Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Gtías
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de apelación interpuestos por interpuestos por los Sres. Defensores de los imputados D. A. R. D. - Pedro Javier Molina -, E. L. A. - Dr. Adrián Murcho -, M. G. G. - Dr. Alberto Martín Rodríguez -, W. R. B., G. A. G. - ambos Dr. Mariano J. Varela -, J. P. F. - Dr. Patricio M. Arriola Pinasco -, N. D. R. - Dr. Leonardo Antonio Einingis -, J. G. Y. - Dr. Néstor Alejandro Lagar -, J. A. T. - Ignacio Palazuelos -, D. A. R. - Dra. Gabriela Alejandra Cimorelli-, P. J. S. - Dra. Stella Maris Ojeda -, C. A. C. - Dr. Guillermo Federico Schimidt – M. F. D. - Dr. Jorge Eduardo del Río - el Defensor Particular del imputado Carlos Alberto Bondioni, Dr. Fabián Eduardo Stillo, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando.-
Rigen los Arts. 168, 171 de la Const. Pcia. Bs. As. y 106, 164, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.
II. Confirmar el PUNTO I de la resolución dictada por el Magistrado de Grado en cuanto resuelve No hacer lugar a las nulidades incoadas por las defensas, de conformidad a lo expuesto en el considerando.-
III. Confirmar el auto dictado por el Sr. Juez de Garantías que resuelve Convertir en prisión preventiva la actual detención de E. L. A. por considerarlo probable JEFE U ORGANIZADOR DE UNA ASOCIACION ILICITA y coautor de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - ONCE HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN …
Causa Nº 12.268 "R. D. y otros s/Incidente de Apelación de la prisión preventiva".
San Isidro, 14 de diciembre 2012.-
A fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por los Defensores de los imputados D. A. R. D. - Pedro Javier Molina -, E. L. A. - Dr. Adrián Murcho -, M. G. G. - Dr. Alberto Martín Rodríguez -, W. R. B., G. A. G. - ambos Dr. Mariano J. Varela -, J. P. F. - Dr. Patricio M. Arriola Pinasco -, N. D. R. - Dr. Leonardo Antonio Einingis -, J. G. Y. - Dr. Néstor Alejandro Lagar -, J. A. T. - Ignacio Palazuelos -, D. A. R. - Dra. Gabriela Alejandra Cimorelli-, P. J. S. - Dra. Stella Maris Ojeda -, C. A. C.- Dr. Guillermo Federico Schimidt – M. F. D. - Dr. Jorge Eduardo del Río - contra el auto que en copia obra en cuerpo separado que corre por cuerda al presente incidente, en el cual se resuelve: I- No hacer lugar a las nulidades incoadas por las defensas particulares a fojas 3705/3717 y 3753/3754 (artículos 23, 205, 229 y ccdtes del Código de Procedimiento Penal), II- Convertir en prisión preventiva la actual detención de E.
L. A. por considerarlo probable JEFE U ORGANIZADOR DE UNA ASOCIACION ILICITA y coautor de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - ONCE HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN DE MANERAL REAL CON EL DELITO DE TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO (Art. 45, 55, 174 inciso 1º, 210 párrafo 2º y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.; III- Convertir en prisión preventiva la actual detención de C. A. C. por considerarlo MIEMBRO DE UNA ASOCIACION ILICITA y coautor de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL Y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO- EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO - NUEVE HECHOS- QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI y autor penalmente responsable de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL CONDICIONAL - DE GUERRA - y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL (Art. 45, 55, 189 bis inciso 2do párrafo 1º y 2º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); IV- Convertir en prisión preventiva la actual detención de A.
D. R. D. por considerarlo miembro de la ASOCIACION ILICITA, autor penalmente responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y CONTRASEÑAS REITERADAS (DIECINUEVE HECHOS) que concursan materialmente entre si, TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL y DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, ENCUBRIMIENTO EN LA MODALDIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO - dos hechos - (arts. 55, 210, 289 inciso 1º, 189 bis inciso 2º párrafo 1 y 2, 277 inciso 3º acápite b en función del inciso 1º acápite c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); V- Convertir en prisión preventiva la actual detención de G.
A. G. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, participe necesario de ROBO DOBLEMEMENTE CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA y POR EL USO DE ARMA DE FUEO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUDO TENERSE POR ACREDITADA y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA; y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - SIETE HECHOS - QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI (Arts. 45, 55, 142 inciso 1º, 166 inciso 2º párrafo último, 210 y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); VI- Convertir en prisión preventiva la actual detención de W.
R. B. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - CUATRO HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN MATERIALMENTE con el delito de TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO Y SUSTITUCION DE NUMERACION REGISTRAL (Arts. 42, 45, 55, 174 inciso 1º, 210 y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); VII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J. A. T. por considerarlo MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - OCHO HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN MATERIALMENTE con el delito de ESTAFA AL SEGURO (Art., 55, 174 inciso 1º acápite c, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).; VIII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de N.
D. R. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, y coautor penalmente responsable de ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA y POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUDO TENERSE POR ACREDITADA y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA y ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPCION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADA POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - TRES HECHOS - QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI (Art. 45, 55, 166 inciso 2º párrafo último, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); IX- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J.
G. Y. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO - QUE CONCURSA REALMENTE CON EL DELITO DE ESTAFA AL SEGURO y ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - UN HECHO - (Arts. 45, 55, 174 inciso 1º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); X- Convertir en prisión preventiva la actual detención de D.
A. R. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - DOS HECHOS - EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - DOS HECHOS - QUE CONCURSA A SU VEZ REALMENTE CON EL DELITO DE ESTAFA AL SEGURO Y TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO (Arts. 42, 45, 55, 174 inciso 1º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); XI- Convertir en prisión preventiva la actual detención de M.
F. D. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO - EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ROBO CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA - IMPROPIA- (Arts. 45, 55, 166 inciso 2º párrafo 1º, 210, 277 inciso 3º acápite b en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); XII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de M.
F. G. por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y XIII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de P. J. S. por considerarlo probable coautor de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y XIV- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J.
P. F. por considerarlo participe necesario del delito de EXTORSION y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL y RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA EN AMBOS CASOS AGRAVADA POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápite a en función del inciso 1º acápite a y c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).- .
Y
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por los letrados particulares y el Oficial de los imputados, practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación; en primer lugar el Dr. Oscar Roberto Quintana, en segundo término el Dr. Ernesto A. A. García Maañon y para el caso de disidencia el Dr. Duilio A. Cámpora.-
Seguidamente los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Son admisibles las impugnaciones planteadas?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, EL DR. QUINTANA, DIJO:
Que los recurrentes resultan legitimados "ex lege" para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente. Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a las resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales del recurso de apelación en los términos del artículo 164 del Código de Procedimiento Penal.
Han cumplido también las Defensas con la indicación específica de los agravios que les causa la decisión del "a quo", consignando su respectiva fundamentación obrantes a fs. 1/20, 22/23, 24/26, 27/53, 54/67, 69/98, 100/113, 115/124 vuelta, 125/127, 128/142 vuelta, 143/146 vuelta y 147/153 del presente incidente de apelación.
En consecuencia observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
Rigen los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 164, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del Código de Procedimiento Penal.
A LA PRIMERA CUESTION, EL DR. GARCIA MAAÑON, DIJO:
Hago propios los motivos y fundamentos esgrimidos en su voto por mi distinguido colega preopinante, Dr. Quintana, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
Rigen los arts. 168 y 171 de la Const. De la Pcia. de Bs.As. y 106 del CPP.
A LA SEGUNDA CUESTION, EL DR. QUINTANA, DIJO:
El Sr. Juez de Garantías, Dr. Diego E. Martínez resolvió mediante el auto que en copia obra en cuerpo separado que corre por cuerda al presente incidente, en el cual se resuelve: I- No hacer lugar a las nulidades incoadas por las defensas particulares a fojas 3705/3717 y 3753/3754 (artículos 23, 205, 229 y ccdtes del Código de Procedimiento Penal), II- Convertir en prisión preventiva la actual detención de E. L. A. por considerarlo probable JEFE U ORGANIZADOR DE UNA ASOCIACION ILICITA y coautor de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - ONCE HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN DE MANERAL REAL CON EL DELITO DE TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO (Art. 45, 55, 174 inciso 1º, 210 párrafo 2º y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.; III- Convertir en prisión preventiva la actual detención de C.
A. C. por considerarlo MIEMBRO DE UNA ASOCIACION ILICITA y coautor de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL Y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO- EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO - NUEVE HECHOS- QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI y autor penalmente responsable de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL CONDICIONAL - DE GUERRA - y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL (Art. 45, 55, 189 bis inciso 2do párrafo 1º y 2º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); IV- Convertir en prisión preventiva la actual detención de A.
D. R. D. por considerarlo miembro de la ASOCIACION ILICITA, autor penalmente responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y CONTRASEÑAS REITERADAS (DIECINUEVE HECHOS) que concursan materialmente entre si, TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL y DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, ENCUBRIMIENTO EN LA MODALDIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO - dos hechos - (arts. 55, 210, 289 inciso 1º, 189 bis inciso 2º párrafo 1 y 2, 277 inciso 3º acápite b en función del inciso 1º acápite c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); V- Convertir en prisión preventiva la actual detención de G.
A. G. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, participe necesario de ROBO DOBLEMEMENTE CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA y POR EL USO DE ARMA DE FUEO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUDO TENERSE POR ACREDITADA y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA; y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - SIETE HECHOS - QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI (Arts. 45, 55, 142 inciso 1º, 166 inciso 2º párrafo último, 210 y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); VI- Convertir en prisión preventiva la actual detención de W.
R. B. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - CUATRO HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN MATERIALMENTE con el delito de TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO Y SUSTITUCION DE NUMERACION REGISTRAL (Arts. 42, 45, 55, 174 inciso 1º, 210 y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); VII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J. A. T. por considerarlo MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - OCHO HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN MATERIALMENTE con el delito de ESTAFA AL SEGURO (Art., 55, 174 inciso 1º acápite c, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).; VIII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de N.
D. R. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICIA, y coautor penalmente responsable de ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA y POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUDO TENERSE POR ACREDITADA y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA y ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPCION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADA POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - TRES HECHOS - QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI (Art. 45, 55, 166 inciso 2º párrafo último, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); IX- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J.
G. Y. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO - QUE CONCURSA REALMENTE CON EL DELITO DE ESTAFA AL SEGURO y ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - UN HECHO - (Arts. 45, 55, 174 inciso 1º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); X- Convertir en prisión preventiva la actual detención de D.
A. R. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - DOS HECHOS - EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - DOS HECHOS - QUE CONCURSA A SU VEZ REALMENTE CON EL DELITO DE ESTAFA AL SEGURO Y TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO (Arts. 42, 45, 55, 174 inciso 1º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); XI- Convertir en prisión preventiva la actual detención de M.
F. D. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO - EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ROBO CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA - IMPROPIA- (Arts. 45, 55, 166 inciso 2º párrafo 1º, 210, 277 inciso 3º acápite b en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); XII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de M.
F. G. por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y XIII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de P. J. S. por considerarlo probable coautor de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y XIV- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J.
P. F. por considerarlo participe necesario del delito de EXTORSION y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL y RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA EN AMBOS CASOS AGRAVADA POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápite a en función del inciso 1º acápite a y c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).- . Que los Sres. letrados Particulares y el Defensor Oficial de los imputados, han interpuesto contra dicho pronunciamiento recursos de apelación, cuyos fundamentos han sido agregados a fojas 1/20, 22/23, 24/26, 27/53, 54/67, 69/98, 100/113, 115/124 vuelta, 125/127, 128/142 vuelta, 143/146 vuelta y 147/153 del presente incidente de apelación, cuyos fundamentos por la extensión de los mismos doy por reproducidos en honor a la brevedad, sin perjuicio de hacer la síntesis correspondiente para cada uno de los casos en particular.
A su vez han sido recibidos los letrados particulares que solicitaran ampliar sus fundamentos en los términos del artículo 447 del rito procesal, tal como surge de las actas que obran a fojas 277/281 del incidente.
Así las cosas, habiendo tomado vista de la totalidad de los planteos efectuados en el marco del presente incidente de apelación, teniendo ante mi vista los autos principales que fueran requeridos en su oportunidad al Ministerio Publico Fiscal, habré de expedirme en principio y por una cuestión de orden público sobre los planteos de nulidad efectuados por los mencionados letrados particulares.
En tal sentido el Dr. Adrián Murcho, letrado de E. L.A. , a fojas 1/20 del presente, se agravia de la denegatoria de los planteos de nulidad respecto de las escuchas telefónicas, las transcripciones de la mismas y aquellas glosadas respecto de los mensajes de texto, como así también de la orden impartida por el Sr. Agente Fiscal a fojas 1515 de los autos principales y como consecuencia de ello las declaraciones testimoniales, fotografías, informes y toda diligencia que guarde relación con las tareas de inteligencia encomendadas por el Sr. Fiscal mediante dicha orden, planteos a los se adhiere el Dr. Mariano J. Varela - Defensor Particular de los imputados B. y G. -.
NULIDADES I.- INTERVENCIONES Y ESCUCHAS TELEFONICAS - COMUNICACION A LA DEFENSA Y AL IMPUTADO ART. 60 DEL CPP - NULIDAD.-
En su escrito de fundamentación, al motivar el agravio relativo a la denegatoria de nulidad de las intervenciones telefónicas el Sr. Defensor Particular Indicó dos puntos salientes que dan cuerpo a su planteo.
El primero de ellos es la falta de comunicación de la iniciación de la causa al Juez de Garantías por parte del Fiscal de conformidad con la manda del árticulo 291 del rito procesal; en tal sentido afirma que dicha circunstancia recién operó a fojas 3739 mediante oficio que además no tiene fecha de recepción.
Por ello afirma que el ministerio público fiscal actuó sin ningún tipo de contralor desde el inicio - con la salvedad del momento que solicitara la intervención telefónica en relación a ella - y que de ello se deduce una afectación al debido proceso. Seguidamente, expone el Dr. Murcho, que las intervenciones telefónicas sobre comunicaciones del imputado se realizaron sin tener vinculación alguna su asistido en el proceso, es decir, sin la notificación del artículo 60 y en atención a la clara exigencia del artículo 229, ambos del rito procesal.
De esta manera entiende que la nulidad debe ser decretada al haberse dispuesto las intervenciones telefónicas en infracción al articulo 229 del ritual y afectado garantías de orden supra legal (artículos 203 del código procesal, 18, 19, 75 inciso 22º de la Constitucional Nacional, 11 inciso 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 17 del Pacto Internacional de derecho Civiles y Políticos).
Ahora bien, debo adelantar que los motivos que indica la defensa para dar andamiaje a sus planteos de nulidad no tendrán acogida favorable, pues entiendo que no se avizora una afectación a las garantías constitucionales y derechos que goza el imputado en el proceso.
En tal sentido debo dejar en claro el criterio, tal como lo he puesto de manifiesto en cada uno de los planteos nulificatorios efectuados ante este Tribunal, compartido además por mis colegas de sala, que la sanción procesal pretendida por el Sr. Defensor Particular constituye la última ratio tributaria de un perjuicio efectivo a una de las partes (nulidades relativas) u obedientes a cuestiones de orden público o menoscabo de garantías constitucionales causantes asimismo de una lesión que deba ser reparada (nulidades absolutas), descartándose la declaración de invalidez en interés de la ley, doctrina denominada en el derecho procesal anglosajón como "harmless error" y que ha sido históricamente receptada en la máxima "pas de nullité sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio).
Lo antedicho se condice con la limitación en la declaración de nulidades que practica el sistema de sanciones del código vigente, que exige para su procedencia, la necesidad de demostrar la existencia de un perjuicio cierto. Señala al respecto Roberto Falcone que "... la invalidación debe responder a un fín práctico, es inconciliable con lo expuesto la nulidad en el solo interés de la ley, de carácter teórico o para satisfacer un mero deseo abstracto de justicia, puesto que siempre debe vincularse con la protección de un interés concreto que ha sido dañado a fin de no caer en vicios propios de la ideología del ritualismo..."(El proceso penal en la provincia de Bs. As." Ed. Ad-Hoc. 2005, pág. 363).
Sentado ello adelanto que no advierto, como lo enfatizara la defensa, que se hayan infringido normas legales (CPP, 201 y 202 nº 3, ambas en sentido opuesto), ni constitucionales (CN 18 y 19), que pudieran haber engendrado la indefensión de su pupilo, ello por las consideraciones que para a exponer.
En primer lugar no resulta cierto que el Sr. Agente Fiscal obró por fuera de la orbita de contralor del órgano jurisdiccional. Tal como afirmara el Magistrado al resolver el planteo efectuado por la Defensa del imputado A. , la presente investigación es producto de las escuchas telefónicas y sus desgrabaciones realizadas en la investigación penal preparatoria nro. 14-00-6863-11 de ahí se colige que no existió una intervención telefónica por el solo arbitrio del Fiscal, sino producto de una disposición jurisdiccional del Juez que intervine en dicha IPP mediante un auto debidamente fundado y conforme lo previsto por el artículo 229 del rito procesal. Por lo tanto bajo ningún concepto puede afirmarse una actividad, desde el inicio, del Ministerio Público sin el debido control o por fuera de las normas que regulan su actuación en la investigación penal preparatoria.
Por otro lado, el Fiscal al haber requerido al Juez las intervenciones telefónicas pone en conocimiento del inicio de la investigación, mas allá del formalismo exigido por la Defensa de remitir un oficio para comunicar el inicio de una investigación, el requisito de dar la noticia del comienzo de la pesquisa se da por cumplimentado con ello, mas aún, el Magistrado recibió los autos principales, efectuó un estudio de los mismos, consideró el planteo y resolvió al efecto, circunstancias que me lleva a concluir que su control fue mas exhaustivo que la mera recepción de un oficio de comunicación como hubiese pretendido la Defensa de A. .
En cuanto al segundo de los motivos de nulidad antes expuesto por parte de la Defensa, falta de notificación del artículo 60 del C.P.P. en clara violación al 229 del rito procesal, atentando de esta manera contra el derecho de defensa del imputado, tampoco encuentro acertado el mismo.
En principio corresponde definir que comprende el derecho de defensa del cual goza todo imputado en un proceso. Desde el punto de vista del Profesor Julio B. J. Maier, "... el derecho de defensa del imputado comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevarla a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe; esas actividades pueden sintetizarse en: la facultad de ser oído, la de controlar la prueba de cargo, que podrá utilizarse validadamente en la sentencia, la de probar los hechos que el mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal, la de valorar la prueba producida y exponer las razones, fácticas y jurídicas, para obtener del Tribunal una sentencia favorable según su posición, que excluya o atenúe la aplicación del poder estatal penal..." (Derecho procesal Penal I Fundamentos, editorial Editores del Puerto, pagina 547, Buenos Aires 2012). Por otro lado, afirma también Maier, que el procedimiento de construcción de la verdad procesal, es durante la instrucción preliminar, un procedimiento básicamente autoritario, cualquiera que sea la autoridad que la preside o dirige: no solo es una autoridad estatal la que reconstruye el proceso histórico que conforma su objeto, en principio sin ingreso al procedimiento de los diversos intereses y puntos de vista inmiscuidos en el caso - sin debate -, sino que, además, el procedimiento así cumplido obedece al fin principal de recolectar información para lograr la decisión del Estado acerca del enjuiciamiento de una persona, agrego, en aras de cumplir con la manda del preámbulo de la Constitucional Nacional "de afianzar la justicia".
Ahora bien, el punto álgido resulta entonces determinar con precisión el momento inicial, a partir del cual el imputado puede intervenir en el procedimiento.
El artículo 60 del código de procedimiento penal estipula "...Se considera imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o participe de la comisión de un delito. Los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como participe de un hecho delictivo desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra...".
Ahora bien, ese "primer momento de la persecución penal"
que determina el Código, en casos como el presente donde se investiga la posible existencia una organización criminal, con gran cantidad de roles, división de tareas, gran poderío económico y además vinculaciones policiales, no es inmediato, pues el Agente Fiscal en la adquisición de elementos para dar sustento a su hipótesis debe tener cierto sigilo y prudencia, por lo cual exigirle desde que advierte la posible existencia de dicha hipótesis delictual notifique a los investigados de la formación de la causa daría por tierra seguramente el resultado de la misma.
Por otro lado, no debe perderse de vista, tal como lo expresar al contestar el anterior fundamento de agravio, que la actividad del Sr. Agente Fiscal siempre ha sido controlada por el órgano Jurisdiccional, quien sí debe guardar la característica de tercero imparcial y las garantías constitucionales de quienes se encuentran investigados.
Aun así no existen derechos absolutos y justamente ese criterio rector lleva a considerar la legalidad de las injerencias en la vida privada en aras del descubrimiento de la verdad real, es decir mas allá de los condicionamientos que llevan al respeto de las formas constitucionales debe llevar al análisis aquellas conductas que describe la defensa como violatorias de ellas.-
En dicho norte debo abocarme a la validez o no de las intervenciones telefónicas y sus desgrabaciones como medio de investigación.
Las intervenciones o rastreos de llamados, o “escuchas telefónicas”, se revelan en la actualidad como uno de los medios de prueba mas eficaces para las investigaciones penales, sobre todo aquellas que persiguen los delitos de mayor gravedad, entre ellas, el tráfico de estupefacientes, o delitos perpetrados por grandes bandas o grupos terroristas.
Uno de los aspectos mas significativos para el incremento de la utilización de este método, lo constituye, sin dudas, los avances tecnológicos surgidos en las últimas décadas, que permiten no solo la interceptación y captación de las conversaciones telefónicas, sino además, el análisis exhaustivo de las cintas grabadas, para saber si ha sufrido enmiendas o cortes que puedan alterar su contenido, o inclusive para determinar si la voz que se escucha corresponde efectivamente a quien se le atribuye. Las intervenciones telefónicas – como medios de investigación- son de las más adecuadas para afectar las garantías constitucionales, dado que el interés jurídico en el equilibrio antes mencionado no resulta adecuadamente protegido o no lo es en la misma medida como sí lo son la coacción o la tortura para la auto incriminación. Así como se reconoce que en un Estado de Derecho un hecho delictivo precede a su investigación para establecer quienes son los responsables, con una intervención telefónica carente de un adecuado marco regulatorio podría suceder que se invierta este principio y se investigue a una persona para verificar si ésta ha cometido un delito. Es por este motivo que se impone extremar las precauciones y el control judicial a la hora de realizar la interceptación, puesto que un control adecuado del uso de este medio de prueba se presenta como la única forma de lograr el necesario equilibrio entre la actividad de investigación de las acciones delictivas y el respeto al conjunto de derechos de la persona.
Tal como surge del fallo número 98.808 del T. Oral Criminal nº 9, mayo 14-997.- Rodríguez, Constantinoo, tanto los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos como es en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 11 inc. 2º, como la Constitución de la Nación Argentina en sus arts. 18,19 y 33, tutelan el Secreto de las Comunicaciones y como tal debe entenderse comprendido como derivación del Derecho a la vida ocon citas en las leyes 23.054Adla, XLIV-B, 1250 y 23.187 Adla, XLV-C,2006. privada, la intimidad y la libre comunicación, sean éstas emitidas vía oral o escrita, incluyendo las conversaciones telefónicas La constitución de la provincia de Buenos Aires brinda una amplia protección en materia de medios de comunicación al reconocer, entre los derechos de los que gozan todas las personas en la provincia, "la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de comunicación personal", disponiendo que la ley establecerá los casos de excepción en que por resolución judicial fundada podrá procederse al examen, interferencia o interceptación de los mismos o de la correspondencia epistolar (art. 12.5).
Reglamentando dicha cláusula el código de procedimiento penal en su artículo 229 estatuye que el juez podrá a pedido del agente fiscal, y cuando existan motivos que los justifiquen y mediante auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas del imputado y los que realizare por cualquier medio, para impedirlas o conocerlas.
Ello resulta coherente con el mandato de los instrumentos internacionales y constitucionales que exige resolución judicial fundada para proceder al examen interferencia o interceptación de las comunicaciones.
Ahora bien la decisión que supone la intromisión de los poderes públicos en una esfera de intimidad protegida por un derecho fundamental, en el caso, el derecho al secreto de las comunicaciones, debe estar suficientemente justificada, no solo en función de una consideración general referida a los intereses en juego en cuanto que debe tratarse de la investigación de un delito concreto y que debe ser de gravedad bastante, sino también en relación con la existencia en el caso de datos objetivos que permitan fundar adecuadamente una sospecha acerca de la comisión actual, pasada o futura, de un delito y de la intervención de los sospechosos en él, y también de que la intervención que se pretende, aun cuando pudiera pertenecer a un tercero ajeno a los hechos, puede revelar datos de interés para la investigación. En este sentido, para que la restricción del derecho fundamental pueda ser calificada como legítima, es preciso que consten los indicios que el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta para alcanzar aquella conclusión acerca del carácter fundado de la sospecha. En este sentido, no es necesario que se alcance el nivel de los indicios racionales de criminalidad, propios de la adopción del procesamiento.
Es de tener en cuenta que en el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada, por lo que únicamente pueden conocerse unos iniciales elementos indiciarios.
En el presente caso claramente se dan los requisitos hasta aquí impuestos, tanto en el pedido del Sr. Agente Fiscal como en la resolución se justificó y fundamentó acabadamente la intervención telefónica, determinándose además el espacio temporal que se prolongarían como así también la metodología que se debía imprimir a las mismas.
Con estos requisitos, se da cumplimiento a las exigencias y estándares fijados a través de los instrumentos internacionales que regulan la materia, la Constitución Nacional, su igual de la Provincia de Buenos Aires y el Código de Procedimiento Penal; por lo tanto no advierto que dicho medio de investigación, utilizado por el Sr. Agente Fiscal a lo largo de toda la investigación se encuentre viciado de nulidad, y su incorporación como elemento a la investigación resulta válido.
He tomado vista de los planteos, su responde y la decisión del magistrado de grado al respecto, de ahí que a la luz de aquellas constancias que obran en la causa habré de expedirme por el rechazo de la sanción procesal que se impetra, en primer lugar y previo a todo he de afirmar que mas allá de los cotejos realizados en la Ciudad de Rosario, existía una fuente independiente de prueba que llevaba inexorablemente a los allanamientos y detenciones que finalmente se produjeron, digo existiesen o no los cotejos que se declaman nulos la investigación logra por medios independientes fundar las acciones realizadas, de ahí que no logra demostrar el agravio el perjuicio que requiere la nulidad que se pide.- En este sentido la "fuente independiente" funciona cuando al contenido probatorio del acto, en el caso denunciado como ilegal, o a sus consecuencias se puede llegar por medios probatorios legales presentes, que no tienen conexión con la violación constitucional. Es decir, que aún suprimiendo hipotéticamente el acto viciado, en el caso los cotejos realizados por orden del Fiscal en la ciudad de Rosario, se puede igualmente arribar a sus consecuencias por vías legales independientes, en el presente caso las escuchas telefónicas y los entre cruzamientos de llamados.
La excepción de la fuente independiente ha estado presente en reiterados pronunciamientos de destacada jurisprudencia nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación la dejo traslucir ya en el caso "M." de 1981, luego hizo adhesión a dicha doctrina en los precedentes "R." (fallo 308:733), al sostener la necesariedad de analizar la “indisolubilidad de la relación”, entre el procedimiento ilegítimo y las diversas situaciones que de él se desprendieren, oportunidad en la que además, y luego de reafirmar “la regla de la exclusión”, dijo el Superior Tribunal que “no obstante su categórica formulación, admite también el concurso de factores que pueden atenuar los efectos derivados de una aplicación automática e irracional”, citando como ejemplo de ello “la prueba que proviene directamente de las personas a través de sus dichos, por hallarse ellas dotadas de voluntad autónoma”. También lo hizo en los fallos "F. "; "R. " (JA del 27/1/1988); "F. " (Fallos 310:19), entre otros. También tiene su precedente en los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la denominación “independent source”. En ella se analiza “la posibilidad de adquisición de las evidencias por otras fuentes distintas que las que se tengan por ilegítimas” (“R. y otros”).- Así lo dijo la Corte de los E.E.U.U. en el caso “Silverthorne Lumber Co. v. United States” oportunidad en la que por primera vez formulara la excepción de la “independent source”, al sostener que las pruebas recogidas ilegalmente, podrían ser admitidas si su conocimiento hubiese podido derivar de una fuente independiente a la “del árbol envenenado”. Es decir, la existencia de un cauce investigativo distinto y alternativo. Es dable destacar también los precedentes "Fah v. Connecticut - 375 US 91 -; "US v Cecolini" -435 US 268- y "Bynum v. US - 1960 -.
Por último no escapa de mí consideración la nueva tendencia en materia de prueba ilícita que la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica ha plasmado al pronunciarse en el caso "Hudson v. Michigan".
Cabe decir, que la mencionada sentencia viene a confirmar la tendencia que la exclusión de las pruebas es el último recurso, no el primer impulso, pues la sentencia de la Corte Suprema de los EE UU trataba sobre el supuesto de una violación a la regla de "knock and announce", donde se concluyo que no se tiene por que excluir las pruebas si el registro se ha efectuado de conformidad con una orden de registro valida, por lo tanto la vulneración de la regla antes mencionada no provoca la aplicación de la regla de exclusión. Aun así, prosigo en aras de dar una respuesta acabada a las peticiones bajo este titulo, y así corresponde señalar que la presente investigación tiene su génesis en otra IPP donde se investiga determinados delitos e imputados (IPP 14-00-006863-11 "A. P.H. , A. A.D. , P. J. A. S/ FALSIFICACION, ALTERACION O SUPRESION DE LA NUMERACION REGISTRAL, PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA, ROBO AGRAVADO," teniendo como denominador común una persona a quien mediante el análisis de las escuchas telefónicas da el punta pié inicial de la presente (ver informe del Oficial principal Caeiro de fs. 3 de la presente), a partir de ahí se agregaran personas -finalmente imputados- como se ve, aquello que hasta este momento se conoce como la Asociación Ilícita.
Ahora bien, parte de esta llamada banda dedicada a la obtención de vehículos por medios ilícitos, - y demás quehaceres delictivos con los mismos- se dice tenía dos bases de operaciones una aquí en la Pcia. de Buenos Aires, otra en la Provincia de Santa Fe específicamente en la Ciudad de Rosario, y de ahí entonces de conocer si las tareas encomendadas por el Fiscal de la causa en la Ciudad de Rosario resultan violatorias de normas de índole Constitucional tal refiere la defensa de A. y su adhesión.- En primer lugar, el Fiscal se encuentra facultado para dirigir la investigación y en ese sentido debe tejer las estrategias necesarias y suficientes que lleven al éxito de la misma. (Art. 61 de la Ley 12.061 y sus modificaciones).-
Estimo como adelanté, que no existe impedimento constitucional alguno, ni menoscabo de derechos, en la tareas de inteligencia que le encomendara el Fiscal cumplir a personal de la DDI de San Isidro, en la Ciudad de Rosario, digo, nada de lo apuntado por la defensa parecería materializarse como un agravio constitucional, es decir la orden impartida por el Fiscal de la causa tiene como fundamento las constancias que se agregaban en el expediente y el envío de personal de la DDI de San isidro lo fue al solo efecto de verificar si aquellas manifestaciones que surgían de las escuchas telefónicas tenían vestigios de veracidad.-
Entonces el solo hecho de fotografiar domicilios o galpones, o eventualmente los automotores que allí eran guardados y se veían a simple vista de la calle, no resulta más que una mera constatación del estado de las cosas, que no resulta violentar ningún derecho previsto en la carta magna y tampoco fuera identificado por la defensa en su escrito de apelación, aun más, he de afirmar que esa actividad cumple con las disposiciones generales que regulan en el Rito la IPP, específicamente el art. 266 del mismo cuerpo normativo, que versa sobre la finalidad de la investigación.- Por último, he de destacar que el decreto ley 9302/79, Art. 1ero., deja en claro que no se requiere la autorización que declaman las defensas, y del mismo artículo que cito se ve prístinamente que el Fiscal pudo haber hecho mas de lo que se le reprocha sin autorización de la Provincia de Santa Fe, "...Art. 1 Dec. Ley 9302/79...en todo proceso penal el juez o Tribunal interviniente podrá prescindir del envío del exhorto para obtener prueba, informativa, documental o pericial ...."., véase entonces aquello que vengo afirmando, el convenio permite mucho mas que las meras constataciones practicadas.
En base a todo lo expuesto doy por contestado el agravio, y propongo su rechazo en virtud de no haberse afectado garantías constitucionales.-
Concluido el tratamiento del agravio relativos a las denegatorias de nulidades incoadas por el Dr. Murcho - letrado particular de A. -, planteos a los se adhiere el Dr. Mariano J. Varela - Defensor Particular de los imputados B. y G. -, corresponde adentrarme a los demás planteos efectuados contra el auto que convierte en prisión preventiva la detención de todos los imputados. Surge de cada una de los fundamentos de los recursos de apelación interpuestos por los letrados de los imputados D. A. R. D., E. L. A., W. R. B., G. A. G., N. D. R., J. G. Y., J. A. T., D. A. R. , C. A. C. y M. F. D., a los cuales me remito en honor a la brevedad, que su critica se centra a la participación de cada uno de ellos en la conducta que fuera calificada como constitutiva del delito de Asociación Ilícita, por ello habré de considerarlo primeramente, y ello mas allá de poder evitar expedirme en el punto desde que en abstracto y aun sin considerarlos incursos en el delito previsto por el articulo 210 del Código Penal los restantes delitos que se les imputan dada la multiplicidad de hechos no dejarían avizorar un horizonte libertario, digo esto en función de lo previsto por el articulo 23 inciso quinto del Código de Procedimiento Penal.
En el sub lite, el a quo consideró que se encontraba acreditado, con el grado de probabilidad que el presente estado del proceso requiere, el suceso criminoso que a continuación se relata: el cual había sido reprochado por el Sr. Agente Fiscal a fojas 3648/3704 a A., B., G., C., R. D., R., T., Y., R.: "Integrar cuanto menos desde el día 29 de Septiembre de 2011 y hasta el momento de efectivizarse sus detenciones, una empresa criminal liderada u organizada por E. L. A., siendo sus restantes miembros el aquí imputado J. A. T., junto a G. A. G., alias "P."; y D. A. R. alias “T.”, M. F. D. alias “P.” o “C.”, J. G. Y. alias “G.”, N. D. R. alias “P.”, W. R. B., A. D. R. D. alias “B.”, C. A. C. alias “C.i”, M.
I. alias "C." y otros sujetos cuya identidad a la fecha se ignora fehacientemente los que en forma preacordada y previa división de tareas se dedican a la comisión de delitos indeterminados, principalmente contra la propiedad automotor. El curso de la pesquisa permitió determinar que específicamente los integrantes del clan delictivo se dedican con habitualidad a procurar las sustracciones ilegitimas de vehículos automotores para lo cual operan de tres formas estrictamente diferenciadas, a saber: a) interceptan a los usuarios de dichos rodados mediante la utilización de armas de fuego y los despojan de los mismo; b) los sustraen desde la vía publica mediante el uso de ganzúas o "yugas" o inclusive mediante sistemas informáticos (computadoras portátiles) que generan la apertura y encendido de los vehículos y c) contando con la anuencia y connivencia de sus propietarios quienes los denuncian falazmente ante la autoridad policial a efectos de cobrar la póliza de los mismo irrogando el consecuente perjuicio económico a la aseguradora y a la administración de justicia.
Una vez obtenida la unidad automotriz en alguna de esas modalidades desde el ámbito de esta Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los rodados son trasladados por los denominados "pasadores" de la organización a los "reducidores" principalmente situados en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe ocultándolos en diversos galpones con los que cuente la gavilla criminal gerenciados por el líder de la organización pesquisada identificado como E. L.A. . Como se decía con antelación, una vez que el rodado es obtenido por el clan delictivo mediante aquellas modalidades la banda opera nuevamente según tres posibilidades también estrictamente diferenciadas y que la investigación ha permitido revelar: a) a efectos de desguazar los mismos en auto-partes y enajenarlas por separado en el mercado negro; b) con la finalidad de conformar un vehículo adulterado de los llamados "mellizos" para lo cual proceden a suprimir las numeraciones de chasis y motor genuinas del rodado sustraído y c) para operar en la modalidad conocido como "vehículo de repuesto" consistente en que receptan a muy bajo costo económico en condición de volcada, chocada o siniestrada una unidad automotriz rearmando la misma con la totalidad de las piezas de un vehículo de idénticas características previamente sustraído, para lo cual, modifican los "sticker" de seguridad que poseen los rodados.
Que concretamente según el curso de la investigación la distribución de roles en la empresa criminal consistía en que los vehículos automotores, en su mayoría de alto valor comercial, eran sustraídos por el encartado N. D. R. alias "P."; "E."; "Q." y otros sujetos del sexo masculino aun no identificados para la instrucción los que eran entregados a los denominados "pasadores" de la organización, a saber: D. A. R., J. G. Y. –también dedicado a desinstalar equipos de rastreo satelital de los vehículos robados, M. F. D.; J. A. T. y C. A. C. quienes los receptaban en las modalidades antes referidas. Que en el caso de A. R. D. tenia como función la confección de los "stickers" identificatorios que luego colocaban a los vehículos.
Que, como se dijo, en varios casos eran trasladados a la Provincia de Santa Fe donde G. A. G. alias "P."; W. R. B. y E. A. quien operaban del modo antes referido. Sin perjuicio de los hechos concretos que aquí se detallarán, el curso de la pesquisa –hasta el momento- ha permitido evidenciar que la gavilla investigada ha tenido participación activa en las detentaciones y comercialización de los vehículos robados que a continuación se detallan:
Volkswagen Fox dominio …-…; Volkswagen Fox dominio …-…;
Renault Clio dominio …- …;Renault Megane II dominio …-…; Ford Ecosport dominio …-…; Ford Ecosport dominio …-…; Chevrolet Corsa dominio …-…; Chevrolet Corsa dominio …-…; Citroen Berlingo dominio …-…; Volkswagen Suran dominio …-…;
Volkswagen Polo dominio …-…; Volkswagen New Beetles dominio …-…; Fiat Punto dominio …-…; Audi A3 dominio …-…; Peugeot Partner dominio …-…; Peugeot 407 dominio …-…; Peugeot 307 dominio …-…; Citroen C4 dominio …- …; Citroen C4 dominio …-…; Subaru Impresa dominio …-…; Volkswagen Vento dominio …-…; Volkswagen Voyage dominio …-…; Volkswagen Voyage dominio …- …; Citroen Piccasso dominio …-…; Ford Focus dominio …-…; Ford Focus dominio …-…; Nissan Sentra dominio …-…; Volkswagen Suran dominio …-…; Chevrolet Cruze dominio …-…; Chevrolet Cruze …-…; Volkswagen Gol dominio …-…; Volkswagen Suran dominio …-…; Audi A3 dominio …-…; Peugeot 207 dominio …-…; Peugeot 207 dominio …-…; Nissan Murano dominio …-…;
Volkswagen Bora dominio …- …; Volkswagen ..-…; Volkswagen Gol dominio …-…; Volkswagen Bora dominio …-…; Volkswagen Gol dominio …-…; BMW Compact …-…; Mercedes Benz 1114 dominio …-…; Audi A3 dominio …-…; Mitsubishi L200 dominio …-… y Toyota Corolla dominio …-….”
Así, lo descripto, fue considerado acreditado a partir de las constancias enumeradas en el auto en crisis, las cuales oportunamente fueron evaluadas desde esta Alzada al momento de resolver la excarcelación de los imputados R.D. y T., por lo que la calificación legal escogida, Asociación Ilícita en los términos del artículo 210 del Código Penal, es la correcta, de conformidad con los fundamentos que seguidamente pasaré a exponer.-
Conforme es criterio de este Tribunal (asumido en cnº Causa 8954 "R., J. C. s/Infracción ley 23.737", cnº 12.222 "L., C. D. s/prisión preventiva", 11.386 “"S., N. J. y F., R. S. s/ incidente de apelación del auto de prisión preventiva", entre otras) que el momento procesal al que se han referido los letrados particulares y el Oficial es una etapa preliminar de investigación en el que se ha dispuesto la medida de coerción personal. Esta privación de la libertad de los imputados debe ser estrictamente aplicada y con el fin de asegurar el proceso de conocimiento, siendo uno de sus tres principales objetivos el de garantizar una investigación de los hechos en debida forma por parte de los órganos de persecución penal. La imposición de la medida exige, como uno de sus dos presupuestos materiales, la "...sospecha vehemente con respecto a la comisión del hecho punible..." (Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, traducción de la 25ª edición alemana por Gabriela Córdoba y Daniel R. Pastor, Buenos Aires, año 2.000, pág. 257 y ssgtes.).-
En esta etapa, y como presupuesto básico para el dictado de la medida en cuestión se requiere la probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado (Jorge Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tomo II, ed. Marcos Lerner, Córdoba, año 1.984, pág. 448) y no requiere, por tanto, certidumbre apodíctica que importe el reconocimiento del mérito de la imputación (Guillermo Navarro y Roberto Daray, Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial, ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2.004, pág. 840).-
El principio de inocencia no impide la regulación y aplicación de medidas de coerción durante el procedimiento -antes de la sentencia de condena firme que impone una pena-. No obstante la decisión de encarcelar preventivamente debe ser debidamente fundada; pero no se exige más que la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho punible (Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal Tomo I Fundamentos, Editores Del Puerto, 2ª edición, Buenos Aires, año 1.999, pág. 524).-
Ello así ya que, como se ha dicho, no se puede exigir en plena instrucción penal preparatoria ningún tipo de certeza de autoría y responsabilidad, sino un grado de acercamiento a la verdad constitutivo de probabilidad.-
Bajo ese baremo es que corresponde me expida.
Sin perjuicio de ello, habré de tratar en particular la situación de cada uno de los imputados cuya participación en las distintas conductas se les endilga, y respecto de los distintos planteos efectuados por las Defensas de cada uno ellos, aclarando también que es doctrina de este Tribunal (en causas nº 9686 "V., E. D. s/ Elevación a Juicio", 10445 "A., D. s/Incidente Apelación", 11.402 “C., R. O., 12.275 "B., J. L.”, 11.935 "N., V. A.", 11.946 Á., J. J. y B., G. N.", entre otros, la utilización de la disposición del art. 23 inc. 5to del ritual, en tanto responde a la necesidad de agilizar los trámites de la etapa preparatoria al debate siendo que habilitar el estudio de cuestiones absolutamente provisorias en esta etapa - tal como la calificación legal asignada a las demás conductas cuando al imputado su modificación no alteraría su estado de detención - que serán luego objeto de estudio por el Tribunal de juicio y/o eventualmente por el Fiscal ante esa instancia, conspiraría contra los fines de las reformas que atienden a la celebración de los debates en tiempo oportuno y especialmente a la preclusión de las etapas de las Investigaciones Penales Preparatorias del Juicio. Por lo que no corresponde extender el pronunciamiento de esta Sala en ese sentido, toda vez que la misma por su carácter de provisoriedad puede ser modificada con posterioridad en el juicio oral (cfr. art. 23 inc. 5º del CPP).
V. SITUACION DE E. L. A.
El letrado particular del imputado A., Dr. Murcho, al fundar los motivos de agravio indico respecto a la materialidad ilícita los siguientes fundamentos:
En primer lugar, referenció que no puede afirmarse que la supuesta asociación ilícita se encuentra integrada a partir del 29/09/11 porque para esa fecha su defendido no se encontraba ni mencionado ni "investigado". No existe ninguna comunicación entre D. R. y N.N. E. que autorice a suponer su supuesta integración en la asociación delictiva.
En segundo lugar, mencionó que no encuentra acreditado que el teléfono Nextel (ID …*...) sea de titularidad, propiedad o al menos ser poseedor del mismo, mas aún, ni siquiera se encuentra secuestrado el aparato.
Por último, el Dr. Murcho dijo que no se encuentra acreditado que su defendido conozca o tenga vinculación alguna con los coimputados T., R., D., Y., R. y R. D..
El primer fundamento de agravio no tendrá favorable acogida, pues corresponde hacer notar al Defensor que la circunstancia apuntada no obsta a que su asistido fuera determinado como Jefe de la asociación ilícita, con el grado de provisoriedad que esta etapa requiere.
Así pues, que su asistido recién aparezca a fojas 1333, no quita que su participación sea anterior, pues la investigación se inicia, como ya explicare, a partir de intervenciones telefónicas que van habilitando la intervención de otros teléfonos. De los autos principales se advierte que la tarea del investigador ha sido la de ir averiguando mediante la intervención de las distintas líneas telefónicas las acciones y movimientos de una organización destinada a cometer ilícitos cuyo objeto son los automotores, es decir, no se focaliza en una persona determinada, sino que se va desentrañando, mediante el método de investigación antes mencionado, la actividad de las distintas personas que integran dicha organización. Por lo cual la circunstancia que A. aparezca cuando la investigación se encontraba en curso en nada modifica que el mismo participe desde un comienzo de las actividades de la gavilla criminal, en calidad de jefe.-
He de decir que seguramente la actividad de L. A. resulte anterior a su aparición, tal lógica se desprende de uno de los fundamentos del derecho penal o su aplicación, es decir recién conocida aquella conducta que puede resultar típica, antijurídica y eventualmente culpable, resulta de aplicación.-
Por lo tanto la circunstancia apuntada por el Defensor que su asistido no se encontraba ni mencionado ni "investigado" a la fecha indicada por el Agente Fiscal en la imputación, en nada modifica el rol de mando que A. "prima facie" le cupo.
En relación al segundo argumento introducido por la Defensa, cabe hacer notar que no se investiga en la presente si L. A. es titular de una línea telefónica o no, sino más bien su participación como Jefe de una Asociación Ilícita.
La circunstancia que no figure como titular de la línea telefónica del móvil intervenido resulta un débil argumento de la Defensa como para suponer que las comunicaciones que se efectuaban al ID …*… no eran atendidas por A., pues de la lectura de fojas 1689/90, 1731, 1733, 1735/36, 1756, 1767, 1782/84, 1799/1800 entre otras se desprende que las personas que se comunicaban con dicho ID preguntaban por E., empero mas aún, del contenido de una conversación cuya desgrabación luce a fojas 1772/73 de los autos principales se desprende la ocurrencia de un accidente automovilístico sufrido por la mujer del interlocutor "E." quien circulaba abordo de una Peugeot Partner en la localidad de San Nicolás.
En virtud del dato se puedo determinar luego, tal surge del informe de fojas 1686, que el 27 de junio del corriente en el kilómetro 196 de la Ruta 9, localidad de Ramallo, sufrió un accidente R. N. C. domiciliada en la calle A. 1. de la ciudad de Rosario. Asimismo con fecha 15 de julio del corriente partieron de vacaciones en un vuelo desde aeroparque hacia la ciudad de Bariloche - vuelo AR1696 -; la Sra. R. N. C. y el Sr. E. L. Al., con lo cual claro surge que el interlocutor "E." resulta ser E. L. A. y por tanto el argumento de la defensa debe ser desechado.
Para finalizar debo decir que no necesariamente debe ser titular de la línea telefónica móvil que utiliza, es decir, el hecho que la misma se encuentre a nombre de otra persona sería mas bien una practica para evitar una posible vinculación a sus maniobras ilícitas.
Finalmente corriendo la misma suerte que los demás, entiendo que el último de los argumentos descriptos al respecto de la crítica a la materialidad ilícita tampoco tendrá acogida favorable, pues considero que no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Fontan Balestra "Derecho Penal", Parte Especial T. IV Ed. Abeledo Perrot Buenos Aires 1994, t. 133, III 3, p. 470, quien se remite a Antonio García- Pablos de Molina; Ramos, ob., cit., p. 256).
Así "in re" "S., L." de la Cámara Nacional Casación Penal Sala II del 28/3/94, se señaló que la Asociación Ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos sin que sea necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente o se conozcan o sepan la función del otro o de los otros "inter criminis".-
Este ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso o no.-
Por eso este tipo de organizaciones no requiere trato personal ni conocimiento entre alguna de sus partes, ni tampoco que todos sus integrantes se reúnan en algún sitio determinado. En tal sentido los acuerdos pueden ser alcanzados por emisarios o como en el presente mediante comunicación telefónica, tal cual ha sido el "modus operandi" de la asociación ilícita investigada.-
En los tiempos que corren y tecnología mediante, resultaría innecesario la reunión de los integrantes, pues los nexos para poner en marcha los designios de la Asociación Ilícita, y proseguir sus utilidades pueden llevarse a cabo únicamente mediante la utilización de tecnología de las comunicaciones o informática, que hoy día se encuentra a disposición de quien económicamente pueda acceder a ella, impedimento este último, que claro esta no se verifica en el caso.
Seguidamente el letrado particular se refirió a la calificación legal asignada.
Analizó el tipo del artículo 210 del Código Penal - Asociación ilícita - circunscribió su aplicación a casos específicos, citando para ello doctrina y jurisprudencia.
Luego indicó, de confirmarse la resolución se estaría potenciando notoriamente una pena desproporcionada en expectativa frente a los delitos concretos cuya realización se atribuye a su defendido - encubrimientos -.
Criticó la imputación del Fiscal en cuanto fijo la participación de su asistido en injustos determinados cuando la norma requiere la perpetración de hechos ilícitos indeterminados.
Seguidamente reiteró el desconocimiento entre los integrantes de la supuesta asociación, por lo tanto el rol supuesto de A. de Jefe no podría configurarse en razón de que no existe ninguna orden o directiva impartida por este a G., por ejemplo, quien junto con B. y C. actuarían en forma independiente.
En este sentido expresa, el rol que se asigna a su asistido no se encuentra configurado, pues a fojas 1349 se lo menciona como reducidor no como jefe y de las distintas desgrabaciones de conversaciones telefónicas o no corresponde a su asistido o su contenido difiere de las demás, es decir, son todas similares, de ninguna de ellas se advierte el rol de jefe u organizador. Asimismo indica que el concurso real entre el encubrimiento y estafa al seguro no se encuentra comprobado, en primer lugar respecto al delito de estafa al seguro la norma requiere para su configuración que el vehículo se "incendiare o destruyere", cuando en el caso de autos se relacionan a dos supuestas denuncias falaces de hurto de automotor y no de incendio o destrucción. Afirma además, que en el terreno de la hipótesis o bien participó en la estafa o fue el autor del encubrimiento, ambas conductas no se le pueden reprochar porque una - la estafa - se encuentra subsumida en la otra - el encubrimiento -.
Finalmente, previo a efectuar reserva del caso federal, se refirió a la medida de coerción indicando que no existe elemento alguno que permita presumir el desprecio de los bienes jurídicos, ni entorpecimiento en la averiguación de la verdad, ni peligro de fuga, pues su asistido tiene arraigo, trabajo y familia en la ciudad de Rosario, todo lo cual se acreditara en debida forma en el momento oportuno.
En relación a la crítica de la conformación del tipo del artículo 210 del Código Penal, común a todos los letrados de los imputados en la misma, realizaré algunas consideraciones al respecto.- El delito de asociación ilícita es un delito formal y de peligro abstracto, que afecta el bien jurídico orden público y que se consuma en el momento en que los autores se asocian para delinquir, importa el solo hecho de tomar parte de la asociación o banda, de modo que su consumación no exige la comisión de los delitos propuestos. De modo que la acción típica es tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos: tomar parte es participar, ser miembro de la asociación, pertenecer a ella. No exige actividad material ni es requisito que los miembros se conozcan entre sí.-
Es un tipo plurisubjetivo que exige la concurrencia de al menos tres integrantes, sin fijar un número máximo. Asimismo, para ser autor no se requiere característica especial alguna, sin perjuicio de ello la pena se agrava para quienes revisten la calidad de jefes u organizadores de la asociación. Es además una infracción de pura actividad, que incrimina actos preparatorios de los eventuales delitos que la asociación puede llegar a cometer.-
Los hechos que constituyen el objeto de la asociación deben ser delitos dolosos tipificados en el Código Penal o en las leyes complementarias. Lo importante es que exista un pacto de voluntades comunes en relación con una organización cuya actividad principal sea la de perpetrar hechos ilícitos. Así se exige un acuerdo de voluntades, no necesariamente expreso, pero sí -al menos- tácito, que puede estar dado por actividades unívocamente demostrativas de la existencia de la asociación.-
El tipo penal requiere que la asociación posea permanencia y un mínimo de organización estructural. La permanencia es lo que distingue la asociación ilícita de la convergencia transitoria propia de la participación, en la que se requiere un mero acuerdo criminal (conf. Fontán Balestra, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, t IV pág. 470, Ed, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994). La organización debe tener cierta permanencia, vale decir una relativa estabilidad que revele la existencia de un contexto delictivo plural dedicado a un fin criminoso.-
En cuanto al rol que deben desempeñar los miembros de la banda, se requiere un mínimo grado de organización que supere la mera confluencia no programada de voluntades por tres o más personas, sin que sea indispensable que en el seno de la banda exista alguna suerte de liderazgo o seguimiento, pues ello ni siquiera constituye un requisito del tipo penal del artículo 210 del Código Penal, la presencia de los jefes u organizadores a los que se refiere el artículo 210 en su segundo párrafo no constituye un requisito del tipo, sino una circunstancia eventual que el Código Penal solamente reprime en forma más severa. En este sentido la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ha expresado que "(n)o requiere ninguna forma especial de organización, aunque sí un mínimo de cohesión entre los integrantes de la banda, aun en el caso de que no exista trato personal entre los asociados" (Conf. CN Casación Penal, sala IV, "D., G. G. s/Recurso de Casación", c. 64, 09/02/1994, del voto del doctor David).-
Sobre el alcance de la expresión "Orden Público", bien jurídico protegido por el tipo en análisis, entendiendo que la tranquilidad pública es un aspecto interno que expresa el estado real de ánimo que consiste en la ausencia de toda conmoción violenta que pueda agitarlo, especialmente por temor o por ira, por lo que cree, no puede verse violentado por tres o más personas que se reúnen con intención de cometer varios delitos.-
A fin de contestar el planteo "...la Corte tiene asentado su criterio en cuanto al bien jurídico protegido por el tipo del delito ubicado en el art. 210 del Código Penal afirmando que: "...si bien es cierto que la comisión de cualquier delito perturba la tranquilidad, la seguridad y la paz pública de manera mediata, algunos tales como los incluidos en le mentado título (título VIII del Código Penal), la afectan en forma inmediata, ya que el orden público al que se alude es sinónimo de tranquilidad pública o paz social, es decir la sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los delitos que la afectan producen alarma colectiva al enfrentar los hechos marginados de la regular convivencia que los pueden afectar indiscriminadamente. En consecuencia, la criminalidad de éstos reside esencialmente, no en la lesión efectiva de las cosas o personas, sino en la repercusión que ellos tienen en el espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que pueda suceder..." (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 20 de noviembre de 2.001, "S., N. E. y otro s/inc. de apelación"; Fallo: 324:3952, publicado en La Ley 2002-A, 236).-
Este concepto también concuerda con el de Soler quien considera ese peligro en cuanto la sola asociación para la comisión de delitos, afecta la tranquilidad que en definitiva deriva de un sentimiento de seguridad y no de la seguridad misma (Conf. Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", tomo IV, Buenos Aires, año 1978).-
De modo que "La razón que fundamenta y legitima, en el marco de un Estado de derecho, tal adelantamiento de la punibilidad reside en la extrema peligrosidad que entraña la existencia misma de asociaciones de la índole tenida en mira por el legislador al concebir este tipo penal, y la lesión que ello produce en la tranquilidad y paz social" (cfr. Núñez, Ricardo, 'Derecho Penal Argentino', t. VI, p. 184, Ed. Lerner, Córdoba, 1974; Soler, Sebastián, op. cit., p. 698; en general, sobre la peligrosidad como fundamento para la punibilidad de los actos preparatorios, Jescheck, Hans H., 'Tratado de Derecho Penal', 4ª edición, ps. 474 y 641, Ed. Comares, Granada, 1993)..." (conf. causa precitada).-
Con lo hasta aquí expuesto se tiene por cierto que la asociación ilícita no es un tipo de excepcionalidad como lo afirma el letrado particular, y su ocurrencia se puede dar también en organizaciones delictivas como la que se investiga en autos. Entonces la afirmación sobre la no afectación al bien jurídico que tutela el delito de Asociación Ilícita formulada por el Dr. Murcho, adherida por sus restantes colegas, y más allá de las explicaciones doctrinarias y jurisprudenciales brindadas en párrafo anteriores, se encuentra acreditada. La organización criminal investigada tenía, dicho hasta al cansancio, como objetivo la captación de automotores mediante diversas maniobras delictivas, y en función de ello, distintos actores, digo algunos con un grado de violencia mayor, pero todos con un fin común; ese fin común de esta y probablemente otras organizaciones criminales que al día de la fecha se encuentren activas llevan a sostener que en la Argentina el robo de autos establece un parámetro de alta inseguridad, ejemplifíco: el 8 de noviembre de hace solo dos años Fabián Ponce - Gerente General de CESVI - en su disertación Expo Estrategas 2010, novena conferencia de la Industria del Seguro, afirmo que en el país desaparecen 5400 a 5500 autos por mes, mencionó en el peor de los casos en un año calendario, desaparecen 64800 autos y de ahí que consultados los ciudadanos establezcan el robo del automotor como situación que afecta su tranquilidad.
Esta, mal llamada sensación de inseguridad, alcanza conforme un sondeo de la Universidad Católica Argentina publicado por el Diario La Nación al 80.3 % de las personas que respondieron el cuestionario, por abrumadora mayoría la población consultada sentirse indefensa por los hechos de violencia ocurridos en las ciudades, de ahí, si tenemos en cuenta que para el año 2010 aproximadamente 70000 autos eran sustraídos de la manos de sus dueños, es lógico pensar, que esta modalidad se encuentra abarcada y sostenida en esa percepción de inseguridad y claramente afecta la tranquilidad de los ciudadanos configurando la afectación del bien jurídico del tipo en estudio, agrego a ello que especialmente en el boletín de la "Dirección Provincial de política de prevención del delito" ESTADISTICA CRIMINAL de la Provincia de Buenos Aires Año 2011 a pagina 35 sostiene, sic.- "Los robos y hurtos constituyen los delitos contra la propiedad con mayor impacto social", remito para su lectura: la cantidad, modalidad, frecuencia y resolución de los casos que se tomaran para la confección de la misma al Boletín reseñado que resulta de dominio público, solo diré al respecto que la estadística provincial demarca una clara preponderancia al robo de automotores de uso particular (93.8 por ciento del total), ecuación que traída a la esfera de la presente investigación revela la concordancia de la estadística con los robos, hurtos o estafas al seguro producidos sobre vehículos particulares en esta causa, por último y como colofón de la respuesta al agravio reseñado he de decir que el robo o hurto de automotores resulta encontrarse como de aquellos con mayor impacto en la estadística criminal, -ver Boletín citado página 39/41-.- Doy por contestado el agravio promoviendo su rechazo.-
El Dr. Murcho indicó que el Fiscal fijó la participación de su asistido en injustos determinados cuando la norma requiere la perpetración de hechos ilícitos indeterminados. Lo esencial no es la discusión de si los delitos deben ser indeterminados o no, lo esencial es que los delitos entren dentro del fin, o como medios de otros fines de una organización, y no como una idea de cometer determinados actos delictivos, cuestión que será problema del artículo 45 del Código Penal, es decir, si los delitos están dentro de la idea de la sociedad criminal como tal, poco importa su determinación o indeterminación.
Así Creus (ob., cit., t. 2, p. 109) entiende que la indeterminación de delitos no es un requisito típico. Manifiesta que no se trata de que los miembros de la asociación no sepan que delitos van a cometer, sino que lo indeterminado será la pluralidad de delitos a perpetrar, de modo que no se agote la acción en una conducta delictiva determinada.
La Casación Penal Nacional ha sostenido que "lo indeterminado no serán los delitos sino la pluralidad de ilícitos a cometer" (CNCas. Pen., sala I "L., J. s/Rec. Casación" reg. 4043.1), también sala I, con fecha 23-03-200 en el precedente "S., A.", reg. 2832; la Sala III afirmo "La indeterminación de los delitos cuya comisión se propone la asociación, no se refiere a que los integrantes de ella no conozcan que delitos van a cometer, sino que se trata de que tengan en sus miras una pluralidad de planes delictivos que no se agoten en una conducta delictiva determinada, con la concreción de uno o varios hechos" ("S. M., P. s/Rec. Casación, reg. 142.91.3), digo en somera síntesis lo indeterminado es la cantidad de delitos a cometer, es decir la agrupación criminal organizada planifica, y ejecuta distintos delitos, y su plan no se consuma por la realización de alguno de ellos en particular.- Doy por contestado el agravio, y promuevo su rechazo.-
Sentado ello corresponde caracterizar el rol del Jefe de la organización, figura que se le imputa a E. L. A.. En su oportunidad la Defensa del imputado afirmó que su asistido no cumplía dicho rol - había sido sindicado como reducidor -, pues las conversaciones resultan ser las misma que las demás.
En primer lugar corresponde delimitar cuales son las características que debe reunir una persona para ser Jefe de una Asociación Ilícita. En dicha inteligencia como expresara "ut supra" los Jefes son los que mandan, los que tienen autoridad sobre otros miembros de la asociación, sea la totalidad de ellos o una parte. Es jefe el que comanda o dirige la asociación, cualquiera sea el grado de participación en el ejercicio del mando, sin la obligación de rendir cuentas o requerir autorización.
Véase, tal como afirmara al Magistrado "a quo", de las desgrabaciones de la conversaciones telefónicas entre A., B. y C., se desprende un claro mandato por parte del primero respecto de los demás, es decir, es él que imparte la directiva criminal, y en diversas ocasiones hace saber de su cualidad para resolver los conflictos que se plantearan con las fuerzas de seguridad en el curso de la maniobras criminales.-
La defensa también sostuvo que A. en todo caso es solo un reducidor y por eso no se configura el rol de Jefe que le fuera imputado, entiendo aquí que la defensa equivoca el camino en aras de menguar la imputación que se le dirige a su asistido, tal vez A. cumplió en ocasiones ese rol- digo el Jefe no es un Gerente de Banco sentado en su despacho comandando a sus empleados, en la empresa Criminal tiene muchas mas funciones y atribuciones que pueden o no estar conectadas con ese pacto inicial, en síntesis, si A. resulta reducidor de automotores no lo aleja de la Jefatura que se le imputa y que tal como el Juez de grado se empiezan a delinear a partir de las constancias obrantes a fs. 1349/1351, 1361, 1363/1364, 1366/1368, 1456/1457, 1688/1689, 1700, 1719/1720, 1728/1729, 1735, 1741/1742, 1746/1747, 1749, 1751, 1756, 1761/1762, 1764, 1766/1767, 1782/1785, 1787/1788, 1799/1800, 1804, 1826/1828, 2099/2101, 2110/2122, 2922/2923 y 3205/3206, las que honor a la brevedad remito a su lectura y me avoco al análisis de aquellas de mayor relevancia para la comprobación del tópico bajo análisis.- Así las cosas de las constancias obrantes y reseñadas se establece que L. A. a diferencia de los demás integrantes de la empresa delictiva es quien determina que vehículos son apropiados para la realización de las distintas maniobras ilícitas del designio criminal de la asociación, es decir, dirige la acción de los demás en razón de la conveniencia propia o conjunta y ello mediante el análisis de la oferta y demanda, aunque por momentos también por una cuestión de espacio físico cuando advierte que no tendrá lugar para dejar los automotores, situación que no se verifica entre ninguno de los demás miembros quienes de las escuchas telefónicas aparecen -si bien con distintos roles- con un pie de igualdad entre si, pero claramente por debajo de la voz de mando, del poderío económico y de las influencias que poseía L. A..- Ahora bien, en detalle esta diferencia entre A. y los demás miembros surge inequívocamente de fs. 1349/51....aquí se advierte que se le da aviso a L. A. que con dos chóferes le llevan dos vehículos ....que dejados los autos A. dispone hasta de un empleado que los retira y los guarda en galpones de propiedad o de uso exclusivo del mismo.-
Prosigo a fs. 1361, advirtiendo que A. le fija la pauta a C. sobre los valores de mercado -ilegal- de los vehículos, para luego hacerle saber que debe retirar el techo de un auto que ya estaba cortado para llevar a algún cliente, refiriendo hasta que podría mandar a su propio padre a realizar el retiro del mismo.... A fs. 1363/64 se advierte nuevamente lo que manifesté el párrafo anterior C. consulta a A. sobre el valor para la adquisición de un automotor que obviamente después de todas las maniobras resulte rentable a la organización cuando se ponga a la venta ficcionando ser legal .-
Fs. 1366/68 consulta B. para la adquisición de vehículos en malas condiciones para proceder a su desarme, y venta como auto partes, (claro esta la maniobra incluirá los stickers falsificados para así poder venderlos a precio de mercado legal), de igual en forma posterior B. a fs. 1456/1457 le da respuesta los pedidos de A. y se pone a su disposición haciéndole saber que cualquier automotor -de procedencia ilegal obviamente, por los precios que se manejan- del que tenga conocimiento le avisaría para saber que temperamento adoptar, a fs. 1456/57 se observa el mismo accionar A. pide un vehículo y luego decide no comprar el mismo por que el precio no resulta ajustado, misma conducta a fs. 1728, 1735, 1766, 1767, (pedidos de autos), fs. 1729 (pedidos de auto partes), agrego como dato de importancia y de suma violencia los encargos de automotores que deben ser robados de los llamados camiones mosquitos donde A. le pide a B. baje de los mismos camionetas, camiones o determinados autos que necesita todos cero kilómetro, ver fs. 1783/85.-
A fs. 1690/vta obra el informe del Subcomisario Magnoli donde relata con detalles la modalidad en el robo de autos y los roles de los participantes, en especial aquella que cumple L. A., como quien a diferencia de los demás miembros se lo puede destacar con una mayor logística, voz de mando y estrategias en sus quehaceres y relaciones con los integrantes.-
Parte del volumen de la operación que comanda L. A. lleva a la conversación telefónica de fs. 1741/42, donde se dispone al alquiler de un local donde poder vender los autos al público en la Localidad de Palermo en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, pagando por adelantado el año de alquiler lo que lleva a pensar la disponibilidad económica y la rentabilidad del comercio desde que la suma asciende a casi $90.000 pesos, que por lo que se escucha pagarían en efectivo, en igual sentido aquella conversación de fs. 1786.-
A fs 1747 ante el ofrecimiento cuasi dubitativo de quien le ofrece un automotor ilegal A. ordena se investigue bien de que auto se esta hablando y luego lo llame, demostrando el poder que ejercer sobre los demás al ordenarle a su interlocutor que no le pase datos inexactos y que se ocupe de averiguar bien las cosas.-
Llamativamente a fs. 1753/55 L. A. hace saber en una conversación que ante la desaparición de un empleado pondría a gente de la SIDE en su búsqueda, lo que demarca en principio (mas allá de la veracidad de sus dichos) su poderío real o bien aquel que intentaba hacer valer ante sus consortes, en cualquiera de los casos se determina A. así mismo como quien posee mas poder en la organización.-
Por lo tanto con el grado de probabilidad que requiere este tipo de pronunciamientos, entiendo que se encuentra acreditado el rol de Jefe de la Asociación Ilícita.-
También respecto a la calificación legal atribuída a su asistido, el Dr. Murcho criticó la atribución de participación en el delito de estafa y en encubrimiento indicando que se encuentran subsumidas.
Si bien la afirmación de la Defensa podría resultar cierta por cuanto como afirma el esforzado letrado, en el terreno de la hipótesis, no podría pensarse como autor del encubrimiento del delito en el cual se imputa su participación, de conformidad con lo hasta aquí expuesto no habré de expedirme al respecto pues considero opera el artículo 23 inciso 5to del rito procesal. Finalmente, en lo que hace a la existencia o no de riesgo procesal, a contrario de la afirmación efectuada por el Defensor que brega por su orfandad, verifico, como lo hace el Magistrado de la instancia, que en el presente se encuentran acreditados sobrados indicadores que permiten colegir no solo su existencia sino también la vigencia de los mismo.
En dicha inteligencia, el párrafo cuarto del artículo 157 del digesto procesal indica como requisito para el dictado de la prisión preventiva que concurran los presupuestos establecidos en el artículo 171 del mismo cuerpo normativo, a ser indicios vehementes de que el imputado tratara de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, y que la eventual existencia de dichos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas por el articulo 148 del mismo cuerpo.
Así pues dicha norma establece que para merituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento en la averiguación de la verdad podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la posibilidad de la declaración de reincidencia por delitos dolosos, si hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, que hicieren presumir fundadamente que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Luego de ello la norma resalta especialmente para merituar sobre el peligro de fuga, entre otros, la pena que se espera como resultado del procedimiento, el comportamiento del imputado durante el procedimiento, en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal – párrafo segundo incisos 2 y 4 del artículo 148 del Código Procesal -, así también para merituar la existencia del peligro de entorpecimiento en la averiguación e la verdad, se tendrá en cuenta la grave sospecha que los imputados influyan negativamente sobre los elementos de prueba o sobre los demás sujetos del proceso (coimputados, testigos, peritos u otros) de conformidad con el último párrafo incisos 1º, 2º y 3º del artículo 148 del rito procesal.
Dicha norma guarda estrecha relación con lo establecido en los artículos 7.5 de la CADH y 9.3 del PIDCyP, que subordinan la libertad durante el proceso a garantías que aseguren la comparencia de los acusados al mismo; asimismo el artículo 21 de la Constitución provincial establece que deberá atenderse a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, a fin de acordar la libertad provisional.- Dicho baremo normativo será utilizado subsiguientemente para determinar el aspecto de los peligros procesales para todos los imputados en la presente.
Efectuada la aclaración del párrafo precedente, prosigo, en el caso de E. L. A. se verifica la existencia de los peligros procesales que justifican el encierro cautelar de la pena que se espera como resultado del procedimiento y la gravedad de los hechos imputados, la que por su monto imposibilita la eventual imposición de una condena de ejecución condicional, verificándose también que el curso probatorio del presente proceso puede verse entorpecido.- Por lo tanto, manteniendo la calificación legal escogida por el "a quo", entiendo que en autos confluyen motivos relevantes para que proceda la excepción que una medida de coerción representa en razón del monto punitivo previsto para el delito que se le endilga al aquí imputado - Jefe de la Asociación Ilícita entre otros - , y la gravedad de la conducta conforme la constitución de una empresa delictiva, como fue analizado precedentemente.
Asimismo el tiempo que lleva el encartado en detención cautelar - desde el día 3 de agosto del corriente año - no ha menguado el peligro procesal emergente de la magnitud de la pena en expectativa ya reseñada.-
Pese a las manifestaciones defensistas, las características de los hechos me permiten realizar una prognosis desfavorable en relación a la pena a aplicar en caso de recaer sentencia condenatoria, la que se encontraría alejada del mínimo legal previsto, y por las reglas del concurso se elevaría al máximo de la prevista por el código penal.-
Además debe considerarse el antecedente condenatorio en cabeza de A., pues dicha sentencia condenatoria - de tres años de prisión en suspenso por el delito de hurto agravado por escalamiento y resistencia a la autoridad, dictada por el Juzgado de Sentencia nº 8 de la Ciudad de Rosario -, afirma que en el caso de recaer sentencia condenatoria en el presente, su cumplimiento no podría ser en suspenso de conformidad con el artículo 27 del Código Penal.-
Por último no puedo dejar de considerar las especiales características de los hechos que se le imputan a A. y calidad de Jefe de una empresa criminal. Así pues, de lo ya reseñado al momento de tratar los fundamentos de agravios del Defensor Particular, se logra advertir en primer lugar una acaudalada disponibilidad económica por parte del nombrado, que permitiría su profuguez casi inmediata, sumado al amparo de las fuerzas de seguridad y eventualmente (de ser cierto sus propios dichos) de la agencia de inteligencia del estado, situaciones que son objeto de investigación en otras jurisdicciones, y otras solo han quedado en su mención; también ese designio de poder sobre los demás miembros de la banda, demostrado a lo largo de todas las escuchas telefónicas, auguran la posibilidad cierta que influya sobre sus acciones, y sin dudas, sobre los posible testigos de las conductas imputadas ante el temor que puede inflingir tamaña organización ilícita, digo no son todos quienes aquí se mencionan aquellos que tomaran parte en la empresa criminal y resultara de la investigación descartar entre futuros testigos, imputados y cómplices, digo ello a la luz de las escuchas telefónicas donde no se pudo todavía dar con el paradero de algunos de los interlocutores.-
Debo resaltar que ningún dato ha aportado la defensa que desvirtúe los peligros procesales ya ponderados por el "a quo", ni que permita a esta Alzada evaluar como favorable, en pos del replanteamiento de las solturas a estudio, sin perjuicio de lo cual la evaluación de la detención cautelar resulta de análisis obligatorio.- Es por ello que, entiendo que por, el momento, el encarcelamiento es el único medio idóneo a fin de garantizar los fines del proceso penal, verificándose que el mismo continúa siendo razonable, proporcionado y necesario; toda vez que se abastecen en autos los riesgos procesales mencionados en el art. 148 del código de forma, no evidenciándose que puedan ser neutralizados de otro modo, por lo que corresponde confirmar el auto en crisis en todo cuanto ha sido materia de apelación.
VI. SITUACION DE J. G. Y.
El letrado particular de J. G. Y., Dr. Lagar, a fojas 22/32 del presente incidente de apelación indico como fundamentos de su agravio - dictado de la prisión preventiva - cinco puntos, que mas allá de la mala técnica narrativa en algunos de ellos y la redundancia -en otros-, con gran esfuerzo de interpretación y en aras de garantizar la respuesta eficaz a la vía recursiva, se pueden resumir en los siguientes:
En primer lugar carencia de elementos para verificar la participación de su asistido en la asociación ilícita. En tal sentido indicó que solo existen escuchas telefónicas que han sido interpretadas de una determinada manera para poner a su asistido como miembro de dicha asociación. Advierte que del resultado del allanamiento practicado en la finca de su asistido no fue hallado ningún elemento de importancia para sostener dicha calificación. Afirma que no existen elementos de convicción suficiente para justificar la materialidad ilícita y para sostener que su pupilo sea el probable autor del hecho investigado, y que todo el plexo probatorio son únicamente escuchas telefónicas que han sido interpretadas de manera errónea.-
En segundo lugar textualmente indicó "el hecho narrado a las claras, constituye "prima facie" como típico como Encubrimiento agravado a mi defendido, y no como hasta la fecha lo que viene sosteniendo V.S."
Finalmente, en tercer lugar, afirma que su asistido ha demostrado una actitud de colaboración con la justicia que demuestra que el mismo no tratara de sustraerse al proceso. Analizados los planteos efectuados por el Dr. Lagar en su escrito, entiendo que los mismos no tendrán favorable acogida, por los motivos y fundamentos que paso a exponer.
Explicó en audiencia ante esta Cámara y fundó al momento de recurrir la prisión preventiva que su asistido solo es un tallerista de la zona de Chivilcoy, que trabaja con autos de carrera y que en función de ello goza de cierto prestigio, alejando toda posibilidad de contacto con la Asociación ilícita o con negocios ilícitos con automotores, sin perjuicio de esto y aún siendo cierto el prestigio logrado en la mencionada carrera como tallerista de autos de carrera las escuchas telefónicas mostrarían en principio otra faceta - probablemente mas lucrativa- en la vida de Y. , así a fs. 959/960 es claro que el aquí imputado refiere a la compraventa de autos que - utilizando el método de estafa al seguro- adquiere para luego sacar su provecho.-
Llama poderosamente la atención que la defensa de Y.
considere poco claras, o inconsistentes las escuchas telefónicas que lo relacionan con los hechos que se investigan y con las relaciones que el mismo tiene con diferentes participantes de la empresa criminal investigada, de la solo lectura de las misma en principio se podrían asegurar, con el grado de certeza que requiere esta etapa, varios son los casos en los cuales Y. recibe un auto sabiendo que es "de compañía" para luego sacar su provecho, amén de resultar mas que claro en cuanto menciona la forma, a quién y como hacer los llamados "stickers" ilegales - ver fojas 939/940 .-
De igual manera surge de las mismas escuchas que Y. goza de una "probation" otorgada por el TOCF 4 de San Martín, donde cuenta que las tareas comunitarias que le fueron impuestas lejos de cumplirlas se las abona en efectivo al Cura Párroco quien por doscientos pesos le extiende el certificado respectivo que es presentando luego ante el patronato de liberados para si tener por cumplida la exigencia que le fijara el Tribunal y no pasar por el Juicio Oral. Traigo este ejemplo para quitar el velo de aquella persona de trabajo honesto que indica la defensa, y ello mas allá de la investigación que se deberá iniciar para evaluar la responsabilidad de Y. y del Sacerdote a cargo de la Parroquia Cristo Obrero de la Localidad de Chivilcoy, situación que se ordenará en la parte dispositiva de la presente, en función de lo normado por el art. 287. inc. 1ero del CPP.-
Aun así prosigo, y doy respuesta al planteo sobre el resultado del allanamiento, haciendo saber que la circunstancia de no haberse secuestrado "elemento de importancia para la investigación" como manifestar el letrado, nada quita y nada pone en este marco a la imputación que se le dirige a Y.. Digo cualquiera que hubiese sido el resultado del mismo la participación en la empresa criminal se encontraría comprobada y no puede ser resorte exclusivo de la imputación el secuestro o no de algún elemento que sirva a la investigación.
Además tengo para mí, que parte de las conversaciones versan sobre la "velocidad" que se exigen entre los miembros de la banda para deshacerse de los vehículos o las auto partes ilícitas, ya sea mediante su corte, destrucción o simulación de ser otro, razón de mas justamente en estos procesos para entender que resultaría difícil encontrar los objetos del delito, y de ahí que no pueda el resultado negativo quitar convicción a los demás elementos que forman parte de la imputación que se le dirige a Y. y/o cualquier otro integrante de la Asociación. .-
Esta conclusión a la que he llegado resulta otro de los fundamentos del porque de la asociación ilícita, digo los autos "queman" -tal el léxico empleado en varios pasajes de la causa por los imputados y de ahí que se necesite de la estructura aceitada de relaciones de los imputados para hacer del negocio ilícito su forma de vida habitual, los autos "queman" alguien debe hacerle rápidamente los stickers para legalizarlos, los autos "queman" sino se puede vender se mandan a Rosario donde el Jefe seguramente podrá o sabrá que hacer con ellos, los autos "queman" solo tenían siete días para simular la legalidad de los autos antes que se denuncien falsamente por sus titulares como robados.
Los miembros de la empresa Criminal han dejado claro que los autos hay que venderlos, cortarlos, o llevarlos a Rosario lo antes posible, y de la lectura del total del expediente esto parece ser lógico, desde que no resulta conveniente tener autos ilegales en su poder, esto presupone la posibilidad de ser investigados por ello o como ha pasado en este proceso tener que abonar siderales sumas de dinero para procurarse impunidad.
Y. ante todo sería miembro de la asociación ilícita, y la convicción para afirmar ello surge de los siguientes elementos, en primer lugar su relación con R. D. se acredita a fs. 925 en cuanto sostiene Y. que cualquier problema con los stickers de seguridad lo tiene resuelto merced a este cómplice, termina de delinear esta imputación la desgrabación de fs. 947/952, donde no solo Y. habla con R., - quien sería otro cómplice de la empresa criminal- sino más refieren claramente a un automotor que probablemente llevado a la Ciudad de Rosario seria pagado 50.000 pesos, diferente si la gente tenía que venir a buscarlo a la Ciudad de Buenos Aires donde seguramente le darían menos plata, esto comentado por R. a Y. quien da por cierto todo esto con naturalidad y ve la posibilidad de participar del negocio.-
En segundo lugar, como antes expresara, a fojas 939/940 Y. desde su línea telefónica mantiene una conversación con "P." quién luego fuera identificado como G. A. G. - oriundo de la ciudad de Rosario -, donde no solo se conviene el monto y forma de pago por la gestión de los llamados "stickers" al mismo, sino también Y. garantiza la imposibilidad que sean detectados como ilegal - recordemos que los "stickers" resultan ser medidas de seguridad que llevan ciertas partes de los vehículos para asegurar su origen licito -, de ahí que no puede afirmarse que el mismo sea extraño a la organización criminal pues facilita con sus gestiones y contactos el plan de la misma, es decir a las claras se demuestra su apego al plan criminal.
En tercer lugar queda demostrado para la presente su vinculación con otro probable miembro de la banda, D. A. R., con quién a fojas 957/958 mantiene una conversación telefónica donde deja claro la habitualidad y el conocimiento que tiene para con parte de la banda, radicada en la Ciudad de Rosario, facilitándole a R. la posibilidad de colocación en el mercado de un rodado - BMW 335 modelo 2007 - que adquiriría el mismo en forma ilegal de su titular, mediante la modalidad de compañía - estafa al seguro -, ello surge de la conversación cuya desgrabación obra a fojas 969 y fojas 970 donde Y. gestiona la venta del rodado mencionado y logra su concreción. Nuevo indicio, resulta entonces de su voluntad de ligarse al pacto.
En dicho norte también surge de las desgrabaciones de conversaciones obrantes a fojas 1507/1511 como Y. realiza averiguaciones sobre rodados con otro imputado – R. - bajo la modalidad antes explicada "compañía".
Los indicios que se desprende de la conversación que mantiene Y. cuando hace saber que se encuentra en el Casino de Tigre gastando la plata de un pasamanos, y si bién no surge que el pasamanos resulte ilegal en abstracto, el indicio emerge en su contra cuando su forma habitual de vida resulta esta a la que vengo haciendo referencia como integrante de una asociación ilícita dedicada al rubro automotor.-
En conclusión las reseñas antes expuestas y su interpretación sin esfuerzo permiten dar por cierto, reitero con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, lo dicho por el Fiscal y el Juez de Garantías al momento de valorar los elementos colectados en la presente investigación penal preparatoria que llevaron al dictado de la medida cautelar dispuesta respecto de J. G. Y. en lo atinente a su carácter de miembro de la asociación ilícita, dando por contestados los fundamentos de agravio expuestos por el Letrado particular.
Ahora bien en lo que respecta a la aplicación de la medida de coerción, estimo qué la misma resulta a esta altura la única posibilidad de sostener al imputado a derecho. En tal sentido su encarcelamiento preventivo neutraliza los peligros procesales de fuga y/o entorpecimiento, que infiero de la pena que se espera como resultado de este procedimiento la que en función de la calificación legal que se estableció para las conductas atribuidas a Y. se alejarán de aquel presupuesto que permita la aplicación de una condena de cumplimiento condicional como afirmara el Magistrado de la instancia en su resolución, agrego a ello, la certificación efectuada por el Sr. Agente Fiscal en este proceso donde se acredito que Y. se encuentra al día de la fecha sujeto a una suspensión del proceso a prueba a la orden de un Tribunal Oral Federal nº 4 de San Martín, extremo ultimo este que ligado a la irregular forma de cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal aludido, lleva a considerar no solo que el mismo será revocado y el juicio seguirá su curso de acuerdo al temperamento que los Magistrado tomen a su respecto, sino también un apego constante al desarrollo de conductas ilegales para el cumplimiento de las pautas que se le fijan, todo ello en los términos del articulo 148 párrafo segundo inciso 2º y 4º del código de procedimiento penal.
Finalmente, en el mismo sentido que el expresado al momento de valorar el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación respecto de E. L. A. pues su situación resulta análoga por ser miembro de la Asociación; además al no estar finiquitada la investigación en virtud de la cantidad de individuos que participarían de las maniobras delictivas aun no individualizados, su libertad incidiría en el resultado de la misma, en los términos del ultimo párrafo del articulo 148 en sus incisos 1º, 2º y 3º del código procesal penal.
VII. SITUACION DE J. A. T.
El letrado particular de J. A. T., Dr. Ignacio Palazuelos, a fojas 24/262 del presente incidente de apelación sostuvo como fundamentos de su agravio - dictado de la prisión preventiva - que su defendido es un "pasador de autos", adquiere los autos de sus titulares regístrales y de ahí los vende al mejor postor. Así las cosas sostiene que esta maniobra calificaría la participación de su asistido en un rol secundario en el delito de estafa al seguro. Aun así considera que la estafa la producen los titulares de los vehículos a sus aseguradoras de igual manera la falsa denuncia, en cuyo caso su asistido no formo parte de ninguno de ellos.
Seguidamente niega que T. sea autor del encubrimiento que se le imputa, mucho menos miembro de la asociación ilícita, toda vez, que quienes les compran los autos son distintas personas y al carecer el nombrado de un Jefe que le ordene que hacer o empleados o personas que respondan a sus designios no puede calificarse su accionar de "mero pasador" como constitutivo del articulo 210 del Código Penal.-
Analizando los agravios, en primer lugar he de decir que no se ha puesto en duda y por cierto el letrado del imputado ha establecido con grado de confirmación que T. resulta un pasador de vehículos que obtiene en forma ilegal de los titulares regístrales, situación que no amerita mayores análisis y que doy por establecida.-
Ahora bien, al igual que los imputados que vengo haciendo referencia, T. forma parte de la Asociación ilícita y ello mas allá del rol que le toque ocupar en la misma, esto dado su conocimiento, permanencia y participación en la empresa criminal, digo y doy respuesta a la defensa; distintos son los elementos que unen a T. con la Asociación y su rol de "pasador" no es óbice de alejamiento de la misma, resulte pasador o no de los automotores su participación se encuentra acreditada merced a los siguientes elementos, que paso a detallar y analizar:
A fs. 260 de los autos principales, obra el texto de la desgravación de una conversación telefónica donde T. se comunica con B. - cómplice en principio en la Asociación - de cuyo contenido se puede colegir la "colocación" de un Ford Fiesta Kinetic; de la misma forma a fojas 261 y 264, también de los autos principales, T. mediante conversación telefónica hace saber su vínculo con la parte de la empresa criminal que cumple funciones en la Ciudad de Rosario, coordinando la forma de llevar la unidad hasta esa Ciudad. Prosigue el imputado a fs. 263, pero ya "pidiendo un auto de compañía" -estos es mediante estafa al seguro- ya no es un mero pasador de autos ahora también solicita autos para poder hacer su negocio personal o sea se desdibuja la figura que intentaba hacer ver a T. como quien en soledad hablaba con los Titulares regístrales de los automotores y luego los pasaba a otros, es decir, empieza a verse luz en cuanto a la relación de T. con la Asociación y también de su disponibilidad económica, siendo estas maniobras su medio habitual de vida en principio ya que no vislumbro, ni la defensa ha aportado otro.-
Reitero, T. no solo era un pasador en soledad sin contacto con los miembros identificados hasta aquí de la Asociación, así se advierte la relación con D. R. al momento en que el primero arregla llevarle un auto "mellizo" para que el segundo lo "coloque", el rol de T. como mero pasador de autos "por compañía" se desvirtúa.- Ver fs. 768.-
La relación de T. con la banda y con otra banda que tiene su asiento en la Ciudad de San Juan se meritua con la maniobra efectuada, fotografiada y filmada, de la camioneta Mercedes Benz modelo Exprinter cuyo Titular es J. M.; ahí se colige en principio que R. le hace saber del arreglo con el dueño de la camioneta y T. acuerda comprarla para revenderla a cualquiera de las bandas que con asiento en San Antonio de Areco, Misiones, San Juan o Rosario le brinden más dinero, claro esta que la necesidad de ser parte de diferentes bandas de envergadura da la posibilidad a T. de trabajar con tranquilidad y de manejar con absoluta facilidad el volumen de autos que resultaría imposible de reposar en su sola persona, entonces la asociación en principio le brindaría a T., la impunidad y el dinero para hacer de su actividad su medio de vida, de por sí muy lucrativo.-
Finalmente la compraventa descripta 1121/vta/1126 de los autos principales -mas allá de las demás que obran en la causaresulta ligar definitivamente a T. con B. y con el Jefe de la Organización L. A., así resulta que T. le ofrece un auto a B. pero previamente le pide que mediante sus contactos verifique que no tiene impedimentos legales, esto es T. utiliza en este caso los contactos de Asociación ilícita para saber si puede comprar un vehículo que luego debe llevar a la Ciudad de Rosario y por eso la necesidad de la carencia de los mismos - lo contrario pondría en peligro su negocio y su libertad si es detenido en plena autopista por los puestos de Control Vial -, B. le confirma que no existe impedimento que viaje tranquilo para luego ser comprado el automotor una vez en Rosario por L. A..-
Esta ultima operación reconfirma la necesidad de T. de estar ligado al pacto criminal, ya que la empresa delictiva se nutre de los autos "por compañía" que T. adquiere y T. se nutre de los contactos y la tranquilidad que le brinda Asociación ilícita para poder operar los distintos planes criminales que van surgiendo, aun así, por si no fuera suficiente las constancias de fs. 1131/1139 resultan cerrar el círculo de la imputación Estas constancias que obran en el expediente y aquellas otras que cito el Juez resultan suficientes como para dar por contestado el agravio relativo a la participación de T. como miembro de la Asociación Ilícita que se investiga en autos, dando por tierra la pretensión del letrado particular del mismo.-
En lo atinente al fundamento de agravio relativo a la participación que le cupo a T. en las conductas que fueran calificada como encubrimiento en concurso real con estafa al seguro, en el mismo sentido que al expedirme sobre la situación del imputado E.
L. A., de conformidad con lo hasta aquí expuesto no habré de expedirme al respecto pues considero opera el articulo 23 inciso 5to del rito procesal.
Finalmente, mas allá de no haber sido cuestionada la valoración de los peligros procesales por el letrado particular de T., me abocaré al tratamiento de los mismos.
Así pues, no puedo apartarme de aquella valoración efectuada por el Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías interviniente, considero que la imposición de la medida de coerción en el caso de T., al igual que los demás consortes cuya situación fuera hasta aquí tratada, resulta a esta altura necesaria para sostener al imputado a derecho y asegurar que el mismo no entorpezca el curso de la investigación.
Así, infiero el peligro de fuga no solo de la pena que se espera como resultado de este procedimiento la que en función de la calificación legal que se estableció para las conductas atribuidas a T. se alejarían de aquel presupuesto que permite la aplicación de una condena de cumplimiento condicional en los términos del artículo 27 "a contrario", sino también de la certificación efectuada en la presente causa donde se informa que el nombrado registra una averiguación de paradero decretada por el titular del Juzgado Federal nº 3 Sec. 11 de Morón en orden al delito de falsificación de documento, hecho cierto que se puede valorar como indicio que su voluntad en la presente no será de someterse a la persecución penal.
Además surge de las distintas escuchas que han sido desgrabadas en la presente investigación las vinculaciones que posee T. con supuestos reducidores de vehículos con radicación en distintas ciudades de la provincia y en otras provincias del país, que me permiten considerar que en caso de recuperar su libertad el mismo tendrá facilidades como para profugarse, ello especialmente por la valoración efectuada en el párrafo anterior.
De esta forma, hasta aquí, entiendo que los peligros procesales se encuentran acreditados en los términos del artículo 148 párrafo segundo inciso 2º y 4º del código de procedimiento penal.
Finalmente, en el mismo sentido que el expresado al momento de valorar el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación respecto de E. L. A. y de J. G. Y., considero que al no estar finiquitada la investigación, en virtud de la cantidad de individuos que participarían de las maniobras delictivas todavía no individualizados, su libertad incidiría negativamente en el resultado de la misma, en los términos del ultimo párrafo del articulo 148 en sus incisos 1º, 2º y 3º del código procesal penal.
Por todo lo expuesto, es que considero corresponde confirmar la conversión de la detención en prisión preventiva del imputado J. A. T. por las conductas que fuera calificadas por el Magistrado de la Instancia.-
VIII. SITUACION PROCESAL DE N. D. R.
El Sr. Juez Dr. Martinez resolvió convertir en prisión preventiva la detención de N. D. R. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, y coautor penalmente responsable de ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA y POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUDO TENERSE POR ACREDITADA y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA y ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPCION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADA POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - TRES HECHOS - QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI (Art. 45, 55, 166 inciso 2º párrafo ultimo, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); interpuesto el recurso de apelación la situación se encuentra para resolver.-
El letrado defensor de N. D. R., Dr. Leonardo Antonio Einingis, 27/53vta, luego de transcribir la prisión preventiva, a fs. 38/vta considera que los hechos y los elementos mencionados por el "A quo" e imputados por el Sr. Agente Fiscal a su asistido, no ameritan el dictado de la prisión preventiva, luego; seguidamente efectúa una crítica de las consideraciones efectuadas por el magistrado de grado en relación a la actividad que le cupo a su asistido en la conducta del art. 210 del C. Penal evaluando el tipo penal, desde que entiende que no hay acuerdo previo, no hay permanencia, no hay pacto criminal, que la función que se le atribuye a su asistido no existió solo se puede hablar de conocimientos comerciales con las personas mencionadas en ocasiones en esta causa, concluyendo que no existe prueba que acredite que la conducta de su asistido se pueda calificar como aquella prevista por el tipo penal de la asociación ilícita en carácter de miembro.-
Seguidamente, la defensa sostuvo la ajeneidad del imputado para con los hechos de robo que le fueran imputados, así detallo: que no hay prueba que lo indique como aquél que interceptó a la Toyota Hilux, que luego la tuviera en su poder ni que se le hubiera vendido a G., que el teléfono que se dice que usa no esta probado que así sea, también sostiene que las características físicas de la personas de las personas que desapoderaran de la Toyota no coinciden con las de su asistido, para finalmente efectuar una critica a los encubrimientos, ver fs. 49./51.-
Ahora bien, con relación al agravio sostenido contra la imputación que se le dirige en el marco del art 289 inc.3ro de la lectura de la prisión preventiva se puede advertir que no resultó materia de calificación por el Juez de grado, como tampoco por parte del fiscal al requerir la prisión preventiva, por lo que no puede resultar materia de análisis en esta instancia.
Da por concluido los agravios sosteniendo, muy sucintamente, que no existen peligros procesales que impidan la puesta en libertad durante la sustanciación del proceso de su asistido, pues el mismo posee domicilio fijo.-
Analizada la cuestión puesta a estudio considero que la prisión preventiva dictada respecto de R. merece la confirmación, en este sentido su participación en la Asociación ilícita se encuentra acreditada, he dicho y repetido en este proceso.....
".....considero que no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Fontan Balestra ob, cit., t. 133, III 3, p. 470, quien se remite a Antonio García-Pablos de Molina; Ramos, ob., cit., p. 256).......Así "in re" "Sánchez, Luis" de la Cámara Nacional Casación Penal Sala II del 28/3/94, se señaló que la Asociación Ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos sin que sea necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente o se conozcan o sepan la función del otro o de los otros "inter criminis".... Este ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso o no....Por eso este tipo de organizaciones no requiere trato personal ni conocimiento entre alguna de sus partes, ni tampoco que todos sus integrantes se reúnan en algún sitio determinado.....En tal sentido los acuerdos pueden ser alcanzados por emisarios o como en el presente mediante comunicación telefónica, tal cual ha sido el "modus operandi" de la asociación ilícita investigada....En los tiempos que corren y tecnología mediante, resultaría innecesario la reunión de los integrantes, pues los nexos para poner en marcha los designios de la Asociación Ilícita, y proseguir sus utilidades pueden llevarse a cabo únicamente mediante la utilización de tecnología de las comunicaciones o informática, que hoy día se encuentra a disposición de quien económicamente pueda acceder a ella, impedimento este ultimo, que claro esta no se verifica en el caso....". Por lo tanto todas las cuestiones relativas a la conformación de la Asociación Ilícita, es decir la materialidad, las encuentro comprobadas con los elementos que fueran merituados a lo largo del presente voto, algunos de ellos citados en el párrafo precedentemente, correspondiendo en consecuencia valorar si el mentado R. resulta o no miembro de la misma, es decir, si se acredita con el grado de certeza que este tipo de resolución requiere.
En dicha inteligencia, tal como lo hicieran el Sr. Agente Fiscal y el Juez de Garantías merituo como elemento de convicción para considerar su participación en la asociación ilícita las distintas conversaciones telefónicas - vía nextel - que R. ha mantenido con los demás imputados miembros de dicha asociación.
Así a fs. 436/37 y 972/73 obran las desgrabaciones de las comunicaciones mantenidas con B. en primer lugar y luego con Y.. En la primera donde cuasi acuerda con B. sobre la adquisición de una camioneta S10 que B. le dice que esta esperando que algún particular la compre para después con la llave que tiene poder "recuperarla", el sentido de todo esto, es que "P.", como se apoda R., pueda legalizar una similar S10 que ya posee; la segunda, ver fojas 1509, mas esclarecedora aún, donde R. afirma a Y. que el vehículo Volkswagen Polo ha sido obtenido mediante el método "por compañía" - referencia que guarda relación con otras conversaciones entre demás integrantes de la banda, un factor común, estos es mediante el método de estafa al seguro -. A fojas 1584 obra un informe policial, con cita de las conversaciones obtenidas de las intervenciones telefónicas, del cual surge como R. se hace de un vehículo ilícitamente - robo calificado - y luego previo tratativas con G. - otro miembro de la banda asentado en la localidad de Rosario - se lo entrega en una estación de servicio cita en la zona de Escobar, obteniendo un precio de $16000. Seguidamente se detalla otro hecho, donde mediante la utilización del léxico común, G. le pregunta a R. si obtuvo el vehiculo que le había encargado y le requiere encontrarse en la estación de Servicio YPF al otro día para efectuar la entrega, a la cual debía concurrir con los correspondientes "papelitos" en referencia a los stickers identificatorios de chasis.
Esta última cualidad que posee R., la de gestor de los denominados "papelitos" o "calquitos" se ve repetida a lo largo de la investigación, ello merituo en base también a la desgrabación de la llamada telefónica obrante a fojas 1672, donde G. se comunica con R. para su encuentro, y este último le manifiesta textualmente "Si boludo si el azul yo ya lo tengo acá boludo quiero que te lleves los dos y tengo los calquitos tuyos ya me los traje los tengo encima falta que traiga uno amigo".
Digo hasta acá, la relación fluida con parte de los miembros de la asociación ilícita y su participación en la misma se encuentra comprobada con el alcance que la etapa requiere.-
R. conoce que la empresa se maneja con mayor impunidad en la Ciudad de Rosario de ahí que se lo escucha con frecuencia hablar con B. y con G., una de sus conversaciones en principio acredita todo aquello que el Ministerio Publico le imputa, esta es aquella mantenida con el segundo de los mencionados donde dejan en claro que se vendría de la Ciudad de Rosario para buscar un 307 "de compañía" y un Gol Trend negro que fuera sustraído a mano armada, ambos vehículos en poder de R., pero esta conversación finaliza cuando G. le solicita los "stickers" que R. se compromete a hacerle llegar.-
Digo, entonces R. resulta parte de la asociación de la cual se nutre para poder manejar el volumen de autos que consigue mediante robo con armas o bien para aquellos que consigue por compañía, además como dije R. resulta un intermediario a quienes varias personas le encargan los "Calcos" o "Stickers" que este se encarga de requerir a otro miembro de la empresa delictiva que los confecciona. Es decir, de la cantidad de operaciones con vehículos mediante métodos ilícitos, cierto es, que el nombrado forma parte del andamiaje generado por la Asociación Ilícita para facilitar la obtención de un valor por el producto de dichas maniobras, sumado además, la gestión de conseguir para los demás miembros el disimulo de la ilicitud de dicho producto.
En este sentido tengo por acreditado la participación de R. en la asociación ilícita por lo que la calificación legal en este ítem se encuentra ajustada a las constancias de la causa y por lo demás no daré tratamiento a los demás planteos referentes a las conductas ilícitas que también se le imputan al nombrado en función de lo normado por el art. 23.inc. 5to del CPP.
Finalmente y como mencionara al consignar los motivos de agravio de la Defensa Particular de R., muy sucintamente el letrado cuestiona la medida de coerción como método de sujeción al proceso e indica que existen otros menos dañosos para garantizar los fines del proceso y que su asistido cuenta con domicilio constatado.
Tal como lo vengo sosteniendo respecto de los demás integrantes de la asociación ilícita cuya calidad de miembro se les imputa, no puedo desconocer como baremo para considerar la existencia de riesgo procesal, en primer lugar la pena que se espera como resultado del procedimiento que parte de un mínimo legal de 3 años de prisión, la cual seguramente, por las especiales características del hecho basadas en la pluralidad de intervinientes, el daño ocasionado, y por sobre todo el desprecio por los distintos bienes jurídicos atacados, se apartará significativamente de dicho piso.
Además la mera afirmación de la Defensa Particular que su asistido posee domicilio constatado no asegura su comparecencia en caso de que recupere su libertad, mas aún teniendo en cuenta que el único medio de vida que se demostraría hasta el momento de R. ha sido el comercio de vehículos de manera ilegal, es decir, su arraigo es carente de sustento fáctico.
Finalmente, no puedo apartarme de aquella valoración efectuada por el Magistrado a cargo del Juzgado de Garantías interviniente, en contraposición a la afirmación y petición de la defensa, en tanto considero que la imposición de la medida de coerción en el caso de R., al igual que los demás consortes cuya situación fuera hasta aquí tratada, resulta a esta altura imperiosa para que el imputado se someta a la acción de la justicia y para también impedir el entorpecimiento del curso de la investigación, que aún no se ha finiquitado.
Me valgo para ello de la cantidad de individuos que participarían de las maniobras delictivas todavía no individualizados, por lo tanto, reitero su libertad incidiría negativamente en el resultado de la misma, de conformidad con el ultimo párrafo del articulo 148 en sus incisos 1º, 2º y 3º del código procesal penal. Por todo lo expuesto, es que considero corresponde confirmar la conversión de la detención en prisión preventiva del imputado R. por las conductas que fuera calificadas por el Magistrado de la Instancia.-
IX. SITUACION DE A. D. R. D.
Contra la resolución dictada por el Dr. Martínez, Titular del Juzgado de Garantías interviniente, el letrado particular Pedro Javier Molina a fojas 54/67 del incidente de apelación de la prisión preventiva interpuso recurso de apelación.
Comienza los fundamentos de su agravio el Dr. Molina considerando como insuficientes los elementos que el juez de grado ha tenido presentes a los efectos de dictar el auto de mérito. En primer lugar, el letrado que defiende a R. D., considera equivocada la atribución a su pupilo de un “alias”, como así también el rol asignado en la organización criminal que se juzga. Para esto último indica que las escuchas telefónicas referidas a su asistido comienzan a partir del mes de junio del 2012 cuando, de la descripción de la materialidad ilícita, el juez indica como fecha de la conformación de la asociación ilícita el 29 de septiembre de 2011. Seguidamente critica la aseveración efectuada por el "a quo" respecto de la función que ejercería su asistido en la asociación, esto es la confección de stickers, ya que de ninguna manera los hizo o confeccionó para la presunta banda que integran las demás personas que se encuentran imputadas por estas acciones. Como sostén de dicha negativa cita los dichos de su pupilo al momento de prestar declaración a tenor del art. 317 del CPP quien manifestó conocer únicamente a “P.” –R.- y que si bien cometió un error, jamás observó la dimensión de lo acontecido y negó conformar la asociación criminal. Otro fundamento resulta la imposibilidad de asignar los stickers que habría confeccionado su asistido a las 46 unidades automotores que conforman la imputación al mismo. Entonces, niega rotundamente que su asistido haya falsificado los stickers destinados a identificar las diversas piezas que componen los vehículos automotores, indispensables para armar los vehículos denominados “mellizos”, los cuales eran objeto de la organización delictiva.
También afirma como lo ha hecho su asistido al momento de prestar declaración que la única comunicación que ha mantenido con alguno de los coimputados ha sido con R., es decir desconocía a nombre de quien o para quien en definitiva iban dirigidos dichos instrumentos (léase: los stickers).
Luego, en la misma línea respecto al desconocimiento antes mencionado, critica la valoración efectuada de la desgrabación de la comunicación telefónica obrante a fs. 1900/1901 del ppal. en tanto afirma que dicha conversación no ha sido con C. –tal lo suponen el Fiscal y el Juez-, pues no se corresponden los números de imei con el número de éste último.
Hasta aquí, el letrado dirigió sus fundamentos como critica a la conducta de sus asistido que le fuera imputada y calificada como constitutiva del delito de asociación ilícita en carácter de miembro. A la postre, el defensor técnico, se refiere al hecho que también se imputa a R. D. calificado como tenencia ilegal de arma de fuego tanto de su uso civil como de guerra. En dicha inteligencia, hace saber que no se ha valorado el descargo de su asistido ni los testimonios de las personas que ha señalado éste al momento de prestar declaración afirmando el desconocimiento de la existencia de las armas que fueran secuestradas en la residencia fija y estable de su suegra. Así afirma que las mismas pertenecían a su progenitor y a su suegra.
Asimismo, para desvincular a su asistido de la participación asignada por el Juez de Garantías en la conducta que fuera calificada como constitutiva prima facie del delito de encubrimiento que se le enrostra, cita la declaración de su pupilo donde éste explica que el rodado secuestrado en la casa de sus progenitores pertenece a su sobrino, y el vehículo hallado dentro del taller donde desarrolla tareas laborales habría ingresado poco tiempo antes a fin de realizarle arreglos por lo que el aspecto subjetivo de la figura que se le achaca de manera alguna se encuentra presente en la imputación realizada.
Finalmente, retoma el defensor, la crítica a la participación y función que le cupo a su asistido en la asociación ilícita haciendo hincapié en que el único contacto que este mantenía era con R. , es decir, que entre R. D., B. y C. no existía comunicación, contrario a lo que fuera afirmado por el Fiscal y el Magistrado al interpretar la llamada telefónica desgrabada a fs. 1888 del ppal.
En dicho norte, el letrado citando los aspectos que determinan la conformación de una asociación ilícita, recalca que R. D. desconocía la existencia de dicha empresa criminal, si es que la misma efectivamente existió. Tampoco participó del acuerdo previo que debe existir entre sus integrantes y tampoco ha sido parte del común acuerdo para cometer delitos, es decir, su cliente no tenía plena conciencia de pertenencia a la organización y menos aún del propósito de cometer delitos. Ello lleva a la conclusión de que, bajo ningún concepto se ha demostrado el elemento subjetivo, esto es el dolo, abarcativo del conocimiento del número que compone la asociación y la finalidad delictiva, y de ahí que de manera alguna pueda sostenerse la existencia del delito tal y como lo han hecho el fiscal y el juez.
Es por todo ello, que el Dr. Molina, solicita se revoque la prisión preventiva y se disponga la inmediata libertad.
El mentado letrado ha ampliado estos fundamentos ante mí y mis colegas de Sala al momento de celebrarse la audiencia prevista por el art. 442 del CPP conforme obra a fojas 280 del presente incidente.
He de iniciar el responde a los agravios defensistas tomando como base que no se ha negado que R. D. fuera la persona que confeccionara los "calcos" o "stickers" ilegales que necesitan los automotores o las autopartes para poder ser vendidos en el mercado sin que puedan levantar sospecha de ilicitud, de ahí que mi contestación se perfilara a su vinculación a la empresa criminal y su rol en la misma, y dejo aquí nuevamente aclarado que esta causa se inicia en función de otra investigación que merced a la pesquisas se pudo dar en principio con esta asociación ilícita, digo entonces seguramente y por el volumen de los negocios, y lo aceitado del mecanismo de sustracción -en cualquiera de sus modalidades- y luego la puesta a mercado de las unidades dobladas o bien en forma de repuestos, dejan ver que la organización criminal viene cumpliendo esta tarea mucho tiempo antes que se disponga la investigación por lo cual es irrelevante que intente ponerse un día de fundación de la empresa delictiva en aras de alejar la imputación que se les dirige a los distintos imputados. Esta consideración ha sido expuesta también al momento de responder los fundamentos de agravio del imputado A. .-
Con relación al alias, que manifiesta la defensa estar equivocado y de ahí que no puede decirse que resulta su asistido, el propio letrado produjo su responde al momento de aclarar que R. D. resulta la persona encargada de confeccionar los stickers o calcos por lo que el agravio traído sobre su alias en nada cambia su situación procesal en la presente merced al reconocimiento de la actividad desplegada por el imputado, por lo demás lo normal resultaría que a A. R. D. le digan "B.", siendo este una suerte de diminutivo de uno de sus nombres, llamativo resultaría que lo denominen por su nombre completo "D. A. R. D." en las comunicaciones telefónicas donde arreglaría los negocios espurios con sus cómplices.-
En cuanto a la situación apuntada por la defensa sobre que R. D. resulta aquel que confecciona "calcos" ilegales resulta no solo acreditada en principio por los propios dichos de la misma sino mas logra su grado de certeza para esta etapa cuando se toma vista del allanamiento practicado en la vivienda donde habita el imputado entre varios elementos que le fueran secuestrados, entre documentación de automotores y cuños, se procedió a secuestrar las planchas de "stickers" o "calcos" con numeración seriadas, esto termina de delinear en principio que la aseveración practicada por la defensa cobra vitalidad, digo R. D., resulta en principio con los elementos hasta aquí colectados quién se ocupara de confeccionar las ilegales calcomanías necesarias para fraguar los automotores o sus autopartes .-
He reiterado hasta el cansancio que el conocimiento que se tenga de todos o algunos de la asociación no alejan a un miembro - en el caso R. D. - de su rol en la misma ... ".....considero que no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Fontan Balestra ob, cit., t. 133, III 3, p. 470, quien se remite a Antonio García-Pablos de Molina; Ramos, ob., cit., p. 256).......Así "in re" "Sánchez, Luis" de la Cámara Nacional Casación Penal Sala II del 28/3/94, se señaló que la Asociación Ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos sin que sea necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente o se conozcan o sepan la función del otro o de los otros "inter criminis"....
Este ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso o no....Por eso este tipo de organizaciones no requiere trato personal ni conocimiento entre alguna de sus partes, ni tampoco que todos sus integrantes se reúnan en algún sitio determinado.....En tal sentido los acuerdos pueden ser alcanzados por emisarios o como en el presente mediante comunicación telefónica, tal cual ha sido el "modus operandi" de la asociación ilícita investigada....En los tiempos que corren y tecnología mediante, resultaría innecesario la reunión de los integrantes, pues los nexos para poner en marcha los designios de la Asociación Ilícita, y proseguir sus utilidades pueden llevarse a cabo únicamente mediante la utilización de tecnología de las comunicaciones o informática, que hoy día se encuentra a disposición de quien económicamente pueda acceder a ella, impedimento este ultimo, que claro esta no se verifica en el caso....".
Debo mencionar en este pasaje de mi voto que, en el mismo sentido que lo realice en forma anterior, muy probablemente -como se advierte de las escuchas- R. D. colocaba los llamados "calcos" para varias personas involucradas en el negocio ilícito, situación que no lo aleja de su pertenencia a la asociación tal propone la defensa, lo importante de ver en este sentido es que el rol, permanencia y eficacia colocaba a R. D. como un miembro indispensable para la asociación ilícita, reitero entonces, ser miembro de la Asociación Ilícita daba -posiblemente- a R. D. el volumen de operaciones suficiente como para hacer de su tarea ilegal su medio de vida, y su actividad más el conocimiento fehaciente que tenía de la forma que debía llevarla a cabo le garantizaba a los demás miembros de la organización la posibilidad de "dar apariencia de legalidad" en forma rápida y eficaz a los autos o autopartes como se le era requerido.-
Contrario a lo que afirma la defensa y mas allá que no sea necesario el conocimiento con los demás miembros de la gavilla, en este estado procesal doy por existente el conocimiento entre R. D. y C. - otro imputado como miembro de la asociación ilícita -, para ello merituo que la comunicación telefónica desgrabada a fojas 1900/19001 -puesta en duda por la defensa- es entre los mismos. Se corrobora ello, no del ID del teléfono, sino porque de la mentada comunicación surge que C. en principio solicito "stickers" para un numero de vis determinando, que luego se comprobó, por dicho numero, a nombre y en poder de C. - ver fojas 1929 - , dando por tierra la postura de la esmerada defensa sobre el conocimiento que D. R. D. únicamente tenía con R. o P. y algún otro integrante de la gravilla.
Amén de lo dicho debo agregar que no resulto fácil delimitar con quien se comunicaba R. D. dado que en el allanamiento de su propiedad se llego a secuestrar 10 teléfonos celulares, "modus operandi" de casi todos los miembros de la empresa quienes o cambiaban asiduamente sus números de celular o tenían varios en su poder, seguramente en la búsqueda de no ser escuchados fácilmente por las agencias de seguridad.
Y con lo expuesto en el párrafo anterior quedara a cargo del titular del ejercicio de la acción penal establecer para la investigación si las conversación mantenidas por Y. , donde hace saber de su conocimiento de una persona que confecciona calcos de tanta calidad que el mismo da su propia palabra de garantía, se refería a D. R. D., como así también otras de los demás imputados donde se vislumbra la modalidad llevada a cabo por R. D..- En conclusión las circunstancias apuntadas hasta aquí, esto es la actividad reconocida y probada a lo largo de la investigación, que recordemos aun no se encuentra finiquitada, mas la comunicación con al menos dos miembros de la Asociación Criminal que hasta aquí resultan imputados, uno quien en forma directa le solicita para él la confección de los denominados Stickers o calquitos, y otro quien a modo de gestor se los encarga para otras personas, resultan con el grado de convicción que esta etapa requiere suficientes para afirmar el conocimiento de la existencia de la asociación criminal, su participación en la misma y su permanencia; afirmo que esta ultima resulta el fundamento de su modo de vida y su standard económico.
Con relación al agravio traído respecto de la tenencia de las armas que fueran secuestradas en el allanamiento practicado, he de responder que en el acta de la diligencia se dejo establecido que el domicilio del causante resulta ser el allanando -propios dichos del imputado-, razón de más para pensar que las armas tal califica el Fiscal le pertenecen o bien por lo menos deberá responder por su tenencia ilegal. Sin perjuicio de ello, si la defensa pretende considerar que las armas resultan legalmente tenidas por quienes resultan sus titulares -el padre o cualquier otro- no tiene más que acompañar las constancias que así lo acrediten, y de ahí la mutación de la calificación legal se dará en su favor, por ahora permanece incólume.-
En lo referente a las conductas reprochadas al aquí imputado constitutivas del delito de encubrimiento en razón de la aseveración antes elaborada y conforme ha sido el criterio sostenido respecto de los demás casos tratados hasta aquí, es que considero opera el inciso 5to del articulo 23 del rito procesal.
Finalmente, mas allá de no haber sido cuestionada la valoración de los peligros procesales por el letrado particular de R. D., daré tratamiento a los mismos.
En tal sentido, no puedo apartarme de aquellas valoraciones efectuadas por el titular del Juzgado de Garantías interviniente, y considero también que la imposición de la medida de coerción en el caso, al igual que los demás consortes cuya situación fuera hasta aquí tratada, resulta a esta altura necesaria para sostener al imputado a derecho y asegurar que el mismo no entorpezca el curso de la investigación.
Así, infiero el peligro de fuga no solo de la pena que se espera como resultado de este procedimiento la que en función de la calificación legal que se estableció para las conductas atribuidas a R. D. se alejarían de aquel presupuesto que permite la aplicación de una condena de cumplimiento condicional en los términos del artículo 27 "a contrario", sino también y en el caso particular que el imputado en principio resultaría un especialista en fraguar documentación ilegal, lo que me abriga una lógica sospecha que de acceder a la libertad en cualquiera sea su modalidad la posibilidad de darse a la fuga y no ser habido se acrecienta exponencialmente. De igual manera, sus vínculos con personas que en forma ilegal movilizan tamaña estructura, digo aquellos que están detenidos y otros solo investigados dejan ver dos variantes que infiero de peligrosidad para los fines de este proceso, el primero la cooperación para su profuguez de quienes a la fecha no se encuentran detenidos, el segundo el posible entorpecimiento de la causa merced al contacto de R. D. con quienes -aun en libertadresultan investigados.-
Por lo dicho hasta aquí voto por la confirmación de la medida de coerción dictada respecto del imputado, desde que resulta debidamente fundada, proporcional y necesaria, y no advierto otro mecanismo por el cual se garantice con la misma intensidad los fines del proceso que se le sigue.- Así lo Voto.-
X. SITUACION DE D. A. R.
La Dra. Gabriela Alejandra Cimorelli a fs. 69/98 del incidente interpuso recurso de apelación contra el auto que decreta la prisión preventiva de su pupilo D. A. R.. Como motivo de agravio afirmó que no existe prueba legalmente obtenida para imputarle a su asistido el hecho investigado y aquellos elementos de cargo de la etapa penal preparatoria valorados por el Agente Fiscal y por el Juez en su resolución carecen de identidad para mostrar indicios siquiera de que se encuentran reunidos los extremos exigidos por el art. 157 y 158 del rito.
Seguidamente en el titulo “fundamentos” del mencionado recurso la letrada cuestiona la medida de coerción caracterizándola como un anticipo de pena y de "ultima ratio", destacando que, mas allá de ser utilizada como un recurso coercitivo para asegurar los fines del proceso, R. posee domicilio fijo donde vive con su esposa e hijo, un trabajo fijo –herrería- y pese a saber la posibilidad de la existencia de esta investigación jamás intento entorpecerla ni eludir el accionar de la justicia.
Realizó la letrada una extensa consideración sobre el principio de inocencia y las demás garantías constitucionales de las que goza toda aquella persona sometida a un proceso, como así también mencionó las normas constitucionales y supra constitucionales que reconocen dicho derecho, agregando como sostén de su alegación doctrina y jurisprudencia.
Concluye al respecto que no existe en la especie el denominado riesgo o peligro procesal por cuanto su asistido ha dado cabales muestras de su sometimiento al proceso y que poco puede entorpecer, su libertad provisional, el accionar de la justicia. Sin bién, lo ha expuesto al final de su extensa presentación corresponde aquí citar la crítica que realiza la defensa en relación a la valoración de los antecedentes que registra el imputado. Respecto al antecedente condenatorio del Tribunal Oral Federal nro. 5 de San Martín (de fecha 4 de septiembre de 2002) afirma que debe tenerse como no pronunciado desde el 4 de septiembre de 2006 y con respecto a la IPP 14-00-6863-11 si bien es cierto que en la misma se ha requerido su elevación a juicio, también es cierto que el mismo ha sido excarcelado por falta de mérito con fecha 14/11/2011 y dicho requerimiento aún se encuentra pendiente de resolución.
Motivos por los cuales meritúa que intentar argumentar la existencia de antecedentes de su asistido es solo con el fín de entorpecer el derecho a la libertad, máxime que R. jamás demostró una conducta evasiva y siempre ha estado a derecho.
Punto aparte la asistente técnica se refirió a la materialidad ilícita y calificación legal, consideró la inverosimilitud de ambas pues, a su entender, no surge de ninguna prueba colectada que su defendido haya formado parte de la asociación ilícita en tanto, haberse acreditado mediante escuchas telefónicas que ha mantenido conversaciones con algunos de los imputados no lo coloca como parte de esta organización criminal, además, R. no recibía ordenes de nadie, no delegaba y solo trabajaba, entre otras cosas, como comisionista en la compra y venta de automotores, niega para ello la existencia de los elementos objetivos y subjetivos que requiere la figura penal prevista en el art. 210 de código de fondo.
Para ello considera inexistente el acuerdo de voluntades que requiere dicha figura, ya que R. ha mantenido conversaciones sólo con dos de los coimputados y en las mismas sólo habla de una operación de compra y venta con su consiguiente comisión como resarcimiento económico. En dicho norte, la letrada explica que tampoco R. pactó conducta ilícita con ninguno de los coimputados, siendo que así no se configuraría el otro requisito que es la indeterminación de las actividades luctuosas. Menos aún considera acreditado, sin más explicación, otro requisito de la norma que es la permanencia.
Seguidamente se refirió al dolo de la figura en trato negando que el Juez de Garantías haya podido dar por probado que R. tuviera dolo de participar en una asociación ilícita, calificando como un “desafío a la imaginación” (sic) poder considerar como miembro de dicha asociación a R., pues solo se cuenta como elemento escuchas telefónicas con dos de los coimputados y el no secuestro de elemento alguno que se pueda relacionar con la causa en el allanamiento practicado en su vivienda.
Con respecto a las conductas que fueran calificadas como encubrimiento agravado por el ánimo de lucro achacado a R. se refirió en particular a cada uno de los vehículos involucrados: - Peugeot 207 modelo “compact” XT HDI 5 puertas color Gris.
- Volkswagen Suran 90A 5 puertas color blanco No se ha podido demostrar que su asistido haya estado en poder de alguno de estos rodados y menos aún que ellos hayan sido negociados por R.. El hecho de que el Fiscal haya verificado la idea de un Peugeot de similares características guardado en la dirección de M. 2. de la localidad de Boulogne no le permite aseverar que dicho rodado fue comercializado por su asistido. En cuanto al restante, manifiesta la letrada que tampoco se ha demostrado que lo ha recibido a sabiendas de su procedencia ilícita y explica que las placas fotográficas donde dicho rodado se observa no han sido obtenidas del comercio de Herrería de su asistido, sino de las inmediaciones. Descarta que R. haya sustituido la numeración genuina del chasis y del motor de éste último vehículo, indicando que ello solo resulta a través de suposiciones del Magistrado y el Fiscal no ha podido demostrarlo.
- BMW modelo 325 CI dominio …-… y Mercedes Benz Modelo, Sprinter dominio …-….
En este caso afirma que tampoco se pudo probar la imputación a su asistido de recibirlos con fines de destrucción. Respecto al primero, si bien es cierto que se han obtenido placas fotográficas de R. a bordo del vehículo han sido obtenidas con anterioridad a la denuncia de hurto del rodado y el mismo no tenia impedimento legal alguno, siendo que le fue prestado por su titular. En cuanto al segundo sucede lo mismo y tampoco se ha probado que el mismo lo ocultó en un estacionamiento de la Clínica “El Talar” pues no hay prueba legal para su demostración.
Luego cita doctrina respecto al art. 277 del Código Penal concluyendo que al encontrarse supuestamente en poder de los vehículos sin que al momento del hecho exista denuncia penal por algún delito, no es posible subsumirlo en la figura mencionada, sin perjuicio de seguir sosteniendo la defensa que R. no ha tenido en su poder dichos rodados.
Seguidamente se refiere a la autoria y responsabilidad de las conductas hasta aquí mencionadas.
Luego de efectuar algunas consideraciones, marcar algunos errores del juez y preguntarse como se ha obtenido en la investigación el teléfono de R. cuando éste ha cambiado varias veces el numero, en lo que aquí interesa afirmó que lo único que se ha podido demostrar es que R. mantenía comunicaciones telefónicas solo con algunos de los coimputados sin que ello signifique su voluntad de integrar una asociación ilícita y menos aún que dentro de ella tenia un rol. Solo obtenía una comisión de algunos pesos, tal cual lo refiere en las escuchas que el Juez de Garantías recomendó leer.
Por último se refirió a los hechos calificados como encubrimiento, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad y para evitar ser extenso, pues los mismos sobran en la fundamentación del recurso.
Entonces, solicita se revoque la prisión preventiva que viene sufriendo A. R. y subsidiariamente solicita que, de conformidad a lo normado en el art. 163 del ritual se le conceda una medida alternativa a la prisión preventiva, y se proceda, también, a un cambio de calificación legal en cuanto al delito de encubrimiento. Ahora bien, habiendo dado lectura a las constancias que llevaran a la imputación y luego al dictado de la medida de coerción respecto del imputado R. estimo corresponde su confirmación, y debo en este análisis hacer saber a la letrada que la posibilidad de realizar una critica razonada a la resolución no la habilita a realizar apreciaciones personales en el ejercicio de las funciones del Sr. Fiscal o del Sr. Juez, aclaro entonces y a riesgo de resultar reiterativo que tanto el Fiscal como el Juez de grado estimaron y fundaron sus conclusiones de tal manera que habilitó el ejercicio recursivo, por lo cual las manifestaciones sobre "la imaginación" que les endilga la Dra. Cimorelli a los Magistrados resulta inapropiada, carente de fundamento y en especial fuera del decoro con el que se debe dirigir para con los actores de este y/u otro proceso, decoro que por otro lado también deberá serle correspondido en su noble tarea.-
Tengo para mí que R. forma parte de la asociación ilícita que se investiga, y lejos se encuentra de la figura de "pequeño comisionista" en la compraventa de automotores, digo y comienzo la explicación varios de los pasajes de las escuchas telefónicas donde participa R. se lo puede advertir comprando y revendiendo "autos de compañía" recordemos una de las modalidades de captación de automotores propia de la empresa criminal, mas aun a fs. 60 mantiene conversación con D. -otro consorte de la causa - sobre la posibilidad de conseguir un Peugeot 207 a la mujer de un quinielero "Capitalista" que ellos mismos se encargar de aclarar que le quiere dar un auto trucho a la mujer, de esta manera pactan no solo la adquisición ilegal de la Unidad sino mas los papeles ilegales del mismo, esto es "una cedula en blanco" fs. 51 y un seguro ilegal fs. "54", claro esta producto de la operación la comisión resultaría de Mil pesos para cada uno, aquí su relación con D. empieza a delinear que R., como dije, no resultaría un comisionista en la compraventa de autos.-
Debo aclarar aquí tal como lo realice anteriormente en esta causa, que no se investiga en el presente si entre las actividades ilegales que en principio se le imputan a R., este también realizaba actos acordes a la ley, y esto por la sencilla razón que estos actos quedarían exentos de las orbita de la investigación en función del art. 19 de la Const. Nacional, empero si deberán y los son, aquellos como lo que se dice cometía R. con aprovechamiento en una fachada de legalidad.-
Nuevamente digo que el conocimiento de R. o la probada actividad de R. con solo algunos de los miembros hoy conocidos de la Asociación ilícita no resulta un argumento capaz de desvirtuar su participación en la misma, su rol y su permanencia.-
Dije y reiteraré, cada vez que se presente el agravio (y ello toda vez que lo han traído por separado cada una de las defensas) que:
".....considero que no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Fontan Balestra ob, cit., t. 133, III 3, p. 470, quien se remite a Antonio García-Pablos de Molina; Ramos, ob., cit., p. 256).......Así "in re" "S., L." de la Cámara Nacional Casación Penal Sala II del 28/3/94, se señaló que la Asociación Ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos sin que sea necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente o se conozcan o sepan la función del otro o de los otros "inter criminis"....
Este ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso o no....Por eso este tipo de organizaciones no requiere trato personal ni conocimiento entre alguna de sus partes, ni tampoco que todos sus integrantes se reúnan en algún sitio determinado.....En tal sentido los acuerdos pueden ser alcanzados por emisarios o como en el presente mediante comunicación telefónica, tal cual ha sido el "modus operandi" de la asociación ilícita investigada....En los tiempos que corren y tecnología mediante, resultaría innecesario la reunión de los integrantes, pues los nexos para poner en marcha los designios de la Asociación Ilícita, y proseguir sus utilidades pueden llevarse a cabo únicamente mediante la utilización de tecnología de las comunicaciones o informática, que hoy día se encuentra a disposición de quien económicamente pueda acceder a ella, impedimento este ultimo, que claro esta no se verifica en el caso....".
Agrego el conocimiento y permanencia de R. cuando advierto que varios pasajes de su actividad ilegal se comunica con J. T. -consorte y parte de la empresa criminal- a quien por ejemplo de fs. 768 y las escuchas del caso, se los puede advertir pasando un automotor marca Corsa bajo la modalidad de estafa al seguro, una vez que T. le compró el automotor se lo ofreció a B. -Rosariopara luego llamarlo a R. para comentarlo que lo tiene que "sacar afuera " -Ciudad de San Juan, por que no lo puede llevar en camión.- aquí no solo se ve que R. resulta un engranaje mas en la cadena sino que se advierte con claridad el rol que ocupa en la misma, esto es la captación de los automotores (por compañía en ocasiones), para luego venderlos a quienes se encargaran de finalizar el curso de la operación ya sea en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de San Juan -tal el caso anterior- o bien en la Ciudad de Rosario.-
Cuando di respuesta a los agravios referidos al consorte T., la actividad de R. también salio a luz, así dije en ese momento.... "...La relación de T. con la banda y con otra banda que tiene su asiento en la Ciudad de San Juan se meritua con la maniobra efectuada, fotografiada y filmada, de la camioneta Mercedes Benz modelo Exprinter cuyo Titular es J. M.; ahí se colige en principio que R. le hace saber del arreglo con el dueño de la camioneta y T. acuerda comprarla para revenderla a cualquiera de las bandas que con asiento en San Antonio de Areco, Misiones, San Juan o Rosario le brinden mas dinero, claro esta que la necesidad de ser parte de diferentes bandas de envergadura da la posibilidad a T. de trabajar con tranquilidad y de manejar con absoluta facilidad el volumen de autos que resultaría imposible de reposar en su sola persona, entonces la asociación en principio le brindaría a T. la impunidad y el dinero para hacer de su actividad su medio de vida, de por si muy lucrativo.." .-
Sin mucho desgaste se puede verificar que al igual que T., R. se beneficia por ser parte de una asociación ilícita con múltiples conexiones y eso lo habilita a seguir consiguiendo automotores para luego ofrecerlos a los demás consortes, con la consiguiente ganancia que le implica en cada uno de los hechos (que el imputado se ocupa de hacer saber sic.-"nos ganamos una luquita cada uno".-, por eso y en respuesta a la defensa considero que R. resultaría miembro permanente de la Asociación y nada obsta que lo sea reciba ordenes o no, en todo caso lo que había que dejar aclarado era el rol que cumplía en ella, situación que doy por acreditada con lo expuesto hasta aquí.-
Es decir existe una relación de reciprocidad y uniformidad que es lo que hace al sentimiento de pertenencia a la Asociación delictiva, la circunstancia o no de realización de los distintos planes delictivos es independiente a la coexistencia de una organización delimitada y estructurada, donde todos sus integrantes conocen el mecanismo, puesto que se encuentra debidamente establecido, para transformar en ganancia los distintos vehículos que van ingresando en poder de cada uno de los miembros, cualquiera sea su procedencia, como así también como enmascararlos para que su fín no salga a la luz.
En este sentido doy por contestado el fundamento de agravio referido a la carencia de dolo de la conducta que se le reprocha al imputado y ello toda vez que de las constancias hasta aquí enumeradas y valoradas tengo en principio por acreditado la voluntad de realizar el tipo previsto por el artículo 210 del Código Penal.
Por otro lado, el agravio y sus fundamentos de la Sra. Defensora Particular, referidos al delito de encubrimiento, -tal y como vengo haciendo- no serán de tratamiento por el momento y ello en función de lo normado por el art. 23. inc. 5to del Ritual.- Finalmente he de expedirme sobre la existencia o no de los peligros procesales, tomando en consideración la critica efectuada por la letrada de R., y aquellas valoraciones efectuadas por el Juez "a quo" para determinar su existencia.
Previo a ello debo decir que la posibilidad de someter a un individuo a un proceso mediante el dictado de su prisión preventiva no solamente se vislumbra por las normas procesales que determinan las estrictas pautas que se deben seguir para su dictado sino también con lo establecido en los artículos 7.5 de la CADH y 9.3 del PIDCyP, que subordinan la libertad durante el proceso a garantías que aseguren la comparencia del acusado al mismo; asimismo el articulo 21 de la Constitución provincial establece que deberá atenderse a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, a fin de acordar la libertad provisional.-
Con ello si bien se determina que la libertad es la regla durante la sustanciación del proceso, cierto es también que en caso de operar las características reseñadas en el párrafo que antecede, será una opción para el Magistrado utilizar la cautelar como medio para asegurar la comparencia del imputado y el éxito de la investigación.
Sentado ello, retomo y nuevamente entiendo acertado el razonamiento del Dr. Martínez al merituar los distintos elementos y circunstancias que hacen a la medida de coerción como indispensable a los fines del proceso.
Tal como lo vengo sosteniendo respecto de los demás integrantes de la asociación ilícita cuya calidad de miembro se les imputa, no puedo desconocer como baremo para considerar la existencia de riesgo procesal, en primer lugar la pena que se espera como resultado del procedimiento que parte de un mínimo legal de 3 años de prisión, la cual seguramente, por las especiales características del hecho basadas en la pluralidad de intervinientes, el daño ocasionado, y por sobre todo el desprecio por los distintos bienes jurídicos atacados, se apartara significativamente de dicho piso.
Además respecto a los antecedentes que registra el imputado, mas allá de la posibilidad de tener o no como pronunciada la sentencia que le fuera dictada en el marco de la causa nº 1141 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de San Martín, cierto es que el mismo registra otro proceso, IPP 14-00- 6893-11, en el cual su tramite ha progresado, pues con fecha 16 de octubre del corriente año, el titular del Juzgado de Garantías nº 2 deptal., resolvió respecto de R. disponer la elevación juicio en orden a los delitos de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en lugar poblado y en banda, portación y Tenencia de arma de Guerra sin la debida autorización legal, sustitución de chapa patentes y encubrimiento, todos en concurso real, por lo cual mal puede no considerarse como indicador de riesgo procesal.
Por otro lado, no se puede dejar de merituar como peligro procesal la circunstancia de que hay personas que aún se encuentra bajo investigación - posible integrantes de la Asociación ilícita -, que denota la posibilidad cierta que dar con ellos y la búsqueda de la verdad en el procedimiento se dificulte, siendo que la presente I.P.P. se encuentra en etapa de investigación, de conformidad con el ultimo párrafo del articulo 148 en sus incisos 1º, 2º y 3º del código procesal penal.-
Por lo dicho hasta aquí, será mi propuesta al acuerdo la confirmación de la medida de coerción dictada respecto del imputado D. A. R., desde que resulta debidamente fundada, proporcional y necesaria, y no advierto otro mecanismo por el cual se garantice con la misma intensidad los fines del proceso que se le sigue.-
Así lo Voto.-
XI. SITUACION DE M. F. D.
Respecto de la situación procesal del imputado M. F. D. el Dr. Jorge Eduardo del Río, Defensor Oficial del Distrito de San Isidro, a fojas 147/153 de la presente incidencia, interpuso recurso de apelación contra la decisión del Dr. Martínez de convertir en prisión preventiva la detención del nombrado D. respecto de los hechos que le fueran imputados por el Sr. Fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria.
Al fundar el mismo la Defensa Oficial entendió que no existen pruebas que lleven a entender que su asistido forme parte "probablemente" de una Asociación Ilícita.
Como sustento de ello afirma que solo se desprende de las escuchas telefónicas el vínculo de D. solamente con uno de los consortes de causa, D. A. R.; no se discute la amistad entre ambos ni el vinculo que los unía, pero esto nada prueba acerca de una posible integración en la Asociación Ilícita.
Afirma, que el vínculo con R. no hace extensivo con los demás integrantes, siendo el único con el cual vendió automotores que no estaban con las identificaciones correctas el mentado. Continua, sin querer justificar la actitud de su asistido frente a situaciones realizadas fuera de la ley, pero eso lejos esta de formar parte de la organización criminal, puesto que, de los automotores que hablamos nunca se los relacionó con los que se llevaban a la Ciudad de Rosario, ni con los que desarmaban para llevar autopartes, ní los que se denunciaban para estafar a las Compañías de Seguro.
Seguidamente niega la Defensa un vínculo entre su asistido y T. , en tanto siquiera se conocían por teléfono.
Además indica, que menos aún pudo haber ocupado el rol de pasador, en tanto nunca viajo a la Ciudad de Rosario, y tampoco conocía al Sr. A., sindicado como probable Jefe. En los negocios que hacían su defendido y R. no intervenían otras personas, tampoco surge que R. haya nombrado a D. como su socio, por lo tanto el hecho que se haya escuchado a su amigo R. hablar con otras personas de la banda no puede arrastrar a D. a formar parte de ella.
Por lo tanto, no se dan los elemento del tipo de la Asociación ilícita respecto de su asistido, no esta acreditado que forme parte de ella, tampoco permanencia o pacto para cometer delitos indeterminados.
Por otro lado, el Dr. Del Río se agravia también sobre los elementos valorados por el Juez "a quo" para determinar la participación de D. en los delitos de encubrimiento, respecto de la receptación del vehiculo marca Peugeot 207 Compact XT HDI dominio …-….
En dicha inteligencia determina que la circunstancia que se haya realizado dicha operación por un precio irrisorio no implica a su asistido como co-autor de la supresión de la numeración de objeto registral y sustitución de chapa patente, puesto que conforme surge de las escuchas telefónicas ninguno manifestó haber realizado ni cambio de patentes, ni stikers apócrifos, ni etiquetas para que el vehiculo sea de los denominado mellizo.
También cuestionó la imputación respecto del hecho calificado como Robo Agravado por su comisión en lugar poblado en banda y por el uso de arma impropia, efectuando una critica pormenorizada a los elementos valorados por el Juez para determinar la participación de su asistido en dicha conducta a los cuales me remito y obran en el incidente de apelación, ello en honor a la brevedad.
Finalmente, previo cuestionar la necesidad de la medida de coerción dispuesta - citando normativa supra constitucional, constitucional y procesal, como así también doctrina y jurisprudencia, para remarcar la excepcionalidad de la prisión preventiva -, solicito se revoque la medida de coerción respecto de M. F. D..
En el inicio debo adelantar que en esta causa y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 23.inc. 5to corresponde me expida en relación al delito de asociación ilícita ello con el fín de despejar las dudas que pueda suponer su acreditación, aclaro esto toda vez que en el caso de D. resultaría ocioso en función de la calificación legal de Robo con armas en los términos del articulo 166 inciso 2º primer párrafo y su penalidad.
Ahora bien no se ha discutido en esta incidencia por el Sr. Defensor Oficial la relación de D. con varias de las personas que integran la empresa criminal aunque no con todos (lo que constituye en sí mismo un agravio a tratar), de ahí que inicio el responde de igual manera que lo he realizado en anteriores oportunidades y cada vez que se presentó este agravio, que si bien común a la mayoría de las defensa merece el análisis por separado.-
Así las cosas, reitero ".....considero que no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Fontano Palestra Ob, cit., t. 133, III 3, p. 470, quien se remite a Antonio García-Pablos de Molina; Ramos, Ob., cit., p. 256).......Así "in re" "S., L." de la Cámara Nacional Casación Penal Sala II del 28/3/94, se señaló que la Asociación Ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos sin que sea necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente o se conozcan o sepan la función del otro o de los otros "inter criminis".... Este ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso o no....Por eso este tipo de organizaciones no requiere trato personal ni conocimiento entre alguna de sus partes, ni tampoco que todos sus integrantes se reúnan en algún sitio determinado.....En tal sentido los acuerdos pueden ser alcanzados por emisarios o como en el presente mediante comunicación telefónica, tal cual ha sido el "modus operandi" de la asociación ilícita investigada....En los tiempos que corren y tecnología mediante, resultaría innecesario la reunión de los integrantes, pues los nexos para poner en marcha los designios de la Asociación Ilícita, y proseguir sus utilidades pueden llevarse a cabo únicamente mediante la utilización de tecnología de las comunicaciones o informática, que hoy día se encuentra a disposición de quien económicamente pueda acceder a ella, impedimento este ultimo, que claro esta no se verifica en el caso....". La permanencia, el pacto y el rol de D. lejos de alejarlo de la participación esporádica en algunos hechos puntuales lo acercan en principio a la Asociación ilícita que se le imputa; las constancias de la causa en principio y con la provisoriedad de la etapa permite así acreditarlo, por ello, véase que no solo la negociación del automotor 207 lo acercan a los hechos delictivos sino mas demuestra la habitualidad en el trato, la naturalidad y la frecuencia con la que se manejaba en este tipo de situaciones, esto acercando compradores -de mala fe- a los automotores mellizos por precios mas que irrisorios.-
Naturalmente los vínculos que permiten hacer de los quehaceres delictivos su medio de vida implica la necesidad de pertenecer a la empresa, véase que D. consigue los compradores, y contacta R. que en cuestión de horas le ofrece un 207, una Suran y también un Fox, obviamente cada uno sacando su provecho personal, pero demostrando D. su rol y r. el suyo, así como el concierto de voluntades cuando finalmente R. contacta a T..- La escucha de fs. 40 termina de delinear el rol de D., el mismo en esa conversación hace saber que una persona lo contacta `para comprar un auto "trucho" para la mujer, de ahí que puedo extraer dos conclusiones, el rol de D. en principio esta delineado resulta uno de los relaciones publicas de la empresa, consiguiendo compradores o bien contactado por eventuales compradores que saben de sus quehaceres y probablemente de su efectividad en los mismos, y por otro lado su apego al pacto y permanencia le dan la posibilidad de poder cumplir con sus eventuales "clientes", sabiendo siempre que algún automotor se puede ubicar, nuevamente la posibilidad de pensar en D. como un ocasional colocador de un solo automotor se alejaría diametralmente de la realidad.-
Llamativo resulta que también D. en esa escucha hace saber que su "cliente" cuenta con 13.000 pesos en efectivo, pero que da muchas vueltas, que de última le menciona a R. la posibilidad de "meterle caño" y robarle el dinero, situación que no se verifico pero debe resultar mencionada.-
D. a fs. 51, hablando con R. sigue delineando su rol, esto es consiguiendo documentación "falsa" para su cliente, de ahí que se contacta con R., solicitándole una cedula verde en blanco o una tarjeta de seguro, claro el conocimiento que tiene de D. de la posibilidad de los demás miembros de la banda para conseguir aquello que haga falta para proseguir las operaciones, digo como cualquier negocio o comercio, un cliente satisfecho seguramente vuelva o recomiende su trabajo.-
El delito de Robo calificado se encuentra en principio acreditado y merece su confirmación digo mas allá de D. revestir en esta causa la en calidad de imputado también su por posible vinculación con un robo con armas resulto víctima del delito de extorsión.-
D. detenido en la Comisaría de Villa Adelina anoticiado de la imputación que se le podría dirigir por el robo de un automotor Gol a una Sra. días anteriores comienza a pedir dinero a sus conocidos para poder desligarse de ese problema, claro esta mediante el delito que en principio -y luego analizaré- de los policías que lo tienen detenido- Terminada su detención, abonada la suma requerida y habiendo puesto su propio automotor como parte del valor de su propia libertad D. comienza a hablar por teléfono con sus conocidos a quienes les va relatando todo aquello que sufrió y nuevamente estas escuchas ponen a D. en un doble carácter de imputado por el Robo y víctima de las lesiones que dice haber sufrido a manos de los efectivos policiales.-
Previo a todo corresponde se investigue en los términos del art. 287 inc. 1 del Rito debiendo proceder el Sr. Fiscal a investigar los golpes denunciados por D. (fs 307/309) y la actuación que le cupo tanto a G. como a S. en los mismos con mas la posibilidad de evaluar la conducta desplegada por el medico de policía, que si bien dice haber revisado al detenido su escueto informe se contradice con los dichos de la víctima y de su pareja, digo mas allá de poder creer o no los dichos de D. corresponde se investigue los mismos desde que la propia mujer de este último hacer saber en el estado en el que vió a su pareja cuando llego de la comisaría, la denuncia en este caso se impone como obligatoria.-
Que con relación al Robo del automotor Gol, cabe consignar que el único Robo de automotor Gol el 10/5/2012 fue aquel perteneciente a la Sra. G., que si bien concuerdo con el Juez de Grado en cuanto a la participación de D. en el mismo debo decir que estimo que en la escucha en la que D. hace referencia a los autos (donde el Juez explica que probablemente se equivoco en referencia al automotor que menciona D.) debo decir que estimo que D. no se equivoco, solo trato de despistar a la investigación, y a ello llego habiendo leído la declaración del imputado en los términos del art. 308 donde con claridad D. hace saber que, sic -"...sabía que su teléfono estaba pinchado..."-, por ello los datos que por esa vía pueda aportar deben ser minuciosamente evaluados con las demás constancias de la causa y a la luz de la sana critica valorativa..- Resulta un indicador de la participación de D. en el Robo que el DNI de la Sra. G. fuera hallado en el interior del automotor de propiedad de D., con más las escuchas telefónicas de fs. 307/10, donde D. manifiesta su intervención a propia mano en el hecho de Robo, haciendo saber que su consorte quedo a bordo de su propio auto -el C3- que luego este se asusto cuando vió la policía, y chocó, encontrando la policía el DNI de la víctima anterior en el interior del rodado estimo con el grado que esta etapa requiere que la participación de D. en el hecho de Robo se encuentra en principio acreditada, razón por la cual al planteo de la defensa voto por confirmar lo dicho por el magistrado de grado.-
Por último, la Defensa Oficial del imputado D., ha cuestionado la elección por parte del Juez de Garantías de la medida de coerción como elemento para asegurar los fines del proceso.
Tal como fuera citado al momento de delimitar los fundamentos de agravios del Dr. Del Río, si bien utilizó numerosas citas doctrinales y jurisprudenciales nada mencionó o trajo como sustento para asegurar la comparecencia de su asistido hasta el último tramo del proceso, es decir, solo cuestiono el medio elegido por el Juez empero ninguna garantía ofreció.
Por lo tanto no puedo considerar su argumentación como válida para hacer lugar al planteo efectuado, ello en razón de la pena que se espera como resultado del procedimiento que de conformidad con una de las conductas imputadas partiría de un mínimo legal de cinco años de prisión, sumado al antecedente condenatorio que registra mencionado por el Juez donde el Tribunal Oral Criminal nº 5 Departamental lo condeno con fecha 24 de noviembre del año 2004 a la pena de 2 años y 6 meses de prisión por encontrarlo penalmente responsable del delito de robo, circunstancia que importaría la posible acumulación de penas - de conformidad con el articulo 58 del Código Penal -, en caso de recaer sentencia condenatoria en la presente. Tampoco pierdo de vista, tal como ha sido certificado por Secretaría, el proceso en tramite que aún se encuentra pendiente de resolución que se le sigue a D. IPP 14-00-005258-11 del registro del Ministerio Publico Fiscal Departamental, en orden al delito de Estafa.
Además, la posibilidad que el nombrado se fugue en razón de la pena que se espera como resultado del procedimiento no ha sido refutada por la defensa, en tanto siquiera ha sido demostrado arraigo pues si bien cuenta con un domicilio fijo carece de trabajo estable o quehacer licito que haga presumir su voluntad de no profugarse, es decir, no existen lazos que aten al nombrado a una profesión o actividad comercial legal en el ámbito de esta provincia, mas aun, si podría afirmarse que podría desarrollar su actividad ilícita en otros lares siendo esta por propios dichos del imputado su método para ganarse la vida, conforme surge de la conversación telefónica transcripta a fojas 315 de los autos principales "...si encuentro la llave me monto y sigo robando, porque ahora quiero recuperar mi auto..." sic.
Por otro lado, no se puede dejar de merituar como peligro procesal, tal como lo he valorado respecto de sus consortes de causa, la circunstancia de que hay personas que aún se encuentra bajo investigación - posible integrantes de la Asociación ilícita -, que denota la posibilidad cierta que dar con ellos y la búsqueda de la verdad en el procedimiento se dificulte, siendo que la presente I.P.P. se encuentra en etapa de investigación, de conformidad con el último párrafo del articulo 148 en sus incisos 1º, 2º y 3º del código procesal penal.-
Por lo dicho hasta aquí, será mi propuestas al acuerdo la confirmación de la medida de coerción dictada respecto del imputado M. F. D., desde que resulta debidamente fundada, proporcional y necesaria, y no advierto otro mecanismo por el cual se garantice con la misma intensidad los fines del proceso que se le sigue.-
Así lo Voto.-
XII. SITUACION DE . R. B. Y G. A. G.
Respecto a los imputados mencionados en el titulo, el letrado particular de ambos a fs. 100/113 ha interpuesto recurso de apelación. Como se hiciera mención al comienzo de este extenso voto, el Dr. Mariano J. Varela adhirió al planteo efectuado por el Dr. Murchio –letrado particular de E. L. A.- respecto de las nulidades articuladas y rechazadas, fundamentos y agravio al que ya se les ha dado respuesta al tratar la situación del nombrado A..
Seguidamente como fundamento del agravio relativo al dictado de la prisión preventiva indicó que el Juez de Garantías al establecer los roles de cada uno de los participantes de la organización lo ha hecho sin sustento probatorio, pues en nada se compadecen con la imputación que se les formulara a cada uno de ellos. Para dar sustento a tal critica, menciona la función que se les asignó a cada uno de los imputados dentro de la asociación ilícita y los hechos cuya participación se les achaca. Afirmando nuevamente la incompatibilidad entre el rol que se les asigna dentro de la organización criminal y los hechos imputados (ej. encubrimientos y robos).
En este sentido cito como ejemplos la situación de R., T. y A..
Seguidamente, recalca que la relación de sus defendidos con los demás integrantes de la banda ha sido parcial. B. solo con R., T. y A.; mientras que G. únicamente con R..
Otro fundamento ha de ser la proclama de atipicidad del delito de asociación ilícita. El letrado, conteste con sus colegas ha realizado una descripción de los elementos objetivos y subjetivos que dicha conducta debe contener para su configuración, citando para ello doctrina y jurisprudencia. Afirmó, por ejemplo, que el propio Fiscal determina los hechos cuando en realidad la asociación debe estar constituida para cometer hechos indeterminados, cuestionó la acreditación del dolo especifico de esta figura, remarcó la inexistencia de relación con el resto de los imputados y, finalmente, especificó la falta del requisito de la permanencia. Todo ello, para desvincular ya sea por la vía de atipicidad de la conducta imputada o por la falta de elementos para que se considere a sus asistidos como miembros de la organización.
En otro orden, cuestionó el rol de participe necesario de G. en la conducta calificada como robo doblemente calificado por su comisión en lugar poblado y en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y privación ilegal de la libertad agravada, sosteniendo que dicha imputación no se encuentra fundada y resulta un absurdo atribuir tal participación en el mencionado ilícito a todos aquellos que reciben cosas a sabiendas del origen ilícito.
Finalmente, se refirió a la medida de coerción haciendo únicamente hincapié que en modo alguno las afirmaciones del juez –pena en expectativa y capacidad y disponibilidad económica para sustraerse de sus obligaciones- justifican la medida por él tomada. Para dar sostén a ello cita abundante jurisprudencia.
Termina su recurso indicando que hace reserva del caso federal.
Ahora bien, habiendo dado lectura a las constancias que llevaran a la imputación y luego al dictado de la medida de coerción respecto de los imputados mencionados estimo corresponde su confirmación, por las razones y motivos que paso a exponer. En primer lugar no daré tratamiento por innecesario al fundamento de agravio que se asienta sobre la critica respecto a los roles e imputaciones que se les efectuaran a R., T. y A., pues a esta altura del presente sufragio ya han sido materia de análisis al momento de definir sus situaciones procesales.
En lo que respecta al desconocimiento de sus asistidos con la totalidad de los miembros de la asociación ilícita como fundamento para desligarlos de la participación en el delito previsto por el articulo 210 del Código Penal, me remita a las consideraciones efectuadas al estudiar las situaciones procesales de los demás probables miembro de la organización criminal en estudio.
En tal sentido respondí al mismo planteo de esta forma:
"...Así las cosas, reitero ".....considero que no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Fontan Balestra ob, cit., t. 133, III 3, p. 470, quien se remite a Antonio García-Pablos de Molina; Ramos, ob., cit., p. 256).......Así "in re" "S., L." de la Cámara Nacional Casación Penal Sala II del 28/3/94, se señaló que la Asociación Ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos sin que sea necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente o se conozcan o sepan la función del otro o de los otros "inter criminis".... Este ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso o no....Por eso este tipo de organizaciones no requiere trato personal ni conocimiento entre alguna de sus partes, ni tampoco que todos sus integrantes se reúnan en algún sitio determinado.....En tal sentido los acuerdos pueden ser alcanzados por emisarios o como en el presente mediante comunicación telefónica, tal cual ha sido el "modus operandi" de la asociación ilícita investigada....En los tiempos que corren y tecnología mediante, resultaría innecesario la reunión de los integrantes, pues los nexos para poner en marcha los designios de la Asociación Ilícita, y proseguir sus utilidades pueden llevarse a cabo únicamente mediante la utilización de tecnología de las comunicaciones o informática, que hoy día se encuentra a disposición de quien económicamente pueda acceder a ella, impedimento este ultimo, que claro esta no se verifica en el caso....". Tampoco considero que la conducta en estudio no reúna los elementos objetivos y subjetivos del tipo previsto en el artículo 210 del Código Penal, y ello también ha sido materia de estudio en el presente voto tal como ha sido debidamente fundado precedentemente.
Por lo tanto, debo analizar si existe merito o no para considerar que los nombrados G. y B. se encuentren ligados al pacto criminal que los hace miembros de la asociación ilícita, tal como afirma el Fiscal y considera el Juez en su resolución. En tal sentido, respecto del imputado G., al momento de definir su participación como miembro de la Asociación ilícita el Dr. Martínez considero, a partir de los elementos citados en su resolución, que existía un estrecho vínculo del nombrado con R. y B.; la Defensa sin embargo afirmo que únicamente se encontraba verificada en la presente la relación con R..
Considero respetuosamente que ambos, tanto el Dr. Martínez como el Dr. Varela, han efectuado una afirmación que si bien alcanza para la conformación de la tipificación puede completarse. Así pues, me permito afirmar que no solo el vinculo es con B. y R., por demás simple de comprobar al efectuar una lectura de las desgrabaciones de la conversaciones telefónicas - ver fojas 1608, 1629,1650, 1655, 1662/4 -, sino también existe merito para considerar su conexión con el imputado Y..
Basta solo leer las fojas 939/940 de los autos principales que el suscripto merituara al momento de tratar la situación procesal del nombrado, donde consideré "...Y. desde su línea telefónica mantiene una conversación con "P." quien luego fuera identificado como G. A. G. - oriundo de la ciudad de Rosario -, donde no solo se conviene el monto y forma de pago por la gestión de los llamados "stickers" al mismo, sino también Y. garantiza la imposibilidad que sean detectados como ilegal - recordemos que los "stickers" resultan ser medidas de seguridad que llevan ciertas partes de los vehículos para asegurar su origen licito -, de ahí que no puede afirmarse que el mismo sea extraño a la organización criminal pues cumple facilita con sus gestiones y contactos el plan de la misma, es decir a las claras se demuestra su apego al plan criminal...".- De esta manera claro resulta, con el grado de certeza que esta etapa requiere, que también el nombrado G. utiliza las facilidades que la organización criminal le brinda para llevar a cabo los distintos planes delictivos que esta tiene como objeto de su fundación.-
Resultaría ocioso a esta altura enumerar todas las conversaciones telefónicas, cuyas desgrabaciones obran en la causa y han sido enunciadas en su resolución por el Magistrado de la instancia, donde G. en forma sistemática enumera las operaciones ilícitas que realiza con distintos vehículos y distintas persona, en gran parte con otro de los supuestos miembros de la organización R., de ahí extraigo el volumen de operaciones, la permanencia, lo lucrativo de participar de la asociación y muy probablemente la imposibilidad de negociar la cantidad de autos que se dice en soledad, extraigo de ahí la importancia de los distintos canales que brinda la asociación para lograr sus fines.-
Es decir, la cantidad de operaciones con vehículos mediante métodos ilícitos que en dicha conversaciones se ventilan, su asiento en la ciudad de Rosario, lugar donde la organización contaba con convenios espurios con las fuerzas policiales para logar sus designios, y los distintos elementos reseñados a lo largo del presente voto mas los citados por el Magistrado en su resolución que no han sido controvertidos por la Defensa Particular, dan cuenta que el nombrado forma parte del andamiaje generado por la Asociación Ilícita para facilitar la obtención de un valor por el producto de dichas maniobras.
No resultará distinta la solución que propondré respecto del imputado W. R. B., tal como lo hicieran el Sr. Agente Fiscal y el Juez de Garantías merituó como elemento de convicción para considerar su participación en la asociación ilícita las distintas conversaciones telefónicas - vía nextel – que ha mantenido con los demás imputados como miembros de dicha asociación – T., R., G. y A. -. Estas conversación que han sido citadas al momento de analizar las situaciones procesal de cada uno de los nombrados colocan, sin esfuerzo alguno, al nombrado B. en un rol preponderante dentro de la organización, al igual que G. y A. desarrolla sus actividades en la Ciudad de Rosario, directamente se vincula con R. y T. quienes con la ayuda de otros individuos acercan los vehículos a distintos puntos de la ruta hacia Rosario – generalmente a la ciudad de escobar o campana – donde le entregan los mismos a cambio de dinero, y es este, también con la ayuda de otros secuaces, quien los transporta hacia Rosario. Una vez allí, o bien directamente entrega los vehículos a quien se los encomienda – generalmente A. -, sino los guarda en su deposito sito en la calle J. J. P. al … de la mencionada ciudad santafesina, para procurar de los mismos su destino, siempre preacordado en la mayoría de los casos con quien sería el Jefe de la Asociación ilícita. Este rol de miembro de la asociación ilícita, que con el grado de convicción que esta etapa requiere, se achaca a B. encuentra sustento en los siguientes elementos que obran a fojas 260/1, 822, 831/2, 854/vuelta,, 1121/6, 1366/8, 1456/7, 1718, 1735, 1766, 1767 entre muchas otras que han sido enunciadas por el Juez en su resolución y para nada controvertidas por la Defensa Particular del nombrado.
De esta manera doy por contestado el agravio que critica la participación como miembros de la Asociación iIícita que les cupo a G. y B. intentado por el Letrado Particular.
En lo atinente a la crítica efectuada por el letrado respecto al rol de participe necesario de G. en la conducta calificada como robo doblemente calificado por su comisión en lugar poblado y en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y privación ilegal de la libertad agravada, opera la cláusula del articulo 23 inciso 5to del Código de Procedimiento Penal la cual me permite no dar tratamiento al fundamento de la parte, conforme delimitara al comienzo del presente voto en el titulo “Aclaración previa”.
Finalmente resta me expida sobre el agravio formulado por la Defensa de los nombrados relativo a la necesidad de la medida de coerción.
Pese a las manifestaciones defensistas, las características de los hechos me permiten realizar una prognosis desfavorable en relación a la pena a aplicar en caso de recaer sentencia condenatoria, la que se encontraría alejada del mínimo legal previsto, y por las reglas del concurso se elevaría casi al máximo de la prevista por el código penal, en ambos casos.-
No puedo dejar, tampoco, de considerar las especiales características de los hechos que se le imputan a B. y G. la disponibilidad económica por parte de los nombrado que surge de las cuantiosas conversaciones telefónicas que han sido desgrabadas para dar sustento a la presente investigación, que permitirían su profugues casi inmediata, sumado al amparo de la fuerza policiales en razón del lugar donde sus domicilios se encuentra situados.
Además se avizora también la posibilidad cierta que influyan sobre los posible testigos de las conductas imputadas ante el temor que puede inflingir tamaña organización ilícita que los ampara, digo no son todos quienes aquí se mencionan aquellos que tomaran parte en la empresa criminal y resultara de la investigación descartar entre futuros testigos, imputados y cómplices, digo ello a la luz de las escuchas telefónicas donde no se pudo todavía dar con el paradero de algunos de los interlocutores.-
Debo resaltar que ningún dato ha aportado la defensa de B. y G. que desvirtúe los peligros procesales ya ponderados por el "a quo", ni que permita a esta Alzada evaluar como favorable, en pos de el replanteamiento de las solturas a estudio, sin perjuicio de lo cual la evaluación de la detención cautelar resulta de análisis obligatorio.-
Es por ello que, entiendo que por, el momento, el encarcelamiento es el único medio idóneo a fin de garantizar los fines del proceso penal, verificándose que el mismo continúa siendo razonable, proporcionado y necesario; toda vez que se abastecen en autos los riesgos procesales mencionados en el art. 148 del código de forma, no evidenciándose que puedan ser neutralizados de otro modo, por lo que corresponde confirmar el auto en crisis en todo cuanto ha sido materia de apelación.
XIII SITUACION DE C. A. C.
A fs. 123/142 vta. del presente incidente, el Dr. Guillermo Federico Schmidt, letrado defensor de C. A. C., interpuso recurso de apelación denotando como primer punto de agravio el dictado de la prisión preventiva respecto de su asistido por el presunto delito de asociación ilícita en carácter de miembro.
Como fundamento del agravio expuesto en primer lugar, como sus colegas, afirmó que no se compadece la aparición de C. en la investigación con la fecha que se consignara al momento de efectuar la imputación en forma general a todos los que participarían en el delito de asociación ilícita.
Con relación a este agravio he contestado que la investigación que llevara a la detención en el caso de C. -surge de las escuchas telefónicas de otra IPP- por lo cual aparece el agravio casi temerario al afirmar situación que se verifican con holgura de la sola lectura del expediente, si se investigo, allano y luego se produjeron las detenciones parece ese el camino mas que lógico que llevo esta investigación.-
En el mismo sentido se refirió al no conocimiento de su asistido con otros de los sujetos supuestos participes de la banda a estudio. Para ello efectúo un detenido análisis de las relaciones que el Juez en su resolución afirmara existen entre los distintos individuos y no ve de que manera se puede, ante el desconocimiento de C. con algunos integrantes de la “banda”, afirmar al asociación ilícita.
He dicho varias veces en esta proceso que el conocimiento que se tenga de uno, varios o eventualmente todos los cómplices de la asociación ilícita en nada modifica la conducta atribuida en el sentido que ".....considero que no se requiere que los asociados estén reunidos materialmente o que habiten en un mismo lugar, ni siquiera que se conozcan personalmente, porque lo que interesa es el acuerdo de voluntades con cierta permanencia (Fontan Balestra ob, cit., t. 133, III 3, p. 470, quien se remite a Antonio García-Pablos de Molina; Ramos, ob., cit., p. 256).......Así "in re" "Sánchez, Luis" de la Cámara Nacional Casación Penal Sala II del 28/3/94, se señaló que la Asociación Ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos sin que sea necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente o se conozcan o sepan la función del otro o de los otros "inter criminis".... Este ánimo asociativo puede resultar del hecho mismo con prescindencia de si la asociación ilícita se materializó antes del hecho delictuoso o no....Por eso este tipo de organizaciones no requiere trato personal ni conocimiento entre alguna de sus partes, ni tampoco que todos sus integrantes se reúnan en algún sitio determinado.....En tal sentido los acuerdos pueden ser alcanzados por emisarios o como en el presente mediante comunicación telefónica, tal cual ha sido el "modus operandi" de la asociación ilícita investigada....En los tiempos que corren y tecnología mediante, resultaría innecesario la reunión de los integrantes, pues los nexos para poner en marcha los designios de la Asociación Ilícita, y proseguir sus utilidades pueden llevarse a cabo únicamente mediante la utilización de tecnología de las comunicaciones o informática, que hoy día se encuentra a disposición de quien económicamente pueda acceder a ella, impedimento este ultimo, que claro esta no se verifica en el caso....". A la postre señala algunos “errores” de interpretación por parte del Juez respecto de la escucha documentada a fs. 1.900/1.901 del ppal. La cual se presume como efectuada entre C. y R. D., por el solo hecho que la numeración que se allí se pasa resultaría luego de un vehiculo a nombre de C..
La escucha que hace referencia el letrado de la defensa sosteniendo el error del magistrado de la instancia, resulta clarificadora y lejos puede interpretarse otra cosa que aquella que consideró el Dr. Martinez, son innumerables las escuchas telefónicas de C. demostrativas de su apego al plan criminal, pero en especial esta conversación se puede ver que C. le pide a R. D., los "Stickers" ilegales para una Toyota Hilux que se encontró luego en el allanamiento en su poder, digo se puede poner en duda el interlocutor de R. D., pero parecería ilógico poner en duda que los Stickers que legalizaban la camioneta Toyota finalizó en poder de C., esta situación no cuestionada me abriga la sospecha que C. resulta el interlocutor que se cuestiona.-
Concluye, al respecto, que la mera atribución a C. C. de mantener conversaciones con quien se reputa como “organizador” de la Asociación ilícita –A.- y aun cuando se sostuviese que reportaría solamente a este, y se señale, equivocadamente, una conversación con R. D. resulta insuficiente para sostener semejante imputación.
Nuevamente y ya por tercera vez el agravio sostiene lo mismo que se dijo y contesto al iniciar el responde en relación al conocimiento que se tiene o pudo tener de todos o parte de la asociación, nuevamente remito al inicio de mi voto sobre la situación de C. y doy por contestado el agravio.-
Menciona el letrado, que aunque se sostuviese que su asistido hubiese cometido la serie de receptaciones que se le achacan y que los vehículos hayan sido remitidos al nombrado A., no podría sostenerse que se encuentran cumplidos los requisitos objetivos y subjetivos del delito previsto en el artículo 210 del Código Penal.
Seguidamente el letrado particular efectúa un minucioso análisis del tipo penal en trato y concluye que se han confundido acuerdo criminales, con asociación ilícita, no reparando que esta requiere elementos de pertenencia y permanencia ausente en los simples acuerdos. No puede predicarse la pertenencia que exige la norma, pues solo existe una imputada correspondencia respecto de A. con una falseada mención de R. D.; y menos aun que se encuentre alineado a un grupo de persona reunidas para cometer delitos indeterminados, sino mas bien para cometer delitos particulares.
Concluye su fundamento negando la existencia de los requisitos esenciales para la configuración del delito previsto en el artículo 210 del código de fondo.
Dije en el inicio de la presente causa y extendí ese responde a todos los planteos comunes que: "... El delito de asociación ilícita es un delito formal y de peligro abstracto, que afecta el bien jurídico orden público y que se consuma en el momento en que los autores se asocian para delinquir, importa el solo hecho de tomar parte de la asociación o banda, de modo que su consumación no exige la comisión de los delitos propuestos. De modo que la acción típica es tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos: tomar parte es participar, ser miembro de la asociación, pertenecer a ella. No exige actividad material ni es requisito que los miembros se conozcan entre sí.-
Es un tipo plurisubjetivo que exige la concurrencia de al menos tres integrantes, sin fijar un número máximo. Asimismo, para ser autor no se requiere característica especial alguna, sin perjuicio de ello la pena se agrava para quienes revisten la calidad de jefes u organizadores de la asociación. Es además una infracción de pura actividad, que incrimina actos preparatorios de los eventuales delitos que la asociación puede llegar a cometer.-
Los hechos que constituyen el objeto de la asociación deben ser delitos dolosos tipificados en el Código Penal o en las leyes complementarias. Lo importante es que exista un pacto de voluntades comunes en relación con una organización cuya actividad principal sea la de perpetrar hechos ilícitos. Así se exige un acuerdo de voluntades, no necesariamente expreso, pero sí -al menos- tácito, que puede estar dado por actividades unívocamente demostrativas de la existencia de la asociación.-
El tipo penal requiere que la asociación posea permanencia y un mínimo de organización estructural. La permanencia es lo que distingue la asociación ilícita de la convergencia transitoria propia de la participación, en la que se requiere un mero acuerdo criminal (conf. Fontán Balestra, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, t IV pág. 470, Ed, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994). La organización debe tener cierta permanencia, vale decir una relativa estabilidad que revele la existencia de un contexto delictivo plural dedicado a un fin criminoso.-
En cuanto al rol que deben desempeñar los miembros de la banda, se requiere un mínimo grado de organización que supere la mera confluencia no programada de voluntades por tres o más personas, sin que sea indispensable que en el seno de la banda exista alguna suerte de liderazgo o seguimiento, pues ello ni siquiera constituye un requisito del tipo penal del artículo 210 del Código Penal, la presencia de los jefes u organizadores a los que se refiere el artículo 210 en su segundo párrafo no constituye un requisito del tipo, sino una circunstancia eventual que el Código Penal solamente reprime en forma más severa. En este sentido la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ha expresado que "(n)o requiere ninguna forma especial de organización, aunque sí un mínimo de cohesión entre los integrantes de la banda, aun en el caso de que no exista trato personal entre los asociados" (Conf. CNCasación Penal, sala IV, "D., G. G. s/Recurso de Casación", c. 64, 09/02/1994, del voto del doctor David).-
Sobre el alcance de la expresión "Orden Público", bien jurídico protegido por el tipo en análisis, entendiendo que la tranquilidad pública es un aspecto interno que expresa el estado real de ánimo que consiste en la ausencia de toda conmoción violenta que pueda agitarlo, especialmente por temor o por ira, por lo que cree, no puede verse violentado por tres o más personas que se reúnen con intención de cometer varios delitos.-
A fin de contestar el planteo "...la Corte tiene asentado su criterio en cuanto al bien jurídico protegido por el tipo del delito ubicado en el art. 210 del Código Penal afirmando que: "...si bien es cierto que la comisión de cualquier delito perturba la tranquilidad, la seguridad y la paz pública de manera mediata, algunos tales como los incluidos en le mentado título (título VIII del Código Penal), la afectan en forma inmediata, ya que el orden público al que se alude es sinónimo de tranquilidad pública o paz social, es decir la sensación de sosiego de las personas integrantes de una sociedad nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los delitos que la afectan producen alarma colectiva al enfrentar los hechos marginados de la regular convivencia que los pueden afectar indiscriminadamente. En consecuencia, la criminalidad de éstos reside esencialmente, no en la lesión efectiva de las cosas o personas, sino en la repercusión que ellos tienen en el espíritu de la población y en el sentimiento de tranquilidad pública, produciendo alarma y temor por lo que pueda suceder..." (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 20 de noviembre de 2.001, "S., N. E. y otro s/inc. de apelación"; Fallo: 324:3952, publicado en La Ley 2002-A, 236).-
Este concepto también concuerda con el de Soler quien considera ese peligro en cuanto la sola asociación para la comisión de delitos, afecta la tranquilidad que en definitiva deriva de un sentimiento de seguridad y no de la seguridad misma (Conf. Sebastián Soler, "Derecho Penal Argentino", tomo IV, Buenos Aires, año 1978).-
De modo que "La razón que fundamenta y legitima, en el marco de un Estado de derecho, tal adelantamiento de la punibilidad reside en la extrema peligrosidad que entraña la existencia misma de asociaciones de la índole tenida en mira por el legislador al concebir este tipo penal, y la lesión que ello produce en la tranquilidad y paz social" (cfr. Núñez, Ricardo, 'Derecho Penal Argentino', t. VI, p. 184, Ed. Lerner, Córdoba, 1974; Soler, Sebastián, op. cit., p. 698; en general, sobre la peligrosidad como fundamento para la punibilidad de los actos preparatorios, Jescheck, Hans H., 'Tratado de Derecho Penal', 4ª edición, ps. 474 y 641, Ed. Comares, Granada, 1993)..." (conf. causa precitada).-
Con lo hasta aquí expuesto se tiene por cierto que la asociación ilícita no es un tipo de excepcionalidad como lo afirma el letrado particular, y su ocurrencia se puede dar también en organizaciones delictivas como la que se investiga en autos.- Instaura como segundo motivo de agravio la no concurrencia de los recaudos para dictar la prisión preventiva de su defendido en orden a los presuntos delitos de encubrimiento en la modalidad de receptación de cosa de procedencia delictiva, doblemente agravados por animo de lucro y habitualidad, supresión de la numeración de un objeto registral y sustitución de chapa patente – en concurso real con el delito de encubrimiento en la modalidad de receptación de cosa de procedencia delictiva agravado por animo de lucro – nueve hechos – que concursa materialmente entre si. Aclara al respecto que ha planteado la correspondiente cuestión de competencia en relación a los encubrimientos ocurridos entre las fechas 21-6-12 y 3-8-12 en Capital Federal, la cual a esa altura no tenia resolución.
Luego efectúa un análisis detallado de cada conducta que se le imputa y su defensa al respecto, a la cual me remito en honor a la brevedad.
Tercer motivo de agravio resulta considerar reunidos los recaudos para dictar la prisión preventiva de su asistido respecto a la conducta que fuera calificada como constitutiva del delito de tenencia ilegal de arma de uso civil condicional - de guerra – y tenencia de arma de uso civil condicional, pues afirma que no se dan los recaudos para atribuir tal conducta a su defendido. Aquí también hace referencia al planteo de competencia incoada en la instancia para luego enunciar una critica a la resolución como también remarcar distintas circunstancia que fueron obviadas, las cuales, colocan a su asistido en una mejor situación procesal, remitiéndome a ellas que obran en el presente incidente creado al efecto.
Con relación a los demás delitos en tratamiento he dicho en esta causa que corresponde aplicar el presupuesto del art. 23. Inc. 5 to de Ritual motivo por el cual no serán de análisis en este voto.- Resulta cierto que la cuestión de competencia se encuentra planteada, aunque no menos cierto que fue denegada por el Magistrado de Grado y apelada por la defensa encontrándose a estudio de esta Sala por intervención anterior.-
Finalmente como cuarto y último motivo de agravio el Dr. Schmidt considero que no concurren los motivos para dictar la prisión preventiva. En primer lugar por no poder descartarse la posibilidad que a su asistido en el caso de recaer sentencia condenatoria le pueda caber una pena de ejecución condicional, ello en razón del mínimo de la escala penal, sumado la carencia de antecedentes penales condenatorios.
Ello torna inadmisible la efectivización de un encarcelamiento cuya necesidad no resulta demostrable a priori.
En segundo y tercer lugar cita los fundamentos constitucionales y legales que dan sustento a sus consideraciones. En cuarto lugar, siempre cuestionando la elección del magistrado del medio coercitivo, afirma la ausencia de riegos procesales, para ello tiene arraigo estable y una familia que lo necesita en razón del padecimiento de su madre. No cuenta con antecedentes, nunca ha incurrido en rebeldías que hubieran determinado la paralización del proceso.
Además afirma que tampoco se verifica riesgo de eventual entorpecimiento de la investigación pues el mismo no se ha probado y además los principales testimonios y evidencias que sustenta el caso instruido ya han sido adquiridos, todo lo cual lo lleva a solicitar se revoque la prisión preventiva dictada respecto de su asistido y se conceda su libertad, ello en resumidas cuentas por haber sido dictada sin atenderse a las pautas de adecuación, proporcionalidad, subsidiariedad y excepcionalidad.
Debo adelantar que la medida de coerción merece su confirmación, tal como entendí en casos análogos no solo la pena que se espera como resultado del procedimiento resulta un obstáculo para acceder a la libertad, digo en atención a la gravedad de los hechos y el desprecio mostrado por los bienes jurídicos tutelados considero que en el caso de llegar la presente a una sentencia condenatoria la pena a aplicar se alejaría del piso mínimo establecido.-
Agrego a ello que no se ha demostrado el arraigo que pueda neutralizar los riesgos a los que me refiero, siendo que la situación de tener un domicilio no abastece este criterio, desconociéndose otro medio de vida que no fuese lo emprendido en esta causa, y digo medio de vida a su sustento y de su familia.-
Estimo que en el caso de C. su facilidad para hacer parecer legal a lo ilegal resulta un indicador que deja pensar que en el caso de acceder a la libertad anticipada puede tener acceso a sus contactos para fraguar no solo su identidad sino más con eso alejarse de los fines de este proceso.-
C. representa una ala importante de esta asociación y ello en principio se ha probado en esta causa con el grado que esta instancia requiere, por lo que como he dicho, sus relaciones con las agencias de seguridad, mediante el supuesto pago de sobornos que le garantizaban su impunidad puede recrease en el futuro a lo que agrego que muchas son las personas y situaciones que quedan por investigar en esta causa, y muy probablemente la puesta en libertad en este estadio de la posibilidad al imputado de entorpecer esa situación, por lo demás no encuentro medida alguna en el ritual que pueda garantizar su sometimiento a proceso con la misma intensidad que su detención cautelar, de ahí que en la extensión de mi voto, propongo la confirmación de la prisión preventiva que se dictara a su respecto.-
XIV LA SITUACION DE M. G. G., P. J. S.Y J. P. F.
El Sr. Juez de Garantías resolvió Convertir en prisión preventiva la actual detención de M. F. G. por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); asimismo decidió Convertir en prisión preventiva la actual detención de P. J. S. por considerarlo probable coautor de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y finalmente decidió Convertir en prisión preventiva la actual detención de J. P. F. por considerarlo participe necesario del delito de EXTORSION y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL y RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA EN AMBOS CASOS AGRAVADA POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápite a en función del inciso 1º acápite a y c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).- .
Debo en el inicio de esta decisión hacer saber que esta imputación que se les dirige a los detenidos G., S. y F., poco tienen que ver con los relatos de los hechos que en principio dí por acreditados con relación a los consortes de causa, digo esta imputación que se les dirige bien podría resultar separada de la causa principal y resultaría de buena practica que así ocurriese.- En resumidas líneas la imputación que se dirige a los detenidos y por la cual fuera dictada su prisión preventiva responde a la detención de un ciudadano a bordo de un automotor marca Citroen modelo C3, vinculándolo a un robo calificado por el uso de armas y privación ilegal de la libertad, en ese contexto y con el fin de un provecho económico mediante amenazas y golpes, (tal la denuncia de D.) , lo obligan a pagar una suma de dinero y disponer de su automotor (con la participación de F.) para que no dar la novedad a la Justicia y de esta manera poder el imputado por el Robo procurar su impunidad, digo en somera síntesis este es el hecho que se les imputa y por el cual los letrados defensores expresaron agravios contra la medida de coerción personal.- Debo aclarar aquí, que G. para ese entonces resultaba Titular de la Comisaría de Villa Adelina, S. el segundo en el mando y F. un supuesto técnico electrónico que brindaba servicios a las computadoras en la dependencia.-
Ahora sí, conocido el hecho y destacados los imputados en el mismo corresponde mencionar y dar respuesta a los agravios de las defensas.
El Dr. Rodríguez defensor particular de M. G. G. consideró que el Juez de Grado otorgó más importancia al relato del coimputado F. que al descargo formulado por su asistido, estima que no se ha considerado la declaración de G. en punto a la delegación de tareas en el Subcomisario que dejarían ver su ajeneidad para con el hecho.
Debo mencionar aquí que la defensa en forma errática ha intentado cuestionar la calificación legal de la conducta de su asistido, y digo errática desde que mas allá de una crítica a la tipificación jurídica renueva los planteos sobre la carencia de autoría en el delito, confundiendo de esta manera la autoría con la calificación legal, aun así tratare en aras de dar una respuesta efectiva de interpretar los agravios de modo tal que me faculten a un responde criterioso especialmente para quien en esta causa se encuentra detenido.-
De la misma manera, errática y en abstracto ha plateado agravios contra la medida cautelar dictada por el Dr. Martínez, de igual manera trataré de responder eficazmente.
La Dra. Stella Maris Ojeda defensora particular de P. J. S. expresó agravios a 115/124, en primer lugar y luego de una larga transcripción del fallo del Dr. Martínez recién a fs. 188/vta se advierte por fín la crítica sosteniendo que la voz que se escucha en el teléfono no se acreditó que fuera del imputado S., por lo cual el único elemento con el que cuenta la causa para imputarle el delito no puede subsistir razón por la que adelantó pediría una pericia de voz.-
Nuevamente luego de una larga transcripción de la prisión preventiva del Juez de garantías a fs. 122/vta se advierte el segundo agravio traído, considerando que S. es ajeno a la maniobra extorsiva de la que responsabiliza a G., estimando como dato certero que S. dejo de prestar servicios a la 00.00 hs. y D. fue puesto en el libertad recién a la 02.00 hs.
Luego de una reseña de autores, doctrina y jurisprudencia se vislumbra el agravio traído referido a la medida cautelar dispuesta por sobre su asistido, considerando que la misma no se ajusta a los prepuestos del rito para su dictado, solicitando por ello su revocación.-
El Dr. Arriola Pinasco defensor particular del detenido en autos F. interpuso recurso de apelación a fs. 125 considerando que la medida de coerción resulta para el caso de su asistido no proporcionada y por ende debe ser revocada, nada ha manifestado el letrado con relación a otro tópico por lo que reputa firme en ese sentido lo expuesto por el Dr. Martínez en punto a su participación en los delitos que se le endilgan, aclaro aquí que el agravio es la medida del recurso.-
Debo en el inicio de mi responde destacar la gravedad de los hechos que se juzgan independientemente del resultado que esta causa obtenga en definitiva.
Ahora bien, dando lectura a la presente causa que estimo deberá ser separada de la principal, y de los agravios traídos por las defensa de G. y de S. considerar en primer lugar que los letrados en su afán de desligar a sus defendidos de la imputación que se les dirige han destinado sus críticas no tanto a la prisión preventiva como acto jurisdiccional sino mas bién a considera que la maniobra extorsiva fue llevado a cabo, en el caso de la defensa de G. por S. y a la inversa por la defensa de S., quedando para mí que no han cuestionado la detención de D., su permanencia en la comisaría, la confección de un sumario espureo vinculándolo a un delito relacionado con drogas, el dinero, y la traslación del dominio del automotor de propiedad del por entonces detenido, es decir no se han agraviado de todas aquellas secuencias que llevaron a la imputación, destinando sus críticas al corrimiento de la responsabilidad penal de sus asistidos poniendo en cabeza de otro los hechos acontecidos.-
Aun así estimo que con el grado de certeza que la etapa requiere el por entonces Titular de la Comisaría de Villa Adelina y el segundo en el mando Subcomisario S. resultan “prima facie” coautores de los delitos que se le imputa, para ello al igual que el Juez de grado tengo en cuenta la desgrabación de las escuchas telefónicas del intervenido teléfono de D., donde (sin perjuicio de la pericia que pueda ofrecer la defensa de S. situación que a la fecha no ha ocurrido mas que en el esbozo de sus agravios frente a este Tribunal), sin esfuerzo se advierte que D. se encuentra detenido hace instantes en la Comisaría de Villa Adelina y que por su teléfono celular en comunicación con NN Ñ. le hacen saber tanto D. como el Subcomisario S. que debería juntar 20.000 pesos para poder salvar de ese problema a su amigo, destacando en esa comunicación S. que se apure que tenía aproximadamente una hora para juntar el dinero.(ver fs. 291/2).-
Evidentemente el NN Ñ. no contaba con ese dinero por lo cual surgió una nueva comunicación telefónica (ver fs. 292/294) donde la misma conversación y explicación se le da a NN P., nuevamente se le hace saber que su amigo esta preso, que esta complicado, y que debe poner 20.000 pesos para que el problema desaparezca, empero esta conversación es sumamente mas reveladora que la anterior, aunque resulte de ciencia ficción NN P. pregunta con quien tiene el gusto de hablar, y su interlocutor sin demasiados miramientos contesta SUB COMISARIO S.-
En este mismo sentido obran más conversaciones telefónicas, a las que agrego la declaración testimonial de J. A. Á. alias Ñ. quien confirma aquello que se escuchara y desgrabara y en el mismo sentido la declaración a tenor del art. 308 de D., donde no solo confirmó la historia que casualmente se escuchara vía telefónica sino mas ubicó en tiempo y espacio a cada uno de los coautores del hecho, dando precisiones de como ocurrieron los sucesos, en especial de la presencia de los dos imputados y del conocimiento que ambos tenían de la situación que se desarrollaba en la comisaría, la noche de los hechos que lo tuvieran como víctima.-
Dos situaciones cabe mencionar que se contestan con estas menciones la primera G. estaba al tanto de la situación, no solo por ser el Titular de la dependencia sino más por que participaba activamente del hecho, aquí no puede hablarse de delegación de tareas en función del trabajo en equipo que permitirían a G. confiar en su subalterno y eximirse de responsabilidad si cumplió con el deber de quien delega que es el debido control, aquí hablamos de una coautoría funcional que implica que ambos autores poseen el “si” y el “como” en la realización del resultado o por lo menos a esta altura de la investigación eso parecería, ambos tienen un plan que ejecutan en forma sincronizada, jerárquica y en principio eficaz, y debo decir que la casualidad hizo que la justicia conozca este episodio, dado que si otra persona sin su teléfono intervenido pasara por la misma experiencia difícilmente se tendría conocimiento, digo esto no solo por lo difícil que resulta la obtención de la prueba en este tipo de delitos sino mas por la rapidez con las que los autores se manejan (sospechosamente no parecería ser el debut de los autores en este tipo de maniobras) ejecutando el plan criminal con exactitud y vehemencia pero sin fisuras lo que resulta llamativo en función de la premura que se imponían.-
Por otro lado la llamada en horas de la madrugada al dueño de la Agencia de automotores, y la firma del sumario espurio son los finales indicadores de su apego al plan criminal, por lo que al menos con la certeza que esta etapa requiere estimo que los elementos permiten afirmar su coautoría penal.-
Los demás planteos relacionados a la calificación legal como dije en esta causa no serán de tratamiento en función de lo normado por el art. 23 inc. 5to del Ritual.-
La situación de S. recorre a mi criterio el mismo andamiaje, y paso a realizar el recontó, en primer lugar se encuentra en la comisaría al momento de la detención de D., y en principio negocia con los amigos del detenido su liberación, doy respuesta a la defensa en la inteligencia que para esta etapa del proceso la prueba reunida deja ver la coautoría funcional, el apego el plan y la disposición para su ejecución por lo que lejos puede por momento S. desprenderse de la imputación que se le dirige en aras de recargar a G. y resultar el mismo ajeno a este proceso que se le sigue.-
Sin perjuicio de no haber sido materia de agravio la situación de F. cabe mencionar que al momento de encontrarse a estudio la presente causa ya en los estrados de esta Sala de la Cámara el Dr. Pinasco trajo a despacho un escrito sin citas legales y que parecería resultar una suerte de fundamentación extemporánea de un agravio no plateado sin perjuicio de lo cual daré somera respuesta considerando que F. lejos resulta de ser un técnico en electrónica que solo pasaba por la comisaría a verificar el estado de las computadoras, -no se ha presentado tampoco recibo alguno de sus labores en ese sentido- por lo cual menos se explica de otro modo en la imputación que se le dirige, parte del plan de los autores, que conocía de la maniobra ejecutada en principio por G. y por S., lo contrario me llevaría a tener que afirmar que una persona que no tiene vínculos con los imputados paso a buscar en su auto blindado a la víctima para llevarla a la escribanía para firmar los 08, de ahí como estaba cerrada llevarlo a comer, donde parecería que se encontraron con G., finalmente seguir su recorrido con la víctima a bordo de su propio auto hasta concretar la maniobra, no puede entonces validamente afirmarse otra cosa que F. conocía al detalle la situación en la participaba y por la muy seguramente saco su rédito personal, de ahí que estimo que corresponde confirmar el auto de prisión preventiva a su respecto, aclaro que hago esta mención al solo efecto que el imputado conozca mi postura y en aras de dar por contestados a todos los planteos que se trajeron al Tribunal sin perjuicio de entender que la manifestación que provoca estas líneas resulta fuera de tiempo, carente de citas legales y engorrosa de considerar.-
Habiendo dado respuesta a los agravios referidos, finalizo dando cuenta que los peligros procesales que infirió el juez de grado no resultan vencidos por las criticas de los Sres. Defensores de G. S. o F..-
Para el caso de G. tengo en cuenta la pena que se espera como resultado del procedimiento, las presiones ejercidas en principio sobre F. para que adecue su declaración y descargue su responsabilidad en únicamente S., la gravedad institucional que conlleva este tipo de acto que en principio se cometen por quien debe combatirlos en su primera línea, el poco tiempo que lleva de su detención, la posibilidad de frustrar con sus contactos y conocimientos el accionar de la justicia, esta ultima mención no es ociosa dado el carácter del delito que se le imputa y el resultado que su maniobra tuvo poniendo finalmente en principio al detenido en libertad informando falsamente a las autoridades judiciales y haciéndose de un justiprecio por su tarea, por ello la medida de coerción resulta racional, proporcionada, ajustada a las constancias de la causa y fundada de tal manera que permitió esta revisión y de ahí que al no verificar otro mecanismo menos cruento que asegure con igual intensidad los fines de este proceso propongo la confirmación de la medida de coerción personal dictada por sobre G. con el alcance de mi voto.-
Mismo sentido cabe dictar respecto de S. quien también revestía como funcionario policial y resulta en principio coautor de la extorsión que se investiga, de ahí infiero que la pena que espera como resultado del procedimiento, su carencia de arraigo o trabajo estable, la gravedad institucional que presupone que un efectivo policial extorsione un detenido -amen de la posible imposición de torturas que debe investigarse al igual que G.-, su facilidad para alejar a la justicia de una investigación penal, la posibilidad de influir sobre posibles testigos de los hechos que lo traen como imputado, todo ello si es que recupera su libertad situación que como dije no puede operar, desde que no verifico otra medida mas razonable y proporcionada que no ponga en peligro los fines de este proceso, voto en este sentido por la confirmación de la prisión preventiva dictada respecto del imputado S..-
La situación de F. no resulta muy distinta desde que considero que la medida de coerción a su respecto debe ser confirmada, no solo por la pena que se espera como resultado del procedimiento que estimo se alejara de su mínimo legal, sino más por -en principio- su probada relación con las fuerzas de seguridad que como dije faltaban a su honesta labor, de ahí que considero que F. no solo puede darse a la fuga, sino que lo haría al amparo de sus relaciones ilegales, agrego el escaso tiempo que permanece en detención, su carencia de arraigo que deje pensar su intención de permanecer a derecho, y ello sin perjuicio de su familia que la ya tenia al momento de resultar imputado en esta causa y por lo que veo no resulto menguar sus afectos o responsabilidades para participar de los delitos que se le imputan.-
No verifico en este sentido otra medida menos cruenta que la prisión preventiva dictada respecto de F. que garantice con la misma intensidad los fines de este proceso y de ahí que promuevo su confirmación.
Por último, habiendo dado respuesta a cada uno de los planteos de los Sres. Defensores que han interpuesto recurso de apelación, aún mas, habiendo contestado aquel que a mi criterio resulta extemporáneo, teniendo presente la reserva de las vías Federales articuladas por los letrados defensores, Dres. Murcho, Varela, Arriola Pinasco, así lo voto.-
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. GARCIA MAAÑON, DIJO:
Hago propios los motivos y fundamentos esgrimidos en su voto por mi colega preopinante, Dr. Quintana, y en ese sentido adhiero a su propuesta siendo ello mi sincera e íntima convicción Rigen los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del C.P.P.
Por ello, el Tribunal;
I. DECLARAR ADMISIBLES los recursos de apelación interpuestos por interpuestos por los Sres. Defensores de los imputados D. A. R. D. - Pedro Javier Molina -, E. L. A. - Dr. Adrián Murcho -, M. G. G. - Dr. Alberto Martín Rodríguez -, W. R. B., G. A. G. - ambos Dr. Mariano J. Varela -, J. P. F. - Dr. Patricio M. Arriola Pinasco -, N. D. R. - Dr. Leonardo Antonio Einingis -, J. G. Y. - Dr. Néstor Alejandro Lagar -, J. A. T. - Ignacio Palazuelos -, D. A. R. - Dra. Gabriela Alejandra Cimorelli-, P. J. S. - Dra. Stella Maris Ojeda -, C. A. C. - Dr. Guillermo Federico Schimidt – M. F. D. - Dr. Jorge Eduardo del Río - el Defensor Particular del imputado Carlos Alberto Bondioni, Dr. Fabián Eduardo Stillo, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando.-
Rigen los Arts. 168, 171 de la Const. Pcia. Bs. As. y 106, 164, 439, 442, 446 "a contrario sensu" y concordantes del C.P.P.
II. CONFIRMAR EL PUNTO I de la resolución dictada por el Magistrado de Grado en cuanto resuelve No hacer lugar a las nulidades incoadas por las defensas, de conformidad a lo expuesto en el considerando.-
III. CONFIRMAR el auto dictado por el Sr. Juez de Garantías que resuelve Convertir en prisión preventiva la actual detención de E. L. A. por considerarlo probable JEFE U ORGANIZADOR DE UNA ASOCIACION ILICITA y coautor de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - ONCE HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN DE MANERAL REAL CON EL DELITO DE TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO (Art. 45, 55, 174 inciso 1º, 210 párrafo 2º y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.; III- Convertir en prisión preventiva la actual detención de C.
A. C. por considerarlo MIEMBRO DE UNA ASOCIACION ILICITA y coautor de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL Y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO- EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO - NUEVE HECHOS- QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI y autor penalmente responsable de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL CONDICIONAL - DE GUERRA - y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL (Art. 45, 55, 189 bis inciso 2do párrafo 1º y 2º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); IV- Convertir en prisión preventiva la actual detención de A.
D. R. D. por considerarlo miembro de la ASOCIACION ILICITA, autor penalmente responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y CONTRASEÑAS REITERADAS (DIECINUEVE HECHOS) que concursan materialmente entre si, TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL y DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO - dos hechos - (arts. 55, 210, 289 inciso 1º, 189 bis inciso 2º párrafo 1 y 2, 277 inciso 3º acápite b en función del inciso 1º acápite c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); V- Convertir en prisión preventiva la actual detención de G.
A. G. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, participe necesario de ROBO DOBLEMEMENTE CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA y POR EL USO DE ARMA DE FUEO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUDO TENERSE POR ACREDITADA y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA; y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSA DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - SIETE HECHOS - QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI (Arts. 45, 55, 142 inciso 1º, 166 inciso 2º párrafo último, 210 y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); VI- Convertir en prisión preventiva la actual detención de W.
R. B. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - CUATRO HECHOS - DSO DE LOS CUALES CONCURSAN MATERIALMENTE con el delito de TENTATIVA DE ESTAFA AL SEGURO Y SUSTITUCION DE NUMERACION REGISTRAL (Arts. 42, 45, 55, 174 inciso 1º, 210 y 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); VII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J. A. T. por considerarlo MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - OCHO HECHOS - DOS DE LOS CUALES CONCURSAN MATERIALMENTE con el delito de ESTAFA AL SEGURO (Art., 55, 174 inciso 1º acápite c, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).; VIII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de N.
D. R. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICIA, y coautor penalmente responsable de ROBO DOBLEMENTE CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA y POR EL USO DE ARMAS DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUDO TENERSE POR ACREDITADA y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA y ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPCION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADA POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - TRES HECHOS - QUE CONCURSAN MATERIALMENTE ENTRE SI (Art. 45, 55, 166 inciso 2º párrafo ultimo, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); IX- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J.
G. Y. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO - QUE CONCURSA REALMENTE CON EL DELITO DE ESTAFA AL SEGURO y ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACIÓN DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO Y HABITUALIDAD - UN HECHO - (Arts. 45, 55, 174 inciso 1º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); X- Convertir en prisión preventiva la actual detención de D.
A. R. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - DOS HECHOS - EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABITUALIDAD Y ANIMO DE LUCRO - DOS HECHOS - QUE CONCURSA A SU VEZ REALMENTE CON EL DELITO DE ESTAFA AL SEGURO Y TENTAIVA DE ESTAFA AL SEGURO (Arts. 42, 45, 55, 174 inciso 1º, 210, 277 inciso 3º acápites b y c en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); XI- Convertir en prisión preventiva la actual detención de M.
F. D. por considerarlo probable MIEMBRO DE LA ASOCIACION ILICITA, coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO, SUPRESION DE LA NUMERACION DE OBJETO REGISTRAL y SUSTITUCION DE CHAPA PATENTE - UN HECHO - EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ROBO CALIFICADO POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO EN BANDA Y POR EL USO DE ARMA - IMPROPIA- (Arts. 45, 55, 166 inciso 2º párrafo 1º, 210, 277 inciso 3º acápite b en función del inciso 1º acápite c y 289 inciso 3º del Código Penal, 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); XII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de M.
F. G. por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y XIII- Convertir en prisión preventiva la actual detención de P. J. S. por considerarlo probable coautor de los delitos de EXTORSION EN CONCURSO REAL CON ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL TRIPLEMENTE AGRAVADO POR SU CALIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, POR ANIMO DE LUCRO Y POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápites a, b y d en función del inciso 1º acápite a del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); y XIV- Convertir en prisión preventiva la actual detención de J.
P. F. por considerarlo participe necesario del delito de EXTORSION y coautor penalmente responsable de ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE FAVORECIMIENTO PERSONAL y RECEPTACION DE COSAS DE PROCEDENCIA DELICTIVA EN AMBOS CASOS AGRAVADA POR SER CONSECUENCIA DE UN HECHO ESPECIALMENTE GRAVE (Art. 45, 55, 168, 277 inciso 3º acápite a en función del inciso 1º acápite a y c del Código Penal; 157 y 158 del rito procesal, y 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), de conformidad con los motivos expuestos en el considerando.-
III. REMITIR copia de la presente resolución al TOFC Nro. 4 de San Martín en los términos del art. 287 inc. 1ero del CPP y en virtud de las manifestaciones brindadas en este proceso en relación al cumplimiento de las obligaciones impuestas al imputado Y.. Debiendo investigarse la actuación del Sacerdote a cargo de la Parroquia Cristo Obrero de la Localidad de Chivilcoy, Pcia de Buenos Aires, ello toda vez que a la fecha de la firma de la presente el TOFC no ha recibido las copias ordenadas por el Dr. Martinez en su resolución, de conformidad con los motivos expuestos en el considerando.-
IV. REMITIR copia de la presente resolución a la Fiscalía General Departamental a fín que se investigue la posible comisión del delito de imposición de torturas, en relación a la detención del imputado D. en la Comisaría de Villa Adelina. Asimismo, corresponde se investigue la actuación del médico de policía que firmara el precario obrante en autos. Art. 287 inc. 1ero del CPP., todo ello conforme se expusiera en el considerando.-
V. TENER PRESENTES las reservas de caso federal interpuestas por los Señores Defensores Particulares, Dres. Murcho, Varela, Arriola Pinasco.
Rigen los Arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, 168 y 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As., Art. 60, 106, 148,157, 158, 171, 201, 202 inciso 3, y 229 del CPP.; 61 de la Ley 12.061, decreto ley 9302/79, Art. 1ero.
Regístrese, actualícese el RUD, cúmplase con las remisiones ordenadas en los términos del art. 287 primero del CPP, notifíquese al Sr. Fiscal General Departamental y devuélvase al Juzgado de origen, encomendándose a su Secretario practique las pertinentes notificaciones a cuyo efecto se adjunta soporte tecnológico, sirviendo la presente de atenta nota de estilo.- Firmado: Dres. Oscar Roberto Quintana, Ernesto A. A. García Maañon. Ante mi, Dr. Bernardo Hermida Lozano, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia