Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro · Causa 79822
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar por mayoría, a la audiencia solicitada en el marco del art. 442 del C.P.P., por los motivos expuestos en el considerando.
II. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto agregado en copia a fs. 2/12 vta., de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 337, 421, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
Causa nro. 79.822/IIa. "BAZAN, CRISTIAN s/Inc. de apel. elevación a juicio"
San Isidro, 20 de octubre de 2015.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto agregado en copia a fs. 2/12 vta.
Viene el presente incidente a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Francisco José García Maañón, Defensor Particular de Cristian Bazán, contra el auto mediante el que el Sr. Juez por disposición superior a cargo del Juzgado de Garantías nro. 3, Dr. Diego E. Martínez, resolviera -en lo que importa destacar- no hacer lugar a la nulidad de la apertura del teléfono celular incautado en poder del imputado; no hacer lugar a la oposición al requerimiento de elevación a juicio incoada por la Defensa de Bazán en cuanto requiere el cambio de calificación legal; y elevar a juicio la presente causa respecto de Cristian Javier Bazán por resultar autor penalmente responsable del delito de tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c" de la ley 23737).
En su libelo recursivo obrante en copia a fs. 157/165, el letrado recurrente vuelve sobre la idea ya negada en la instancia, de que el análisis de los mensajes del teléfono celular de su asistido, no se encuentra justificada en elemento alguno, toda vez que con la aprehensión de Bazán y su consorte ahora sobreseído, y el hallazgo del material estupefaciente del que se desprendieran, se encontraba agotada la conducta antijurídica y culpable que presenciara el personal policial en flagrante comisión y que ocasionara la aprehensión de Bazán y su acompañante en la moto aquel 13/3/15.
Sostiene que la intervención de un teléfono celular como la apertura de un dispositivo secuestrado, son circunstancias equiparables, pues la consecuencia es observar que se hace, dice, recibe y de quien, un determinado individuo, y dicho perjuicio debe estar fundamentado debidamente. A partir de ello cuestiona la legitimidad de la orden de apertura del celular de Bazán y las restas diligencias derivadas de ello, pues dice que no se podría haber llegado a la calificación mas gravosa sin ese registro del celular.
Especifica en cuanto al análisis del aparato celular, que no se encuentra debidamente justificado en los términos del art. 229 del C.P.P., vulnerando la diligencia llevada a cabo, garantías constitucionales como el derecho a la privacidad y a la intimidad (art. 19 CN). En cuanto a la resolución de fs. 33/34 vta., señala el letrado por la Defensa, que la normativa allí invocada corresponde a la intervención de una línea telefónica y no así a la apertura de efectos secuestrados. Que es distinta la telecomunicación privada y ya sostenida de la intervención telefónica por parte de organismos especializados, que mediante un seguimiento continuo pretenden dilucidar un grado de sospecha. Puntualiza que entre los primeros se encuentra la interceptación de correspondencia normada en el art. 228 del C.P.P., y el análisis de los celulares incautados. Por ello la orden de su registro debe ser mas cuidadosa a fin de no violentar la garantía del art. 19 de la CN.
Refiere el Defensor, que teniendo en cuenta que solo en casos excepcionales el magistrado puede ordenar la intrusión en la intimidad de una persona, la orden que dispone la medida debe ser fundada, y no puede utilizarse a los efectos de rellenar los vacíos de una investigación y mucho menos configurar un agravante, como ocurre en autos.
En definitiva, entiende el Sr. Defensor que no existiendo elementos para ordenar la apertura del celular incautado, esa diligencia ha vulnerado el derecho a la intimidad y a la privacidad por lo que solicita la nulidad.
Encadenado con ese pedido, el Dr. García Maañón analiza el resto del material probatorio en base a la teoría del fruto del árbol venenoso y de la teoría de la fuente independiente, para concluir en que no sería posible llegar a la calificación mas gravosa sin aquella revisión del celular.
Como segundo punto, cuestiona el Defensor la materialidad ilícita de la figura imputada a partir de aquella nueva prueba incorporada con el análisis del celular incautado a Bazán. Sostiene que en sus dichos a tenor del art. 317 del rito, se muestran signos de arrepentimiento, de un hecho que siquiera pudo llegar a ejecutar. Y que no hay elementos para presumir que era una actividad que realizaba con frecuencia pues no hay tareas investigativas previas a este suceso.
Cuestiona cuál es la figura típica que se le achaca a su asistido, pues como este lo expresara, no pudo concretar la transacción toda vez que el comprador no se presentó. Afirma que no hay motivos para descreer de sus dichos pues la intención claramente no es desvincularse, toda vez que ha confesado. Destaca que de lo obtenido del celular se advierte a fs. 39 que Bazán era "primario" en la comercialización de estupefacientes, a lo que se suma que resulta ser una persona instruída, que se encontraba trabajando en la empresa Codylsa realizando repartos de Pepsico en Tortuguitas, que no posee antecedentes condenatorios ni otros procesos en trámite, cuenta con arraigo domiciliario y contención familiar. Concluye afirmando que claramente la venta de estupefacientes no era su sostén económico principal.
Solicitó audiencia en los términos del art. 442 del C.P.P. y que por los argumentos expuestos se decrete la nulidad de la apertura telefónica y se cambie la calificación legal por la de tenencia simple de estupefacientes.
Conforme los motivos de agravio el Tribunal resolvió plantear las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Corresponde hacer lugar a la audiencia solicitada en los términos del art. 442 del C.P.P.? SEGUNDA: ¿Es admisible el recurso de apelación deducido por el Dr. Francisco José García Maañón?
TERCERO: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?. A la primera cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo: El letrado defensor solicitó en su escrito impugnativo informar oralmente a esta Alzada. En virtud de ello, corresponde designar audiencia oral en los términos en que lo requiere, toda vez que a mi humilde entender la solicitud abastece lo previsto por el art. 442, segundo párrafo del CPP.
A la primera cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo: He de apartarme respetuosamente del voto de mi colega preopinante, pues considero que la ampliación de motivos para el recurso de apelación no se encuentra prevista en el código de forma y, por ende, la intención de informar oralmente por parte del recurrente no se encuentra suficientemente fundamentada para la realización de la audiencia solicitada. Así voto por la negativa (art. 442 párrafo segundo "a contrario" del C.P.P.).
A la primera cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo: Adhiero el voto al del Colega preopinante Dr. Stepaniuc, por sus motivos y fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo: Conforme quedara decidida la cuestión anterior, cabe señalar que el recurso fue interpuesto tempestivamente por quien tiene derecho a hacerlo y contra una decisión suceptible de ser atacada por esta via. Se cumplió con las exigencias legales previstas, por lo que corresponde declarar su admisibilidad (arts. 337, 421, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
A la segunda cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo: Adhiero mi voto al del Colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus motivos y fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo: Adhiero mi voto al del Colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por sus motivos y fundamentos.
A la tercera cuestión el Sr. Juez Pitlevnik dijo: a) De la nulidad:
La Defensa cuestiona la validez de la orden del juez para ingresar en los datos del teléfono celular secuestrado a su asistido.
En primer lugar debo decir que no puedo más que acordar con la Defensa, en cuanto al cúmulo de jurisprudencia que cita, en función de afirmar la preservación de la intimidad de las personas, su protección constitucional y la necesidad de que sea una decisión judicial fundada la que determine si corresponde o no la intromisión. Es el criterio que sentara en el antecedente Causa 76.852/II Acuña Victor Hugo y otros s/ apelación prisión preventiva" del 12/6/13, en el que, incluso se citó parte de los fallos que el esforzado defensor menciona.
El resguardo de la intimidad, además del art. 18 de la CN está previsto en el art. X de la D.A.D.H., art. 12 de la D.U.D.H., art. 11 de la C.A.D.H. y art. 17 del P.I.D.C.P. y en el art 12.5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
La cuestión a decidir aquí es si efectivamente en el momento en que el Juez Garante decidió autorizar el ingreso a los datos del teléfono celular del imputado existían elementos de sospecha suficientes que lo habilitaran.
Entiendo que las razones dadas por el Juez y profundizadas luego en la respuesta a la nulidad planteada en la instancia (que aquí se recurre), permiten sostener, en un umbral constitucional mínimo, la validez de lo actuado. No se trata solamente de que la policía sorprendió a una persona en una moto cuando arrojaba material que lo incriminaba, sino que ese material permitía sospechar que se trataba de droga destinada a su comercialización, pues conforme surge de la causa, se trataban de 43 envoltorios subdivididos en tres fracciones, y dos envoltorios divididos en dos fracciones (45 envoltorios en total). En la fotografía de fs. 10 se aprecia la cantidad considerable de droga destinada al menudeo que fue secuestrada por el personal policial. Si un desconocido es sorprendido en el momento en que llevaba una cantidad de droga que superaba el rango sospechable para consumo, y huye ante la presencia policial, no parece descabellado pensar en la probabilidad de que existan datos útiles en su teléfono celular secuestrado válidamente y ya en poder de la autoridad, que permitan saber qué es lo que estaba por hacer con esa droga. El uso que habitualmente en el presente los ciudadanos hacemos de la telefónia celular mediante llamadas, grabaciones y otros servicios o aplicaciones (whatsapp, hangout, etc.) incluye anuncios, avisos de demora, concertación de encuentros, pedidos, respuestas y confirmaciones, que en el caso razonablemente podrían conducir a lo que efectivamente se constató, esto es, la finalidad de comercialización del material secuestrado.
Conforme sostuviera en la citada Causa nro. 76.852/IIda., la cuestión a decidir debe enmarcarse en un contexto de vertiginosa y constante evolución de la ciencia y la tecnología, que ha permitido el desarrollo de nuevos instrumentos (v.gr. cámaras fotográficas, video-filmadoras, telefonía móvil y tecnología informática) con capacidad operativa para vulnerar más fácilmente y con más intensidad la intimidad de las personas.
Queda claro que cuando la Constitución de 1853 sólo protege la correspondencia epistolar frente a la intromisión estatal, responde a que por ese entonces se preveía esa vía para afectar la intimidad de las personas. Una interpretación dinámica y progresista de las diversas cláusulas constitucionales, exige su readecuación a los cambios políticos, sociales y culturales que experimente la sociedad a lo largo del tiempo. Por ello, aunque no haya una cláusula constitucional que expresamente proteja las comunicaciones telefónicas, lo cierto es que su amparo frente a injerencias estatales o particulares, es análogo a la de inviolabilidad del correo epistolar.
Conforme menciona Alejandro Carrió, no se trata de analizar restrictivamente una garantía (reduciéndola a la nada si se tiene en cuenta que la correspondencia epistolar es hoy mínima); sino de analizar cada supuesto en función de aquello que la Constitución manda a proteger cuando menciona correspondencia y papeles privados; es decir, el derecho del individuo de no verse sometido a prácticas de investigación arbitrarias o lesivas de su intimidad y su dignidad (en "Derecho constitucional a la privacidad: zonas claras de protección y zonas de penumbra", LA LEY 1993-C, 752). Ello ha quedado definitivamente zanjado en la jurisprudencia de la Corte Federal, conforme se aprecia en los fallos (“Halabi, Ernesto c/P.E.N. –ley 25.873- dto. 1563/04 s/ amparo 16.986”, H. 270. XLII, del 24 de febrero de 2009 y “Quaranta, José Carlos s/ inf. Ley 23.737”, causa nº 763, Q. 124. XLI, del 31 de agosto 2010), donde ha resuelto que las comunicaciones telefónicas deben considerarse comprendidas dentro del marco de protección del art. 18 de la C.N.
El resguardo de la intimidad, además del art. 18 de la CN está previsto en el art. X de la D.A.D.H., art. 12 de la D.U.D.H., art. 11 de la C.A.D.H. y art. 17 del P.I.D.C.P. y en el art 12.5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Conforme este análisis, el registro de las llamadas, mensajes de texto o de whatsapp, entrantes y salientes, chat etc. de un celular incautado como en el caso de autos, se encuentra amparado constitucionalmente, pues corresponde a la intimidad de las personas y debe, por ende, ser ordenado por un juez, como ocurriera en esta causa.
La Corte Nacional sostuvo que "la utilización del registro de comunicaciones telefónicas a los fines de la investigación penal requiere ser emitida por un juez competente mediante auto fundado (confr. art. 236, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación, según el texto establecido por la ley 25.760), de manera que el común de los habitantes está sometido a restricciones en esta esfera, semejantes a las que existen respecto a la intervención sobre el contenido de las comunicaciones escritas o telefónicas.
En el caso, nos encontramos frente a un pedido del Fiscal al Juez de Garantías de autorización para la realización de informes técnicos y desgrabación del contenido de los celulares incautados, con el objeto de obtener información relacionada con el hecho investigado, aclarando en el pedido, que lo es sólo en todo cuanto tenga relación con la presente (ver fs. 32/vta.). La autorización del Juez Garante es lo que provoca el pedido de nulidad de la Defensa, pues considera que no había motivos para ello, toda vez que la conducta que observara el personal policial, que consistía en desprenderse de una bolsa de nylon mientras circulaban Bazán y su consorte en moto, se encontraba agotada con el hallazgo de la bolsa y del material estupefaciente que en ella había y la aprehensión de los causantes.
Cabe entonces decidir conforme el agravio de la Defensa, si existían motivos para la autorización cuestionada.
Al momento de la autorización, el juez garante cimentó su decisión en lo atinente de la medida con relación a la investigación en curso, aclarando que ella no resultaba vulneratoria de ningún principio constitucional, siendo un medio útil para el esclarecimiento de los hechos (ver fs. 33/34 vta. del principal).
Al momento de resolver el pedido de nulidad, dijo que el imputado fue interceptado en la vía pública en posesión de una cantidad considerable de sustancias estupefacientes, fraccionada en forma tal que esa conducta podría suponer una multiplicidad de hipótesis respecto de la finalidad de la sustancia. Y que si bien el Fiscal en una estadío inicial de la investigación delimitó el evento en la figura de tenencia simple de estupefacientes, ello no lo inhabilitaba para recolectar mas prueba que pudiera hacer variar el curso de la investigación.
Coincido con este análisis en tanto y en cuanto todo ello pudiera ser controlado por la Defensa. Y en autos así ocurrió.
Al momento de llevarse a cabo la audiencia del art. 308 del C.P.P. se le hizo saber al imputado en presencia de la Defensa oficial que concurrió al acto, que en caso de autorizarse la apertura de los teléfonos secuestrados, ésta se llevaría a cabo el 16/3/2015, especificándose el lugar y el horario a partir del cual se realizaría (fs. 28/29).
A partir de lo hallado en el celular de Baez, se le recibió nueva declaración a tenor del art. 317 del rito - fs. 50/51-, oportunidad en la que fuera asistido por el Dr. Kusnier García, en orden al delito de tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. "c" de la ley 23737). El 31/3/15 se convirtió en prisión preventiva la detención de Cristian Javier Bazán en orden al delito mencionado, conforme emerge de fs. 62/65 del principal. Esta resolución fue notificada a Bazán sin que la cuestionara (fs. 72 y 81/82) y a la Defensa oficial por renuncia del Dr. Kusnier García, sin que tampoco la apelara (ver fs. 73, 74, 76/vta.).
No es hasta la requisitoria de elevación a juicio y con la presentación del Dr. Francisco José García Maañón como Letrado Defensor del causante, que en el marco del art. 336 del rito, solicita la nulidad de la apertura del celular, por los motivos ya esgrimidos.
Ahora bien, como adelantara, para dar curso favorable a la nulidad que se peticiona, debería advertirse la violación de garantías constitucionales y/o la falta de fundamentación del resolutorio judicial que autoriza la diligencia respecto del celular de Bazán.
Si bien ambas cuestiones se encuentran relacionadas, he de señalar que el resolutorio que autoriza la medida fue dictado por el juez por lo que en principio no se advierte per se violación a garantía constitucional alguna. Y la fundamentación que para ello esgrimiera, la que podría enmarcar aquella intromisión por defectos de motivación, si bien resulta escueta, no contiene en principio tampoco, ningún elemento que pudiera inclinar la balanza hacia el lado de la violación al derecho a la intimidad de Bazán y lograr la nulidad que se pretende. Además, cuando específicamente se le reclama al magistrado la sanción nulificante, amplía sus dichos de manera que puede comprenderse que en el marco de precariedad que una investigación posee, aparezcan en su desarrollo elementos que hagan girar el curso causal de ella, sin que eso de por sí, ponga en jaque las garantías constitucionales del imputado, en la medida que lo conozca y pueda defenderse de ello. En autos, ha quedado demostrado que la Defensa a veces particular, a veces oficial, ha asistido a Baez durante la investigación, por lo que tampoco se puede pensar que se ha visto sorprendido con la variación de la investigación, y en algún punto privado de defensa.
En consecuencia, entiendo que los agravios de la Defensa deben ser rechazados (arts. 3, 201, 203, 228, 229 y ccdtes. del C.P.P.).
b) Del cambio de calificación:
Descartada la nulidad, considero que lo declarado por el encartado a tenor del art. 317 del C.P.P. y lo obtenido del celular reconocido como propio, dan cuenta de la tenencia del material secuestrado con fines de comercialización. Nótese que Bazán lo habría fraccionado conforme admitiera, para que una tercera persona lo vendiera al menudeo, transacción por la cual recibiría Bazán un monto de dinero y la otra persona un porcentaje por las ventas que efectuara.
La circunstancia de que esa persona no se presentara como Bazán alega, no elimina la intención de comercializar ni cambia el tipo penal por el de simple tenencia del material estupefaciente. El imputado dice que dividió la droga en paquetes para su venta, lo que se condice con el secuestro de la sustancia estupefaciente y con lo que surge del aparato de telefonía celular secuestrado, que ha sido tenido en cuenta por el Fiscal en su pedido de elevación a juicio y por el Juez en su decisión de fs. 134/144.
La falta de condenas anteriores o el hecho de que el encausado tuviera, además, un trabajo fijo, no quita ni pone rey a la fehaciente comprobación de que tenía en su poder sustancia estupefaciente destinada a su comercialización.
Los elementos recabados por la Fiscalía poseen la entidad suficiente para llevar la causa al estadío siguiente, por lo que habré de rechazar los agravios de la Defensa y confirmar la calificación por la que el Sr. Juez de la instancia elevó la presente causa a juicio (art. 337, 434 y cddtes del C.P.P.; 5 del inc. c de la ley 23.737).
En definitiva postulo confirmar la decisión recurrida en todo cuanto decide y fuera materia de recurso (art. 201, 203, 228, 229, 337, 434 y cddtes. del C.P.P.; 5 del inc. c de la ley 23.737).
A la tercera cuestión el Sr. Juez Stepaniuc dijo: Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Pitlevnik, por los mismos motivos y fundamentos. A la tercera cuestión el Sr. Juez Cayuela dijo: Habiendo alcanzado la mayoría con los votos que anteceden, me eximo de expedirme sobre la cuestión.
Por ello el Tribunal RESUELVE:
I.NO HACER LUGAR por mayoría, a la audiencia solicitada en el marco del art. 442 del C.P.P., por los motivos expuestos en el considerando. II.DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto contra el auto agregado en copia a fs. 2/12 vta., de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 337, 421, 433, 439, 442 y ccdtes. del C.P.P.).
del auto agregado en copia a fs. 2/12 vta., en cuanto no hizo lugar a la nulidad de la apertura del teléfono celular solicitada, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 201, 202, 228, 229 y ccdtes. del C.P.P.).
y IV) del auto agregado en copia a fs. 2/12 vta., en cuanto no hizo lugar al cambio de calificación legal impetrado por la Defensa, y elevó la causa a juicio respecto de Cristian Javier Bazán en orden al delito de tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 5 inc. "c" de la ley 27.373; 337, 434 y ccdtes. del C.P.P.).
Regístrese, actualícese el RUD, notifíquese y devuélvase al origen, sirviendo el presente de atenta nota de remisión.
FDO: DRES. LEONARDO G. PITLEVNIK - JUAN E. STEPANIUC - LUIS C. CAYUELA
Ante mí: ADRIANA R. ERNAGA
Fin de la sentencia