiente.
Expresó que los malos modos empleados por el imputado para dirigirse a las víctimas en modo alguno constituyen amenazas ni revisten idoneidad para causarles temor, y que en todo caso, fueron vertidos en el marco de una discusión. A ello añadió que no se encuentra vulnerado en el caso el bien jurídico tutelado, es decir, el estado de determinación de la ex pareja de Vicari y su familia.
Consideró que los dichos de los testigos aparecen como tendenciosos y carecen de sustento objetivo en otras constancias y sostuvo que algunas de las manifestaciones efectuadas por Maciel Rodríguez fueron volcadas en la audiencia de debate, por lo que exceden el objeto procesal de la presente causa al no haber sido materia de acusación. Destacó que aquella no precisa las circunstancias de tiempo y espacio en que tales los dichos le habrían sido proferidos e igual crítica formuló respecto de las declaraciones de Sinai y Rodríguez Morales.
Luego de señalar que el presente caso se vincula con una conflictiva familiar sostenida en el tiempo, recalcó que la prueba con que cuenta es difusa e imprecisa, por referirse a episodios ocurridos en otras oportunidades. En ese norte refirió que el testimonio de Sinai participa de estas características y que interrogado al respecto, dijo no recordar con exactitud cuándo recibió amenazas de parte del imputado. Al mismo tiempo, expresó que no fue el temor que le provocaron tales dichos lo que motivó la denuncia que dio inicio a estos actuados sino el cansancio que la reiteración de este tipo de episodios les generó. En efecto, ninguna medida adoptaron a los fines de mitigar dicho temor.
En similares términos se pronunció Rodríguez Morales, quien además hizo mención de una suspensión de juicio a prueba concedida al causante – que derivó en su sobreseimiento- y del listado de llamados entrantes a su domicilio- que dio resultado negativo respecto de dichos amenazantes de parte de su defendido.
La defensa recordó que en oportunidad de prestar declaración, el imputado negó categóricamente haber proferido dichos amenazantes a su ex pareja y su núcleo familiar pero que sí reconoció haberse enojado en ocasiones y haberlos “mandado a la mierda” (sic).
Señaló que, pese a que diversas circunstancias aludidas por los testigos resultaban susceptibles de ser acreditadas en autos (denuncias en el Fuero de Familia, documentación vinculada con la pérdida de trabajo de Maciel Rodríguez) no fueron probadas, y que los listados de llamadas entrantes a sus líneas telefónicas no debieron ser utilizadas por el Magistrado de la instancia para conformar el plexo de cargo por carecer de firmas, notas de remisión del Juzgado o Fiscalía y de precisión en punto a los datos de las comunicaciones en ciernes.
Finalmente mencionó que si bien la Licenciada Cura apuntó la existencia de posibles malos tratos de parte del imputado a su ex pareja, no resultan vinculados a los hechos que fueron materia de investigación. Y expresó que aún cuando consideró que había riesgo para el hijo de ambos, no indicó la necesidad de que fuera asistido por un profesional como tampoco la necesidad de suspender las visitas con su padre.
IV. La causa quedó radicada en esta Alzada, practicándose las diligencias de rigor y a continuación el Tribunal planteó las siguientes C U E S T I O N E S PRIMERA: ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto?
SEGUNDA: ¿Resulta ajustada a derecho la sentencia impugnada?
TERCERA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A la primera cuestión planteada el Juez Carlos Fabián Blanco dijo: El recurso de apelación deducido por el Sr. Defensor Oficial Dr. Rocha a fs. 1/5vta, debe ser declarado admisible, pues ha sido presentado en término, el impugnante posee legitimación personal para recurrir, se han respetado las formas dispuestas y el caso es uno de aquellos para los cuales se otorga esta vía recursiva (arts. 21 inc. 4º, 421, 433, 439, 442, 443 y siguientes y concordantes del CPP.).
Así lo voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del CPP). A la primera cuestión planteada el Juez Gustavo Adrián Herbel dijo: Adhiero al voto del Juez Blanco por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del CPP).
A la segunda cuestión planteada el Juez Carlos Fabián Blanco dijo:
I. Con el alcance que otorgan los arts. 434 y 435 del Código Ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del “a quo” alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
II. Tal como viene planteado el caso a resolver, corresponde destacar previamente, que ha dicho de manera reiterada el Tribunal de Casación Penal Bonaerense -en numerosos precedentes y compartido por el Suscripto-, que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los Magistrados de juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales. No siendo posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano. El sistema de las libres convicciones razonadas o sana crítica implica que los jueces tienen la facultad de preferir unas pruebas en desmedro de otras, siempre que ello se realice con apego a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común.
En ese sentido, el sentenciante consideró que “… la versión brindada por Carlos Sinai, María Fernanda Rodríguez Morales y María Constanza Maciel Rodríguez [resultan] plenamente verosímiles. En sus alocuciones se mostraron seguros, y sus relatos fueron consistentes y claros. No logra conmover su fuerza convictiva, la conflictiva familiar que se originó, a partir de situaciones de violencia, que rodearon la relación de pareja entre el imputado y María Constanza Maciel Rodríguez, su separación o las dificultades a la hora de acordar un régimen de visitas. Pese a ello, no he observado motivos espurios contra el imputado que pudieran teñir sus dichos, tan sólo el afán de que se ponga coto a esa disputa…” Por idénticas razones, consideró verosímiles los dichos de la Sra. Mettini y el testigo Gómez Luna, aportados por la Defensa. Pero además -como se ha dicho y lo comparto-, corresponde tener en cuenta que los testimonios no deben evaluarse aisladamente del resto de la prueba, sino que deben ser formulados en una apreciación de conjunto, pues tal método constituye la única manera de crear la certeza moral necesaria para dictar sentencia (Varela, Casimiro; Valoración de la Prueba. Buenos Aires, editorial Astrea; año 2004, p. 185 y 281).
Hechas dichas consideraciones, no puedo dejar de agregar que nuestro código de procedimiento penal no dispone en ninguna norma que de por sí implique inhabilidad a los efectos del análisis de la prueba testimonial, por el contrario toda persona es capaz de atestiguar, sin perjuicio de la valoración que el Magistrado actuante haga de sus dichos, con el alcance establecido jurisprudencialmente por el citado Tribunal de Casación Penal.
III. Ahora bien, mediante la prueba incorporada por lectura y producida en la audiencia de debate, se encuentra plenamente acreditado a partir de las siguientes piezas procesales: A) declaraciones testimoniales brindadas en el debate de: 1) María Constanza Maciel Rodríguez (víctima), 2) Carlos Alberto Sinai (víctima), 3) María Fernanda Rodríguez Morales (víctima y denunciante de autos), 4) Eduardo Ezequiel Gómez Luna (amigo del imputado), 5) Cristina Lucía Mettini (progenitora del imputado); B) prueba incorporada por lectura: 1) denuncia formulada por Rodríguez Morales el día 9 de octubre de 2012, obrante a fs. 1/2, 2) informe actuarial y del SIMP en el que se detallan diversas IPPs (fs. 5/8), 3) copia de una factura del abonado telefónico Nº 011-4763-3917 a nombre de María Fernanda Rodríguez Morales, con domicilio sito en la calle Washington 3675 de Carapachay, con fecha de vencimiento 02/10/2012 (fs. 12), 4) informe confeccionado por la empresa TELECOM S.A. referido al abonado Nº 011-4763-3917 de fecha 06/10/2012, a las 14:44 hs., hasta el día 09/10/2012 a las 22.19 horas, que da cuenta de diversas llamadas cursadas desde el Nº 011-4760-2908 (fs. 16/18), 5) fotocopias de la resolución emitida por el Juzgado Correccional Nº 3 Deptal., referidas a la causa Nº 3532 “Vicari Juan Pablo s/ amenazas (dos hechos), de fecha 05/06/2012, que da cuenta de la suspensión de juicio a prueba concedida al imputado (fs. 24/40), 6) planillas de antecedentes del RNR y del Ministerio de Seguridad provincial (fs. 60/62 y 69) y 7) informe de la firma TELECOM S.A. que detalla la titularidad del servicio telefónico Nº 011-4760-2908 a nombre de Mettini (fs. 87/88) que entre los días 1º y 10 de octubre del año 2012, el aquí imputado llevó a cabo diversas llamadas telefónicas al abonado nro. 4763- 3917, ubicado en el domicilio sito en la calle Washington 3675 de la localidad de Carapachay, partido de Vicente López, con el objeto de amedrentar a Carlos Sinai, María Fernanda Rodríguez Morales y María Constanza Maciel Rodríguez, mediante el proferimiento de frases tales como “ya vas a ver, vos y tu familia van a pagar por esto, van a sufrir”, logrando que se sintieran atemorizados.
Es por ello que en mi opinión, corresponde confirmar la sentencia impugnada en todos sus términos.
1. En primer lugar, no observo -como pretende la defensa- que la valoración de la prueba efectuada en la sentencia resulte absurda. El magistrado de la instancia no sólo da cuenta de las constancias que permiten alcanzar la certeza requerida para dictar una condena sino que, además articula sus respectivos contenidos, expresando específicamente el modo en que cada una de las pruebas contribuye a la construcción de la acreditación de la materialidad ilícita como de la autoría de Vicari en el hecho imputado. Así, al tiempo de expresar las razones que lo conducen a su resolución da respuesta a los planteos que le fueran efectuados y desarrolla los motivos por los que las pruebas de descargo no pueden prevalecer sobre la hipótesis acusatoria.
En efecto, el Sr. Juez de grado basa su conclusión en los concordantes dichos de Maciel Rodríguez, Rodríguez Morales y Sinai acerca de los episodios acaecidos entre los días 1º y 10 de octubre del año 2012, que a la vez se sostienen en la declaración testimonial aportada por la Licenciada Cura y en el informe agregado al legajo por vía lectiva, que da cuenta de las diversas comunicaciones telefónicas efectuadas desde el abonado Nº 47602908 al abonado de los damnificados entre los días 6 y 9 de octubre del año 2012. De esta manera, el Sr. Juez correccional ha legitimado su decisión en argumentos racionales, cuya estructura interna se encuentra desprovista de vicios lógicos merced a los cuales pudiera predicarse su invalidez.
2. El Dr. Rocha efectúa en su impugnación diversas críticas en torno a los testimonios brindados por los mencionados Sinai, Rodríguez Morales y Maciel Rodríguez. Entiende que resultan tendenciosos, teñidos de afectividad negativa y que carecen de sustento objetivo. A su vez los tilda de imprecisos, no sólo en punto a su contenido sino también en lo referido a las circunstancias témporo- especiales en que fueron recibidos. Considera que los dichos atemorizantes atribuidos al imputado exceden el objeto procesal de la presente causa por cuanto no han sido materia de acusación.
En cuanto al primer cuestionamiento, es dable señalar, de un lado, que los dichos amenazantes fueron recepcionados a través del aparato telefónico ubicado en el domicilio de éstos, por lo cual es de toda lógica que hayan sido sus habitantes quienes percibieron mediante su sentido del oído las frases emitidas entre los días 1º y 10 de octubre de 2012.
Las declaraciones juramentadas brindadas por los mencionados resultan contestes tanto en lo relativo al motivo por el cual tuvo inicio esa serie de llamados como al contenido de las frases expresadas por Vicari en tales oportunidades (que no fueron negadas por el imputado) y también al contexto en que se inscriben.
En ese norte, encuentro que María Constanza Maciel Rodríguez, Carlos Sinai y María Fernanda Rodríguez Morales relataron que en el mes de octubre del año 2012, el hijo que tuvieron la primera de ellas y Juan Pablo Vicari recibió una vacuna que le ocasionó algunas líneas de fiebre, razón por la cual se comunicó con los padres del imputado para informarles que no podrían retirar al niño de su domicilio (como siempre lo hacían) atento al problema de salud indicado, situación que provocó una profusa cantidad de llamados telefónicos de parte del causante, en el marco de los cuales recibieron las amenazas materia de juzgamiento.
De acuerdo con los testimonios brindados por los referidos -conforme se refleja en la sentencia-, los dichos vertidos en las jornadas aludidas fueron: “…que era mala madre, que la mataría a ella y a su familia. Que si no lo dejaba ver más al nene le pegaría un tiro, entre muchas otras frases similares (Maciel Rodríguez). “…La van a pasar mal. Amenazó de muerte al dicente. Los voy a matar a todos, ustedes son todos unas putas de mierda, las voy a reventar a todas y cosas por el estilo…” (Sinai). Y “…puta, dame con mi hijo, les queda poco, ya van a ver, no quiero que mi hijo sea víctima de abuso…”(Rodríguez Morales). Como puede advertirse, las frases expresadas por el imputado participan de un núcleo común: el anuncio de que atentaría contra la vida de las víctimas, algunas veces, en caso de que no le permitieran encontrarse con su hijo menor de edad. Es por ello que no resulta atendible el agravio formulado por el Dr. Rocha en punto a la imprecisión de las frases de contenido amenazante, cuando no se verifican diferencias sustanciales en los relatos de las víctimas al respecto; antes bien, coinciden en la mayoría de los vocablos utilizados por el imputado a los fines de intimidarlos y limitar así su capacidad de decisión.
Al mismo tiempo, los damnificados concuerdan en punto al contexto en el que se enmarcan tales amenazas, que se ven robustecidas por el testimonio juramentado prestado por la licenciada Cura- quien coordina el área de asistencia a las víctimas de violencia de género de la Municipalidad de Vicente López y trata a la Sra. Maciel Rodríguez desde hace tres años- en cuanto manifestó haber escuchado, en el marco de una de las sesiones a las que la nombrada acude dichos degradantes hacia ella y su hijo: “tratándola de loca, puta, etc (sic). Este extremo revela la utilización de un lenguaje frecuente por parte del imputado en situaciones de violencia, y por tanto permite visualizar el contexto que rodea a los episodios aquí juzgados, al tiempo que importa un elemento objetivo y distinto de los solos dichos de las víctimas, considerados insuficientes por la defensa para conformar la certeza exigida para el dictado de una sentencia condenatoria.
De otra parte, la circunstancia de que los testigos mantengan una relación conflictiva con el imputado, en modo alguno resta de por sí veracidad al contenido de su declaración (en otras palabras, no los convierte, sin más, en parciales o inhábiles) cuando -como en el caso- han brindado razón suficiente de sus dichos y éstos resultan concordantes tanto entre sí como con los prestados por una tercera persona en el legajo.
En mi opinión, no lleva razón el Sr. Defensor Oficial en cuanto estima que las frases consideradas constitutivas del delito de amenazas por el Magistrado de la instancia (“ya vas a ver vos y tu familia, van a pagar por esto, van a sufrir”), exceden el objeto de acusación por haber sido dadas a conocer al imputado en el marco de la audiencia de debate.
En efecto, en el marco de la declaración a tenor del art. 308 del CPP, se le atribuyó al imputado haber referido por conducto telefónico dichos de contenido amenazante a Rodríguez Morales, Maciel Rodríguez y Sinai, tales como “ya vas a ver, vos y tu familia van a pagar por esto, van a sufrir” (fs. 71/72). A su vez, al requerir la remisión de los obrados a juicio, la Sra. Fiscal interviniente endilgó al causante la comunicación de esas mismas palabras (fs. 89/92vta).
Entonces, toda vez que el proferimiento de las aludidas expresiones conformaron la base de la imputación inicial que se fue perfeccionando hasta llegar a la etapa de debate, para luego ser relevadas por el magistrado de la instancia como integrantes de la materialidad ilícita -al tiempo de que participan de un núcleo común con las relatadas por las víctimas en el juicio oral y que fueron detalladas ut supra-, no se alega ni se advierte de qué modo pudo verse conculcada en el caso la garantía de defensa en juicio y en particular el principio de congruencia. Nótese que Vicari conoció la imputación y a partir de ello pudo brindar una versión alternativa de lo sucedido en el mes de octubre del año 2012, mientras que el Dr. Rocha pudo ensayar argumentos tendientes a restar a lo dicho contenido ilícito (sí admitió haber insultado a las víctimas), ejerciendo así adecuadamente su ministerio (art. 18 CN y 8.2 b) y c) de la CADH y 14.3 a) del PIDCyP).
En lo que toca a las circunstancias temporales en que se sucedió el hecho materia de análisis, no quedan dudas de que fueron perpetrados los primeros días del mes de octubre del año 2012. Esta afirmación se sustenta no sólo en los dichos coincidentes prestados por Rodríguez Maciel, Sinai y Rodríguez Morales al respecto sino que además todos aluden a un mismo episodio como disparador del conflicto (que no fue negado por el imputado): las líneas de fiebre que la aplicación de una vacuna provocaron al hijo menor de Vicari y la segunda de las nombradas, que motivaron el llamado de ésta a los abuelos paternos del niño a fin de informarles que no podrían retirarlo del domicilio esa jornada.
Constituye, a su vez, un elemento objetivo de la existencia de los llamados en el período mencionado así como de la persistencia del imputado en tal conducta -que permite vislumbrar el marco de hostigamiento descripto por las víctimas-, el informe luciente a fs. 18 del legajo principal (incorporado por lectura al debate), en cuanto revela la recepción de cuantiosas comunicaciones telefónicas en el abonado Nº 47633917 –perteneciente al domicilio de aquellas- de parte del Nº 47602908, línea instalada en la vivienda de Vicari, conf. se desprende del oficio de fs. 87/88 (también incorporado por vía lectiva al debate).
A mi juicio, no existe óbice para su valoración como pretende la defensa, pues la información fue solicitada mediante oficio de estilo suscripto por la Sra. Secretaria de la Fiscalía interviniente -por disposición de la Sra. Titular de la Unidad de Instrucción y Juicio especializada en Violencia de Género de Vicente López, Dra. Di Tommaso- conforme obra a fs. 10 del legajo principal, y la respuesta emitida por la Gerencia de Requerimientos Judiciales de la empresa Telecom S.A. a aquél, recibida vía correo electrónico oficial de la Actuaria mencionada. De esta manera, se encuentra abarcado por el principio de libertad probatoria (arts. 210 y 373 del CPP) y por lo demás, el Sr. Defensor Oficial tuvo la posibilidad de controvertir su contenido en el marco del juicio oral.
En lo que respecta a la intervención telefónica ordenada en la investigación, debo señalar que su resultado no fue incorporado por lectura al debate en los términos del art. 366 del CPP y consecuentemente, tampoco fue merituado por el Magistrado de la Instancia en la sentencia. Por ello, no corresponde que me expida acerca de su valor convictivo.
Las probanzas analizadas hasta aquí resultan a mi juicio suficientes para alcanzar el grado de certeza requerido para confirmar la condena pronunciada por el Dr. Mateo, sin que la ausencia de las constancias indicadas por la Defensa de Vicari (denuncias ante el Fuero de Familia, documentación vinculada con la pérdida de la fuente de trabajo de la Sra. Rodríguez Maciel) consigan conmover dicho temperamento.
Finalmente, resta señalar que si bien asiste razón al Dr. Rocha en cuanto asevera que la Licenciada Cura no resulta testigo directo de la recepción de dichos amenazantes por parte de las víctimas, lo cierto es que mal pudo oírlos cuando fueron proferidos por vía telefónica en la vivienda de aquellas; más su aporte a la conformación de la materialidad ilícita en trato finca en el relato del contexto de violencia que atraviesa la relación de Maciel Rodríguez y Vicari, otorgándole así credibilidad a sus dichos.
3. Sentado cuanto precede, resta analizar la tipicidad de la conducta atribuida al imputado, puesta en crisis por el Sr. Defensor Oficial. En este sentido, el Dr. Rocha alega que los dichos proferidos en el caso no revisten idoneidad para causar temor a las víctimas, que fueron vertidas en el marco de una discusión y que no se encuentra vulnerado el bien jurídico protegido por la norma. Agrega que aquellas no modificaron sus hábitos de vida y que, a todo evento, éstas decidieron denunciar los sucesos a las autoridades debido a que estaban cansados de la reiteración de llamados telefónicos.
Tal como sostuve en la causa Nº 27.457/III “Quinn Gustavo Luis s/ sentencia correccional”, el bien jurídico protegido por el art. 149 bis del CP es, como señala Creus, “… la libertad psíquica que encuentra su expresión en la intangibilidad de las determinaciones de la persona…Las amenazas atacan esa libertad, menoscabando la normalidad de las condiciones dentro de las cuales el hombre puede determinarse sin condicionamientos procedentes de terceros: el núcleo de la ilegitimidad que se castiga no reside tanto en que ellas sean susceptibles de crear un estado de temor o inquietud en quien las sufre, sino que en ese estado le impone al individuo limitaciones que no tendrían por qué existir, que le impiden ejercer aquella libertad en la medida de lo deseable, o sea, en que quiebran o perturban (mejor dicho en que pueden crear el peligro de quebrar o perturbar) la situación de normalidad dentro de la que el sujeto pasivo puede determinarse sin traba alguna...” (Creus, Carlos, “Derecho Penal” Parte Especial, Tomo I, pág. 328). En otras palabras, lo que se tutela es la libertad de acción del sujeto pasivo, que se ve condicionada por el comportamiento desplegado por otro en tanto afecta su voluntad de decidir de qué modo desenvolverse cotidianamente.
En este caso, el estado de temor provocado por el imputado a las víctimas repercutió en diversas modificaciones en la vida cotidiana familiar. Nótese que coincidieron al señalar que procuran que la ex pareja de Vicari no circule por la calle sin compañía, y que cuando permanece en su domicilio algún familiar se queda indefectiblemente junto a ella. Además, acordaron con los padres del imputado que fueran éstos quienes buscaran al niño en su casa materna -a fin de evitar encuentros que pudieran derivar en situaciones de violencia con su padre-, y la Sra. Maciel Rodríguez comenzó un tratamiento psicológico en el Centro de la Mujer de Vicente López.
Frente al panorama descripto en el párrafo antecedente, resultan irrelevantes las razones que hayan guiado a la señora Rodríguez Morales a poner en conocimiento de las autoridades el hecho imputado, pues más allá de las molestias que, como aseveraron en el juicio, les causó el comportamiento de Vicari, que intentaron “frenar” mediante la formulación de una denuncia, lo cierto es que manifestaron padecer temor por las amenazas recibidas y llevaron adelante actos tendientes a evitar la concreción del mal anunciado. Vale aclarar que, conforme he sostenido en la causa Nº 26.786/III “Ferro Chiristian Oscar s/ sentencia correccional”, entre otras, considero que el alcance que debe otorgarse al requisito relativo a la idoneidad de las amenazas es simplemente su aptitud para infundir temor en quien las recibe, sin que la figura en cuestión reclame el efectivo amedrentamiento de la víctima. No obstante, es claro -de acuerdo con la argumentación vertida en los párrafos precedentes-, que en este caso las víctimas padecieron temor fundado en las palabras y actitudes asumidas por el causante.
Ahora bien, la tipicidad objetiva de las amenazas se satisface a través de la conducta del sujeto activo integrada por hechos o expresiones susceptibles de causar una intimidación en el ánimo del sujeto pasivo, dando a entender la realización futura -más o menos inmediata- de un mal.
En cuanto al anuncio del mal, comparto con Soler que la forma externa de la amenaza es indiferente, pudiendo tratarse de una amenaza verbal, escrita, real o simbólica, más debe estar dirigida y responder a un propósito comunicante y estar inspirada por el propósito de alarmar o amedrentar (Soler, Sebastián “Derecho Penal Argentino”, Tomo IV, Buenos Aires, edit. Tea, págs. 82/83.). En la misma línea, D'Alessio opina que “…las amenazas pueden ser dirigidas tanto en forma oral, escrita, como por gestos (ademanes simbólicos), pero siempre tiene que formulárselas de manera que resulten inteligibles como amenazas para el sujeto pasivo…” (D'Alessio, Andrés José, “Código Penal comentado y anotado”, Parte especial, artículos 79 a 306, Buenos Aires, La Ley, 2009, pag. 343).
A mi juicio, las expresiones vertidas por Vicari por conducto telefónico (“ya vas a ver, vos y tu familia van a pagar por esto, van a sufrir”) convierten en típica la conducta incriminada, puesto que dichas palabras se encuentran dotadas de entidad suficiente para poner en conocimiento de aquellos el anuncio de un mal, que consiste en atentar contra su vida y/o contra su integridad física y/o emocional.
Debe tenerse presente además que -de acuerdo con la más autorizada doctrina en la materia-, dicho mal debe reunir una serie de requisitos para configurar el tipo penal atribuido: debe ser futuro, injusto, determinado y posible, que dependa de la voluntad del sujeto activo y sea susceptible de producir la intimidación en el amenazado (conf. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”. Parte Especial, Tomo 5, p. 548).
En el supuesto bajo estudio, se verifica la primera condición señalada, por cuanto Vicari comunicó por vía oral a su ex pareja, su padrastro y su progenitora que les irrogaría un mal. Esta manifestación de corte intimidatorio resulta asimismo injusta, determinada y posible. Es que las víctimas no están obligadas a soportar el mal que se proclama. Resulta a su vez “gobernable el daño”, puesto que su causación depende de la voluntad del sujeto activo. El tipo objetivo del delito de amenazas reclama, asimismo, el aludido requisito de la idoneidad del mal que se anuncia para hacer peligrar la libertad de decisión y el sentimiento de tranquilidad en el sujeto pasivo, o, en otras palabras, para crearle un estado de alarma o temor. “…Por alarma se ha entendido la situación en que el sujeto espera algo que puede ocurrir y serle dañoso. Definiendo temor se ha dicho que es el sentimiento de miedo suscitado por la alarma…” (Baigún-Zaffaroni, ob.cit. p. 551).
En este sentido, de la transcripción del relato brindado por María Constanza Maciel Rodríguez surge que en función del comportamiento adoptado por Juan Pablo Vicari, “…tiene miedo de atender el teléfono, vive nerviosa y alerta en la calle porque tiene miedo de que le haga algo, en algunas ocasiones se le presentó de repente…”. Por su parte, Sinai refirió que “…el imputado está desbalanceado psicológicamente, razón por la cual tienen que estar controlando constantemente que a Constanza no le pase nada; están siempre con el corazón en la boca, porque no sabe en qué va a terminar por el grado de violencia del imputado. Lo cree capaz de cumplir las amenazas que profirió…”. A su turno, Rodríguez Morales expresó que viven asustados y hostigados. “…No sabe si en un acto de enojo o de locura de este señor, qué le podrá hacer a su hija..” Se desespera. Están cansados, angustiados y tienen mucho miedo.
Por otra parte, considero inaplicable al supuesto estudiado la línea jurisprudencial que plantea la atipicidad de una conducta amenazante cuando el agente incurre en un exabrupto o exceso verbal (conf. fallos 302: 1307 “Mabel Edith Crisoio de Morano” y CN. Crim. Y Corr. Sala VI, 16/03/2005, “L.F.M.”, LL, 2005, D-730, entre otros).
En base al contenido de los testimonios recepcionados en el debate, no es posible aseverar que los términos amenazantes aludidos hayan sido volcados por Vicari en el marco de una “acalorada discusión” con su ex pareja, su madre y su padrastro, que por ende, puedan ser alcanzados por los efectos que les asigna el criterio jurisprudencial citado. En efecto, de los relatos no emerge que las expresiones de Vicari por vía telefónica hayan sido vertidas en respuesta a otras previamente esbozadas por sus interlocutores, quienes sí se habían puesto en contacto con sus progenitores para informarles que su nieto estaba enfermo y que por tanto, no podrían llevárselo ese día, sin que, por lo demás, la defensa ni el propio imputado hayan introducido, en el marco del juicio oral, una versión alternativa de lo ocurrido los primeros días del mes de octubre del año 2012, limitándose únicamente a negar el proferimiento de las frases de corte intimidatorio.
Así las cosas, entiendo que más allá de la evidente contienda en que se encuentran involucrados desde hace varios años el imputado y Maciel Rodríguez y por extensión, Rodríguez Morales y Sinai, ello no habilitaba al encartado a proferir promesas intimidatorias a los nombrados, ni pueden éstas ser consideradas producto del fragor de la discusión.
Finalmente, estimo que el tipo subjetivo -dolo- del delito de amenazas se ve configurado en el caso, pues a todas luces Juan Pablo Vicari tuvo intención de amedrentar a los referidos. Ninguna otra connotación resulta razonable asignar al comportamiento desplegado por el imputado, si se tienen en consideración el conjunto de las palabras escogidas para anunciar la producción del mal (“ya vas a ver, vos y tu familia van a pagar por esto, van a sufrir”), así como el elevado número de comunicaciones establecidas en esas jornadas; todo lo cual conduce a descartar que el causante haya actuado guiado por un propósito distinto del de infundir miedo a su ex pareja y su familia.
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y106 del CPP). A la segunda cuestión planteada el Juez Gustavo Adrián Herbel dijo:
Coincido con el voto del Juez Blanco en sus fundamentos, sin embargo debo apartarme de él, en cuanto señala que el grado de convicción de los testimonios es una cuestión reservada por la ley a los magistrados de juicio que percibieron en el marco de la inmediación a dichos órganos de prueba. A mi criterio, los jueces no pueden decidir discrecionalmente sobre el valor probatorio de la prueba de cargo sino que, por el contrario, deben fundar su credibilidad y exponer las razones por las cuales dichos testimonios permiten configurar prueba suficiente para acreditar el hecho imputado. La ley obliga a los jueces técnicos a motivar tanto el valor de la prueba que funda sus conclusiones como las razones por las cuales no se consideró atendible la prueba contraria (art. 371 2º párrafo CPP). En modo alguno la inmediación puede eximir del desarrollo de tales fundamentos; ella representa una garantía del proceso mediante la cual se efectiviza el derecho del imputado a confrontar con la prueba de cargo en el marco de un juicio oral ante los jueces que deciden sobre su acusación (art. 18 C.N.; art. 8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP; 342, 360 y cc CPP). Nunca una garantía puede operar contra su titular, y es por ello que la inmediatez con la prueba no justifica la omisión de fundar el juicio de credibilidad sobre ella.
Por lo expuesto considero, al igual que el colega de sala, que las probanzas producidas durante el debate con más los datos incorporados por lectura resultan suficientes para alcanzar la certeza positiva exigida para el dictado de la sentencia condenatoria respecto de la autoría penalmente responsable de Juan Pablo Vicari, en relación al suceso endilgado y calificado como constitutivo del delito de amenazas (art. 149 bis del C.P.).
Sentado ello, adhiero al voto del Juez Carlos Fabián Blanco en cuanto propicia al acuerdo confirmar la sentencia condenatoria impugnada. Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y106 del CPP). A la tercera cuestión planteada el Juez Carlos Fabián Blanco dijo: De conformidad con las consideraciones efectuadas hasta aquí, propongo al Acuerdo declarar admisible el recurso de apelación interpuesto, no hacer lugar al mismo y confirmar la sentencia apelada en cuanto resuelve condenar a Juan Pablo Vicari -cuyas demás circunstancias personales obran en autos-, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, con más las siguientes reglas de conducta, por el término de dos años: 1) fijar residencia, 2) someterse al control del patronato de liberados que corresponda a su domicilio, quien fijará las condiciones de supervisión de las reglas impuestas, 3) abstenerse de relacionarse conflictivamente con los damnificados, Sra. María Constanza Maciel Rodríguez, Sra. María Fernanda Rodríguez Morales y Sr. Carlos Alberto Sinai, 4) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, 5) someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que determine su necesidad y eficacia. Ello, en orden al hecho perpetrado entre los días 1º y 10 de octubre de 2012, calificado como constitutivo del delito de amenazas, previsto y reprimido por los arts. 45 y 149 bis del Código Penal.
Es mi voto. (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del CPP). A la misma cuestión planteada el Juez Gustavo Adrián Herbel dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial y 106 del CPP). Por lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente S E N T E N C I A I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación deducido por el Sr. Defensor Oficial Dr. Hernán Rocha a fs. 1/5vta, de conformidad con las razones expresadas en los Considerandos (arts. 21 inc. 4º, 421, 433, 439, 442, 443 y siguientes y concordantes del C.P.P.).
II. NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido y CONFIRMAR la sentencia recurrida en cuanto resuelve condenar a Juan Pablo Vicari - cuyas demás circunstancias personales obran en autos-, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, con más las siguientes reglas de conducta, por el término de dos años: 1) fijar residencia, 2) someterse al control del patronato de liberados que corresponda a su domicilio, quien fijará las condiciones de supervisión de las reglas impuestas, 3) abstenerse de relacionarse conflictivamente con los damnificados, Sra. María Constanza Maciel Rodríguez, Sra. María Fernanda Rodríguez Morales y Sr. Carlos Alberto Sinai, 4) abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, 5) someterse a un tratamiento psicológico, previo informe que determine su necesidad y eficacia. Ello, en orden al hecho perpetrado entre los días 1º y 10 de octubre de 2012, calificado como constitutivo del delito de amenazas, previsto y reprimido por los arts. 45 y 149 bis del Código Penal. Todo ello, conforme los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 27 bis incs. 1, 2, 3 y 6, 45 y 149 bis y 210 y 373 del CPP)
III. Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General y a la defensa de intervención. Cumplido, devuélvase el presente incidente encomendando al Sr. Secretario del Juzgado Correccional la notificación del imputado.
Sirva la presente de atenta nota de envío.
FDO: CARLOS F. BLANCO- GUSTAVO A. HERBEL
Ante mí: PATRICIO GANDULFO
Fin de la sentencia