Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías Sala I de Bahía Blanca · Causa 19.386
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto a fs. 277/279 vta., y declarar "prima facie" la extinción de la acción penal por prescripción respecto del HECHO III intimado oportunamente, supeditando la definitividad del pronunciamiento a este respecto, a lo que en definitiva informe el Registro Nacional de Reincidencia que deberá agregar el Juez de la instancia, y que de no hacer saber actos interruptivos, convertirá a este "dictum" en definitivo. (arts. 334, 337, 421, 439 del C.P.P., artículo 62 inc. 2do. y 119 1er, y 3er. párrafo del C.P.).
Notificar electrónicamente al Defensor Particular, al procesado y a la Fiscalía General. Anotíciese a la víctima lo resuelto.
Hecho, devolver a la instancia de origen, donde deberá proseguirse con el trámite.
Expediente nro. diecinueve mil trescientos ochenta y seis Número de Orden:_____ Libro de interlocutorias nº____ En la ciudad de Bahía Blanca, habiendo deliberado (en los términos de las Resoluciones y Acordadas de la S.C.B.A. Nº 480/20, Nº 535/20 y Nº 558/20, en su parte pertinente conf. Res. Nº 593/20) los Sres. Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Gustavo Ángel Barbieri, Pablo Hernán Soumoulou y Guillermo Emir Rodriguez, para dictar resolución en la causa I.P.P. n° 19.386/I seguida a "G. s/Abuso sexual artículo 119 parr 1° (reiterados), abuso sexual con acceso carnal artículo 119 parr 3° (reiterados), abuso sexual gravemente ultrajante art 119 parr 2°" y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 12060), resultó que la votación debe tener lugar en este orden Barbieri, Soumoulou y Rodriguez, resolviendo plantear y votar las siguientes:
1. ¿ Es justa la resolución recurrida?
2. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DR. BARBIERI, DICE: El Sr. Defensor particular -Dr. Daniel Iván Delgiorgio-, interpuso recurso de apelación a fs. 277/279 y vta. contra la resolución dictada en fecha 7 de septiembre de 2020 por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial Bahía Blanca con sede en Tres Arroyos -Dra. Verónica Vidal-, mediante la cual no se hizo lugar al pedido de sobreseimiento parcial en los términos del artículo 323 inc. 1ero. del C.P.P.B.A. -extinción de la acción penal por prescripción- del imputado G. por el acontecer identificado por el Ministerio Público Fiscal como HECHO III-) y del cual resultara víctima la Sra. D..
Sostuvo -previo a transcribir los apartados del resolutorio puesto en crisis que entendía pertinentes- "...el a-quo ha efectuado una interpretación más amplia de las convenciones 'ut supra' mencionadas, al punto tal de convertir el hecho en pugna (hecho III) en un hecho imprescriptible, casi equiparable con un delito de 'lesa humanidad'..."
Entendió el recurrente que se encontraban mal aplicadas las convenciones internacionales invocadas, como así también la jerarquía que se atribuye a las mismas por sobre la Constitución Nacional, señalando que "...deberemos analizar el presente pura y exclusivamente desde la óptica de la aplicación de las Convenciones Internacionales conforme lo delimita el Derecho Internacional Público...".
Para ello, invocó en primer lugar lo establecido por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en la que en los arts. 8 inc. 1ero. y 9 -que transcribese hace eco del principio de legalidad. Sostuvo que "...aquí no nos encontramos ante un hecho que al momento de su presunta comisión no era considerado delito, por contrario si lo era, solo que las disposiciones del Código Penal establecían otros mecanismos a la hora de computar la prescripción de dicho hecho, lo que resulta patente con lo mencionado en el artículo 8 inc. 1 de la mentada convención en cuanto se refiere a un 'plazo razonable'...".
Entendió que "...no resulta lógico ni acertado que V.E. se inmiscuya en los pormenores del hecho (que solo vienen objetivados por el relato de la víctima) para justificar que esta no tuvo ni pudo hacer la denuncia con anterioridad -en algunos pasajes se lee por temor a su propio progenitor-, es decir, a la víctima no se le negó la tutela judicial ni el acceso a la justicia, y esta defensa tampoco pretende caer sobre la víctima respecto de estas cuestiones, pero más allá de esas consideraciones, la realidad es que tuvo 12 años (término de prescripción), para hacer valer los derechos que las convenciones internacionales y el ordenamiento interno le confieren en su calidad de 'presunta víctima'...".
Apuntó el recurrente que en el caso "...no hay un conflicto de disposiciones legales en torno a esta cuestión, sino que ambas se mantienen incólumes en torno al hecho en pugna. Por un lado el principio de legalidad y por otro el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva y el principio 'pro homine', el error (y agravio) está en la aplicación discrecional del Estado -en este caso del a-quo-, al hacer valer uno por sobre el otro cuando no hay un fundamento para ello...".
Señaló que de aceptarse este tipo de resoluciones no se le pondría ningún tipo de límite al poder punitivo estatal, lo que constituye la finalidad de la extinción de la acción penal por prescripción.
Insiste que en el caso, no solo ese se encuentran en pugna Convenciones Internacionales con el principio de legalidad que encuentra cobijado en el artículo 18 de la Carta Magna, sino que es ese mismo del que -también- se hace eco la Convención de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entendiendo que en el caso "...el a-quo derechamente le ha dado más valor a la Convención de los Derechos del Niño que a otras Convenciones internacionales que se encuentran TODAS EN LA MISMA JERARQUÍA CONSTITUCIONAL..." y que "...en ningún caso, en ningún artículo de la Convención de los Derechos del Niño dice que los delitos cometidos contra un niño gozarían de "imprescriptibilidad"...".
Respecto de esta última, sostiene -previa cita de lo expuesto por el Máximo Tribunal de la Nación en el precedente "Videla"- que "...conforme el razonamiento propio de la Corte Suprema de Justicia al analizar uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos, que los delitos considerados imprescriptibles se encuentran taxativamente enumerados, es decir incluso existen pactos internacionales que así los declaran...". Concluye su remedio procesal, afirmando -en relación a lo resuelto por la Magistrada de Grado de que "...el presente caso no puede conllevar el castigo de la prescripción por inactividad procesal, cuando la propia víctima se vio impedida de realizar la denuncia correspondiente fruto de las amenazas y violencia sexual recibida a lo largo de su vida..."- afirmando que la prescripción no es un castigo, sino que debe incluso declararse de oficio por la autoridad judicial, siendo que en el caso "...la víctima nunca se encontró impedida de realizar la denuncia, contrario sería estar ante un caso de responsabilidad estatal por inactividad, o que las autoridades no hayan recibido la denuncia de la víctima... nada impidió que la damnificada haga su denuncia y ahora, nada impide que se declare la prescripción de la acción conforme lo dictamina el principio de legalidad y los tratados internacionales analizados en el presente".
Formula reserva de caso federal.
Delineados así los motivos de agravio esbozados por el recurrente, me adentraré en el análisis de la cuestión traída a resolver.
Comienzo por señalar que el hecho respecto del cual el recurrente solicita la declaración de extinción de la acción penal por prescripción, tuvo lugar -conforme la imputación efectuada por el Ministerio Público Fiscal- en el período comprendido entre el año 1996 y el año 1999, durante el cual -como bien sostiene el impugnante- se encontraba vigente el artículo 67 del C.P. en su anterior redacción, conforme al cual, el plazo de prescripción no tenía prevista una causal de suspensión específica para el tipo de delitos aquí endilgados (como sí en la actualidad).
En razón de ello, el aquí recurrente centra su agravio en que la aplicación retroactiva del nuevo texto del artículo 67 del C.P. -que resultaría más gravoso para el imputado- vulnera el principio de legalidad contemplado en el artículo 18 de la C.N. y también en la C.A.D.H. y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que también gozan de jerarquía constitucional-, produciéndose así -a su entender- una colisión de principios fundamentales con la tutela judicial efectiva y el interés superior del niño que, arbitrariamente, habría sido resuelto por la Magistrada de la instancia en desmedro del imputado.
En relación a ello, he de señalar que considero errado el razonamiento del recurrente en torno al análisis que realiza respecto del conflicto de principios fundamentales que denuncia.
Digo ello, por cuanto -como bien reconoce el propio letrado- el caso de marras no constituye la incriminación de una conducta que con anterioridad no constituía una hipótesis conflictiva para la ley penal -"nullum crimen sine lege"- y sobre el que se asienta el principio de legalidad en sentido estricto, sino ante una disposición legal prevista en el código penal que posee contenido procedimental, como es el instituto de la extinción de la acción penal por prescripción. Si bien dicha norma integra el Código de Fondo, no posee un carácter eminentemente sustantivo, sino que adquiere virtualidad sobre el proceso penal, regulando condiciones de procedibilidad de la acción penal y fijando las condiciones en que ha de producirse -eventualmente-, su extinción por el plazo del tiempo; siendo en definitiva, uno de sus fundamentos el garantizar al justiciable la sujeción a proceso durante un plazo razonable.
Las características particulares de la regla cuya aplicación cuestiona el recurrente, y que he remarcado precedentemente, resulta de relevancia al momento de efectuar una ponderación de los principios en pugna, y constituye una razón para sostener que el conflicto normativo no posee la entidad que se invoca, puesto que no nos encontramos ante la aplicación retroactiva de un delito penal a una conducta cronológicamente anterior que no estaba prevista como tal - que es la situación que vedaría el principio de legalidad entendido como "nullum crimen sine lege"-, sino ante la aplicación de una norma que -con posterioridad a los hechos- ha alterado la condiciones de procedibilidad de la acción penal, por conductas que ya eran delito al momento de cometerse, y desde la primer redacción del Código Penal, cuyo disvalor social era absolutamente indiscutido, y que ya confrontaba diversas normas de jerarquía constitucional al momento de cometerse los actos aquí juzgados.
Así, y ante las características singulares de la tensión normativa señalada, que se presenta entre aplicabilidad de la disposición legislativa que impediría la procedencia de la acción penal y el deber de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los objetivos impuestos por normas de derecho internacional a las que se ha comprometido el estado nacional -plasmados en la Convención de los Derechos del Niño (que goza de jerarquía constitucional) y en la Convención de Belém do Pará-; entiendo que corresponde otorgar preeminencia a la solución que se deriva de un estricto acatamiento de las normativas internacionales citadas, en tanto considero que su prevalencia -y la aplicación de acuerdo a su texto actual- resulta un medio idóneo y necesario, en pos de asegurar el resguardo a la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia y el interés superior del niño, que revisten -en el caso- un peso mayor que aquel que podría asignarse al derecho del acusado a que se preserven las condiciones de extinción de la acción penal previstas en el texto del artículo 67, según la redacción que tenía al momento de los hechos, y sin que ello implique una aplicación retroactiva de una ley sustantiva de materia penal.
A su vez, y con mayor razón se presenta como adecuada la solución que he propuesto, si se tiene en cuenta que la norma a la que se intenta dar preeminencia en la hipótesis de la defensa, según el texto legal vigente cuando habrían ocurrido los hechos investigados, contrariaba ya -en ese momento- normas de raigambre constitucional y obligaciones convencionalmente asumidas, lo que merma - también- el peso que podría adjudicársele a esa disposición en el marco de la - alegada- colisión constitucional.
Digo ello, por cuanto en aquel período de tiempo en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación, tenía plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, la Convención sobre los Derechos del Niño (suscripta el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por ley N° 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990 y promulgada el 16 de octubre de 1990) y la Convención de Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (suscripta el 09 de junio de 1994 y aprobada por ley N° 24.632, sancionada el 13 de marzo de 1996 y promulgada el 1 de Abril de 1996).
Estos instrumentos contaban desde su promulgación con jerarquía normativa superior al C.P. a la vez que el primero de ellos, a partir de la reforma operada en el año 1994, adquirió jerarquía constitucional a través de su incorporación al artículo 75 inc. 22 de la C.N.
Ambos instrumentos de carácter internacional, señalaron la obligación del estado nacional de garantizar la tutela efectiva y el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes y de aquellas personas que integran los grupos de mayor vulnerabilidad. Condición que resulta aplicable a la aquí víctima D., quien en el período en el cual tuvo lugar el hecho materia de imputación, era una niña que tenía entre 8 y 11 años.
Así, la Convención de los Derechos del Niño dispone en su artículo 19 que "...1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial..." (los destacados me pertenecen). A su turno, la Convención Belem do Pará establece en su artículo 7 que "...Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente... c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos...". Es decir que desde el momento mismo de la ratificación de aquellos acuerdos y por aplicación del principio "pacta sunt servanda" -según el cual los pactos deben cumplirse- y lo dispuesto en el artículo 1ero. de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales, aquellas normas convencionales tenían plena vigencia y ninguna norma de derecho interno podía válidamente contrariar lo dispuesto por aquellos tratados internacionales.
En razón de ello no puedo más que concluir que ya desde ese momento, el artículo 67 del C.P. -en su anterior redacción- contraponía las obligaciones que imponían las convenciones internacionales por entonces vigentes e implicaba la colisión de una ley con previsiones constitucionales, lo que impactaba en la validez de la norma y condicionaba su aplicabilidad. Dicha tesitura se ve reafirmada por las posteriores modificaciones que fueran efectuadas al texto del artículo 67 del C.P. a través del dictado de las leyes 26.705 (año 2011) y 27.206 (año 2015), en cuyas exposiciones de motivos que acompañaron a ambos proyectos, los legisladores nacionales manifestaron la imperiosa y urgente necesidad de adecuar la normativa interna a la normativa convencional vigente, para así cumplimentar con las obligaciones estatales asumidas por la Nación Argentina al suscribir aquellos tratados. Agrego a ello que estas obligaciones han sido reafirmadas -si bien con otro alcance- por nuestro máximo tribunal en el precedente "Góngora".
En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Bulacio vs. Argentina" en sentencia del 18 de diciembre de 2003 ha considerado respecto a la extinción de la acción penal por prescripción que: "...son inadmisibles las disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos...". Y el mismo Tribunal en el marco de la caso "V.R.P., y otros vs. Nicaragua", ha señalado que "...Por otra parte, la Corte recuerda que, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará... La Corte ya resaltó la especial vulnerabilidad de las niñas a la violencia sexual, especialmente en la esfera familiar, así como los obstáculos y factores que pueden afrontar en su búsqueda de justicia (supra párr. 156). En este caso, dicha violencia fue ejercida por un particular. No obstante, ello no exime al Estado de responsabilidad ya que se encontraba llamado a adoptar políticas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tomando particularmente en cuenta los casos en que la mujer sea menor de 18 años de edad.
La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra la mujer propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra la mujer puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia..." (los destacados me pertenecen).
Así las cosas, entiendo que la demora del estado nacional en adecuar la legislación interna cuyo texto -a esa altura- confrontaba mandatos constitucionales y se contraponía a obligaciones internacionales convencionalmente asumidas, de ningún modo pueden significar para la entonces niña -hoy mujer adulta- víctima de abuso sexual, la imposibilidad de ejercer plenamente su derecho a obtener un pronunciamiento judicial en relación a aquel hecho (ver las enseñanazas vertidas por el -recordado- Dr. Juan Carlos Hitters en "Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Influencia de los tratados en el derecho interno. Responsabilidad de los Jueces", impreso en imprenta de S.C.J.B.A., edición año 2009).
La tutela judicial efectiva juega en favor de la solución que propugno, y que ha sido reafirmada en numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concepto reforzado por las "Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad". Y en ese sentido lo viene resolviendo la C.I.D.H. donde en el conocido caso "González y otras ("Campo Algodonero") vs. México" del 16/11/2009 estableció la responsabilidad estatal por haber incumplido garantías (deber de prevención) sobre grupos vulnerables y ampliándose las obligaciones, frente a crímenes o delitos cometidos por particulares (máxime desde el momento que allí se reconoce que la generación de impunidad de estos hechos, generan su posible repetición al enviar un mensaje de que la "violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir). Lo contrario conlleva responsabilidad internacional por violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, arts. 8.1 y 25.1 de la C.A.D.H. y 7 b. y 7 c. de la Convención de Belém do Pará. Recuerdo que en este fallo entre las Reparaciones que la Corte ordenó se puede leer: "...i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repteción de hechos iguales o análogos...", esa manda es la que siento que estoy cumpliendo con la propuesta que efectúo.
Y en el mismo sentido podemos observar la actuación del Comité de Cedaw (órgano encargado del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), toda vez que en las Recomendaciones Generales se sientan pautas hermenéuticas, y en particular en la número 12 (muchos años antes del hecho que aquí se pretende prescribir) explicitó que los arts. 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convención obligan a los Estados Partes a proteger -en lo que aquí interesa- a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia. Y ello no se limita a los actos estatales, sino que a partir de lo previsto en el inciso e) del artículo 2 de la Convención, ese compromiso en búsqueda de elminación de discriminación contra la mujer abarca actos de "cualesquiera personas". Para finalizar, he de referirme a la expresado por el recurrente en relación a que, por aquel entonces y al momento de los hechos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia –D.- estaba debidamente resguardada y que "...la víctima nunca se encontró impedida de realizar la denuncia, contrario sería estar ante un caso de responsabilidad estatal por inactividad, o que las autoridades no hayan recibido la denuncia de la víctima... nada impidió que la damnificada haga su denuncia y ahora, nada impide que se declare la prescripción de la acción conforme lo dictamina el principio de legalidad y los tratados internacionales analizados en el presente". Al respecto, debo señalar que el análisis de lo actuado durante la etapa de investigación, me llevan a concluír lo contrario.
Digo eso, por cuanto no puedo dejar de preguntarme cómo esa niña de entre 8 y 11 años a quien su abusador la amenazó con matar a su padre si contaba lo ocurrido (cfr. declaración de la propia víctima a fs. 18/19 vta.), podría -con sus escasos recursos cognitivos, psicológicos y afectivos- haber hecho efectivo su derecho a la tutela judicial.
Más aún cuando ni siquiera lo pudo hacer años después, una vez que se animó a contar a su madre lo ocurrido. De hecho ésta última -Sra. M.- al momento de prestar declaración testimonial, señaló (a fs. 44/45) que cuando su hija le contó - entre el año 2016 y 2017- lo que le había ocurrido a manos del aquí imputado cuando aquella era pequeña, no tomaron ninguna determinación al respecto porque "...pensábamos que ya era tarde para hacer algo, o para que se pudieran probar esos hechos y que a G. lo metieran preso..."; sin dudar la sombra de la prescripción ya estaba en la mente de la sorprendida madre, quien tampoco tuvo datos oportunos para efectuar esa denuncia.
Y respecto de ésto, me permito citar aquí el voto del Sr. Juez de la Cámara Federal de Casación Penal (sala II), Dr. Carlos Mahiques, en el marco de la causa "Tocci, César Jesús del 4 de diciembre de 2017 (CCC 14888/2007/2/CFC1, Reg. n° 1620/17) y que fuera reproducido por el Dr. Pablo Jantus al momento de expedirse en el marco de la cuasa "F, N s/violación de menor de 12 años" (CCC 38644/2015/CNC1) en atención a que "...los hechos de abuso sexual constituyen una experiencia significativamente traumática para los niños que frecuentemente incluyen mecanismos psicológicos defensivos que se desarrollan en diferentes etapas: secreto, indefensión, acomodación y trampa, revelación diferida, contradictoria y poco convincente, retractación. Siempre será una forma más de victimización de la infancia, con secuelas similares a las generadas en casos de maltrato físico o abandono (Summit, R. C., Child sexual abuse accomodation syndrome, en Child Abuse & Neglect Vol 7, Pergamon Press Ltd, usa, 1983, p. 177 a 193), pues generan una importante confusión en la víctima, quien experimenta sentimientos de culpa, de auto recriminación, violencia física, psíquica o psicológica...".
Esas consecuencias sobre la persona de la aquí víctima han sido relevadas en la pericia psicológica que le fuera realizada a la señora D. (fs. 123/124), donde la profesional señala que "...del relato de D. surge un importante malestar al relatar los hechos" y que "D. alude a que recién este año en un tratamiento psicológico que realizó pudo hablar de lo que le habría ocurrido y tomar fuerzas para acompañar a sus hermanas y sobrinas en la denuncia...".
Lo cierto es que, en este escenario el Estado no pudo hacer efectivos los derechos de la víctima, no por desinterés en la persecución y castigo de un ilícito de esa naturaleza, sino porque "desconocía su existencia" a partir de la menor edad que tenía la víctima por entonces, quien no pudo ni supo -siquiera mucho tiempo después- exteriorizar el abuso que le fuera perpetrado y abogar, en consecuencia, por el legítimo ejercicio de sus derechos.
Así, mientras la víctima padecía en silencio los abusos que le dirigía G. (según la imputación cursada y con el grado de conocimiento que la etapa requiere) y las secuelas que éstos dejaron en su persona, el imputado continuó su vida sin sujeción a proceso alguno, amparado por la impunidad que le garantizaban sus amenazas, al punto tal que le habrían permitido perpetrar nuevos hechos de abuso sexual en relación a otras víctimas, los que son objeto de investigación en este mismo proceso.
Por ello, comparto lo señalado por el Juez Mahiques en el precedente citado párrafos anteriores, respecto de que "...Esta circunstancia resulta relevante y corresponde que sea tenida en cuenta a la hora de balancear los derechos esenciales en juego. No puede ser ajeno al análisis de esta causa que mientras la víctima, desde muy corta edad, dijo haber sido gravemente afectada en sus derechos humanos fundamentales (tales como la integridad física, psíquica y moral; a la salud; a la dignidad; y a la autodeterminación) por los abusos sexuales que habría sufrido, el imputado nunca se vio privado de ninguno de los derechos que una persecución penal podría haberle acarreado..." y que "...de acuerdo al significado otorgado por la doctrina judicial de los diferentes tribunales mencionados a la garantía de plazo razonable, difícilmente podría afirmarse que ésta se haya visto vulnerada por la denuncia penal o la investigación llevada a cabo en este proceso. Al menos, el imputado no se vio afectado en ninguno de sus derechos por persecución penal alguna previo a que prescribiera la acción penal por los delitos que se le atribuyeron en perjuicio de la menor denunciante...". Varios de los conceptos aquí vertidos han sido referenciados también por la Cámara de Apelaciones y Gtías. en lo Penal de la ciudad de Junín en autos "Miguel s/ recurso de apelación" de fecha 8/9/2020 y por la Sala IV del Dpto. Judicial La Plata en causa 30.180 del /73/2019.
Respondo entonces por la afirmativa.
A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE: Voy a disentir con el enjundioso voto del colega preopinante.
Conforme mi criterio sostenido en la causa 18059 de trámite por ante esta Alzada, la prescripción de la acción peticionada debe ser acogida favorablemente.
Así, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que "... a la luz de la normativa vigente en oportunidad de cometerse el ilícito, reitero, no resulta posible aplicar una disposición de la ley -26.705- que en cuanto modifica el hito de inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal del delito en trato, establece un parámetro desventajoso a quien se refiere cometiendo el hecho con anterioridad a la fecha de su vigencia. De aplicar la normativa indicada por el a quo -por fuera de las valorables intenciones expuestas- se estaría violando el principio de aplicación de la ley penal más benigna, con lesión del principio de legalidad en la medida en que mediante ley posterior se suspende el inicio del cómputo de la prescripción..." Sala II, Causa 72.743caratulada "Molina, Sergio Omar s/ recurso de casación", de fecha 2/6/16.
Las leyes 26.705 (B.O. 05/10/2011) y 27206 (BO. 10/11/2015), han introducido en el artículo 67 del Código Penal nuevas causales de suspensión del inicio del curso de la prescripción de acción para los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 -in fine, 130 -párrafo 2do. y 3ero., 145 bis y ter, pero su entrada en vigencia ha sido con posterioridad a la comisión del hecho, y de aplicarse constituiría un ley penal más gravosa para el imputado, que vulneraría el principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado respecto del mencionado principio que comprende “...la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor –leyes „ex post facto? que impliquen empeorar las condiciones de los encausados...”, y que “...el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de „ley penal?, desde que éste comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de la pretensión punitiva...” (Fallos: 287:76, considerandos 5°. 6° y 7°).
La prescripción de la acción penal resulta de orden público y se produce de pleno derecho, por el mero transcurso del plazo pertinente, por lo que debe ser declarada, aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, si se dan los presupuestos legales que imponen su declaración (conf. C.S.J.N., Fallos: 186:289, 311:2205, considerando 9º; 301:339; L.10.XXXVII, "L. B. s/art. 71", rta. 18/09/2001. Asimismo, S.C.B.A., P.65.877,"V. , G. J. s/lesiones culposas", rta. 29/9/98; P.58.026, "A. , M. Á. s/homicidio en riña", rta. 15/12/98; P.59.800, "L. H. E. s/lesiones graves", rta. 31/5/00). Por tal motivo, su tratamiento reviste una precedencia lógica por sobre cualquier otra cuestión de índole tanto sustantiva como procesal (conf. C.S.J.N., Fallos 186:396, 477; W.18XXXVII, "W. , A. L. y M. , L. S. s/defraudación reiterada Tres Lomas", rta. 23/10/2001).
La regulación del instituto de la prescripción de la acción penal, tiene fundamento en razones de utilidad pública tendientes a otorgar estabilidad y seguridad jurídica a los justiciables, alejando la idea de incertidumbre generada por la prolongación de los procesos a que se encuentran sometidos, y también, en el deterioro pensable en el interés estatal por la persecución. Así el Estado, como titular del poder de acción, se autoimpone un límite, a fin de resguardar los intereses antes mencionados, renunciando, luego de transcurrido el lapso legalmente prescripto, a la potestad punitiva, haciendo desaparecer, de tal modo, la incertidumbre que pesaba sobre quien se encuentra a la espera de un pronunciamiento judicial.
Ello así, la pena con que se reprime el delito enumerado como Hecho III se encuentra extinguido por el paso del tiempo, sin actos que lo hayan interrumpido válidamente.
Así, a la fecha, el término máximo para la prescripción de la pena por el delito en cuestión -art. 62 inciso 2do. del Código Penal- se encuentra cumplido, debiéndose en consecuencia decretar "prima facie" la prescripción de dicha acción, supeditando la definitividad del pronunciamiento a este respecto, a lo que en definitiva informe el Registro Nacional de Reincidencia que deberá agregar el Juez de la instancia, y que de no hacer saber actos interruptivos, convertirá a este "dictum" en definitivo.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
RODRIGUEZ, DICE: Adhiero a los fundamentos expuestos por el señor Juez Soumoulou, de conformidad con la posición sentada en la IPP 18.039/II del Registro de la Sala II que integro.
En el referido precedente tuve oportunidad de adherir al voto de mi distinguido colega doctor Mones Ruiz.
Se sostuvo en la precitada IPP 18.039/II que: "...Advierto, en principio, la necesidad de señalar que desde hace ya varias décadas ha operado en la sociedad un saludable cambio de paradigma, tanto en relación a la posición de la mujer como en el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos; importando ello la posibilidad de visibilizar las acciones abusivas que se producen en el seno de los hogares, a efectos de abordar y combatir la violencia doméstica.
Ello se ha visto reflejado en el creciente reconocimiento de los derechos de las víctimas de delitos y abusos de poder, a través del ejercicio por parte del Congreso de la Nación de la atribución de legislar y promover medidas de acción positiva, que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional). "Las medidas de acción positiva en general tienen por finalidad garantizar la igualdad real de trato, desbrozando los impedimentos culturales que condicionan y limitan la igualdad en los hechos .La Constitución Nacional , en especial, dispuso la sanción de leyes estableciendo acciones positivas a favor de los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados" (Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, María Angélica Gelli, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, Editorial La Ley, Año 2008, pág. 724).
Y en esa línea fueron sancionadas las leyes 26.705 ( B.O. 05/10/2.011), que en materia de prescripción, y en lo que aquí interesa, reformó el artículo 63 del Código Penal; y la ley 27.206 (B.O. 10/11/.2015), que derogó tal modificación e incorporó al artículo 67 del Código Penal el siguiente párrafo: "En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125bis, 128, 129 -in fine-, 130 -párrafos segundo y tercero- 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad".
Surge de los fundamentos de la ley 26.705 que la incorporación del párrafo que se le hiciera al art. 63 del Código Penal, tenía como fin que el plazo de prescripción de la acción penal comience a correr en la medianoche del día en que la víctima menor alcance la mayoría de edad, y por ende, su plena capacidad civil de hecho y derecho, conforme a las previsiones del Código Civil, en lugar de la medianoche del día en que se cometió el hecho. Se referenció allí que: "...gran parte de los delitos cometidos contra la integridad sexual de menores, quedan, con frecuencia impunes en función de que la víctimaincapaz de hecho- no está en condiciones de defenderse a sí misma y porque depende de la representación legal y forzosa de algún adulto integrante del grupo familiar primario quien, en muchos casos, podría identificarse como el propio agresor".
Se señaló además que: "...la víctima al alcanzar la mayoría de edad - o la madurez personal necesaria para accionar-, se enfrenta, muchas veces, a una acción penal prescripta".
Y que: "...la posibilidad de represión del delito que nos ocupa, más allá de transcurrido mucho tiempo, apunta a concientizar a la sociedad sobre la verdadera gravedad de la conducta reprimida en función de la entidad del daño que provoca, debido a que perpetuá lesiones psicológicas y personales que derrumban el ser en su esencia y en la estructura de su personalidad".
Agrega que: " Esta circunstancia, contribuye, además a la inacción por parte de la víctima quien demora en comprender lo que sucede, efecto este concomitante al propio delito que, paradójicamente, favorece a su propio agresor para quien el tiempo juega a favor suyo".
En cuanto a la ley 27.206, previo a su tratamiento por la Cámara de Senadores, la senadora Sigrid Kunath señaló que el objetivo del proyecto de ley era la modificación del Código Penal, estableciendo la imprescriptibilidad -en realidad la suspensión- de la acción penal en los delitos contra la integridad sexual que hubieran tenido como víctimas a menores de edad, y la inhabilitación especial perpetua cuando el autor de estos ilícitos se hubiera válido de su cargo, profesión o derecho para la comisión (cita on line: AR/LCON/714W).
Se aludió allí a que los delitos contra la integridad sexual en los que las víctimas son menores de edad, presentan particularidades propias que resultan incompatibles con los principios generales de la prescripción en materia penal; aludiendo a los traumas irreparables que estos delitos generan la mayoría de las veces, y que conllevan al silencio de la víctima: "...la exposición a un acontecimiento estresante extremadamente traumático como los son las diversas manifestaciones de abuso sexual, normalmente trae aparejada síntomas de represión postraumática, por el cual se opta por el silencio o el olvido." En base al desarrollo efectuado precedentemente, he de señalar que coincido con las descripciones respecto a la naturaleza, características, consecuencias y gravedad de los delitos contra la integridad sexual que tienen como víctimas a las niñas/os y adolescentes; a la par que observo que el legislador, consciente de la problemática involucrada, modificó el régimen legal de la suspensión de la prescripción de la acción penal para una serie de delitos en razón de la edad de las víctimas;
considerando, por razones político criminales, que debía ampliarse el plazo para la persecución de esta clase de delitos.
Ahora bien, en ese contexto corresponde dilucidar, en el caso, si el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal -garantía que ampara al procesadodebe ceder ante... los derechos fundamentales reconocidos a los niños víctimas - interés superior del niño- previstos en la Convención de los Derechos del Niño (art. 3°) y la tutela judicial efectiva amparada por la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8 .1 y 25).
En relación a los Tratados internacionales, conviene recordar que a partir de la reforma instrumentada de 1994, la Constitución Nacional no sólo reconoce superioridad jerárquica a los mismos, sino además que equipara a ciertos Tratados Internacionales de Derechos Humanos con la Constitución, conformando con ello lo que en doctrina y jurisprudencia (Verbitsky Horacio s/Habeas Corpus, de fecha 3 de mayo de 2.005 Fallos: 328:1146; Llerena, Horacio Luis s/Abuso de Armas y lesiones -arts. 104 y 89 del Código Penal -causa n° 3.221-, de fecha 17 de mayo de 2.005 Fallos: 328:1491; Diesser María Graciela y Fraticelli Carlos Andrés s/Homicidio calificado por el vínculo y por alevosía -causa 120/02, de fecha 8 de agosto de 2.006 D. 81. XLI., entre otros) se ha denominado un "Bloque de constitucionalidad". Precisamente, el artículo 75 de la Carta Magna establece que: Corresponde al Congreso, en lo que aquí interesa, en relación al inciso 22: "Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional".
A la luz de lo expuesto -especialmente lo resaltado en negrilla-, no pueden invocarse las Declaraciones o Tratados que hacen parte del Bloque para eliminar o reducir el alcance y protección de un derecho que reconoce la Constitución.
En esa línea de pensamiento, el art. 18 de la Constitución Nacional consolida el principio de legalidad formal o procesal.
Conforme a tal postulado, "... se construye el tipo normativo de ley penal o constitucional que sirve para eliminar las restantes (leyes penales ilícitas). El principio se consagra en la Constitución Nacional (arts. 18 y 19 y, mediante el inc. 22 del art. 75, en los arts. 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Los derechos Civiles y Políticos). Su expresión constitucional aparece unida al origen mismo del Constitucionalismo, a la Constitución de los Estados Unidos y a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, habiendo sido precisado en el ámbito penal por Feuerbach, quien le dio la formulación latina con la que usualmente se lo enuncia: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nullum crimen sine poena legale. La Constitución de 1.853 lo consagró con la fórmula ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso..... por lo que puede entenderse al art. 18 como estableciendo el principio de legalidad procesal y dando por presupuesto el de legalidad penal.. y la duda acerca de la legalidad penal (estaría también incorporada a ese dispositivo o se deduciría del art. 1° constitucional) ha perdido importancia en función de su actual consagración expresa en el art. 9 de la CA y 9° del PIDCYP (inc. 22 del art. 75 CN)..." (Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, "Derecho penal. Parte General", Editorial DIAR, Bs. As., 2000, págs. 105/106).
En el mismo sentido, María Angélica Gelli, ha señalado: "La primera frase del art. 18 "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" constituye una especie del principio de legalidad, establecido en forma general en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La norma dispone que los tipos penales -definición del hecho delictivo- y la sanción correspondiente deben establecerse por ley... Además, la ley penal debe ser anterior al hecho del proceso, con lo cual resulta inaplicable la ley penal más gravosa sancionada con posterioridad a los hechos... (ob. cit. pág. 221).
En cuanto a las modificaciones a las normas de naturaleza procesal, son de aplicación inmediata a los procesos en curso, con independencia de si favorecen o perjudican al imputado, salvo indicación expresa de la nueva ley o en los casos en que dicha aplicación afecte la validez de los actos procesales cumplidos y firmes, de acuerdo con la legislación derogada a ley (CSJN, Carlos Rafael Nosiglia Construcciones S.R.L ,1989, fallos 312;251, Juicio Político a los Miembros de la Corte Suprema de Justicia de San Juan ,1987, Fallos 310:2845, entre otros).
Por otra parte, si bien es cierto que es postura consolidada de este Cuerpo que el principio de ley más benigna no resulta aplicable en relación a la ley procesal (conf. IPP nros. 17.621; 18.184, entre otras), con lo cual en el derecho procedimental se aplica -en principio- la ley vigente al tiempo de la presentación; no lo es menos que también es criterio constante de este Tribunal, que la regla contenida en el art. 2 del Código Penal resulta aplicable en el ámbito del art. 67 del referido cuerpo normativo (Expedientes 37.708/II;37.774/II, 38.175/II, 38.831/II; I.P.P. nros. 5498/II y 6030/II entre muchas).
En esa dirección, se sostuvo en la precitada IPP 6030/II que por "ley", a los fines de la aplicación del art 2 del Código Penal, se entiende "el total organismo jurídico que regula la imputación y sus consecuencias en un caso concreto" (Conf. Carlos Creus, "Derecho Penal- parte General-", Ed. Astrea, pag. 96).
También, la Corte Suprema ha diferenciado las normas procesales y sustantivas a la hora de aplicar, o no, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, cuestión que ha repercutido en el instituto de la prescripción. En ese sentido, se ha sostenido: "...si bien los Tribunales argentinos han negado que este (el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa) se aplique al derecho meramente procesal, el régimen de prescripción ha sido clasificado como parte del derecho penal no procesal, de modo que el requisito de la lex praevia le es de hecho aplicable. Así, en contraste con la jurisprudencia norteamericana y europea mayoritarias, los antecedentes judiciales de la Argentina muestran que el requisito de la lex praevia impide la extensión retroactiva de los plazos de prescripción" (Ferrante Marcelo, "Introducción del derecho penal argentino", Editorial Ad-Hoc, Bs. As., 2011, pág. 23 cit., por el señor Juez doctor Mario Magariños en su voto en la causa n° 1.643/2.018, caratulada: "Funicelli Norberto Daniel s/ violación menor de 12 años", de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional Sala 3, de fecha 18 de diciembre de 2018). Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado posición.
Y: "...En rigor la prescripción de los delitos no está garantizada por la Constitución Nacional, ni integra las garantías de la defensa en juicio... (pág. 245, ob cit.)... Sin embargo, el instituto de la prescripción de la acción penal -una vez establecidos y vigentes los plazos de extinción de la acción o de la pena- está unido al principio de legalidad, por lo que sería inconstitucional una ley posterior que alterase la operatividad de aquella en perjuicio del imputado o procesado. Esa fue la doctrina que reiteradamente aplicó la C.S.J. argentina desde el precedente "Mirás Guillermo" Fallos 287:76 (1.973) ...la prescripción legalmente dispuesta -se la considere de derecho sustantivo o procesal- integra, comprende el régimen de extinción de la acción o de la pena y se incluye entre "todos los presupuestos de la punibilidad", por lo que se encuentra protegida, sin discusión, por el principio de legalidad en materia penal.
"Pero, hacia el futuro, el legislador ... puede disponer que ciertos y determinados delitos no prescriban, en razón de la gravedad del hecho, de la cantidad de víctimas que suelen producir algunos crímenes, de la importancia de los derechos que de común se vulneran y del grado intenso o aberrante de afectación de derechos. Crímenes cometidos por las mismas agencias punitivas, operando fuera del control del derecho penal..." (María Angélica Gelli, ob. cit., pág. 246).
Llegado a este punto, considero que la pretensión del Ministerio Público Fiscal, de aplicación retroactiva de la ley 27.206 en virtud de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino... no es de recibo. Ello así, por cuanto "...las convenciones de derechos humanos no han derogado ninguna de las normas constitucionales cuando se otorgaron jerarquía constitucional a los mencionados tratados. En consecuencia, éstos y aquéllas son compatibles y sólo cabe a los tribunales armonizar sus disposiciones en los casos concretos (María Angélica Gelli. ob. cit. pág 716)"...
Por ser ello así, cabe concluir que la aplicación retroactiva -de las leyes 26.705 y 27.206, en las que se se amplían los plazos prescriptivos de los delitos contra la integridad sexual- deviene inaplicable al caso en examen, y así lo propongo; toda vez que -caso contrario- se configuraría una transgresión al principio de legalidad procesal -previsto en el Bloque de Constitucionalidad (art. 18 de la Constitución Nacional, art. 9° de la CADH y 151 del PIDCYP, en relación al art. 75, inc. 22, de la Carta Magna)-, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada normativa, la que pone en evidencia que resulta más gravosa para el imputado de autos... Desde otro lado, no existe ninguna norma previa a los hechos bajo juzgamiento que determine la imposibilidad de aplicar el instituto de la prescripción de la acción penal en casos de abuso sexual infantil, a lo que cabe adunar que la Convención Internacional sobre los derechos del niño, como asimismo la Convención de Belem do Pará, aludidas por la recurrente, no efectúan referencia alguna al instituto de la prescripción o al carácter imprescriptible de determinados delitos contra la integridad sexual. Asimismo, no puede inferirse la imprescriptibilidad, en cuestión, de una regla consuetudinaria derivada del derecho internacional general, en la que se le reconozca ese carácter obligatorio..." (ver por todo IPP 18.039/II).
En el caso, se imputan a G. cinco hechos de abuso sexual, en perjuicio de distintas víctimas todas menores de edad (identificados en la requisitoria fiscal como hechos I, II, III, IV y V -ver fs. 247/248-; y en el decisorio en crisis -ver fs. 269-).
Respecto de los hechos I, II, IV y V, en todos los cuales la acción penal se haya plenamente vigente, la defensa consintió que la causa se elevara a juicio (ver fs. 263), habiéndose ordenado su elevación a juicio, conforme lo resuelto por el a quo a fs. 272 punto II).
Ahora bien, en lo que aquí interesa, el Hecho III, se imputó como cometido entre los años 1996 y 1999, de modo que a su respecto ha transcurrido a la fecha el término de doce años establecido por el art. 62 inc. 2° del Código Penal, sin actos procesales que lo hayan interrumpido, con lo cual la acción penal se encuentra "prima facie" prescripta; quedando supeditada su definitividad al informe del Registro Nacional de Reincidencia que deberá recabar la instancia de origen.
En consecuencia las razones expuestas me llevan a coincidir con el señor Magistrado que me precede en orden de votación, doctor Soumoulou. Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DR. BARBIERI, DICE:
Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde -por mayoría de opiniones- declarar "prima facie" la extinción de la acción penal por prescripción respecto del HECHO III, supeditando la definitividad del pronunciamiento a este respecto, a lo que en definitiva informe el Registro Nacional de Reincidencia que deberá agregar el Juez de la instancia, y que de no hacer saber actos interruptivos, convertirá a este "dictum" en definitivo.
Asi lo propongo.
A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE:
adhiero al voto del Dr. Barbieri.
A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGUEZ, DICE:
Sufrago en el mismo sentido. Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores jueces nombrados.
Bahía Blanca.
Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto -por mayoría de opiniones- que no es justa la resolución impugnada.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, ESTE TRIBUNAL RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto a fs. 277/279 vta., y declarar "prima facie" la extinción de la acción penal por prescripción respecto del HECHO III intimado oportunamente, supeditando la definitividad del pronunciamiento a este respecto, a lo que en definitiva informe el Registro Nacional de Reincidencia que deberá agregar el Juez de la instancia, y que de no hacer saber actos interruptivos, convertirá a este "dictum" en definitivo. (arts. 334, 337, 421, 439 del C.P.P., artículo 62 inc. 2do. y 119 1er, y 3er. párrafo del C.P.).
Notificar electrónicamente al Defensor Particular, al procesado y a la Fiscalía General. Anotíciese a la víctima lo resuelto.
Hecho, devolver a la instancia de origen, donde deberá proseguirse con el trámite.
Fin de la sentencia