Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías Penal de San Isidro · Causa 13.913
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por por la Sra. defensora oficial, Dra. Mazzone, por los motivos expuestos en el considerando.- (Arts. 168, 171 de la Const. Pcia. Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).-
II. Confirmar el auto dictado por el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Nº 7 Departamental con sede en Pilar, Dr. Walter Saettone que luce en copia a fs. 19/25 de la presente incidencia, mediante el cual se resolvió: ¨”I) CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCIÓN que cumple Maximiliano Isaias Bravo, … por considerarlo probable autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y banda y por su comisión mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, previstos y reprimidos en los arts. 167 inc 2º y 166 inc 2º del Código Penal, cometido el día 28 de diciembre de 2014, en la localidad de Pilar, en perjuicio de Myriam Valori” por los motivos expuestos en el considerando. Arts. 23 inc. 2º, 144, 157 y 158 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-
"Bravo, Maximiliano Isaias s/ incidente de apelación del auto de prisión preventiva".
C. 13913/I
San Isidro, 14 de julio de 2015.-
A fin de resolver los recursos de apelación interpuesto a fs. 71/78 por Sra. defensora oficial, Dra Graciela Mazzone, del imputado Maximiliano Isaias Bravo, contra el auto dictado por el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Nº 7 Departamental con sede en Pilar, Dr. Walter F. Saettone que luce en copia a fs. 19/25 de la presente incidencia, mediante el cual se resolvió:”I) CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCIÓN que cumple Maximiliano Isaias Bravo,… por considerarlo probable autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y banda y por su comisión mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, previstos y reprimidos en los arts. 167 inc 2º y 166 inc 2º del Código Penal, cometido el día 28 de diciembre de 2014, en la localidad de Pilar, en perjuicio de Myriam Valori.- Arts. 23 inc. 2º, 144, 157 y 158 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-“
Y
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto, y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación; en primer lugar el Dr. Oscar Roberto Quintana, en segundo término el Dr. Ernesto A. A. García Maañón.-
A continuación, los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la impugnación planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
Que los recurrentes resultan legitimados "ex lege" para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, conforme surge de las constancias del presente.
Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado con relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales impugnables mediante el recurso de apelación (art. 164 del C.P.P.).-
Ha cumplido también la defensa con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del "a quo", consignando la respectiva fundamentación a fs. 29/43.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA.- (Cfr. arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTION, EL SR JUEZ DR. GARCÍA MAAÑÓN, DIJO:
Hago propios los motivos y fundamentos esgrimidos en su voto por mi distinguido colega preopinante, Dr. Quintana, por lo que a la pregunta del epígrafe, VOTO POR LA AFIRMATIVA.- (Cfr. arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.).
A LA SEGUNDA CUESTION, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
I. Que el Sr. Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Nº 7 Departamental con sede en Pilar, Dr. Saettone mediante el auto que luce en copia a fs. 8/14 de la presente incidencia, resolvió: ”I) CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCIÓN que cumple Maximiliano Isaias Bravo, …por considerarlo probable autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y banda y por su comisión mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, previstos y reprimidos en los arts. 167 inc 2º y 166 inc 2º del Código Penal, cometido el día 28 de diciembre de 2014, en la localidad de Pilar, en perjuicio de Myriam Valori.- Arts. 23 inc. 2º, 144, 157 y 158 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-“ II.- Contra dicho pronunciamiento, interpuso recurso de apelación a fs. la defensora oficial, Dra. Mazzone, del imputado Bravo mediante los argumentos que doy por reproducidos con esta mención, sin perjuicio de destacar que, en lo sustancial, se dirigen a cuestionar la nulidad de acta de procedimiento de fs. 19/20 de la causa seguida a Bravo respecto de Infracción a la ley 23.737, donde le fue incautado el celular reconocido por la víctima como de su propiedad, siendo que tacha a tal procedimiento de nulo, ya que entiende que fue realizado de forma ilegítima, a su vez no encuentra acreditada la materialidad ni la autoría del imputado, así como los presupuestos que dieron fundamento a la medida de coerción.
Solicitó en consecuencia, se revoque el resolutorio puesto en crisis, se ordene la inmediata libertad de su asistido.
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, desde ya adelanto que a mi juicio, no habrán de tener acogida favorable las pretensiones de la defensa, por las razones que paso a exponer.
Con respecto al primer motivo de agravio destacado por la Sra. Defensora Oficial - nulidad del acta de procedimiento de donde logra incautársele el teléfono celular reconocido por la víctima-, considero que los fundamentos del mismo deben ser desechados pues entiendo que el procedimiento llevado a cabo por personal policial del comando de prevención comunitario de Pilar resulta válido, toda vez que se no se ha violado garantía constitucional alguna y se ha cumplido con lo prescripto en los artículos 293 y 294 inc. 5º de la ley de forma, es decir, los funcionarios policiales actuaron dentro del marco de su competencia cuando procedieron a la interceptación de en grupo de masculinos que se encontraban en una esquina dentro de los cuales se encontraba el imputado Bravo.
Así pues, el motivo y su fundamento fue explicado en el acta de procedimiento, requisa y detención que luce en copia dado que se desprende de una IPP distinta a la hecho aquí imputado, a fojas 9/10, al consignar "...circulando por la arteria Socrates a unos cincuenta metros delante nuestro, entre las arterias Juan XXIII e Ituzaingo, observamos la presencia de entre cuatro a seis masculinos, quienes al notar nuestra presencia comienzan a ingresar en una vivienda del lugar, razón por la cual y ante la precaución del caso solicitamos apoyo...que aceleramos nuestra marcha y logramos interceptar a uno de estos sujetos ...identificado como Bravo Maximiliano Isaias...", de esta manera encuentro motivada la intervención del personal policial para que actuara como lo hizo.
De esta manera la urgencia con que actuó el personal policial se justifica en razón de que existían palmariamente motivos previos para suponer la posible comisión de un delito, no resultando necesaria una orden judicial al respecto.
Por último, parece ilógico pensar que el personal policial que no se encuentra en el marco de un operativo de control de prevención y disuasión de delitos y faltas en general, asuma una actitud pasiva e indiferente, aún cuando en el ejercicio de su función advierta una circunstancia de sospecha tal como la aquí planteada.
Seguidamente, en razón de los fundamentos del motivo de agravio en trato, considero que la actividad desarrollada por los efectivos policiales respecto de cacheo personal de urgencia también se encuentra justificada y merituó la misma como válida, no solo por las circunstancias apuntadas precedentemente, sino también por el hecho, según los motivos expuestos en el acta de procedimiento citada precedentemente, que los policías justificaron la intromisión en una esfera intima: ¨...para determinar si poseía elemento de ilícito o que dañe el personal policial...¨. En éste punto, es oportuno traer a colación la teoría del “plain view doctrine” – descubrimiento a plena vistadesarrollada por la Corte Suprema de Estados Unidos (la doctrina fue inicialmente formulada en Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S., 443 (1971). Conforme el desarrollo de la doctrina, resultan legitimados aquéllos secuestros practicados sin la orden correspondiente, cuando los elementos se encontraren a plena vista, de modo que el personal policial se tropiece con ellos, y existan causas razonables para su incautación.
En virtud de todo lo expuesto es que debe rechazarse el primer motivo de agravio reclamado por la defensa, siendo que el acta de procedimiento el actuar de los preventores se encuentra ajustado a derecho, la requisa que la policía practico sobre Bravo fue totalmente válida y no merece cuestionamiento alguno debiendo entonces rechazar el argumento defensista en relación a este punto y darle valor probatorio en el marco de la presente.
Así entonces como tengo dicho en casos similares, y como es doctrina de esta Sala, constituyendo el acta de procedimiento un documento público que hace plena fe de lo allí asentado, el cuestionamiento sobre su contenido debe ser de acuerdo a lo prescripto en el art. 993 del Código Civil, es decir que sea argüido de falsedad por acción civil o criminal, cuestión que advierto no se ha producido en la presente. En tal inteligencia, respondiendo a los argumentos defensistas, debe tenerse en cuenta que el acta impugnada fue efectuada por personal que reviste la condición de funcionario público, que hace plena fe de los documentos públicos en los que intervenga, debiendo demostrarse su presunta parcialidad a través del procedimiento que el digesto Civil instaura para estos casos y al que me he referido precedentemente. Asimismo, la validez de convicción de dicha acta de procedimiento, como elemento probatorio, y conforme al sistema de sana crítica racional que nos rige en la apreciación de prueba, se integra con las restantes piezas probatorias.
Ahora bien, respecto al agravio relativo a la probable autoría del encartado en el hecho en trato debo señalar, como bien manifiesta el Sr. Juez de la instancia, que surgen constancias que asi lo demuestran, tales como: denuncia de la víctima Myriam Valori de fs. 1, ampliaciones testimoniales de fs. 9 y15, de donde surge que la víctima fuera interceptada por tres sujetos masculinos los cuales por medio de intimidación de arma de fuego la despojaron de sus pertenencias, cartera en la que se encontraban sus documentos dinero en efectivo y un celular marca Samsung Galaxi note 2, En cada una de estas declaraciones la Sra. Valori refiere poder reconocer a los autores del hecho. Siendo que a pocos días después del hecho recibió solicitud de amistad en la red social FB de uno de los autores, quien en la vista de su perfil y fotografías, pudo reconocerlo sin dudas, por lo que acompaño impresiones de dichas fotografías, como la información para su identificación, declaración testimonial de fs. 13 del funcionario policial Néstor Miguel Márquez, quien declara que abocado a la identificación del autor del hechos tras la información acompañada por la víctima, f logra individualizarlos en el barrio Villa Del carmen menciona que al ver la presencia policial, se encontraba molesto, pudiendo determinar el ingreso a un domicilio ubicado en la calle Juan XXIII y Socrates acta de fs. 6 donde el numerario policial Néstor Miguel Márquez en el marco de labrar un acta por actuaciones en causa de infracción de la ley 27373 reconoce a Bravo como el sujeto quien fue abocado a identificar como el autor del hecho investigado en la presente causa, fotografías de fs. 10/12 de perfil de invitación de red social FB aportadas por la víctima, fotografías de fs. 40/41 del imputadas tomadas en sede policial, acta de incautación de fs. 14 del celular en poder del Bravo, acta de procedimiento a fs. 19/20 de IPP 14-14-000159-15 por infracción a la Ley 23.737 de donde se logro la incautación del celular referido de entre las pertenencias de Bravo, acta de visu de fs. 17 y declaración testimonial de fs. 15 donde la víctima reconce el teléfono celular de mención, aportando datos característicos del mismo.
Sobre la base de los elementos de convicción señalados se calificó al hecho como constitutivo prima facie de los delitos de Robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y banda y por su comisión mediante el arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse (arts. 167 inc 2º y 166 inc 2 última parte del Código Penal). Estimo que agravio de la defensa en este punto resulta una mera discrepancia con la valoración de las pruebas, insuficiente para conmover los argumentos del resolutorio en crisis.
En efecto, claramente se advierte, que el magistrado valoró especialmente las declaraciones de la víctima, en relación no solo a la identificación del imputado sino a las características propias del celular que le fue sustraído y que es propiedad y del cual logra dar detalles específicos que dan cuenta de la propiedad del mismo, siendo que dichas declaraciones hasta aquí producidas, recabados bajo juramento de decir la verdad respecto a las personas que pudieron vivir el suceso surgen verosímiles y no existe óbice para valorar, en este contexto, a la declaración de quien resultara víctima, en efecto, así también lo ha considerado el tribunal de casación, quien manifestó lo siguiente: "La declaración de la víctima es prueba suficiente para llegar a una sentencia de condena cuando se conjuga armónicamente con el resto del plexo probal". TC0004 LP 65410 984 S 29/12/2014 Juez NATIELLO (SD) Carátula: Rojas, Alejandro Manuel s/ Recurso de Casación Magistrados Votantes: Natiello-Kohan Tribunal Origen: TR0700SM.
De tal forma, toda vez que la defensa no ha logrado desvirtuar la valoración de sendos elementos de convicción indicados por el a quo para fundar su resolución, entiendo que debe rechazarse este tramo del recurso. Por otra parte, cuestionó la Sra. Defensora los fundamentos de la resolución que le dieron sustento a la medida de coerción.
Sostuvo a tal fin, que el magistrado a quo motivó el dictado de la prisión preventiva, únicamente en la escala penal de los delitos enrostrados a Bravo, y que han introducido como peligro de fuga la aptitud asumida por el imputado contra la víctima, en relación al pedido de amistad de FB producido dias después del hecho ilícito, como asi también los dichos que la víctima le habría referido a personal policial femenino sobre que durante el momento del hecho fue manoseada en sus partes íntimas por el imputado.
Asi las cosas, debe decir, que si bien el principio rector es la libertad del imputado durante la sustanciación del proceso, es sabido que dicho derecho constitucional cede ante la necesidad de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley material (art. 144 del C.P.P.). Es por ello que para sustentar la procedencia del encarcelamiento preventivo, corresponde analizar la normativa aplicable al caso.
Destaco, en principio, lo normado por el inc. 4° del art. 157 del C.P.P. (según ley 13449), que impone como requisito para la conversión de la detención en prisión preventiva, que concurran los presupuestos establecidos en el art. 171 para denegar la excarcelación.
En tal sentido, en su redacción -conforme Ley 13.449- el artículo 171 del Código Procesal Penal establece: "En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el art. 148."
A su vez el artículo 148 del Código de rito establece que, para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento, podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Dicha norma guarda estrecha relación con lo establecido en los artículos 7.5 de la CADH y 9.3 del PIDCyP, que subordinan la libertad durante el proceso, a garantías que aseguren la comparecencia del acusado al mismo; asimismo el articulo 21 de la Constitución provincial establece que deberá atenderse a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, a fin de acordar la libertad provisional. En esta misma dirección se ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 2/97 considerando que dichos parámetros resultan suficientes para evaluar la existencia de peligros procesales.-
Sentado ello, corresponde analizar la situación procesal del causante, en tanto la cuestión que plantea la defensa se ciñe a la acreditación, o no, de riesgos procesales.
Ahora bien, entiendo que resultan desacertados los agravios de la defensa en este punto, en el caso de marras y en relación al peligro de fuga merituado especialmente sobre la pena que se espera como resultado del procedimiento - conforme artículo 148 inciso 2do - teniendo en cuenta la penalidad prevista para la figura penal adoptada en la presente,- robo calificado por ser en poblado y en banda-, si bien por el mínimo de pena establecido para el delito por el cual viene imputado Bravo, parte de un mínimo de tres años y podría corresponder la aplicación de una condena de ejecución condicional, se advierte que podría alejarse de ese mínimo dadas las características del hecho. En este sentido encuentro acertadas las palabras del a quo en referencia a la gravedad del hecho, circunstancias que permiten ser consideradas a la luz de lo que dispone el art. 148 del rito, en concreto, respecto al sub examine tengo en cuenta que el imputado junto a otros sujetos se aprovecharon de la indefensión de la víctima que se encontraba sola en la vía pública para lograr de modo violento el desapoderamiento.-
Con relación a los agravios defensistas respecto a la consideración que el magistrado garante realiza sobre la declaración de un efectivo que dice haber escuchado de una compañera, también oficial de policía, que la víctima refirió haber sido manoseada por el imputado durante el hecho, entiendo que no existe obstáculo alguno en realizar esta valoración a los fines de tomar noción circunstancial del suceso.
Estos son elementos necesarios que el juez debe analizar para "...merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho...", es por ello que resulta plenamente hábil la declaración de un efectivo policial, que en el pleno ejercicio de su función, declara bajo juramento de decir la verdad, lo que pudo oír sobre el suceso vivido por la víctima, puesto en palabras por una mujer policía, a quien por razones que no en necesario reproducir aquí, la víctima pudo haber relatado.-
Por último, tengo en cuenta además que esta declaración fue solo receptada a los fines de satisfacer esta exigencia de analizar provisoriamente el hecho para determinar su gravedad y con ello los peligros de fuga y entorpecimiento del proceso, pero no ha sido este testimonio la raíz de una nueva imputación por un ilícito de los descriptos bajo el título " delitos contra la integridad sexual" en concurso con el de robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y banda y por su comisión mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, de manera tal que, al efecto de entender las circunstancias que rodearon el caso, su contexto, esta consideración es plenamente válida.
Finalmente, también encuentro acertado el análisis que el a quo realiza sobre la invitación que el imputado efectuó a la víctima tiempo después en la red social, en efecto, claramente puede ello ser tomado como un indicio de entorpecimiento en la averiguación de la verdad intimidando a la víctima. Todo ello lleva a concluir que en el caso de recaer sentencia condenatoria en la presente, la misma no podrá ser de ejecución condicional (art. 26 a contrario del C.P.)
En consecuencia, verificándose la existencia de peligro procesal, el que por el momento no puede ser neutralizado por una medida menos gravosa para el imputado, es que corresponde confirmar el auto apelado de fs.19/25, que resuelve convertir en prisión preventiva la detención de Bravo.- (Cfr. arts. 144 “a contrario sensu”, 146, 148 inc. 1º, 157, 439 y sgtes. del C.P.P.). Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde me expida respecto a la calificación legal escogida por el ¨a quo¨de la cual se ha agraviado la defensa, como ya lo vengo sosteniendo en causas 6585, 7803, entre otras, respecto al hecho que se le imputa a Bravo, media lo que la doctrina y jurisprudencia han sabido llamar ¨concurso aparente de normas penales ¨.
Así, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia no existe uniformidad con respecto a los principios relacionales típicos que proponen poner fin al problema del denominado concurso aparente, puesto que los autores han propuesto diferentes criterios de clasificación los cuales en honor a la brevedad no he de señalar. Empero haré mención al criterio que comprendo sería acertado aplicar al caso de marras.
Así, cuando se relacionan dos o más tipos, uno de ellos excluye al otro en función del principio de especialidad si abarca las misma características que el otro, agregando además, alguna otra nota complementaria que toma en cuenta otro punto de vista en cuanto a la lesividad. (Eugenio Raúl Zaffaroni “Alejandro Alagia“ Alejandro Slokar, Derecho Penal Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 832) lo que indica que el tipo del Robo con la calificante de haber sido cometido con arma de fuego, resulta ser de mayor lesividad “ aún sin tener en cuenta la escala penal que le corresponde - que el tipo del robo cometido con la calificante del art. 167 inc. 2° “ cuando se perpetrare en poblado y en banda -, ello toda vez que, la utilización de un arma de fuego, sin perjuicio de la característica especial de la diminuente, posee además de mayor poder vulnerante, mayor especificidad que la calificatoria de en poblado y en banda, puesto que la comisión mediante la utilización de un arma de fuego actúa directamente sobre el tipo principal, cuando la calificante de en poblado y en banda actúa desde otro lugar, originándose en las circunstancias de modo del hecho delictivo, por lo que en definitiva correspondería calificar a los hechos endilgado a Bravo como "prima facie" constitutivos del delito de Robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse (arts. 166 inc. 2°, último párrafo del C.P.). A su vez cabe hacer notar, que corresponde tener a la utilización del arma de fuego como calificante del tipo penal principal y a la comisión por medio de banda -para el caso de tenerla acreditada- como agravante en los términos de los arts. 40 y 41 del CP; toda vez que lo inverso, es decir tener a la comisión en banda como calificante del tipo principal, y pretender la utilización del arma de fuego como agravante para la dosificación de la pena, deviene contrario a toda lógica, además de irrazonable y vulneratorio de preceptos legales.
De otra parte, el transcurso del tiempo no ha modificado las condiciones de peligro procesal verificadas, toda vez que el encartado se encuentra detenido desde el 13 de abril de 2015.
Por todo ello, considero que, por el momento, la medida de coerción impuesta a Bravo, es el único medio idóneo a fin de asegurar su presencia en las oportunidades procesales que lo ameriten, resultando proporcional a fin de neutralizar los peligros procesales evidenciados ut supra.
En consecuencia, propongo al acuerdo CONFIRMAR el auto que viene apelado, en todo en cuanto fuera materia de agravio, y mediante el cual se resolvió: ”I) CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCIÓN que cumple Maximiliano Isaias Bravo, … por considerarlo probable autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y banda y por su comisión mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, previstos y reprimidos en los arts. 167 inc 2º y 166 inc 2º del Código Penal, cometido el día 28 de diciembre de 2014, en la localidad de Pilar, en perjuicio de Myriam Valori.- Arts. 23 inc. 2º, 144, 157 y 158 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ASI LO VOTO (arts. 144 "a contrario sensu", 146, 148, 157, 158, 210, 439 y sgtes. del C.P.P., 26 a contrario, del C.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). .-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ, DR. GARCÍA MAAÑÓN, DIJO:
Hago propios los motivos y fundamentos esgrimidos en su voto por mi colega preopinante, Dr. Quintana, ASI LO VOTO. (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.)
Por ello, el Tribunal;
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por por la Sra. defensora oficial, Dra. Mazzone, por los motivos expuestos en el considerando.- (Arts. 168, 171 de la Const. Pcia. Bs. As. y 106, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.).-
II. CONFIRMAR el auto dictado por el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías Nº 7 Departamental con sede en Pilar, Dr. Walter Saettone que luce en copia a fs. 19/25 de la presente incidencia, mediante el cual se resolvió: ¨”I) CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCIÓN que cumple Maximiliano Isaias Bravo, … por considerarlo probable autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por ser cometido en lugar poblado y banda y por su comisión mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, previstos y reprimidos en los arts. 167 inc 2º y 166 inc 2º del Código Penal, cometido el día 28 de diciembre de 2014, en la localidad de Pilar, en perjuicio de Myriam Valori” por los motivos expuestos en el considerando. Arts. 23 inc. 2º, 144, 157 y 158 del C.P.P. y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-
Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General y devuélvase a la instancia de origen, encomendando a su Secretario efectuar de conformidad al Acuerdo Extraordinario Nro. 693 de esta Alzada las notificaciones que estime pertinentes, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
FDO: OSCAR R. QUINTANA- ERNESTO A. A. GARCÍA MAAÑON
Ante mí: BERNARDO HERMIDA LOZANO
Fin de la sentencia