Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías Sala III de San Isidro · Causa 32.185
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial de intervención a fs. 59/63vta. de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 1, 26, 59, y ccdtes. de la ley 13.643; 21 inc. 1, 421, 439 y ccdtes. del CPP).
II. Por mayoría, hacer lugar al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la decisión de la Jueza de la Instancia en cuanto dispuso la celebración de la audiencia para decidir sobre la procedencia de las salidas transitorias requeridas en favor de Gerez con la participación de la víctima o su apoderado, de conformidad con los motivos expuestos en el Considerando (conf. art. 81 del CPP).
San Isidro, 21 de noviembre de 2019.
Para resolver en el presente incidente el recurso de apelación concedido a fs. 58. Practicado el correspondiente sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Carlos F. Blanco, Gustavo A. Herbel y, para el caso de disidencia, Celia M. Vazquez (conf. art. 440 del CPP)
Y
El Juez Carlos F. Blanco dijo:
I. En el caso, fue requerida la concesión de las salidas transitorias a favor del joven Agustín Ezequiel Gerez (fs. 1/4). Tras haber sido incorporados los correspondientes informes (fs. 27/28, 31/32, 35/36, 47/49), la Jueza “A Quo” celebró la audiencia a los fines de resolver (art. 3, 100 y ccdtes de la ley 12.256 y art. 71 de la ley 13.6349), donde se encontraban convocados el joven y su defensor, el fiscal interviniente, como así también la víctima representada, en el caso, por su letrado. La defensa de Gerez se opuso -como cuestión preliminar- a la presencia de dicha parte en la audiencia (fs. 73/76), en función de lo establecido en el art. 81 del CPP que excluye al particular damnificado de la etapa de ejecución, sumado a la reserva propia de las actuaciones del fuero minoril.
Destacó, además, que la cuestión a decidir no resulta la simple ejecución de una pena –como lo es en el caso de mayores-, sino que se trata de cuestiones técnicas para ponderar el nivel de resociabilización del joven, por lo que la asistencia de la víctima no se encontraba justificada. Más tarde, agregó que las Reglas de Beijing prohíben la participación de las víctimas, específicamente, en el fuero de menores. La Fiscalía, por su parte, se opuso a tal pedido. Remarcó que una norma de carácter adjetivo (tal el art. 81 del CPP aludido por la defensa) no puede anteponerse a una de carácter sustantivo, como lo es la ley 24660 que se aplica en la etapa de ejecución en tanto es complementaria del Código Penal, cuya reforma introducida por la ley 27.375 acuerda el derecho a las víctimas a ser escuchadas sin que ello signifique –en su opinión- un menoscabo de los derechos del imputado.
Además, precisó que la ley 27.372 también deviene aplicable y que la participación de las víctimas en los procesos contribuye a los fines de la pacificación social. Luego, indicó que en materia de ejecución rige también la ley 12.256 a la cual remite la ley 13.634 donde no hay ninguna norma que prohíba la intervención de la víctima en dicha etapa. Explicó que la ampliación de la participación de la víctima resulta acorde a los derechos reconocidos en la Convención Internacional de Derechos Humanos y Pacto de San José de Costa Rica. Agregó que el secreto de las actuaciones propia del fuero minoril no excluye la participación de la víctima quien, de hecho, declara y se encuentra incluida en varios actos del proceso.
Aclaró que las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad, que cita el Defensor, no son parte del bloque de constitucionalidad que el Estado Argentino se comprometió a aplicar, sino que son reglas de interpretación y que la CADH sí resulta de aplicación obligatoria reconociendo la participación de la víctima.
El representante del particular damnificado adhirió a tales fundamentos y afirmó que las víctimas son las que mayor derecho a estar presentes en la toma de este tipo de decisiones y que su asistencia no perjudica al imputado.
La Jueza de la Instancia consideró, entonces, que le asistía razón a la Fiscalía y al representante de la víctima, por cuanto la reforma de la ley 24.660 acuerda mayor participación a la víctima y contribuye a la paz social, como manda el art. 25.1 de la CADH.
La Defensa, entonces, de forma previa a continuar con el motivo de la audiencia, apeló dicha resolución y solicitó que se suspenda tal acto hasta tanto se resuelva la cuestión, suspensión que acordó la Jueza de la Instancia.
II. Al fundar el recurso, la recurrente justificó –en primer término- que la decisión del “A Quo” le causa a su defendido un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues sostiene que, con la presencia de la víctima en la audiencia, se está vulnerando el debido proceso legal (art. 18 CN), la defensa en juicio de Gerez, el secreto de las actuaciones y el interés superior del niño (art. 3 CDN art. 4 4 de la ley 13.634 y Regla 8 de las Reglas de Beijing).
Reiteró que el art. 81 del CPP se erige como una clara restricción del legislador provincial que establece un límite a la participación del particular damnificado, respecto a la etapa de ejecución de la pena. Sostuvo que la reforma introducida por la ley 27372 es de carácter procesal y –como tal- no es aplicable en la provincia donde rige la ley 13634 –específica del fuero- que se complementa con el CPP y la ley 12256, cuerpos legales que no disponen la participación de la víctima en las audiencias de ejecución.
Más allá de lo expuesto, indicó que el hecho por el cual se condenara a Gerez es de fecha 14 de enero de 2017, por lo que tampoco podría aplicarse una reforma (ley 27375 citada por la Jueza) que fue promulgada el 27 de junio de tal año. Y que, de todos modos, dicha reforma establece que las víctimas tienen derecho a ser informadas de los planteos introducidos en la etapa de ejecución y a expresar su opinión, lo que no implica que deba citárselas para que concurran a las audiencias.
En el marco de la audiencia celebrada ante esta Instancia (art. 60 de la ley 13.634), además de tomar el Tribunal conocimiento personal del joven, la defensa reiteró los fundamentos de su recurso e hizo especial hincapié en que no se oponía a que los Jueces escuchen al particular damnificado sino a su presencia en la misma audiencia a la que concurre el joven, atento al carácter de las actuaciones y características del fuero penal minoril. Y agregó que, en su experiencia, la concurrencia de dicha parte no contribuye a la paz social, tal como describe la Jueza de la Instancia, sino todo lo contrario.
III. Reseñadas las circunstancias del caso bajo estudio, corresponde recordar este proceso se rige por las prescripciones contenidas en la ley 13.634, cuyo artículo 26 establece que las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal, entenderá en el recurso de apelación contra las decisiones que durante el trámite del proceso expresamente se declaren impugnables o causen gravamen irreparable. A su vez, el artículo 59 completa los términos del anterior, y prevé que el recurso de apelación procederá de acuerdo a lo establecido por el artículo 439 del CPP, es decir, únicamente “contra las decisiones que expresamente se declaren apelables o que causen gravamen irreparable”.
Y si bien la impugnación que aquí nos convoca ha sido presentada en término, la recurrente posee legitimación personal y se han observado las formas requeridas para su interposición, el temperamento cuestionado no constituye una decisión que el rito penal declara expresamente apelable, por tanto debe verificarse la existencia de gravamen irreparable, para que resulte admisible el remedio procesal intentado (conf art. 439 del CPP).
Una resolución jurisdiccional causa gravamen en tanto perjudique en forma concreta y su irreparabilidad implica que no pueda ser subsanado con posterioridad durante el curso del proceso. Esto es, en palabras de Lino Palacio, que “...no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución...” (aut. cit., “Los recursos en el proceso penal”, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, p. 58). En ese mismo sentido, conviene tener presente que “...[e]l requisito del perjuicio irreparable que impone la ley para la viabilidad formal del recurso de apelación, es una exigencia que se vincula al interés de la parte, al daño que la resolución le causare o fuere susceptible de causarle. No basta un perjuicio teórico, una disconformidad formal contra la tesis sustentada en el pronunciamiento, para que sea permitida su impugnación, como un medio de perseguir la satisfacción de una mera curiosidad jurídica o en el beneficio de la ley...” (Washington Ábalos, Raúl, “Derecho procesal penal”, Tomo III, Mendoza, Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 430). Y, tal como lo señala D´Albora, “...resulta susceptible de apelación toda resolución que causa `gravamen irreparable´ determinado por las resoluciones que frustrarían el ejercicio de derechos procesales...” (aut. cit., “Curso de derecho procesal penal”, Tomo II, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1987, 2º ed.).
Se advierte, en el caso, que de celebrarse la audiencia suspendida en las condiciones cuestionadas por la apelante, se le ocasionaría –siempre en su opinión- un perjuicio de imposible reparación ulterior porque el gravamen al que refiere (violación del debido proceso legal -art. 18 CN-, principio de reserva de las actuaciones y el interés superior del niño -art. 3 CDN art. 4 4 de la ley 13.634 y Regla 8 de las Reglas de Beijing-) ya se encontraría configurado.
Por lo expuesto, entiendo habilitada esta vía recursiva (arts. 439 y 442 del CPP).
IV. Sentado ello, adelanto que debe confirmarse el temperamento adoptado por la Juez de la Instancia, conforme expondré a continuación.
Si bien asiste razón a la defensa en que, de conformidad con lo normado por el artículo 2 del Código Penal, no resultarían aquí aplicables las previsiones contenidas en los artículos 11 bis de la Ley 27.375 (B.O. 28/07/2017, modificatoria de la Ley 24.660) y 12 de la Ley 27.372 (B.O. 13/07/2017), relativos al rol de la víctima en los procesos de ejecución de penas, pues su entrada en vigencia en ambos casos es de fecha posterior al hecho por el que se le sigue el presente proceso a Gerez acaecido el 14 de enero de 2017 (tal como sostuve en causas nros. 30.954/III, 30.967/III, entre otras de esta Sala III), lo cierto es que comparto la opinión del Agente Fiscal en cuanto la convocatoria de la víctima a brindar su opinión sobre la procedencia de los egresos transitorios solicitados en favor de Agustín Ezequiel Gerez posee fundamento legal en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, de conformidad con lo normado por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
En este sentido, al regular las garantías judiciales, la citada Convención dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter” (art. 8.1 CADH –el destacado me pertenece-).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado la citada disposición indicando que “[d]e conformidad con el derecho reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (…) los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses. Dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación [el destacado me pertenece]. En tal sentido, (…) la ley interna debe organizar el proceso respectivo de conformidad con la Convención Americana. La obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales comprende el texto constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos” (Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 247). Criterio reiterado más recientemente en “Masacres de Río Negro Vs. Guatemala”, donde se agregó que dicho derecho le asiste tanto a las víctimas como sus familiares (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de septiembre de 2012, párr. 193).
Es que, la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, debe permitirle a la víctima alcanzar el debido acceso a la justicia (art. 75, inc. 22, de la C.N.; en función de los arts. 1.1 y 25 de la C.A.D.H.).
Se ha sostenido -y lo comparto- que las partes cuentan con la facultad de acudir a las dependencias jurisdiccionales en busca de justicia útil relativa a sus derechos, de modo tal que los jueces han de afianzar la administración de justicia para la comunidad toda.
Tal es así, que reciente jurisprudencia ha señalado que "...[e]n esta línea, actualmente, las tendencias legislativas, normativas y jurisprudenciales se inclinan hacia un nuevo rol de la víctima y del querellante, como protagonista del proceso penal y a la plena atención de sus demandas e intereses, todo lo cual se debe conjugar con los fines del derecho penal..." (Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, "J., O. O. s/ recurso de casación", rta. el 3/4/2018, del voto del Dr. Gustavo M. Hornos, al que adhirieron según sus votos los Dres. Mariano H. Borinsky y Juan C. Gemignani –el destacado es mío-).
Marginalmente, debo agregar –atento a las manifestaciones vertidas en el marco de la audiencia- que, a mi entender, no abastece el derecho acordado que la víctima concurra separadamente a ser oída ante el Juez, pues el contradictorio sólo se garantiza si ésta puede conocer la pretensión y motivación de las partes, de modo tal de manifestar su opinión sabiendo lo que se está planteando y sus fundamentos.
Estimo, pues que la restricción contenida en el art. 81 de nuestro ordenamiento procesal local ha de ceder frente a las previsiones de carácter constitucional mencionadas, en tanto el bloque de constitucionalidad contenido en el art. 75 inc. 22 de la CN se encuentra por sobre cualquier otra normativa y debe aplicarse sin ningún tipo de restricción, de conformidad con el compromiso asumido por el Estado Argentino.
En suma, considero acertada la convocatoria de la víctima a brindar su opinión sobre la procedencia de los egresos transitorios solicitados en favor de Agustín Ezequiel Gerez, de conformidad con lo normado por los arts. 1.1, 8.1 y 25 de la CADH, en función del art. 75 inc. 22 de la CN.
Así, descartados los motivos de agravio, propongo al Acuerdo confirmar la decisión impugnada.
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la Const. Prov.; y 106 del CPP).
El Juez Gustavo A. Herbel dijo:
Estimo, en primer término, que el recurso interpuesto por el defensor de Agustín Ezequiel Gerez resulta admisible, por los motivos expresados por el Juez Carlos F. Blanco. No obstante, disiento de su opinión sobre el fondo de la cuestión traída a estudio.
Es que la problemática radica en la pretensión del particular damnificado de “ser oído” en la etapa de ejecución en forma previa a decidir sobre el otorgamiento de un instituto al joven Gerez. Tal pretensión ha sido respaldada por el Acusador Público con cita en la reforma operada por la ley 27.375 a la ley 24.660 y finalmente fue acordada por el “A Quo” en tanto tal tesitura resulta –a su entender- acorde a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. La defensa, por su parte, la entiende vedada en función de la expresa prohibición dispuesta por el art. 81 del CPP.
Siendo ello así, corresponde preliminarmente, aclarar que no resultan aplicables al caso las previsiones contenidas en los artículos 11 bis de la Ley nacional nro. 27.375 (B.O. 28/07/2017, modificatoria de la Ley 24.660) y 12 de la Ley nacional nro. 27.372 (B.O. 13/07/2017), pues las dos citadas cláusulas normativas son de orden procesal, y por tanto constituyen resorte exclusivo de la legislación local, ámbito éste donde rige un cuerpo normativo específico que regula esa misma materia (Ley provincial nro. 12.256).
De acuerdo a lo establecido por el art. 75 inc. 12 de la Carta Magna, el Congreso nacional cuenta con capacidad legisferante excluyente para dictar el Código Penal, entre otros cuerpos normativos de fondo, conservando las provincias todo el poder no delegado a la Nación, entre ellos la facultad de legislar en materia procesal (art. 121 de CN). Es por ello que considero que las reglas procesales contenidas en las leyes nacionales no son, en principio, aplicables a casos tramitados dentro de esta jurisdicción provincial, cuyo legislador -insisto- ya ejerció su facultad legisferante a ese respecto, impidiendo al particular damnificado de actuar en la ejecución de la pena (art. 81 CPP).
Debe verificarse, entonces, si existe para el particular damnificado una garantía constitucional a ser oído en una etapa donde la ley procesal local no lo permite (cf. art. 81 CPP). Tal interrogante, adelanto, ha de ser respondido negativamente.
Tal como expresé en el marco de la causa 14549 de la Sala Primera de esta Cámara, ello resulta acorde a la doctrina de nuestro Máximo Tribunal, en cuanto la existencia misma del particular damnificado –o de su parigual, el querellante conjunto- se trata de una definición legislativa de los procesos locales que no es impuesta por la Constitución (“Queja por apelación denegada en causa Albermager Moreno Carlos Alejandro s/ condena de efectivo cumplimiento”).
En “Santillán” (CSJN, S. 1009. XXXII, “Santillán, Francisco Agustín”, del 13/08/1998), luego del precedente “Arce” (14/10/1997) donde la Corte había afirmado que la garantía del derecho a recurrir es consagrada sólo en beneficio del inculpado (criterio reiterado en “Garrafa” 31/10/2006 y “Juri” 27/12/2006), agregó que “si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal (Fallos: 253:31), todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Fallos: 268:266, considerando 2°) (el subrayado no es del original). Es decir que sólo si la ley otorga personería a la víctima, ésta adquiere derecho a requerir una condena.
Esta línea jurisprudencial fue reforzada en el precedente “Garipe” (CSJN, G.997.XXXVI, 23/03/2004); allí la Corte, remitiéndose al dictamen del Procurador, establece: “la cuestión atinente al reconocimiento o denegación de la calidad de parte querellante, en los procesos instruidos por delitos de acción pública, al particular damnificado, no reviste carácter federal ni compromete, de por sí, a ninguna garantía constitucional… –Ello- …incumbe a la discreción del legislador – nacional o provincial- (Fallos: 253:31, cons.1º, y sus citas; y más recientemente Fallos: 321:2021, cons.11º)” (cf.: punto IV, Dictamen PGN). En tal pronunciamiento también se indicó que el legislador procesal puede restringir los derechos del acusador privado, siempre que sea en forma expresa (ver: 6º párrafo, punto V, Dictamen PGN).
En el precedente “Quiroga” (CSJN, Q. 162. XXXVIII. RHE, 23/12/2004)
nuestro Máximo Tribunal, indicó que en los casos donde se suscita una discrepancia entre el fiscal –que se manifiesta en favor del sobreseimiento- y el querellante –que pretende que la causa sea elevada a juicio-, “no es posible suponer una afectación genérica de la imparcialidad del tribunal, en la medida en que su intervención quede limitada a asegurar que el querellante pueda ejercer el derecho que la ley le concede a ser oído en juicio oral y público” (conf. Santillán). Más tarde, en “Fermín” (CSJN, F.654.XLII, “Fermín, Mauricio”, del 22/07/2008), la Corte, en una nueva remisión al dictamen del Procurador, dispuso que la decisión de Cámara que revoca el sobreseimiento dictado por un juez de primera instancia, atendiendo un acuerdo de fiscales con sentido desincriminatorio (cf. art. 306 del CPP Chubut, otorga carácter vinculante a la solicitud de sobreseimiento hecha por el fiscal de la causa y refrendada por el fiscal de Cámara), fue arbitraria en tanto se asienta en la doctrina del fallo “Santillán”, que refiere a otra situación procesal.
Más recientemente, en “Iñigo” (I.131.XLIV, del 13/12/2011) “la decisión del a quo tenía por efecto confirmar una decisión que había impedido en el caso concreto el uso de un derecho expresamente concedido en la ley a la parte querellante, a saber, el derecho a apelar el auto de sobreseimiento (art. 352 del código procesal penal local)” y en remisión a los argumentos del Procurador, estableció que el independientemente de que el código local ponga exclusivamente en manos del ministerio público fiscal la decisión sobre la acusación, le ha sido legalmente acordado al querellante el derecho de apelar el auto de sobreseimiento, por lo que el recurso debe tratarse.
En resumen, la Corte prescribe que la legitimación de la querella en los delitos de acción pública, son atribuciones del legislador procesal, el cual puede acordarle facultades y -aun cuando le asigne carácter de parte- restringir sus derechos, mediante normas expresas, tal lo hizo nuestro legislador en el mencionado artículo 81 de nuestro código adjetivo.
Así, no comparto la postura en cuanto a que exista un derecho constitucional del particular damnificado a ser parte en la etapa de ejecución penal. La Comisión IDH, ha entendido al respecto que “en los sistemas que lo autorizan, el acceso a la jurisdicción de la víctima de un delito deviene un derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso criminal” (según informe 29/92, caso 10.029 entre otros, Uruguay, 02/10/1992; las negritas no son del original). Es decir, la víctima tiene el derecho acordado por el art. 8.1 CADH, pero la extensión de su legitimidad para actuar en causa penal, se supedita a lo que “autoriza” cada derecho interno. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como máximo intérprete de la Convención también ha establecido el alcance de las facultades de la víctima en los casos penales y, en resumen, se ha acordado que el derecho de toda persona a “ser oída” por un juez “en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos…” (art. 8.1 CADH y 14.1 PIDCP), es una potestad que opera en el proceso hasta la determinación de los derechos en pugna por sentencia firme.
Es decir, en principio, no abarca la participación de la víctima en la ejecución de la eventual condena; la que, por lo demás, se encuentra informada por el principio de resocialización del interno (arts. 18 C.N.; 1 ley 24.660, 4 ley 12.256), cuestión ajena a los intereses de la víctima.
En el precedente “Bulacio” se señala que todo “…estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el conjunto de la sociedad, ese deber del estado” (par. 110, el destacado es propio); luego indica que “…el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos” (par. 115, el subrayado tampoco es del texto) (CIDH, sentencia del 18/09/03; www.corteidh.or.ar).
En “Torres Millacura” se señala que “…del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables […] los Estados tienen la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que deberán ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)” (pars. 112 y 113) (CIDH, sentencia del 26/08/2011). Más recientemente, la Corte recordó que “las “debidas garantías” del artículo 8.1 de la Convención amparan el derecho a un debido proceso del imputado y, en casos como el presente (donde quien se reputaba presunta víctima de la violación de estas garantías no era el inculpado del delito, destinatario originario de toda la arquitectura ilustrada que procura poner coto al avance del poder punitivo del Estado, sino la parte agraviada), también salvaguardan los derechos de acceso a la justicia de la víctima de un delito o de sus familiares y a conocer la verdad de los familiares” (Corte IDH, Sentencia del 8 de marzo de 2018, par. 281;
www.corteidh.or.ar).
De todo ello, se colige que el derecho de la víctima de intervenir en el procedimiento penal, se circunscribe a la investigación y a la imposición de una pena, etapas que, en el presente, ya han sido superadas.
Como tengo dicho: El querellante particular tiene derecho a ser oído y sus planteos tratados ante las instancias que la ley le otorga; ser legitimado en una contienda penal, le garantiza su derecho al debido proceso. Y aún si el derecho interno no hubiera reglamentado facultades para la víctima, igualmente sus reclamos deben ser atendidos (oídos en palabras de la CADH y del PIDCP), sea por el fiscal que estaría obligado a responderle si realiza un requerimiento desincriminatorio, sea por la jurisdicción que dispone el sobreseimiento o la absolución (cf. HERBEL, Gustavo A.; “Derecho del imputado a revisar su condena”, Bs. As., Hammurabi 2013, pp.:258 y s.). Pero estas son atribuciones para el proceso y no para la ejecución de la eventual pena.
Del análisis desarrollado, cabe afirmar que aun cuando la víctima cuente con derecho a “ser oída” (arts. 8.1 CADH y 14.1 PIDCP) y a la “tutela judicial efectiva” (art. 25 CADH), su legitimación como parte en un proceso penal es exclusivo resorte de la normativa procesal, la que, aun otorgándole tal calidad, puede restringir sus facultades por norma expresa. Más el derecho a ser oída por el juez, de todos modos, podría articularse mediante su testimonio o por intermedio del acusador público, sin que ello afecte la veda impuesta por el legislador local; en nuestro caso, sólo vinculada a su actuación como particular damnificado en la etapa ejecutiva de la pena (art. 81 CPP).
Insisto en que tal impedimento no colisiona con principios establecidos por nuestro sistema constitucional. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de la victima de acudir al fiscal del caso para exponer su situación, de considerar que la concesión al condenado de un instituto ejecutivo, pudiera afectar sus derechos.
Considero, entonces, que debe hacerse lugar a la apelación interpuesta por la defensa del joven Agustín Ezequiel Gerez y revocar la decisión impugnada en cuanto fuera materia de recurso.
Es mi voto (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A. y 106 C.P.P.).
La Juez Celia M. Vazquez dijo:
Llamada a dirimir la disidencia suscitada entre mis colegas, respetuosamente, he de adherir al voto del Juez Gustavo A. Herbel.
Así lo voto.
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial de intervención a fs. 59/63vta. de conformidad con los motivos expuestos en los Considerandos (arts. 1, 26, 59, y ccdtes. de la ley 13.643; 21 inc. 1, 421, 439 y ccdtes. del CPP).
II. Por mayoría, HACER LUGAR al recurso interpuesto y, en consecuencia, REVOCAR la decisión de la Jueza de la Instancia en cuanto dispuso la celebración de la audiencia para decidir sobre la procedencia de las salidas transitorias requeridas en favor de Gerez con la participación de la víctima o su apoderado, de conformidad con los motivos expuestos en el Considerando (conf. art. 81 del CPP).
III. Regístrese, notifíquese a la Fiscalía General departamental y a la Defensa de intervención (conf. Art. 125 del CPP) y devuélvase Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fdo: Celia Margarita Vazquez – Juez Fdo: Gustavo Adrián Herbel – Juez Fdo: Carlos Fabián Blanco – Juez Ante mi Gabriela Gamulin - Secretaria
Fin de la sentencia