Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías Penal de San Isidro · Causa 29714
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible los recursos de apelación interpuestos los sres. Defensores particulares de intervención, Dres. Christian Eduardo Carlet y Horacio Raúl Semín, por los motivos expuestos en el Considerando (arts. 337, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P.).
II. No hacer lugar los recursos interpuestos y confirmar el auto obrante a fs. 5/16, mediante el cual el Juez de Garantías N° 4 decidió I) no hacer lugar a la nulidad deducida por el Dr. Christian Eduardo Carlet, a la que adhirió el Dr. Horacio Raúl Semin, por los motivos expuestos en el considerando primero, no hacer lugar al dictado de sobreseimiento postulado, III) elevar a juicio la presente causa seguida a los Dres. María Cecilia Mercado Corradi y Juan Jorge Lo Veci, ambos de las demás condiciones personales obrantes en autos, por resultar autores "prima facie" responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 del código penal), por los motivos expuestos en el Considerando. (arts. 18 de la C.N. y 201, sgtes. y ccdtes., 308, 312, 335, 337 del C.P.P.)
Causas n° 29714/III y 29715/III ¨LO VECI, JUAN JORGE Y MERCADO CORRADI, MARÍA CECILIA S/ ELEVACIÓN A JUICIO¨ San Isidro, 22 de octubre de 2015 VISTO: Los recursos de apelación concedidos a fs. 35 de este incidente. RESULTA: Que los sres. Defensores particulares de intervención, Dres. Christian Eduardo Carlet a fs. 18/29 y Horacio Raúl Semín a fs. 17/19 del incidente 29.715 y interpusieron recursos de apelación contra el auto obrante a fs. 5/16, mediante el cual el Juez de Garantías N° 4 decidió I) no hacer lugar a la nulidad deducida por el Dr. Christian Eduardo Carlet, a la que adhirió el Dr. Horacio Raúl Semin, por los motivos expuestos en el considerando primero, no hacer lugar al dictado de sobreseimiento postulado, III) elevar a juicio la presente causa seguida a los Dres. María Cecilia Mercado Corradi y Juan Jorge Lo Veci, ambos de las demás condiciones personales obrantes en autos, por resultar autores "prima facie" responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 del código penal), resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Jueces Gustavo A. Herbel, Celia M. Vázquez y en caso de disidencia, Carlos F. Blanco. (art. 440 C.P.P. y acuerdo ordinario Nº 1786).
Y
El Sr. Juez Gustavo A. Herbel dijo:
I. Que los recursos de apelación interpuestos por los sres. Defensores particulares de intervención, Dres. Christian Eduardo Carlet y Horacio Raúl Semín deben ser declarados admisibles pues han sido presentado en término, los impugnantes poseen legitimación personal para recurrir, se han respetado las formas prescritas y el caso es uno de aquellos para los cuales se otorga esta vía recursiva (arts. 337, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P.).
II. El Juez de Garantías nro. 4 decidió I) no hacer lugar a la nulidad deducida por el Dr. Christian Eduardo Carlet, a la que adhirió el Dr. Horacio Raúl Semin, no hacer lugar al dictado de sobreseimiento postulado, y elevar a juicio la presente causa seguida a los Dres. María Cecilia Mercado Corradi y Juan Jorge Lo Veci, por resultar autores "prima facie" responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 del código penal), En primer lugar decidió rechazar la nulidad planteada respecto del hecho imputado a tenor del art. 308 del Ritual. Señaló que su modo de ver y luego de dar lectura a la delimitación fáctica desarrollada por el órgano ministerial, no podía concluir que se hubiera dirigido a los encartados dos imputaciones que se contradigan y a su vez se anulen mutuamente, por no venir determinado concretamente si la pérdida de chance de vida de la damnificada la provocó uno u otro de los facultativos que han sido encausados.
El Sr. Agente Fiscal ha efectuado el siguiente relato fáctico: "El día 24 de agosto de 2011 entre las 9:10 y las 9:50 horas la aquí imputada Dra. Cecilia Corradi Mercado, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, sito en la calle Diego Palma 505 de San Isidro, practicó a la Liliana Andrea Albornoz una operación cesárea y le causó una perforación del intestino delgado ubicada 15 (quince) centímetros antes de su desembocadura en la válvula ileocecal, lo que le provocó una peritonitis fecal y posteriormente una sepsis que ocasionó el fallecimiento de la nombrada Albornoz. Que a partir de las 18:00 horas del 24 de agosto de 2011 debido a los fuertes dolores abdominales y algunos signos anormales que presentaba la Sra. Albornoz se realizó interconsulta con el cirujano Dr. Juan J. Lo Veci, quien observó la radiografía practicada a la paciente y dio indicaciones terapéuticas anodinas sin intentar la realización de estudios por imágenes que pudieran brindar mayores precisiones y permitieran establecer la presencia de líquido y aire invadiendo la cavidad abdominal. La no realización de los pasos semiológicos, de una ecografía y una tomografía abdominal por parte de los Dres. Lo Veci y Mercado Corradi -quien además de practicar la cesárea controló la evolución de la paciente el día 25 de agosto de 2011 a las 8:00 horas- constituyen conductas médicas negligentes, imperitas y contrarias a los reglamentos y deberes a su cargo, ya que teniendo a la vista signos de una patología aguda no utilizaron los elementos diagnósticos existentes y necesarios para arribar a un diagnóstico de certeza precoz que hubiera otorgado a la paciente muchas mayores chances de vida, ocasionando esta omisión el fallecimiento de Liliana Andrea Albornoz el día 27 de agosto de 2011".-
El a quo entendió que tal descripción abastecía las exigencias normativas para su validez y que en la oportunidad de recibir declaración juramentada a los imputados a tenor de lo normado en el art. 308 del rito penal -ver acta de fs. 453/455 respecto del Dr. Lo Veci y acta de fs. 482/483 en punto a la Dra. Mercado Corradi-, se les había hecho conocer detalladamente a los nombrados el hecho cuya comisión se les atribuye (art. 312 del C.P.P.), habiendo efectuado el acusador público una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del suceso objeto de investigación (art. 335)
Aclaró que, en su opinión, se habían superado los defectos verificados por esta Alzada departamental cuando se declaró la nulidad de las declaraciones de los imputados a tenor de lo normado en el art. 308 por entender que la descripción del hecho formulada en sede fiscal adolecía de una descripción detallada o clara, precisa y circunstanciada del acontecimiento - el Dr. Carlet en su escrito de oposición señaló: "... esta Defensa entiende que las irregularidades detectadas en el primer requerimiento de elevación a juicio persisten en el que por el presente vengo a oponer ...".
Consideró que en esta ocasión se habían incluido en la delimitación fáctica aquellas circunstancias indicadas por esta Alzada, dado que se había precisado que se efectuó sobre la persona de la damnificada una operación cesárea, que ese procedimiento lo llevó a cabo la Dra. Mercado Corradi, que con posterioridad a ello la paciente presentaba dolores abdominales y signos anormales, y que tanto el Dr. Lo Veci como la citada Mercado Corradi omitieron realizar pasos semiológicos, una ecografía y una tomografía abdominal, que constituyeron conductas médicas negligentes, imperitas y contrarias a los reglamentos y deberes a su cargo, lo que ocasionó el resultado verificado.
Tampoco consideró que la imputación dirigida a los galenos aquí encartados se contradijera. Entendió que se habían deslindado debidamente las conductas de cada uno de los facultativos, las que vienen indicadas - ambas- como ejecutadas en violación del deber de cuidado que debían observar, no encontrando escollo alguno en la posibilidad de atribuir a esas dos conductas el resultado luego verificado a título de culpa. Explicó que nos hallamos frente a una coparticipación en un delito culposo, sino frente a dos conductas independientes, violatorias del deber de cuidado, unidas cada una de ellas a través de un nexo de determinación con un resultado.
Respecto a las críticas efectuadas por el Dr. Carlet en relación a los fundamentos de la requisitoria de fs. 486/490, entendió que éste reunía las exigencias del art. 335 de la norma adjetiva que establece que: "El requerimiento fiscal deberá contener, bajó sanción de nulidad ... los fundamentos de la acusación ...". En punto a la actividad fiscal, observó que el Dr. Servidio había fundamentado debidamente la acusación que dirige en relación a los encartados, habiendo explicitado el contenido de los elementos que sustentan su postura, describiendo cada uno de ellos, de los que emergía claramente la entidad que tienen a fin de justificar los pormenores del hecho delimitado por el órgano ministerial. Además, sobre el final del acápite, el citado funcionario concluye que las probanzas recabadas en el legajo acreditan la materialidad ilícita como la autoría endilgada a cada uno de los imputados.
Asimismo decidió rechazar el sobreseimiento de Mercado y Lo Veci, planteado por sus defensas y elevar la causa a juicio.
Estimó legalmente justificado en estos obrados que: "El día 24 de agosto de 2011, entre las 9:10 y las 9:50 hs., la aquí imputada Dra. Cecilia Corradi Mercado, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, sito en la calle Diego Palma 505 de San Isidro, practicó a Liliana Andrea Albornoz, una operación cesárea y le causó una perforación del intestino delgado ubicada 15 (quince) centímetros antes de su desembocadura en la válvula ileocecal, lo que le provocó una peritonitis fecal y posteriormente una sepsis que ocasionó el fallecimiento de la nombrada Albornoz. Que a partir de las 18:00 horas del 24 de agosto de 2011, debido a los fuertes dolores abdominales y algunos signos anormales que presentaba la Sra. Albornoz se realizó interconsulta con el cirujano Dr. Juan J. Lo Veci, quien observó la radiografía practicada a la paciente y dio indicaciones terapéuticas anodinas sin intentar la realización de los estudios por imágenes que pudieran brindar mayores precisiones y permitieran establecer la presencia de líquido y aire invadiendo la cavidad abdominal. La no realización de los pasos semiológicos, de una ecografía y una tomografía abdominal por parte de los Dres. Lo Veci y Mercado Corradi -quien además de practicar la cesárea controló la evolución de la paciente el día 25/08/2011 a las 8:00 horas- constituyen conductas médicas negligentes, imperitas y contrarias a los reglamentos y deberes a su cargo, ya que teniendo a la vista signos de una patología aguda no utilizaron los elementos diagnósticos existentes y necesarios para arribar a un diagnóstico de certeza precoz que hubiera otorgado a la paciente muchas mayores chances de vida, ocasionando esta omisión el fallecimiento de Liliana Andrea Albornoz el día 27 de agosto de 2011".-
Con relación a lo dispuesto en el inc. 1º del art. 158 del ritual, el cuadro demostrativo se integró con: la denuncia efectuada por el Sr. Sergio Martín Olivares a fs. 3; la constancia de inhumación de fs. 6; el acta de inspección ocular de fs. 7;el croquis ilustrativo de fs. 9; copias de la historia clínica de la Sra. Andrea Albornoz en el Hospital Central de San Isidro de fs. 12/18, 137/146; copias de la historia clínica de la Sra. Andrea Albornoz del Hospital Materno Infantil de San Isidro de fs. 20/69, 83/131; el acta de exhumación y necropsia de fs. 77; la pericia de autopsia de fs. 147/154; informe pericial histopatológico de fs. 266/269; el informe médico legal de fs. 272/279 y vta.; la declaración testifical del Dr. Guillermo Daniel Berman de fs. 283; de tal forma se tiene por acreditada la materialidad infraccionaria del delito de homicidio culposo (art. 84 del código penal).-
Asimismo, de conformidad al inc. 3º del art. 157 del citado cuerpo legal consideró que existían elementos de convicción suficientes para considerar que Juan Jorge Lo Veci y María Cecilia Mercado Corradi son, probablemente, autores penalmente responsables del hecho referido precedentemente, ponderando en especial:
a) La denuncia efectuada a fs. 3 en la que sostuvo que el martes 23 de agosto de 2011, siendo aproximadamente las 19:30 hs., su pareja Liliana Andrea Albornoz -quien se hallaba cursando el último mes de gestación- se internó en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, dado que tenía programada un cesárea a llevarse a cabo el 24 del mismo mes y año. Que así, a las 9:00 hs. de esa fecha se llevó a cabo la operación, siendo posteriormente trasladada su esposa a la sala. Que la nombrada ese mismo día le refirió que sentía fuertes dolores en el abdomen, como así también que presentaba inflamación en la zona. Que permaneció internada en dicho nosocomio hasta el 27 agosto de 2011 a las 10:00 hs., oportunidad en la que fue trasladada al Hospital Central de la Municipalidad de San Isidro, -dado que continuaba con fuertes dolores y la inflamación en la región abdominal. Que allí le realizaron una nueva operación y permaneció internada en la unidad de cuidado intensivo, habiéndole informado el Dr. Lo Veci que los dolores de su esposa se habían producido a consecuencia de las heridas sufridas en los intestinos luego de la operación cesárea. Finalmente, el día 27 de agosto le informaron que su señora había fallecido.-
b) A fs. 12/18 y 137/146 obran copias de la historia clínica confeccionada respecto de la Sra. Andrea Albornoz en el Hospital Central de San Isidro; y a fs. 20/69 y 83/131 de aquella labrada en relación a la nombrada en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, en las que se indican las prácticas realizadas sobre su persona, su seguimiento, y quiénes han sido los médicos tratantes.-
c) El acta de exhumación y necropsia de fs. 77, en la que el facultativo actuante refiere que la muerte de la Sra. Liliana Andrea Albornoz se debió a un paro cardio-respiratorio - sepsis secundaria a peritonitis fecal.- d) La pericia de operación de autopsia llevada a cabo sobre el cuerpo de quien en vida fuera Liliana Andrea Albornoz de fs. 147/154, de la que surge que, del examen del abdomen se constata la presencia de múltiples adherencias interasas de intestino delgado y grueso. En el intestino delgado se detecta ostomía abocada a piel de la fosa ilíaca izquierda, de la que se extrae sutura y permite observar las características macroscópicas de la región, destacándose que los tejidos de la porción intestinal circundante a la lesión aparentan no presentar características macroscópicas de necrosis ni de lesiones orgánicas preexistentes sugestivas que pudieran predisponer perforación espontánea.
Además, como consideraciones médico legales se apunta que, de la lectura de las historias clínicas se deprende que la occisa ingresó al Hospital Materno Infantil de San Isidro el 23 de agosto de 2011 con un laboratorio y signos vitales dentro de los parámetros normales, sin dolor abdominal y en buen estado general, en horas de la mañana donde se la interna para llevar a cabo una cesárea programada la que se llevó a cabo el 24 de agosto de 2011 a las 9:10 hs., mencionándose como dato de interés la realización de maniobras romas para liberar múltiples adherencias úteroperitoneales. Luego de ello, la paciente evolucionó con distención, dolor abdominal y ausencia de ruidos hidroaéreos, cuadro que no cedió ante el tratamiento instaurado, por lo que el 24 de agosto a las 22:30 hs. se le realizó una radiografía de abdomen de pie, constatándose marcada distención del colon, solicitándose una interconsulta con el servicio de cirugía, quienes indican la realización de un enema evacuante y dieta con fibras.
Al no obtenerse mejoría y sumársele compromiso del cuadro hemodinámico se indica colocación de sonda nasogástrica. El día 26 de agosto a las 8:50 hs., habiendo empeorado el cuadro hemodinámico se decide la derivación para interconsulta con cirugía al Hospital Central de San Isidro. Que a su ingreso, la paciente se hallaba pálida, de aspecto terroso, agitada, descompesada hemodinámicamente, con abdomen distendido a tensión, doloroso a la palpación superficial, con ruidos hidroaéreos negativos y timpánico a la percusión, sin reacción peritoneal, disminución del murmullo vesicular a la auscultación de ambas bases pulmonares, por lo que se realiza ecografía abdominal, la que acusa líquido libre en cavidad y asas edematizadas, tomografía de tórax con derramen pleural bilateral en infiltración en ambas bases pulmonares, tomografía de abdomen con líquido libre en cavidad y neumopritoneo, decidiéndose la conducta quirúrgica, por lo que se realiza laparotomía exploradora a las 15:45 hs. del 26 de agosto de 2011, con diagnóstico intraoperatorio de peritonitis fecal, extrayéndose 2000 cc de líquido entérico de cavidad peritoneal y constatándose una solución de continuidad el ileón a 15 cms. de la válvula ileocecal.
Luego de la cirugía es regresada a la unidad de tratamiento intensivo del Hospital Central de San Isidro, donde evoluciona tórpidamente alcanzando el exitus letatis el día 27 de agosto a las 6:05 hs. Finalmente, se apunta que en relación a las causales de la muerte, ésta fue producto de una septicemia a punto de partida peritoneal secundario a una perforación intestinal, este foco infeccioso fue idóneo para provocar la invasión en el torrente sanguíneo de agentes infecciosos con el consiguiente deterioro metabólico generalizado y la instalación de un síndrome de disfunción orgánica múltiple el cual lleva a la muerte.-
e) El estudio histopatológico de fs. 266/269 en el que se indican como consideraciones histopatológicas peritonitis aguda en organización de días de evolución y necrosis tubular aguda, concluyéndose que existe un cuadro de necrosis tubular aguda y peritonitis aguda en organización.-
f) El informe médico legal de fs. 272/279 y vta. en el que se indica que la muerte de la Sra. Liliana Andrea Albornoz ocurrió por una sepsis a punto de partida de una peritonitis fecal y que ésta se originó en una perforación del intestino delgado ubicada 15 centímetros antes de su desembocadura en la válvula ileocecal (intestino grueso). Se apuntó que, si bien es posible que ocurra un error humano que provoque una lesión no buscada ni querida en un paciente, no es admisible desde el punto de vista médico tener signos de una patología aguda y no utilizar todos los elementos diagnósticos existentes y necesarios para arribar a un diagnóstico de certeza lo más precoz posible y proceder en consecuencia, máxime cuando todo médico sabe que un abdomen agudo en las circunstancias que vienen descriptas en autos, puede ser fatal a muy corto plazo.
Se apunta que el 24 de agosto a las 18:00 hs. se sabía que el abdomen de la paciente presentaba algunos signos anormales aunque no estaban presentes la totalidad de los signos significativos para el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico. También se hace constar que el cirujano de guardia -una vez que se produjo la derivación de la Sra. Albornoz al servicio de cirugía del Hospital Central- observó una radiografía realizada a la nombrada y da algunas indicaciones terapéuticas anodinas, sin intentar la realización de estudios por imágenes que pudieran brindar mayores precisiones, aclarándose que con una ecografía abdominal habría ofrecido numerosos y distintos datos, extremo que quedaron en plena evidencia cuando se llevó a cabo tal estudio el día 26 de agosto, el que demostró la presencia de líquido y aire invadiendo la cavidad abdominal.
Así, se expuso que si estos estudios se hubieran realizado en la primera interconsulta quirúrgica del 24 de agosto, las posibilidades de una relaparotomía de urgencia ese mismo día le hubieran otorgado muchas mayores chances de vida a la paciente, y que los cirujanos intervinientes debieron haber tenido en cuenta que la peritonitis fecal es la forma más grave de peritonitis, con pronóstico evolutivo ominoso, complicación que se produce al contaminarse la cavidad con contenido intestinal a través de una perforación. Particularmente, se apuntó que los médicos cirujanos que debieron tomar esa precaución son los siguientes: la Dra. Mercado Corradi, quien realizó la operación cesárea y también firmó la evolución del 25 de agosto a las 8:00 hs., de lo que emerge que conocía los signos de alerta que presentaba el abdomen de la paciente, y el Dr.
Juan J. Lo Veci, a quien se le realizó la interconsulta del 24 de agosto, quien no recurrió a una semiología más precisa como realizar un tacto rectal o vaginal a fin de establecer el estado del fondo de saco de Douglas -abombamiento o no por presencia de líquido- y a estudios complementarios como una ecografía abdominal para los mismos fines. Además, se hizo constar que la no realización de los pasos semiológicos y estudios médicos mencionados permiten establecer que se trató de conductas médicas negligentes, imperitas o imprudentes. Este instrumento se complementa con la declaración juramentada de fs. 283 y vta. del Dr. Guillermo Daniel Berman, médico forense de la Asesoría Pericial Departamental, quien ratificó el contenido de la pericia.
Explicó el magistrado de grado que el Dr. Carlet había apuntado que su asistida, al momento de los hechos, cursaba el tercer año de su residencia en obstetricia, por lo que su desempeño era supervisado por médicos de planta con la especialidad ya aprobada, quienes efectuaron esa supervisión tanto durante el desarrollo de la operación cesárea que llevó a cabo, como así también al tiempo de evaluar a la paciente una vez que había sido realizada esa práctica.
Luego en la oportunidad de prestar declaración injurada a tenor de lo normado en el art. 308 del C.P.P., la Dra. Mercado Corradi refirió que: "... la deponente con el Dr. De Sico (médico de planta del servicio) realizamos la cesárea ... la cesárea se realizó sin ninguna complicación la dicente se encontraba como residente de tercer año ... y operó bajo la supervisión del Dr. De Sico ... la dicente vuelve a evaluar a la paciente el día jueves por la mañana en el pase de sala junto con todos los médicos entre los que se encontraba el Dr. Rubino, la Dra. Vidal, la Dra. Sagarna, constatando una evolución estable de la paciente ...".
Al respecto señaló el Magistrado de grado que la calidad de médica residente de la Dra. Mercado Corradi no impedía que se le dirija a la nombrada un reproche penal. La encartada, ha sostenido en su declaración injurada: "... ese mismo día por la tarde los médicos de guardia de la Maternidad de San Isidro, deciden realizar una interconsulta en el servicio de cirugía general del Hospital Central de San Isidro, dado que la paciente en el posoperatorio presentó dolor abdominal. Ese mismo día el miércoles por la noche fue evaluada por el Dr. Lo Veci, cirujano de guardia del Hospital Central quien indicó enemas y conducta expectante sin interpretar el cuadro como abdomen agudo ...".-
El a quo tuvo en consideración que una de las acciones con relevancia típica que vienen atribuidas a la facultativa se habían producido antes de tener lugar el seguimiento del Dr. Lo Veci -esto es, a la mañana de ese mismo día cuando practicó la cirugía de la víctima-, y la otra al día siguiente por la mañana, resultando entonces que, a su criterio -y en relación al obrar de la Dra. Mercado Corradi el 25 de agosto-, y por lo tanto no podía concluir que el criterio de otro galeno, incluso especialista en la materia, pudiera ser suficiente para justificar que no se hubieran efectuado distintos estudios que hubieran permitido detectar la afección que padecía la damnificada.
Explicó que la pericia médica practicada -ver fs. 272/279 y vta.- avalaba esta postura. Allí se concluyó que la no realización de los pasos semiológicos y estudios médicos allí indicados permiten establecer que se trató de conductas médicas negligentes imperitas o imprudentes, y que en caso de haberse llevado a cabo con anterioridad, le hubieran otorgado mayores chances de vida a la paciente, esto es, podría no haber perdido la vida.
Asimismo aclaró el magistrado que este proceso no había excedido el plazo razonable que debía ser observado según el ordenamiento vigente, habiéndose practicado la investigación dentro de los lapsos temporales que autoriza la norma ritual, hallándose vigente la acción penal según las previsiones del art. 62 inc. 2º del código de fondo. Aclaró que el trámite se había prolongado aún más a partir de los recursos y herramientas procesales que las partes han activado válidamente a lo largo de esta etapa escrita. Por ello dispuso la elevación a juicio respecto de la Dra. Mercado Corradi en orden al delito de homicidio culposo.
Respecto de Lo Veci también decidió la elevación a juicio. Éste al momento de prestar declaración en los términos del art. 308 del C.P.P. expuso: "... un día miércoles estando de guardia como cirujano y jefe de guardia del Hospital Central de San Isidro traen a la paciente a modo de interconsulta que cursaba post operatorio inmediato (de ese día) de cesárea, el motivo de la consulta era por el dolor y distensión abdominal con diagnóstico presuntivo de síndrome de Ogilvie. Al examen físico la paciente se presentaba lúcida, hemodinámicamente estable con el abdomen distendido y levemente doloroso sobre herida quirúrgica, sin signos de defensa ni de reacción peritoneal. Traía estudios complementarios realizados en el Materno Infantil, más precisamente laboratorio y radiografía de abdomen de pie, no presentando signos de complicaciones post operatorias.
Ante este cuadro clínico sugiero medidas descompresivas del intestino y control evolutivo en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Mi siguiente contacto con la paciente fue dos días después cuando ingresó al Hospital Central de San Isidro ... decidí la intervención quirúrgica de la paciente ... En la cirugía, realizada la laparotomía exploradora se constata la presencia de líquido libre abdominal entérico y sección del ileon (que es una porción del intestino delgado) con adherencias entero uterinas ... advirtió una sección, es decir una lesión, como un corte en la pared del intestino ... si bien no puede precisar con certeza que la misma (la lesión intestinal) se haya producido en la operación cesárea practicada a la paciente entiende por sus conocimientos y experiencia que la data de la misma sería coincidente con la realización de la cesárea ...
Cedida la palabra al Dr. Semin, se le pregunta al compareciente para que diga a qué se refirió cuando dijo que la paciente no presentaba signos de defensa ni de reacción peritoneal dijo que: defensa muscular es la resistencia del plano muscular de la pared del abdomen a la palpación y reacción peritoneal es dolor a la descompresión en la palpación. A preguntas de la Fiscalía respecto de a qué se refirió con presencia de líquido libre abdominal entérico dijo que en circunstancias normales el abdomen no presenta líquido libre en la cavidad del abdomen ... ese líquido se liberó con la lesión del ileon ... en forma gradual ... al momento del primer examen (la paciente) no tenía ningún síntoma en la semiología ni signos en los estudios que hicieran pensar en abdomen agudo post operatorio por lo que no se justificaba ordenar la realización de un estudio complementario de mayor complejidad ...
Que en el caso puntual la radiografía traída no evidenciaba neumoperitoneo (es decir aire en la cavidad abdominal).".-
Para rechazar los argumentos defensistas también se basa en los términos de la pericia médica realizada en autos que se contraponen la versión del Dr. Lo Veci y dan apoyo a la hipótesis acusatoria. Dicho examen -ver fs. 272/279 y vta.- destaca que no es admisible desde el punto de vista médico tener a la vista signos de una patología aguda y no utilizar todos los elementos diagnósticos existentes y necesarios para arribar a un diagnóstico de certeza lo más precoz posible y proceder en consecuencia, máxime cuando todo médico sabe que un abdomen agudo, puede ser fatal en muy corto plazo. Resalta que el día 24 de agosto a las 18:00 hs. -que es cuando se produjo la evaluación de la víctima por parte del Dr. Lo Veci- se sabía que el abdomen de la paciente presentaba algunos signos anormales aunque no estaban presentes la totalidad de los signos significativos para el diagnóstico de un abdomen quirúrgico y que el cirujano de guardia -el Dr. Lo Veci-, observó la radiografía efectuada sobre la paciente y dio algunas indicaciones anodinas, sin intentar la realización de estudios por imágenes que pudieran brindar mayores precisiones, y que si estos estudios se hubieran realizado en la primera interconsulta, las posibilidades de una relaparotomía de urgencia el mismo 24 de agosto hubieran otorgado muchas mayores chances de vida a la paciente.
Por ello considera imprescindible la realización del debate, etapa que es regida por los principios de oralidad, inmediatez y contradicción que será propicia para dilucidar los cuestionamientos introducidos por el letrado.
III. El Sr. Defensor particular de la Dra. María Cecilia Mercado Corradi, el Dr. Christian Eduardo Carlet al interponer recurso de apelación se queja de que se impute a su defendida haber hecho perder chances de vida a su paciente por no haber utilizado los elementos diagnósticos existentes y necesarios para arribar a un diagnóstico certero precoz, pero en la misma descripción se le imputa al Dr. Loveci el mismo hecho por haber sido el cirujano que evacuó la interconsulta. Considera que no se pueden atribuir a dos conductas distintas al mismo resultado, por cuanto a pesar de haberse llevado a cabo la conducta debida por uno de los autores el resultado de todas formas se hubiera producido por el otro nexo de determinación con la otra conducta.
Alega que el fiscal no determinó en su requerimiento cuál de las dos conductas fue la que originó la pérdida de chance de vida de la paciente Albornoz, si la de la obstetra (Mercado) o el cirujano (Lo Veci) y ello genera una violación a la garantía constitucional de defensa en juicio por desconocer de cuál de las dos conductas debía defender a Mercado. Asimismo se queja de que en dicha pieza procesal no surge una valoración de la prueba por parte del Fiscal que fundamente su postura y por lo tanto carece de la motivación requerida por el art. 335 del ritual, solicitando se declare su nulidad.
Por último, considera que la prueba obrante en la causa permitiría desvincular a su defendida en el hecho pues de una simple lectura de las actuaciones surgen elementos desincriminatorios. Explica que la ausencia de signos de abdomen quirúrgico estaba corroborados por la interconsulta del cirujano Lo Veci el día anterior, recordando que la opinión del especialista debe primar por ante la de un no especialista en cirugía (obstetra Dra. Mercado Corradi) y por los médicos de planta que suscribieron dicha evolución ese día tal como consta a fs. 101, los Dres. Mateo Rubino y Carmen Rubio.
Recordó que su defendida estaba cursando al momento de los hechos el tercer año de su residencia en obstetricia por lo que se trataba de una profesional en formación y es por eso que su conducta era supervisada por médico de planta con la especialidad ya aprobada en el caso concreto, durante la cesárea fue supervisada por el Dr. Javier Sico (fs. 97) y durante la evolución del día 25 de agosto por el Dr. Mateo Rubino y Carmen Rubio, coincidiendo ambos en la ausencia de abdomen quirúrgico de la paciente en ese momento, como así también la necesidad de alguna otra medida a tomarse. Resalta que tal temperamento no fue tomado en soledad sino con la supervisión de otros profesionales que no se encuentran sometidos a proceso.
Por último, pone de manifiesto que si su defendida hubiera actuado de acuerdo a lo dictaminado por el perito oficial que correspondía ello no garantizaba un cien por cien la vida del paciente sino que simplemente le hubiera dado chances de vida, lo que la hace atípica por ausencia de nexo de causalidad.
Por su parte, el Sr. Defensor particular del Juan Jorge Loveci, el Dr. Horacio Raúl Semin interpone recurso de apelación, por entender que no existe probanza alguna que aluda a la supuesta imprudencia o negligencia a cargo de su defendido, sino que fue adecuado y ajustado a las reglas del arte de curar, que su defendido no intervino en el acto quirúrgico inicial, desconociendo sus pormenores, que sólo se limitó a revisar a la paciente horas después de la cesárea en momentos en que tanto resultados de laboratorio como de la clínica no hacían sospechar ninguna normalidad. Considera que se da en autos la certeza negativa o la probabilidad negativa o la duda una vez agotada la investigación y que por ello la decisión cuestionada debe ser revocada.
IV. Con el alcance que otorgan los art. 434 y 435 del código ritual, respecto del conocimiento que atribuyen los recursos de apelación a esta Alzada, debe ceñirse el presente al tratamiento de los puntos de la resolución del a quo alcanzados por los agravios que motivaran la impugnación interpuesta, sin perjuicio de conocer más allá de ellos cuando eso permita mejorar la situación del imputado y de declarar las nulidades absolutas que hubiere.
Analizados los agravios de los recurrentes estimo que deben ser rechazados. En primer lugar, no advierto que la requisitoria de elevación a juicio adolezca de vicios que determinen su nulidad, como pretende se declare el recurrente, a mi criterio, cumple con los requisitos previstos previstos en el art. 335 del C.P.P. En dicha norma están ordenados bajo pena de nulidad la consignación de los datos personales del imputado, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, los fundamentos de la acusación y la calificación legal. Todos estos están contenidos en la requisitoria de autos, advirtiéndose un extenso desarrollo en la parte de la prueba del hecho y responsabilidad de los imputados, se describen las conductas imputadas a cada uno de los médicos enjuiciados y la relación de determinación de estos actos con el óbito de la víctima. Por ello, la nulidad debe ser rechazada. (arts. 201 y ss a contrario, 334 del C.P.P.)
En segundo lugar, no encuentro objeciones que realizar respecto de la imputación a tenor del art. 308 del C.P.P. anoticiada a los imputados. En concreto, en esta oportunidad –luego de la nulidad declarada por esta Alzada- se les atribuyó a ambos, Mercado Corradi y Lo Veci “ …la no realización de los pasos semiológicos, de una ecografía y una tomografía abdominal por parte de los Dres. Lo Veci y Mercado Corradi -quien además de practicar la cesárea controló la evolución de la paciente el día 25 de agosto de 2011 a las 8:00 horas- constituyen conductas médicas negligentes, imperitas y contrarias a los reglamentos y deberes a su cargo, ya que teniendo a la vista signos de una patología aguda no utilizaron los elementos diagnósticos existentes y necesarios para arribar a un diagnóstico de certeza precoz que hubiera otorgado a la paciente muchas mayores chances de vida, ocasionando esta omisión el fallecimiento de Liliana Andrea Albornoz el día 27 de agosto de 2011".
En mi opinión, se aprecia claramente que se les atribuye a ambos imputados –cada uno en el período en el que le tocó atender a Albornoz- el no haber ordenado una ecografía y tomografía abdominal que hubiera echado luz sobre el padecimiento y hubiera determinado que se tomaran las medidas adecuadas a fin de revertir el cuadro de peritonitis fecal –que finalmente, ante una advertencia tardía, le causó la muerte-. Mercado, mientras controló la evolución de la paciente en el Hospital Materno Infantil y Lo Veci, en el Hospital Central, luego de que fuera derivada en función del agravamiento de los síntomas.
A este respecto, el Sr. Defensor particular de la Dra. María Cecilia Mercado Corradi, el Dr. Christian Eduardo Carlet al interponer recurso de apelación considera que no se pueden atribuir a dos conductas distintas al mismo resultado, por cuanto a pesar de haberse llevado a cabo la conducta debida por uno de los autores el resultado de todas formas se hubiera producido por el otro nexo de determinación con la otra conducta. Sin embargo, en el caso ello no es así, pues si Mercado hubiera ordenado una ecografía y una tomografía, se habría advertido la peritonitis desde un principio y el cirujano Lo Veci hubiera intervenido quirúrgicamente inmediatamente a la paciente –y no, días después, como ocurrió-, lo cual habría elevado notablemente las posibilidades de vida de la paciente. Es decir, si Mercado hubiera llevado a cabo la conducta debida el resultado probablemente no se hubiera producido. Y si ante la omisión de Mercado, Lo Veci –luego de la primera derivación al Hospital Central-, a su turno, hubiera ordenado la tomografía y ecografía abdominal, se hubiera advertido la peritonitis fecal inmediatamente y también, se habría elevado notablemente las posibilidades de vida de la paciente. Pero ninguno de los dos lo ordenó hasta que la peritonitis estaba muy avanzada.
Se trata de un caso de culpa concurrente. Ambos son causa del resultado, violaron el debido cuidado (omitieron una técnica diagnóstica que hubiera develado la patología padecida, lo que elevaba notablemente las chances de vida de la paciente) y el riesgo que generaron indebidamente con su accionar se concretó en la muerte de la víctima. Por estos motivos, no encuentro objeciones que realizarle a la imputación fiscal.
En tercer lugar, el Dr. Carlet consideró que la prueba obrante en la causa permitiría desvincular a su defendida en el hecho pues de una simple lectura de las actuaciones surgen elementos desincriminatorios, se basa para ello en los dichos de su propia defendida que justifica su accionar en que ante la ausencia de signos de abdomen quirúrgico -corroborados por la interconsulta del cirujano Lo Veci el día anterior- no era necesario realizar la tomografía y ecografía abdominal.
Sin embargo, la ausencia de abdomen quirúrgico, es decir abdomen que requiriera una intervención quirúrgica inmediata, no implica que no estuvieran presentes ciertos signos anormales que justificaran y requirieran la realización de otras técnicas diagnósticas diferentes de las ya utilizadas. Es decir, estos signos anormales, si bien no eran indicativos de una necesidad inmediata de intervención quirúrgica, sí ponían de manifiesto la obligación de indagar más profundamente en su origen, utilizando, por otra parte, una técnica ampliamente difundida y de fácil acceso, como lo es, por lo menos, la ecografía abdominal.
Así lo concluyó el Dr. Berman, perito oficial en su dictamen de fs. 272/279 que “…no es admisible desde el punto de vista médico, es tener a la vista signos de una patología aguda y no utilizar todos los elementos diagnósticos existentes y necesarios para arribar a un diagnóstico de certeza los más precoz posible y proceder en consecuencia máxime cuando todo médico sabe que un abdomen agudo en las circunstancias que se describen, puede ser fatal en el muy corto plazo. En efecto el día 24 de agosto a la hora 18,00 se sabía que el abdomen de la paciente presentaba algunos signos anormales aunque no estaban presentes la totalidad de los signos significativos para el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico. Ese mismo día a la hora 22,30 se realiza una radiografía de abdomen de pie que no resulta definitoria por lo que se indica su derivación al servicio de cirugía del Hospital Central (fs. 38). El cirujano de guardia observa que esa misma radiografía y da algunas indicaciones terapéuticas anodinas, sin intentar la realización de estudios por imágenes que pudiera brindar mayores precisiones. De hecho todo médico cirujano sabe que una ecografía abdominal, de fácil realización para quien está especializado en su realización, ofrece numerosas y distintos datos que una radiografía simple de abdomen. Estas afirmaciones quedaron en plena evidencia con la ecografía y la tomografía abdominal, realizadas el 26 de agosto entre las horas 11,00 y 15,00 en el Hospital Central a su segundo ingreso. En estos estudios quedó en evidencia la presencia de líquido y aire invadiendo la cavidad abdominal.. Si estos estudios se hubieran realizado en la primera interconsulta quirúrgica del 24 de agosto, las posibilidades de una relaparotomía de urgencia ese mismo día le hubieran otorgado muchas mayores chances de vida a la paciente."
Por otra parte, el recurrente adujo que su defendida estaba cursando al momento de los hechos el tercer año de su residencia en obstetricia por lo que se trataba de una profesional en formación y es por eso que su conducta era supervisada por médico de planta con la especialidad. Resalta que el temperamento adoptado por ésta no fue tomado en soledad sino con la supervisión de otros profesionales que no se encuentran sometidos a proceso.
Sin embargo, la condición de residente no la exime de responsabilidad penal por actuación profesional. Los médicos residentes se encuentran cursando un posgrado (remunerado) práctico e intensivo dentro de un nosocomio, para especializarse. No son especialistas, pero son médicos matriculados que pueden incurrir, por tanto, en responsabilidades profesionales, lo que no excluye la responsabilidad concurrente de quienes supervisaron su defectuosa actuación.
Esto surge patente de la ley provincial 10471 (“Nuevo régimen para la Carrera Profesional Hospitalaria”) y su reglamentación. Dicha ley establece que el personal profesional de los hospitales públicos provinciales (como el que nos ocupa) está integrado por la “planta permanente”, la “planta temporaria” y los “concurrentes y residentes” (art. 7) y que un reglamento determinará las condiciones del “régimen de residencia” (art. 52). El decreto del Ejecutivo provincial Nº 2557 del año 2001, por su parte, estableció en su Anexo I el “Reglamento de residencias para profesionales de la salud”, según el cual “Los residentes son profesionales habilitados por los organismos de ley correspondientes y tienen todas las responsabilidades propias de su ejercicio profesional. La responsabilidad del profesional residente hacia la atención de las personas, la familia y la comunidad es intransferible” (Art. 18). Los residentes, asimismo, deben “Asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo al programa docente, realizado las mismas con toda su capacidad, dedicación, contracción al trabajo y diligencia” (art. 21.a).
Por último, el Dr. Carlet alegó que si su defendida hubiera actuado de acuerdo a lo dictaminado por el perito oficial ello no garantizaba un cien por cien la vida del paciente sino que simplemente le hubiera dado chances de vida, lo que, en su opinión, hacía atípica la conducta por ausencia de nexo de causalidad.
En el caso el perito oficial dictaminó que si estos estudios se hubieran realizado en la primera interconsulta quirúrgica del 24 de agosto, las posibilidades de una relaparotomía de urgencia ese mismo día le hubieran otorgado muchas mayores chances de vida a la paciente.
Esa significativa probabilidad satisface a mi juicio la exigencia requerida para atribuir responsabilidad penal. “... No es admisible renunciar a una sanción penal en todos los casos en que el perito médico no puede establecer con probabilidad lindante con la seguridad que el paciente habría sobrevivido en caso de haber recibido un tratamiento conforme al deber” (Conf. Werner Wachsmuth y Hans-Ludwig Schreiber, “Seguridad y Probabilidad: aspectos jurídicos y médicos (1982)”, en Causalidad, riesgo e imputación. 100 años de contribuciones críticas sobre imputación objetiva y subjetiva. Sancinetti, Marcelo A. (compilador. Bs. As., Hammurabi, 2009). Es claro que la vida de Albornoz ya estaba expuesta a un peligro desde que se hizo un corte en el intestino que, obviamente, no debía hacerse, lo que había causado una septicemia –impericia que parece estar dentro de las complicaciones comunes en una cesárea, por lo que el Sr. fiscal decidió no atribuirle responsabilidad penal por ello-. Sin embargo, la omisión de Mercado y Lo Veci contribuyó a ese peligro por cuanto de haber utilizado ciertas técnicas diagnósticas, algunas de muy fácil acceso, como lo es una simple ecografía, podrían haber revertido temporáneamente la situación; y esto, a saber, el “incremento del riesgo” (doctrina elaborada por Roxin y seguida, entre otros, por Rudolphi, Stratenwerth y Bacigalupo) resulta suficiente: no es a mi juicio necesario “que conste con seguridad que el comportamiento adecuado al deber hubiera evitado el resultado”, pues “toda contribución al peligro existente perjudica la situación del objeto de la acción” (Conf. Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, Colombia, 1994, p. 100).
La atribución de responsabilidad penal a pesar de no existir certeza absoluta en la relación causal entre el acto u omisión indebida y el resultado lesivo no vulnera el principio in dubio pro reo. El punto es desarrollado por Jescheck al señalar que la infracción al deber de cuidado torna imputable el resultado lesivo (en este caso la muerte de la paciente), cuando en forma demostrable (y la pericia médica así lo indica), existió una “considerablemente mayor puesta en peligro del objeto de la acción, porque los deberes de cuidado con el fin de impedir el resultado, tienen que ser respetados también si no es seguro que esta observancia lo lograría. El principio “in dubio pro reo” sólo interviene cuando se mantiene la duda acerca de si mediante el comportamiento contrario al cuidad se ha producido una elevación esencial del riesgo (doctrina del aumento del riesgo). La actuación peligrosa que ha llegado a ser causal para un resultado típico no puede quedar impune únicamente porque no quepa excluir con absoluta seguridad que el resultado se hubiera producido asimismo con una actuación cuidadosa” (cf. aut. cit., “Tratado de Derecho Penal – Parte General”, España / Granada, Editorial Comares, 1993, p. 532).
Resulta claro que la mala praxis consistente en no realizar las medidas que la ciencia médica imponía en la situación de autos (al menos una ecografía abdominal frente a síntomas postoperatorios cuya relevancia motivaron la interconsulta con cirugía), ha generado una elevación del riesgo que determinó la pérdida de la vida de la paciente.
De momento, nada indica que alguno de los médicos implicados en el deceso de la víctima, pueda alegar un “principio de confianza” que neutralice su culpa concurrente en el resultado lesivo. La obstetra, sin realizar medidas conducentes para establecer una más acabado diagnóstico, derivó una paciente con dolencias posoperatorias; omisión que no subsanó luego de ésta retornara a su esfera de responsabilidad, pese a que la víctima continuaba con sus dolencias y que el cirujano no hubiera realizado otras intervenciones para mejor informar un diagnóstico.
Tampoco es posible eximir a este último, pues el contexto de la derivación se daba con una persona recientemente operada, con dolencias provenientes de la zona intervenida, y no está fuera de las concretas posibilidades la existencia de una lesión intestinal por la maniobra de cesaría sufrida; no obstante lo cual, no avanzó en realizar ninguna medida específica para desechar la hipótesis que, a la sazón, fuera determinante del óbito del paciente.
Tales circunstancias torna como la hipótesis más probable, que ambos galenos hayan incurrido en conductas imprudente o negligentes, generadores del resultado muerte que se les imputa, y por tanto corresponde abrir el juicio plenario para dilucidar una acusación que, con los elementos aportados al presente, resulta fundada (art. 334, 337 y cc. CPP). Así las cosas, entiendo que debe rechazarse el recurso y confirmarse el auto apelado en todo en cuanto decide. (art. 337 en función del 157 del C.P.P., 84 del C.P.)
La Sra. Juez Celia M. Vázquez dijo:
Que adhiero al voto de mi colega preopinante el Dr. Herbel
I. DECLARAR ADMISIBLE los recursos de apelación interpuestos los sres. Defensores particulares de intervención, Dres. Christian Eduardo Carlet y Horacio Raúl Semín, por los motivos expuestos en el Considerando (arts. 337, 433, 439, 442, 443 y ccdtes. del C.P.P.).
II. No HACER LUGAR los recursos interpuestos y CONFIRMAR el auto obrante a fs. 5/16, mediante el cual el Juez de Garantías N° 4 decidió I) no hacer lugar a la nulidad deducida por el Dr. Christian Eduardo Carlet, a la que adhirió el Dr. Horacio Raúl Semin, por los motivos expuestos en el considerando primero, no hacer lugar al dictado de sobreseimiento postulado, III) elevar a juicio la presente causa seguida a los Dres. María Cecilia Mercado Corradi y Juan Jorge Lo Veci, ambos de las demás condiciones personales obrantes en autos, por resultar autores "prima facie" responsable del delito de homicidio culposo (art. 84 del código penal), por los motivos expuestos en el Considerando. (arts. 18 de la C.N. y 201, sgtes. y ccdtes., 308, 312, 335, 337 del C.P.P.)
III. Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal y a la Defensa de intervención (Conf. Art. 125 del C.P.P.) y devuélvase el incidente, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
FDO: GUSTAVO A. HERBEL – CELIA M. VÁZQUEZ
Ante Mí: GABRIELA GAMULÍN
Fin de la sentencia