Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Gtías · Causa 13.617
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de Habeas Corpus presentado por los señores defensores particulares de Carlos Alberto Carrascosa, Dres. Fernando Díaz Cantón y Adrián Murcho, contra la decisión de los señores jueces del Tribunal en lo Criminal Nro. 6 Departamental, de fecha 5 de diciembre de 2014, quienes resolvieron no hacer lugar a la excarcelación solicitada, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (art. 43 de la CN; arts. 20, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 405, 406, 407, 415, 440 y ccdtes. del C.P.P.).
II. No hacer lugar al recurso de Habeas Corpus interpuesto en favor de CARLOS ALBERTO CARRASCOSA, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, y confirmar el auto en crisis en todo cuanto fuera materia de agravio, sin costas por tener razón plausible para litigar, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión segunda (arts. 14, 16, 18, 31, 43 y 75.22 CN; 7mo., aps. 1º y 2º, 8.2 y 25 CADH; 9 ap. 1º y 3º PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21, 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; arts. 106, 144, 146, 148, 157, 169 inc. 11 a contrario sensu, 171, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
III. Tener presente la reserva del caso Federal planteada por la defensa particular (art. 14 ley 48).
Causa Nro. 13.617/I "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de habeas corpus"
///Isidro, 10 de diciembre de 2014,
A fin de resolver el presente recurso de Habeas Corpus presentado por los señores defensores particulares de Carlos Alberto Carrascosa, Dres. Fernando Díaz Cantón y Adrián Murcho, contra la decisión de los señores jueces del Tribunal en lo Criminal Nro. 6 Departamental, quienes resolvieron no hacer lugar a la excarcelación solicitada;
Y
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de Habeas Corpus interpuesto y practicado el sorteo de rigor, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Duilio Alberto Cámpora, Ernesto A. A. García Maañón y Celia Margarita Vazquez, para el caso de disidencia. Seguidamente los señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
Primera: ¿Es admisible el recurso de habeas corpus interpuesto?
Segundo:¿Es procedente?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez, Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:
La impugnación interpuesta está dirigida contra la decisión del Tribunal en lo Criminal que resolvió no hacer lugar a la excarcelación de Carlos Alberto Carrascosa.
Este supuesto de habeas corpus recurso se encuentra expresamente previsto por el art. 405 del rito, habilitando la revisión de las decisiones que deniegan la excarcelación, cuando proceda, lo que fue alegado por la parte como vía indirecta de recelarle el encarcelamiento preventivo de su asistido.
De manera tal, encontrándose legitimada la defensa por tener interés directo en el fondo del asunto y habiéndose cumplido con los recaudos del 405 cuarto párrafo inc. 5 y 407 último párrafo del CPP, debe declararse admisible la vía (art. 43 de la CN; art. 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 405, 406, 407, 415 y ccdtes. del C.P.P.). Voto por la afirmativa A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega de Sala, Dr. Cámpora, por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:
I. Llegan los autos a consideración del Tribunal como consecuencia del recurso de Habeas Corpus interpuesto por los señores Defensores particulares de Carlos Alberto Carrascosa, Dres. Fernando Díaz Cantón y Adrián Murcho, contra la decisión de Tribunal en lo Criminal nro. 6 deptal, que con fecha 5 de diciembre de 2014, resolvió no hacer lugar a la excarcelación solicitada.
II. En lo sustancial, la defensa se agravia de la resolución del a quo por entender que la prisión preventiva que viene sufriendo Carrascosa, ha quedado, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del día 27 de noviembre del corriente año, desprovista de todo sustento y razonabilidad.
Por esa razón, dan andamiaje legal, tanto a la petición originaria como al presente recurso, en el inc. 11 del art. 169 del rito, por entender que el encarcelamiento preventivo ha devenido irrazonable en su duración, en los cánones del art. 7 inc. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, agregando que mediaría también ausencia del requisito previsto en el art. 146 inc. 2º del CPP por no existir peligro de frustración de los fines del proceso que justifique la medida.
Agrega que este Tribunal, al momento de resolver una petición de similar tenor el día 5 próximo pasado, ha afirmado la existencia de un nuevo paradigma de la sentencia de Carrascosa, imponiendo una mirada diferente sobre la configuración futura del proceso y el status de la sentencia condenatoria y de los fundamentos y duración del encarcelamiento preventivo. Sostiene que ambas circunstancias (fallo de la CSJN, y decisión de este Tribunal del día 5 de diciembre pasado) tienen incidencia decisiva en la legitimidad de la duración del encierro de su asistido, en la medida en que ya no puede sostenerse que la sentencia de condena se encuentra "casi firme" (sic) en tanto el fallo de la CSJN dejó sin efecto por arbitraria la decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que decidió rechazar los recursos interpuestos contra la condena dictada por la Sala I del Tribunal de Casación Provincial, quedando pendiente la revisión integral de este último que, a los efectos de los presentes, constituye primera condena.
Agrega que si el fundamento del encarcelamiento preventivo es esa sentencia condenatoria no firme, a la imposibilidad de hacerlo, según la jurisprudencia nacional e internacional, se suma la relativización del fallo ya señalada; indicando que el a quo hizo caso omiso a estas reflexiones, absteniéndose de expedirse sobre argumentos decisivos para la decisión de la cuestión, en base a meras afirmaciones dogmáticas. De otra parte, afirma que el argumento del Tribunal que indica que desde la anterior petición de excarcelación por exceso de plazo razonable formulada en julio de 2012, denegada por ese órgano y confirmada por esta Alzada, nada ha variado, constituye otra equivocación, pues lo que hace novedoso el replanteo de la cuestión es el expreso reconocimiento jurisdiccional de la indebida privación del derecho a la revisión integral del fallo de condena, formulada por la Corte. Indica que el retardo en la revisión integral no sólo implica una arbitrariedad sino una violación al art. 25 párrafo primero de la CADH que consagra el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo frente a los jueces o tribunales competentes, de manera que luce desacertada la afirmación del a quo, en cuanto a que la expresión plazo razonable no debe ser utilizada como sinónimo de rapidez, cuando justamente la rapidez es el paradigma de actuación que impone el derecho internacional de los derechos humanos.
De tal modo, esa nueva posibilidad de una revisión amplia tiene incidencia decisiva en la incolumidad del fallo condenatorio como base del encarcelamiento, por lo que las demoras que tendrá el proceso en función de los avatares propios de la revisión (los que describe detalladamente) permiten calificar como irrazonable el encarcelamiento preventivo e imponen su cesación inmediata.
Recela también el argumento según el cual la situación procesal de Carrascosa no es la misma de aquel que padece una restricción a la libertad estando a la espera de una decisión jurisdiccional, ya que mediaron pronunciamientos de primera y segunda instancia y sin perjuicio de su revisión posterior, ha sido declarado penalmente responsable, en tanto recuerda el hecho de que el fallo del TCBA constituye primera sentencia a los efectos del posterior decurso recursivo.
Sostiene que ante el reconocimiento efectuado por la CSJN de que Carrascosa ha perdido cinco años y medios de su vida en función de la privación de un derecho (a la revisión integral), corresponde revocar esta denegatoria y compensar el tiempo que se le ha hecho perder en moneda de libertad.
Critica la interpretación que el Tribunal de la anterior instancia hace de la duración del proceso y la necesidad de cumplimiento de garantías constitucionales, afirmando que lleva a conclusiones contrafácticas; argumenta en contra del criterio rector indiciario utilizado por el tribunal con base en el informe 86/09 de la CIDH para determinar la razonabilidad del plazo de encarcelamiento, contraponiéndole el que el rito penal bonaerense fija para la duración de los procesos; critica el principio de certeza de los fallos judiciales como pauta atendible para la dilucidación de las variables configurativas del encarcelamiento preventivo, aduciendo violación a los principios pro homine, in dubio pro reo y de inocencia; hace un racconto de todos los fallos y dictámenes del Sistema Interamericano de Protección de los DDHH que afirman que la pena impuesta en una condena, por grave que sea, no justifica por sí sola la prisión preventiva; hace hincapié en la conducta de su asistido durante el proceso; critica el argumento de la presunta capacidad económica de Carrascosa que, reconoce, no fue utilizada en el fallo, pero aduciendo que fue descalificado por la Casación en situaciones pretéritas en esta misma causa; y, por último, agrega que el tribunal desmereció los argumentos vinculados a la avanzada edad y deteriorado estado de salud de Carrascosa para soportar los rigores del encierro carcelario, su pronóstico de empeoramiento progresivo y los déficits en los servicios provistos por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Hace reserva de caso federal, cita jurisprudencia de diversos organismos y solicita se revoque la denegatoria de excarcelación ordenándose la inmediata libertad de Carrascosa bajo la caución ofrecida en el pedido originario.
III. Ingresando al fondo del asunto, entiendo que, de modo liminar, corresponde formular algunas aclaraciones.
Sin perjuicio de la admisibilidad de la vía intentada para recelar la decisión del Tribunal de la anterior instancia, no puede obviarse que, por definición, el habeas corpus, como acción o recurso, tiene por objeto hacer cesar afectaciones a la libertad, sea que estas tengan lugar de manera directa o indirecta, actual o inminente, siempre que fueren ilegales o arbitrarias.
Es decir que el instituto, en cualquiera de sus formas -clásica, preventiva o correctiva-, reclama, cuando sea deducida por vía de recurso para fustigar una decisión jurisdiccional, que los motivos de agravio contengan una caracterización de la ilegalidad o arbitrariedad de la afectación, pues, de otro modo, la vía constitucional por la que se ocurre, que se diferencia de las vías ordinarias de impugnación, debe ser desechada en favor del recurso de apelación regular.
En el presente, más allá de los enjundiosos argumentos de los defensores, destinados a demostrar la incorrección de la decisión de los Magistrados de la anterior instancia, nada se ha dicho en orden a este aspecto sustancial de la vía escogida, que permita caracterizar de ilegal o arbitraria la denegatoria hoy en tratamiento en esta incidencia.
Ello bastaría para desechar el recurso por insuficiencia argumental.
Sin embargo, existe un sinnúmero de aspectos en la presentación que motiva la intervención de este órgano que, entiendo, tornan imperioso que me expida, en aras de otorgar autosuficiencia al fallo.
Una se vincula con el alcance que se pretende asignar al fallo de la CSJN que, en la medida que los señores defensores entienden, quita todo sustento y razonabilidad a la privación de libertad que viene sufriendo Carrascosa.
El fallo de la Corte Nacional, a mi modesto entender, no tuvo otro alcance que dejar sin efecto la decisión de la SCBA que rechazó, por déficits formales, los recursos extraordinarios locales, a fin de que ese Tribunal garantice la revisión integral de la sentencia condenatoria dictada por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal Provincial.
Esa decisión no modifica el cuadro de riesgo procesal configurado en el presente, que fue analizado en reiteradas oportunidades, tanto por el órgano de mérito como por esta Sala de Cámara y por los tribunales superiores que intervinieron en anteriores incidencias vinculadas a pedidos de libertad del imputado.
La única virtualidad que tiene, no menor por cierto, es posibilitar el acceso a una revisión amplia del fallo de condena, pero en nada modifica la condena dictada por el Tribunal de Casación Provincial, que se mantiene incólume.
Los argumentos de los recurrentes pretenden traspolar las consecuencias de un suceso (el fallo de la CSJN que deja sin efecto el de la SCBA que rechazaba los recursos extraordinarios locales deducidos contra la sentencia del Tribunal de Casación que condenara al incuso a prisión perpetua, lo que había obstaculizado la revisión del fallo en su oportunidad) a uno diferente (el encarcelamiento preventivo), que aunque vinculado, no conduce necesariamente a la consecuencia que proponen.
Es así que el fallo de la CSJN no quita sustento y razonabilidad al encarcelamiento preventivo en la medida que no tiene consecuencias directas sobre él. No escapa que a lo largo de su presentación, los recurrentes han hecho permanente referencia a lo que este Tribunal ha sostenido el día viernes próximo pasado, al resolver una petición de igual tenor, al afirmar que el fallo de la Corte implicaba un cambio de paradigma. Sin embargo, y más allá que no suscribí dicho interlocutorio, considero que no cabe asignarle otro alcance que el de que esa circunstancia imponía dilucidar la cuestión que le había sido planteada y no acudir a una solución intermedia, sin apoyo en la ley, que difería el tratamiento de un pedido de excarcelación, suspendiendo virtualmente la incidencia como una forma de non liquet.
Estimo entonces que no puede asignarse a esos vocablos el cariz que la defensa pretende, otorgándole un sentido a través del cual esta Alzada ofrecía un indicio de éxito en el acogimiento del planteo o de una verdadera indicación con implicancia sobre la coerción. De considerar que el fallo de la CSJN resultaba determinante en el sentido indicado por la defensa, creo que así se hubiera consignado y otra hubiese sido la resolución del caso. Mas en el estrecho margen temporal que ofrece el instituto del habeas corpus, es claro que lo que la frase invocada buscaba era viabilizar el ingreso al tratamiento de un factor novedoso -el fallo de la CSJN- de modo inmediato, con un posible acceso a una segunda instancia ordinaria, que era algo vedado o de muy difícil implementación en la decisión pretoriana de los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal, que motivó la intervención de esta Alzada, el pasado 5 de diciembre de este año. Consecuentemente, la decisión de la CSJN tampoco torna automáticamente irrazonable la duración del encarcelamiento, desde que ésta no se mide en función de las chances recursivas del justiciable, sino de la magnitud de la pena en expectativa, hoy concretada en la sentencia condenatoria todavía vigente, el tiempo que el causante lleva en detención, la complejidad de la causa y la actuación de las autoridades judiciales, como tantas veces lo he sostenido en otros pronunciamientos de esta Alzada.
Por su parte, tengo dicho en otra incidencia liberatoria promovida en el marco de esta causa, que "...La limitación a la libertad ambulatoria de la persona sometida a proceso penal, anterior al dictado de la sentencia, es admisible constitucionalmente cuando, existiendo elementos que permitan justificar la materialidad como la participación responsable del imputado en un hecho que encuadra en el elenco de prohibiciones establecidas en el código represivo y habiéndosele brindado la posibilidad de ser oído y defenderse tanto material como jurídicamente, su libertad pone en peligro la averiguación de la verdad o la aplicación de la ley material por su posible sustracción al accionar de la justicia o entorpecimiento de la investigación, la medida resulta proporcionada a la eventual reacción del Estado en caso de recaer condena, no implica un trato cruel, inhumano o degradante, ni su duración tuvo incidencia depreciativa de la contingencia de evasión (arts. 1, 14, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 7.1, 7.2, 7.6 y 8.2 CADH, 9.1, 9.3, 9.4 y 14.3.5 PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21 Const. Prov. Bs. As.; 144, 146, 148, 157, 159 y 163 ambos a contrario sensu CPP).
`En este sentido, se observa, en relación con el primero de los requisitos enunciados precedentemente, que el causante se encuentra condenado por sentencia no firme del Tribunal de Casación Penal Provincial, por encontrarse recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia Provincial, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo (arts. 45 y 80 inc. 1 CP).
`Se debe tener presente dicha resolución en estos obrados, en tanto allí no sólo se acredita la apariencia de responsabilidad exigida como presupuesto de toda medida de coerción (arts. 157 inc. 1 y 3 en función del 146 inc. 1 CPP), sino en virtud del principio de certeza de los fallos judiciales, dado que se arribó a ella luego de la realización del debate; máxime, cuando dicho pronunciamiento fue emitido por la instancia revisora de la sentencia condenatoria, con lo que, en definitiva, se ven reducidas las posibilidades recursivas.
`No se encuentra presente a esta altura del trámite de la causa una de las variantes del peligro procesal; esto es, la posibilidad de entorpecimiento probatorio.
`Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta el monto de condena estipulado en la sentencia aludida en los párrafos precedentes y el estado del proceso en que se encuentra la causa principal, puede concluirse, del mismo modo en que lo hicieron los magistrados de mérito, que se verifica riesgo de evasión (art. 148 segundo párrafo inc. 2 CPP) en virtud de la magnitud de la pena en expectativa, teniendo en cuenta la pena impuesta (prisión perpetua) en relación con el tiempo total que el imputado lleva en detención que no alcanza a los dos años (desde 11/04/03 al 23/05/03, desde 11/07/07 al 17/08/07 y desde el 19/06/09 hasta la actualidad)..." (conf. causa 11.231/Iª, entre tantas otras).
No puede ser alegada como una cuestión indiscutible la violación del art. 25 CADH, toda vez que puede opinarse también, como lo hace alguna doctrina procesal nacional cuando refiere al Amparo o también al Habeas Corpus como vía rápida y expedita para la tuición de derechos o libertades afectados arbitrariamente, de manera que no puede relacionarse ello directamente con los límites temporales que pudieran establecerse para el desarrollo de las etapas recursivas. Máxime, cuando no se trata de impugnaciones canalizadas por vías ordinarias, como son las que transitan el expediente principal, desde que se ordenó la detención del imputado, debiendo tenerse en cuenta que con cualquier exégesis que se formule de la norma convencional invocada por la defensa, la ley formal faculta a las partes a agilizar los trámites recursivos cuando estos, por las razones que sean, puedan apartarse de la sencillez y rapidez que pregona el art. 25 CADH (art. 110 CPP).
Sin perjuicio de estas disquisiciones acerca de las normas de referencia y de los planteos que emplean las partes para sortear eventuales obstáculos a garantías constitucionales, la denuncia de la existencia de una dilación indebida es otro aspecto que, a mi juicio, también admite ópticas diferentes. No se discute que el proceso ha atravesado instrucción, juicio y, en lo que importa a estos efectos, tres instancias recursivas, de las cuales dos son extraordinarias, habilitándose actualmente una nueva revisión por el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia -lo que daría, eventualmente, un crédito de dos instancias más-.
En función de esto, puede afirmarse que los argumentos que los recurrentes han traído a este Tribunal no permiten justificar la ilegalidad o irrazonabilidad del fallo del Tribunal a quo.
De tal modo, la sentencia hoy vigente otorga el sustento material que reclama el art. 146 inc. 1º del ritual para la procedencia de una medida de coerción, en función del principio de certeza de los fallos judiciales que no representa una violación al principio de inocencia, al principio pro homine, ni al in dubio pro reo, como los recurrentes sostienen, sino de la verosimilitud que otorga el hecho de alcanzar una sentencia que requiere certeza sobre el hecho y la participación luego de haber tramitado una instancia de investigación que permitió la construcción del caso penal. Cabe apuntar que aún cuando la defensa invoque con ímpetu su postura diversa, hasta el presente, el criterio que ha imperado para la mayoría del Tribunal que integro, desde que se dispuso el encarcelamiento del imputado en función del fallo condenatorio del Tribunal de Casación Penal Provincial, ha sido reiteradamente confirmado por la Casación y, recientemente se ha desestimado el recurso de inaplicabilidad de ley por la SCBA, en una de esas causas (P. 120.831, del 4 de junio de 2014).
Como indiqué más arriba, la diferencia sustancial existente entre el tiempo de privación de libertad cumplido hasta el momento y el saldo restante que le quedaría por cumplir de confirmarse la sentencia, permite establecer que la medida resulta proporcional con el objeto de tutela, en tanto no implica una afectación de derechos más intensa que la que el Estado podría habilitar en ese contexto.
Los argumentos vinculados con el estado de salud y la edad de Carrascosa, no tienen un desarrollo que posibilite asignarle relevancia para la resolución del caso, en la medida en que el objeto de la petición y su base legal se vinculan a la irrazonabilidad del plazo de encarcelamiento, debiendo tenerse especialmente en cuenta que no se ha argumentado ninguna novedad afín con el tema desde el último rechazo de la medida morigeradora cuyo recurso espera decisión en sede casatoria y también que el presente recurso de habeas corpus -a diferencia del recurso de apelación-, se trata, como lo sostienen todos los jueces de la Cámara Penal Departamental, de un proceso sumarísimo que, en muchos casos, impide u obstaculiza un conocimiento exhaustivo de la cuestión a decidir. Máxime, en un caso como el de autos, que es iniciado con una sólida presentación defensista (fs. 1/13), que implica una maximización de su análisis en un plazo escueto, frente a los más laxos del recurso de apelación.
Tampoco colabora el dispendio en que incurre el Tribunal, dedicando un apreciable espacio del decisorio a refutar lo resuelto en el reciente habeas corpus del día 5 de diciembre próximo pasado, lo que resultaba inconducente a la resolución del caso.
Resulta útil señalar, previo a finalizar el presente sufragio, en atención a las diversas presentaciones de habeas corpus por parte de la Defensa, que aún sin ceñir la procedencia de la vía del habeas corpus a que no exista la posibilidad de recurrir a otros medios procesales destinados a reparar actos lesivos a la libertad, es conteste con la idea de que no debe convertirse “en una especie de atajo para evitar el tránsito por la vía procesal regular” (SC Tucumán, 11/2/94, DJ 1995-1-520 en Sagües, Néstor Pedro, Habeas Corpus, Astrea, Buenos Aires, pág. 157). Ya tengo dicho que el instituto que nos ocupa es una vía excepcional y que la impugnación común del instituto en trato se encuentra regulado en su vía ordinaria en el (...) ritual, no evidenciándose en el presente el motivo por el cual el defensor se haya apartado de estos últimos carriles normales de apelación. Intentar remediar situaciones como la presente por la vía del Habeas Corpus desdibuja su función en tanto las impugnaciones regulares perderían su razón de ser (Causa 10.965/Iª del 16/07/2010), lo que mutatis mutandi resulta aplicable a la cuestión a decidir.
Finalmente, corresponde tener presente la reserva de caso federal formulada.
Por lo tanto, habiendo dado tratamiento a los puntos invocados y no observando arbitrariedad alguna en la resolución que tengo ante mi vista, corresponde rechazar el presente recurso de habeas corpus interpuesto en favor de Carlos Alberto Carrascosa y confirmar el auto en crisis en todo cuanto fuera materia de recurso, sin costas por tener el recurrente razón plausible para litigar (arts. 14, 16, 18, 31, 43 y 75.22 CN; 7mo., aps. 1º y 2º, 8.2 y 25 a contrario sensu CADH; 9 ap. 1º y 3º PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21, 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; arts. 106, 144, 146, 148, 157, 169 incs. 11 a contrario sensu, 171, 531 y ccdtes. del C.P.P.). Voto por la negativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:
Habiendo analizado pormenorizadamente el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa, como así también el auto del Tribunal a quo que motivo dicha presentación, adelanto que adheriré al voto de mi colega preopinante por sus mismos motivos y fundamentos, considerado que, como lo he sostenido en anteriores pronunciamientos, aún recaen en cabeza del imputado los peligros procesales que impiden concederle la excarcelación, sin perjuicio de lo cual, considero pertinente realizar algunas consideraciones.
En primer lugar, entiendo acertado el rechazo del recurso de habeas corpus interpuesto, en función de que no se observa arbitrariedad en la resolución del Tribunal en lo Criminal que no hizo lugar a la excarcelación de Carrascosa, siendo dable destacar al respecto que, como sostiene el Dr. Cámpora, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el que hizo hincapié la defensa, no quita sustento y razonabilidad al encarcelamiento preventivo, pues no tiene consecuencias directas sobre él.
Por su parte, cabe mencionar que si bien he sostenido reiteradamente que corresponde morigerar el encarcelamiento preventivo del encausado, a través del instituto de la prisión domiciliaria (voto minoritario en causas 11.231 "Carrascosa Gaetani, Carlos Alberto s/ inc. de medida morigeradora", 11.586 "Carrascosa Gaetani, Carlos Alberto s/ Inc. de Medida Morigeradora", 12114 "Carrascosa Gaetani, Carlos Alberto s/ Inc. de Excarcelación", 12.436 "Carrascosa Gaetani, Carlos Alberto s/ Inc. de Medida Morigeradora", 12.963 "Carrascosa Gaetani, Carlos Alberto s/ Inc. de Morigeración de la prisión preventiva", y 13.320 "Carrascosa Gaetani, Carlos Alberto s/ Inc. de apelación de habeas corpus"), opinión que va de suyo, mantengo; entiendo que en esta ocasión, no corresponde que me expida sobre dicha cuestión.
En este marco, no puedo dejar de realizar una breve reseña de lo ocurrido en las citadas intervenciones, dejando a salvo la opinión que he sostenido en dichos pronunciamientos. Así, en el incidente que obra bajo los registros de esta Sala I, anotado bajo el número 11.231, he propuesto la atenuación de la coerción que venía sufriendo el imputado Carrascosa, y este temperamento fue sostenido en todas las intervenciones mencionadas precedentemente. Luego, en el incidente "Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de habeas corpus", anotado en los registros bajo el nº 12.935, propuse que se remitieran las actuaciones al Tribunal en lo Criminal nº 6 para que se pronuncie sobre la medida morigeradora solicitada, siendo acompañado en esta oportunidad por los Dres.
Duilio A. Cámpora y Gustavo A. Herbel. Por su parte, el tribunal a quo resolvió rechazar la atenuación de la coerción peticionada, lo que motivó un nuevo recurso de apelación instado por la defensa ante esta alzada, que fue registrado bajo el número 12.963 - ya citado-, en cuyo marco he mantenido mi tesitura, en minoría, de conceder la morigeración de la prisión preventiva del imputado. Esta última resolución de esta alzada no se encuentra firme, por encontrarse en trámite ante la Sala IV del Tribunal de Casación, un recurso presentado por la defensa del imputado. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente de tratamiento en el Tribunal de Casación un incidente de atenuación de la coerción, en el que también he expresado mi opinión en el sentido que lo vengo exponiendo; considero que en esta oportunidad no debo expedirme sobre este tema en particular, máxime si se tiene en cuenta que a diferencia de los anteriores pronunciamiento citados, no nos encontramos aquí frente a un recurso de apelación ordinario, sino ante el remedio excepcional de habeas corpus, en el que el análisis profundo de las cuestiones a resolver, se ve limitado por los sumarísimos plazos que caracterizan al instituto.
A su vez, cabe destacar que en la presentación que motiva esta intervención, no se ha hecho referencia, ni siquiera subsidiariamente, al instituto de la morigeración, coincidiendo el suscripto con lo dicho por el colega preopinante, en cuanto a que "Los argumentos vinculados con el estado de salud y la edad de Carrascosa, no tienen un desarrollo que posibilite asignarle relevancia para la resolución del caso, en la medida en que el objeto de la petición y su base legal se vinculan a la irrazonabilidad del plazo de encarcelamiento, debiendo tenerse especialmente en cuenta que no se ha argumentado ninguna novedad afín con el tema desde el último rechazo de la medida morigeradora cuyo recurso espera decisión en sede casatoria y también que el presente recurso de habeas corpus -a diferencia del recurso de apelación-, se trata, como lo sostienen todos los jueces de la Cámara Penal Departamental, de un proceso sumarísimo que, en muchos casos, impide u obstaculiza un conocimiento exhaustivo de la cuestión a decidir.
Máxime, en un caso como el de autos, que es iniciado con una sólida presentación defensista (fs. 1/13), que implica una maximización de su análisis en un plazo escueto, frente a los más laxos del recurso de apelación".
Finalmente, y como lo he sostenido en el marco de la causa 12.935 ya citada y en otros procesos anteriores, incluso en otras intervenciones en esta misma causa, "... una resolución originaria de esta alzada sobre una medida morigeradora que no fue tratada por el Tribunal implicaría la posibilidad de vulnerar el derecho al recurso, obturando la potestad recursiva de las partes. En este sentido, cabe tener presente que 'El derecho previsto en el artículo 8.2.h [de la Convención Americana de Derechos Humanos] requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal, por un tribunal superior, del fallo y de todos los autos procesales importantes' (Inf. nº 55/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 11.137 del 18 de noviembre de 1997, cf. CSJN in re “Bramajo, Hernán Javier” B. 851. XXXI. Del 12 de septiembre de 1996, consid. 8º), disponibilidad que, reitero, se vería obstaculizada con un pronunciamiento originario de esta alzada sobre la cuestión a decidir".
De acuerdo con los argumentos expuestos y efectuadas las pertinentes aclaraciones, reitero, adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Duilio A. Cámpora, en todo cuanto propone, por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 106 del C.P.P.). Voto por la negativa.
Por ello, el Tribunal
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de Habeas Corpus presentado por los señores defensores particulares de Carlos Alberto Carrascosa, Dres. Fernando Díaz Cantón y Adrián Murcho, contra la decisión de los señores jueces del Tribunal en lo Criminal Nro. 6 Departamental, de fecha 5 de diciembre de 2014, quienes resolvieron no hacer lugar a la excarcelación solicitada, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (art. 43 de la CN; arts. 20, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 405, 406, 407, 415, 440 y ccdtes. del C.P.P.).
II. NO HACER LUGAR al recurso de Habeas Corpus interpuesto en favor de CARLOS ALBERTO CARRASCOSA, de las demás circunstancias personales obrantes en autos, y CONFIRMAR el auto en crisis en todo cuanto fuera materia de agravio, sin costas por tener razón plausible para litigar, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión segunda (arts. 14, 16, 18, 31, 43 y 75.22 CN; 7mo., aps. 1º y 2º, 8.2 y 25 CADH; 9 ap. 1º y 3º PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21, 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; arts. 106, 144, 146, 148, 157, 169 inc. 11 a contrario sensu, 171, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
III. TENER PRESENTE la reserva del caso Federal planteada por la defensa particular (art. 14 ley 48). Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal General Departamental y devuélvase a la instancia para que su Secretario practique las notificaciones que estime pertinente; sirva el presente de atenta nota de estilo.
Fin de la sentencia