Abriendo la norma
Cámara I Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 274450
En la ciudad de La Plata, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veintiuno, reunidas en Acuerdo la señora Jueza de la Excma. Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Dra. Irene Hooft y su Presidente, Dra. Ana María Bourimborde (art. 35 de la Ley 5.827), para dictar sentencia en la causa caratulada: "MATUSZAK MARIA INES C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BS ASS/ NULIDAD DE CONTRATO", Causa N° 274.450 y habiéndose procedido con anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el que arrojó el siguiente orden de votación: Dras. HOOFT- BOURIMBORDE , resolviendo el Tribunal plantear las siguientes:
PRIMERA : ¿Corresponde modificar la resolución de fecha 11 de septiembre de 2020?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
A LA PRIMERA CUESTION , la Señora Jueza, Doctora Irene Hooft, dijo:
I. En el sub lite , mediante resolución del 11 de septiembre de 2020, la Señora Juez de grado hizo lugar a una medida innovativa a través de la cual, bajo responsabilidad de la peticionante y caución juratoria, se ordenaba al Banco de la Provincia de Buenos Aires - Casa Matriz-, que en el plazo de cinco días cesen los descuentos a la Sra. María Inés Matuszak, DNI 12.662.992, en su cuenta sueldo nro. 5059-33776/5, vinculados al préstamo acordado por la suma de $140.000.
II. Contra ese modo de resolver, la representación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a través del escrito electrónico del 22/9/2020, 5:39:13 p.m., dedujo recurso de apelación, el que resultó concedido en relación por la Sra. Magistrada de grado con fecha 23 de septiembre de 2020.
Presentado el memorial mediante la parcela electrónica del 02/10/2020, 2:33:06 p.m., mereció la réplica de la actora a través del escrito fechado el 09/10/2020, 3:24:16 p.m., arribando a esta Alzada los presentes para su resolución.
III.1. En prieta síntesis, la recurrente objeta la concesión de la medida requerida por la Sra. Matuszak por los siguientes motivos:
i) Ausencia de traslado previo al dictado de la cautela cuestionada, la que por traducir una tutela anticipada propia de un proceso de conocimiento y vulnerar el derecho de la entidad bancaria a la percepción del crédito otorgado a la actora, su procedencia debe ponderarse con mayor prudencia.
ii) Falta de concurrencia de los recaudos que ameritan su dictado, con afectación de su derecho de propiedad, remarcando el tiempo transcurrido entre el momento en que habría tenido lugar la maniobra defraudatoria denunciada (08 de junio de 2020), la fecha en la que fue advertida (31 de julio de 2020) y la primera comunicación fehaciente realizada a la entidad bancaria (26 de agosto de 2020), esto es, más de dos meses después de haberse producido la acreditación del importe del préstamo, su transferencia e incluso luego de sucesivas operaciones de la actora disponiendo de esos fondos (constitución a plazo fijo por la suma de $50.000 y extracción para gastos cotidianos por $20.000).
Precisa, en lo atinente a la verosimilitud del derecho invocado, que no puede desatenderse que la reclamante refiere haber sido víctima de una estafa no atribuida a la entidad bancaria y en la que reconoce haber proporcionado a terceras personas las credenciales de seguridad personales e intransferibles que la habilitan para el acceso a las plataformas del Banco, obviando el deber de cuidado sobre aquellas, transgrediendo las reglas previstas en la Comunicación N.° 2530 del BCRA y bloqueando cualquier posibilidad de detección de una anomalía en la operación.
Destaca las recomendaciones de seguridad brindadas a los clientes del banco y el hecho de que el uso de claves de seguridad, dado el soporte electrónico del contrato, reviste la condición de firma electrónica en los términos de la Ley 25.509.
Con relación al peligro en la demora, apunta que el mismo resultado perseguido con la medida impugnada podría haberse logrado mediante solicitud administrativa ante la Unidad de Negocios correspondiente, destacando el tiempo demorado en efectuar la denuncia en sede penal, recién efectivizada el 24 de agosto de 2020.
Por último, respecto a la irreparabilidad del perjuicio, asevera que lejos de hallarse presente en el caso, la medida en crisis resulta una consecuencia disvaliosa para los intereses patrimoniales de la entidad bancaria, al posponer el reintegro del préstamo y generar un desequilibrio económico que deberá ser soportado por todos los bonaerenses que necesiten un préstamo como el acordado a la actora.
iii) Presencia de severa incongruencia en el decisorio atacado, ya que no habiéndose referido en el escrito introductorio a falencias en el sistema de seguridad del Banco o carencia de elementos tendientes a mejorar su eficacia y evitar maniobras como la denunciada, tales extremos habrían sido valorados la juzgadora de grado.
III.2. Por su parte, la Sra. Matuszak replicó las críticas con los siguientes argumentos.
i) En punto a la reunión de los presupuestos de la tutela hace hincapié en la nulidad del contrato de préstamo bancario que da sustento a las cuotas suspendidas, la acreditación de la denuncia penal formulada a raíz de los hechos relatados, el detalle de movimientos de su cuenta bancaria y el estado público que ha tomado la problemática ventilada, todo ello a los fines de solventar la verosimilitud de su derecho.
En lo atinente al peligro en la demora, apunta que la eventual efectivización de las cuotas destinadas al reintegro del préstamo conduciría a una merma considerable de los ingresos con los que cuenta para afrontar sus gastos cotidianos.
ii) En torno a la violación del principio de congruencia, sostiene que su aseveración es errada ya que la cuestión relativa la falta de seguridad bancaria atribuida ha sido medular en la construcción de la responsabilidad endilgada a la accionada, reiterando apreciaciones vertidas en el escrito de inicio acerca de la ausencia de medidas de control de identidad para el otorgamiento de créditos y sus posteriores transferencias.
IV. Establecidas sintéticamente las posturas adoptadas por las partes, encuentro conveniente indicar que la competencia de esta Alzada se circunscribe a la revisión del dictado de la tutela anticipada de fecha 11 de septiembre de 2020, con prescindencia de otras cuestiones que no hubieran sido sometidas al conocimiento de la instancia de grado; revisión que, por lo demás, se centrará en la verificación de la presencia de los presupuestos de toda cautelar, si bien con las precisiones que impone el hecho de hallarnos frente a un supuesto de tutela anticipatoria de carácter excepcional, que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dictado traduciéndose en la injerencia del juez en la esfera de libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad que se dice contraria a derecho o que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual tenor; y a diferencia de otro tipo de aseguramiento, sin que medie sentencia firme, ordena que alguien haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente (arg. arts. 195, 197, 230, 272 y ccs CPCC; conf. CSJN in re "Camacho Acosta", sent. del 7/08/1997 y SCBA Ac 98260, sent. del 12/07/2006 - Juba B30258 y C. 92.711, sent. del 26/09/2007- Juba B29316 entre otros).
Aclarado lo anterior, he de abocarme al tratamiento de cada uno de los agravios en el orden fijado en el considerando anterior.
IV.1. Falta de traslado previo al dictado de la medida cuestionada.
La representación del Banco de la Provincia de Buenos Aires se agravia por la falta de sustanciación previa de la pretensión cautelar en la inteligencia de que la naturaleza de la medida requerida así lo aconsejaba.
Sobre el particular, encuentro de utilidad traer a colación que, de conformidad con el art. 198 CPCC, aplicable por efecto de lo previsto en los arts. 232 y 233 del CPCC, las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte, lo que no implica, en palabras de Palacio, una derogación del principio de contradicción derivado, a su vez, de la garantía constitucional de la defensa en juicio sino una postergación o aplazamiento momentáneo de su vigencia estricta, plenamente justificado en obvias razones de efectividad (Palacio, L.E. "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 2° Ed., Bs. As. 2011, T. VIII, pág. 54/55).
Sobre el tópico y en lo específicamente relativo al tipo de medida en estudio, nuestro Máximo Tribunal provincial ha tenido oportunidad de decir que "(…) las anticipatorias por su carácter interinal y provisorio (…), siempre han de dar lugar al derecho de defensa y oposición de la contraria dentro del marco propio del proceso en que se pronuncie la sentencia de mérito que la decida definitivamente, pudiendo mantenerla, modificarla o revocarla. Lo cual también puede acontecer en cualquier momento de la causa y al compás del cambio de circunstancias." (pto. 5.1 del voto del Dr. Roncoroni, SCBA C. 92.711, sent. del 26/09/2007 -).
Pues bien, ante lo categórico de la norma citada y más allá de no desconocerse cierta tendencia flexibilizadora en la materia, los argumentos vertidos en el memorial no resultan suficientes para tener por acreditado el perjuicio derivado de la aplicación del citado dispositivo legal en el caso concreto, máxime si se repara en que el ejercicio del derecho de defensa en juicio del quejoso ha podido ser encauzado a través del recurso en tratamiento, sellándose, por estas razones, la suerte adversa al cuestionamiento (arg. arts. 198, 260 y ccs CPCC; conf. Monterisi, R. en "Código Procesal de la Provincia de Bs. As. Comentado y anotado con jurisprudencia", López Mesa, M. J. (dir.), La Ley, CABA, 2014, T.° II, p. 913).
IV.2. Ausencia de los presupuestos para el otorgamiento de la medida de tutela anticipada.
Según denuncia la demandada en la especie no concurren los presupuestos para el otorgamiento de la medida decretada.
IV.2.a. La denominada "tutela anticipatoria", en cuanto la proyección de sus efectos, trasciende la mera provisoriedad propia de las cautelares tradicionales, puesto que constituye una temprana satisfacción concreta de si bien no todos, al menos parte de los derechos pretendidos por el peticionante (conf. Peyrano, J.W. "Medidas autosatisfactivas", Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 13 y ss.).
Cierto es que la doctrina tradicional establecía, entre otras premisas, que el contenido de la cautela no podía superponerse ni siquiera en parte con el que correspondía al propio objeto de la pretensión principal, ni equivaler o significar total o parcialmente lo mismo que se aspira lograr con la sentencia de mérito. Con todo, la doctrina y jurisprudencia han ido avanzando en la materia por distintos ciclos. Así, partiendo del reconocimiento de la potestad genérica del juez para dictar medidas cautelares innominadas en el marco de lo establecido por el art. 232 del CPCC dicha evolución culminó admitiendo la denominada “tutela anticipatoria” frente a impelentes instancias y reclamos de "efectividad" de la tutela jurisdiccional que no encontraban respuesta dentro del sistema cautelar ortodoxo. Aquélla si bien conserva las notas de accesoriedad y provisoriedad permite, bajo determinadas circunstancias, obtener el reconocimiento anticipado de todo o parte del objeto de la pretensión principal, aunque de manera interina (conf. Peyrano, J.W., Op. cit, p.735 y ss.).
Sin ánimo de agotar la cuestión, recuerdo -siguiendo a Roncoroni- que este tipo de cautelares procuran actuar aceleradamente el derecho cuyo reconocimiento se pretende del órgano jurisdiccional, frente a los efectos devastadores que el tiempo de duración del proceso podría producir sobre aquel. Hay en ello una clara conciencia de que el alongamiento del proceso en determinadas y especialísimas circunstancias y por la propia naturaleza del derecho en juego, no ha de producir en el mañana la desaparición o desvalorización de los bienes que faciliten o permitan la ejecución de la sentencia (sobre los que actúan las medidas cautelares tradicionales, vgr. embargo, secuestro, inhibición general de bienes), sino que lo que desaparecerá o resultará lesionado irremediablemente es el derecho mismo por el que se brega y peticiona en justicia. De allí que ante estas especialísimas situaciones de urgencia impostergable, desde que se corre el riesgo de que a la espera de la sentencia definitiva no sólo se ha de consumir el tiempo propio del debate, sino, también, el mismo derecho o bien de la vida que se procura proteger con la pretensión alumbradora del proceso, el juez está llamado a echar mano sobre el mismo y entrar en el fondo del asunto, sin esperar las alongaderas del proceso (del voto del Dr. Roncoroni, SCBA C. 92.711, sent. del 26/09/2007; en el mismo sentido Peyrano, J.W., "Medida autosatisfactiva y tutela anticipada de urgencia", La Ley Online AR/DOC/3753/2012; esta Sala causa 272.909, "Natale", sentencia del 1/10/2020).
En palabras de la Corte Suprema de Justicia Nacional “es de la esencia de estos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva” (CSJN "Camacho Acosta", Fallos 320:1633) en razón de que por el transcurso del tiempo y la urgencia que requiere la tutela de los derechos en juego, sus efectos podrían resultar prácticamente inoperantes”(CSJN "Pardo"”P. 24. XLVI/P. 37. XLVI).
Tal carácter excepcional incide en punto a sus requisitos de admisibilidad, ya que se exige una apariencia de buen derecho más acentuada que respecto a las cautelas tradicionales y el peligro que la permanencia en la situación actual cause daños inminentes o irreparables, a fin de habilitar una resolución que, al conciliar los intereses de la parte peticionante de la medida, según el grado de verosimilitud, y el derecho constitucional de defensa de la parte demandada, logre la medida necesaria y oportuna de la jurisdicción que el caso requiere, sin que tal aseveración importe una decisión final sobre el reclamo principal (arts. 230 inc. 1 y 2 y 232 CPCC; CSJN "Camacho Acosta" y "Pardo"”cit.; Morello, A. M et al., "Códigos…", 4ta. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo- Perrot, T.° 3, 2.015, 1.620 y sgtes.; Peyrano, J.W., Op. cit.; esta Sala, causa "Natale" cit.).
Sobre el piso de marcha expuesto, conviene no perder de vista que pacífica doctrina y jurisprudencia sostienen que los requisitos de procedencia de las cautelares se hallan de tal modo relacionadas que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigentes en la gravedad del daño y viceversa, cuando se acredita un riesgo grave de daño irreparable, el rigor acerca de la verosimilitud del derecho se puede atemperar (Monterisi, R. ob. cit., T.° II, p. 888).
IV.2.b. Pues bien, en el caso en estudio y a la luz de los elementos documentales acompañados en la demanda, no resulta atendible el embate que en este aspecto ensaya el banco demandado. Veamos.
i] En lo atinente a la verosimilitud del derecho, con los extractos bancarios y la constancia de la denuncia penal acompañados ha sido demostrado, con el grado de probabilidad exigible para la materia cautelar, la existencia de un contrato de préstamo bancario cuya eficacia se halla controvertida y cuya ejecución se traduciría, para la actora, en el pago de cuotas periódicas - a través de descuentos en su cuenta sueldo abierta en la entidad bancaria accionada- por un importe aproximado de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($10.298,48) (v. detalle de movimientos de la cuenta nro. 5059-33776/5 adjuntos a la presentación electrónica de fecha 2/9/2020, 4:34:45 p.m.).
Al examinar la concurrencia del citado presupuesto no puede soslayarse que la Sra. Matuszak integra un grupo destinatario de tutela constitucional preferente como consumidora de servicios bancarios. Me explico.
La actora resulta titular de la cuenta bancaria nro. 5059-33776/5 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta en la que se depositan sus haberes mensuales como empleada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Bs. As. y que, según se desprende tanto del relato de los hechos efectuado en la demanda como de la documental acompañada, habría servido de plataforma para la obtención del préstamo bancario hoy cuestionado, todo lo cual conduce, prima facie, a su encuadre como servicio bancario que la tiene como usuaria final en beneficio propio (art. 1 y ccs Ley 24.240 y mods.; arts. 1092, 1093, 1378, 1384, 1393, 1394 y ccs. Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994).
Como es sabido, el derecho del consumo parte de un enfoque tuitivo construido alrededor de la idea de que el consumidor o el usuario participa de una relación con el proveedor o empresario asimétrica que se explica, siguiendo a Vítolo, principalmente: a) En la relación de poder - económico, financiero y social- que se presenta entre quien produce bienes o presta servicios en forma masiva - el proveedor o empresario - y quien individualmente los consume o utiliza - el consumidor o usuario o el sujeto equiparable a éstos-; b) en la información que se posee respecto del producto o servicio a ser provisto -el empresario conoce casi todo de éste, mientras que el proveedor o usuario depende de la información que el proveedor le suministre-; c) en la extensión del ámbito de libertad para contratar - pues en la mayoría de las ventas de productos o servicios de utilización masiva, la capacidad del consumidor o usuario de poder negociar las cláusulas y condiciones de la relación de consumo es prácticamente nula; d) en la necesidad, dado que el proveedor tiene la posibilidad de colocar sus productos y servicios en un amplio sector del mercado, haciéndolo, generalmente, en forma masiva, sin tener en consideración las individualidades, mientras que el consumidor solo cuenta con su necesidad o voluntad individual de consumo en un tiempo y localización determinados; e) en las consecuencias negativas derivadas de la relación, pues el proveedor es impactado por cada relación de consumo trabada con un consumidor individual solo en un valor relativo frente a la totalidad de relaciones de consumo de las que es parte - como proveedor -, mientras que para el consumidor o usuario la relación de consumo con el proveedor, es única y f) en la circunstancia de que la mayoría de la relaciones -para el consumidor o usuario- tienen su fundamento en cuestiones de subsistencia, alimentación, salud, confort, recreación, u otras que conforman -en la evolución cultural y social de cada comunidad- lo que se ha dado en llamar necesidades sociales, mientras que para el proveedor es un negocio (Vítolo, D.R., "Defensa del Consumidor y del Usuario", Ad-hoc, Bs. As., 2015, págs. 103/104).
Así, es en base a la referida relación asimétrica que cobra especial importancia el principio "in dubio pro consumidor", regla obligatoria que no solo se refiere a la interpretación del derecho, sino también a los hechos y a la prueba rendida en el ámbito jurisdiccional y que, en este estadio liminar de la causa, robustece la postura de la Sra. Matuszak (arg. arts. 42 Const. Nacional y 38 de la Const. de la Prov. de Buenos Aires; arts. 3, 37 y 53 ccs. Ley 24.240 y mods.; arts. 1094 y ccs Cód. Civ. y Com. seg. Ley 26.994).
En efecto, en esta etapa inicial, la ponderación de los hechos y elementos aportados al proceso a la luz del principio "in dubio pro consumidor" abastece, con la suficiencia cautelar exigible, la verosimilitud del derecho, máxime cuando no obstante lo anunciado en el recurso, por el momento, no se han arrimado elementos que den cuenta que la entidad bancaria hubiere
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.